Miércoles, 23 Septiembre 2020 05:32

La desigualdad y la muerte en los Estados Unidos

La desigualdad y la muerte en los Estados Unidos

La pandemia está exarcebando un problema horrible en los Estados Unidos, la desigualdad social. En 2018, un estudio del banco central del país, la Reserva Federal, encontró que el cuarenta por ciento de los norteamericanos no tienen para pagar un gasto inesperado de 400 dólares. Para 2019, siete de cada diez no llegaban a tener mil dólares ahorrados, un aumento de la pobreza relativa del 58 por ciento en apenas un año.

Y entonces, una pequeña criatura llamada coronavirus apareció en escena, bailando y saltando, y creando una catástrofe social.

En un año normal en Estados Unidos, 800.000 personas son desalojadas cada mes. Para julio de este año, se estimaba que ya eran entre seis y siete millones. Donald Trump firmó una ley, diciendo: “No quiero que nadie sea desalojado y con esta ley voy a solucionar el problema casi completamente, o tal vez completamente”. La firma fue en su lujoso club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, frente a un grupo de socios que habían pagado 350.000 dólares para entrar y siguen pagando anualidades altas.

Pero no era una ley lo que el presidente firmaba sino un decreto, que no hizo absolutamente nada para proteger a los inquilinos, ni siquiera extendía la más bien débil moratoria de cuatro meses a los desalojos. Eran generalidades biensonantes que dejaban el tema en manos del secretario de Estado, Steven Mnuchin. Que era presidente de un banco que se encargó de echar a más de cien mil personas que no pudieron pagar sus hipotecas por la crisis de 2008.

El mismo día en que Trump firmaba su decreto, el 24 de julio, vencía la ayuda económica de 600 dólares por semana votada por el Congreso, con Trump y los republicanos negándose a extenderla. El argumento es que tanta plata hace que la gente no quiera volver a trabajar, lo que implica admitir que los veinte millones de trabajadores que recibieron la ayuda no llegan a ganar eso. Hay que destacar que, considerando los precios norteamericanos, ganar 600 a la semana coloca al trabajador por debajo de la línea de pobreza… A principios de septiembre, Trump terminó firmando otro decreto asignando 300 dólares. Pero todavía nadie vio ni uno de esos cheques.

Un nuevo segmento de los noticieros televisivos es el bloque dedicado al hambre en Estados Unidos. Son imágenes de gente haciendo cola para recibir alimentos en iglesias o centros de ayuda. El problema aumentó porque el gobierno Trump hizo cada vez más complicado recibir ayuda por desempleo o alimentar, y porque las escuelas cerradas significan que tantos chicos no reciben su desayuno y almuerzo gratuitos.

El salario mínimo sigue siendo exactamente el que era en 2009, 7,25 dólares la hora. En los once años en que los trabajadores no recibieron aumento, los bonos de los brokers de Wall Street subieron exponencialmente. Si el salario hubiera seguido la misma evolución, cada hora se pagaría 33,51 dólares.

Las muertes por covid-19 en Estados Unidos ya están llegando a las 200.000, a un ritmo de mil por día. Los medios reflejan la cantidad de ciudadanos que no pueden pagar un funeral, ni siquiera un entierro, de un ser querido. Es un rasgo de la disparidad social: el dueño de Amazon Jeff Bezos ganó en un excelente día en julio 13.200 millones de dólares, diez veces lo que costaría pagar el entierro de todas las víctimas del virus en todo el país.

El índice GINI, que mide la desigualdad social en una escala de que va de 0 (el mejor grado) a 10, califica a Estados Unidos como el país desarrollado de lejos más desigual. En 2018, le dio un puntaje de 4,14, lo mismo que a la Argentina de Macri y peor que el 3,96 de Uruguay. Lo más notable es que hace cuarenta años, en 1980, EE.UU. tenía un GINI de 3,46. Es un caso único de caída en la equidad social desde que existe el índice.

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La covid-19 precipita a América Latina a otra década perdida: 45 millones más de pobres en 2020

 

La Gran Pandemia -sanitaria y económica- ha desembarcado con especial virulencia en la comunidad latinoamericana, donde varias decenas de millones de personas se verán inmersas en la extrema pobreza. Unos 45 millones sólo este año, según cálculos de Cepal, la agencia de la ONU para el desarrollo económico de la región.

21/09/2020 07:18

DIEGO HERRANZ

El año de la pandemia será otro ejercicio maldito para América Latina. Unos 45 millones de personas pasarán a sobrevivir en situaciones de pobreza extrema en una de las latitudes con uno de los diferenciales de riqueza más acusados del planeta. Un reciente estudio de Cepal, la agencia de Naciones Unidas, advierte de un repunte substancial de ciudadanos de la comunidad latinoamericana que soportarán los rigores de la pandemia. Con más de una tercera parte de su población bajo una amenaza real de perder sus empleos y el yugo de que la inseguridad alimenticia impacte directamente sobre su estabilidad familiar.

También por el déficit de fondos que han puesto en marcha los gobiernos de la región. Frente a las inversiones próximas al 40% del PIB que ha movilizado Europa para combatir la doble crisis, sanitaria y económica, los planes de gasto instaurados por las autoridades latinoamericanas no alcanzan, ni de lejos, el 10% de su capacidad productiva anual. Para la secretaria ejecutiva de Cepal, la diplomática mexicana Alicia Bárcena, el escenario es de suma gravedad. Hasta el punto de asegurar que el Hemisferio Sur de América se enfrenta a una década perdida. La covid-19 ha puesto a sus países ante la disyuntiva de articular medidas como la renta básica, los subsidios a los productos alimenticios y una táctica geoestratégica en toda línea de renegociación de sus, cada vez, más voluminosas ratios de deuda si desean tener éxito en la instauración de un ciclo de negocios sostenible en el tiempo. En otro diagnóstico de situación, la Cepal y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dan por descontado que "sólo si se logra revertir la curva de contagio de la pandemia se podrán reactivar las economías de la región".

Para lo cual, ambas instituciones proponen un enfoque en tres fases, que incluye una agenda reformista con políticas sanitarias, económicas, sociales y de índole productivo dirigidas a reactivar, con salvaguardas de protección, una reconstrucción de sus patrones de crecimiento que favorezcan la prosperidad y la distribución inclusiva de riqueza. El coronavirus aterrizó en América Latina el 26 de febrero, cuando Brasil confirmó el primer caso en Sao Paulo. Desde entonces, certifica uno de cada cuatro casos de contagio en el mundo. Tras superar, a comienzos de mes, los 7,5 millones de afectados y los 280.000 fallecidos. Con Brasil, -más de 4,2 millones de contagiados y más de 130.000 muertes-; Perú (más de 657.000 casos y 29.000 decesos); Colombia (unos 624.000 enfermos y unas 20.000 defunciones); México (más de 606.000 casos y más de 70.000 fallecidos) y Argentina (428.200 infectados y 8.971 decesos) entre las diez naciones con más defunciones por covid-19.

El coste humano "continúa siendo demasiado alto, inaceptable, porque se certifican casi 4.000 muertes al día en nuestra región", afirma la directora de la OPS, Carissa Etienne. La epidemia "ha afectado profundamente, no sólo a la vida diaria de las personas en la región, sino también sus medios de vida", además de dirigir al conjunto de Latinoamérica a "la recesión más abrupta de su historia". Según Cepal, el receso de actividad en 2020 será del 9,1%, con un alza del desempleo que superará la barrera del 13,5% de la población activa en la totalidad de sus territorios y un repunte de la tasa de pobreza de 7 puntos básicos, hasta alcanzar al 37,3% de la población, que se traducirá en un empeoramiento notable de la brecha social. Por si fuera poco, ambas organizaciones señalan otro foco de tensión con daños colaterales directos sobre las sociedades civiles de la región: "Sus sistemas de Salud, ya infradotados financieramente y muy fragmentados" antes de la covid-19, se enfrentan a una respuesta incierta ante la pandemia por las debilidades de gestión de sus rectores".

El gasto público en Sanidad apenas registra de promedio el 3,7% del PIB, por debajo del 6% recomendado por la OPS. Lo que supone que una tercera parte de la población todavía enfrenta algún tipo de barrera para acceder a los servicios de salud que necesita.

América Latina contabiliza uno de cada cuatro contagios del planeta, con Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina entre las diez naciones con más defunciones por covid-19.

