Viernes, 10 Abril 2020 06:50

El agua se nos escurre entre los dedos

Rebelión

En general, usted lector (a) habitualmente utiliza el agua como un bien que está ahí, a su alcance, parece eterna. La usa para cocinar, aseo personal, regar el jardín o como empleo recreacional en piletas, fuentes y jardines. Para usted es algo común, el agua está ahí.

Sin embargo, en nuestro planeta, este recurso, sin el cual ningún organismo viviente podría sobrevivir, no es tan común para miles de millones de seres humanos. Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos del año 2019 (1): 2.200 millones de personas –es decir un 30% de la población mundial- no tiene acceso al agua potable, por tanto, con condiciones de salubridad que representan un peligro social. Dos de cada tres personas en el mundo sufren escases de agua, considerado grave, al menos una vez al año. 750 niños menores de cinco años mueren diariamente, ya sea por no tener acceso a saneamiento básico o por beber aguas insalubres. El año 2030, 700 millones de personas en el mundo, se verán desplazadas de sus lugares de origen por la falta de agua. Y, en materia de género, en cuatro de cada cinco hogares son las mujeres las encargadas de recoger el agua para los hogares, en fuentes ubicadas en ocasiones a varios kilómetros.

Los datos objetivos, tanto aquellos manejados por la ONU como por agencias gubernamentales coinciden en que el uso del agua viene aumentando a una tasa del 1% anual, principalmente desde la década de los 80 del siglo XX hasta ahora. Esto, por el aumento poblacional, el desarrollo social y económico de los pueblos y los cambios en los modelos de consumo, que han incrementado ese uso. En ese nuevo contexto, tanto el agua potable como el saneamiento son reconocidos como derechos humanos fundamentales, tanto en el sentido material (sustento de la población) como también subjetivo (la dignidad de los seres humanos). Esto debería obligar a los Estados a proporcionar a su población el acceso al agua potable y saneamiento sin discriminación, donde se priorice a los sectores más necesitados. Conceptos como acceso, equidad y seguridad son esenciales.

En un interesante trabajo titulado “Agua: ¿dónde está y de quién es? se señala, respecto al agua, en el marco descrito anteriormente, que los temas de propiedad, gestión, manejo y disponibilidad de las aguas ha pasado a constituirse en un eje crítico de las decisiones políticas, económicas y sociales, que debemos tener respecto a este recurso. “A los crecientes problemas de acceso y calidad de los recursos hídricos, se agregan las consecuencias de los procesos de liberalización y privatización del agua, que han transformado su definición desde un bien nacional de uso público, hacia un bien económico sujeto a las reglas del mercado”

En el Informe de la ONU señalado, respecto a Latinoamérica y la región del Caribe, se afirma que esta zona del mundo carece, mayoritariamente, de fuentes adecuadas de agua potable. Con insuficiencias en instalaciones seguras y dignas para la eliminación de las heces. Millones de personas, habitantes de las principales metrópolis del continente están sin acceso al líquido elemento, concentrados en lo que se denomina los cinturones de pobreza, donde el suministro de servicios de agua potable y sanitarios es insuficiente y en otros, sencillamente inexistentes, teniendo que recurrir a camiones aljibes, llaves comunitarias, además del uso letrinas y pozos sépticos, que contaminan además las napas subterráneas.

En gran parte de Latinoamérica, el servicio de agua potable, acompañado de procesos de privatización han generado fragmentación de sus estructuras de servicios, con gran número de prestadores “sin posibilidades reales de lograr economías de escala o viabilidad económica y bajo la responsabilidad de gobiernos locales, que carecen de los recursos e incentivos necesarios, para hacer frente con eficacia a la complejidad de los procesos involucrados en la prestación de servicios. Un ejemplo paradigmático de la privatización del agua lo vive Chile, el único país del mundo que mantiene legalmente privatizada el agua, estableciendo la protección al derecho de propiedad privada más fuerte en el mundo, donde el Estado no interfiere en ningún aspecto para garantizar el bien público.

A principios de los años 90 del siglo XX, en el país sudamericano, bajo el gobierno del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se privatizó la administración de la infraestructura y los derechos de agua, que pasaron desde el Estado a las empresas privadas. Privatizando así las principales distribuidoras de agua del país. Bajo el gobierno de Ricardo Lagos (sucesor de Eduardo Frei) se optó por un modelo distinto. La llamada Transferencia del derecho de explotación de las concesiones sanitarias, donde a una empresa privada se le entrega la concesión y las inversiones en infraestructura, por un periodo de 30 años al cabo de las cuales definiría su continuidad.

En Latinoamérica, la necesidad de generar inversiones en el tema agua potable y saneamiento sanitaria, debido al aumento poblacional, el desarrollo social y económico de los pueblos y los cambios en los modelos de consumo, generaron la decisión de parte importante de los gobiernos de nuestro continente, marcados por el modelo neoliberal de entregar a empresas extranjeras (donde se destacaron las de origen español) las oportunidades de inversión en infraestructura y saneamiento. “La incapacidad de las autoridades, para brindar una cobertura adecuada a los ciudadanos incitó un aumento de contratos de privatización de servicios de agua entre inversionistas extranjeros y Gobiernos. Hoy en día 10% de los consumidores en todo el mundo reciben agua vía empresas privadas” y en Latinoamérica esa cifra es mayor a medida que las presiones por privatizar los servicios públicos se imponen, sobre todo bajo la égida de gobiernos de corte neoliberal.

Para José Esteban Castro en su trabajo: La privatización de los servicios de agua y saneamiento en América Latina “esas políticas de privatización implementadas desde la década de 1990, para reorganizar los servicios de agua y saneamiento en América Latina, han tenido poca relación con los problemas específicos de esos servicios. Se presentó la privatización como la solución a la crisis de este sector, caracterizada por: falta de cobertura, calidad inadecuada de la prestación, corrupción y falta de inversión pública en la expansión y renovación de la infraestructura. Sin embargo, la razón principal no fue la búsqueda de soluciones a estos problemas, sino la aceptación acrítica de una política fundada en los principios y argumentos característicos de la ideología pro-privatización, que resurgió en los años 80. La crisis real de los servicios fue utilizada y hasta provocada, para promover las privatizaciones.

La privatización del agua es un negocio multimillonario. Se calcula, que para el año 2025, el gasto anual de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en infraestructura relacionada, superará el billón de dólares. Las nuevas tecnologías y la necesidad de inversión adicional en infraestructura aumentarán la demanda en el mercado, lo que potencialmente generaría valoraciones de miles de millones de dólares. Dichas oportunidades y promesas económicas explican en gran medida, por qué los servicios de agua se han ganado el apodo de “oro azul”

En Latinoamérica las cifras respecto al agua dulce la presentan como un botín muy apreciado, un bien económico y no un derecho social. El 26% del agua dulce del planeta está en América Latina, en forma de acuíferos, campos de hielo, ríos, lagos. Sólo Brasil contiene el 5% de toda el agua dulce del mundo. Los 22.100 metros cúbicos de agua per cápita representa el triple del promedio mundial. Entre los 10 principales ríos del mundo, cinco son latinoamericanos: Orinoco, Amazonas (que representa la quinta parte del caudal fluvial del mundo), Rio Negro, Paraná y Madeira. El Acuífero Guaraní es la tercera reserva mundial de agua dulce y se extiende bajo la superficie de Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Sus reservas podrían dar agua a todos los habitantes del planeta durante 200 años, de ahí la importancia geopolítica que este acuífero posee, poniéndolo en el radar de los intereses hegemónicos estadounidense.

Pero se da la paradoja, igualmente, que esta Latinoamérica, dotada de recursos hídricos envidiables, 100 millones de sus habitantes carecen de total acceso a ella, surtiéndose de fuentes ocasionales. El 25% de la población latinoamericana (de un total de 629 millones de habitantes) no tienen acceso a servicios de agua potable y saneamiento. República Dominicana Haití, Nicaragua, Perú, Ecuador son, dentro de Latinoamérica, los países con menores capacidades de acceso a esas fuentes de agua potable y saneamiento Sólo el 20% de las aguas residuales de este subcontinente reciben tratamiento. Las represas hidroeléctricas Itaipú y Simón Bolívar, son la segunda y la cuarta más grandes del mundo respectivamente.

Las cifras mencionadas respecto a este oro azul han traído a América Latina a numerosas empresas sanitarias, hidroeléctricas, de distribución de agua entre otras, que representan una tajada importante de ingresos para multinacionales como Endesa, Iberdrola, empresas chinas, entre otras. Según datos entregados por el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF – (4) en el Foro Mundial del agua del año 2018, Latinoamérica necesita invertir 12.500 millones de dólares, para alcanzar las metas trazadas por la ONU en los llamados “objetivos de desarrollo sustentable) que entrega datos desalentadores en el plano de agua y saneamiento (2) si no se trabaja por lo signan como el Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos (3) que la ONU volcó en la agenda 2030. Como también en los objetivos planteados en la meta de “No dejar a nadie atrás” según el Informe de Mundial de las Naciones Unidas Sobre el desarrollo de los recursos Hídricos presentado el año 2019.

La dicotomía se da respecto al papel que deben desempeñar los Estados y la iniciativa privada, cuestión de áspero debate en momentos que la propia esencia del neoliberalismo está siendo cuestionada en virtud de la pandemia global del Covid-19, que ha sacado a relucir la importancia de concretar Estados poderoso, capaces de garantizar, salud, educación, bienestar y servicios básicos a su población como derechos irrenunciables, entre ellos el agua potable y el acceso a servicios sanitarios. Para el mundo privado, las empresas de lobby, los gobiernos neoliberales y las multinacionales en Latinoamérica existe un déficit de infraestructura, de capital humano, institucional, financiero y de gobernabilidad, que son las que llevan a situaciones de escasez. Una región apetitosa, donde pueden invertir y tener retornos multimillonarios al cabo de pocos años.

Chile sigue siendo el ejemplo de la presencia de capitales extranjeros, que suelen replicar posteriormente sus inversiones en Latinoamérica, en materia de suministro de agua potable y servicios sanitarios. En el caso chileno, su participación en el mercado alcanza el 93%. Grupo europeo Agbar-Suez, controladora de Aguas Andinas (con ganancias en el país que superaron los 150 millones de dólares el año 2019 y más de 2.300 millones en sus subsidiarias en el mundo), Essal y Aguas Cordillera, que abastece a cuatro de cada diez chilenos. Empresa que a su vez deriva labores hacia el sector de aguas servidas incrementando notablemente sus ingresos. La sanitaria canadiense ligada al mundo docente en Canadá -Ontario Teachers Pension Plan, OTPP – que suman el 36% del mercado con plantas de distribución de agua potable y tratamiento de aguas servidas.

Por su parte, las sanitarias propiedad de la japonesa Marubeni en alianza con la empresa del mismo país Innovation Network Corporation of Japan, con un 9%. Incluso hay presencia de inversiones colombianas, a través de la llamada Empresa Pública de Medellín (EPM), que compró Aguas de Antofagasta al grupo Luksic en US$ 967 millones. La empresa de Singapur Sembcorp, por su parte, vendió a la española Sacyr y sus cuatro empresas de agua, que serán gestionadas por la filial agua Sacyr en servicios de captación de agua bruta, distribución de agua potable, recogida y depuración de aguas residuales.

Una fragmentación que da luces de lo interesante y atractivo que resulta, para estas empresas, invertir en un negocio considerado estable, de rentabilidades seguras, que atrae a inversionistas de largo plazo. Es un negocio redondo ¡claro! pero para el que lo pueda pagar pues el resto deberá seguir en sus mismas condiciones de carestía, sujeto a los vaivenes del mercado, mirando como ciertos cultivos, la minería, los proyectos hidroeléctricos, como también la ineficacia de sus gobiernos e intereses económicos marcados por la corrupción, junto a la invisibilización de los derechos sociales, entre otros le impiden el pleno acceso al agua potable, al saneamiento y en definitiva a su plena dignidad como persona. Que el agua se nos escurra entre los dedos (pero lo mínimo) sólo cuando nuestra sed y nuestra necesidad de higiene esté satisfecha.

Notas:

  1. Extraído de https://www.acnur.org/5c93e4c34.pdf. Publicado en 2019 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 7, place de Fontenoy, 75352 París 07 SP, Francia. © UNESCO 2019. Este informe es publicado por la UNESCO en nombre de la ONU-Agua. La lista de miembros y socios de la ONU-Agua se puede encontrar en el siguiente sitio web www.unwater.org.
  2. Datos relevantes. 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento. Al menos 892 millones de personas continúan con la práctica insalubre de la defecación al aire libre. Las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar agua en el 80% de los hogares sin acceso a agua corriente. Entre 1990 y 2015, la proporción de población mundial que utilizaba una fuente mejorada de agua potable pasó del 76% al 90%. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que este porcentaje aumente. Más de 1700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo de agua supera la recarga. 4 billones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes o letrinas. Más del 80% de las aguas residuales por actividades humanas se vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, provocando su contaminación. Cada día, alrededor de 1000 niños mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. Aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego. Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el 70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales.
  3. Objetivos 2030. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento

Por Pablo Jofré Leal | 10/04/2020

Cedido por www.segundopaso.es

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Un hombre empuja un carrito frente a la Bolsa de Comercio de Nueva York.    ________________________________________ Imagen: AFP

16,6 millones de personas pidieron el subsidio por desempleo

Sólo durante la semana pasada 6,6 millones de personas solicitaron el subsidio. Estudios encargados por el Congreso estiman que el desempleo podría escalar al 12 por ciento y que la economía entrará en recesión. 

