Acusan en Colombia a 10 militares por desapariciones y asesinatos

Un general, seis oficiales y tres suboficiales habrían participado en 120 ejecuciones de civiles presentados como guerrilleros

 

Bogotá. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acusó ayer a 10 militares y a un civil por 24 desapariciones forzadas y al menos 120 asesinatos de civiles a los que presentaron falsamente como guerrilleros muertos en combates en medio del conflicto armado de Colombia.

Se trata de la primera acusación formal en contra de efectivos del ejército colombiano en medio de las investigaciones por los denominados falsos positivos o asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

Para la JEP, los acusados tuvieron una participación determinante en los asesinatos en estado de indefensión, presentados como bajas en combate en la región de Catatumbo, en el departamento de Santander, entre enero de 2007 y agosto de 2008, para aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar en los combates contra la guerrilla.

"La Sala de Reconocimiento les imputó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil", dijo un comunicado leído por la magistrada Catalina Díaz.

Los imputados, señalados por la JEP como máximos responsables por haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada, son un general, seis oficiales, tres suboficiales y un civil.

De acuerdo con la acusación, los asesinatos y las desapariciones forzadas se inscriben en un mismo patrón macrocriminal a partir de la política institucional del ejército de conteo de cuerpos, de incentivos y la constante presión sobre comandantes y subordinados para obtener "muertos en combate". Díaz señaló que las víctimas fueron campesinos, agricultores, comerciantes y transportistas informales.

La JEP reveló que al menos a 6 mil 402 personas fueron asesinadas en Colombia por efectivos del Ejército y presentadas falsamente como rebeldes entre 2002 y 2008 a cambio de beneficios que incluían permisos, vacaciones y reconocimientos.

Decenas de oficiales del ejército detenidos y condenados por su participación en los asesinatos han comparecido ante la JEP en busca de penas más leves que las que les corresponderían en el sistema de justicia ordinaria.

El presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes, dijo que si los 11 acusados no aceptan los cargos podrían recibir una sentencia de hasta 20 años de cárcel en la justicia ordinaria.

La JEP es parte del acuerdo de paz firmado en 2016 con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que permitió la desmovilización de unos 13 mil miembros del grupo rebelde, aunque algunos rechazaron el pacto y continúan la lucha armada contra el gobierno.


La Jurisdicción Especial de Paz los señaló como responsables de crímenes de lesa humanidad

Colombia: imputan a diez militares y a un civil por los "falsos positivos"

Se trató de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Álvaro Uribe. "Recibimos con gran satisfacción este auto judicial que ha probado que se trató de una práctica sistemática militar", destacó Jacqueline Castillo, representante legal de la organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá. 

Por Guido Vassallo

07 de julio de 2021

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia imputó este martes a diez miembros del Ejército y a un civil por las salvajes ejecuciones militares conocidas como "falsos positivos". Los once hombres fueron imputados por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada entre 2007 y 2008 en la convulsa región del Catatumbo, al noreste de Colombia. Entre las víctimas hay líderes sociales, campesinos, políticos locales, personas con discapacidades y supuestos consumidores de drogas. Se trata de la primera decisión de este tribunal nacido del Acuerdo de Paz en torno al Caso 03, que corresponde a las "muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado".

"Desde el colectivo recibimos con gran satisfacción este auto judicial que ha probado que se trató de una práctica sistemática militar. Sabemos que es un paso más después del avance que se dio con la versión de Juan Manuel Santos (además de expresidente fue ministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe), cuando reconoció que los jóvenes masacrados no eran guerrilleros". destacó en diálogo con PáginaI12 la representante legal de la organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), Jacqueline Castillo.

Crímenes de lesa humanidad

La magistrada Catalina Díaz, una de las relatoras del caso de los falsos positivos, sostuvo que "la evidencia indica que los imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada". Aunque el alto mando castrense siempre negó que se tratara de una acción sistemática, según la JEP "estos hechos no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate".

El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, valora mucho que la jurisdicción deje en claro la naturaleza de los crímenes. "Esta ha sido una discusión muy larga y muy intensa porque el uribismo ha sostenido la tesis de que los mal llamados falsos positivos son hechos delictivos que no responden a unos patrones ni a una planificación, y se inscriben mas bien en hechos excepcionales que tuvieron lugar a partir de una mala interpretación de unos estímulos que se crearon al interior de las fuerzas militares para promover lo que se llamaba el conteo de cuerpos, es decir los éxitos operacionales", destacó Cepeda ante la consulta de este diario.

Entre los imputados por la JEP se encuentra el general Paulino Coronado, quien en la época en que se cometieron los delitos comandaba la Brigada 30 del Ejército, que hacía presencia en la región fronteriza de Catatumbo. Dos coroneles, un teniente y varios oficiales de inteligencia también están involucrados. El tribunal de paz colombiano había revelado en febrero su estrategia para esclarecer estos hechos y explicó que el departamento de Norte de Santander, donde se han contabilizado el 82 por ciento de las víctimas entre 1999 y 2008, le serviría de plataforma para abordar los ocurridos en Catatumbo entre 2007 y 2008. 

El organismo judicial colombiano identificó dos patrones durante las ejecuciones. Por un lado, "el asesinato de personas en estado de indefensión que son previamente seleccionadas en base a prejuicios", y por otro "una suerte de sofisticación criminal" consistente en reclutar a las víctimas de otros territorios para matarlas en Catatumbo y "reportar su muerte como baja en combate". 

"Bajo una lógica criminal cercana a la de la limpieza social, estas víctimas fueron seleccionadas porque eran trabajadores informales o desempleados, tenían alguna discapacidad o porque eran habitantes de calle", denunció el tribunal surgido de los acuerdos de paz firmados con la disuelta guerrilla FARC en 2016. En el auto de casi 300 páginas, la JEP recopila cómo los jóvenes eran reclutados bajo premisas de "un trabajo bien remunerado" en municipios como Soacha, llevados a Catatumbo y de ahí en algunos casos les ofrecían "trago" o "drogas", no los dejaban contactarse con nadie y eran entregados a una "unidad militar ejecutora".

A partir de este martes los imputados tienen 30 días para reconocer o no su participación en los hechos. Quienes confiesen su responsabilidad y reparen a las víctimas podrán recibir una pena alternativa a la prisión. "Los imputados que no acepten responsabilidad ni aporten verdad se exponen a penas privativas de la libertad de hasta 20 años", advirtió el presidente del tribunal, Eduardo Cifuentes. Por su parte el senador Cepeda recordó que "si los militares quieren recibir los beneficios de la jurisdicción, deberán cumplir con el compromiso de verdad y reparación".

La voz de los familiares de las víctimas

Madres y familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales pidieron este martes que los imputados por la JEP colombiana reconozcan sus delitos. "Para nosotros es una gran satisfacción estar escuchando esta determinación que está dando la JEP y yo creo que más claras no pueden estar las cosas", aseguró la representante legal de Mafapo, Jacqueline Castillo, quien además exige conocer la verdad sobre la muerte de su hermano Jaime.

Jaime Castillo Peña tenía 42 años cuando desapareció el 10 de agosto de 2008 en la ciudad de Bogotá y apareció muerto el 12 de agosto en el municipio de Ocaña en Norte de Santander. "Una distancia de 16 horas por ruta", remarcó la titular de Mafapo, quien agregó que "al igual que otros jóvenes, en dos días a Jaime lo habían convertido en guerrillero y le dieron de baja".

Castillo remarcó que más allá de que exista una condena ejemplar, lo que las mujeres agrupadas en Mafapo buscan es conocer, finalmente, "quién dio la orden de cometer todos estos crímenes". En ese sentido, llama a los militares a que "no sientan temor y den la cara" para avanzar en el esclarecimiento de los hechos: "Saben que ahorita tienen que asumir sus consecuencias. O aceptan que cometieron estos hechos o tendrán que pagar las penas que la JEP les puede imponer. Creo que a estas alturas está muy dificil que ellos tapen la verdad con un dedo".

La responsabilidad de Uribe

Los últimos datos de la JEP cifran en 6.402 los civiles asesinados a manos del Ejército para hacerlos pasar por guerrilleros abatidos desde 1988, aunque la Fiscalía contabiliza 2.248. La mayoría de estos crímenes, según el tribunal de paz, habrían ocurrido en un período temporal más corto, entre 2002 y 2008, coincidiendo con los primeros seis años del mandato del expresidente Álvaro Uribe, referente de la derecha colombiana y consejero del actual mandatario Iván Duque.

Frente al avance hacia la responsabilidad política de los crímenes, Cepeda se muestra optimista. "Creo que tarde o temprano se va a llegar a los principales responsables. En días anteriores el expresidente Santos presentó su testimonio ante la Comisión de la Verdad y muchos sectores han reclamado que haga lo propio Álvaro Uribe. Por supuesto este es un asunto que no quedará resuelto si su papel no es esclarecido", manifestó el senador de izquierda. 

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Martes, 29 Junio 2021 08:57

Un régimen sediento de venganza

Un régimen sediento de venganza

El operativo de guerra contra Puerto Resistencia en Cali

 

A través de sus agentes locales, el régimen de Iván Duque dio inicio a una feroz venganza contra la juventud y las comunidades de Cali que han resistido en calles y barrios durante los dos meses del Paro Nacional, que se cumplieron este lunes 28 de junio de 2021.

La más alevosa de esas operaciones comenzó a las cuatro de la madrugada del sábado 26 de junio, cuando un impresionante contingente calculado en mil hombres de fuerzas combinadas de Ejército y Policía incursionó sobre Puerto Resistencia, en el suroriente de la ciudad, para tratar de destruir este punto de lucha juvenil y popular, convertido en ejemplo de combatividad y persistencia en el Paro.

El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Juan Carlos León, lanzó toda clase de señalamientos y sindicaciones contra este epicentro de lucha popular en Cali, hasta las más inverosímiles, y el secretario de “Seguridad y Justicia” de la Alcaldía, Carlos Javier Soler, un coronel retirado recientemente nombrado en el cargo, apareció insólitamente con pistola al cinto, como si hiciera parte del operativo armado, en actitud de provocación que originó el repudio de miles de caleños.