Sistemas sanitarios débiles

"Los elevados niveles de desigualdad, junto a las altas tasas de pobreza, la lacra estructural de unas economías con grandes dosis de informalidad -contratación opaca y actividad sumergida- y el limitado acceso a una atención médica de calidad, explican -a juicio de Cepal y la OPS- los cuantiosos costes sociales que la epidemia está teniendo en la región". Además del fenómeno de urbanización y metropolización -más de un tercio de la población habita en ciudades de un millón o más habitantes- y de los déficits acumulados en las capitales del área latinoamericana en materia de hacinamiento e infraviviendas, falta de servicios públicos esenciales como el agua y sus instalaciones de saneamiento o un transporte urbano atestado. Todo ello se suma a la gran fragilidad histórica de sus modelos sanitarios, que ha contribuido a su vulnerabilidad. En materia de salud, "los hogares financian más de un tercio de los gastos en atención de salud con pagos directos; cerca de 95 millones de personas han afrontado desembolsos familiares por covid-19 y casi 12 millones se han empobrecido por ello. Además, y según la OCDE, "la disponibilidad de médicos y de camas hospitalarias no llega ni a la mitad de la que tienen países más desarrollados.
El estudio habla de varios grupos sociales especialmente vulnerables: las personas mayores (85 millones), trabajadores informales (54% del empleo regional), mujeres (mayoría en actividades informales, con trabajo no remunerado aumentado y mayor exposición a violencia doméstica), pueblos indígenas (60 millones y con comunidades que pueden desaparecer), afrodescendientes (130 millones de personas en 2015), con discapacidad (70 millones de personas) y migrantes.

En una entrevista en Foreign Policy, Bárcena explica más pormenorizadamente los efectos de la pandemia social, derivada de la sanitaria y, por supuesto, de la económica, con datos sobre la década perdida que se avecina en la región. "El PIB per cápita volverá a los niveles de 2010 y se retrocederá 14 años en términos de tasa de pobreza -cuantitativamente, se pasará de 186 a 231 millones de los 630 de su censo poblacional, con 44 millones de personas fuera de los mercados laborales". Al menos 491 millones tendrán que sobrevivir con menos de 500 dólares al mes. Pero también pasa revista a las tensiones con productos de primera necesidad como la alimentación. Bárcena hace referencia, sobre todo, a las naciones caribeñas. "Por ejemplo, Bahamas importa el 60% de su consumo y Antigua y Barbuda, el 55%; así que algo de vulnerabilidad existe también en este ámbito", explica.

Al igual que en materia de malnutrición. "Otro gran problema en estos países y en América Central, incluido México". Muchos de ellos relacionados con la obesidad y que son factores que empeoran los contagios por covid-19, afirma Bárcena.

La Cepal alerta de que el PIB per cápita volverá a los niveles de 2010 y se retrocederá 14 años en términos de tasa de pobreza; al menos, 491 millones tendrán que sobrevivir con menos de 500 dólares al mes

Soluciones de cooperación internacional

La máxima autoridad de la Cepal precisa la ayuda multilateral. El FMI, con sus recursos contra el coronavirus, por las que ha desplegado 88.000 millones de dólares por todo el mundo, ha hecho llegar a veinte naciones latinoamericanas 51.000 millones. "Pero dispone de mayor margen de asistencia financiera. A través de una ampliación de sus derechos especiales de giro, la moneda de la institución. Podría alcanzar los 275.000 millones que inyectó en 2009 para contener el daño colateral del credit crunch. Esa debe ser su prioridad número uno".

Una segunda opción sería la búsqueda de fórmulas para capitalizar créditos multilaterales. En principio, mediante los bancos que operan con préstamos a la prosperidad de la región. Todos ellos pueden llegar a mayores arsenales financieros. En tercer término, incentivando un proceso de renegociación de la deuda. Para las naciones caribeñas, con exigencias de adaptación jurídica para combatir el cambio climático. La mayor parte de ellas tienen una losa de endeudamiento que les impide un crecimiento inclusivo. Y, finalmente, promoviendo instrumentos de innovación, con objeto de sufragar las capacidades económicas de la comunidad latinoamericana.

Alejandro Werner, director para el Hemisferio Occidental del FMI, según la denominación de la jerga multilateral, incide en un reciente blog personal en que el desconfinamiento de la covid-19 precisa de soluciones "guiadas por la ciencia y los datos empíricos" si quiere dejar de ser el epicentro de la pandemia y animar con suficiente brío la recuperación. "La distancia social y las medidas de prevención están íntimamente relacionadas con el despegue de la actividad en este segundo semestre del año", asegura. Y restablecer los indicadores de comercio y generación de empleo.

A su juicio, las políticas monetarias a lo largo y ancho de la región pueden aún reducir el precio del dinero y recortar así los riesgos financieros, demasiado elevados, y contribuir con ello a una corrección de los niveles de desigualdad. Y, desde la órbita fiscal, activar medidas para llegar a los estratos más débiles de las sociedades. Para, más tarde, a medio plazo, adoptar mecanismos de consolidación presupuestaria combinadas con políticas activas de empleo; en especial, la de los desempleados de larga duración. Pero, en estos momentos, la urgencia es activar todos los recursos precisos para evitar una segunda oleada de contagios. Porque la coyuntura se ha deteriorado con suma rapidez.

El FMI reclama a los bancos centrales rebajas más agresivas de tipos y a los gobiernos medidas dirigidas a los estratos más desfavorecidos porque la urgencia es evitar una segunda oleada; a medio plazo, consolidación fiscal

Una región en recesión sincronizada

Argentina. El FMI espera una recesión del 10% en 2020. Con crecientes riesgos. Porque el Fondo admite que se revisará a la baja, dada la prolongada cuarentena impuesta por Buenos Aires, así como la drástica pérdida de demanda externa y el descenso del precio de las materias primas y las dudas que levanta el proceso de reestructuración de su deuda, que resta confianza inversora.

Brasil. Las proyecciones de comienzo del verano hablan de unos números rojos del 9% y de una reactivación del 3,6% en 2021. Ensalza los programas fiscales y la política monetaria, pero afirma que la retirada de ayudas podría perjudicar el crecimiento del próximo ejercicio. Tras un ciclo de negocios demasiado corto, tras la contracción de 2015-2016. Una agenda de reformas sociales y económicas de carácter estructural será ineludible si la mayor economía regional desea volver a su potencial de prosperidad.

Chile. Caída del PIB del 7,5% y rebote del 5% el próximo año. Con el punto de inflexión en el tercer trimestre. A pesar de las impredecibles medidas fiscales, monetarias y financieras que se han implantado en el país.

Colombia. Tampoco eludirá su primera recesión en dos décadas. Del 7,8%, aunque con un alza del 4% para 2021, si la emergencia sanitaria se estabiliza. Su banco central ha cumplido con unos precios del dinero laxos. Pero el gobierno no ha seguido sus pasos. Ha suspendido dos años los recursos previstos para, en teoría, proveer de mayor flexibilidad a la respuesta sanitaria y la crisis económica.

México. La contracción de la segunda economía regional responde a un compendio de factores. Desde la caída de los precios del petróleo, a la volatilidad de los mercados de capitales, pasando por la interrupción de las cadenas de valor empresariales, la debilidad de la confianza del sector privado o el descenso de inversiones. El PIB mexicano retrocederá un 10,5% con un despegue modesto el próximo año. El banco central tiene margen de maniobra para bajar tipos y devolver su poder de atracción de capitales foráneos. También el Ejecutivo, que ha activado el programa fiscal más pobre entre los socios del G-20. Un riesgo para frenar la contracción y facilitar un ciclo de negocios dinámico. Los esfuerzos de protección social por la pandemia requerirán un proceso de consolidación fiscal creíble a medio plazo capaz de corregir la brecha de desigualdad del país.

Perú. La crudeza de la epidemia y la baja demanda externa dirige su PIB a una recesión del 14%. A pesar del "significativo respaldo económico" del Gobierno, el desempleo se ha disparado. Aun así, el FMI espera una reactivación notable para 2021, del 6,5%. Un despegue que depende más que en ningún otro país de la región de que se logre frenar la pandemia y se reactive la economía global.

América Central, República Dominicana y Panamá. Todos sus países tienen como denominador común unas profundas contracciones este año con graduales recuperaciones en 2021, una vez pueda superarse las trabas al turismo, se reanime el comercio y vuelvan a entran remesas de su población en el exterior. El freno de los flujos comerciales está teniendo un impacto mayor en Panamá, El Salvador y Nicaragua. El colapso del turismo, en República Dominicana y Costa Rica y el parón de entrada de remesas en el triángulo del norte centroamericano y Nicaragua. En esta zona también tienen un efecto negativo los desastres naturales, particularmente, en El Salvador. Todos ellos han elevado sus tasas de vulnerabilidad social, ante la interrupción de ingresos en la órbita familiar. Los tipos de interés bajos, las garantías crediticias y el apoyo financiero al sector privado con recursos presupuestarios han relajado las condiciones prestamistas.

Países caribeños. Son los que han logrado doblegar la curva de contagios de la covid-19. Pero sus coyunturas no lograrán eludir la recesión. Esencialmente, por el freno turístico. Volverán a sus niveles de renta per cápita y capacidad productiva en tres años. El descenso de cotización del crudo ha dañado su vigor exportador y ha hecho mella en las arcas de sus Haciendas. La caída de recaudación fiscal también se ha interrumpido por la estación de huracanes.

