Venezuela 2020: autoritarismo político y pragmatismo económico

Las expectativas de una salida rápida del poder de Nicolás Maduro difundidas por la oposición se desvanecieron una vez más en Venezuela luego del «efecto Guaidó». Hoy el país asiste a una combinación de militarización autoritaria con un pragmatismo económico que llevó a una dolarización de hecho de la economía, que al tiempo que hizo «aparecer» nuevamente los productos en las tiendas y permitió reducir las tensiones sociales, es una nueva fuente de desigualdades. Entretanto, el coronavirus puede ser un factor de endurecimiento de los mecanismos de control social.

 

La oposición venezolana dio como un hecho que la debacle económica y la crisis humanitaria llevarían a masivas protestas de calle, las cuales, junto con la proclamación del líder opositor Juan Guaidó como «presidente encargado» y, más recientemente, con las sanciones y el bloqueo económico por parte de Estados Unidos, posibilitarían un cambio político. Pero esto no solo no ha ocurrido, sino que la oposición se encuentra debilitada, mientras el régimen encabezado por Nicolás Maduro ha logrado sobrevivir adaptándose a una de las peores crisis de la historia venezolana mediante la «liberalización» de la economía y el fortalecimiento de la represión y la militarización, ahora en el marco de la pandemia.

Crisis multidimensional, cambios económicos e incertidumbre política

El escenario venezolano de 2020 es sumamente complejo y cambiante. Se caracteriza por una gran incertidumbre, en el marco de la cual la crisis multidimensional de carácter económico, político, social y humanitario ha venido agravándose desde la llegada de Maduro al poder en 2013. A ello se suma la aplicación de sanciones económicas por parte de EEUU. Para enfrentar tal crisis, el gobierno ha desplegado desde fines de 2019 un nuevo discurso y ha implementado prácticas económicas que algunos economistas identifican como un «giro neoliberal». Su rasgo más significativo, pero no el único, es la acentuación de la dolarización, que venía dándose en la práctica, aunque en menor escala y de manera informal.

La nueva narrativa y el laissez faire económico de facto se apartaron más del proyecto discursivo de Hugo Chávez. Aunque estos no se plasmaron formalmente en una reforma económica, la dolarización, junto con la desregulación de los precios y la apertura hacia el sector privado, constituyó una válvula de escape que respondió a una estrategia de supervivencia política dirigida a ganar tiempo para desactivar las tensiones y aliviar la presión social, de forma de ejercer el control político y mantener el poder. «Gracias a Dios que existe la dolarización», llegó a decir el presidente, que la consideró una «bendición». No obstante, las recientes protestas e intentos de saqueo resultantes de una cada vez más crítica escasez de alimentos a raíz de la pandemia de covid-19 llevaron nuevamente al gobierno a tratar de regular los precios, esta vez en dólares, de los productos de la canasta básica y otros rubros.

En contra de la expectativa de la oposición, que consideraba estas transformaciones económicas atadas al cambio político, el escenario de este año no ha variado; por el contrario, la tendencia hacia el autoritarismo y el control militar se han acentuado. Dada la fragilidad económica y política del régimen, una estrategia para mantenerse en el poder ha sido establecer alianzas con el sector económico y el militar. Para sobrevivir a la crisis y al bloqueo económico, se «dejó hacer» en la economía, y para mantener el poder, se reprimió con más fuerza a los disidentes en un intento por desactivar los liderazgos políticos y las redes de influencia. Por otro lado, en contraste con la unidad de la oposición alrededor de Guaidó del primer semestre de 2019, en 2020 esta se encuentra más debilitada, dividida, desmovilizada y centrada en la búsqueda de soluciones individuales.

A partir de enero de 2019, la prensa internacional, EEUU, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima, entre otras instancias, dieron visibilidad a la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela a raíz del desconocimiento del segundo periodo presidencial de Maduro y del reconocimiento de Guaidó por más de medio centenar de países. Si bien a comienzos de 2020 otros conflictos regionales e internacionales desplazaron en importancia al caso venezolano, en plena crisis del covid-19 Venezuela volvió al primer plano debido al recrudecimiento de la crisis humanitaria, al embargo petrolero, al endurecimiento del bloqueo económico y, sobre todo, a estar en el medio de la disputa geopolítica entre EEUU y Rusia. Algunos analistas internacionales destacan que tal interés proviene del hecho de que Venezuela es considerada una amenaza a la paz y seguridad de la región y de algunos países del hemisferio occidental.

Mientras que los esfuerzos de los diferentes países y bloques que han reconocido a Guaidó y concuerdan en la necesidad de «una salida democrática, pacífica y electoral» para Venezuela no han rendido su fruto hasta el momento, la estrategia del gobierno de implementar algunos de los cambios económicos largamente demandados por la oposición, junto con la agudización de la represión y el control militar, parecen haberle servido para mantenerse en el poder. Se trata, sin embargo, de un equilibrio precario, pues los cambios económicos no han permitido superar la grave crisis humanitaria, que la comunidad internacional ha calificado de «emergencia humanitaria compleja»; además, hasta el momento, poco han beneficiado a los sectores populares, los más afectados por la crisis, quienes continúan dependiendo del sistema clientelar de bonos y bolsas de alimentación que el gobierno viene implementando desde hace años. Adicionalmente, estos cambios están contribuyendo a profundizar las diferencias sociales entre quienes pueden participar de una economía dolarizada y quienes no, al mismo tiempo que sirven para afianzar las lealtades de los sectores populares hacia al gobierno a través del control «biopolítico».

Pragmatismo económico: causas e impactos del giro ¿neoliberal?

Han pasado más de 20 años desde el arribo al poder de Chávez, quien propuso el proyecto bolivariano y, años más tarde, el denominado «socialismo del siglo xxi», con el fin de sustituir al modelo económico neoliberal. Sin embargo, ambos se han ido desdibujando debido a la inviabilidad del modelo económico rentista petrolero subyacente. A ello debe agregarse, según la oposición, la incapacidad gubernamental para reorientar la economía, el elevado gasto público y la corrupción y, según el gobierno, la «guerra económica» de EEUU y la caída de los precios del petróleo, los cuales recientemente se han desplomado aún más por la pandemia de covid-19. La crisis económica ha profundizado la crisis humanitaria a punto tal que el gobierno no es capaz de cubrir las necesidades de alimentación, salud y servicios básicos de una gran parte de la población.

El colapso de la actividad petrolera y la fuerte contracción de la industria manufacturera, de construcción y del sector privado han llevado a una gran fragilidad externa y a la caída brusca del pib: según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se contrajo 35% en 2019 y se contraerá 15% en 2020; otras fuentes, como Asdrúbal Oliveros, de la consultora y firma de investigación Ecoanalítica, pronostican 25% si se incluye el impacto del coronavirus. De acuerdo con Petróleos de Venezuela (PDVSA), la actividad petrolera experimentó un repunte el último trimestre de 2019, con un total de producción de 907.000 barriles diarios. Sin embargo, ello representa una disminución de 40% con respecto a la producción del año anterior; además, este crecimiento no se sostuvo en el primer trimestre del año 2020 pues la producción petrolera disminuyó a unos 700.000 barriles diarios en febrero. Los economistas y expertos petroleros estiman que el impacto del coronavirus, junto con las estrictas sanciones para exportar el petróleo, podría reducir la producción aún más debido a las severas limitaciones que existen en Venezuela para el almacenamiento del crudo. No solo han mermado los ingresos petroleros sino que también se han reducido, como resultado de la pandemia, los ingresos no petroleros formales e informales, así como los provenientes de remesas y minería.

En el contexto de la reducción de los precios internacionales del petróleo resultante de la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, que ha afectado más a Venezuela que a otros países debido a las sanciones y al bloqueo económico, el 19 de febrero de este año Maduro decretó la «emergencia energética», a los fines de «adoptar las medidas urgentes y necesarias para garantizar la seguridad energética y proteger a la industria de la agresión imperialista»1.

Adicionalmente, ante la imposibilidad de diversificar el aparato productivo, la estrategia del gobierno ha sido diversificar el extractivismo acelerando el megaproyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO), que abarca una extensión de 111.842 kilómetros cuadrados, lo que representa un poco más de 12% del territorio nacional. El AMO se ubica en una zona de gran diversidad biológica y cultural, rica en minerales como oro, diamantes y coltán, entre otros; se estima que participan unas 150 empresas provenientes de 35 países en su desarrollo. Dado que su explotación es relativamente reciente, del año 2017, y que no existen datos oficiales, se desconocen los niveles de producción y su aporte al PIB. Según algunos investigadores, gran parte de la regulación legal que rige la explotación minera en esta zona es violatoria de la Constitución, lo que facilita «una peligrosa vinculación entre intereses asociados a la minería ilegal y actores estatales»2. Entre las consecuencias del desarrollo del AMO se encuentran el reforzamiento del papel de las transnacionales y el control por parte de los militares sobre las áreas mineras, aunque esto no ha impedido la acción de «grupos irregulares».