Recién iniciado el operativo, y luego de no encontrar nada de lo que al parecer buscaban para saciar su venganza judicial contra la comunidad en el punto, el general León, sin tener autoridad para ello, anunció que el Monumento a la Resistencia, erigido en homenaje a las decenas de víctimas de la represión del régimen contra la juventud, sería demolido.

El monumento, inaugurado el domingo 13 de junio de 2021, es una obra colectiva en la que participaron decenas de artistas y personas de la comunidad caleña, es también un legado que trasciende las fronteras de Cali y se ha convertido en símbolo del Paro Nacional y de la solidaridad a lo largo de toda Colombia y Latinoamérica.

El anuncio del comandante de la Policía reveló las intenciones de la clase dirigente de la capital del Valle del Cauca, que desprecia el sentimiento popular, ha generado un ambiente de estigmatización contra la protesta juvenil y promueve ahora, a través de nuevos funcionarios de corte uribista nombrados por el alcalde Jorge Iván Ospina para congraciarse con la ultraderecha, la criminalización de la protesta.

Sin duda, el despliegue de guerra contra Puerto Resistencia, con hombres de camuflado portando fusiles y ametralladoras, acompañados de tanquetas, drones y sobrevuelos de helicópteros en la oscuridad de la madrugada sabatina, tenía todas las intenciones de generar terror entre la población y de dar la sensación de sometimiento de una comunidad para beneplácito de la galería más reaccionaria de la ciudad, que todos los días, usando sus medios masivos tradicionales de comunicación, reclamaba el levantamiento de los puntos de resistencia juvenil a como diera lugar, a sangre y fuego si fuera preciso.

“FUERA, FUERA”

Pero el operativo constituyó una derrota para esa rancia oligarquía caleña, cuyo desproporcionado aparataje armado policial y militar no encontró ni los “arsenales” que esperaban para desacreditar la resistencia, ni los “nidos” de delincuencia con los que todo el tiempo han desinformado y tratado de desprestigiar la lucha popular.

Por el contrario, los organizadores del operativo recibieron el repudio masivo de los pobladores de los barrios que circundan este amplio sector popular del sur oriente caleño, que no dudaron en ir ante los ocupantes de su territorio a increparles por su montaje.

“Con nuestro monumento no se metan, lo defenderemos de principio a fin, es una construcción de toda la comunidad y ustedes no tienen ninguna autoridad para derrumbarlo”, opinaba la gente que fue despertada por los tambores de guerra de los centenares de hombres invadiendo un territorio de lucha y de resistencia.

“¡Fuera, fuera, fuera!”, gritaba a los contingentes de las Fuerzas Armadas y a la burocracia de la Alcaldía de Cali la comunidad que madrugó a defender no solo el Monumento a la Resistencia sino también el espacio de solidaridad mantenido a lo largo de dos meses de Paro.

Fue de tal magnitud el rechazo de la población, que el alcalde Ospina no tuvo más remedio que pronunciarse desmintiendo que se hubiera dado la orden de destruir el monumento, aunque quedó en evidencia que fue la respuesta popular la que derrotó la provocación y la venganza oligárquica en Puerto Resistencia, a pesar de la planificada agresión.

EL SECRETARIO DE LA PISTOLA

Ante la aparición en Puerto Resistencia del secretario de “Seguridad y Justicia” con pistola al cinto, cual sheriff gringo, se produjeron numerosos pronunciamientos de rechazo. “Un funcionario público no debe intimidar a los ciudadanos ostentando un arma, menos en un lugar de protesta social que era víctima de un ataque policial y del ejército donde debe guardarse la prudencia que no tuvo al exhibirse en forma agresiva”, declaró Alberto Jairo Palomino, dirigentes político y social en Cali.

Al rechazar el acto de provocación del funcionario, el jurista Armando Palau Aldana recordó, además, que “el permiso de porte de armas está suspendido desde el 1o. de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021 por el Decreto 1808 de 2020”, y reiteró que, en consecuencia, Soler violó la prohibición expedida por el mismo gobierno del cual es emisario en Cali.

Por su parte, James Larrea, defensor de derechos humanos, sostuvo que no es dable que “un secretario u otro funcionario en ejercicio de sus labores, preste sus servicios con pistola al cinto y con la intención de desenfundar al menor indicio que a él se le ocurra”.

“El mensaje inequívoco es que el gobierno de Ospina apoya la colaboración de civiles armados en acciones represivas de la policía”, manifestó el exfiscal José Élmer Montaña, quien subrayó que “en momentos en que tenemos brotes de paramilitarismo en el sur de la ciudad, esto alienta la conformación de este tipo de organizaciones”.

La Unión de Resistencia de Cali, URC, se pronunció exigiendo la renuncia de Carlos Javier Soler al cargo de secretario de “Seguridad y Justicia”, y explicó que la posición del funcionario “no permitirá encontrar una salida dialogada y pacífica a la realidad de la ciudad. El paro continúa, nuestras asambleas permanentes continuarán, nuestra lucha es en las calles y exigimos garantías para el ejercicio de nuestro derecho constitucional”.

SED DE SANGRE

Ya el lunes 21 de junio la Policía, utilizando al Esmad y a otro de sus escuadrones preferidos en la represión 2021, el Goes (Grupos de Operaciones Especiales), había arremetido en la tarde y la noche contra los jóvenes de Puerto Resistencia, especialmente en inmediaciones del barrio Villa del Sur.

En la represión, decenas de habitantes de los barrios circunvecinos resultaron afectados por los gases lacrimógenos, las granadas aturdidoras y el estruendo de las armas de fuego disparadas por la policía.

La jornada dejó otro joven asesinado, identificado como Juan Carlos Arce, un hecho trágico que aumentó la cifra de homicidios contra participantes en el Paro a 46 en Cali y a 60 en todo el Valle del Cauca.

Y mientras en Cali ocurría esto, en otros puntos del país se registraban más homicidios perpetrados por la Fuerza Pública en la represión de la protesta, como sucedió en Bogotá, donde perdieron la vida por balas oficiales Jaime Alfonso Fandiño, en Usme, y Edward Castillo.

DETENCIONES A GRANEL

La venganza contra la resistencia juvenil emprendida por el aparato represivo del Estado, a través de la Fiscalía y de las Fuerzas Armadas, incluye detenciones de jóvenes a los que sindican de toda clase de delitos, en una aplicación clasista y selectiva de supuesta “justicia”, en Cali y Yumbo.

Uno de los detenidos es Yeison Fabián Muñoz Narváez, cuya familia informa que es un joven que está siendo procesado judicialmente por un delito que no cometió en los hechos acaecidos el 28 de mayo en el sector de La Luna, donde pereció un agente de la Fiscalía luego de que el funcionario asesinara a dos manifestantes. Los familiares del joven Muñoz solicitan solidaridad de la comunidad caleña y asistencia jurídica.

La Red de Derechos Humanos Francisco Javier Ocampo Cepeda, entre tanto, denunció la detención sin orden judicial de tres jóvenes de Paso del Aguante: Carolina Montaño Cuero, Cristián Andrés Cortes Ortiz y Jhon Michel Cardona Jaramillo. “Alertamos sobre la detención arbitraria, la seguridad personal y los posibles falsos positivos judiciales en contra de los manifestantes”, dice el pronunciamiento de la Red.

Por otro lado, desde Yumbo el Comité Municipal del Paro Nacional denunció la captura de tres activistas de la protesta en el barrio Juan Pablo II, identificados como José James Cabezas Quiñones, Sebastián Neuta y Diego Luis Tascón, y sostuvo que la Sijin de la Policía construyó un montaje judicial a través de un supuesto testigo anónimo para inculpar a los detenidos de lesiones contra un agente que el 29 de abril disparó públicamente contra los participantes en el Paro, a la altura del barrio La Estancia.

“Tal como sucedió con los compañeros manifestantes del corregimiento de Dapa, se trata de un nuevo montaje de la Policía Nacional para judicializar la protesta social en Colombia”, aseveró el Comité.

En el cúmulo de detenciones también se encuentran privados de la libertad en la cárcel de Palmira los jóvenes Kevin David Cerón Díaz, Jeison Andrés Caicedo Ortiz y Jeison Andrés Ospina Monsalve, manifestantes de Paso del Aguante (Paso del Comercio).

TUTELAS AVANTES

Las resistencias han estado acompañadas no solo de la perseverancia de los jóvenes en las calles, sino también del esfuerzo de destacados líderes sociales y de juristas, que ha transmitido a las nuevas generaciones de luchadores sus conocimientos y experiencia.

Dos ejemplos ilustran lo anterior: el primero es el de Rodrigo Vargas Becerra, presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos en Yumbo, veterano líder social que se formó en las luchas obreras de los años ochenta y noventa y quien ha estado a lo largo de los dos meses del Paro de 2021 al lado de los muchachos expresando su solidaridad y aportando luces para el devenir de la brega social.

Vargas Becerra logró que una tutela impetrada por él exigiendo el respeto al derecho a la protesta fuera aprobada mediante sentencia judicial, y acaba de obtener también que la autoridad judicial exija al alcalde de Yumbo y a la gobernadora del Valle que la tutela se cumpla, pues de lo contrario operará la sanción correspondiente al desacato.

El otro ejemplo es el del abogado Armando Palau Aldana, experto en derecho del medio ambiente y en derecho administrativo e integrante de la Asociación Americana de Juristas, quien ha venido asesorando a la Unión de Resistencias de Cali de manera altruista e igualmente solidaria.

Palau Aldana logró que este lunes 28 de junio el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profiriera una sentencia mediante la cual “se amparan los derechos fundamentales a la protesta pública y pacífica así como el debido proceso de los accionantes, la Unión de Resistencias Cali”, y, en consecuencia, se dejara “sin efectos la orden de la Jueza 16 Administrativo de Cali de suspensión del Decreto Distrital 304 de 2021 que adoptó garantías para la construcción de acuerdos” e institucionalizó la mesa de diálogo.

“El Tribunal consideró que la suspensión ordenada por la Jueza 16 no cuenta con soporte constitucional suficiente en una etapa temprana del proceso de nulidad y la limitación de derechos e intereses que conlleva resulta más gravosa para los derechos fundamentales de todas las personas que quieran sumarse al diálogo en el marco del conflicto”, explicó Palau Aldana.