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Naomi Klein: lecciones de la pandemia y la urgencia de un plan de reparación

"Cada vez que la normalidad vuelve gana el virus, eso es lo que estamos viendo"

 

 Para Naomi Klein la normalidad no es otra cosa que una "crisis permanente", por ende nada más errado que volver ciega y rápidamente a ella. La escritora, periodista y activista canadiense cree que este es un momento para detenerse y aprender las "lecciones" que deja la pandemia. Todo está "roto": el planeta, la relación con la naturaleza, las relaciones colectivas, los lugares de cuidado. Pero con "alegría", las comunidades están llamadas a encarar un trabajo "cívico e intergeneracional", que a la vez es un derecho: el de la reparación.

Klein brindó la conferencia magistral "Los años de reparación" en el marco de la primera Cumbre Mundial de la Internacional Progresista. Su disertación continuó con una mesa redonda de la que participaron Tasneem Essop (Sudáfrica), Carola Rackete (Alemania) y Aruna Roy (India), en la que se planteó la necesidad de la redacción de una "carta magna internacionalista global" que coloque a la pobreza y la inequidad en el centro de la escena.

Las lecciones del coronavirus

"Cada vez que la normalidad vuelve gana el virus, eso es lo que estamos viendo. Si volvemos a cierta idea de crecimiento vamos a ver a la gente muriéndose del virus. Hay una relación íntima", definió la autora de No logo. "Los líderes se han presentado como si estuvieran en guerra. ¿Qué tal si tenemos otra metáfora de este virus que no sea pensar que es un enemigo mortal y diabólico?", dijo, para invitar a pensar en las "lecciones" que deja la pandemia, a modo de "llamado de atención", de "cita con la historia".

En principio, la Covid-19 "ha dejado claro que a los dirigentes de este mundo, y no sólo a Trump, no les importa nada la vida", cuestionó. También ha enseñado que nadie debería vivir en el hacinamiento, en ninguna parte del mundo, porque "donde el virus ha sido más fatal" es en los países con poblaciones hacinadas. En tercer lugar, muchos trabajos otrora despreciados son los que actualmente se reconocen como esenciales. "Nos damos cuenta de cuál es el trabajo importante en el mundo: no es el que pensábamos."

Otra cosa que el coronavirus enseña es que son las "comunidades" las que "salvan el mundo". "Es un desastre la situación de la gente que vive sola en su departamento y tiene toda su vida por Zoom. Nuestra mejor tecnología es la comunidad. Vivir juntos, estar juntos, apoyarnos mutuamente", remarcó la autora de La doctrina del shock. "Hay más y más pandemias que saltan del mundo animal. Estamos atacando a la naturaleza, por eso nos responde. Para estar en buena salud tenemos que aprender. La Covid nos contamina más en espacios cerrados y estamos mucho mejor al aire libre. No son lecciones nuevas, pero a veces necesitamos una crisis para que la gente entienda este tipo de cosas", expresó.

"El coronavirus nos enseña sobre los valores de la naturaleza, lo fundamental de la economía del cuidado. Nos está diciendo que hay que parar. Ir más lento para frenar esta situación", aconsejó. De lo contrario, volveremos a una normalidad que no es otra cosa que "una crisis permanente". "Vamos a enfrentarnos a un muro, otra vez", alertó.

Klein prefiere hablar de solidaridad en lugar de empatía. Cuando la sociedad se vuelve adicta al "crecimiento perpetuo" y a la "perspectiva del progreso", cuando se mueve en la aceleración constante, no deja espacio para aquél sentimiento. Los seres humanos se vuelven islas. "Cuando vamos a este ritmo no tenemos tiempo para hacernos preguntas sobre las miserias que extendemos en el mundo. El capitalismo moderno se ha basado en este sistema racista y de explotación. Nuestro modo de vida aumenta los riesgos de este modo de vida. La pandemia podría permitir imaginar otro tipo de mundo. Tal vez ésa sea la lección fundamental."

Plan de reparación

"¿Qué vamos a hacer con un 2020 con todo derrumbándose alrededor?", se preguntó la escritora. La respuesta que surge es "reparación", algo que podría lograrse con "un plan urgente y colectivo". Porque resulta que habitamos un mundo "roto" en muchos sentidos. Un planeta roto, con relaciones colectivas rotas, lugares del cuidado --hospitales y escuelas-- rotos, como resultado de una "negligencia organizada hace muchos años". Rota está la clase política. Mientras, a la par, los más ricos del mundo y las empresas se alimentan de los "Estados fracasados". Son felices ante esta "ruptura total".

Rota la naturaleza. Rota nuestra relación con la ecología. "Hace una semana que donde estoy no vemos el cielo, por el humo de los bosques que se están quemando. Las aves migratorias caen del cielo, decenas de miles, no pueden huir del humo. No es una sorpresa: sabemos que está roto el planeta. Es un momento para abrir nuestros corazones y dar la bienvenida a una misión colectiva urgente. A nuevas historias y narrativas." 

"La reparación es un marco en el cual podemos trabajar las esferas económicas, ecológicas y políticas que están rotas", definió. Es un derecho y a la vez un trabajo, cívico e intergeneracional. "Es la práctica de rehacer, reparar, re-emparejar las cosas. Entre el corazón y la mente, los individuos y sus colectividades, los humanos y el mundo natural. Hay que arreglar las escuelas y el sistema de transporte. Pero lo más importante es rearreglar este mundo basado en la supremacía de los hombres blancos cristianos", destacó. 

Una reparación incluye: desfinanciar a la Policía, poner fin a la colonización y a la muerte "legalizada", devolver a los pueblos originarios lo que se les ha quitado. "Cuando vemos cuál es el problema hay posibilidad de liberarnos. Cuando ya no nos escondemos de la verdad damos un paso muy importante. No podemos seguir siendo ciegos. Dejarnos engañar por un imperalismo barato y un patriarcado de mala calidad."

"No podemos volver al business como siempre. Seguir ignorando a los fascistas que están caminando. A los bosques que se están quemando. Hay una necesidad de un plan urgente y colectivo. No se trata de poner la vida en pausa hasta que llegue la vacuna, sino de hacernos las preguntas reales para empezar un proceso de reparación y apoyar un Nuevo Acuerdo Verde. Tenemos que reclamar a nuestros gobiernos que la reparación esté en el centro", instó la autora.

Claro que no hay solución de un día para otro para siglos de opresión. El proceso "va a demorar", porque "demasiado daño ha sido hecho". Sucede además que el capitalismo "tiene la ilusión de que cada día es un nuevo comienzo". La reparación podría tomar herramientas de los movimientos feministas y anticoloniales. "Esta es una oportunidad. Hay un colapso de la economía, las empresas, las aerolíneas. Si no estamos haciendo este trabajo juntos en este momento, ¿qué estamos haciendo? Nos vamos a encontrar con muchas otras pérdidas, choques y extinciones. Si entendemos que nuestra misión fundamental es la reparación, tenemos que encontrar alegría en este proceso. Porque haciéndolo nos vamos a reparar a nosotros mismos."

Progreso y Nuevo Acuerdo Verde

La Internacional Progresista debe anunciar a qué tipo de progreso apunta y de cuál quiere alejarse. El progreso hasta aquí operó como "ideología mortal y fatal", imponiendo su lógica sobre mujeres y campesinos, desarrollando una "cadena jerárquica" de las relaciones sociales. "Ha llevado a la idea de que no vale nada en el mundo sino es porque destruye todo lo que hay y lo transforma. Y nos ha llevado a las crisis a las cuales nos estamos enfrentando."

Al comienzo, Klein rápidamente instaló el tema del cambio climático, uno de los ejes de discusión de "las organizaciones del sur global hace muchos años". "Hemos hablado de transformación del sistema, transición; Evo Morales le dio otro nombre. Hemos hablado de los derechos de la madre tierra, en Cochabamba. En Canadá hablamos del Leap Manifiesto. Ha tenido muchos nombres. Hay una generación que tiene su imaginación puesta en esta lucha por el tema climático. Y hay muchos límites de cómo lograr desarrollar una perspectiva de izquierda común: cómo vamos a proteger el planeta y defender a las comunidades empobrecidas", sostuvo.

"Todas estas problemáticas tienen un punto en común: cómo podemos alejarnos de la energía fósil mientras vamos construyendo un mundo más justo, para poder ofrecer una reparación a la gente que ha sido despojada de sus tierras. Siempre ha habido una tensión, aunque lo llamemos Nuevo Acuerdo Verde o de otra manera. Todos los cambios de ese nivel de transformación obviamente tendrán un impacto sobre el PBI, y nuestras sociedades están profundamente ligadas a la devastación ambiental y la necesidad de consumir más energía. Si no estamos dispuestos a pasar estos riesgos no vamos a lograr transformar la matriz de producción. Si no vamos a la raíz del problema, la sobreconcentración de los más ricos de este planeta, no vamos a lograr la transformación."