La inflación, que a fines del año anterior mostraba una tendencia descendente, sigue ahora un rumbo incierto. En ausencia de datos fidedignos del Banco Central de Venezuela (BCV) para este año, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional estimó que la inflación acumulada en los primeros tres meses fue de 145,3%. A pesar de haberse cuasi estabilizado el valor del dólar con respecto al bolívar a comienzos del año, desde que el país entró en la cuarentena ordenada por Maduro a mediados de marzo se observa un aumento vertiginoso del valor de la moneda estadounidense, que de unos 74.000 bolívares por dólar pasó a 176.000 bolívares para el 29 de abril, según el BCV, lo que supone una variación de 237% en un mes y medio.

Frente al recrudecimiento de la crisis económica, en noviembre de 2019 el presidente Maduro aceptó públicamente la dolarización que ya se venía dando informalmente, señalando que «ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía». A raíz de estas declaraciones, se comenzaron a aplicar nuevas reglas de juego caracterizadas por el pragmatismo y la adaptación a la crisis. A la flexibilización cambiaria de facto, pues la legislación que la regula aún no se ha completado, se sumaron medidas como la eliminación de aranceles, la apertura hacia el sector privado, la eliminación de los controles de los precios de los productos y la comercialización del oro y del petróleo no solo por vías formales, sino también informales. Ecoanalítica ha señalado que, a fines de 2019, las transacciones en dólares se estimaban en 53%, y la encuestadora Datanálisis indicó que para 2020 estas podrían ascender a 70%, aunque es probable que esas cifras se reduzcan como consecuencia de la pandemia de covid-19.

Dado el éxodo de casi cinco millones de venezolanos en los últimos años ‒cerca de 20% de la población‒, las remesas en dólares han sido importantes para la precaria economía, aunque se espera que se reduzcan como resultado de la pandemia. Si bien una parte de la población pobre también tiene acceso a divisas como pago por los servicios que presta, la dolarización ha visibilizado aún más las diferencias sociales según la cuantía de divisas que cada grupo social maneja. El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, ha identificado tres grupos que se distinguen por su acceso diferencial a los dólares: 15% de la población que maneja divisas en cantidades mayores a 400 dólares mensuales, 35% que maneja dólares en menor cantidad como resultado de la dolarización de sus servicios, empleos u oficios, y 50% en situación precaria, que no tiene acceso al dólar3.

El nuevo régimen cambiario, junto con la liberación de los precios, estimuló el aumento de los precios de los productos no subsidiados, lo que creó mayor desigualdad en el acceso a alimentos, bienes y servicios entre los diferentes grupos sociales de la población. Quienes tienen suficientes dólares pueden acceder a los bienes de consumo no subsidiados por el gobierno, los cuales son escasos e incluyen artículos suntuarios y productos importados en establecimientos denominados «bodegones», donde se paga en divisas. También, los sectores de clase media y alta que poseen suficientes dólares pueden con mayor frecuencia paliar la escasez de algunos servicios básicos como el agua o las comunicaciones, entre otros, por vías alternas privatizadas. Además, perdura una injusta e histórica distribución de las redes de los servicios básicos que resulta del hecho de que algunas zonas pobres no están conectadas o están conectadas deficientemente a tales redes; por esta razón, la escasez de agua, luz y gas es mayor en los sectores populares. Por otro lado, dada la mayor visibilidad e impacto político de las protestas en la capital del país, el gobierno la ha privilegiado en el otorgamiento de los servicios básicos, en detrimento del interior del país.

En contraste con la minoría altamente dolarizada, quienes sobreviven con un salario básico tienen una capacidad de compra severamente menguada, aunque reciban bonos especiales del gobierno y productos subsidiados. Al referirse a estos sectores, Maduro señaló en una entrevista televisiva que a ellos «los salva la patria» mediante los bonos y las bolsas de alimentación (CLAP)4.

La flexibilización cambiaria ha reducido en el corto plazo las tensiones y la presión social vinculadas a la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes y ha contribuido al «apaciguamiento», sobre todo de los grupos sociales que tienen acceso a la economía dolarizada. En el caso de los sectores populares, ha contribuido al perfeccionamiento del control biopolítico, pues las necesarias divisas le sirven al gobierno para seguir alimentando, y también controlando políticamente, a una población cada vez más vulnerable mediante las prebendas de supervivencia ya mencionadas.

Por otra parte, tal como se deriva de la experiencia en otros países e incluso del propio caso venezolano, las sanciones económicas han agudizado la crisis, han llevado a los sectores pobres a una mayor dependencia del gobierno y podrían contribuir a afianzar la lealtad política progobierno de estos sectores y desmovilizarlos. Adicionalmente, proporcionan una excusa al gobierno para no asumir su responsabilidad en la crisis y, como veremos más adelante, no han producido los cambios políticos ansiados por la oposición.

Incertidumbre política: ¿«transición» o permanencia?

La propuesta para una «transición política» de Guaidó al proclamarse como presidente «encargado» contenía tres condiciones básicas: «cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres». Esta propuesta reavivó las esperanzas de la oposición por un cambio político. Sin embargo, estas expectativas no se cumplieron, por lo que al iniciarse esta nueva década se produjo un declive significativo del liderazgo político de Guaidó. Además, no se logró repetir las multitudinarias movilizaciones opositoras del primer semestre del año pasado, sea por el riesgo de la creciente represión policial, porque la oposición se ha debilitado y dividido, por el cansancio de no obtener los resultados esperados o porque el foco de la mayor parte de la población está puesto en la supervivencia. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) destacó que para febrero de este año las protestas habían descendido 51% en comparación con la misma fecha del año pasado.

Otro rasgo que viene agudizándose desde el segundo semestre de 2019 y que caracteriza el año 2020 es la fragmentación interna de los liderazgos políticos tanto de Guaidó como de Maduro, así como también el aumento significativo de un grupo que no se identifica ni con el chavismo ni con la oposición. Los resultados de las entrevistas a hogares realizadas por la empresa de estudio Delphos entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre de 2019 a escala nacional indican que tanto el apoyo al liderazgo político a Guaidó como el apoyo a Maduro han bajado en cada bloque: entre el 40% que se identifica como oposición, solo 24% apoya el liderazgo de Guaidó, y del 23% que se identifica con el chavismo, solo 14% apoya a Maduro5. Existe un tercer grupo de más de un tercio de la población entrevistada (36,3%) que no apoya ni al gobierno ni a la oposición, aunque esto no significa que no asuman una posición política en caso de darse elecciones.

Otra característica a destacar es la acentuación del centralismo y las instituciones paralelas. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que promovió el gobierno en 2017 tenía la función de redactar una nueva Constitución. No obstante, en los hechos utilizó sus facultades plenipotenciarias para asumir las funciones de la Asamblea Nacional en manos de la oposición, dado que esta fue declarada en «desacato» por el Tribunal Supremo de Justicia, afín al régimen. La ANC, que fue tildada de inconstitucional por la oposición, sigue vigente a pesar de que ya se cumplió el periodo asignado de dos años.

La reacción del gobierno frente a la Asamblea Nacional, que continuó sesionando y confrontando al gobierno a pesar de su desconocimiento por parte de Maduro, ha sido la represión y persecución de los diputados más influyentes, muchos de los cuales están presos o han huido del país; más recientemente, la represión se ha dirigido contra el entorno de Guaidó. Más aún, en enero de este año, fecha en que la Asamblea Nacional debía renovar su directiva, el gobierno promovió la división de los diputados opositores, lo que resultó en la elección de una directiva paralela que en la actualidad trata de competir y de restarle legitimidad a la directiva elegida por el grupo mayoritario de diputados de la oposición, que reeligió a Guaidó como presidente de la Asamblea. De esta forma, en 2020 en Venezuela se da la sorprendente situación de contar con dos presidentes del país, con dos parlamentos y con una ANC que supuestamente está por encima de todos los poderes públicos.

La creación de instituciones paralelas no es una práctica exclusiva de la oposición, sino que el propio régimen también la está utilizado para afianzarse en el poder. En ese proceso, el gobierno ha venido vulnerando la institucionalidad vigente para crear una nueva legitimidad que le sea favorable y le permita desactivar los últimos baluartes de poder en manos de la oposición.

Militarización y milicias

Otra tendencia del escenario político 2020 es la creciente subordinación de los criterios técnicos a los de seguridad y control por parte del Estado. Ello ha resultado en la creciente importancia de los militares, a los que se sigue transfiriendo tanto poder político, mediante el nombramiento de uniformados para los cargos de más alta jerarquía, como poder económico, a través de la gestión y el control de las actividades económicas más importantes, como la petrolera estatal, PDVSA, y el AMO. A fines de 2017, Maduro sustituyó a los gerentes técnicos civiles por militares y nombró a un general de la Fuerza Armada Bolivariana como ministro del Petróleo y presidente de PDVSA. Su gestión, que continuó hasta fines de abril de este año, ha sido evaluada negativamente por expertos petroleros, quienes aducen que su falta de experiencia llevó a cometer errores graves en las distintas fases del proceso de producción. La razón de los nombramientos militares, tal como lo expresó Maduro en la ANC en mayo de 2018, fue la construcción de «una PDVSA socialista» y el hecho de que, según él, los militares son «menos corruptos». No obstante, la razón implícita fue otorgar poder económico a los militares con el fin de ganar su confianza y apoyo para mantener el control político. No obstante, frente a la crisis de la falta de gasolina, el 27 de abril de este año, el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA (pues compartía ambos cargos) fue sustituido por dos civiles. Uno de ellos es el vicepresidente del área económica, Tareck El Aissami, quien fue nombrado ministro de Petróleo aunque tampoco es un experto en el área.