De esta forma, en el Valle del Cauca la resistencia también se expresa en la lucha jurídica, que respalda la protesta pacífica de la juventud y el pueblo que continúan en el Paro Nacional.

Cali, lunes 28 de junio de 2021.

PERIODISMO LIBRE

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Jeider Ospina fue soldado profesional entre el 2002 y el 2008. En el 2006 participó de una operación en la que ejecutaron a dos inocentes para ser pasados como guerrilleros.

25.02.21 - Jeider Ospino fue soldado profesional entre los años 2002 y 2008. En 2006 estuvo adscrito a la contraguerrilla Arpía 1, una fuerza especial del Ejército colombiano que operó en la Costa Caribe bajo el mando del Batallón Cartagena. Ospino era un soldado raso y joven. Hoy es un trabajador informal en las calles de una de las grandes ciudades de Colombia. Hace 15 años fue retirado del servicio por un crimen que asegura no cometió. Pero sostiene que su conciencia le impide dormir tranquilo sobre lo que sí hizo: participar de los mal llamados falsos positivos.

Ospino está decidido a contar lo que sabe en la Jurisdicción Especial de Paz [JEP], la cual hace poco reveló que el universo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública que investigan suma más de 6.402 y no 2.000 como creía la Fiscalía. La revelación del tribunal de paz ha sacado a la luz pública relatos desconocidos sobre cómo, en medio del conflicto armado, los uniformados de Colombia actuaron como una fuerza criminal que, atraídos por recompensas y bonificaciones, asesinaron a personas desarmadas que registraron como guerrilleros muertos en combates.

Uno de esos testimonios es el de este soldado retirado, quien asegura que en los primeros años del primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) se mantuvo la legalidad en las operaciones, pero pronto empezaron las presiones para dar mayores resultados.

"En donde yo operé, el enemigo se fue retirando hacia la frontera y al no encontrar con quien combatir fue que se inventaron los falsos positivos, porque había mucha presión para entregar resultados que se pagaban con bonificaciones, premios, vacaciones, comisiones y medallas", narra este soldado.

Cuando habla del tema, Ospino detiene su narración. Intenta mencionar lo que ocurría sin contar lo que él hizo, pero en un momento toma fuerza y continúa: "Bueno señor, para decirle la verdad, la verdad, hoy hace 15 años, un 19 febrero, participé en Villanueva, La Guajira, de un resultado que no era legal. Se están cumpliendo 15 años de la desaparición de esas personas, porque esos dos señores no aparecen en víctimas ni nada de eso, y para serle sincero y para decirle de la verdad a usted y a Colombia, sí participé en los falsos positivos".

El exsoldado titubea pero retoma su confesión. "Eso fue en Villanueva, La Guajira, señor, y después, el 2 de abril del mismo año participamos en otra operación ilegal. Le estoy diciendo la verdad porque Colombia y el mundo tienen que saber lo que se vivió en esos gobiernos. Mire que antes decían una cifra de 2.000 y pico falsos positivos, ahora dicen 6.000 y algo, pero en realidad yo creo que por ahí pasó la cifra hace rato".

Combates simulados

"Esa mañana me acuerdo de que nos levantaron temprano para hacer un registro en las estribaciones de la Sierra Nevada. En el eje de avance llevábamos 20 minutos caminando, cuando entramos en combate. Diez minutos después dejaron de sonar los disparos y yo me acerqué al punto donde estaba la avanzada vi que había dos hombres tirados en el piso. Se me hizo raro que el teniente dijera que siguiéramos disparando hacia cualquier lado", relata Ospino.

Y continúa: "El resultado fue dos hombres muertos, que después se hicieron pasar por guerrilleros. Me quedó la duda sobre lo que había pasado, pero al rato supimos que estábamos participando en una ejecución extrajudicial. Un mes después ocurrió el otro caso, la baja la dio la otra sección de la misma compañía. Y aunque yo no disparé directamente siento que participé del falso positivo porque en mi conciencia quedó que habíamos matado a dos inocentes y que los hicimos pasar por guerrilleros sin serlo".

Este exuniformado, que salió en 2008 del Ejército colombiano en un caso conocido como Atila 1, donde 19 oficiales fueron retirados del servicio por negarse a matar a una guerrillera capturada, afirma que por los cuatro asesinatos descritos recibieron premios: "En la baja dieron como recompensa $30 millones [8.332 dólares], y en la segunda ejecución dieron un mes de permiso. Cada guerrillero legalizado se tasaba en una recompensa en dinero".

¿Quién dio la orden?

Para Ospino estas ejecuciones extrajudiciales no eran acciones aisladas de algunos uniformados, sino que fueron posibles por las órdenes y directivas de altos mandos del Ejército.
"En el año 2006, mi general Montoya [Mario] fue a Aracataca [otro municipio de la costa caribe colombiana] y en el centro de entrenamiento El Cenizo instauró una división en la que había casi 1.000 soldados y la orden era dar como veintipico de bajas. Para no alargar tanto el cuento, de enero a diciembre, creo que fueron como 70 y algo de bajas y si 10 eran guerrilleros era mucho, los demás eran falsos positivos", relata.

"Yo quiero llegar a la JEP y contar esas cosas. Denunciar a quien estaba de segundo comandante de ese batallón, el mayor Leonardo Fabio Caro Cancelado, que en diciembre ascendió a general de la República. No es justo que un señor de esos, que tienen el uniforme empapado de sangre, sea general de la República. Yo siempre pienso en los soldados que están presos, personas que los condenaron a veinte, treinta hasta cincuenta años, o sea con todo el peso de la ley, pero los comandantes de batallón sí siguieron su carrera militar".

Para Ospino ese es uno de los rasgos más injustos de ese crudo capítulo de la guerra en Colombia: "No es justo que los que están pagando todas estas consecuencias sean los soldados, los comandantes de bajo rango, como sargentos o tenientes, mientras quienes comandaron las fuerzas continuaron su carrera militar y hasta se convirtieron en generales", agrega con indignación.

¿Se arrepiente?

"Sí señor, primero que todo quiero pedirles perdón a esas familias, y segundo, pedirle a la JEP que se haga justicia, para que se encuentren los cuerpos de esas personas que asesinamos y enterramos como guerrilleros. Creo que en las ejecuciones que fueron en abril, fueron una muchacha y un muchacho. A la muchacha la reclamaron, pero los señores siguen enterrados como guerrilleros", señala Ospino.

El exsoldado concluye dando algunos datos que podrían ayudar con la labor de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) que junto con la JEP surgió tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las FARC: "Escuché a un soldado que tenía un primo desaparecido y yo creo que uno de los falsos positivos era primo de ese soldado. Pero la verdad es que quisiera pedirle perdón, tanto a su familia, como a Colombia entera, porque sí fue un procedimiento demasiado doloroso".

El testimonio de Jeider Ospino no ha sido entregado en la JEP, pero es una clara muestra de que sobre los llamados falsos positivos aún falta mucho que esclarecer.

 

Por Sputnik. Febrero 26/2020

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Relecturas 2020. La débil reacción fiscal frente al coronavirus

El tiempo pasa y nos marca de diversas maneras con sus acontecimientos, unos más fuertes, otros no tanto. De unos y otros escritos en desdeabajo en su debido momento. Hoy, en época de balances, los retomamos y les invitamos a su relectura.

 

Una revisión de las medidas económicas más fuertes tomados por el gobierno nacional desnudan la pequeñez e insuficiencia de la inversión pública en nuestro país, así como la incomprensión del potencial de la crisis que golpea a nuestro país, como parte de un sistema global también afectado en su integridad.

Gasto público como porcentaje del PIB en respuesta al Coronavirus

Alemania  28
 Italia  20
 España 16
 Francia  15
 Bélgica 14
 Austria  10
 USA9
 Polonia9
Suecia9
Colombia2

Fuente: Oxford Economics.

 

La respuesta de los países al Coronavirus ha sido muy diferente. En el cuadro se presenta el gasto público que cada gobierno estima destinar para combatir la pandemia. Las cifras corresponden a porcentajes del PIB de cada país. De lejos, el mayor gasto es el de Alemania (28% del PIB). Le siguen Italia (20%) y España (16%). Hasta ahora el costo de las medidas que el gobierno colombiano ha anunciado, sumando los gastos de las administraciones locales, podría llegar a 20 billones de pesos, que más o menos corresponde a 2 por ciento del PIB. Comparado con otros países, es clarísimo que los estímulos son mínimos. Parecería que el Gobierno todavía no se hubiera percatado de la gravedad de la crisis.

Cada gobierno percibe el contagio de manera distinta, y por esta razón las respuestas no son homogéneas. El cuadro refleja, además, el músculo financiero de las políticas fiscales. Mientras que en Alemania, el gasto público total, como porcentaje del PIB es cercano al 60 por ciento en Colombia apenas llega al 19 por ciento. La brecha es significativa y refleja la confianza que tiene la sociedad alemana en la acción del Estado, y el profundo desprecio que existe en Colombia por lo público. En momentos de crisis como la actual se siente con mayor fuerza la falta que hace la protección del Estado. En Colombia es evidente la debilidad de lo social.

Recursos para las empresas o para los ciudadanos

El debate ha sido muy álgido sobre los beneficiarios de los recursos. En Estados Unidos, de los 9 puntos del PIB destinado para enfrentar la crisis, 5 irán para apalancar los créditos y darle garantías a los bancos. En Colombia se ha privilegiado la financiación de la salud y la atención a los más vulnerables, pero de nuevo queda en evidencia la debilidad de la infraestructura hospitalaria, y la falta de cobertura efectiva. Y en cuanto a las personas pobres, por ahora la atención recae en Familias en Acción –que cobija a 2,6 millones de hogares–, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción. Esta semana comenzó la devolución del IVA a las familias de menos recursos (75 mil pesos por familia cada dos meses). Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) está distribuyendo mercados a las familias que tienen niños en las guarderías. El gobierno nacional, siguiendo el ejemplo de Bogotá Solidaria, está armando un programa que se llama Ingreso Solidario, para atender a las personas vulnerables que hasta ahora no están en las bases de datos de los programas sociales mencionados. Este proceso apenas está comenzando, y se están tratando de mejorar las bases de datos.