Una carta magna global

En la mesa redonda coordinada por David Adler y compartida con Tasneem Essop (Sudáfrica), Carola Rackete (Alemania) y Aruna Roy (India) quedó planteada la necesidad del diseño de una carta magna global que coloque en el centro de la escena a la pobreza y la inequidad.

"Las crisis de las migraciones, los refugiados climáticos, la pobreza, la injusticia social y el cambio climático están conectadas. Hay una conciencia creciente de esto; nos lleva a entender el sistema, que es la causa. No tenemos que pensar en grande. Estamos hablando de derechos básicos para la resiliencia. Implica sistemas de salud gratis, acceso al agua, soberanía alimentaria y vivienda. El centro son la inequidad y la pobreza. Tal vez no están en las agendas políticas grandes pero es el centro de las agendas de los movimientos y estamos en una sola lucha: ése es el derrumbe de muros y es la idea de una carta magna global", se explayó Essop, experta en clima, energía y justicia social. "Tenemos que tener una carta global de derechos a la salud, la educación, la comida, nuestros ríos y bosques. Necesitamos gobiernos más transparentes que rindan cuentas a sus pueblos. Un nuevo tipo de democracia", coincidó Roy, activista.

Klein se unió a estas ideas. "La urgencia es el hambre", sentenció. "Hay muchas emergencias que no estamos tratando como tales y otras que no lo son y las tratamos como tales", añadió, y se refirió a las aperturas aceleradas en las escuelas. También dijo que "no hay contradicción entre el sentido de emergencia y la paciencia" a la que la situación invita. Que se puede volver a las calles como ocurrió en las marchas del Black Lives Matter, con todas las precauciones. "El riesgo es adentro: volver a almacenarnos en los espacios previstos por el capitalismo para almacenar humanos."

Las calles piden reemplazar la arquitectura de la infraestructura del castigo por la del cuidado, y es momento de escuchar a los más "empobrecidos". En Estados Unidos puntualmente hacen falta más "gobernantes negros", dijo quien se presentó como "veterana de la campaña de Bernie Sanders". "La narrativa apocalíptica es profunda y enraizada. Es una perspectiva de redención, de que pocos vamos a sobrevivir. Necesitamos alimentar otra imaginación. La gente está cultivando otro futuro, tenemos que visibilizarlo. Está dispuesta. Nos alista para otra fase, otro momento. Para ir más allá de 'ya fue, vamos de compras'. Hay que evitar esa narrativa y abrir otras posibles. Es importante construir esta infraestructura, es el mandato de la Internacional Progresista, para que la solidaridad sea más que una consigna", concluyó Klein.

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La «América crece» de Trump: nueva forma de neocolonialismo

La Alianza para el Progreso impulsada por el ex presidente estadounidense John F. Kennedy a principios de la década de 1960 hasta la nueva “Iniciativa América Crece” lanzada por Donald Trump en 2019 son mecanismos utilizados por Washington para dominar económica y políticamente a las naciones latinoamericanas.

Mediante la Alianza para el Progreso, Estados Unidos pretendía buscar modelos capitalistas de desarrollo en la región para neutralizar el ejemplo que significaba la naciente Revolución cubana.

De esa forma se enviaron especialistas a la América Latina para explorar las riquezas naturales y las posibles fuentes de progreso de cada país, las que en los años siguientes fueron controladas y explotadas por empresas transnacionales, en su mayoría norteamericanas.

Washington brindaba entonces la asesoría económica con empréstitos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y enviaba grupos denominados “cuerpos de paz” que impulsaban la animadversión contra Cuba y el sistema socialista. Todo desembocó en un rotundo fracaso que llevó más hambre y miseria a los pueblos donde los políticos corruptos de turno los acogieron, a la par que ellos se enriquecían con las abundantes prebendas.

A la tristemente célebre Alianza para el Progreso le siguieron unos tras otros los ensayos estadounidenses para controlar a los países de América Latina en la que en los últimos años ha jugado un pernicioso papel la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID).

Ahora, dentro del enorme esfuerzo que hace la administración Trump para controlar Latinoamérica, a semejanza de la Doctrina Monroe que proclamaba América para los americanos, se ha lanzado la “Iniciativa América Crece” que permite a Washington evadir controles parlamentarios en los países que la acepten y va dirigida a modificar la dependencia económica, financiera, social y política de la región. 

Un análisis divulgado por Rusia Today, señala que esa Iniciativa es expedita, escueta, y no requiere de negociación alguna entre instancias gubernamentales. Tampoco precisa de consultas a los Parlamentos y mucho menos involucra a segmentos de la sociedad civil, porque el formato de Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) así lo permite.

Mediante el MoU, los gobiernos que se acojan al mismo, sellan el compromiso de cumplir la hoja de ruta que trazarán los distintos organismos y agencias norteamericanas, lo que es igual a una nueva forma de neocolonialismo.

La ex diplomática boliviana Maria Luisa Ramos, en entrevista con la publicación panameña Bayano Digital, denunció que la fórmula avanza hacia un reformateo de la dependencia económica, financiera y política de la región, sin requerir de negociación alguna entre instancias gubernamentales, ni consultas a los Parlamentos y mucho menos incluye a segmentos de la sociedad civil.

Agregó que mediante ese procedimiento ya no se involucrarán en engorrosas negociaciones de Tratados de Libre Comercio (TLC) para mejorar su balanza comercial, para obtener jugosos contratos estatales, realizar cambios a la legislación y en general adecuar a sus intereses el diseño del esquema de inversiones de los países.

En realidad se trata de un subterfugio mediante el cual Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos hacen un compromiso diplomático de alto nivel para encaminar la agenda trazada por los organismos y agencias norteamericanas con homólogos empresariales de los hasta ahora firmantes en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica y Panamá.

El programa América Crece también sale de la órbita de la Organización Mundial del Comercio ya que la agenda general será delineada y encaminada por los organismos y agencias estadounidenses y sus homólogas entidades empresariales de esos países.

En el amplio panorama del MOU (que lo firma cualquier ministro y no los presidentes de las naciones como ocurre con los Tratados de Libre Comercio) aparecen los intereses del régimen norteamericano y sus compañías para realizar obras de infraestructura en aras de explotar yacimientos petrolíferos, todo tipo de minerales y recursos naturales que sean beneficiosos para sus intereses. 

O sea, es un saqueo autorizado de las riquezas de los países en cuestión, que no tiene que contar con las aprobaciones de los diferentes Parlamentos. 

Como “sublime artimaña” de este convenio se indica que acelerará el acceso del sector privado a los recursos financieros de Estados Unidos fundamentalmente a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La Casa Blanca bajo enormes presiones a los gobiernos latinoamericanos impuso hace unos días, al frente de esa organización bancaria al ultraderechista Mauricio Claver Carone, principal asesor de Trump para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).  

También en este programa están envueltos los Departamentos de Estado, Tesoro, Comercio y Energía, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA) y la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC).

En definitiva, América Crece es una forma más moderna de neocolonialismo que busca controlar económica, política y financieramente al continente. Esperemos que los pueblos despierten. 

Por Hedelberto López Blanch | 18/09/2020

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

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Domingo, 13 Septiembre 2020 06:05

La ultraderecha de EU toma el mando del BID

El ultraconservador candidato de Washington, Mauricio Claver-Carone, ganó la presidencia del BID.Foto La Jornada

Logra Trump imponer a Mauricio Claver-Carone

 

Washington. Mauricio Claver-Carone, el candidato del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, es el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y será el primer funcionario no latinoamericano en dirigir el banco regional, pese a la polémica por la ruptura de una tradición de 61 años.

El ultraconservador candidato de Washington llegó como único contendiente a la asamblea general que se realizó este sábado de forma virtual entre los 48 gobernadores del BID, pese a la oposición de México, Argentina, Chile y la Unión Europea. Sucederá al colombiano Luis Alberto Moreno a partir del primero de octubre por un periodo de cinco años con posibilidad de relección.

Claver-Carone ocupaba el cargo de director del Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio occidental en la Casa Blanca y ha sido un prominente promotor del embargo contra Cuba y uno de los principales estrategas en el diseño de política para buscar un cambio de régimen tanto en la isla como en Venezuela.

En junio, el senador demócrata Patrick Leahy, vicepresidente del Comité de Apropiaciones del Senado, declaró en el Congreso que Claver-Carone era el nominado equivocado para generar apoyo para el BID, por ser considerado un arquitecto de las políticas hacia América Latina del presidente Trump que "han complicado nuestras relaciones con amigos y aliados". Así lo documentó este diario en su edición del 10 de septiembre (https://bit.ly/3bRWFh2).