Maduro ha señalado reiteradamente que su gobierno se sustenta en la unión cívico-militar, cuya expresión es la Milicia Nacional Bolivariana, compuesta por voluntarios civiles en reserva, ex-militares y oficiales, y cuya misión es la «defensa de la patria». La milicia fue creada por el presidente Chávez en 2005; sin embargo, no fue hasta el 4 de febrero de este año cuando se hizo efectiva la Ley Constitucional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), que la incorporó como el quinto componente de ese cuerpo. Aunque las cifras no son muy confiables ni precisas, para este año el ministro de la Defensa estimó el número de milicianos en 2.300.000 y Maduro, en 3.700.000. Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, ha tildado a la Milicia como «la más poderosa arma política partidista» y destaca que, en vez de fortalecer a la Fuerza Armada Nacional, va a destruirla debido a la tendencia a sustituir a los soldados profesionales por milicianos6. La Milicia es la componente de la FANB con el mayor número de miembros, por lo que podría servir como contrapeso a las fuerzas armadas profesionalizadas en caso de que estas dejaran de apoyarlo; de nuevo, la lógica del régimen se despliega para mantener el poder «a toda costa».

Coronavirus

A todo esto se le suma la pandemia de covid-19. La grave crisis humanitaria, el precario sistema de salud, las críticas deficiencias de los servicios básicos de luz, agua y gas entre otros, la falta de recursos económicos y, sobre todo, la incapacidad del gobierno para hacer frente a los problemas anteriores hacen que el país sea especialmente vulnerable a la pandemia según los organismos internacionales La temprana cuarentena instalada en Venezuela puede considerarse un acierto del gobierno y, hasta el momento, parece estarse cumpliendo el objetivo pues las cifras de infectados son las más bajas de la región, si nos guiamos por las cifras oficiales. La información sobre el tema está sumamente controlada por el gobierno, que ha sancionado a aquellos periodistas y trabajadores de la salud que se salgan del reporte «oficial» diario sobre el número de contagiados, enfermos y fallecidos. Sin embargo, la cuarentena que se inició el 16 de marzo no ha resuelto el dilema que se le presenta a la población pobre, que no dispone de un empleo en el sector formal de la economía: ¿cómo resolver sus necesidades básicas, incluyendo la alimentación? Por otro lado, el gobierno ha implementado la medida de que toda persona que salga a la calle para actividades «necesarias» debe llevar mascarilla pero no las ha provisto, destacando que pueden elaborarse artesanalmente. Tampoco ha dicho nada sobre la grave deficiencia de agua, a pesar de que representa uno de los mayores obstáculos para seguir las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Algunos de los grupos más afectados por la falta de alimentos o por las carencias de luz, agua, gas y, recientemente, gasolina están saliendo a protestar, y en general son reprimidos por la Guardia Nacional que ha tomado las calles. El manejo del coronavirus se ha tornado autoritario y la pandemia ha servido para ejercer aún más control sobre la vida de los ciudadanos a través de los distintos cuerpos de seguridad del Estado.

Consideraciones finales

Los cambios económicos se dirigieron a incorporar algunas de las demandas de los grupos económicos con mayor poder y de una parte de la oposición más beligerante que se encarna en la clase media con mayor acceso a la economía dolarizada; su objetivo último fue desactivar las tensiones y evitar el cambio político deseado por la oposición. Paradójicamente, el cambio económico que la oposición vio como prerrequisito para un cambio político fue interpretado por el gobierno como una condición para lograr evitar este último. De esta forma, los cambios en la economía han tenido efectos divergentes para el gobierno y para la oposición: tal como esperaba el gobierno, han contribuido a bajar la presión social de un grupo importante de opositores y, por tanto, a ganar tiempo en el poder, pero no han logrado concretarse en el cambio político visionado por la oposición, la «salida» de Maduro.

A pesar de la creciente pérdida de apoyo popular, el gobierno se mantiene gracias al apoyo militar, pues ha logrado transformar la relación cívico-militar concebida por Chávez en una relación en la que los civiles están subordinados a los militares, quienes ejercen el control político y constituyen el principal sustento del régimen. Por ello, los analistas señalan que cualquier cambio político debería pasar por un acuerdo con los militares, más que por sanciones económicas o de otra índole.

Pero, en primer lugar, cualquier cambio político debe pasar por acuerdos entre la oposición y el gobierno, para lo cual es preciso definir quiénes son los interlocutores válidos de la oposición, dada su diversidad. No existen instancias articuladoras debido a la fragmentación de la oposición tras la crisis de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y al virtual fracaso de esfuerzos más recientes, como los del Frente Amplio (FA), que pretendía articular a los partidos políticos opositores y a la sociedad civil, y las Mesas de Diálogo Nacional de 2019. Por otro lado, Guaidó y su gabinete paralelo no representan en estos momentos a todos los sectores de la oposición.

En mayo de 2019, Noruega reinició esfuerzos exploratorios para entablar una posible mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Si bien estos esfuerzos abrieron un espacio para encontrarse, hasta el momento no han tenido mayores resultados. La rigidez de la propuesta de una parte importante de la oposición, que sigue requiriendo, como condición sine qua non para negociar, la salida del poder de Maduro, junto con la acusación de que el diálogo forma parte de una manipulación del gobierno para ganar tiempo, contribuyó a que las iniciativas en marcha no avanzaran de manera significativa. También en esas fechas, la UE auspició el grupo de contacto internacional que viajó a Caracas para reunirse con todos «los actores nacionales relevantes» para evaluar la posibilidad de una «ruta electoral» negociada, enfatizando su compromiso político con una solución democrática a la actual crisis. Esta última propuesta fue apoyada por el Grupo de Lima, constituido originalmente en 2017 por representantes de 14 países con el objetivo de encontrar una salida pacífica a la crisis venezolana. La más reciente propuesta formulada por el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo ha sido el «Marco para la Transición Democrática y Pacífica en Venezuela», en el que se propone una transición política con un consejo de Estado que no incluiría ni a Maduro ni a Guaidó y que tendría como tarea convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias dentro de un año. A diferencia de las anteriores, esta última propuesta fue inmediatamente rechazada por el gobierno.

A pesar de que los esfuerzos anteriores no han logrado avanzar o avanzan muy lentamente, se han abierto nuevas vías de encuentro, tanto en el terreno político como en la sociedad civil. En enero y febrero de este año, se reunieron diputados de distintas tendencias políticas con el fin de elegir la lista para el Comité de Postulaciones y poder elegir al Consejo Nacional Electoral con miras a las elecciones legislativas que deberían llevarse a cabo este año. Desafortunadamente, este complejo proceso de acuerdos se paralizó al iniciarse la cuarentena por el coronavirus. En esta misma dirección, diversos actores políticos y sociales nacionales, entre los que se incluyen políticos, ONG y personalidades de la sociedad civil con diferentes tendencias ideológicas, se han agrupado en los últimos meses alrededor del «Diálogo Social» y, junto con la comunidad internacional, convergen en la necesidad de una especie de tregua a corto plazo para llegar a acuerdos que se estiman urgentes para enfrentar la crisis humanitaria; también coinciden en la necesidad de una salida electoral en el mediano y largo plazo.

La incertidumbre acerca de la duración y los efectos económicos y políticos de la pandemia hace difícil visualizar el futuro de estos últimos esfuerzos en el corto plazo. Además, la respuesta del gobierno podría depender del éxito o no que tenga en resolver la emergencia sanitaria, reactivar el aparato productivo y satisfacer necesidades básicas de la población, en una situación de grave crisis en la que los bonos y otros beneficios que otorga no son suficientes. (Uno de los desafíos será contener las protestas sociales que ya han comenzado a producirse debido a las dificultades para satisfacer las necesidades básicas). Un último interrogante que dejamos abierto es si tanto el gobierno como la oposición, que hasta el momento han mantenido posiciones antagónicas que implican la exclusión del «otro» y su consideración como el enemigo a derrotar, estarán dispuestos a establecer una «tregua humanitaria» ante el creciente descontento y las tensiones políticas que podrían alimentar estallidos sociales debido al agravamiento de la crisis humanitaria. ¿Cómo transformar al enemigo en adversario con quien puedan construirse acuerdos en el corto, mediano y largo plazo para enfrentar esta crisis económica, política y humanitaria y abrir una ruta electoral?

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Acuerdos de apoyo de Angela Merkel y Xi Jinping a la OMS, así como a la promoción de la cooperación internacional en la ONU, habrían irritado a Donald Trump. Foto Ap

El catalán y socialista Josep Borrell, a cargo de la política exterior de la Unión Europea (UE), definió su nueva política con China y EU como doctrina Sinatra, quien inmortalizó la canción My way, que no toma partido en la confrontación de Washington contra Pekín.

La autoría de la canción es del sirio-estadunidense Paul Anka y ya había sido enunciada dos semanas antes de la caída del muro de Berlín en 1989 por Guennadi Guerasimov (GG), portavoz de Gorbachov, ex mandamás soviético.