La reacción de los gobiernos locales ha sido muy heterogénea. Pero, en general, se ha tratado de atender rápidamente a la población vulnerable, para evitar que el desespero del hambre lleve al vandalismo. Las ciudades grandes (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) tienen mayor músculo financiero, y le dan prioridad a la distribución de alimentos. Para complementar los programas nacionales, en Bogotá, por ejemplo, la Secretaría de Educación comenzó a entregar mercados de 50 mil pesos por niño matriculado, a través del Éxito y de tiendas de barrio. Y está comenzando el programa Bogotá Solidaria, que busca atender a quienes tienen necesidades urgentes pero no están inscritas en los programas regulares. Son personas pobres que viven del día a día, y que no están en los registros usuales del Distrito. En general ha sido notoria la dificultad para lograr una buena focalización de la población más vulnerable.

Fuera de las grandes ciudades, el margen de maniobra que tienen los municipios, y los departamentos, es muy bajo. Por esta razón tienen que depender de los recursos nacionales. En los departamentos y municipios se están ejecutando programas como Familias en Acción. Y se están haciendo ajustes para implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Parte de las dificultades logísticas se originan en que el Gobierno decretó el comienzo de vacaciones el 16 de marzo, y de acuerdo con las normas vigentes no se podría dar alimentos a niños y jóvenes que estén en vacaciones. En Bogotá ha sido distinto, porque no hay vacaciones, y se ha mantenido el aprendizaje en la casa. Se ha buscado que los estudiantes no interrumpan el proceso educativo.
La pandemia ha puesto en evidencia las limitaciones de los registros administrativos, que eran razonablemente buenos para cálculos estadísticos, pero no son adecuados para distribuir subsidios, porque se requiere la plena identificación del beneficiario. De todas maneras, los recursos que les están entregando a las familias no son suficientes. Los subsidios nunca han garantizado el sostenimiento de los hogares, porque en condiciones normales pueden obtener ingresos adicionales. Es absurdo pretender que una familia pueda vivir únicamente con los subsidios.

Hay mucha duda sobre las ayudas por darle a los grupos medios de la población (estratos 3 y 4), que también están sintiendo el impacto de la crisis. Por ahora, se están buscando alternativas para aligerar los créditos y el pago de servicios públicos. El Gobierno está analizando la posibilidad de darle subsidios a los trabajadores formales, pero aún no toma una decisión clara.

En Colombia todavía no le han dado subsidios directos a las empresas, y le han pedido a los bancos que sean más flexibles con los créditos. Y para estimular esta política el Banco de la República bajó la tasa de interés de referencia anual de 4,25 por ciento a 3,75, y se recapitalizó el Fondo Nacional de Garantías. No obstante esta reducción, los bancos comerciales siguen cobrando intereses muy altos (25% en tarjetas de crédito). A pesar de los esfuerzos que ha hecho el Banco de la República, los bancos comerciales no bajan las tasas de manera importante. En medio de la crisis le están proponiendo a los clientes ampliar los plazos, pero no han tomado decisiones que, efectivamente, alivien la situación de los deudores. El sector financiero, que ha sido uno de los grandes favorecidos en los últimos 10 años del desempeño de la economía, todavía no está dispuesto a reducir sus enormes ganancias. Si mantiene esta posición obstinada, también tendrán problemas cuando las familias no les puedan pagar.

El decreto 444 y la reacción airada de los gobiernos locales

De manera inconsulta, el Gobierno expidió el decreto 444, mediante el cual crea el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), que se nutre de dos fuentes que tienen su origen en las regalías. Por un lado, el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y, por el otro, el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). Entre estas dos fuentes suman unos 14 billones de pesos. El Decreto dice que estos recursos, que son de los departamentos y de los municipios, serán tomados en calidad de préstamo. Varios gobernantes locales, como Claudia López en Bogotá, y Carlos Caicedo en el Magdalena, reaccionaron en contra, porque consideran que esta decisión es unilateral y abusiva. Desde su perspectiva, las administraciones locales necesitan estos dineros para poder responder a la emergencia.

Además, los usos que tendrán los recursos del Fome no son claros. En el Decreto se dice que podrán servir para apalancar las necesidades financieras de los bancos e intermediarios financieros. Como lo ha señalado el gobernador del Magdalena, se debería mirar el ejemplo de Islandia, que en lugar de entregarle la plata directamente a los bancos, se la transfirió a los deudores para que le pagaran a los bancos, y pudieran conservar sus activos.

 


El uso de las reservas

 

Llegó el momento de volver la mirada hacia las reservas internacionales. Colombia tiene en el exterior –sobre todo en bonos del Tesoro de los Estados Unidos– 53 mil millones de dólares. El país puede utilizar de manera responsable parte de estos recursos, digamos 5 mil millones de dólares, que serían equivalente a 20 billones de pesos.

El Banco de la República se niega a hacer operaciones heterodoxas, pero en medio de la crisis hay que seguir el ejemplo de otros bancos del mundo, que también lo hacen. Es factible, además, que en las circunstancias actuales el Banco le haga préstamos directos al Gobierno.

Un impuesto urgente al patrimonio

Dadas las condiciones excepcionales de la emergencia, podría decretarse de manera inmediata un impuesto al patrimonio que sea progresivo, de tal forma que la tarifa vaya creciendo con el valor del patrimonio. Esta medida favorece la distribución del ingreso y permite fortalecer las finanzas públicas.

La crisis desprendió inmensos retos para el gobierno nacional y éste aún no responde al nivel requerido; de proseguir así los efecto negativos de su proceder serán más fuertes no solo en el corto sino también en el mediano y largo plazo, cuando el impacto de la anunciada recesión haya golpeado con todo su potencial al conjunto social.

 

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6 de abril de 2020

 

 

Periódico desdeabajo Nº267, pdf interactivo

 

 

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Publicado enColombia
Imagen ilustrativaLuis Acosta / AFP

El Comando Específico del Cauca emitió un comunicado para confirmar que el uniformado había sido puesto a disposición de las autoridades.

 

Un militar colombiano disparó y mató a una mujer en el departamento del Cauca y, minutos después, la pareja de la víctima grabó un video para registrar el rostro de los responsables del homicidio.

En la grabación, que se ha vuelto viral en las redes, se escucha el llanto y los gritos desesperados del marido de la víctima, que ha sido identificada como Juliana Giraldo, y que falleció tras recibir un impacto de fusil en el cráneo mientras se desplazaba en un auto por la vereda de Guatemala, que conduce al municipio Miranda de ese departamento.

"¡Me la mató! No tenemos drogas, no tenemos armas, no tenemos nada. Este 'man' me la mató, por favor, ayúdenme", grita Francisco, como ha sido identificado el hombre por un testigo, mientras trata de dejar el registro del presunto responsable de la muerte de su pareja.

"Me mataron a Juliana, ese 'man' le pegó un tiro en la cabeza. Dios mío, yo no hice nada, ayúdenme a buscar a la Policía", continúa Francisco mientras graba el interior del automóvil, donde yace Giraldo en el asiento del copiloto. En el video también se escucha la voz de un militar que le dice "se hubiera parado".

Al final del clip, en medio de lágrimas, Francisco vuelve a pedir auxilio: "Por favor, ayúdenme a hacer viral este video: el Ejército acaba de matar a mi mujer".

Respuesta del Ejército

Los medios han publicado un comunicado de prensa de la unidad militar orgánica de la Tercera División del Ejército Nacional, perteneciente al Comando Específico del Cauca, donde se reconoce que "según las primeras informaciones", hubo "una mujer resultante muerta a causa de un disparo por parte de un integrante de la Fuerza", que pertenecería al Batallón de Alta Montaña N ° 8 José María Vezga.

En el texto, que también fue reproducido por Semana, se informa que "se puso al tanto a autoridades" de manera inmediata para que determinaran "el tiempo, modo y lugar de lo ocurrido", y realizaron las pesquisas para establecer las responsabilidades del hecho.

Esta unidad militar, según se afirma, puso "a disposición el uniformado presuntamente involucrado en el lamentable acontecimiento" para "apoyar en el desarrollo de la investigación".

Por su parte, ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, lamentó lo sucedido y afirmó que "actuaciones de este tipo son contrarias a la política de defensa y seguridad del Gobierno del presidente Duque, así como a la doctrina, procedimientos y protocolos del Ejército nacional y no se toleran".

Holmes Trujillo, quien manifestó su "rechazo, consternación y dolor" por lo ocurrido, agregó que el comandante del Ejército corregirá "cualquier error que pudiera haberse presentado en las responsabilidades de mando y control". 

¿Qué pasó, según un testigo?

En otro video publicado en las redes sociales, uno de los cuatro ocupantes del vehículo donde yace Giraldo -que se identifica como Jorge- explica que en la mañana le había pedido a Francisco, su amigo, que lo acompañara a comprar unos repuestos para su camión.

Según el relato de Jorge, durante el trayecto fueron abordados de manera violenta por los uniformados. "Cuando íbamos a dar la vuelta, salieron del monte dos soldados corriendo hacia la vía. Decían '¡pare, gonorrea, pare!'".

Francisco preguntó a los uniformados la razón para tal orden y, mientras los militares repetían la voz de alto, "el soldado disparó tres veces con su fusil" y tuvieron que agacharse dentro del auto, relató el testigo. "Después le disparó a las llantas [neumáticos], luego comenzó a dispararle al carro y una bala me pasó por una oreja y le pegó a la muchacha que iba delante de mí", agregó.

"Éramos cuatro ocupantes en el carro, el hombre resteado nos apuntaba y cuando vio que no estábamos en nada dijo: 'la cagué, la cagué'", aseguró el acompañante.

Este nuevo hecho de violencia, que salpica a los cuerpos de seguridad del Estado, ocurre días después de la muerte de 13 personas durante protestas duramente reprimidas por la Policía en Bogotá, en rechazo del brutal asesinato del taxista Javier Ordóñez, quien fue grabado mientras dos policías lo mantenían neutralizado en el piso y le daban descargas eléctricas.