Unas 16,6 millones de personas perdieron su trabajo en Estados Unidos desde que el gobierno endureció las medidas para enfrentar el coronavirus. El dato surge de la cantidad de subsidios por desempleo solicitados al Estado en los últimos 21 días. Sólo durante la semana pasada 6,6 millones de personas solicitaron el subsidio. Estudios apartidarios encargados por el Congreso estiman que el desempleo podría escalar hasta el 12 por ciento al final del segundo trimestre del año, y que la economía entrará en recesión. En paralelo, el país alcanzó los 450,525 casos positivos de Covid-19, en tanto que el número de muertos escaló a 15.896. Nueva York, la ciudad más afectada , tuvo un nuevo récord de muertes. Sin embargo cayó el número de personas hospitalizadas.

Números impensados

La cifra semanal de peticiones del subsidio de desempleo fue levente menor que los 6,867 millones de la semana anterior, según anunció el Departamento de Trabajo. Este número sin precedentes en la historia de Estados Unidos superó las expectativas de los analistas, que habían calculado la pérdida de unos 5,5 millones de puestos de trabajo. El promedio de solicitudes tomando las últimas cuatro semanas, subió al nivel de 4,2 millones. En la semana que concluyó el 28 de marzo 7,4 millones de personas estaban recibiendo prestaciones por desempleo, cuando la anterior sólo 4,4 millones lo estaban cobraron.

Sin embargo, el dato sobre las solicitudes por desempleo no refleja toda la realidad del mercado laboral. Los trabajadores independientes e informales, que no pueden acceder a estos beneficios bajo las reglas vigentes, se queda por fuera de los registros oficiales. Con casi el 75 por ciento de la población estadounidense confinada en sus hogares, los analistas esperan que continúen aumentando las solicitudes. La perspectiva es que pasen meses antes de que se reanuden las actividades económicas normales. La semana pasada el Gobierno informó de un salto del índice de desempleo al 4,4 por ciento en marzo, respecto al 3,5 de febrero. Los datos son peores para los hispanos, con un índice de desempleo del 6 por ciento, en tanto que para los afroamericanos la cifra llega al 6,7 por ciento. Las filas de los desempleados parecen haber crecido más que el récord anterior de 15,3 millones de desocupados durante la recesión de 2007-2009.

Intervención del Banco Central (Fed)

A poco de conocerse la actualización del número de desocupados, la Reserva Federal (Fed) anunció un nuevo programa de préstamos. El mismo contempla otorgar 2.300 millones de dólares para respaldar a las pequeñas y medianas empresas, y a los gobiernos estatales y locales. Los préstamos irán destinados a empresas con hasta 10.000 empleados y menos de 2.500 millones de ingresos en 2019. Además, permitirán el aplazamiento de los pagos de intereses y de capital por un año. Otros 500.000 millones de dólares se destinarán a respaldar las maltrechas finanzas de los gobierno locales y estatales.

En la primera semana de abril, las solicitudes del seguro de paro alcanzaron números sin precedentes en California, Georgia, Michigan y Nueva York. California, el mayor estado del país, recibió en las últimas tres semanas más de 2,5 millones de pedidos de ayudas por desempleo. Pero las cifras reales podrían ser aún más altas dado que varios estados tuvieron dificultades para procesar los trámites. También se habían rechazado temporalmente las solicitudes de trabajadores que no hubieran reunido los requisitos para recibir el subsidio bajo las reglas vigentes antes de la emergencia.

Para contrarrestar los efectos de esta pandemia, hace algunas semanas el Congreso aprobó, y el presidente Donald Trump promulgó, el mayor paquete de estímulo fiscal de la historia, por valor de más de dos billones de dólares. Esto incluyó la ampliación de la cobertura por desempleo que llegará por primera vez a varios sectores, entre ellos los conductores de vehículos para Uber y otras empresas similares. Asimismo, incluye la transferencia directa de efectivo a los hogares, así como fondos multimillonarios para subsidiar a las pequeñas y medianas empresas.

Nueva York sigue dando la pelea

La cifra de muertos por covid-19 continúa subiendo en el estado de Nueva York que en las últimas 24 horas alcanzó un nuevo récord de 799 muertos. Desde mediados de marzo un total de 7.067 personas perdieron la vida por el coronavirus y llegan a más de 160 mil los infectados en todo el Estado. El gobernador demócrata, Andrew Cuomo recordó que durante los atentados terroristas del 11 de septiembre murieron 2.753 neoyorquinos. Solo en la ciudad de Nueva York se registraron 4.571 muertes por el virus, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. La mayoría de ellos son inmigrantes hispanos y personas negras, las más pobres y vulnerables, según las autoridades.

Pero hay también señales alentadoras. En el último día solo 200 nuevos pacientes con coronavirus fueron ingresados en hospitales, lo cual eleva el total de personas internadas a unas 18.000, informó el gobernador. "Este es el menor número que hemos tenido desde que empezó esta pesadilla", sostuvo Cuomo. La admisión en cuidados intensivos también está bajando, y en las últimas 24 horas 84 personas fueron ingresadas. "No podemos asumir que porque estamos viendo algunas señales positivas esto acabará pronto o que no habrán olas adicionales", alertó el gobernador demócrata. Estados Unidos es el país del mundo con más casos de coronavirus, superando a Italia y España juntos.

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Jueves, 09 Abril 2020 06:34

El mundo se adentra en la recesión

El mundo se adentra en la recesión

Los flujos del comercio mundial descienden más que en la crisis financiera de 200812

Los malos augurios comienzan a sumar cifras a su causa. La economía mundial enfila el camino de la recesión. La primera gran tormenta desde la fatídica Gran Recesión. La quiebra de Lehman Brothers parece un chiste de mal gusto comparado con el tsunami que se viene encima. “La evidencia de que marzo marcó el comienzo de una profunda recesión global es cada vez mayor”, sostiene Bloomberg. El planeta parece congelado como un vídeo en pausa como consecuencia del confinamiento masivo para mitigar el contagio de la Covid-19. Más de 3.900 millones de personas, que representan cerca de la mitad de la población mundial, viven en países donde el confinamiento es obligado o recomendado por sus gobiernos, según AFP.

Y el parón es criptonita para la economía. “La pandemia ha empujado al mundo hacia una recesión, que en 2020 será peor que la crisis financiera mundial”, señala el Fondo Monetario Internacional. En los últimos días se ha producido un goteo incensante de datos económicos que confirman la debacle. Depresión del consumo, aumento del desempleo, ahogamiento de la industria... La Organización Mundial del Trabajo calculaba esta semana que solo en este trimestre se perderían casi un 7% de horas trabajadas, equivalentes a unos 200 millones de empleos en todo el mundo.

“Las consecuencias económicas de la pandemia ya están golpeando a Estados Unidos con una velocidad y gravedad sin precedentes”, dice el FMI. El desempleo se ha disparado en Estados Unidos durante las últimas dos semanas, un país que hasta hace poco alardeaba de tener la tasa de paro más baja de su historia (3,5%). Los volúmenes de exportación de EE UU en las primeras dos semanas completas de marzo muestran envíos al exterior de menos de la mitad que el año anterior, según los datos de IHS Markit. “El daño es grave para los automóviles: la cantidad de barcos anclados utilizados para transportar vehículos ha aumentado al 19% de la flota, en comparación con el 11% de hace un año”, según datos de Bloomberg.

El contagio de la pandemia se está extendiendo a la economía. La cascada de cifras publicadas estos días no hacen más que confirmar los malos presagios. La semana pasada los indicadores de confianza (PMI) de la eurozona, uno de los termómetros más fiables para medir la salud de un territorio, reflejaban el nivel más bajo desde 1998, por debajo incluso que los de 2008. La OCDE también tiene su baremo. Sus indicadores compuestos avanzados, que anticipan inflexiones en el ciclo económico, sufrieron en marzo el mayor bajón mensual de su serie histórica para la inmensa mayoría de las grandes economías mundiales.

Los líderes mundiales recurren a símiles bélicos para comparar las consecuencias económicas de esta crisis. El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, llegó a comparar esta crisis con la Gran Depresión de 1929. Precisamente, este miércoles se ha conocido que la economía francesa retrocedió un 6% durante el primer trimestre del año, el peor registro desde la Segunda Guerra Mundial, según datos del Banco Central de Francia.

La economía alemana sufrirá una contracción del 4,2% en 2020 como consecuencia del impacto de la pandemia de la Covid-19 y de las medidas de contención, que arrastrarán a la economía germana en el segundo trimestre a una caída histórica del 9,8%, la más profunda de toda la serie histórica y más del doble del hundimiento registrado en el primer trimestre de 2009, el peor de la Gran Recesión, según los pronósticos difundidos este miércoles por los principales institutos de investigación económica de Alemania (IFO de Munich, DIW de Berlín, IfW de Kiel, IWH de Halle y RWI de Essen).

La industria mundial también se verá profundamente afectada. Las matriculaciones de automóviles nuevos en las dos primeras semanas de parón de marzo, generalmente un mes pico, cayeron un 93% en España. Algo parecido sucedió en el resto de los países europeos. Las previsiones de todos los economistas y organismos internacionales son cada vez más sombrías y las pocas estadísticas oficiales que se van publicando lo atestiguan.

El comercio global caerá entre un 13 % y un 32 % en 2020 por la perturbación de la actividad económica causada por la pandemia, según publicó este miércoles la Organización Mundial del Comercio (OMC). “Las cifras son feas, no hay cómo negarlo", ha dicho Roberto Azevedo, director general de la OMC. “Todo el sistema, todo el conjunto de cadenas de suministro se ha visto sacudido de manera significativa”, agregó.

El impacto es global. “Las perturbaciones causadas por el virus están empezando a repercutir en los mercados emergentes”, avisa la institución presidida por Kristalina Georgieva. Tres de las mayores economías árabes retrocen, el índice de servicios en Brasil fue el más bajo desde 2016 y las ventas de vehículos en Sudáfrica cayeron un 30%, según los últimos datos publicados. En Australia, que ha esquivado la recesión durante tres décadas, la mayoría de los anuncios de empleo vivieron su mayor desplome desde 2009, a pesar de que este país no ordenó un cierre estricto hasta finales de mes.

Según el nuevo rastreador global del PIB de Bloomberg Economics, la economía mundial ya retrocede y está perdiendo fuerza más rápido que en los primeros días de la crisis financiera. La lectura de marzo muestra que la actividad se contrae a una tasa anualizada del 0,5%, en comparación con la subida del 0,1% de febrero. Desde la India hasta Italia, los confinamientos por coronavirus han cerrado negocios y han mantenido a miles de millones de personas encerradas en sus hogares durante semanas, provocando un choque simultáneo de oferta y demanda que ha enredado las redes mundiales de producción y logística, construidas sin la capacidad suficiente para absorber una sacudida de semejante magnitud, según Bloomberg.

Con una inversión que se reducirá y más personas sin trabajo, las tasas globales del PIB podrían descender dependiendo de cuánto tiempo los Gobiernos mantengan sus confinamientos, muchos de los cuales se espera que duren hasta mayo o junio. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en París, estima que por cada mes de contención habrá una pérdida de dos puntos porcentuales en el crecimiento anual del PIB.

Madrid - 08 abr 2020 - 04:49 COT

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 Desde diciembre, más de 75 mil personas han muerto por la pandemia en el mundo .Foto Afp

El mismo día que EU alcanzó 10 mil muertos por el Covid-19, el índice Dow Jones se disparó 7.7 por ciento.

La "intoxicación bursátil" de EU no es compartida por la mayoría de los otros rincones del planeta que propenden al humanismo.

La cosmogonía geopolítica de EU, desalmada e hiper materialista, tampoco es compartida por otras civilizaciones: Europa, Rusia, China, India y el Mundo Islámico (mil 800 millones y 57 países).

A Kissinger, de 96 años (recluido en Nueva York: epicentro de la pandemia), se le derrumbó su caduco "Orden Mundial", donde pregona el regreso del Estado-Nación de Westfalia de 1648, bajo la égida de EU: escrito seis años más tarde a la crisis de 2008 (https://amzn.to/2V87seV).

Cuando aún no llegaba su aliado Trump al poder, exhortaba un G-2 "cultural" de la raza blanca de EU con Rusia contra China (raza amarilla de "cultura" diferente), luego de que, en 1971, operó el acercamiento de EU con China contra la ex URSS. ¡El poder por el poder: sin escrúpulos!

Ahora proclama que "la pandemia alterará para siempre el orden (sic) mundial" cuando "EU deberá proteger a sus ciudadanos de la enfermedad, mientras inicia el trabajo urgente de planificar una nueva época" (https://on.wsj.com/2Xlh1Ka).

Otro "G-2" tras bambalinas, la asociación estratégica de China y Rusia, dejó plantado a Kissinger, quien goza de enorme influencia con el eje Trump/Jared Kushner/Netanyahu, por lo que su punto de vista, más que reflejar la nueva realidad geoestratégica, delata el accionar de EU a nivel doméstico y foráneo.

Concede que "en un país dividido (sic) un gobierno eficiente y de largo (sic) alcance es necesario", donde la "confianza pública es crucial". ¿Golpismo sumado de irredentismo supremacista?

Evoca una perogrullada: "cuando la pandemia haya concluido, varios (sic) países serán percibidos en sus fracasos", sin importar qué tanto "el juicio de valor sea correctamente objetivo". Repite lo consabido sobre el colapso del sistema de salud de EU y no evalúa que sea uno de los peores del mundo: basado en ganancias que benefician al Big Pharma que obtiene un millón de millones de dólares al año (https://bit.ly/3aOCU8S).

Felicita a Trump por "haber realizado un trabajo sólido (¡mega-sic!) para evitar la catástrofe (sic) inmediata" cuando una "exitosa (sic) vacuna está de 12 a 18 meses de distancia".

Sustenta su supremacista "orden mundial", hoy (trans)mutado, cuya "urgente tarea" debe ir en "paralelo (sic) a la transición (sic) del orden post coronavirus", basado en el Plan Marshall y el Proyecto Manhattan a implementar en tres "áreas".