GG optó por la doctrina Sinatra –en contraste a la doctrina Brejnev, donde la URSS imponía su ley a los países satélites– que en forma cándida le otorgaba a Polonia y a Hungría, independientemente de la legitimidad de sus veleidades geopolíticas, la latitud de escoger una vía diferente, lo cual marcó el inicio de la balcanización de la URSS (https://bit.ly/3efv5dY).

Sylvie Kauffmann (SK), editorialista del rotativo galo Le Monde, explaya la doctrina Sinatra e incurre en acrobacias lingüísticas, en medio de las tensiones noratlánticas en la fase de Trump, para diferenciar el no-alineamiento de la UE en la disputa de EU y China, lo cual no significa equidistancia cuando existe una franca asimetría, que se agudizó con la pandemia del Covid-19, que debe poner freno a las ambiciones de Pekín, sin caer en la trampa de una confrontación entre China y EU que se ha vuelto estructural (sic).

A inicios de junio, en una conversación telefónica, el mandarín Xi Jinping y la canciller alemana Angela Merkel (AM) –por tercera vez desde el brote del Covid-19– acordaron varios puntos, como el apoyo a la OMS, que es anatema para Trump, y la promoción de la cooperación internacional en la ONU y con el G20, además de acelerar los intercambios geoeconómicos (https://bit.ly/3eiLVbS).

Se espera la visita del mandarín Xi a Alemania para septiembre –sea en forma presencial o por una videocumbre– para dialogar con los 27 miembros de la UE.

El Covid-19 profundizó la relación franco-alemana, y la reciente visita de AM a su homólogo francés Emmanuel Macron expuso eldeseo mutuo de mantener relaciones estables y sanas con China, pese a las fuertes presiones de la dupla Trump/Mike Pompeo para adoptar una confrontación de corte sinofóbica (https://bit.ly/3hLZGCa).

Es probable que la resurrección europea con su doctrina Sinatra y el coqueteo de la canciller AM con el mandarín Xi hayan contribuido a la exasperación de Trump, quien acaba de ordenar el retiro de 9 mil 500 efectivos de Alemania para septiembre –de un total de 34 mil 500 y que en un momento dado de rotación pueden alcanzar 52 mil (https://on.wsj.com/3dlrqKe)–, debido al incumplimiento, según sus decires, de aumentar su gasto militar en el seno de la OTAN. Coincidentemente, cuando se gesta la cumbre entre el mandarín Xi y la UE-27 que presidirá Alemania, es cuando EU retira sus tropas, de las que se ignora cuál será su nuevo destino (https://bit.ly/3eiMKS0).

A Trump le ha irritado que Alemania no haya detenido el gasoducto NordStream2 proveniente de Rusia, y no faltan legisladores pugnaces del Partido Demócrata, como Bob Menendez y Eliot Engel, quienes disparatan de que el retiro de tropas estadunidenses beneficia al zar Vlady Putin (https://bit.ly/2YWzNXs).

En su más reciente artículo, SK comenta que la pandemia del Covid-19 hizo mover las líneas en Europa que podría salir transformada, mientras en el campo de la geopolítica mundial “la crisis exacerbó las grandes tendencias en curso sin cambiar fundamentalmente la sustancia (https://bit.ly/2YinsOe)”, por cierto, tesis de Bajo la Lupa.

SK confiesa que la UE estuvo a punto de desintegrarse, pero se recuperó y después del estadio de sideración (sic), eligió el camino inverso, el de una integración más profunda, para levantar sus economías y resistir mejor los futuros choques.

Falta mucho por avistar si las rediseñadas tendencias centrípetas superan a las fuerzas centrífugas, así como ver qué tanto funciona la doctrina Sinatra, que ya fracasó una vez y comporta el grave error de menospreciar a Rusia.

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Por una condonación de la deuda pública externa de América latina

Documento de un grupo de investigadores de diferentes países*

 

De autoría colectiva, el texto señala que la deuda externa es una fuente perpetua de extracción de excedentes de las economías de América latina, sobre la base una deuda impagable. Apunta que resolver esto demanda la condonación inmediata de dicha deuda. Y propone que ha llegado el momento de transformar el sistema de que las deudas se pagan con nuevas deudas y, además, los intereses se agregan, con lo que la deuda total crece sin más límite hasta hacerla impagable. 

 

  1. El crecimiento económico como política y el endeudamiento como adicción.

La globalización neoliberal encumbró la “sociedad del crecimiento”. El crecimiento se convirtió en la política central que supuestamente sostendría el consumo, la inversión, el empleo y el bienestar social.

El pretendido crecimiento ad infinitum resultó tener “efectos colaterales” (humanos y ecológicos), pero se asumió que el libre mercado y el desarrollo tecnológico lograrían contrarrestarlos. Y si no lograban solucionarlos, entonces no habría solución alguna: el progreso demanda “sacrificios”.

La teoría económica neoliberal dio un viraje de 180 grados: el “ahorro de hoy” dejo de ser la fuente para el consumo y la inversión “de mañana” (tesis keynesiana). El consumo por el consumo (consumismo) se convirtió en el motor del crecimiento, y la inversión productiva perdió el sentido de incrementar la “capacidad productiva” para considerarse casi exclusivamente en términos de su rentabilidad de corto plazo. Entre 1970 y 2007 se impusieron el capitalismo de casino y la financiarización, dominando la economía real. La crisis del 2008 fue interpretada como un tropezón normal en el frenesí de “exuberancia irracional”.

El consumismo desenfrenado y la inversión financiera se apuntalaron fuertemente en el crédito: a los hogares, empresas y Estados; desmantelando, además, las políticas del Estado de bienestar. Se generó una dependencia adictiva entre el crecimiento económico (la acumulación de capital) y el endeudamiento sin límite.

  1. El pago de la deuda como genocidio.

El capitalismo se fundamenta en el crecimiento económico, y como ya no puede hacerlo con saltos de productividad, se alimenta de nuevas “acumulaciones originarias” y de un endeudamiento tóxico que conduce a deudas perpetuas e impagables. Después del estallido de la crisis de la deuda en los años ochenta, podría esperarse que la situación de la región mejorara en el mediano plazo, pero se ha agravado. La deuda externa se duplicó hacia 1990, y para 2019 había crecido 10 veces, superando los 2,0 billones de dólares, con un pago de intereses que sumó un poco más de 1,1 billones de dólares. En realidad, todo el aumento de la deuda hasta 2010 ha sido resultado de pagos de intereses. El ingreso neto por nuevos créditos externos fue nulo hasta 2010. El pago de intereses corresponde a un dinero jamás entregado, se trata de una brutal usura. Hasta 2018, el 60 por ciento del aumento de la deuda externa lo constituyó la capitalización de intereses, los que se “pagaron” con nueva deuda, que seguirá exigiendo pago de intereses por recursos financieros que nunca han servido a los países de América Latina.

Esta situación es extensiva a la deuda pública: en los próximos cinco años el 32 por ciento del servicio de la deuda correspondería a pagos de intereses, lo que se agrava con la Pandemia de la Covid-19. La deuda externa es una fuente perpetua de extracción de excedentes de las economías de América Latina, sobre la base una deuda impagable. Resolver esto demanda la condonación inmediata de dicha deuda.

Este terrible año hay que pagar la deuda, tanto su capital como los intereses. Este pago en muchas sociedades, en especial las de América latina, impide atender demandas sociales en salud, educación, protección social, cultura y demás servicios sociales y de protección del ambiente. El pago del capital y los intereses es la primera prioridad del presupuesto nacional, aunque miles o millones de ciudadanos no logren satisfacer sus necesidades básicas. La pandemia de la Covid-19 ha puesto al desnudo este genocidio económico-social.

  1. Las crisis de deuda y su papel como estrategias de sometimiento.

El endeudamiento es un gran negocio de los bancos y las empresas transnacionales, especialmente cuando las deudas se vuelven impagables. El país que no pueda pagar tendrá que ceder su soberanía, sus recursos naturales más valiosos y sus empresas públicas. Este pillaje incluso se hace calculadamente para que el país endeudado pueda seguir pagando, y cada tiempo se renegocia la deuda y hasta se permiten condonaciones parciales de intereses.

El endeudamiento externo hizo posible someter a toda América latina durante la crisis de la deuda de los años 80 del siglo pasado, transformándola en un proceso de expropiación bajo el eufemismo de los “ajustes estructurales”.

  1. El Acuerdo de Londres de 1953.

El Tratado de Versalles (1919) fue un ejemplo de la ceguera de la “voluntad de poder”. Los ganadores de la I Guerra Mundial impusieron a Alemania costos de guerra a todas luces impagables. El tratamiento de la deuda alemana y el de otras naciones europeas después de la II Guerra fue muy diferente. Empezaba la guerra fría y las medidas para “salvar el sistema” incluyeron la eliminación de la mayor parte del pago de las deudas alemanas con el resto de Europa occidental y otros países aliados, Grecia incluida, además del Plan Marshall y la concesión de nuevos créditos sin intereses.

Ante los efectos económicos y sociales devastadores a causa de la pandemia de la Covid-19, el FMI se niega a discutir una posibilidad semejante, y sólo considera condonaciones parciales o posposición de pagos de intereses para los países más pobres y endeudados. Quieren repetir el Tratado de Versalles, solo que ahora con los “perdedores” (víctimas) de la globalización.