Publicado: 24 sep 2020 20:33 GMT

Publicado enColombia
La estrategia militar china: mantener a EEUU lejos de sus costas

Cuando se está en desventaja, es imprescindible tener una buena estrategia. Además, es necesaria una voluntad de hierro de todo un pueblo para superar a un adversario superior, tanto en armamento como en tecnología. La batalla de Dien Bien Phu, cuando los vietnamitas sellaron el fin del colonialismo francés en Indochina, pertenece a esta estirpe.

Hubo otras batallas en las que fueron derrotados ejércitos inicialmente más poderosos, como la de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial y la de Argel, en la guerra de independencia argelina. En los tres casos, hubo la combinación entre una dirección política y militar acertada, con pueblos decididos a defender su nación.

El coronel Ha Van Lau fue entrevistado en 1980 por la televisión canadiense para el documental "Vietnam, la guerra de los 10 mil días", dirigido por el periodista Michael Maclear. En su minucioso relato de la batalla de Dien Bien Phu, el coronel Van Lau explica cómo los campesinos integrados en el Ejército Popular de Vietnam cargaron 200 cañones a través de selvas y montañas, además de toneladas de municiones, arrastrándolos con cuerdas.

"En una ocasión una de las cuerdas se rompió y uno de nuestros artilleros se colocó detrás de la rueda de ese cañón para evitar que cayera al abismo. Así era la moral de nuestros luchadores. Se sacrificaban ellos mismos para evitar que cayera una pieza de artillería", relata el coronel.

Algo similar puede estar sucediendo en el conflicto en curso entre China y Estados Unidos. Las mejores armas, e incluso el mando militar más experimentado, nada pueden conseguir si no existe una predisposición a darlo todo en el combate por parte de la tropa.

Veamos cómo se combinan ambos aspectos en el Mar del Sur de China.

La Armada de EEUU es la más poderosa del mundo. Muy superior a la del Ejército Popular de Liberación de China. Aunque el EPL se está modernizando a pasos de gigante, ni sus portaaviones ni sus cazas pueden competir con los del Pentágono. Éste cuenta con enormes ventajas, tanto en relación con la calidad de su armamento como en cuanto a su larga experiencia en combates.

La red de satélites militares de EEUU es incomparablemente superior a la de China, que recién ahora está completando su propia red. Los drones no tripulados, los cazas de quinta generación, los submarinos nucleares y bombarderos estratégicos conforman una fuerza militar inigualable.

La "tercera crisis del estrecho de Taiwán", en marzo de 1996, finalizó con una humillante derrota para China. La administración del presidente Bill Clinton (1993-2001) desplegó dos grupos de batalla de portaaviones liderados por el USS Nimitz y el USS Independence, que forzaron a Pekín a retroceder en su intención de controlar Taiwán.

A partir de ese momento, el Dragón se propuso, como señala el columnista de Asia Times, Richard Javad Heydarian, "evitar una humillación estratégica similar en sus aguas adyacentes".

En ese marco debe ubicarse el reciente lanzamiento de misiles en el Mar del Sur de China, entre ellos un DF-21 denominado "asesinos de portaaviones" y considerado por los expertos como "el primer misil balístico antibuque del mundo".

"Esta es la respuesta de China a los riesgos potenciales que traen consigo los cada vez más frecuentes aviones de combate y buques militares estadounidenses en el Mar de China Meridional", dijo una fuente al South China Morning Post de Hong Kong.

La fuente se refiere a la reciente entrada de un avión espía U-2 del Pentágono a una zona de exclusión aérea de China, durante un simulacro naval con fuego real en el mar de Bohai frente a su costa norte.

Para neutralizar a una flota superior, "la potencia asiática ha perseguido una estrategia de guerra asimétrica anti-acceso/negación de área", denominadas (A2/AD) "cada vez más sofisticada en sus aguas cercanas", según el diario de Hong Kong.

Este es el punto que desarrolla ampliamente el analista David Goldman, cuando asegura que no habrá guerra entre EEUU y China porque el Dragón quiere que sea imposible que el Pentágono se acerque a sus costas.

En su opinión, el EPL es un ejército mediocre que gasta en equipamiento de sus soldados apenas 1.500 dólares, frente a los 18.000 dólares que cuesta cada soldado estadounidense. Agrega que los cazas de ataque terrestre chinos están muy por detrás del ruso SU-25, por ejemplo, y de sus similares estadounidenses.

Pero China ha invertido enormemente en defensas costeras. Agrega que "el misil DF-26 tiene un alcance de 2.500 kilómetros, suficiente para atacar la base militar de EEUU en Guam". Más grave aún, porque "los misiles chinos descienden verticalmente de la estratosfera y las defensas de los barcos estadounidenses no están diseñadas para contrarrestar este tipo de ataque".

Goldman recuerda una evaluación del Centro de Estudios de la Universidad de Sidney, un año atrás: "Este creciente arsenal de misiles precisos de largo alcance representa una gran amenaza para casi todas las bases, pistas de aterrizaje, puertos e instalaciones militares estadounidenses y aliadas en el Pacífico Occidental".

Las múltiples instalaciones del Pentágono en el Pacífico podrían verse inutilizadas por ataques de precisión en las primeras horas de un conflicto. La amenaza de los misiles del EPL desafía la capacidad de EEUU para operar libremente en toda la región.

En opinión de Goldman, China no necesita derrotar a la fuerza aérea y naval de EEUU, sino "sólo mantener a las fuerzas estadounidenses a distancia de China y dificultar que EEUU refuerce a Taiwán".

La segunda cuestión, la disposición anímica de la población, es meridianamente transparente cuando observamos la crisis de confianza de la juventud estadounidense (afros, latinos y jóvenes blancos precarizados) con las instituciones, el sistema de partidos y, de modo muy particular, en relación con las fuerzas policiales.

Si una nación mucho menos rica como China logra neutralizar a unas fuerzas armadas superiores, por el desarrollo de una estrategia de defensa que niega el acceso a sus costas al ejército adversario, el equilibrio de fuerzas se traslada a la actitud de los seres humanos. La conclusión es que EEUU no está en condiciones de afrontar una guerra con una potencia social y militar como China.

17:11 GMT 28.08.2020URL corto

Publicado enInternacional
La débil reacción fiscal frente al coronavirus

Una revisión de las medidas económicas más fuertes tomados por el gobierno nacional desnudan la pequeñez e insuficiencia de la inversión pública en nuestro país, así como la incomprensión del potencial de la crisis que golpea a nuestro país, como parte de un sistema global también afectado en su integridad.

Gasto público como porcentaje del PIB en respuesta al Coronavirus

Alemania  28
 Italia  20
 España 16
 Francia  15
 Bélgica 14
 Austria  10
 USA9
 Polonia9
Suecia9
Colombia2

Fuente: Oxford Economics.

 

La respuesta de los países al Coronavirus ha sido muy diferente. En el cuadro se presenta el gasto público que cada gobierno estima destinar para combatir la pandemia. Las cifras corresponden a porcentajes del PIB de cada país. De lejos, el mayor gasto es el de Alemania (28% del PIB). Le siguen Italia (20%) y España (16%). Hasta ahora el costo de las medidas que el gobierno colombiano ha anunciado, sumando los gastos de las administraciones locales, podría llegar a 20 billones de pesos, que más o menos corresponde a 2 por ciento del PIB. Comparado con otros países, es clarísimo que los estímulos son mínimos. Parecería que el Gobierno todavía no se hubiera percatado de la gravedad de la crisis.

Cada gobierno percibe el contagio de manera distinta, y por esta razón las respuestas no son homogéneas. El cuadro refleja, además, el músculo financiero de las políticas fiscales. Mientras que en Alemania, el gasto público total, como porcentaje del PIB es cercano al 60 por ciento en Colombia apenas llega al 19 por ciento. La brecha es significativa y refleja la confianza que tiene la sociedad alemana en la acción del Estado, y el profundo desprecio que existe en Colombia por lo público. En momentos de crisis como la actual se siente con mayor fuerza la falta que hace la protección del Estado. En Colombia es evidente la debilidad de lo social.

Recursos para las empresas o para los ciudadanos

El debate ha sido muy álgido sobre los beneficiarios de los recursos. En Estados Unidos, de los 9 puntos del PIB destinado para enfrentar la crisis, 5 irán para apalancar los créditos y darle garantías a los bancos. En Colombia se ha privilegiado la financiación de la salud y la atención a los más vulnerables, pero de nuevo queda en evidencia la debilidad de la infraestructura hospitalaria, y la falta de cobertura efectiva. Y en cuanto a las personas pobres, por ahora la atención recae en Familias en Acción –que cobija a 2,6 millones de hogares–, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción. Esta semana comenzó la devolución del IVA a las familias de menos recursos (75 mil pesos por familia cada dos meses). Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) está distribuyendo mercados a las familias que tienen niños en las guarderías. El gobierno nacional, siguiendo el ejemplo de Bogotá Solidaria, está armando un programa que se llama Ingreso Solidario, para atender a las personas vulnerables que hasta ahora no están en las bases de datos de los programas sociales mencionados. Este proceso apenas está comenzando, y se están tratando de mejorar las bases de datos.

La reacción de los gobiernos locales ha sido muy heterogénea. Pero, en general, se ha tratado de atender rápidamente a la población vulnerable, para evitar que el desespero del hambre lleve al vandalismo. Las ciudades grandes (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) tienen mayor músculo financiero, y le dan prioridad a la distribución de alimentos. Para complementar los programas nacionales, en Bogotá, por ejemplo, la Secretaría de Educación comenzó a entregar mercados de 50 mil pesos por niño matriculado, a través del Éxito y de tiendas de barrio. Y está comenzando el programa Bogotá Solidaria, que busca atender a quienes tienen necesidades urgentes pero no están inscritas en los programas regulares. Son personas pobres que viven del día a día, y que no están en los registros usuales del Distrito. En general ha sido notoria la dificultad para lograr una buena focalización de la población más vulnerable.