Claver-Carone trabajó en el Departamento del Tesoro durante el gobierno de George W. Bush. También dirigió la empresa de cabildeo US-Cuba Democracy PAC, cuyo objetivo es influir en las políticas de Washington para lograr un cambio de gobierno en Cuba.

Tras la victoria de Donald Trump fue integrante del equipo de transición. Está vinculado estrechamente con el senador republicano por Florida Marco Rubio y es considerado uno de los impulsores de la marcha atrás en la política de apertura hacia Cuba del ex presidente Barack Obama y de la imposición de sanciones a Venezuela.

 Lucha geopolítica

Argentina, México, Chile y Costa Rica, así como representantes de la Unión Eruopea –preocupados por los efectos a largo plazo de la decisión– buscaron inicialmente retrasar la votación, pero no consiguieron el respaldo suficiente.

Pese a un llamado de Argentina a abstenerse de votar, debido a las tensiones que generó que Estados Unidos rompiera la tradición de que el BID fuera liderado por un latinoamericano, Claver-Carone consiguió el apoyo de la mayoría de los países de la región y recibió 30 votos de los gobernadores, con 23 apoyos de la región. En porcentaje ponderado según las acciones por país, el estadunidense recibió 66.8 por ciento del total, informó una fuente de Washington.

Para ganar, un candidato debe tener el apoyo de al menos 15 de los 28 países americanos: 26 naciones que reciben créditos, más Estados Unidos –principal accionista del BID, con 30 por ciento del financiamiento– y Canadá.

"Esta victoria es para América Latina y el Caribe. Quiero agradecer a todos nuestros socios en la región por mantener la integridad de este proceso electoral y compartir nuestra visión común de un BID más fuerte y receptivo", dijo Claver-Carone en una declaración después de la elección.

La elección del jefe del BID se ha convertido en una lucha geopolítica entre el gobierno de Trump, quien busca fortalecer su posicionamiento en América Latina (región rica en recursos) y contrarrestar la influencia de China.

El papel del BID será central en una región devastada por la pandemia, para la cual el Fondo Monetario Internacional pronostica una contracción de la economía de 9.4 por ciento.

El BID surgió en 1959 en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y había tenido cuatro presidentes, todos de origen latinoamericano: el chileno Felipe Herrera (1960-1970), el mexicano Antonio Ortiz Mena (1970-1988), el uruguayo Enrique Iglesias (1988-2005) y el colombiano Luis Alberto Moreno.

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Gran parte de emisiones de CO2 proviene de las cadenas de suministro de multinacionales

Análisis muestra el impacto de esas empresas al elegir países proveedores que sean más eficientes en carbono

 

Una quinta parte de las emisiones de dióxido de carbono proviene de las cadenas de suministro globales de las empresas multinacionales, según un nuevo estudio dirigido por el Colegio Universitario de Londres (CUL) y la Universidad de Tianjin, en China, que muestra el alcance de la influencia de esas compañías en el cambio climático.

El estudio, publicado en Nature Climate Change, mapea las emisiones generadas por los activos y proveedores de multinacionales en el exterior, y encuentra que el flujo de inversión es típicamente de países desarrollados a las naciones en desarrollo, lo que significa que las emisiones se subcontratan de hecho a las partes más pobres del mundo.

Muestra el impacto que pueden tener las multinacionales al fomentar una mayor eficiencia energética entre los proveedores o al elegir los que sean más eficientes en carbono. Los autores proponen que las emisiones se asignen a los países de donde proviene la inversión, en lugar de donde se generan.

Dabo Guan, de la Escuela Bartlett de Construcción y Gestión de Proyectos del CUL, explica que “las empresas multinacionales tienen una enorme influencia que se extiende mucho más allá de las fronteras nacionales. Si las principales compañías del mundo ejercieran su liderazgo en materia de cambio climático, por ejemplo exigiendo eficiencia energética en sus cadenas de suministro, podrían tener un efecto transformador en los esfuerzos globales para reducir las emisiones”, asegura.

“Sin embargo, las políticas de cambio climático de esas empresas a menudo tienen poco efecto cuando se trata de grandes decisiones de inversión, como dónde construir cadenas de suministro. Asignar emisiones al país inversor significa que las multinacionales son más responsables de las emisiones que generan como resultado de esas determinaciones”, prosiguió.

El estudio encontró que las emisiones de carbono de la inversión extranjera de las multinacionales cayeron de un pico de 22 por ciento de todas las emisiones en 2011 al 18.7 en 2016. Los investigadores señalan que es el resultado de una tendencia de “desglobalización”, con el volumen de reducción de la inversión directa, así como nuevas tecnologías y procesos que hacen que las industrias sean más eficientes en carbono.

Al trazar un mapa del flujo global de inversión, los investigadores encontraron aumentos constantes en la inversión de los países desarrollados a las naciones en desarrollo.

El autor principal, Zengkai Zhang, de la Universidad de Tianjin, señala que “las multinacionales transfieren cada vez más inversiones a las naciones en desarrollo, lo que reduce las emisiones de los países ricos y coloca mayor carga en los más pobres. Al mismo tiempo, es probable que genere mayores emisiones en general”.

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Juego de sombras: la alianza euroasiática está más cerca de lo que se cree

Detrás de la niebla de las informaciones se acerca un reordenamiento mundial con el continente euroasiático como protagonista.

Hemos visto cómo China está planeando meticulosamente todos sus decisivos movimientos geopolíticos y geoeconómicos hasta el 2030 y más allá.

Lo que están a punto de leer a continuación proviene de una serie de conversaciones con analistas de inteligencia, y puede ayudar a bosquejar los lindes del actual gran tablero de ajedrez de la política mundial

En China, está claro que el camino a seguir apunta a impulsar la demanda interna, y ha dirigir toda su política monetaria para consolidar la construcción de industrias nacionales de nivel mundial.

Paralelamente, en Moscú se discute: ¿Rusia debe seguir el mismo camino?

Según un analista de inteligencia ruso, «Rusia no debería importar nada, salvo las tecnologías que necesita hasta que pueda crearlas por sí misma y exportar sólo el petróleo y el gas que se requiere para pagar las importaciones. China necesita recursos naturales, lo que hace que Rusia y China sean aliados insuperables. Una nación debería ser tan autosuficiente cuanto le sea posible».

La estrategia del Partido Comunista de China (PCCH) fue delineada por el Presidente Xi en la reunión del Comité Central del 31 de julio… y fue en contra de un ala neoliberal el partido que han soñado con la conversión del partido en una organización socialdemócrata al estilo occidental y supeditada a los intereses del capital occidental – ¿colaboracionistas?

Comparar la velocidad del desarrollo económico de China con el de los Estados Unidos es como comparar un Maserati Gran Turismo (con un motor V8 ) con un Toyota Camry.

China, proporcionalmente, tiene una reserva de generaciones jóvenes muy bien educados; una migración rural-urbana acelerada; una rápida erradicación de la pobreza; gran capacidad de ahorro de su población; un sentido cultural de gratificación diferida; una sociedad -confucionista- con disciplina social y con una inteligencia racionalmente educada.

El proceso de que China comercie cada vez más consigo misma será más que suficiente para mantener el necesario impulso para un desarrollo sostenible.

El factor hipersónico

Mientras tanto, en el frente geopolítico, el consenso en Moscú (desde el Kremlin hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores) es que la administración Trump no es «capaz de llegar a un acuerdo», un eufemismo diplomático que se refiere a un grupo de embusteros que tampoco es «capaz de actuar legalmente». Otro eufemismo que se aplica, por ejemplo, a la ruptura de los acuerdos por parte de Trump.

El Presidente Putin ha dicho en el pasado reciente que negociar con el Equipo Trump es como jugar al ajedrez con una paloma chiflada: un pájaro que camina por sobre el tablero de ajedrez, caga indiscriminadamente, derriba piezas, declara la victoria y luego huye.

En contraste, el gobierno ruso invierte su tiempo en construir una alianza euroasiática uniendo a Alemania, Rusia y China.

Este escenario se aplicará en Alemania después de Frau Merkel. Según un analista estadounidense, «lo único que frena a Alemania es que pueden perder sus exportaciones de coches a los Estados Unidos. Pero esto puede suceder de inmediato debido a la tasa de cambio dólar-euro, con el euro cada vez más fuerte».

En el frente nuclear, y yendo mucho más allá de la actual situación en Bielorrusia (ya que no habrá ningún Maidan en Minsk) Moscú ha dejado muy claro que cualquier ataque con misiles de la OTAN será interpretado como un ataque nuclear.

El sistema de misiles defensivos de Rusia -incluyendo los ya probados S-500, y los nuevos S-600- podrían ser un 99% efectivos. Esto significa que los rusos tendrían que absorber algún tipo de castigo. Por esta razón Rusia ha construido una extensa red de refugios antinucleares, en las grandes ciudades, para proteger al menos a 40 millones de personas.