  1. El Fondo Monetario Internacional: la aparente paradoja de la condonación de las deudas. ¿Se debe pagar, aunque no se pueda pagar?

Desde el estallido de la crisis latinoamericana de la deuda en 1982, han sido múltiples los llamados a la condonación total de la deuda. La negativa del FMI y del Banco Mundial se respalda en la “responsabilidad de los deudores”, de gobiernos que irresponsablemente incurrieron en esa deuda. Según este argumento, ni siquiera la incapacidad de pago justifica la condonación de las deudas. El deudor es culpable de su incapacidad y el acreedor es exonerado de no anticipar que el deudor no podía pagar. Pero el argumento se desmorona cuando cualquier auditoria de la deuda muestra el pillaje del acreedor o la corrupción de los gobiernos de turno.

Entonces el FMI y el BM recurren a otro argumento: “la ley y el orden” de los mercados financieros y la continuidad de los préstamos en el futuro. La condonación de la deuda lesionaría la capacidad de las instituciones de crédito de seguir prestando y socavaría la confianza en el sistema financiero. Tal argumento es indefendible, cuando gobiernos y bancos centrales de los países ricos compran billones de dólares en valores o sencillamente emiten billones en monedas duras para salvar de la quiebra a bancos, empresas y mercados de valores, acrecentando la desigualdad y la injusticia.

  1. Por una condonación de la deuda pública externa de América Latina.

Cuando las deudas, supuestamente, se pagan con nuevas deudas y, además, los intereses se agregan, la deuda total crece sin más límite que el impuesto por la progresión del interés compuesto. Ha llegado el momento de transformar el sistema.

La crisis en curso ha ratificado que el futuro de la humanidad está en riesgo. Tenemos una oportunidad para corregir situaciones que muestran tendencias catastróficas. Recuperar la solidaridad como un valor global permitirá poner en el centro valores sociales fundamentales que la globalización neoliberal ha relegado o incluso aplastado.

La reconstrucción de las relaciones humanas, en la perspectiva de la vida y el bien común, exige cambios radicales: en nuestro metabolismo social, en las relaciones laborales, en la división sexual del trabajo, en los servicios básicos para toda la población, en los sistemas tributarios, en la propiedad intelectual y la cultura, en el dinero y las finanzas, en los organismos financieros internacionales, en la cooperación entre las Naciones. Una Condonación Mundial de la Deuda Externa Pública sería sólo un primer paso, pero uno que puede cimentar la construcción de un futuro mejor para todas y todos, pero especialmente, para las víctimas del capitalismo neoliberal, colonial y financiarizado.

* Este artículo fue publicado por Franz Hinkelammert (Alemania-Costa Rica) , Orlando Delgado (México), Yamandú Acosta (Uruguay), Henry Mora (Costa Rica), William Hughes (Panamá) y Jorge Zúñiga M. (México), este martes 16 de junio en forma coordinada en diferentes medios gráficos de América latina.

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Lunes, 15 Junio 2020 06:45

"Nueva normalidad"

"Nueva normalidad"

Dice Michael Sanders que la filosofía tiene "un carácter ineludible y arroja luz sobre nuestra vida cotidiana"; así entendida, "pertenece no sólo al aula, sino a la plaza pública, donde los ciudadanos deliberan sobre el bien común". Peter Sloterdijk, en otro tenor, reivindica el punto de vista de Nietzsche acerca de que la filosofía "es el intento incansable de dañar la estupidez" y añade que esa definición parece ser la más bella. No está mal en ambos casos.

En una entrevista reciente preguntaron al filósofo coreano Byung-Chul Han si la incidencia del Covid-19 ha democratizado la vulnerabilidad humana. Este no fue un cuestionamiento bien planteado y el popular pensador perdió la oportunidad de ser categórico, como exigía el diálogo y su propio oficio. Respondió que la pandemia muestra que "la vulnerabilidad o mortalidad humanas no son democráticas", e insistió: "La muerte no es democrática". De esta manera, la filosofía no alumbra ni daña. Claro que, como siguió diciendo, la pandemia no ha cambiado nada y exhibe "los problemas sociales, los fallos y las diferencias de cada sociedad". Esa aseveración es un truismo, o ¿es que podía esperarse otra cosa?

La pandemia y sus consecuencias sanitarias, económicas y políticas engloban de una u otra manera a toda la gente en el mundo. Cada sociedad, por supuesto, la asimila conforme a su estructura, grado de cohesión, la desigualdad existente, el carácter de las decisiones políticas y el comportamiento de la población, no sólo en materia de civismo, sino inducido de forma relevante por las necesidades que se han de satisfacer.

Esas condiciones tienen, por necesidad, implicaciones de índole prácticas de suma relevancia y diferenciadas, como enfermar, perder el empleo, empobrecerse y la relación que se establece con el gobierno. Esas diferencias también tienen consecuencias anímicas de distinta naturaleza y en la manera en que se asimilan.

En muchas partes se ha iniciado el proceso de apertura denominado con el eufemismo de la "nueva normalidad". Los argumentos para abrir giran en torno a la necesidad de sacar a la gente del confinamiento y remprender la actividad económica.

Eso es comprensible. No obstante, tiene una serie de consecuencias que no debieran relegarse fácilmente. En Brasil el presidente Bolsonaro ha dicho desde el inicio de la pandemia que estaba en contra del confinamiento, pues el costo económico sería superior al provocado por el contagio del virus. No explicó cómo es que mide esos costos relativos y, menos aún, el marco para compararlos. Tampoco se esperaba de él que lo hiciera. Hoy ese país es el que tiene más fallecimientos, luego de Estados Unidos.

Donald Trump ha impulsado la apertura en un entorno de fuertes enfrentamientos políticos con los gobernadores de varios estados y relegando la postura de los científicos contraria a la suya. La consecuencia económica de la pandemia ha provocado una recesión que acabó con el periodo de expansión productiva más larga de ese país. Esto ocurre a pesar de que el gobierno y el banco central han intervenido con billones de dólares para amortiguar el golpe. Pero las cifras de contagios y muertes han aumentado en días recientes, de modo notorio en Texas y Florida, asociadas con la apertura. Esto se agrava con los enfrentamientos en torno al conflicto racial y la violencia policial. El entorno está marcado a las claras por la lucha para relegirse en la presidencia en noviembre próximo.

En México las decisiones acerca de la gestión de la pandemia se toman también optando por abrir las actividades en plena expansión del contagio y de los fallecimientos. Se debate cada día si la curva del comportamiento del virus se ha aplanado, pero no parece haber evidencia concluyente. Ahora se incita a salir de modo explícito.

Como es claro, mucha gente ha salido ya desde hace varias semanas por la necesidad ingente de obtener recursos y subsistir. No necesitan ser incitados. No se sabe en esas condiciones de qué manera se propagan los contagios, cuánta gente no llega a los hospitales y tampoco el número de muertos por Covid-19. La parte de la población que puede cuidarse más debería hacerlo, como un modo de amortiguar el contagio general, manteniendo de algún modo el confinamiento, usando mascarilla y evitando aglomeraciones. Eso es lo que indica el bien común.

La nueva normalidad es una expresión confusa, aunque se admita de modo literal, por su conveniencia. Por una parte, hay que establecer qué es lo que habrá de novedad y, por otra, el significado de lo que será normal. Esta idea se usa en todas partes, lo cual indica, en buena medida, la confusión reinante entre quienes gobiernan y entre los ciudadanos.

Lo nuevo no significa que haya una dirección clara y única que además entrañe el surgimiento de condiciones sociales diferentes, significativas y, sobre todo, mejores. Eso requiere de otro tipo de acciones y arreglos. Lo normal podría tender a un acomodo temporal del que ahora somos incapaces de delinear sus condiciones y menos aún asegurar que será rápido y sin fricciones.

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Visitantes recorren la exposición de fotografía del patrimonio cultural mundial en el Museo de Hainan, en el sur de China. La actividad social empezaba a tomar estabilidad, en esa nación hasta que ayer se anunció un brote de Covid-19 en la central de abasto de Pekín. Foto Xinhua

Asegura el abasto de una de las 10 fórmulas inmunológicas que están en desarrollo // Espera el biológico para finales de este año

 

Berlín. Alemania, Francia, Italia y Países Bajos firmaron un acuerdo con el grupo farmacéutico AstraZeneca para garantizar el suministro a la Unión Europea (UE) de 300 millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus, indicó el gobierno alemán.

El contrato prevé la distribución de las dosis de forma proporcional a la población de cada país de la UE en cuanto esté disponible la vacuna, que en el mejor de los casos se espera para finales de este año.

Para que los inmunológicos estén disponibles en gran cantidad y muy rápido tras su aprobación este año o el próximo, la capacidad de producción debe ser garantizada desde ya por contrato. Muchos países del mundo tienen ya garantizada su vacuna, pero Europa aún no, explicó el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, su homólogo italiano, Robert Speranza, también se refirió al acuerdo, pero indicó que la cifra de dosis pactadas es de 400 millones que estarán a disposición de toda la población europea. La estadística del Banco Mundial sitúa en 447 millones los habitantes de la Unión Europea.