Sus dos primeras "áreas" versan en banalidades: 1. "Fortalecer la resiliencia global a las enfermedades infecciosas"; y 2. "Luchar para curar las heridas de la economía mundial", con el fin también de "impedir el caos en las poblaciones mas vulnerables del mundo". ¿De cuando acá Kissinger se preocupa por los desposeídos?

Su tercera "área" es notablemente supremacista: "salvaguardar los principios del orden mundial liberal", con ideas caducas del pretérito pluscuamperfecto: "las democracias del mundo necesitan defender y sostener sus valores de la Ilustración (sic)". ¿Cuáles valores? ¿Cuál Ilustración? Cuando EU se consagró a imponer su unipolaridad barbárica.

Juzga que "el tema milenario de legitimidad y poder no puede ser resuelto en forma simultánea con el Covid-19 encima" por lo que exhorta a la "moderación (¡súper-sic!) en todos lados": en la "política doméstica" y en la "diplomacia internacional". ¿Alienta un golpe de Estado?

Sputnik cataloga la visión de Kissinger de "pronóstico sombrío" (https://sptnkne.ws/BVSM).

Kissinger urge descubrir una curación para el coronavirus y la necesidad de proteger al "orden mundial liberal", ya que de otra forma el "mundo se incendiará". ¿Amenaza con el "síndrome Sansón"?

Se equivoca Kissinger, que no sabe nada de economía ni de medicina ni de humanismo: el Covid-19, más temprano que tarde, tendrá su tratamiento, pero su "orden mundial liberal" no tiene curación porque ya había fenecido mucho antes de la pandemia.

Las jeremiadas de Kissinger suenan huecas y a destiempo.

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Lo que confirmó y nos quebró el coronavirus

Desde Caracas. La pandemia nos obligó a una nueva realidad, confirmó y aceleró tendencias y precipicios. El volumen aplastante de noticias diarias toca desde las subjetividades, hasta la geopolítica. Todo se mueve -salvo el encierro para quienes podemos mantenerlo- y en ese movimiento se perciben los bordes de los cambios que avanzan a una velocidad desconocida para nuestra generación.

Vivimos una experiencia que afecta a miles de millones de personas. Dentro de esa globalidad existe, a su vez, una forma situada de atravesar esta pandemia: una ventana sobre Guayaquil con cadáveres en las calles, el silencio en Bérgamo, un comedor popular en Constitución, un departamento ante Nueva York detenida, un duelo a la distancia, o frente a esta computadora en Caracas.

La hiperconectividad hace a esta experiencia única y lleva, a veces, al peligro de perseguir las informaciones de muertos/contagiados/curados por país y últimas noticias, sin poder detenerse y ordenar algunos de los cambios centrales en desarrollo. En mi caso con el agregado de tratar de entender qué lugar ocupa Venezuela en el tablero norteamericano -y ruso- en este momento.

Se están jugando piezas centrales del orden en estos días que se hicieron semanas y, todo indica, serán meses. Una de esas piezas es el cambio de ideas-fuerza, y, en particular, el retroceso del neoliberalismo como propuesta económica y de sociedad.

Esa tendencia venía en crecimiento en América Latina, con los levantamientos del año pasado en Ecuador, Chile o la victoria electoral del Frente de Todos en Argentina. Se extiende ante la pandemia.

La propuesta de la salud privatizada, el achicamiento del Estado, o la resolución a través de las bondades del mercado, evidencian su incapacidad de construir respuestas ante la crisis. Son, de hecho, parte del problema, como queda de manifiesto con el impacto de los recortes en salud pública en Europa o la inviabilidad del modelo norteamericano.

Aparece así, para amplios sectores, la necesidad de Estados fuertes, sistemas de salud pública, la posibilidad de nacionalizar sectores estratégicos, la intervención en el orden desigual de las cosas para equilibrar entre las minorías que acaparan cuentas y propiedades millonarias, y las mayorías trabajadoras, de clases medias, populares.

Otra pieza es la geopolítica. La configuración de una multipolaridad en disputa se aceleró. Estados Unidos, con una crisis severa de pandemia, no logra liderar una respuesta internacional. Se trata de un golpe fáctico, de imaginarios y mitologías, con imágenes que podrían haber parecido impensables tiempo atrás, como la llegada de un avión militar ruso a Nueva York.

Esa ausencia norteamericana -que propone prohibir la exportación de suministros médicos- tiene su contraparte en la confirmación del papel tomado por China, que desplegó cooperaciones con diferentes países, independientemente de la orientación ideológica de los gobiernos. Ayuda a Italia, España, EEUU o Venezuela, con médicos y medicinas, al igual que Rusia y Cuba.

Es la confirmación de un nuevo ordenamiento con retroceso norteamericano, la gravitación de las potencias ya consolidadas -con proyectos como el euroasiático, teorizado por Alexander Dugin- y la evidencia del laberinto, aún sin salida, europeo.

La tendencia de fragmentaciones de pilares de la Unión Europea se confirma: la pandemia se suma a episodios como la implacable austeridad sobre Grecia en el 2015, el retorno de fronteras con la denominada crisis de migrantes en el 2016, y el actual Brexit. Los pedidos de Pedro Sánchez expresan esa situación, la necesidad de una respuesta europea proporcional a la crisis que aún no llega.

En ese movimiento de cimientos geopolíticos aparece la desintegración latinoamericana, sin herramientas para desarrollar políticas comunes. La Organización de Estados Americanos, con su rol en el golpe de Estado en Bolivia y su respaldo a gobiernos de derecha post represiones -como en Chile y Ecuador- ha demostrado lo que se sabía: no sirve intereses continentales sino norteamericanos.

¿Cuál es el lugar de América Latina en este nuevo ordenamiento? Los pilares de la derecha, modelo neoliberal y alineamiento irrestricto a EEUU, no tienen respuesta para proyectos nacionales, continentales, de mayorías.

Por último, envolviendo todas las piezas, se encuentra la crisis económica que el coronavirus catalizó, se agrava a medida que no aparecen señales certeras sobre el fin de la pandemia y las cuarentenas.

Dentro de esa crisis se encuentra el desplome petrolero que combina la caída de demanda, la sobreproducción -y limitaciones en la capacidad de almacenamiento-, y la misma disputa geopolítica, esta vez en el triángulo Rusia, Arabia Saudita y EEUU. Quien más pierde, por el momento, es norteamerica, las empresas de esquistos por el alto precio de producción y la posibilidad de retroceder en los avances energéticos estratégicos.

La pandemia ha puesto en movimiento piezas centrales del orden en poco tiempo. La velocidad de los acontecimientos y cambios tiene forma de caída. En esa caída están también los miedos -a la muerte, el encierro, la pobreza y el contacto ajeno-, las distopías, la cotidianeidad quebrada, lo surreal que es no poder salir a la calle sin barbijo en esta Caracas que enfrenta la pandemia con una curva por el momento bajo control, la amenaza norteamericana y la falta de gasolina.  

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Coronavirus: Para la OIT se perderán 195 millones de puestos de trabajo

"Los trabajadores se enfrentan a una catástrofe"

La destrucción de empleos superará a la de la crisis financiera de 2008-2009.  La paralización de actividades en el mundo afecta al 81 por ciento de la fuerza laboral.

 

El coronavirus reducirá en un 6,7 por ciento las horas laborales a nivel mundial en el segundo trimestre de 2020, lo que equivale a 195 millones de empleos a tiempo completo, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). "Esto supera con creces los efectos de la crisis financiera de 2008-9", agrega el organismo. "Los trabajadores y las empresas se enfrentan a una catástrofe, tanto en economías desarrolladas como en desarrollo. Tenemos que movernos rápido, decisivamente y juntos. Las medidas correctas y urgentes podrían marcar la diferencia entre supervivencia y colapso", aseguró este martes el director general de la OIT, Guy Ryder.

La interrupción de la actividad que genera la pandemia está impactando en las horas de trabajo y en los ingresos del sector laboral. Las medidas de paralización total o parcial ya afectan a casi 2700 millones de trabajadores; es decir, a alrededor del 81 por ciento de la fuerza de trabajo mundial, de acuerdo a cálculos del organismo.

"Más de cuatro de cada cinco personas (81 por ciento) en la fuerza laboral global de 3,3 mil millones son actualmente afectados por el cierre total o parcial del lugar de trabajo", remarca. La OIT estima que 1250 millones de trabajadores y trabajadoras, equivalente al 38 por ciento de la población activa mundial, están empleados en sectores que afrontan una grave caída de la producción y un alto riesgo de desplazamiento de la fuerza de trabajo.

Entre los sectores clave figuran el comercio minorista, los servicios de alojamiento y de comidas y las industrias manufactureras. "Se prevén grandes reducciones en los Estados árabes (8,1 por ciento, equivalente a 5 millones de trabajadores a tiempo completo), Europa (7,8 por ciento, o 12 millones de empleos) y Asia y el Pacífico (7,2 por ciento, 125 millones)", señala el comunicado del organismo con sede en Ginebra.

Especialmente en los países de ingreso bajo y de ingreso mediano, los sectores más afectados tienen una elevada proporción de trabajadores en el empleo informal y de trabajadores con un acceso limitado a los servicios de salud y a la protección social. En el comunicado de del informe, el organismo no hace referencia en particular a la situación de Argentina, pero los sectores afectados por la paralización de actividades se repiten en el país en relación a la situación internacional. "Sin medidas apropiadas a nivel político, los trabajadores corren un alto riesgo de caer en la pobreza y de tener mayores dificultades para recuperar sus medios de vida durante el periodo de recuperación", advierte.

En cuanto a la pérdida de nivel de ingresos en los diferentes grupos, la caída se dará especialmente en la clase media de países de altos ingresos (7,0 por ciento, 100 millones de trabajadores a tiempo completo). Los sectores de mayor riesgo incluyen servicios de alojamiento y alimentación, fabricación, venta minorista y actividades comerciales y administrativas.

Dentro de los 1250 millones de trabajadores empleados en sectores identificados de alto riesgo de despidos y reducciones de salarios y horas hay variaciones también a nivel regional. En las Américas, el 43,2 por ciento del empleo está "en situación riesgo"; en Asia y el Pacífico, el 37,9 por ciento; en África, el 26,4 por ciento; en Estados Árabes, el 33,2 por ciento y Europa y Asia Central, el 42,1 por ciento.

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“Europa fue el primer muerto del coronavirus”

El trastorno planetario provocado por la propagación del Covid-19 no tiene espejos en la historia. Siete años después de que China pusiera en marcha su programa más ambicioso de reconquista del mundo reactualizando el mito de la Ruta de la Seda, esa ruta se convirtió en un sendero de muerte. En 2013, Beijing desplegó una red de infraestructuras repartida por los cinco continentes mediante comunicaciones marítimas y ferroviarias entre China y Europa, pasando por Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Portugal, Francia o el Reino Unido. El sueño de 1.000 millones de dólares dio lugar a la tercera extinción del siglo XXI: la primera fue financiera, con la crisis bancaria de 2008; la segunda fue la extinción de las libertades cuando el exanalista de la Central de Inteligencia Americana (CIA) Edward Snowden reveló la extensión y la profundidad del espionaje planetario orquestado por Estados Unidos y sus agencias de seguridad; la tercera es sanitaria.

Ya nadie se pregunta hacia dónde va el mundo sino, más bien, si mañana habrá un mundo. Las máscaras del tecnoliberalismo y su construcción global, es decir, la globalización, se han caído. La máscara, ese objeto tan precioso para sobrevivir, se volvió el revelador del abismo mundial; sin máscaras se corrió el telón de la ausencia de consenso a escala europea para enfrentar la crisis sanitaria y financiera, o pactar ordenadamente el cierre de las fronteras; sin máscaras, la Organización Mundial de la Salud (OMS), supuestamente a cargo de la salud del planeta, demostró que era un gigante burocrático sin incidencia en la realidad; sin máscaras, la cooperación internacional apareció como una ficción desesperada. Las divergencias entre estadounidenses y europeos nunca fueron tan insuperables, tanto como las que atraviesan a los Estados que componen la Unión Europea. Entre insultos, incomprensión, golpes bajos y visiones antagónicas entre la preservación de la vida o la salud o la de la economía y las finanzas, los dirigentes de las potencias sobresalieron por su incapacidad para diseñar un horizonte.

El mundo que existía desde la Segunda Guerra Mundial dejó de respirar. Donald Trump enterró el multilateralismo heredado del siglo XX, mientras el coronavirus ponía la cruz sobre un sistema internacional que de “sistema” solo tenía el nombre.

Muchos de estos acontecimientos han sido anticipados por Bertrand Badie a lo largo de una obra consagrada a las relaciones internacionales. Profesor en Sciences Po París y en el Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales (CERI), Badie desarrolló una obra del otro lado de los consensos. En 1995 se adelantó enLa fin des territoires [El fin de los territorios], en 1999 exploró cómo sería Un monde sans souveraineté [Un mundo sin soberanía] y en 2004 empezó a tejer el análisis sobre la inercia de los poderosos, es decir, la impotencia de los potentes y publicó L'impuissance de la puissance. Essai sur les incertitudes et les espoirs des nouvelles relations internationales. Los ensayos siguientes lo acercaron a la configuración actual: El tiempo de los humillados. Una patología de las relaciones internacionales y Diplomacia del contubernio. Los desvíos oligárquicos del sistema internacional (ambos editados por la Universidad Nacional de Tres de Febrero). En esta entrevista, realizada en plena crisis mundial, el profesor le sigue los pasos a un mundo que se cae y esboza los contornos del próximo.

Hemos cambiado de paradigma con esta crisis sanitaria. Usted sugiere que, desde ahora, la seguridad de los Estados ya no es geopolítica sino sanitaria.