Fuera de las grandes ciudades, el margen de maniobra que tienen los municipios, y los departamentos, es muy bajo. Por esta razón tienen que depender de los recursos nacionales. En los departamentos y municipios se están ejecutando programas como Familias en Acción. Y se están haciendo ajustes para implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Parte de las dificultades logísticas se originan en que el Gobierno decretó el comienzo de vacaciones el 16 de marzo, y de acuerdo con las normas vigentes no se podría dar alimentos a niños y jóvenes que estén en vacaciones. En Bogotá ha sido distinto, porque no hay vacaciones, y se ha mantenido el aprendizaje en la casa. Se ha buscado que los estudiantes no interrumpan el proceso educativo.
La pandemia ha puesto en evidencia las limitaciones de los registros administrativos, que eran razonablemente buenos para cálculos estadísticos, pero no son adecuados para distribuir subsidios, porque se requiere la plena identificación del beneficiario. De todas maneras, los recursos que les están entregando a las familias no son suficientes. Los subsidios nunca han garantizado el sostenimiento de los hogares, porque en condiciones normales pueden obtener ingresos adicionales. Es absurdo pretender que una familia pueda vivir únicamente con los subsidios.

Hay mucha duda sobre las ayudas por darle a los grupos medios de la población (estratos 3 y 4), que también están sintiendo el impacto de la crisis. Por ahora, se están buscando alternativas para aligerar los créditos y el pago de servicios públicos. El Gobierno está analizando la posibilidad de darle subsidios a los trabajadores formales, pero aún no toma una decisión clara.

En Colombia todavía no le han dado subsidios directos a las empresas, y le han pedido a los bancos que sean más flexibles con los créditos. Y para estimular esta política el Banco de la República bajó la tasa de interés de referencia anual de 4,25 por ciento a 3,75, y se recapitalizó el Fondo Nacional de Garantías. No obstante esta reducción, los bancos comerciales siguen cobrando intereses muy altos (25% en tarjetas de crédito). A pesar de los esfuerzos que ha hecho el Banco de la República, los bancos comerciales no bajan las tasas de manera importante. En medio de la crisis le están proponiendo a los clientes ampliar los plazos, pero no han tomado decisiones que, efectivamente, alivien la situación de los deudores. El sector financiero, que ha sido uno de los grandes favorecidos en los últimos 10 años del desempeño de la economía, todavía no está dispuesto a reducir sus enormes ganancias. Si mantiene esta posición obstinada, también tendrán problemas cuando las familias no les puedan pagar.

El decreto 444 y la reacción airada de los gobiernos locales

De manera inconsulta, el Gobierno expidió el decreto 444, mediante el cual crea el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), que se nutre de dos fuentes que tienen su origen en las regalías. Por un lado, el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y, por el otro, el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). Entre estas dos fuentes suman unos 14 billones de pesos. El Decreto dice que estos recursos, que son de los departamentos y de los municipios, serán tomados en calidad de préstamo. Varios gobernantes locales, como Claudia López en Bogotá, y Carlos Caicedo en el Magdalena, reaccionaron en contra, porque consideran que esta decisión es unilateral y abusiva. Desde su perspectiva, las administraciones locales necesitan estos dineros para poder responder a la emergencia.

Además, los usos que tendrán los recursos del Fome no son claros. En el Decreto se dice que podrán servir para apalancar las necesidades financieras de los bancos e intermediarios financieros. Como lo ha señalado el gobernador del Magdalena, se debería mirar el ejemplo de Islandia, que en lugar de entregarle la plata directamente a los bancos, se la transfirió a los deudores para que le pagaran a los bancos, y pudieran conservar sus activos.

 


El uso de las reservas

 

Llegó el momento de volver la mirada hacia las reservas internacionales. Colombia tiene en el exterior –sobre todo en bonos del Tesoro de los Estados Unidos– 53 mil millones de dólares. El país puede utilizar de manera responsable parte de estos recursos, digamos 5 mil millones de dólares, que serían equivalente a 20 billones de pesos.

El Banco de la República se niega a hacer operaciones heterodoxas, pero en medio de la crisis hay que seguir el ejemplo de otros bancos del mundo, que también lo hacen. Es factible, además, que en las circunstancias actuales el Banco le haga préstamos directos al Gobierno.

Un impuesto urgente al patrimonio

Dadas las condiciones excepcionales de la emergencia, podría decretarse de manera inmediata un impuesto al patrimonio que sea progresivo, de tal forma que la tarifa vaya creciendo con el valor del patrimonio. Esta medida favorece la distribución del ingreso y permite fortalecer las finanzas públicas.

La crisis desprendió inmensos retos para el gobierno nacional y éste aún no responde al nivel requerido; de proseguir así los efecto negativos de su proceder serán más fuertes no solo en el corto sino también en el mediano y largo plazo, cuando el impacto de la anunciada recesión haya golpeado con todo su potencial al conjunto social.

 

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6 de abril de 2020

 

 

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Publicado enEdición Nº267
Miércoles, 26 Febrero 2020 06:13

El síndrome de Popeye

El síndrome de Popeye

 “Hay una cultura mafiosa incrustada en el ADN de la sociedad colombiana, una cultura gangsteril que se ha expresado en la política. […] Tenemos un narco estado, una narco democracia. Aquí ha habido presidentes que llegaron a la Casa de Nariño por el narcotráfico, ha habido presidentes con vínculos directos con Pablo Escobar, el Congreso ha contado en estas décadas con decenas de representantes del narcotráfico y, eso, indudablemente se ha trasladado a los medios de comunicación que han ido involucrando en su actividad diaria una idea de país que tiene mucho que ver con la cultura mafiosa”.

Karen Méndez Loffredo, “Popeye era el payaso del Cartel de Medellín”, en https://mundo.sputniknews.com/america-latina/

El 6 de febrero murió en la ciudad de Bogotá, John Jairo Velásquez, alias Popeye, un asesino que había sido sicario a sueldo de Pablo Escobar y, con orgullo cínico, había contado con detalle muchos de sus numerosos crímenes. Luego de su muerte, el general Eduardo Enrique Zapateiro manifestó su pesar por lo que consideró, de una forma implícita, como una lamentable noticia: “Hoy, como comandante del Ejército, presento a la familia de Popeye nuestras sentidas condolencias. Hoy ha muerto un colombiano, haya pasado en su vida lo que haya pasado. Estuve también comprometido en la lucha contra el narcotráfico en ese año 1993, decirle que lamentamos mucho la partida de Popeye, somos seres humanos, somos colombianos».

Esta apología de un criminal nato por parte del comandante activo del Ejército de Colombia no ha sido ningún lapsus lingüístico, ni una apreciación apresurada, ni un comentario anecdótico. Es, por el contrario, una clara expresión de lo que podemos denominar el Síndrome de Popeye, una patología criolla que podría resumirse con el lema “gran parte de los colombianos lleva un paraquito y un traquetico en su corazón”. Recordamos que, según la RAE, por síndrome pueden entenderse dos cosas: primero, un “conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o un estado determinado” y, segundo, un “conjunto de signos o fenómenos reveladores de una situación generalmente negativa”. Las dos acepciones del término se aplican al pie de la letra al caso colombiano, donde una buena parte de la población padece el Síndrome de Popeye, como lo evidencian las declaraciones antes citadas de un general activo, del más alto rango en la jerarquía castrense.

El síndrome de Popeye, ese mal que carcome a nuestra sociedad, se ha convertido en un nuevo sentido común de la colombianidad (cuyo lema favorito es “Colombia es pasión”) que reúne los peores atributos gansteriles del capitalismo (o capitalismo gore, sangriento), entre los cuales pueden nombrarse el arribismo, el culto al dinero y a los poderosos, el desprecio a los pobres y a los trabajadores (el clasismo), la reducción de la mujer a un objeto sexual y su degradación como ser humano (sexismo, misoginia, machismo), el racismo, el culto a la violencia y a la muerte, el rechazo visceral a izquierda, democracia o reivindicaciones sociales (sustentado en un descarnado anticomunismo), el desprecio por el saber y la cultura letrada, la apología de lo ordinario y vulgar, del ruido, del escándalo, de la ostentación… En breve, es una sumatoria de dinero, violencia, arribismo e impunidad, como lo ejemplifican los personajes que se han hecho dominantes en la sociedad colombiana, entre ellos los futbolistas, cantantes (masculinos y femeninos), politiqueros, gente de la farándula, presentadores de televisión…

Esta patología colombiana, que ya se exporta a nivel mundial no sin cierta dosis de orgullo chovinista, como lo ejemplifican las brillantes intervenciones de Iván Duque en destacados foros culturales y diplomáticos (Unesco, ONU), no ha caído del cielo, no es un castigo divino, ni tampoco está en los genes de los colombianos. Es un resultado de múltiples factores, que ameritan una explicación histórica, que nos remite a los últimos 35 años de nuestra tragedia, momento en el que confluyen varios factores, tales como la emergencia y consolidación del empresariado capitalista de la cocaína (mal denominado como narcotraficantes), importantes luchas sociales y movilización popular que va a ser ahogada a sangre y fuego por el paramilitarismo, promovido, organizado y financiado por una alianza siniestra de los Estados Unidos (a través de sus socios ingleses e israelitas) con el Estado colombiano e importantes sectores de las clases dominantes de este país.

Eso se fraguó en la zona antioqueña del Magdalena Medio y se puso en práctica inicialmente en el submundo de Medellín, en donde el culto al dinero, con una violencia sádica, el exterminio de los que eran vistos como estorbo (profesores, estudiantes, sindicalistas, campesinos, defensores de derechos humanos, militantes de izquierda…) se convirtió en la norma de identificación de ese sector que luego dominó la economía, la sociedad y la política colombiana. La figura prototípica que encarnó como nadie ese nuevo modelo fue el capo Pablo Escobar Gaviria, al lado del cual se formaron criminales como Popeye. Y Escobar creó un entorno delincuencial que fue acogido en las altas esferas del Estado y las clases dominantes, que transformó el capitalismo colombiano, para darle un impulso duradero a ese comportamiento gansteril, y a la estética traqueta que lo caracteriza.

Aunque Pablo Escobar murió en 1993 su legado criminal se ha mantenido desde entonces, alimentado por varias fuentes, entre ellas la del político del entorno del Cartel de Medellín que llegó a ser gobernador de Antioquia y luego presidente del país, y la de los medios de desinformación (Caracol, RCN, El Tiempo, Semana…) que se han encargado de presentar a los criminales como héroes y ejemplos a imitar. Se construyó en Colombia, como resultado de los procesos antes señalados, un capitalismo gore (esencialmente criminal), cuyo sentido común lo forjó Pablo Escobar, lo legitimó el uribismo y lo expresa como uno de sus principales símbolos el sicario Popeye.