La vacuna de AstraZeneca es desarrollada en colaboración con la Universidad de Oxford y es sólo una de las 10 vacunas en proceso de pruebas clínicas. La empresa anglo-sueca firmó recientemente acuerdos similares con Gran Bretaña, Estados Unidos y diversas organizaciones para fabricar 700 millones de dosis.

Confinan barrios de Pekín por rebrote

Por otra parte, las autoridades chinas detectaron seis casos de infección local, vinculados en su mayoría al mercado Xinfadi, en el distrito de Fengtai, al sur de Pekín, que fue cerrado mientras las 11 zonas residenciales que lo rodean fueron confinadas.

Otros nuevos 57 casos fueron identificados tras realizarse pruebas a unos 2 mil empleados del mercado, indicó una responsable de salud local, Pang Xinghuo. Xifandi, el mayor centro de abasto mayorista de productos agrícolas en la capital, será sometido a labores de desinfección.

España mantiene congelada desde el 7 de junio su cifra de fallecidos, lo que genera incertidumbre sobre el estado real de una pandemia que dejó, según el gobierno, más de 27 mil decesos.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se declaró totalmente sereno y subrayó que no teme ser investigado por la justicia por su gestión del coronavirus, en una entrevista publicada por el diario La Stampa.

Alemania, Francia y Grecia levantará mañana los controles fronterizos con sus vecinos europeos. Al tiempo que cientos de turistas volvieron a Venecia con motivo de la reapertura del Palacio de los Dogos, tras cuatro meses de confinamiento.

Más de 225 mil personas se han contagiado y más de 6 mil han fallecido en África, de acuerdo con las últimas estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del continente.

La Organización Mundial de la Salud, el Programa de Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre VIH/Sida y la agencia de la ONU para Refugiados emitieron un comunicado conjunto en el que urgieron a líderes políticos a atender el incremento en la vulnerabilidad de la población carcelaria y de otras personas privadas de la libertad durante la pandemia y a reducir el hacinamiento en estos entornos. Hasta ayer, a escala global, había 429 mil 161 muertos por la pandemia, 7 millones 757 mil 740 contagiados y 3 millones 679 mil 534 pacientes recuperados, según la Universidad Johns Hopkins.

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Detenido en Cabo Verde el empresario colombiano Álex Saab, considerado por EEUU como uno de los testaferros de Maduro

El detenido es un agente financiero colombiano al que Estados Unidos acusa de ser uno de los hombres más poderosos del líder venezolano.

 

El empresario colombiano Alex Nain Saab Moran, señalado por la justicia de Estados Unidos de ser uno de los testaferros del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido detenido en el archipiélago africano de Cabo Verde, según fuentes conocedoras de la operación al diario 'El Tiempo'.

La detención, cuya fecha exacta no se ha concretado, ocurrió después de que su avión, de carácter privado pero con identificación venezolana, fuera aprehendido nada más aterrizar para repostar combustible mientras cubría una ruta de Rusia a Irán, según la información que baraja El Tiempo, corroborada según el medio por el entorno del empresario.

El detenido es un agente financiero colombiano al que Estados Unidos acusa de ser uno de los hombres más poderosos de Maduro. El pasado mes de mayo se dio a conocer que Saab había sido designado por el presidente venezolano para impulsar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán.

Saab ayudó a negociar el acuerdo de Irán con el ministro de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami, según informaron en su momento a Bloomberg fuentes próximas a otros encargos previos del empresario, como el refuerzo de la relación de Venezuela con Turquía, a través del envío de 900 millones de dólares en oro en 2018.

En aquella época, las autoridades estadounidenses temieron que parte del oro acabara llegando a Irán, incumpliendo así el régimen de sanciones.

Hace apenas tres días la Fiscalía colombiana confiscó a Saab bienes por valor de 10 millones de dólares, tras acusarle de realizar exportaciones e importaciones ficticias a través de varias compañías, entre ellas la textilera Shatex, para lavar millones de dólares en activos.

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Viernes, 12 Junio 2020 06:13

Marx y Piketty: adendum

Marx y Piketty: adendum

Hablando hace poco de la pandemia del Covid-19 y debatiendo si la crisis actual "nos llevará a una sociedad más justa" (sic), Thomas Piketty confirmaba de manera sintomática cómo el discurso de las "desigualdades" ya funge el papel ideológico en el capitalismo (véase: Marx, Piketty y los ladrones de conceptos, bit.ly/3gL1ACo) ocultando mecanismos sistémicos, relaciones de poder reales y agencia detrás de diferentes procesos a fin de asegurar su reproducción. Se situaba allí donde verdaderamente pertenece: en los antípodas del marxismo, a pesar de seguir –con obstinación digna de una causa mejor− fingiendo "ser un marxista" (bit.ly/2LurMTr). Subrayando que se requiere una movilización social y política "para empujar las sociedades en dirección de más igualdad" −¡ chin!, ¿por qué nadie había pensado en esto antes?− recordó a la pandemia de la "gripe española" de 1918, remarcando que “lo que falta en pensar en las pandemias es la desigualdad (sic), o sea que no todos los grupos sociales quedan afectados de la misma manera –¡ chin!,¿por qué nadie había pensado en esto antes tampoco?−: mientras en 1918 en EU y en Europa pereció de 0.5 a 1 por ciento de la población, en India murió casi 6 por ciento”. Según él, la pandemia de hoy "está revelando niveles de desigualdad igualmente chocantes" (bit.ly/3cs5D45).

Si la premisa "que no todos quedan afectados igual" es más que correcta (regresaremos a ella), para saber qué ocurrió en India en 1918 hay que buscar en otro lado. Mike Davis –¡ suprise, suprise!: un verdadero marxista (bit.ly/3gv9xLN)−, escribiendo sobre Covid-19 apunta que durante el brote de la "gripe española", que mató más gente que la Primera Guerra Mundial, más de 60 por ciento de sus víctimas globales, hasta 20 millones de personas, provenían de la parte occidental de India y ya estaban debilitadas por la hambruna inducida por el colonialismo británico. El virus vino justo cuando brutales requisiciones y exportaciones forzosas de granos coincidieron con una sequía: "millones de pobres cayeron víctimas de una sinergia mortal entre el colonialismo, la malnutrición que suprimió sus sistemas inmunes y una rampante neumonía viral" (bit.ly/36PxIAp). Pensar en esta pandemia en India y otros países, víctimas del imperialismo europeo de principios del siglo XX como Irán, en términos de la "desigualdad" (sic) ofrece explicaciones estériles que dejan off the hook no sólo a los corresponsables de esta atrocidad (colonizadores británicos), sino al sistema y su ideología −...que Piketty supuestamente "desnuda" en El capital y la ideología (2019)− abrazada por ellos: ya en Late victorian Holocausts. El Niño famines and the making of the Third World” (2001), Davis demostró cómo aferrarse a los mitos del "libre mercado" y el laissez-faire provocó otras horrorosas hambrunas en India.

Lo irónico –y, otra vez, sintomático− es que este oscurecimiento ocurre cuando Piketty se propuso en su nuevo libro "aumentar el alcance de su mirada" y analizar –como él no deja de subrayar, arrojando de paso más generalidades sobre el Covid-19 (bit.ly/2T482do)− la historia del colonialismo, la esclavitud y "desigualdades a escala global", ofreciendo unos pasajes bien incómodos para el liberalismo, pero que carecen de fuerza de la denuncia, p.ej. de D. Losurdo (véase Liberalism. A counter-history, 2011), ni son “fruto de ‘turbo- Annales’”, como había laudado su método un comentarista, sólo para admitir luego que aquellas partes son... "poco convincentes" (bit.ly/3gINEZM). Al final, tratando de aumentar el espectro del análisis Piketty más bien "amplió el campo de lugares comunes", algo que... ya le había pasado (bit.ly/35XowJQ) en El capital en el siglo XXI (2013) (la alusión a La ampliación del campo de la lucha, uno de los títulos de Houellebecq, epítome de la degringolade intelectual de Francia, es desde luego muy intencional).

En fin. Si hay algo que ayuda a pensar en esta pandemia es este puñado de premisas (marxistas): 1. nuestras sociedades son sociedades clasistas – vide: "no todos quedan afectados..." (los ricos en sus casas de retiro, la clase media en sus depas, los trabajadores en las maquiladoras o en las calles...)−, pero claro de "clase" no hay nada en Piketty: “es un concepto passé”; 2. el trabajo importa: el Covid-19 reconfirmó su centralidad ("trabajadores esenciales", etc.) animó una ola de activismo laboral y huelgas demostrando ser la brecha central en el sistema a la luz de llamados a "reabrir la economía" (bit.ly/2UgjN1l), pero claro, en Piketty, en más de 2 mil páginas de sus dos opus magnums no hay nada sobre el trabajo: en el mundo según Piketty "el dinero hace el dinero" (M-M’); 3. los flujos financieros y la producción capitalista "moldean" nuestros ecosistemas: fue el capital neoyorquino que tras el crack de 2008 forzado a "expandirse o morir" se movió a China produciendo nuevas condiciones en la agricultura que propiciaron el surgimiento de Covid-19... (bit.ly/2BofoCO).

Pensar en términos de las "desigualdades" –un discurso adoptado ya por la OCDE o The Economist, el portavoz de la ideología capitalista (sic)− es ocultar los mecanismos sistémicos y tapar el conflicto central entre los trabajadores asalariados y los capitalistas (¡Marx!), la verdadera fuente de la dominación/subordinación en el capitalismo, no la "desigualdad monetaria" ( bit.ly/30tOqUI). Igual lo es pensar así en las pandemias.