Así es, y hay un conjunto de cosas. Están la seguridad sanitaria, la seguridad medioambiental, la seguridad alimentaria y la seguridad económica. Conforman varias seguridades que ya no son militares sino de naturaleza social. Se trata de un gran cambio con respecto al mundo de antes. En este momento, por primera vez en la historia, estamos descubriendo la realidad de la globalización. Este descubrimiento no atañe a los Estados, sino que toca a cada individuo. Esto es lo nuevo. En la historia, es raro que los individuos aprendan en directo, en su propia carne, en su vida cotidiana, cómo son realmente las transformaciones de la vida internacional. Antes estaban las guerras para acercar este aprendizaje, pero las guerras afectaban indirectamente a la población. Aquí, todo el mundo está afectado. Podemos entonces esperar un cambio de la visión del mundo y de los comportamientos sociales. Esta tragedia puede conducir a una transformación brutal de la visión que tenemos del mundo y de nuestro medio ambiente. Tal vez, se dejarán de lado todos los viejos esquemas, es decir, los esquemas como el de la concepción militar y guerrera de la seguridad, entiéndase, un mundo fragmentado entre Estados-nación en competencia infinita y una concepción de las diferencias que remite siempre a esa dualidad de la vida entre amigos y enemigos. Hoy ya no hay amigo o enemigo sino asociados que están expuestos a los mismos desafíos. Esto cambia completamente la gramática de la sociología y de la ciencia de las relaciones internacionales. El otro ha dejado de ser un rival, el otro es alguien de quien dependo y que depende de mí. Esto nos debe conducir hacia otra concepción de las relaciones sociales y de las relaciones internacionales, en la que estoy obligado a admitir que, para ganar, necesito que el otro gane; tengo que admitir que, para no morir, necesito que el otro no caiga enfermo. Esto es algo completamente nuevo. 

Sin embargo, los desacuerdos entre los Estados nunca habían sido tan abismales. Las relaciones entre Europa y Estados Unidos han empeorado con esta crisis sanitaria mientras que, dentro de la Unión Europea, los antagonismos se han profundizado en el momento más dramático de la humanidad.

En la situación actual nos encontramos con desacuerdos entre Estados Unidos y el resto del mundo a los que ya estamos acostumbrados. Pero también vemos profundos desacuerdos dentro de Europa con, por ejemplo, el rechazo de Alemania a los famosos “coronabonos”, es decir, la mutualización de las deudas. Ese será justamente el gran enigma cuando salgamos de la crisis. Seguimos estando coyunturalmente en un esquema de desacuerdos enormes y de competencia tal vez más agudos que antes. Pero eso es porque estamos en una situación de urgencia y, en estos casos, el reflejo natural es esconderse detrás de un muro, cerrar las puertas y las ventanas. Podemos esperar que el miedo suscitado por esta crisis conduzca a que se reconozca que no será viable enfrentar en forma duradera este tipo de nuevo desafío sin una profunda cooperación internacional. Es comprensible que los desacuerdos y la competencia entre los Estados sean densos en medio del incendio. Sin embargo, es necesario entender que, a corto plazo, habrá que cambiar de programa.

Queda entonces la tarea de redefinir una nueva geopolítica.

La geopolítica ha muerto. La visión tradicional, geográfica, de las relaciones internacionales no vale más porque estamos en un mundo unido. La realidad ha dejado de ser la confrontación entre regiones del mundo y Estados para volverse la capacidad o la incapacidad de gestionar la globalización.

El colapso sanitario explotó en un mundo ya muy trastornado por el surgimiento casi planetario de movimientos sociales y por la redefinición de las propuestas políticas marcadas por la nostalgia nacionalista. Las tres figuras emergentes de este contexto son los negacionistas de la pandemia: Donald Trump, Boris Johnson y Jair Bolsonaro.

La pandemia intervino en un contexto doble que no se debe olvidar. El primero es el ascenso vertiginoso del neonacionalismo en diferentes latitudes: en Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Europa e incluso en los países del Sur. Ese nacionalismo lleva a los dirigentes en el poder a promover o halagar a las opiniones públicas fomentando la ilusión de una respuesta nacional o de protección frente a los peligros. Ello agrava la situación porque esta tentación demagógica viene a complicar la gestión multilateral de esta crisis. El segundo contexto remite a que recién salimos de un año 2019 absolutamente excepcional. 2019 fue el año en que se dieron una multitud de movimientos sociales a través del mundo: América Latina, Europa, Asia, África, Oriente Medio. Estos movimientos sociales reclamaban lo mismo: un cambio de políticas. Las revueltas sociales denunciaban el neoliberalismo y la debilidad de la respuesta de los Estados y, también, de las instituciones y de las estructuras políticas. Hoy, para los Estados, la gran dificultad se sitúa en el hecho de que tratan de responder a corto plazo y con un perfil nacionalista mientras que, al mismo tiempo, cuentan con muy poca legitimidad en el seno de sus sociedades. La consecuencia de este esquema han sido las dudas, los tanteos y la ineficacia demostrada por los gobiernos. Una situación semejante obligará a cambiar la gramática de los gobiernos.

Hay, en toda esta tragedia, una contradicción cruel: justo antes de la crisis sanitaria, China se encontraba en plena expansión. En 2013 empezó a reactualizar el mito de la Ruta de la Seda y para ello desplegó una impresionante red de comunicación y de infraestructuras a través del mundo. Pero esa Ruta de la Seda mutó en ruta de la muerte.

Es cierto y hay dos puntos esenciales. En primer lugar, esta crisis que se inició en Wuhan golpeó muy fuerte a la economía china y, diría, a la propia credibilidad de los políticos chinos y sus políticas. La crisis también reveló las debilidades del sistema chino. No olvidemos que el virus nació debido a la fragilidad del sistema sanitario y alimentario de China: el coronavirus nació en esos mercados que no responden a las reglas elementales de higiene. Fue la base de su propagación. La credibilidad china se vio disminuida debido a esta fragilidad sanitaria. Al mismo tiempo, hay una paradoja: China ingresó antes que nadie en esta crisis, pero también salió de ella antes que los demás y de forma eficaz. No estoy seguro de que Europa tenga la misma capacidad de reacción que China. Salvo si, por desgracia, China conoce una segunda ola de contaminación, es muy probable que esté de pie cuando Estados Unidos y los países de Europa sigan de rodillas. China está tratando de probarlo enviando médicos y equipos y ofreciendo ayuda a los países que están en plena tormenta. Esto puede significar que cuando nosotros continuemos peleando contra el virus China se habrá levantado y tendrá, entonces, una ventaja frente a las viejas potencias.

A lo largo de esta crisis hemos asistido a una suerte de geopolítica de chez soi, es decir, una geopolítica de casa para adentro. Cada país se concentró en su problemática cuando el imperativo no era financiero como en la crisis de 2008, sino sanitario.

La urgencia es doble. Es sanitaria ahora y será económica y financiera muy rápidamente. El problema radica en que Europa ha sido la primera víctima del coronavirus. Europa fue el primer muerto. Todos los reflejos que se esperan de Europa están ausentes. La primera intervención de Christine Lagarde, la directora del Banco Central Europeo (BCE), fue catastrófica. Hasta llegó a invitar a los Estados a que se las arreglaran por su cuenta. Luego, la respuesta de la Comisión Europea resultó igualmente débil. El desacuerdo entre los principales países europeos (Alemania, Francia, España, Italia, Países Bajos) en torno de la gestión de la mutualización de las deudas muestra hasta qué punto se carece de un resorte europeo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Europa se construyó por primera vez en su historia porque los europeos tenían miedo de una tercera guerra mundial y sabían que no podría reconstruirse ni salir de las ruinas únicamente con el esfuerzo nacional. Por eso se eligió una reconstrucción colectiva. Hoy, como todas esas metas han sido alcanzadas, la dinámica europea ha dejado de existir. No obstante, es precisamente allí donde está la clave de su porvenir. El miedo que los europeos tenían en 1945 lo vuelven a sentir ahora con el coronavirus. Los europeos van a descubrir que esa necesidad de reconstrucción que había en 1945 persistirá en cuanto salgamos de este drama sanitario. Tal vez, la conjugación de estos dos factores conduzca a que Europa renazca al final de esta crisis. Pero claro, cuando llegue ese momento habrá que cambiarlo todo. 

Aunque los paralelismos puedan resultar tramposos, muchos analistas trazan un paralelo entre la situación actual y la crisis de 1929. Luego de aquella hecatombe vino la Segunda Guerra Mundial y, justo antes, el ascenso del nacionalismo. ¿Acaso el virus no podría volver a fecundar un contexto semejante?

Es demasiado pronto para saber cómo serán las consecuencias. Las cosas pueden ir en los dos sentidos. Pero quisiera igualmente señalar que, antes del fascismo y el nazismo, el primer resultado de la crisis de 1929 fue el keynesianismo y Franklin D. Roosevelt, es decir, la reorientación de la economía mundial que permitió su salvación. No hay que tener una visión exclusivamente pesimista sobre los efectos de esta crisis. Creo que todo dependerá de la manera en que el miedo actual evolucione y de cómo ese miedo sea gestionado políticamente. Si el miedo desaparece rápidamente, se corre el riesgo de que volvamos a comenzar con el viejo sistema. Si el miedo perdura, tal vez esto nos conduzca hacia las transformaciones que necesitamos. Sin embargo, desde ahora, se plantea el gran problema de la gestión política del miedo. ¿Quién se hará cargo? Seguramente, la extrema derecha utilizará ese miedo como recurso electoral explicando que es urgente reconstruir las naciones, los Estados y restaurar el nacionalismo. No obstante, la extrema derecha no es la única oferta política existente. 

Sí, pero ya antes de esta crisis la extrema derecha se erigió como planteo político reestructurado y con mucha legitimidad.

Hay mucho de eso. Si se observan los Estados europeos, todos tienen un sistema político descompuesto. En Francia no hay más partidos políticos, en Alemania la socialdemocracia no cesa de debilitarse mientras que los demócrata-cristianos de la canciller Angela Merkel están sumidos en una crisis, en Italia la democracia cristiana y el Partido Comunista desaparecieron, e incluso en Gran Bretaña el sistema partidario que antaño estaba tan bien estructurado ya no existe más. Estamos en plena recomposición política. La versión optimista quiere que esta recomposición política desemboque en el nacimiento de partidos con capacidades de llevar las riendas de la globalización. De hecho, actualmente, ningún partido político sabe qué es la globalización. Tal vez advenga un keynesianismo político. Por el contrario, el horizonte negativo sería que esa recomposición no se lleve a cabo. 

En uno de sus últimos libros y, más recientemente, cuando estallaron las insurgencias sociales en 2018 y 2019, usted planteó que estábamos ingresando en el segundo acto de la globalización. ¿Acaso esta crisis no ha barrido con ese segundo acto?

No, para nada, es el mismo. No hay que disociar lo que ocurrió en 2019 de lo que está pasando ahora. Es lo mismo, es decir, el redescubrimiento angustiado de una urgencia social. Ese es el segundo acto de la globalización, el cual consiste en distinguir globalización de neoliberalismo, es decir, dejar de confiarle al mercado la gestión exclusiva de la globalización. En el curso de este segundo acto se trata de construir una globalización humana y social. Estas fueron las demandas de 2019 y los mismos reclamos vuelven ahora con urgencia ante la crisis del coronavirus. Si somos optimistas, podemos esperar que esta crisis termine por acelerar el advenimiento del segundo acto de una globalización humana y social. De lo contrario, cabría pensar que la catástrofe sanitaria no hizo sino complicar y atrasar la marcha hacia la segunda secuencia. 

2019 nos mostró a una humanidad ligada por lo que usted llamó un perfil intersocial. ¿Persiste aún esa dimensión de conexión, de diálogo y de compenetración entre identidades sociales?

Sí, claro, tanto más cuanto que esta crisis nos revela que las relaciones intersociales se vuelven determinantes a través del planeta. Estas relaciones intersociales son incluso más importantes que las relaciones entre los Estados, los gobiernos o los militares. El porvenir del planeta está en las interacciones sociales, en la tectónica de las sociedades, es decir, en esa capacidad propia de las sociedades para interactuar entre ellas más allá de la voluntad de los gobiernos.

Uno de los ejes constantes de su reflexión ha sido plantear la forma en que, en las relaciones internacionales modernas, es el Sur quien fija la agenda del Norte y, también, cómo ello desembocó en una representación geopolítica marcada por la impotencia de los poderosos. El coronavirus ha dejado al desnudo esa impotencia.

¡Estamos más que nunca en ese esquema!. Estamos viendo cómo los instrumentos clásicos de la potencia no pueden hacer absolutamente nada frente al coronavirus. Estados Unidos, que es la superpotencia de las potencias, conoce una propagación de la infección superior a la de China y Europa. Hemos dejado de estar en el registro de la potencia. Los recursos clásicos de la potencia nada pueden hacer. Debemos pasar ahora de la potencia a la innovación. Solo ganaremos si convertimos la vieja concepción de la potencia en capacidad de innovación para encontrar nuevos tratamientos, una vacuna, así como los medios técnicos capaces de remodelar la globalización para que esta no sea, como hoy, una fuente de dramas. Estamos ante un nuevo umbral de la historia. 

Un nuevo umbral con un interrogante dramático: ¿qué ocurrirá cuando el coronavirus se expanda en los países del Sur carentes de toda estructura sanitaria?

Esa eventualidad anuncia una catástrofe. Si la pandemia llega al Sur, será todavía más dramática y lastimará más profundamente al planeta entero. Ello prueba que los centros de gravedad de nuestra historia y de nuestro porvenir están en el Sur. El auténtico momento de la verdad se planteará cuando África se vea confrontada masivamente a esta tragedia.