No por casualidad este individuo se regodeaba, con un sadismo inocultable, de sus múltiples asesinatos y acciones criminales, que muestran con toda crudeza los síntomas de ese Síndrome que se ha impuesto en la sociedad colombiana. Algunos de sus rasgos son evidentes, vistos a través de algunas de afirmaciones y acciones. Primero su presencia en la sociedad colombiana, como si hubiera sido un gran pensador, lo cual fue posible por la difusión consciente por parte de los grandes medios de desinformación, en la que en este caso se lleva las palmas Caracol, que le hizo una serie de televisión con el nombre de JJ y la que alcanzó los máximos raftings en sintonía. Esa serie es una apología del crimen que le dio popularidad a un vulgar sicario, que al mismo tiempo se presentaba como un youtuber y twitero, y cuanta estupidez se le ocurría era amplificada por medios como Caracol y compañía. Esta es una cota muy elevada de exhibición de la cultura traqueta, en la que la televisión comercial ha jugado un papel de primer orden. Tanto que puede decirse que en la TV colombiana se han institucionalizado dos programas: El Minuto de Dios (una concesión perpetua a los curas eudistas, a los que pertenecía Rafael García Herreros, quien llamaba a Pablo Escobar “Pablito” y de quien recibió dinero) y La Hora Traqueta, para series y telenovelas donde se engrandece a los narcos y sus sicarios.

Otro rasgo de Popeye es la obediencia al Patrón (como llamaban a Pablo Escobar), una reminiscencia del poder de los grandes hacendados y latifundistas que desde el siglo XIX han dominado este país. Esa sumisión llega al extremo de matar solo por cumplir los designios del Patrón y por eso al pueblo colombiano se le ha querido imponer (y lo han logrado en importantes sectores de la sociedad) la sumisión, la obediencia, la resignación ante el poder de capos y gamonales, bien sean traquetos declarados o encubiertos, como los que han alcanzado hasta la presidencia de la República. Y por ello mismo Popeye los adoraba a los dos, al Patrón del Cartel de Medellín y al Patrón del Centro Demoniaco (el heredero del primero), lo que indica que tras la muerte de Escobar, Popeye simplemente cambió de Patrón.

Pero, de lejos el rasgo más detestable de Popeye y le genera más popularidad, es su encarnación de la violencia, en el sentido de expresar el poder que da la impunidad de los ricos y opulentos (como el propio Escobar), que disponen de la vida de los demás, como si fueran de su propiedad. Que un individuo se regodee, como si fuera un gran orgullo, de haber matado en forma directa a 300 personas y de haber participado en la muerte de 3000, es un indicador de lo que es un sicópata. Lo preocupante radica en que esa violencia bestial en lugar de generar un rechazo social, le granjeó afectos y amistades de colombianos comunes y corrientes, para quienes representa el macho, el duro, el despiadado, como ejemplo a seguir y a imitar. Tanto así que ahora ese rasgo de violencia caracteriza el comportamiento de muchos políticos colombianos, uno de los cuales se destaca por haber justificado el asesinato de miles de colombianos, masacrados bajo la denominación de falsos positivos y el sub presidente avala el bombardeo criminal en el que fueron masacrados 18 niños.

Otro rasgo de Popeye que se ha convertido en norma en la sociedad colombiana es el desprecio a las mujeres, reducidas a un puro objeto sexual, vilipendiadas como seres humanos y sometidas a la violencia, por ser consideradas como inferiores. Al respecto el hecho más despreciable en términos de humanidad, pero más apreciado como muestra del machismo criminal, fue el asesinato por parte de Popeye de su propia novia, para cumplir las órdenes de Pablo Escobar y demostrar su sumisión incondicional a la lógica patriarcal, que genera un feminicidio diario, que poco nos avergüenza y se ha hecho dominante en la vida cotidiana de los hogares colombianos, sin importar la clase social.

Desde el punto de vista político la expresión más evidente del Síndrome de Popeye es el odio a lo que huela a izquierda, reivindicaciones sociales y mejora de las condiciones de vida de la población pobre. Para enfrentar cualquier proyecto medianamente reformista que se atreva a cuestionar el orden terrateniente-financiero-paramilitar dominante en nuestro país, Popeye nunca ocultó que lo combatiría a sangre y fuego, como cuando anunció que “si al poder de Colombia llega la izquierda, armará su ejército de extrema derecha para defenderla”. Y en otra ocasión por las redes sociales dijo: “Malditos petristas. Denuncien mi twit. Los odio. si no me puedo expresar, mi fusil hablará por mí, cuando empiece el dolor y el llanto no lloren que no habrá compasión”.

Afirmaciones traquetas como la anterior, que se han convertido en la jerga cotidiana de los políticos del establecimiento y de gran parte de la mal llamada “opinión pública”, no son solo amenazas. Son algo peor, la justificación de lo que se ha hecho en este país, por el conjunto de las clases dominantes y el Estado (bloque de poder contrainsurgente) en los últimos 70 años, tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. Lo sintomático, además, es que ese comportamiento criminal, propio del miedo a la democracia que profesan los viejos y nuevos ricos y sus sicarios, se ha convertido en una suerte de sentido común político de un numeroso sector de colombianos, para los cuales el asesinato, la desaparición y persecución de aquellos que piensen distinto está más que justificado. No por azar, Popeye participó como un vocero de la extrema derecha en el referéndum de 2016, apoyando abiertamente el no y también respaldó a Duque en la campaña presidencial.

Otro síntoma esencial del Síndrome de Popeye es el clasismo, irradiado desde las altas esferas del poder político y económico que supone el desprecio a los pobres, campesinos, trabajadores, indígenas, mujeres humildes… para venerar a los ricos y poderosos (nuevos y viejos), y exaltar el dinero, en medio de una morbosa exhibición del lujo y un desprecio por los que nada tienen.

Ha sido otro militar, en esta caso retirado, el ex general Mario Montoya quien ha mostrado este clasismo cuando refiriéndose a los asesinatos (denominados eufemísticamente como “falsos positivos”) en los que está involucrado, para librarse de responsabilidades sostuvo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que los culpables de esos crímenes son los soldados rasos: “Hemos hablado permanentemente de la profesionalización del Ejército y me duele decirlo, pero los muchachos que van al Ejército son los de abajo, los de estrato uno, no van los estratos dos, tres y cuatro. Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos, entonces no es fácil, doctora”. Aparte del clasismo que destila esta afirmación, ahora resulta que los responsables de los asesinatos, preparados desde las altas cumbres del poder político y militar del que Montoya formaba parte, son los pobres. ¡Bonita forma de lavarse las manos, por lo demás untadas de sangre, de un “héroe de la patria” carcomido por el Síndrome de Popeye!

Esta tampoco es una declaración apresurada o no pensada de un militar (como la del Comandante del Ejército), es por el contrario una muestra representativa del clasismo imperante en este país, donde cunde el desprecio por los pobres y desvalidos, los cuales para quienes padecen el Síndrome de Popeye, son los nadies, como diría Eduardo Galeano, “que cuestan menos que la bala que los mata”.

En conclusión, el Síndrome de Popeye perdura más allá de la reciente muerte física del sicario del Cartel de Medellín, puesto que es un virus que se ha proyectado por la sociedad colombiana durante los últimos veinte años, impulsado desde la Casa de Narquiño por un finquero paisa que, como heredero de Pablo Escobar, alcanzó la presidencia de la República. Ese virus ha inoculado a importantes sectores de la población con su culto a la patria, la familia, la venganza, el odio, la brutalidad, la ostentación, la impunidad, a los sicarios y matones (tanto del país como del exterior y de ahí su admiración por criminales de la talla de Donald Trump y los sionistas del Estado de Israel). Como lo ha dicho Omar Rincón, Popeye es “como los políticos, los abogados, los expresidentes, los empresarios, los emprendedores, los críticos, los periodistas y, más aún, la farándula”. Todos ellos expresan la estética traqueta, de origen paisa, que se basa en ser gritón, violento, y “derechoso, religioso y finquero”

Desde luego, no todos los colombianos padecen el Síndrome de Popeye y porciones significativas de la población que lo han soportado ya están encontrando la cura que los libre de tan peligroso virus, más destructivo que el coronavirus, como se ha expresado en la extraordinaria movilización de fines del año anterior, porque como dice el dicho no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Eso también se aplica al Síndrome de Popeye que empieza a borrarse en grandes sectores de la sociedad urbana colombiana, que han empezado a romper con el paramilitarismo de los uribeños, cuya hegemonía está seriamente cuestionada después de 20 años de su dominio criminal.

Por Renán Vega Cantor | 26/02/2020 

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El sepelio de Edison Lexander Lezcano, primer cuerpo identificado por la Justicia Especial para la Paz, en Dabeiba. JEP

Los militares acusados de ejecuciones extrajudiciales comparecen ante la justicia transicional, que avanza en la prospección de una nueva fosa común

Colombia, donde la guerra ha dejado hasta 200.000 desaparecidos, se asoma a una verdad tan dolorosa como reparadora. A lo largo de esta semana, el tribunal de justicia transicional surgido de los acuerdos de paz volvió a escudriñar fosas comunes en el cementerio católico de Dabeiba, un paraje montañoso en el noroeste del país, a unas cuatro horas de Medellín, donde ya ha recuperado más de medio centenar de cuerpos de presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales que los militares presentaron como bajas en combate para mostrar resultados.

Las ramificaciones de los falsos positivos, el eufemismo con el que se conocen miles de asesinatos perpetrados principalmente durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe (de 2002 a 2010), siguen siendo una fuente permanente de conmoción en una sociedad que, sin esquivar la verdad, busca pasar la página de la violencia. Los últimos días no son una excepción. La semana anterior, en medio de enormes expectativas, el general en retiro Mario Montoya, comandante del Ejército en algunos de los años en que más casos se presentaron, compareció ante este tribunal, la Jurisdicción Especial para la Paz, en una audiencia a puerta cerrada. Las víctimas sintieron esas jornadas como una nueva afrenta, pues en sus respuestas el militar diluyó la responsabilidad de la cadena de mando, según las transcripciones a las que ha tenido acceso EL PAÍS. Incluso han pedido que lo excluyan de la jurisdicción.