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Viernes, 12 Junio 2020 06:09

Más impuestos a los ricos

Más impuestos a los ricos

Ya lo pide hasta el Fondo Monetario

El Fondo Monetario Internacional recomendó aumentar impuestos a quienes perciben más ingresos. La titular del organismo Kristalina Geogieva dijo este jueves que “a mediano plazo habrá espacio para hacer una reforma tributaria que se traduzca en aumentar las tasas impositivas a ingresos personales más altos sin desacelerar el crecimiento”. También planteó la posibilidad de mejorar la eficiencia del gasto.

La directora del Fondo también recomendó que el sistema de impuestos corporativos capture una parte apropiada de las ganancias “inusuales recibidas por los ganadores de la crisis”, como las actividades digitales. Además de combatir los flujos ilícitos y cerrar las lagunas fiscales, tanto a nivel nacional como internacional.

Georgieva indicó que habrá un aumento significativo en la desigualdad de ingresos, tal como en la crisis financiera de hace más de una década, pese a que en 2020 los países han inyectado en conjunto 10 billones de dólares para mitigar la pandemia por la covid-19. “La realidad es que los hogares de bajos ingresos enfrentan mayores riesgos de salud por el virus. Llevan la peor parte del desempleo récord y tienen menos probabilidades recibir un beneficio de la educación a distancia”, remarcó.

Estimaciones del Banco Mundial apuntan que 100 millones de personas en el mundo serán empujadas a la pobreza extrema en 2020. Además, proyecciones de Naciones Unidas reportan que más de 500 millones de niños han perdido su acceso a la educación por la pandemia.

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Crisis económica en tiempos de pandemia: Europa se prepara para la nacionalización masiva de empresas

Bruselas ultima la aprobación de una norma que permitirá la entrada de los Estados en el capital de sus compañías, grandes o pequeñas y cotizadas o no, para evitar su quiebra ante el tsunami del coronavirus. España apoya la iniciativa pero pide que se extremen las garantías para evitar distorsiones en la competencia y asimetrías en el mercado interior. La Comisión pide que se notifiquen las inyecciones de más de 100 millones, umbral que Alemania y Francia quieren elevar a 500 millones.

La pandemia del coronavirus no solo ha puesto en jaque el concepto de globalización, sino que ha trastocado por completo el orden económico mundial, confinando al libre mercado y dando rienda suelta a las tentaciones proteccionistas. La Comisión Europea, hasta ahora adalid de la competencia y el libre comercio y azote de cualquier auxilio estatal al sector privado, perfila la modificación del marco temporal de ayudas públicas para hacer frente a los destrozos económicos de la COVID-19, abriendo la puerta en su último borrador del proyecto, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN y que Bruselas prevé aprobar en los próximos días, a una suerte de nacionalización generalizada de empresas en apuros en Europa, cotizadas y no cotizadas, grandes y pequeñas.

Es un cambio radical respecto al proyecto original, adoptado el pasado 19 de marzo, que se circunscribía a facilitar las actuaciones de los Estados miembros a la hora de garantizar liquidez a las empresas (esencialmente mediante avales públicos a préstamos); conceder subsidios salariales; suspender o aplazar el pago de impuestos, u otorgar ayudas directas a los consumidores por los servicios cancelados a raíz de las medidas de cuarentena.

Apenas tres semanas después y tras una primera revisión el 3 de abril, en la que se amplió el marco temporal para que los gobiernos pudieran conceder ayudas públicas a la investigación y desarrollo de productos vinculados con la lucha contra el coronavirus, el último borrador, que Bruselas tiene intención de aprobar este mismo mes de abril, aborda ya sin ambages la irrupción del Estado en el capital de las empresas en riesgo de colapso so pretexto de que esta eventual nacionalización de tejido empresarial reduciría el riesgo que para la economía de la UE representaría “un número significativo de insolvencias”; ayudaría a “preservar la continuidad de la actividad económica” durante el brote pandémico y respaldaría “la recuperación posterior”.

Presión de los grandes

Se trata de un giro de 180 grados respecto al planteamiento inicial tras el que se encuentra la fuerte presión de las mayores economías del euro: Alemania, Francia (en cuyo ADN está incrustado el virus del proteccionismo) e Italia, que en las últimas semanas no han ocultado su intención de recurrir a las nacionalizaciones para salvar a sus empresas emblemáticas.

En el borrador de su propuesta, que rema en la dirección contraria a lo que el Ejecutivo comunitario ha defendido a lo largo de su trayectoria, la propia Comisión reconoce que “varios Estados miembros están considerando tomar una participación en el capital de empresas estratégicas para garantizar que su aportación al buen funcionamiento de la economía de la UE no se vea comprometida”.

Curiosamente, Bruselas subraya que si dichas naciones (que no menciona) adquieren las acciones de esas compañías a precios de mercado o en igualdad de condiciones que inversores privados, “esto en principio no constituye ayuda estatal”. Italia, junto a España uno de los dos países europeos más castigados por la pandemia, ya anunció la nacionalización de la compañía aérea Alitalia a principios de mes, mientras que Alemania, que ya ha acudido al rescate de empresas como Adidas vía préstamo, no descarta tomar una participación en la aerolínea Lufthansa para evitar un fatal desenlace.

Por su parte, Francia, que ya es accionista de referencia en empresas clave de diferentes sectores estratégicos, como las energéticas Engie y EDF, la teleco Orange, la automovilística Renault o la aerolínea Air France-KLM, ha reiterado por activa y por pasiva que hará lo que sea preciso para salvaguardar a sus empresas más emblemáticas.

Reticencias de España

Esta operación de macrosalvamento empresarial no convence a España, más partidaria de una respuesta a escala europea, según informan a EXPANSIÓN fuentes próximas a la negociación en Bruselas, que señalan que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, manifestó en el Eurogrupo muy serias reservas a la propuesta por el riesgo de generar distorsiones de competencia en el mercado europeo ante la distinta capacidad financiera de los países para acometer nacionalizaciones.

Unas reticencias a las que se sumó Holanda (el azote de España en la frustrada reclamación de los eurobonos), pero que, en cualquier caso, no parecen suficientes para hacer descarrilar la iniciativa, que, previsiblemente, saldrá adelante con un respaldo mayoritario.

La situación que está a punto de vivir Europa trae a la memoria lo sucedido en España en las décadas de los 70 y 80, cuando el fallido experimento del Instituto Nacional de Industria (INI) evidenció que el rescate generalizado de empresas públicas era una trampa para las finanzas públicas, cuyo riesgo crecía exponencialmente a medida que se incrementaba el número de participaciones estatales en empresas en apuros. Eran compañías a las que no se dejaba quebrar por el fuerte coste reputacional y político, pero que dejaban tras de sí un ingente reguero de pérdidas. A mediados de los noventa, sólo el déficit público derivado del respaldo financiero a las compañías nacionalizadas ascendía todavía al 4% del PIB, obstaculizando la entrada de España en la Unión Monetaria.

Alemania, Francia e Italia, que esgrimen que las nacionalizaciones ya se produjeron tras la crisis de 2008, aunque soslayan que se limitaron a los bancos y no a todos, buscan ahora mayor manga ancha para recapitalizar a sus empresas sin pasar por el filtro de Bruselas, que fija en 100 millones de euros el umbral a partir del cual deben notificarse las inyecciones de capital en empresas individuales. Mientras que gobiernos como el francés defienden un incremento sustancial de ese suelo, el Ejecutivo español no solo pide reducirlo aún más, sino también endurecer los requisitos para que las empresas accedan a la recapitalización.

Para Calviño, que en una entrevista en Financial Times lamentó que los países con más músculo económico “puedan apoyar sus economías de una manera más generosa que otros” y reclamó ya que “las garantías otorgadas a las empresas sean similares en toda la UE”, la respuesta a la catástrofe económica es un fondo de recuperación común dotado con 1,5 billones de euros que evite que la competitividad de los países más afectados por la pandemia se vea mermada en beneficio de los estados más pudientes.

Injerencias en la gestión

Otro riesgo importante para la economía de mercado es la tentación de interferir en la gestión de las empresas nacionalizadas, un peligro que en el caso de España y del Gobierno de coalición de PSOE-Podemos ya se materializó de forma nítida en enero, antes del inicio de la pandemia, con la dimisión de Jordi Sevilla como presidente de Red Eléctrica por las constantes injerencias de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una compañía cotizada y en la que el Estado tiene una participación minoritaria, del 20%.

Pero el riesgo no se ciñe únicamente a las empresas estratégicas. Bruselas contempla permitir a los Estados recapitalizar sus empresas, grandes o pequeñas, cotizadas o no, siempre que se demuestre que sin la intervención del Estado esa compañía estaría abocada al cierre o tendría “serias dificultades” para mantener su actividad. Una generalización que los expertos temen que pueda derivar en una falta de control y en la imposición de criterios políticos y clientelismo.