Los analistas rusos explican que el enfoque defensivo de China está en la misma línea. Pekín estaría desarrollando –si no lo ha hecho ya– un escudo defensivo, con capacidad para contraatacar un ataque de misiles nucleares estadounidenses.

Los mejores analistas rusos, como Andrei Martyanov, saben que las tres principales armas de una posible próxima guerra serán; los misiles, los submarinos (ofensivos y defensivos) y las herramientas de guerra cibernética.

El arma clave hoy en día –y los chinos lo entienden notoriamente– son los submarinos nucleares. Los rusos han observado que China está construyendo una flota de submarinos –con misiles hipersónicos– mucho más rápido que los EEUU. Las flotas de superficie están obsoletas. Una miríada de submarinos chinos puede acabar fácilmente con una fuerza de ataque de un portaaviones. Las fuerzas de ataque de los portaaviones estadounidenses tienen muy poco valor en las actuales circunstancias.

Lo que estimula a China a obtener la mayor parte de sus recursos energéticos por tierra desde Rusia se explica por una estratégica: esta será la ruta segura en el caso que los mares queden bloqueados – al tráfico comercial– por una guerra entre Estados Unidos, por un lado y Rusia y China por el otro.

Incluso si los oleoductos son bombardeados, estos pueden ser reparados en muy poco tiempo. De ahí la importancia que tiene para China la serie de proyectos conjuntos con empresa Gazprom de Rusia.

El factor Ormuz

Un secreto muy bien guardado en Moscú es que justo después de las sanciones alemanas impuestas en relación con Ucrania, un importante operador mundial de energía se acercó a Rusia con una oferta para desviar a China no menos de 7 millones de barriles al día de petróleo más una inmensa cantidad de gas natural. Pase lo que pase, la propuesta sigue sobre la mesa de un asesor de petróleo y gas del Presidente Putin.

En el caso de que eso ocurriera, China se aseguraría de todos los recursos naturales que necesita. Bajo esta hipótesis, la lógica rusa sería evitar las sanciones alemanas cambiando sus exportaciones de petróleo a China, que desde el punto de vista ruso es más avanzada en tecnología de consumo que Alemania. Por supuesto este escenario no ha impedido la inminente conclusión de Nord Stream 2.

Los servicios de inteligencia le han dejado muy claro a los industriales alemanes que si Alemania perdiera su fuente rusa de petróleo y gas natural, y el Estrecho de Ormuz fuera bloqueado por Irán (en caso de un ataque americano) la economía alemana podría simplemente colapsar.

Ha habido serios debates entre los servicios de inteligencia sobre la posibilidad de que una “sorpresa de Octubre” patrocinada por EEUU, que actuando con una bandera falsa acuse a Irán del inicio de una guerra. La «máxima presión» del Equipo Trump sobre Irán no tiene absolutamente nada que ver con el Tratado de Control de Armas atómicas. Lo que importa es que, incluso indirectamente, la asociación estratégica entre Rusia y China ha dejado muy claro que Teherán será protegido como un activo estratégico – y como un nodo clave de la integración de Eurasia.

Los analistas de inteligencia centran su preocupación en un escenario -bastante improbable – de un colapso del gobierno de Teherán. Lo primero que Washington haría en este caso es tirar del interruptor del sistema de compensación SWIFT. El objetivo sería aplastar la economía rusa. Si este escenario llegara a ocurrir, China podría perder a sus dos aliados clave en un solo movimiento, y luego tener que enfrentarse a Washington solo, en una etapa que todavía no poder asegurarse todos los recursos naturales necesarios.

Esta situación sería una verdadera amenaza existencial. Esto explica la lógica detrás de la creciente interconexión de la asociación estratégica Rusia-China, la aceleración al máximo la fusión de los sistemas de pago Mir ruso y CHIPS chino, los más de 400.000 millones de dólares del acuerdo China-Irán de 25 años de duración y las medidas para eludir el dólar estadounidense en el comercio internacional.

Bismarck ha regresado

Otro posible acuerdo secreto ya discutido en los más altos niveles de inteligencia es la posibilidad de un Tratado de Reaseguros (inspirado en el canciller Bismarck) a ser establecido entre Alemania y Rusia. La consecuencia inevitable sería una alianza de facto Berlín-Moscú-Pekín que abarcaría la Iniciativa del Cinturón y la Carretera (BRI), junto con la creación de un nueva moneda euroasiática (¿digital?) para la alianza euroasiática, que incluiría actores importantes pero periféricos como Francia e Italia.

Bueno, el eje Beijing-Moscú ya está en funcionamiento. Berlín-Pekín es un trabajo en progreso. El eslabón todavía desconocido es Berlín-Moscú.

Este cambio mundial representaría no sólo la última pesadilla para las elites angloamericanas – rebasados por Mackinder- sino también el paso de la antorcha geopolítica de los imperios marítimos al corazón de Eurasia.

Ya no es una ficción. Ahora está sobre la mesa.

Por un momento, hagamos un pequeño viaje en el tiempo y vayamos al año 1348. Los mongoles están en Crimea, sitiando la ciudad de Kaffa –un puerto comercial en el Mar Negro controlado por los genoveses. Repentinamente, el ejército mongol es reducido por la peste bubónica. Sus generales lanzan los cadáveres contaminados sobre las murallas de la ciudad de Crimea.

Qué pasa cuando los barcos comenzaron a navegar de nuevo de Kaffa a Génova. Transportaron la plaga a Italia. En 1360, la Peste Negra estaba literalmente por todas partes, desde Lisboa a Nóvgorod, desde Sicilia a Noruega. Se calcula que hasta el 60% de la población de Europa pudo haber muerto, más de 100 millones de personas.

Algunos historiadores argumentan que el Renacimiento se retrasó un siglo entero, debido a la plaga.

La Covid-19, por supuesto, está lejos de ser una plaga medieval. Pero sería adecuado preguntarse: ¿qué Renacimiento podría estar retrasando la actual pandemia ?

Bueno, podría estar adelantándose el Renacimiento de Eurasia. Esto ocurre justo cuando el antiguo hegemón está implosionando internamente, «distraído por la distracción», para citar a T.S. Eliot.

Detrás de la niebla, de los juegos de sombras, ya está en marcha los movimientos trascendentes que reorganizan la gran masa terrestre euroasiática.

Por Pepe Escobar | 04/09/2020

Fuente: https://observatoriocrisis.com/2020/08/29/juego-de-sombras-la-alianza-euroasiatica-esta-mas-cerca-de-lo-que-se-cree/

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Miércoles, 02 Septiembre 2020 05:40

¿Por qué repunta Bolsonaro?

¿Por qué repunta Bolsonaro?

A pesar de la cantidad de muertes y de la pésima gestión de la pandemia de covid-19, la aprobación de Jair Bolsonaro crece. No solo mantiene la fidelidad de sus votantes duros, sino que recibe la aprobación de parte de la población más pobre del Nordeste, a la que ha dirigido programas sociales de emergencia. Los cambios en la estrategia bolsonarista y los errores de la oposición progresista explican mucho de lo que está sucediendo en Brasil.

 

Las últimas encuestas de diferentes institutos de opinión pública son claras: la popularidad de Jair Bolsonaro es la mayor desde que asumió su mandato. Si bien se plantea una duda metodológica muy pertinente, y es que la pandemia ha obligado a que todas estas encuestas se realicen por teléfono y esto dificulta mucho el acceso a la población brasileña más empobrecida, lo cierto es que las más de 120.000 personas muertas parecen no pasarle factura al presidente de Brasil. ¿Cómo es esto posible?

 

Fieles, críticos y arrepentidos

 

Para entender las razones por las que 57,8 millones de brasileños votaron por Bolsonaro, dividimos a sus votantes en dos categorías: votantes radicales, que hoy en día constituyen entre 10% y 15% de su base de apoyo, y votantes moderados, la gran mayoría de su base electoral. Los primeros, el núcleo duro bolsonarista, son fundamentalmente hombres blancos, de clase media-alta, del sur-sureste del país y de entre 25 y 45 años. Tienen una adhesión emocional y psicológica absoluta a Bolsonaro y a su proyecto, no solo en lo político, sino también en lo vital, lo que significa compartir su visión del mundo violenta, racista, LGBT-fóbica y machista. Pero ¿por qué muchos de los más moderados aún continúan confiando en un presidente tan abyecto?

Bolsonaro representa una tendencia política antisistémica y antipartidista. Así, su imagen se constituye como la del outsider, como el único político honesto que, genuinamente, quiere luchar contra un sistema corrupto. Al día de hoy, uno de los legados más problemáticos de la operación Lava Jato es una intensa criminalización de la política que caló hondo fundamentalmente en las clases medias tradicionales brasileñas, que compartían la visión del entonces juez Sérgio Moro como el héroe anticorrupción. Gran parte del público fiel a Bolsonaro continúa manteniendo su apoyo no tanto porque confía plenamente en el presidente o porque está totalmente satisfecho con su gestión, sino porque no reconoce otra alternativa política o electoral viable justamente por entender que el sistema en su conjunto está intrínsecamente corrompido. Bolsonaro todavía es visto por este público como honesto y auténtico.