Montoya rechazó asumir responsabilidades y no mostró arrepentimiento, lo que es la primera condición del tribunal de paz colombiano para evitar penas alternativas a la cárcel. Dijo que no hay pruebas que lo vinculen con falsos positivos y atribuyó a la escasa formación e incluso a la clase social de los soldados el origen de este fenómeno. "Los muchachos que van al Ejército son de abajo, los de estrato uno, no van los estratos dos, tres y cuatro. Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos", señaló en referencia a la repartición de las clases sociales por estratos.

A pesar de todo, las indagaciones avanzan. Desde que le asignaron el caso 03, el que aborda las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, el magistrado Alejando Ramelli ha entrevistado a más de 200 militares. Las versiones voluntarias aportadas por algunos involucrados han detallado las presiones por obtener resultados a cambio de recompensas. Esta semana también se conoció un video en el que un coronel –Álvaro Amórtegui– denuncia irregularidades en la inteligencia militar y asegura que Montoya pedía ejecuciones para exhibir un mayor número de bajas.

A la investigación de este caso se sumó en los últimos días la sorpresa por el relevo de Claudia García, la directora del Instituto de Medicina Legal que coordina las exhumaciones. En una de sus primeras decisiones, el nuevo fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, destituyó sin mayores explicaciones a García, quien llevaba 24 años en la entidad. Ella fue la funcionaria que sacudió al país al elevar hasta 200.000 el cálculo del número de cuerpos sin exhumar e identificar.

Las montañas y selvas de Colombia están llenas de cadáveres de víctimas enterradas sin sus nombres. Las dimensiones del fenómeno son estremecedoras. Hay por lo menos 2.248 casos de falsos positivos, de acuerdo con los informes de la fiscalía, pero representan un porcentaje pequeño del universo de desapariciones forzadas. Hay otros 18 sitios a lo largo y ancho de Colombia donde el tribunal de paz presume que se encuentran personas dadas por desaparecidas, víctimas de los diferentes actores armados, bien sea agentes del Estado, guerrillas o paramilitares. Solo en la zona rural de Dabeiba ya ha identificado cinco puntos donde habría víctimas de las FARC. El caso de los falsos positivos y otro por secuestros contra la cúpula de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son los dos frentes en los que se esperan mayores avances en un año decisivo para la justicia transicional.

Cuerpos recuperados

Entre los hallazgos dados a conocer por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) esta semana sobresalen los cuerpos de una familia con prendas militares, varias mujeres, dos niños, cadáveres con botas de caucho y cráneos donde se encuentran las ojivas de heridas causadas por armas de fuego. Esos indicios se suman a los testimonios de comparecientes y testigos que llevaron a los investigadores a ese municipio de unos 20.000 habitantes en el departamento de Antioquia, uno de los escenarios del más avanzado de los siete macrocasos, o grandes procesos, que ha abierto la JEP.

El operativo no tiene precedentes. En su segunda visita de inspección y exhumación, la JEP recuperó 37 cuerpos de víctimas de ‘falsos positivos’, como se conoce en Colombia el asesinato de civiles inocentes por miembros de las fuerzas militares. Guiados por varios testimonios, los antropólogos, forenses y funcionarios se concentraron en las 16 fosas donde encontraron los cuerpos. El pasado diciembre, cuando se conoció el hallazgo, la JEP, en conjunto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y el Instituto de Medicina Legal, ya había recuperado otros 17 cuerpos, para un total de 54.

La labor del tribunal de paz aún no ha concluido en Dabeiba, y más adelante habrá nuevas jornadas. Entre los hitos de esta semana también está la entrega a sus familiares, en el parque principal del municipio, del primer cuerpo identificado, el de Edison Lexander Lezcano Hurtado, un joven agricultor de 23 años, padre de tres hijos, desaparecido hace 18 años.

Su padre, Gustavo de Jesús Lezcano, denunció en 2002 que había sido raptado y asesinado por militares. Después de una emotiva misa y un sepelio, sus restos, encontrados en diciembre en una fosa junto a otro cuerpo vestido de camuflado, ambos con disparos en la cabeza, reposan por fin en una bóveda con su nombre.

"SIN ACUERDO DE PAZ, ESTOS CASOS QUEDARÍAN EN LA IMPUNIDAD"

Alejandro Ramelli es el magistrado que instruye el caso sobre falsos positivos en la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal de justicia transicional que esta semana entregó a sus familiares uno de los cuerpos hallados en el cementerio de Dabeiba e identificado como víctima de ejecución extrajudicial de militares.

“Se hizo en un tiempo muy breve”, destaca Ramelli al explicar que no se trata solo de entregar el cuerpo, también de realizar una investigación criminal. “Este es un caso emblemático que nunca se hubiera sabido. Sin acuerdo de paz, sin JEP, sencillamente nunca se hubiera conocido, seguramente esto habría quedado en la impunidad completa porque la justicia ordinaria no había hecho nada”, explica este doctor en derecho por la Universidad de Salamanca sobre un expediente que se encontraba archivado desde el año 2003.

“Tenemos fuertes esperanzas para que el resto sean plenamente identificados”, apunta sin desconocer las complejidades técnicas, como por ejemplo que algunos cadáveres están tan descompuestos que es difícil extraerles las muestras de ADN, o la necesidad de tener a mano las muestras de los familiares de desaparecidos.

Son resultados notables con un enorme peso simbólico. Con un amplio respaldo de la comunidad internacional, el tribunal avanza a pesar formidables obstáculos en un país que se propone reparar a más de ocho millones de víctimas de un conflicto de más de medio siglo que involucró a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado.

Al priorizar las ejecuciones extrajudiciales, la JEP tuvo en cuenta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también ha llamado la atención sobre este fenómeno, uno de los mayores escándalos de las Fuerzas Armadas en décadas de campaña contrainsurgente.

Bogotá 22 FEB 2020 - 22:06 COT

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Bolsonaro refuerza el perfil militar de su gobierno

El mandatario brasileño designó a tres militares en puestos clave

El presidente aumenta su vínculo con las Fuerzas Armadas mientras acentúa la tensión con el Poder Legislativo. Podrían trabarse reformas fiscales y administrativas este año.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reforzó aún más el nutrido cuadro de militares que ocupan su gabinete. En los últimos días se designaron tres militares en cargos importantes. El caso más relevante fue el cambio del diputado Onyx Lorenzoni por el general Walter Souza Braga Netto en la Casa Civil de la Presidencia, un cargo similar a la jefatura de gabinete. De esta forma, Bolsonaro comienza el año aumentando su vínculo con las Fuerzas Armadas y acentuando las tensiones con el Poder Legislativo. De este  modo, se podría trabar la discusión de reformas fiscales y administrativas en el país.

Días atrás, el excapitán Bolsonaro sorprendió nombrando a un nuevo general en actividad como ministro jefe de la Casa Civil, el actual jefe de Estado Mayor Conjunto y exinterventor federal en Río de Janeiro, Walter Souza Braga Netto. "El general se volvió conocido cuando fue interventor de Rio de Janeiro en seguridad pública haciendo un trabajo excepcional. Bajó la temperatura del delito. Bienvenido Braga Netto, muchas gracias por aceptar la invitación", dijo el presidente.

El flamante ministro tendrá a su cargo la coordinación de los 22 ministerios del gobierno y responderá directamente a Bolsonaro. Tendrá sus oficinas en el Palacio del Planalto al igual que los generales Augusto Heleno, ministro de Seguridad, y Luiz Eduardo Ramos, ministro de Gobierno. El pasado viernes también se anunció al almirante Flavio Rocha como nuevo titular de la Secretaría de Asuntos Estratégicos.

"El nombramiento del general Braga Netto es la profundización de la distancia del gobierno respecto al Congreso. Y una señal clara para las Fuerzas Armadas, porque la Casa Civil es una posición muy importante", dijo el diputado de Demócratas, Pedro Paulo. Braga Netto reemplaza a Onyx Lorenzoni, diputado en uso de licencia que pertenece al derechista partido Demócratas. Lorenzoni fue ahora designado ministro de Ciudadanía, dependencia encargada de gestionar los programas sociales. 

Estos movimientos en el gabinete ocurren una semana después de la caída del ministro de Desarrollo Regional, Gustavo Canuto, cuya gestión mereció críticas por la falta de respuestas eficaces ante las inundaciones que afectaron a Minas Gerais y Espíritu Santo. Asumió como su reemplazante  Rogerio Marinho.

A todo esto, el general y vicepresidente, Hamilton Mourao, es el nuevo titular del Consejo de la Amazonia, con jurisdicción sobre los nueve estados que comprenden esta región de 4,5 millones de km2, más del 50 por ciento de la superficie de Brasil. 

Las designaciones elevaron a nueve el número de ministros militares (son 22 en total), sin contar los altos asesores de gobierno.

La "militarización" del Planalto sería la clara demostración de que Bolsonaro le cierra la puerta a la clase política y no tiene intenciones de pedirle nada al Congreso este año. Incluso debilitado, Lorenzoni era un canal de acceso para los parlamentarios. "Con el nuevo juego de fuerzas en el corazón del gobierno, las reformas económicas liberales deseadas por el ministro de Economía Paulo Guedes y el exalcalde Rodrigo Maia (actual presidente de la Cámara de Diputados) dependerán de los esfuerzos de ambos para que puedan encaminarse en el Congreso", destacó la revistaCarta Capital.

"El ministro Guedes quiere una reforma administrativa con una disminución en el número de funcionarios, por ejemplo, y tiene una propuesta para que Bolsonaro envíe al Congreso. Con la negativa del presidente, manifestada principalmente en la militarización del gabinete, Guedes tendrá que luchar solo por la reforma", agregó Carta Capital. El ministro Guedes atraviesa un complejo momento económico ya que la devaluación del real trepó a su nivel histórico el jueves pasado. El Banco Central debió intervenir de urgencia para bajarlo.

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