Por ello, quizás en un intento de curarse en salud, la Comisión advierte de que la presencia pública en el capital debería ser una opción de “último recurso” dado su carácter “altamente distorsionador de la competencia entre empresas”. Bruselas también aboga por una permanencia temporal, lo más corta posible, del Estado como accionista, pero esto corre el riesgo de quedar en un mero wishful thinking, pues una vez bajo el paraguas público resultará difícil que una empresa recompre la participación pública. Más si como propone la Comisión la salida se penaliza sensiblemente.

10 junio 2020

(Tomado de El Cronista)

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Miércoles, 10 Junio 2020 06:30

La geometría de la crisis económica

La geometría de la crisis económica

Al abordar la crisis desencadenada por la pandemia de covid 19 enseguida aparecen las evaluaciones económicas. Se escuchan o leen análisis sobre la severa caída de las economías nacionales y predicciones de sus posibles evoluciones apelando a gráficas. Entre las más citadas están las que describen una crisis en L, con una caída pronunciada del producto bruto que se mantiene por largo tiempo. Otros vaticinan una recuperación más rápida, llamada en U. Algunos creen que habrá caídas y subidas alternadas por lo cual el dibujo es de una W.

Desde los medios globales especializados en economía se advertía sobre la “sopa de letras del alfabeto” para describir la crisis (1). Con entusiasmo redoblado, la lista de posibles curvas se amplió aún más, y hasta se amplió a seis tipos distintos (crisis en L, V, U, S, Z y W) (2). 

Todo eso está revestido de un barniz propio de la sabiduría de los expertos, con complejos cálculos económicos para obtener indicadores, pero que de todos modos se resumen en unas simples curvas. Trazos entre dos ejes. Hay allí al menos dos presupuestos que casi nadie discute pero que merecen ser analizados. Por un lado, la simplificación extrema de la estructura y dinámica económica de un país, y por el otro, que todo eso ello se puede expresar en un número, casi siempre el Producto Bruto Interno (PBI), dando por válido que resume la esencia de toda una economía nacional. Desde esos dos presupuestos se dibuja la geometría de la crisis actual y de sus posibles futuros.

Descartes detrás de las gráficas

Ese formidable esfuerzo de simplificación comienza por concebir a los países como sistemas simples, asumiendo que se pueden conocer todos sus componentes y las relaciones entre ellos. Es como si Brasil fuese una máquina y cada una de sus piezas estuviese identificada y se saben cuáles son sus funciones. Se pretende conocer cómo funcionan componentes tan distintos como las fábricas en una ciudad en un extremo del país o los agricultores en el otro extremo, y los modos por los cuales interaccionan para constituir la economía nacional. De ese modo, los economistas convencionales proponen ajustes o recambios para “acelerar” o “frenar” la economía.

Esa perspectiva puede representarse en una gráfica simple, como si el PBI fuese la “velocidad” con la que crece (o no) la economía nacional.Por ejemplo, el 28 de mayo de 2020 la CEPAL en su informe sobre los impactos de la pandemia predecía contracciones en todos los países. Sus estimaciones iban de – 4%para Chile y Uruguay, pasando por el – 5,2% para Brasil y llegando al – 6,5% de Argentina (3). A medida que avanzaron las semanas, los reportes dentro de cada país fueran cada vez peores.

Cuando se utilizan analogías como máquinas o gráficas en base a un número es inevitable recordar a René Descartes. En el siglo XVII Descartes insistía en que la realidad podía ser encarada como si fuera un reloj y si se conocían cada una de las piezas de esa maquinaria se podría entender su funcionamiento y predecir cambios al futuro. Al mismo tiempo Descartes utilizaba todo tipo de esquemas e imágenes en sus libros, por ejemplo para describir fenómenos ópticos. En eso se originan múltiples tensiones que siguen presentes hasta el día de hoy y llegan a esas gráficas de la crisis por el coronavirus.

Es que Descartes era un extremista del escepticismo, dudando incluso de los datos empíricos ya que la verdad sólo se lograría por la experimentación. Como las imágenes están más allá de ese método, serían apenas una ilusión. Traducido al día de hoy, las curvas de caídas y recuperaciones económicas también serían una ilusión, o al menos una representación deformada de la realidad ante la cual habría que estar alerta. Pero al mismo tiempo, al repasar los libros de Descartes es evidente que usaba los esquemas con mucha intensidad y originalidad al explicar sus ideas. Justamente eso es lo que hoy en día practican los economistas y consultores con sus dibujos.

En efecto, las gráficas y modelos de la economía contemporánea de algún modo repiten esa tensión. Deben lidiar con dos propósitos irreconciliables: representar directa y acertadamente la realidad que abordan, aunque como esa representación es una deformación deberían evitarlas. El economista dirá que es “obvio” que las gráficas del PBI no representan a todos los componentes de una economía nacional pero eso no impide reconocer que muchos de ellos, junto a empresarios, políticos o periodistas, usan esas imágenes como si así fuera. Esa concepción cartesiana del “motor” económico es muy clara en el equipo de Paulo Guedes, el ministro de economía de Jair Bolsonaro, al pretender saber cómo funciona esa maquinaria y así predecir que cada semana de aislamiento o cuarentenas representa pérdidas por 20.000 millones de reales (4).

Indicadores y metáforas

En Brasil como en todos los demás países las gráficas de la crisis utilizan las subas y bajas en el PBI, el Producto Bruto Interno. Este es un número calculado a partir del valor económico de los bienes y servicios producidos dentro de un país en un cierto período de tiempo. Sus orígenes están en la II Guerra Mundial, a partir del trabajo del economista Simón Kuznets en Estados Unidos, con el propósito de tener un número que resumiera el estado de la economía del país, de las capacidades de compra de las familias y de la salud de las empresas.

Pero con el paso de los años, el PBI se convirtió en mucho más que eso, a medida que el desarrollo pasó a ser entendido como crecimiento en el producto. Todos celebraban sus aumentos y se alarmaban con sus caídas, haciendo que el PBI fuese un objeto de deseo en sí mismo. Se transformó en un número que parecía develar las esencias de una economía. Fue adoptado por legiones de economistas, y desde allí se extendió a empresas, bancos y gobiernos. En uno de los libros de texto más usados en economía, Paul Samuelson y William Nordhaus, premios Nobel en esa categoría, afirman que el PBI fue una de las más grandes invenciones del siglo XX (5).

Ese ascenso fue de la mano con el creciente tránsito de muchos economistas hacia la consultoría y la política. Ellos se sumaron a los políticos en ofrecer planes de crecimiento, eliminación de los obstáculos al crecimiento, aceleramiento del crecimiento, y muchas otras variedades de ese tipo.

Pero al mismo tiempo se acumula la evidencia en sus limitaciones. No sólo es iluso que ese número represente a toda una economía, sino que hay componentes que son explícitamente excluidos, como el trabajo no remunerado de miles de mujeres o la producción de agua que brinda la Naturaleza, y aún si fueran incorporados es muy discutible cómo valorarlos económicamente. Tampoco es menor que las curvas del PBI imponen una homogeneidad irreal al cobijar situaciones tan distintas como un empresario que exporta carne o el que maneja el bar del barrio. El PBI hace desaparecer las desigualdades. Es por eso que, una vez más, Descartes tenía razón y el PBI es también una imagen distorsionada.

El uso del PBI y los dibujos de gráficas terminan siendo representaciones unas dentro de otras, y sirven para sostener metáforas. La economía contemporánea está repleta de ellas, fortalecidas de tal manera que dejaron de ser un recurso estilístico para convertirse ellas mismas en una nueva realidad. Se habla de una economía “fuerte” o “débil”, de “acelerar” o “frenar” el PBI, e incluso se otorga una condición casi metafísica al mercado como si fuera un ser en sí mismo.

Apelar a metáforas para describir la crisis, por ejemplo describiéndola como una U, tiene sus ventajas pero también muchas de las desventajas que aquí apenas se comentan. Se las disimula bajo el halo del saber experto, de las ecuacionesy modelos matemáticos, aunque por más variables que se sumen, como siempre se parte de supuestos en ello retornan las tensiones cartesianas. Seguimos sin poder romper las ataduras con Descartes.

Al ser representaciones metafóricas, al final de cuentas la estimación de la crisis que hace cualquier vecino en el barrio, en su esencia puede ser tan válida como la de los analistas económicos o los catedráticos universitarios. En la geometría de la crisis se desvanece la pretendida superioridad del saber del experto y es necesario escuchar todas las voces.

Por Eduardo Gudynas | 10/06/2020

Notas

(1)  Alphabet soup: Understanding the shape of a COVID-19 recession, por D. Rodeck, Forbes, 19 Abril.

(2) Just one in 10 fund managers expect V-shaped recovery for US economy, C. Smith, Financial Times, 25 Mayo.

(3) Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), CEPAL, Santiago de Chile.

(4) Governo estima que cada semana de isolamentogeraperda de R$ 20 bilhões no PIB, D. CaramFolha São Paulo, 13 mayo, https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/governo-estima-perda-de-r-20-bilhoes-no-pib-para-cada-semana-de-isolamento.shtml

(5) Macroeconomics, P.A. Samuelson y W.D. Nordhaus, McGraw Hill, 2010.

Eduardo Gudynas es analista en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), Uruguay. @EGudynas Este artículo está basado en uno publicado en el Semanario Voces (Montevideo) que es parte de una serie sobre la actual crisis.

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