Para entender cómo se comporta su base electoral moderada, emprendimos junto con Camila Rocha una investigación en la que clasificamos a este electorado en tres categorías: fieles, críticos y arrepentidos. Veamos los argumentos de cada grupo. Además de la honestidad, los argumentos que los más fieles repiten cuando justifican su apoyo son muy recurrentes: a) «en comparación con los 14 años de gobiernos petistas, Bolsonaro aún no ha tenido tiempo de gobernar»; b) «el Partido de los Trabajadores (PT) dejó el país destruido política, económica y socialmente, por lo que recomponerlo no es una tarea fácil»; c) «cuando Brasil empezó a encarrilarse, llegó la pandemia y todo se detuvo»; d) «Bolsonaro hace todo lo posible por mejorar la situación del país, pero la persecución permanente que sufre por parte de la prensa, los políticos de oposición y el Tribunal Supremo [unos de los principales enemigos de presidente] hacen que no consiga gobernar».

Sin embargo, es entre la clase media y alta más «lavajatista» donde Bolsonaro perdió más adhesión. Esta población recibió como un duro golpe la dimisión del ministro Moro, a cargo de la cartera de Justicia y Seguridad Pública, el 24 de abril de 2020, tras acusar a Bolsonaro de interferencia política en el nombramiento del director de la Policía Federal a fin de proteger a sus hijos de las investigaciones llevadas a cabo sobre ellos. A su vez, los hijos de Bolsonaro son uno de sus mayores problemas. Varios procesos pesan sobre los tres que tienen representación política. Sobre Flávio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro, pesan acusaciones de realizar transacciones financieras ilegales por valor de 1,2 millones de reales (más de 200.000 dólares). Sobre Carlos Bolsonaro, concejal por Río de Janeiro, pesan dos acusaciones: la primera por nombramiento de cargos fantasma en su gabinete y la segunda, la más importante en este momento, por ser uno de los supuestos coordinadores de la campaña de noticias falsas a través de millones de mensajes ilegales durante la campaña electoral. La misma acusación de coordinar el esquema masivo de noticias falsas pesa sobre Eduardo Bolsonaro, diputado federal por San Pablo. Esta última investigación sobre fake news electorales es la que más preocupa en Brasilia, ya que el Tribunal Supremo Electoral ha abierto un proceso de impugnación de la candidatura Bolsonaro-Mourão sobre la base de esta investigación.

Además de la frustración por la salida de Moro y de su visión negativa de los hijos del presidente, quienes votaron por Bolsonaro y ahora están decepcionados o arrepentidos presentan los siguientes argumentos: a) «Bolsonaro no cumple con el decoro que su función exige, es excesivamente violento, autoritario, histriónico en su forma de conducir el gobierno y con sus polémicas continuas causa gran inestabilidad»; b) «la gestión de Bolsonaro de la pandemia de covid-19 es irresponsable e inhumana, no se preocupa ni por los enfermos ni por los muertos».

Podemos decir que los dos factores principales para el debilitamiento de Bolsonaro eran el covid-19 y las sospechas de corrupción que involucraban a sus hijos. La mayoría de los brasileños considera que su comportamiento frente a la pandemia denota falta de carácter y humanidad. En paralelo, el 18 de mayo de 2020, Fabrício Queiroz, ex-asesor de Flavio Bolsonaro y sospechoso de ser su testaferro, fue arrestado después de pasar un año escondido en una casa propiedad del abogado de la familia Bolsonaro. Según Datafolha, 64% de los brasileños cree que Bolsonaro conocía el paradero de Queiroz todo este tiempo.

En las últimas semanas, parece que Bolsonaro y sus asesores entendieron este mensaje de su base más desencantada y cambiaron su estrategia: han hecho desaparecer a sus hijos del espacio público y de las redes sociales y han «domesticado» a un Bolsonaro que está más moderado que en los inicios de su presidencia. Como consecuencia de este giro estratégico en su comportamiento, su popularidad ha vuelto a crecer. Sobre los más de 110.000 muertos por la pandemia y las críticas a su gestión, Bolsonaro también tiene una estrategia clara: la culpa de estos números y de la crisis económica que se avecina no la tiene él, la tienen los gobernadores de los estados y los alcaldes que no siguieron sus recomendaciones de que la gente pudiera salir a trabajar, decretaron confinamientos que solo algunos cumplieron y, de esta forma, no lograron atajar la pandemia y agravaron la crisis económica. Parece que esta reciente táctica también puede estar comenzando a funcionar.

En paralelo, la popularidad de Bolsonaro comienza a aumentar entre los más pobres, a causa, fundamentalmente, de una ayuda de emergencia de 600 reales (112 dólares) mensuales que recibirán durante la pandemia y que es esencial para la supervivencia de millones de brasileños. Por otro lado, Bolsonaro comienza a invertir políticamente en el Nordeste, la región más empobrecida del país y feudo electoral histórico del lulismo. Sabe que si se gana a las clases populares con ayudas económicas, se allanaría el camino hacia la reelección. Los datos impresionan: 65,3 millones de brasileños están recibiendo la ayuda y un tercio de ellos están en la región Nordeste. No hay que olvidar que parte del apoyo popular a Luiz Inácio Lula da Silva se basó en este tipo de transferencias de ingresos.

El problema es que este ingreso no puede ser para siempre, y el neoliberal ministro de Economía Paulo Guedes, el nexo con el empresariado y el capital nacional e internacional, ya está insistiendo en que es incompatible con sus políticas de ajuste presupuestario y fiscal. ¿Serán capaces Guedes y Bolsonaro de llegar a un acuerdo para mantener a lo largo del tiempo algún flujo de ingresos (aunque sea de valor menor a 600 reales) que garantice el apoyo de los más pobres pero, al mismo tiempo, de continuar con los planes privatistas y las reformas (tributaria y administrativa serían las próximas) para mantener satisfechos a los dueños del dinero? Veremos.

No debemos olvidar que Bolsonaro mantiene la fidelidad de los principales obispos de las mayores iglesias evangélicas pentecostales y neopentecostales, como la Iglesia Universal del Reino de Dios y la Asamblea de Dios. Los más pobres componen el mayor contingente de estas iglesias, por lo que su apoyo es un factor muy importante para entender la adhesión popular al bolsonarismo. Por eso, el presidente brasileño continúa apostando por un conservadurismo religioso que se pauta por la dinámica de la moralización y la cristianización de la vida pública y privada. Temas como el rechazo al aborto y el combate al feminismo son explotados con gran crédito moral por figuras del gobierno como la ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos, la pastora Damares Alves.

 

El impeachment se aleja

 

Si la nueva estrategia bolsonarista basada en la combinación de su propia moderación, el ingreso de emergencia y la culpabilización de alcaldes y gobernadores por la pandemia continúa funcionando, el ex-capitán puede reforzarse como una alternativa viable para las próximas elecciones presidenciales de 2022, no solo entre los leales, sino también entre un buen número de partidarios críticos que parecen estar mejorando sus perspectivas y lo votarían de nuevo, especialmente contra el PT. El antipetismo sigue siendo bastante fuerte entre la población. Además, el PT ha dado algunos pasos que han desencantado a su propia base, como por ejemplo la elección de Jilmar Tatto como candidato a la alcaldía de San Pablo en las próximas elecciones municipales de noviembre de 2020. Su nombramiento levantó muchas críticas entre los afiliados, bastantes de los cuales han migrado hacia una candidatura que parece irradiar más entusiasmo: la de Guilherme Boulos, el líder de los «sin techo», postulado por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

Pero el problema no es solo el PT, sino también la ausencia de un nombre fuerte que aglutine el campo de la centroderecha y la derecha moderada y que consiga arrebatar votos a Bolsonaro. Se barajan diversos nombres, como el del gobernador de San Pablo João Doria, el del propio ex-juez Moro y el del conocido presentador de televisión Luciano Huck, pero de momento nada está definido.

En el plano institucional, la posibilidad de un impeachment, que llegó a parecer plausible en los meses anteriores, está diluida. Bolsonaro cuenta, además, con el apoyo de amplios sectores de las Fuerzas Armadas. Es el gobierno más militarizado de la historia brasileña, con 11 ministros militares y casi 3.000 cargos gubernamentales ocupados por personas procedentes de las Fuerzas Armadas. Estas se han beneficiado enormemente de su presencia en el gobierno, con una buena reforma de las pensiones aprobada al mismo tiempo que se realizaba una reforma antipopular y regresiva de las pensiones para los civiles, y con un aumento del presupuesto militar en un momento de restricciones en otras áreas. Bolsonaro también está negociando su estabilidad con el poderoso presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, quien tiene en su poder nada más y nada menos que 47 pedidos de impeachment diferentes, y con un grupo de partidos políticos llamado el centrão, que reúne a unos 200 diputados (de 513 en total) que no tienen una identidad ideológica específica y, por tanto, se venden al mejor postor. Están vinculados a prácticas clientelistas y corruptas, pero tienen el poder de equilibrar la gobernabilidad del país.