Se han caído tantas máscaras con esta crisis global. La búsqueda de una vacuna, por ejemplo. Cada país la elabora por su cuenta: Francia, Estados Unidos, Rusia, China, Cuba. Y en el medio está el espectáculo indecente de la OMS: no tiene voz, ni influencia, ni capacidad alguna de organizar acciones coordinadas. Se ve como un monstruo vacío y burocrático.

Este tipo de anarquías son frecuentes en las situaciones de urgencia porque se establece una competencia entre un conjunto de actores que trata, más o menos sinceramente, de encontrar un remedio. Es algo paradójicamente normal porque así se estimula y se aceleran las investigaciones. Ahora claro, si estuviésemos en un mundo ordenado, la OMS habría debido encargarse de la definición de los protocolos de investigación y de los protocolos terapéuticos. Pero la OMS se ha vuelto alguien que cada tarde lee comunicados carentes de interés. Pero la naturaleza humana termina siempre por triunfar. El problema consiste en saber qué sacrificio habrá que hacer para todo esto. Un muerto es un muerto de más y ahora vamos ya por miles de muertos. Pienso que la humanidad renacerá de todo esto más fuerte y más consciente.

Por Eduardo Febbro (NUSO) 6/04/2020

Claude TRUONG-NGOC

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Esta entrevista se publicó en Nueva Sociedad.

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Elliot Abrahms, representante especial para temes relacionados con Venezuela, del Departamento de Estado de EU. Foto Afp

Ciudad de México. En la coyuntura de la llamada “epidemia del siglo”, la diplomacia de guerra de Estados Unidos ha decidido profundizar su guerra no convencional, asimétrica, contra Venezuela. Con una serie de acciones sucesivas que pretenden generar miedo y pavor (shock and awe) en filas “enemigas”, la administración Trump activó el 26 de marzo pasado el miserable plan diseñado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el representante especial para Venezuela, Elliott Abrams, cuyo objetivo final es intentar producir un “cambio de régimen” en el país que tienen la reservas probadas de hidrocarburos más grandes del mundo.

Ese día, en lo que parece marcar un nuevo punto de no retorno ahora bajo la pantalla judicial del golpismo (Lawfare), el fiscal general de EU, William Barr, anunció cargos criminales por narcoterrorismo, tráfico de cocaína, lavado de dinero y corrupción contra el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro; una docena de altos funcionarios civiles y militares así como dirigentes del proceso bolivariano −e, incluso, un par de generales prófugos de la justicia venezolana−, bajo la grotesca argumentación de “haber participado en una asociación delictiva” que involucraría a una “organización terrorista extremadamente violenta” –las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC−, así como de “conspirar” para utilizar la venta de drogas como un “arma” contra Estados Unidos.

El 31 de marzo, en otra inadmisible intromisión –que viola  el Derecho internacional y los principios de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos, el de no intervención, la libre determinación de los pueblos  y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales−, Pompeo y Abrams hicieron público su “plan” denominado eufemísticamente “Marco para la transición democrática en Venezuela” (cuyo único fin es el derrocamiento de Maduro), lo que fue seguido, el 1 de abril, por el anuncio de Donald Trump, del lanzamiento de un nuevo operativo militar naval antidrogas en aguas del Caribe y el Pacífico.

Trump, quien apareció flanqueado en la Oficina Oval por el secretario de Defensa, Mike Esper, y el jefe del estado mayor, general Mark Milley, dijo que las operaciones marítimas antinarcóticos estarán dirigidas contra lo que, afirmó, es una “creciente amenaza” de “narcotraficantes y terroristas” que buscarán “aprovecharse” de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus para introducir drogas a EU y afectar a la ciudadanía.

A su vez, el secretario Esper identificó a Venezuela como una amenaza en particular, al acusar al “régimen ilegítimo de Maduro” de depender de las ganancias del narcotráfico para mantenerse en el poder. Con lo cual, se cumplirían los propósitos encubiertos denunciados a mediados de marzo por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, de que en el marco de una nueva fase de agresiones unilaterales estadunidenses contra su país, el Pentágono y el jefe del Comando Sur, Craig Faller, estaban contemplando un “bloqueo naval” a Venezuela, acción reconocida por la ONU como “uso de la fuerza”; medida que podría ser reforzada en la coyuntura con acciones coercitivas bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos (OEA), vía el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ambos, viejos instrumentos de la guerra fría al servicio de Washington.

Pino Arlacchi y los bulos de la CIA y el Pentágono

En el marco de la nueva fase de guerra híbrida de EU contra el proceso bolivariano de Venezuela, cabe recordar que el 15 de abril de 2019, durante una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad de Texas, el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó entre risas y aplausos: “Yo era director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia). Mentimos, engañamos y robamos. Teníamos hasta cursos de entrenamiento”. (Aunque la transcripción oficial del Departamento de Estado no incluyó esas aseveraciones, sí quedaron registradas en video).

La confesión de Pompeo vino a confirmar lo que es público y notorio y está registrado en cientos de documentos oficiales y literatura sobre la CIA de los últimos 60 años. Pero no deja de ser grave que el jefe de la diplomacia estadunidense se refiera a sí mismo como mentiroso y ladrón. Máxime, en la actual coyuntura, cuando expertos comunicacionales del Pentágono y la CIA han echado a andar una nueva etapa de la guerra no convencional contra Venezuela, diseñada en base a operaciones de guerra psicológica, propaganda encubierta y mensajes indirectos a través de los medios de difusión masiva (radio, televisión, prensa escrita, Internet), direccionadas a conseguir el control y la manipulación de la llamada opinión pública mediante distorsiones informativas (noticias intoxicadas).

Al respecto, las acusaciones del fiscal general William Barr contra el presidente Maduro, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el ministro del Interior, Néstor Reverol y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, entre otros, de emprender junto con las FARC una “conspiración narcoterrorista” para inundar a EU de cocaína, no admite la prueba del ácido. La teoría de un “narco-Estado” en Venezuela es pura ficción y las agencias estadunidenses lo saben.

 Tras enterarse del insólito entuerto, el ex vicesecretario de la ONU, Pino Arlacchi, ex director ejecutivo del Programa Antidroga de la organización mundial (UNODC, por sus siglas en inglés), escribió en su cuenta de facebook: “La acusación a @Nicolás Maduro por tráfico de drogas es una basura política. En 40 años de experiencia antidroga y como Vice Secretario ONU, nunca me  topé con #Venezuela, siempre lejos de los circuitos: EEUU primer consumidor, Colombia productor”.

Luego, en un artículo firmado difundido por Telesur, Arlacchi señaló que al conocer la noticia  de la acusación contra Maduro y miembros de su gobierno por tráfico de drogas, se quedó “sin palabras”. Escribió que al observar la persecución contra Venezuela ha visto muchas cosas, “pero honestamente no pensé que la asociación delictiva en el poder en los Estados Unidos llegaría a tanto”. Y añadió: “Después de robar $ 5 mil millones de los recursos financieros de Venezuela depositados en bancos de 15 países. Después de establecer un bloqueo de toda la economía del país a través de sanciones atroces, con el objetivo de golpear a la población civil para empujarla a rebelarse (sin éxito) contra su gobierno. Y después de un par de intentos de golpe fallidos, aquí está el tiro final, la calumnia más infame”.

Tras considerarlo como un “episodio de guerra asimétrica”, Arlacchi, quien se desempeñó como director ejecutivo de la UNODC entre 1997 y 2002, argumentó que “el golpe es tan fuera de medida”, que no cree que tenga consecuencias relevantes en Naciones Unidas ni en la Unión Europea. “No hay la más mínima evidencia” para apoyar esa “calumnia” que “sólo existe en la fantasía enferma de Trump y sus asociados”.

Agregó que bastaría consultar las dos fuentes más importantes sobre el tema: el Informe Mundial sobre Drogas 2019 de la UNODC y el último documento de la DEA, Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019, para verificar sus dichos. Según este último, el 90% de la cocaína introducida en los EU proviene de Colombia, el 6% de Perú y el resto de orígenes desconocidos.  Pero según Arlacchi, es el informe de la ONU el que proporciona la imagen más detallada, mencionando a México, Guatemala y Ecuador como los lugares de tránsito de drogas a los Estados Unidos. Y la evaluación de la DEA cita a los famosos narcos mexicanos como los mayores proveedores en el mercado estadounidense.

“No hay rastro de Venezuela en ninguna página de los dos documentos. Y en ningún otro material de las agencias anticrimen de los Estados Unidos en los últimos 15 años (conozco muy bien el tema) se mencionan hechos que puedan conducir indirectamente a las acusaciones lanzadas contra el presidente legítimo de Venezuela y su gobierno. Por lo tanto, es exclusivamente basura política, que espero será tratada como tal fuera del sistema político mediático de los Estados Unidos”, remató Arlacchi.

Un informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, publicado el pasado 5 de marzo, señala que los cultivos de hoja de coca en Colombia aumentaron en 4 000 hectáreas, para alcanzar las 212 000; mientras que la producción de cocaína creció en un 8 %, pasando de 879 toneladas a 951, cifras que marcan récords históricos.

De las tres fuentes citadas y los dichos de Arlachi, se desprende que si EU quisiera realmente combatir el tráfico de drogas el objetivo sería Colombia, no Venezuela. Otro blanco sería perseguir a los cárteles que distribuyen la droga en EU, que se quedan con la mayor parte de la ganancia y la lavan allí.

Para complementar lo anterior, un informe reciente de The Washington Office on Latin America (WOLA), consideró “exagerado” el papel que se le otorga a Venezuela en el comercio transnacional de drogas. De acuerdo con la Base de Datos Antidrogas Consolidada Interagencial (CCDB) del gobierno de EU, citado por WOLA, en 2018 pasaron por Venezuela 210 toneladas métricas de cocaína y en ese mismo lapso pasó aproximadamente 10 veces más cocaína (2,370 toneladas métricas) por Colombia y siete veces más (1,400 toneladas métricas) por Guatemala.

En declaraciones a BBC Mundo,  el director de WOLA, Geoff Ramsey, dijo que la afirmación de que Maduro está “inundando” deliberadamente EU con cocaína es “absurda”. Y al igual que Arlacchi, remitió a los propios datos de la DEA. Según Ramsey, el Departamento de Justicia de EU se ha visto sometido a una fuerte presión para formular esas acusaciones por parte de sectores duros de la oposición venezolana y la comunidad de exiliados en Miami, utilizando el mismo guión usado por el gobierno de George H.W. en Panamá, en 1989,  en el marco de la guerra fría.

La judicialización (lawfare) de la política de cambio de régimen de la administración Trump se centrará ahora en cuerpos de seguridad como el FBI y la DEA, con apoyo de las unidades militares desplegadas en el Caribe y el Pacífico y los llamados “contratistas privados de seguridad”. Cabe recordar que al actual fiscal general de EU, William Barr, le correspondió redactar en 1989 la justificación legal para la invasión de Panamá y para que el FBI pudiera ingresar a tierra extranjera sin el consentimiento del gobierno anfitrión. Asimismo, Barr fue quien gestionó el indulto del genocida Elliott Abrams, inculpado por el caso Irangate.

Sobre la DEA y el desertor Alcalá

Cuando el pasado 26 de marzo el fiscal Barr acusó a Nicolás Maduro y once funcionarios de alto rango (además de dos militares desertores) de formar parte de una  “conspiración narcoterrorista” y puso precio a sus cabezas, aseveró que todos formaban parte de un denominado Cártel de los Soles.

Para entonces, hacía años que las usinas de la guerra sucia en los sótanos del Pentágono y la CIA venían fabricando la trama conspiracionista, que fue sembrada de manera intermitente −con mayor profusión en 2015−  en los medios hegemónicos de Occidente adscritos a la también llamada guerra de cuarta generación.

Entre los carteles difundidos a la manera del Lejano Oeste por el Departamento de Justicia y la DEA el 26 de marzo último, con sus logotipos y una leyenda que decía “REWARD OF UP TO $ 10,000,000.00 U$S” (Recompensa de hasta 10 millones de dólares), y que incluía sendas fotos de los buscados por pertenecer al Cártel de los Soles, figuraron los de dos ex generales retirados prófugos de la justicia venezolana: Hugo Carvajal Barrios y Cliver Alcalá.

Un día antes (25 de marzo), en Caracas, el vicepresidente de Comunicación e Información venezolano, Jorge Rodríguez, había develado un nuevo plan terrorista para asesinar de manera selectiva a altos funcionarios gubernamentales, incluido el presidente Maduro. La revelación se basaba en informaciones de medios de prensa colombianos, del 23 de marzo, sobre la incautación de un arsenal de guerra compuesto por 26 fusiles de asalto AR-15 y otros insumos bélicos, en la localidad de La Ciénaga, Barranquilla, que iban a ser introducidos a Venezuela por la frontera de Paraguachón, en el estado Zulia.

En ese contexto, el primero en reaccionar horas después del anuncio del fiscal Barr en Washington, fue Cliver Alcalá, militar desertor y prófugo de la justicia venezolana, acusado el 31 de agosto de 2019 −junto con Julio Borges y la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz− de haber participado en un plan para colocar aparatos explosivos en el Palacio de Justicia y sedes de la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia Militar, y vinculado en el intento de golpe de Estado  del 30 de abril de ese año.

Radicado en Barranquilla, Colombia,  y entrevistado por locutores de la emisora colombiana W Radio, Alcalá confesó ser parte de la trama para cometer actos terroristas en Venezuela con la asesoría de expertos estadunidenses, y se adjudicó la propiedad de las armas incautadas en La Ciénaga el 23 de marzo anterior. Afirmó que ese arsenal había sido financiado con dinero suministrado por el diputado venezolano Juan Guaidó y que el gobierno de Iván Duque estaba al tanto de esos planes y había facilitado medios para la logística. En el audio Alcalá expresó literalmente: “Las armas incautadas en Colombia pertenecen al pueblo venezolano, en el marco de un pacto, o de un convenio, firmado por el presidente Guaidó, el señor J. J. Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos. Desde hace muchos meses vengo trabajando en la conformación de una unidad Libertad para Venezuela. A la reunión con los asesores norteamericanos me envió el señor Juan Guaidó y aportamos ahí, junto a militares venezolanos (…) hacer una unidad militar”.

En otra parte de la entrevista radial, Alcalá dijo: “Estoy en mi casa, no estoy huyendo, me informaron de la posibilidad de un falso positivo”. Es decir, temía que lo asesinaran. El 27 de marzo fue detenido y trasladado en un avión de la DEA a Nueva York.

Un día después, la agencia Reuters, desde Washington, difundió un cable según el cual el ex jefe de la inteligencia  militar de Venezuela, Hugo Carvajal, otro hombre clave del presunto Cártel de los Soles y con paradero desconocido en España, donde se había exiliado, también estaba en proceso de entregarse a las autoridades estadunidenses.

 Carvajal, el Cartel de los Soles y la prensa amaestrada

Junto con los de Cliver Alcalá y Diosdado Cabello, el nombre de Hugo Carvajal había formado parte del núcleo duro del supuesto Cártel de los Soles, según la trama fabricada por la DEA y la CIA para implicar al ex presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, en una presunta conspiración criminal con la guerrilla de las FARC colombiana, para “inundar” de cocaína a Estados Unidos.

La maquinación, que tuvo su punto culminante en 2015,  estaba inscrita en la primera fase de la Operación Libertad Venezuela (Venezuela Freedom), perfilada en el “Informe sobre Venezuela” elaborado en 2012 por el director nacional de Inteligencia de EU, James R. Clapper, que ponía énfasis en la agitación propagandística de temas tales como el desabastecimiento programado de alimentos y medicinas, el incremento inusitado de precios, los apagones eléctricos generalizados, la delincuencia y la violencia criminal como parte de un proceso de descomposición político-social e ingobernabilidad inducido que utilizó entonces el accionar de bandas criminales (bacrim), narcotraficantes, grupos paramilitares y pranes con sus ejércitos de malandros.

En ese contexto, y como parte de la guerra irregular para desestabilizar al nuevo gobierno de Maduro, los guionistas de los servicios de inteligencia estadunidenses fueron sembrando en medios occidentales, su nuevo invento: el Cártel de los Soles.

El primer diario elegido para desatar el circo mediático fue el ABC de España, que a partir de su corresponsal en Washington, Emili J. Blasco, en enero de 2015 comenzó a difundir “primicias” con base en “fuentes cercanas” a una investigación abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. “El jefe de seguridad del número dos chavista deserta a EE.UU. y le acusa de narcotráfico”, decía el titular de la nota. El blanco del despacho era el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sindicado en la fabulación como el “cabecilla” del Cártel de los Soles y “operador” del “narcoEstado” venezolano. Y estaba dirigido a dividir a la interna chavista en la transición generada por la muerte del líder del proceso bolivariano, Hugo Chávez, en 2013. Pero ya ahí aparecían implicados varios militares y el entonces gobernador de Aragua, Tareck Al Aissami.

Sin una sola prueba y con eje en los testimonios dudosos de un escolta desafecto, Blasco utilizó la socorrida fórmula de la guerra fría, “fuentes cercanas”, para encubrir las filtraciones de la CIA, la DEA y el Departamento de Justicia. Asimismo, para construir sus argumentos,  utilizó en un par de ocasiones el verbo “especular”, enemigo del periodismo de investigación.

El 19 de mayo de 2015, según reportó en una investigación Fernando Casado (“El nuevo invento para atacar a Venezuela: El Cártel de los Soles”, 1 de junio de 2015), una nueva filtración llegó a las páginas de The New York Times: “EEUU centra su amplia investigación  sobre cocaína en altos oficiales venezolanos”. Con un tono menos amarillista que el de ABC, el influyente diario neoyorkino daba como fuente a la DEA, pero la falta de pruebas seguía estando presente.

Tres días después era The Wall Street Journal, el que con  filtraciones de agentes de la DEA y fiscales federales de Nueva York y Miami, reforzaba el bulo sobre el Cártel de los Soles: “Oficiales venezolanos sospechosos de convertir el país en un centro de distribución internacional  de cocaína”. Igual que los anteriores, la falta de pruebas, persistía.

El 24 de mayo, Jackson Diehl, uno de los editorialistas estrella de The Washington Post, venía a sumarse al cacareo mediático anglosajón. Diehl tituló su artículo de opinión “Un cártel de la droga en el poder en Venezuela” y trató como hechos fehacientes la “información” que publicó. Su fuente, que utilizó como prueba, eran supuestos correos electrónicos extraídos de la computadora del jefe de las FARC, Raúl Reyes, que ni la Suprema Corte de Justicia de Colombia había validado. Es decir, seguía sin haber pruebas sólidas.

Como suele ocurrir con la siembra de “carne podrida” en los medios, y en este caso a partir de la declaración de un desertor, Diehl, del Washington Post, tomó como referencia las notas publicadas en el ABC y The Wall Street Journal. Es decir, a partir de informaciones no verificadas, se utilizó a la prensa como prueba de lo que dice la prensa, para ir fabricando una “noticia”, que, a fuerza de repetición, se vuelve “verdad”.

En el marco de la guerra no convencional asimétrica en curso, los objetivos de las operaciones psicológicas e intoxicación (des)informativa del Pentágono, la CIA y la DEA habían sido expuestos por el general John Kelly, jefe del Comando Sur, el 12 de marzo de 2015 ante el Comité Senatorial de los Servicios Armados del Congreso de Estados Unidos. Kelly dijo que las acciones estaban  dirigidas a generar una situación de caos y desestabilización política en Venezuela, combinándose con  acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada, etapa que incluyó a las guarimbas con su casi medio centenar de muertos, los asesinatos selectivos, sabotajes contra instalaciones estratégicas y acciones paramilitares desde la frontera colombo-venezolana.

En ese marco de la noticia como espectáculo para encubrir propaganda de guerra, el 20 de mayo, la intriga sobre el Cártel de los Soles sería retomada por el diario español El País, en un reportaje que tituló “Nueva luz sobre el misterioso cartel de los Soles”. Pero más allá de lo  enigmático del titular, no aportaba nada nuevo y fue una oda a la especulación.

Cinco días después, la revista Newsweek en español reproducía en su portada el rostro de Diosdado Cabello con un titular que rezaba: “El más buscado”. La publicación estadunidense reproducía una entrevista a Juan Forero, el periodista de The Wall Street Journal que había divulgado una “primicia” sobre el Cártel de los Soles. Como expresó Newsweek, “lo que para muchos era un secreto a voces, ahora estaba asegurado por un diario con el prestigio de The Wall Street Journal”.

El mecanismo para dejar plantada en la opinión pública una confabulación sin pruebas sólidas, había funcionado a la manera de un lavado de información, donde la fuente original de la filtración, en este caso la DEA −y de manera encubierta la CIA−, la más de las veces quedaba oculta.

No obstante, como mencionó Fernando Casado en la investigación citada, el origen de la cadena había sido el diario ABC de España, que reprodujo una “primicia” de su corresponsal en Washington, Emili J. Blasco, célebre por otra “exclusiva” de 2012 a raíz de la enfermedad del presidente Hugo Chávez, que entonces se convirtió en trending topics y dio la vuelta al mundo: “A Chávez le queda un año de vida a menos que acepte un tratamiento intensivo”. Blasco utilizó como  fuentes “informes confidenciales elaborados por informantes con acceso al equipo médico de Chávez, manejados por servicios de inteligencia” (sic). Blasco ocultó que su fuente era la CIA, porque entonces su credibilidad habría sido nula. Pero meses después, el ex director del diario ABC, Ángel Espósito, entrevistado por Casado, reconoció: “ABC tiene acceso a una información de la CIA, ABC publica la información de la CIA, ABC no dice ‘ABC considera que a Chávez le queda un año’. ABC publica un informe de la CIA, de su corresponsal en Washington”.

Sin embargo, ABC y Blasco, autor del libro por encargo Bumerán Chávez, habían ocultado que su fuente era la CIA y manejaron como propia la información con subterfugios como “informes confidenciales” manejados por “servicios de inteligencia”. Es decir, fuentes anónimas y difusas, sin legitimidad periodística.

Tres años después, Blasco y el ABC habían vuelto a las andadas, ahora con la “primicia” sobre el mito del Cártel de los Soles. Sólo que en esta ocasión, el nuevo director del periódico madrileño, Bieito Rubido,  reconoció que había una relación entre su medio y los servicios de inteligencia de EU: “Lo que publicamos siempre es cierto. En este caso las fuentes son muy serias: desde la inteligencia española, hasta la CIA y la DEA” (Ver “Denuncia sobre Diosdado Cabello por narcotráfico ‘está más que contrastada’: Director del diario ABC”, NTN24, 27 de enero de 2015).

Invención de los laboratorios de la guerra sucia, sin una sola evidencia y sin que se diera cuenta del decomiso de una sola panela de cocaína en Estados Unidos u otra parte del continente con su logo, pronto, el expediente del cártel de los generales y la fabulación del narcoEstado venezolano quedarían eclipsados en el marco de la segunda fase de la Operación Libertad Venezuela del Comando Sur, que requirió del posicionamiento mediático de una “crisis humanitaria” (por falta de alimentos, medicamentos, agua y electricidad) y una matriz de opinión que manejara a nivel internacional el escenario de que la nación sudamericana estaba “cerca del colapso” y de una “implosión”, como recurso para facilitar una “intervención humanitaria” a “pedido” de la ONU o la OEA. 

El plan conspirativo y de guerra psicológica del Pentágono contemplaba entonces una “fase terminal” del proceso venezolano hacia julio-agosto de 2016.  Y para ello, Washington intensificó su política  de “cerco y asfixia” contra el gobierno de Nicolás Maduro, que en el marco de la Guerra de Espectro Completo elaborada en junio de 2000 por la Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del Ejército de EU (ver documento Joint Vision 2020), intensificó el empleo de recursos diplomáticos, de información, militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos, y echó mano de grandes corporaciones y lobbys empresariales, operadores políticos de la derecha internacional y sus intelectuales orgánicos, actores no estatales (ONGs), jerarcas de la Iglesia católica y agrupaciones estudiantiles.

El caso Carvajal y el relato novelado de la DEA

Tras cuatro años de permanecer en las sombras, la construcción ficticia del Cártel de los Soles reaparecería en España luego de la detención por la Policía Nacional, el 12 de abril de 2019, del  ex jefe de los servicios de inteligencia y contrainteligencia militar de Venezuela entre 2000 y 2011, Hugo Carvajal.

En febrero de ese año, luego de la fabricación made in USA del diputado Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, y en vísperas del 23/F −el enésimo “Día D” para derrocar a Maduro, que tuvo como epicentro pantalla a la ciudad colombiana de Cúcuta en el fracasado intento de introducir “ayuda humanitaria” a Venezuela−, Hugo Carvajal, discípulo de Chávez en la academia militar, defeccionó, llamó a sus ex pares a la rebelión y dio su apoyo al “autoproclamado” impuesto por el trío John Bolton, Mike Pompeo y Elliott Abrams.

En medio de amagos y preparativos de invasión y cuando se estrechaba el cerco militar del Pentágono a Venezuela, Carvajal, según relató su esposa Angélica Flores al diario El País, huyó en marzo siguiente a Madrid con la ayuda de agentes del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI), que incluso lo fueron a esperar al aeropuerto de Barajas. En abril, cuando iba camino a reunirse con agentes del CNI y ofrecer información, Carvajal fue capturado por una orden de extradición de Estados Unidos, y su caso fue ventilado en la tercera sala penal de la Audiencia Nacional.

El 13 de septiembre de 2019, en el marco de la comparecencia de Carvajal ante la Audiencia Nacional, el titular de primera plana del diario español El Mundo decía: “Hugo Chávez ordenó ‘inundar EEUU de cocaína de las FARC’”. El cintillo destacaba: “El Mundo accede al informe secreto de la DEA de Estados Unidos sobre Venezuela”. En interiores, el periódico afirmaba haber tenido acceso en “exclusiva” al informe de la DEA que el día anterior el Departamento de Justicia de EU había remitido a la Audiencia Nacional.

El “informe secreto” no agregaba nada nuevo sobre la trama divulgada en 2015 por la prensa mercenaria occidental, ni tampoco a la recopilación publicada en mayo de 2018 por la fundación estadunidense InSight Crime, bajo el título “Venezuela: ¿Un Estado mafioso?” La investigación de ese centro de investigación sobre crimen organizado patrocinado por Open Democracy −del magnate George Soros, ligado al Grupo Carlyle del clan Bush−, que volvía a dar por cierta la existencia del Cártel de los Soles, adolecía de los mismos defectos de los bulos periodísticos mencionados arriba: se basaba en supuestos y creencias y no presentaba evidencias sólidas, pero fue evidente que había sido elaborado para poder justificar, a posteriori, las prácticas de la guerra judicial (lawfare) que, con apariencia de legalidad, habían venido siendo utilizadas por Washington y sus aliados contra países considerados enemigos.

Carvajal rechazó, por falsas, las acusaciones de la justicia estadunidense, y sus abogados calificaron la petición de Washington como “persecución política”; subrayaron que la acusación se basaba en el testimonio de una decena de “delincuentes confesos” que no conocían al ex militar; denunciaron la “ligereza” con la que EU vinculaba a Carvajal con el Cártel de los Soles –dijeron que igual podrían haberlo relacionado “con el Ku Klux Klan o la Asociación Nacional del Rifle”− y pidieron la denegación de la extradición por no cumplir los requisitos y principios básicos, formales y no informales.