El hecho de que un impeachment se vea ya muy lejos también influye positivamente en la percepción de la población del gobierno de Bolsonaro, porque se entiende que este está pasando por un momento de mayor estabilidad y que el presidente está siendo capaz de mantener la gobernabilidad incluso en contextos como el actual.

¿La popularidad de Bolsonaro seguirá subiendo? ¿Será capaz de mantener su nuevo giro estratégico? De momento parece que mantener la moderación le va a costar mucho. En los últimos días ya protagonizó una nueva polémica al responder con tono amenazante a un periodista que le preguntaba por sospechas de corrupción en el caso Queiroz «Qué ganas de reventarte la boca a golpes». Las elecciones municipales de noviembre próximo serán importantes para que el campo bolsonarista y el democrático midan fuerzas, pero lo cierto es que Bolsonaro continúa alimentándose de que mucha gente indefinida políticamente no llega a confiar en los proyectos políticos de la izquierda. Urge que el PT y el resto de los partidos democráticos se coloquen como alternativas viables, porque de lo contrario corremos el riesgo de que Bolsonaro se mantenga tranquilo en el poder a pesar de los más de 100.000 muertos y de los múltiples retrocesos que está comandando.

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Martes, 01 Septiembre 2020 05:24

Un nuevo ministro para el Líbano

Un nuevo ministro para el Líbano

Buscando una salida a la crisis, designaron a Mustafá Adib

 

El presidente y los parlamentarios libaneses lograron un acuerdo para nombrar un nuevo primer ministro, de modo de descomprimir la tensión y las protestas desde la enorme explosión en el puerto de la capital, Beirut. El nuevo premier es el ex embajador en Alemania Mustafá Adib, que prometió reformas y un acuerdo con el FMI horas antes de que el presidente francés Emmanuel Macron, llegue a Beirut.

Adib, de 48 años, fue designado por la mayoría de los diputados tras consultas parlamentarias en el palacio presidencial. Tras su designación, visitó un barrio destruido por la explosión del 4 de agosto, donde dijo "querer la confianza" de la población. "Es la hora de la acción", afirmó y prometió formar rápidamente un equipo de expertos y de personas competentes que llevarían a cabo reformas "inmediatamente".

"La tarea que acepté se basa en el hecho de que todas las fuerzas políticas son conscientes de la necesidad de formar un gobierno en un tiempo récord y empezar a poner en marcha reformas, con el punto de partida de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", dijo Adib en un discurso en televisión.

Macron, que visita el país por segunda vez desde la explosión, exhortó a los dirigentes libaneses a nombrar rápidamente un "gobierno de misión" para sacar al país de la crisis económica y política.

Adib, relativamente desconocido entre la opinión pública, fue elegido el domingo por la noche por los más influyentes representantes de la comunidad sunita, de donde se elige el jefe del gobierno. La presidencia está reservada a un cristiano maronita y la presidencia del Parlamento a un musulmán chiita.

El presidente del país, Michel Aoun, reconoció la víspera en un discurso en ocasión del centenario de Líbano, que se celebra mañana, que es necesario cambiar el sistema político y pidió un "Estado laico". El mismo día, el poderoso jefe del Hezbolá, Hasán Nasralá, dijo estar dispuesto a negociar un nuevo "pacto político" en Líbano, donde las comunidades religiosas se reparten el poder. En el mismo sentido, Nabih Berri, presidente del Parlamento y jefe del movimiento chiita libanés Amal, pidió el lunes "cambiar el sistema confesional" que rige la política en Líbano, "fuente de todos los males" según él.

Adib, profesor universitario y próximo al ex primer ministro y millonario Najib Mikati, del que fue jefe de gabinete, podría ser rechazado por el movimiento popular de protesta. Hasan Sinno, miembro de un grupo de la sociedad civil, advirtió que ésta rechazaría cualquier candidato del sistema. "No le daremos tiempo, como algunos de nosotros hicimos por error con el anterior, para lograr éxitos. No tenemos el lujo de darle tiempo", dijo.

El ex primer ministro Hasan Diab, nombrado por los partidos en el poder, renunció el 10 de agosto tras la explosión que dejó al menos 188 muertos y devastó barrios enteros de la capital. La deflagración, provocada por la presencia de una enorme cantidad de nitrato de amonio en el puerto de Beirut cuya existencia conocían los dirigentes, alimenta la cólera de la población, que considera responsables a los políticos por su negligencia y corrupción.

El nombramiento de Mustapha Adib obtuvo la aprobación de los principales bloques parlamentarios. Sólo el partido cristiano Fuerzas Libanesas, en la oposición desde las protestas populares de octubre de 2019, apoyó al independiente Nawaf Salam, un antiguo embajador en la ONU respaldado por el movimiento de protesta.

Macron, igual que otros funcionarios extranjeros que pasaron por Beirut, subrayó la necesidad de hacer profundas reformas. El presidente francés que llegó a Beirut anoche, visitará a la conocida cantante Fairouz y mañana se reunirá con responsables políticos. Francia es un aliado tradicional de Líbano, con relaciones históricas que se remontan al siglo XVI e incluyen el periodo del mandato francés en Líbano, a principios del siglo XX.

Pero para Hilal Khashan, profesor de Ciencias Políticas de la universidad estadounidense de Beirut, es difícil que cambie el sistema del país. "Cuando los políticos hablan de un Estado laico, me recuerdan al diablo predicando la virtud, no tiene sentido", afirma, asegurando que la llegada del nuevo primer ministro "no inaugurará una nueva era en la historia de Líbano".

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Ecuador alcanza un nuevo acuerdo con el FMI a cambio de ajuste y reformas estructurales

El préstamo permite cerrar el proceso de reestructuración de la deuda con acreedores privados. El Fondo pide a cambio ajustar cuentas fiscales.

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzó este viernes un acuerdo con Ecuador para otorgar un préstamo de 6.500 millones de dólares, que se utilizará para sostener el plan de reestructuración de bonos y financiar su presupuesto para 2020.

El préstamo, anunciado hoy en Twitter por el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, permite cerrar el proceso de reestructuración de deuda por 17.400 millones de dólares encarado por el Gobierno con los acreedores privados antes de la fecha límite fijada para el 1 de septiembre.

”El nuevo acuerdo complementa un canje de deuda exitoso de 17.400 millones de dólares en bonos globales entre las autoridades y sus tenedores de bonos, y se espera que catalice apoyo financiero adicional bilateral y multilateral”, dice un comunicado del FMI en el que se dio a conocer el resultado de lo que llama un “diálogo franco y constructivo”, una frase muy usada por el organismo para evitar hablar de las exigencias que impone para este tipo de acuerdos.

A cambio del crédito, el Fondo espera que el Gobierno ecuatoriano aplique un plan para “reducir el gasto relacionado con la crisis el próximo año e implementar un paquete de reforma fiscal que incluye una moderación del gasto corriente y de capital, una reforma tributaria inteligente e integral, y una mejor gobernanza del gasto público”. El pronóstico económico para el país no es bueno, se calcula un decrecimiento del 11% del PIB y un aumento del déficit fiscal debido al impacto económico del parón provocado por la pandemia de la covid-19 y al arrastre de los bajos precios de petróleo.

El ajuste de las cuentas fiscales, como pide el FMI, tiene un antecedente reciente en el país. Las protestas contra el gobierno en Octubre del 2019 se dieron por el intento de imponer una serie de medidas para achicar el gasto público. Tras 12 días de movilizaciones callejeras y una violenta represión, el Gobierno de Lenín Moreno anunció la derogación del decreto de aumento de los combustibles.

Ni el FMI ni Ecuador dieron detalles de las metas fijadas para el ajuste de gasto, de la inversión, ni en qué consistirá la reforma tributaria exigida. En su escueto mensaje presidencial, Lenín Moreno agradeció al equipo negociador y a Kristalina Georgieva, directora general del Fondo.

El Gobierno ecuatoriano buscaba renovar el acceso a financiación desde que el programa de rescate anterior fue oficialmente suspendido en mayo de este año. En marzo de 2019, se había pactado un préstamo de 4.200 millones de dólares, aparejado de 6.000 millones de dólares más de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial.

Este nuevo pacto, obtenido centralmente para pagar la deuda a los acreedores privados, se da a poco de las elecciones que determinarán el cambio de Gobierno, que llegará el próximo año de unas elecciones presidenciales en las que no participará Lenín Moreno y el oficialismo no tiene un candidato claro.

Por Diego Sacchi

@sac_diego

Viernes 28 de agosto 

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