Fue evidente que la filtración de la justicia de EU al diario El Mundo buscaba presionar a los magistrados de la Audiencia Nacional. Sin embargo, el 16 de septiembre el tribunal colegiado denegó la extradición por considerar que la reclamación de EU estaba fundamentada “en una motivación política” y había sido gestada “dentro de la estrategia política estadunidense respecto a Venezuela”.

Los magistrados resaltaron “la falta de un verdadero relato de hechos concretados en la persona del reclamado” y argumentaron que la “conducta” que las autoridades estadunidenses  imputaban a Hugo Carvajal “se refiere indudablemente al ejercicio del servicio de inteligencia militar”. Relataron, asimismo, que la justicia de EU había fundamentado su reclamación en delitos de asociación ilícita para involucrarse en narcoterrorismo y para importar cocaína controlada dentro de Estados Unidos desde un lugar fuera del país, además de un delito de uso o posesión de armas de fuego.

Sin embargo, el tribunal advirtió que esa solicitud “está acompañada sólo de la declaración jurada de un agente de la DEA a cargo de la investigación” y “no se precisa qué actos concretos de carácter delictivo” realizó Carvajal. Por lo que el tribunal consideró la descripción de los hechos “huérfana de determinación”, y señaló que la declaración del agente de la DEA “no puede utilizarse para integrar el necesario relato fáctico que se precisa para atribuir a Carvajal los delitos de los que se le acusa”. Es más, el tribunal reprochó a EU que sus acusaciones estaban dirigidas a “una conducta abierta, abstracta e inconcreta en tiempo, lugar y actos que realizados formasen parte del delito imputado”.

Hugo Carvajal quedó en libertad provisional, con prohibición  de salir de España y debía presentarse cada 15 días en el juzgado. El 8 de noviembre la Fiscalía apeló el fallo de la Audiencia Nacional, y el Tribunal Supremo autorizó la extradición a EU. Varios magistrados no estuvieron de acuerdo con la decisión mayoritaria y, además, denunciaron presiones del consejero jurídico de la embajada de España en Washington, Jorge Carrera Domenech. Uno de los jueces plasmó su desacuerdo al salvar su voto y consideró que la investigación por narcotráfico contra Carvajal respondía “mucho más a lo que sería una especie de narrativa o relato novelado de un ataque conspirativo” contra EU “por parte de un enemigo de dicho Estado, que a una descripción jurídica de hechos delictivos concretos”.

Enterado de la situación por un periodista que lo quiso entrevistar, Carvajal se dio a la fuga y Elliott Abrams calificó la huida como una “vergüenza” para el gobierno de España. Desde entonces el tema había desaparecido del circo mediático, hasta que el pasado 26 de marzo el fiscal William Barr revivió el caso de Hugo Carvajal y la ficción sobre el Cártel de los Soles.

En un año electoral en EU, la nueva ofensiva de la Casa Blanca, que incluye un renovado cerco naval a Venezuela en el Caribe, está dirigida a boicotear las negociaciones del gobierno de Maduro con partidos de oposición, y se da cuando en medio de la pandemia del coronavirus que sumió en una grave crisis sanitaria a la administración Trump, ha quedado evidenciada la declinación de la industria del shale (gas/petróleo lutita) basada en la fracturación hidráulica (fracking), con la quiebra el 1 de abril de la productora Whiting Petroleum Corporation (con proyectos en Dakota del Norte y Colorado), primera víctima de la guerra de precios del crudo, que en los próximos días podría arrastrar a otras 50 compañías del sector. Con lo que Venezuela, con las reservas más grandes de hidrocarburos del mundo, vuelve a ser el objetivo principal de Washington, en su pugna geopolítica con las potencias que le disputan la hegemonía del sistema capitalista.

 

Por Carlos Fazio | sábado, 04 abr 2020

Publicado enInternacional
Un grupo de personas hace cola para comprar alimentos en Venezuela durante la crisis del Covid-19. Euronews

En América Latina hacer frente al Covid-19 es especialmente complejo debido a la pobreza y las desigualdades económicas y sociales. Casi seis de cada diez personas trabajan en el mercado informal

 

Casi seis de cada diez latinoamericanos, según la Organización Internacional del Trabajo(OIT), forman parte del mercado de trabajo informal y representan un tercio de la economía. Para estas personas que viven al día, las drásticas medidas de cuarentena obligatoria, recomendadas por la OMS para enfrentar el Covid-19 y adoptadas por la mayoría de los gobiernos, suponen dejar de tener ingresos. Quedarse en casa es un lujo para los que trabajan en el sector informal. Sobrevivir a la cuarentena se convierte en un reto en sí mismo. En países como España o Italia, el confinamiento puede ser posible porque hay un espacio fiscal para subsidiar empresas y familias vulnerables. Sin embargo, en América Latina, con sectores públicos quebrados y un gran número de personas viviendo de la informalidad, la situación empuja a preguntarse si no será más peligroso “quedarse en casa” que el virus en sí. 

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Hector y Amparo fabrican artesanalmente unos tableritos didácticos para niños y niñas en Ibagué, Colombia. Normalmente los venden a librerías pero también reciben encargos y a veces los venden en la calle. Están a punto de jubilarse, con 61 y 60 años respectivamente, aunque ahora, con la falta absoluta de ingresos debido a la cuarentena del Covid-19, no pueden cotizar. “¿Qué vamos a hacer más de un mes sin recibir sustento?”, se pregunta Hector mientras cuenta que lo más importante es la comida y la salud, y lo difícil que le es conciliar el sueño. Cuando se le pregunta sobre los saqueos en Bogotá de estos días, resopla. “Yo entiendo a esa gente que no tiene, a los que venden su tintico (café), sus calditos… no están pudiendo vender”, dice por teléfono. “Ojalá que el gobierno nos vea”, repite. 

Antes del coronavirus, América Latina ya lidiaba con el estancamiento económico, la agitación política y social y la epidemia de dengue más grave de los últimos años –con más de tres millones de personas afectadas y 1.500 muertes. La caída del PIB latinoamericano a causa de los efectos del coronavirus se calcula que estará en casi el 2%. Y la recuperación dependerá en gran medida del restablecimiento de China al ser el segundo socio comercial, en algunos casos el primero, de la mayor parte de los países.

El lunes 16 de marzo las bolsas latinoamericanas se desplomaron por la bajada del precio del petróleo. Como también lo hicieron la industria relacionada con importaciones o exportaciones con China, los precios de otras commodities como el cobre y la multimillonaria industria del turismo en lugares masivos como Cuzco, Cancún o Buenos Aires. Comenzó el pánico. Las dificultades que ya venían de antes como resultado de la dependencia del mercado internacional y la inestabilidad de sus economías se sumaron a la crisis derivada del Covid-19.

Todavía no sabemos a ciencia cierta muchas cosas del virus: no conocemos su tasa de mortalidad, todas sus formas de contagio, si se genera algún tipo de inmunidad o el trastorno económico-social que causará. Hay algunos que ya hablan del periodo poscovid-19 como si hablaran de una posguerra. Lo que sí está claro es que sus consecuencias serán ecológicas, económicas y sociales. Es decir, convierte a la pandemia en un asunto político, y por lo tanto sistémico. Las dietas alimentarias deficitarias, la informalidad laboral, el hacinamiento urbano, los sistemas de agua residuales defectuosos o inexistentes, los sistemas de salud débiles, entre otros factores, hacen que la salida latinoamericana a la pandemia mundial quizás no sea seguir la misma receta que en Europa, Norteamérica o Asia. 

En la segunda mitad del año pasado América Latina, de Chile a Colombia, se levantaba indignada por la desigualdad social. Las clases medias se movilizaron denunciando una falta de recursos y dificultad de acceso en sanidad y educación en los diferentes procesos de privatización de la región. Es decir, con el aumento exponencial de infectados en coronavirus, el sistema sanitario se verá absolutamente desbordado: sólo Costa Rica y Uruguay destinan más del 6% del PIB a gasto público en salud,  como indica la Organización Mundial de la Salud. El gasto en España en sanidad sobre el PIB, por ejemplo, es del 8,9%. 

“La cuarentena desnuda desigualdades que ya estaban presentes”, señala Inés Nercesián, doctora en ciencias sociales y profesora de sociología histórica de América Latina en la Universidad de Buenos Aires. El acceso a la vivienda, a la salud, a la tecnología, a la cultura y la educación, a la economía o al territorio son aspectos que se vuelven más crudos durante la cuarentena, “pero esto no es algo nuevo, es una herencia”, apunta la experta. 

La responsabilidad es individual y colectiva

Sita vive en la provincia de Buenos Aires con su hija de 15 años. Sus ingresos provenían en su totalidad de la venta de inciensos en ferias de la ciudad y desde que se impuso la cuarentena obligatoria no puede salir a trabajar. Ahora vivirá de ayudas del gobierno. La cuarentena “es un compromiso a nivel social que resulta difícil de cumplir para todos, algunos porque no les da la gana y otros por necesidad”, comenta Sita por teléfono. Estar en casa es más sacrificio justamente para los que menos tienen: no saldrían a la calle por irresponsabilidad sino por subsistencia, pero ¿qué otra manera hay de combatir el virus? 

La medida Quedate en casa impulsada con mayor o menor flexibilidad en toda la región latinoamericana se apoya en la posibilidad de realizar teletrabajo. El problema viene cuando la mayor parte de la población no tiene un trabajo que pueda realizarse desde casa vía online, o cuando su trabajo necesita de un transito callejero como pequeños comercios, taxistas, empleadas domésticas o vendedores ambulantes. El cese de las actividades cotidianas impide que puedan generar los ingresos suficientes para subsistir a una población ya de por sí vulnerable y carente de ahorros. 

En Colombia, por ejemplo, con más de un 60% de la población en el sector laboral informal, antes de la cuarentena oficial se impuso un simulacro “para aprender bien”. En un vídeo publicado en su cuenta de twiter, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, en principio sin el apoyo del presidente Iván Duque, pedía que los bogotanos se quedaran en casa “aprendiendo cómo hacer una cuarentena cuando nos toque, por ahora es solo un simulacro de cuatro días”.

 “En el caso boliviano, la presidenta decide copiar pedazos del discurso y medidas del presidente de Gobierno español y leyendo en teleprónter lanza un paquete de medidas como si estuviera sentada en Madrid y no en La Paz”, sentencia la activista boliviana María Galindo en el blog de Radio Deseo, la emisora que codirige. Para poder quedarse en casa, primero hay que tener una casa y hay que estar a salvo dentro de ella. Para no salir de ella hay que tener el acopio suficiente de comida y para ello el suficiente dinero. Para seguir las recomendaciones de la OMS y de las autoridades sanitarias hay que tener una serie de facilidades, como el acceso a agua, por ejemplo. “Romantizar la cuarentena es un privilegio de clase” es el lema que circula por las redes sociales esta última semana. 

El primer caso registrado de Covid-19 en América Latina fue en Brasil el 26 de febrero. Hasta ahora es el país con más contagios y muertos y, sin embargo, el que menos medidas está tomando, al menos a nivel federal. Su presidente, Jair Bolsonaro, criticó la “histeria” global sobre la “gripecita”, mientras se hacía el test del virus al saberse que personal de su círculo estaba contagiado. Cuando fue consultado sobre la posibilidad de que la situación fuera similar a la de Estados Unidos, país en el que su presidente también ha desplegado una actitud negacionista, Bolsonaro contestó que “el brasileño tiene que ser estudiado, no coge nada. Usted ve a alguien buceando en una alcantarilla y no le pasa nada”, aseguraba con la excentricidad que le caracteriza. 

Algunos estados como los de Sao Paulo, Brasilia o Rio de Janeiro tomaron algunas medidas, por ejemplo en Rio se prohibió el acceso a las playas. 

Según el pronóstico de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), la economía brasileña puede contraerse un 4,4% en 2020, más del doble de lo estimado para el resto de América Latina. Al inicio de la semana pasada, el Gobierno anunció el apoyo a empresas afectadas por la crisis del virus, como Gol Linhas Aéreas, con 30.000 millones de dólares. A los trabajadores del sector informal, unas 38 millones de personas, a regañadientes por las críticas recibidas en un descontento social generalizado, el gobierno accedió a otorgarles una ínfima ayuda mensual de 200 reales (unos 35 euros). 

A pesar de haber registrado ya cincuenta muertes, México tampoco parece estar tomándose muy en serio las recomendaciones de la OMS. Algunas universidades y escuelas privadas han cerrado por iniciativa propia ya que el gobierno federal solo había propuesto la eufemística campaña Una sana distancia para evitar contactos cercanos. “Igualmente la gente se está quedando en sus casas, los restaurantes están cerrando, los lugares de turismo especialmente dedicado a norteamericanos también”, cuenta Ivonna, una artesana española que lleva años viviendo en Ensenada, al norte de México.

La falta de tránsito en las calles, la “cuarentena voluntaria” y el descenso de la actividad económica global están haciendo que el 53% de la población mexicana que trabaja de manera informal se vea especialmente afectada: por el lado económico pero también sanitario, al estar exponiéndose al contagio del virus. Ivonna nos explica que al no haberse implementado medidas fuertes a nivel federal, seguramente “el gobierno no va a ofrecer ayudas para los sectores más vulnerables”.

En Ecuador, el segundo país de América Latina al que más está afectando la pandemia, “las medidas adoptadas por el gobierno tienen un sesgo social de clase media-alta” advierte Diana Massa, trabajadora en gestión social en una organización en Quito. El 10 de marzo el gobierno lanzó unas medidas económicas ante la caída del petróleo a nivel mundial para intentar contrarrestar los posibles efectos del coronavirus. Estas medidas se parecían mucho a las que produjeron los levantamientos sociales a finales del año pasado: eliminar los subsidios a los combustibles y despidos y bajada de sueldos a funcionarios públicos. Esto lleva a muchas personas a trabajar en régimen de informalidad, que ya de por sí llega casi al 60% de la población ocupada.

En Guayaquil, la ciudad ecuatoriana con el 80% de los contagiados de coronavirus, el gobierno ha recogido más de trescientos cadáveres de personas que ni siquiera llegaron a ser atendidas en centros médicos. La falta de infraestructura básica, servicios y equipamientos sanitarios ha quedado totalmente al descubierto. Las autoridades locales anunciaron la apertura de una fosa común en vista de los muertos que empezaron a aprecer en las calles, las aceras y los barrios. Mientras, el presidente Lenin Moreno, habla de que la “humanidad está enfrentando una guerra” y hace un polémico “uso de la fuerza” para mantener a la gente en casa. La ministra de salud, Catalina Andramuño renuncia a su cargo alegando falta de medios suficientes para enfrentar la crisis. Y, el director de cultura de Guayaquil publica en sus redes un texto donde culpabiliza de la expansión de la pandemia a “gente extramadamente ignorante”, “primitiva”, “de corto criterio y capacidad de análisis”, entre los que incluye a la migración venezolana “que viven como parásitos”. 

Mientras el presidente ecuatoriano habla de que la “humanidad está enfrentando una guerra” y hace un polémico “uso de la fuerza” para mantener a la gente en casa, la ministra de salud, Catalina Andramuño, renuncia a su cargo alegando falta de medios suficientes para enfrentar la crisis. 

Venezuela impuso el aislamiento obligatorio desde el 17 de marzo, y con ello se suspendió el pago de servicios como luz, gas, o agua, y de alquileres durante los próximos seis meses. El Sistema Patria anunció el pago de las nóminas de las pymes y un bono para los trabajadores informales, unos 12 millones de personas aproximadamente. Ante el miedo al desbordamiento del sistema público de salud, que suma las enfermedades provocadas por el Covid-19 a la crisis humanitaria venezolana ya existente, el gobierno de Nicolás Maduro, en contra de lo que históricamente había criticado el chavismo, pidió un crédito de 5.000 millones de dólares al FMI. Esta institución lo rechazó.

En Perú, casi siete de cada diez personas no cuenta con trabajo formal, ni con seguro social, ni pensión, ni en la mayoría de las ocasiones con pago fijo (salvo algunas excepciones como empleadas domésticas). El Gobierno de Martín Vizcarra impuso una cuarentena total y obligatoria, cerró las fronteras y sacó el ejército a la calle para mantener a la gente en sus casas. Según sus propias estimaciones, “nueve millones de personas forman parte de una familia donde si no se trabaja no se come mañana”. Por ello, el Ejecutivo anunció una medida extraordinaria: un bono de 308 soles (unos 100 euros). Varios colectivos han apuntado que esta medida no llega a las personas que no siendo “pobres de solemnidad” no podrán realizar sus trabajos con normalidad a causa de la cuarentena impuesta por el gobierno.

¿Son más peligrosos los efectos de la cuarentena que el virus?

En Argentina ya de por sí muchos de los trabajadores informales son pobres: “La falta de ingresos, sea por reclusión o por caída de la actividad económica, les hará de manera casi inmediata más daño a la salud que el coronavirus”, asegura el economista Jorge Colina en el informe IDESA (Instituto de Desarrollo Social Argentino). Para él, en este país, con aproximadamente un 45% de las familias viviendo en la informalidad, parar la actividad económica y aislar a la población es un remedio que tiene costos sociales más elevados que el beneficio de evitar la enfermedad. “El remedio será peor que la enfermedad”, sentencia Colina ante la situación del sector público argentino endeudado y sin mucho margen de actuación.

Para hacer frente a la cuarentena obligatoria, el gobierno argentino presentó un bono de 10.000 pesos (140 euros) para tres millones y medio de familias que viven de ingresos laborales informales. Además de que la cantidad no es suficiente si se tiene que pagar un alquiler, la ayuda excluye a las personas migrantes que no lleven más de dos años regularizadas en el país. Los trabajadores migrantes se llevan así la peor parte: “Somos vistos como enemigos internos”, critica Jorge, miembro del Bloque de Trabajadores Migrantes. La falta de posibilidades de radicación legal y los entorpecimientos burocráticos les condenan a trabajos informales y especialmente precarizados. 

La gran mayoría de los bolivianos –el 83%, según la OIT– viven al día de los productos que venden en la calle, de las pequeñas tiendas y de otros empleos no regularizados: sin la actividad de tránsito diaria están condenados a la inanición. A raíz de la cuarentena establecida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, los conflictos no se han hecho esperar. El domingo 22 de marzo, durante la hora del mercado, miembros de la policía intentaron en la ciudad de Oruro “hacer cumplir la cuarentena” impidiendo el comercio con normalidad y fueron apedreados. “Es muy lamentable de esta urbanización que no le gusta acatar las normas que se lanzan”, denunció el jefe de la Unidad de Defensa al Consumidor de la Alcaldía de Oruro para el canal de televisión ATB Digital

El anuncio de la presidenta para mitigar los posibles efectos del confinamiento obligatorio fue la dotación de una canasta familiar gratuita valorada en 400 bolivianos (un poco menos de 60 euros) que beneficiará a un millón y medio de personas de las nueve millones que se verán gravemente afectadas. Además, por causa del coronavirus, se reforzó la presencia policial y militar en las calles y se aplazaron las elecciones presidenciales del 3 de mayo, que pondrían fin al gobierno de facto que destituyó a Evo Morales el año pasado.

Dilema de la humanidad

Esta crisis pone en tela de juicio a todo el mundo: a la economía, con sus empresas, sus empresarios y sus trabajadores, más o menos precarizados, la salud, la forma de relacionarnos y la forma de proyectarnos hacia el futuro. El gran reto al que ya de por sí se enfrentan los gobiernos y las sociedades de los países más afectados por el Covid-19 cobra particularidades especialmente complejas en América Latina por las desigualdades sociales estructurales y su dependencia a los países centrales. Para el futuro hay más preguntas que respuestas y casi todas nos llevan al gran dilema: ¿de qué manera se afrontará esta crisis?, ¿cómo se resolverán los impagos de deuda?, ¿nos esforzamos por salvar la economía y a la minoría adinerada o al resto de la sociedad?, ¿pondrán en el centro la vida o los mercados?, ¿es esto un falso dilema y hay otras vías que no estamos viendo?, ¿serán los Estados los que salgan fortalecidos de la crisis?

Organismos internacionales, como el FMI en Ecuador, ya han desembarcado tras el acuerdo firmado el año pasado, ahora con el especial cometido de “subvencionar” la lucha contra la recesión económica en América Latina causada por el coronavirus. “Yo esperaría que con los fondos internacionales que han llegado, se tomen medidas de protección social: se entregue comida, se instalen nuevos albergues, se subvencione o abarate el costo del examen del coronavirus”, dice Diana Massa desde Quito. Además, la experta, no descarta algún tipo de movilización social en las próximas semanas: “Si la gente no tiene qué comer se va a meter en los supermercados”.

La socióloga Inés Nercesián, desde Buenos Aires, mucho más optimista, resalta la idea de que no hay ni A ni B: “Hay que resolver todo junto y al mismo tiempo”. América Latina debe reconstruir redes y lazos de solidaridad, usar la imaginación para sobreponerse a esta crisis, algo para lo que tiene sobrada capacidad y experiencia. “Que esto sirva de enseñanza a la humanidad”, decía el presidente de Argentina Alberto Fernández en uno de sus discursos televisados. Para reconstruir el esquema social y político, Nercesián aboga por el trabajo conjunto de ciencia, tecnología, conciencia ciudadana, seguridad y mecanismos para contener la economía bajo otros formatos. “Esperemos que a raíz de este tipo de crisis revisemos cuestiones que tienen que ver con la enorme concentración de la riqueza y poder de algunos grupos en detrimento de otros”.

por Beatriz Hernández Pino Buenos Aires , 4/04/2020

Publicado enSociedad
La pandemia amenaza con dejar entre 14 y 22 millones de personas más en pobreza extrema en Latinoamérica

El coronavirus aleja aún más el objetivo de erradicar la carestía extrema, según la Cepal. En el horizonte más optimista, el 5,7% de su población estará en esa situación en 2030; en el más pesimista, el 11,9%

 Del bajo crecimiento a la recesión, sin solución de continuidad. El coronavirus ha transformado el sombrío horizonte económico en América Latina en el peor en más medio siglo, como recuerda a EL PAÍS el jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la región, Alejandro Werner. El brazo económico de Naciones Unidas para el desarrollo del subcontinente, la Cepal, se ha sumado este viernes al pesimismo sobre el frenazo de la actividad a escala global y sobre el golpe que va a hacer en una región siempre expuesta a los vaivenes de las materias primas, la manufactura, el turismo y las remesas. El choque será especialmente fuerte en una métrica clave del desarrollo social: la pobreza extrema. Según las cifras del organismo, si el avance de la pandemia provocase una caída del 5% en el ingreso medio de la población activa, el número de latinoamericanos en pobreza extrema pasaría de los 67,5 millones actuales a 82 millones. Si la merma de ingresos para la población económicamente activa fuese del 10%, esa cifra se dispararía hasta los 90 millones de personas.

Incluso antes de la llegada del Covid-19, la región no iba en buena dirección para acabar con la lacra de la pobreza extrema una década vista, tal como marcaba la hoja de ruta de la ONU. Tras una década larga de mejora, la tasa de población en situación de carestía extrema en América Latina —de por sí la región más desigual del mundo— lleva algo más de un lustro encadenando aumentos sobre unas bases ya muy altas: del mínimo de 2012 (8,2%) se ha pasado hasta superar con creces el doble dígito. El bajo crecimiento y la menor pujanza redistributiva de muchos Gobiernos de la región ya se habían dejado sentir en los últimos tiempos en un indicador clave del avance social, pero la pandemia es la puntilla: sin el efecto Covid-19, este indicador habría alcanzado el 10,7% a finales de este año; con el coronavirus ya en el mapa de riesgos, se disparará hasta el 13,3%.

En el nuevo escenario, los cálculos más optimistas (que contemplan una reducción de la desigualdad del 1,5% y un aumento del PIB por habitante del 5%) apuntan a una pobreza extrema en el entorno del 2,9% en 2030; y en el más pesimista (sin cambio en el patrón distributivo y con un crecimiento per cápita del 1%), ligeramente inferior al 9%. Pero la sacudida del virus sobre los cimientos mismos de la economía es la puntilla: hoy el cálculo más optimista apunta a una pobreza extrema del 5,7% de la población en 2030 y en el más pesimista, el 11,9%.

“El mundo se enfrenta a una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes en el último siglo”, ha subrayado este viernes la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, en la presentación de un monográfico sobre las secuelas económicas y sociales del virus en el subcontinente. “El mundo no va a ser el mismo después de esta pandemia y la reactivación económica va a tomar su tiempo. No es una crisis financiera, sino de salud y bienestar. Y va a ser imprescindible el rol del Estado y no el del mercado: es el Estado, lo público, lo que nos va a sacar de esta crisis. No podemos volver a transitar por los mismos caminos que no han traído a estas grandes brechas”, ha dicho desde Santiago de Chile. “Estamos ante un cambio de época, de paradigma. Y tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo”.

En el plano macroeconómico, la Cepal prevé un golpe múltiple para América Latina, fundamentalmente a través de seis canales: la disminución de la actividad económica en sus principales socios (Estados Unidos, Europa y China), abaratamiento de las materias primas, interrupción de las cadenas mundiales de valor, menor actividad turística, reducción de las remesas e intensificación de la aversión al riesgo en los mercados mundiales. “Estamos ante una profunda recesión”, ha alertado. Todavía es pronto para poner cifras, pero la Cepal cree que la previsión inicial de impacto, del 1,8% del PIB, ya se ha quedado obsoleta. “Si le sumamos el impacto que está teniendo en EE UU y Europa, más allá de China, ya hablamos del 3% o el 4%”. Aunque la dentellada económica de las medidas de distanciamiento social va a ser fuerte, Bárcena ha hecho un llamamiento a mantener o aumentar las medidas aplicadas hasta ahora: “Si no cumplimos las cuarentenas en América Latina y el Caribe el impacto económico será mucho mayor”, ha sentenciado.

Como respuesta a este nuevo panorama económico, ha dicho la jefa de la Cepal, “la integración regional es crucial para enfrentar la crisis, más allá de las diferencias políticas. Lo más urgente es reconstituir las cadenas regionales de valor para disminuir la volatilidad externa. Es, quizá, una oportunidad para mirarnos hacia dentro”. Esta vez “el salvavidas no van a ser las materias primas: el impulso va a venir de los paquetes fiscales”. Y América Latina “carece del espacio suficiente" para responder a la coyuntura con el mismo brío que las economías avanzadas. Ante esa tesitura, ha agregado, la opción más conveniente sería que la comunidad internacional apoyase a los países de renta media mediante un “recorte o reperfilamiento” de su deuda. “Necesitamos medidas que están fuera de la caja, innovadoras: necesitamos que el FMI y el Banco Mundial nos ayuden”.

En el plano puramente sanitario, Bárcena ha recordado que el nivel de camas de hospital disponibles en la región está muy lejos del de Europa, donde el coronavirus está haciendo estragos y está exhibiendo que ningún sistema de salud es lo suficientemente fuerte como para resistir un choque de esta magnitud. En la región, los únicos países que tienen un nivel de disponibilidad de camas similar al de la Unión Europea son, según los datos de la Cepal, Cuba y dos pequeñas naciones caribeñas: Barbados y San Cristóbal y Nieves. Y el gasto público sanitario medio del área supera por poco el 2,2%, la tercera parte de lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Madrid - 03 ABR 2020 - 15:50 COT

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