Alienta EU deserción de militares venezolanos; prepara más sanciones

Washington. Estados Unidos mantiene comunicaciones directas con miembros del ejército venezolano a quienes ha instado a desconocer al presidente, Nicolás Maduro. Además, Washin-gton prepara nuevas sanciones para aumentar la presión sobre el gobernante socialista, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca en entrevista exclusiva con la agencia de noticias Reuters publicada este viernes.

Washington "espera más deserciones de militares" venezolanos, agregó la fuente estadunidense en condición de anonimato. Algunos soldados han desconocido a Maduro desde que Guaidó se proclamó "presidente encargado".

"Todavía estamos teniendo conversaciones con miembros del antiguo régimen de Maduro, con miembros militares, pero esas conversaciones son muy, muy limitadas", comentó la fuente de Washington sin dar detalles.

Otra fuente estadunidense cercana a la oposición venezolana expresó sus dudas sobre si el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró sentar bases suficientemente sólidas para promover un motín más amplio en las filas militares venezolanas, en las que Washington sospecha que muchos oficiales se benefician de la corrupción y el narcotráfico.

Trump reafirmó el pasado domingo que el uso del ejército en Venezuela es "una opción".

Washington, a petición de Guaidó, envía medicamentos e insumos básicos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a la ciudad colombiana de Cúcuta, que hace frontera con Venezuela, para enfrentar la crisis que hay en el país petrolero. El gobierno bolivariano ha acusado que la entrega de esa "asistencia" sería el pretexto para una intervención militar estadunidense.

La subsecretaria de Estado estadunidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, dijo en conferencia: "Estamos arreglando maneras de entrar y depende del lado venezolano. No vamos a entrar por la fuerza a territorio venezolano. Esto es un movimiento civil, de ayuda humanitaria".

"Nosotros haremos todo lo posible. Esto es un tema obviamente muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario", respondió Guaidó en Caracas a la agencia francesa al ser cuestionado dos veces si haría uso de las facultades como titular de la AN y "presidente encargado" para autorizar una intervención militar.

El líder opositor, reconocido por más de 40 países, recalcó que hará "todo lo que tengamos que hacer para salvar vidas humanas, para que no sigan muriendo niños" o pacientes por falta de medicinas.

En un video difundido en redes sociales, Guaidó explicó que la llegada de suministros a Cúcuta marca el comienzo de "la primera fase, la fase de acopio", que se completará cuando se instalen los demás centros de recepción, que ha avanzado que estarán en "algunos puntos adicionales en Colombia y de Brasil".

Indicó que, una vez instalados todos los centros, "vendrá una segunda e importante fase, la fase de la entrada de la ayuda humanitaria, cuyo éxito depende de que su ingreso no sea impedido por cómplices del usurpador".

Ante ello convocó a dos movilizaciones ciudadanas, una el 12 de febrero y otra que está por definirse, para exigir a los militares que no bloqueen la ayuda y se abra un canal humanitario que deje entrar los insumos a Venezuela.
Enlaces Patrocinados

Publicado enInternacional
Domingo, 11 Noviembre 2018 05:58

Trump se ofende e insulta

Trump se ofende e insulta

Su anfitrión francés habló de formar un ejército europeo y el visitante se empacó, lo atacó por Twitter y se abrió de las conmemoraciones. Un momento de extrema vulgaridad en una ceremonia solemne.

 

Antes de que pisara el suelo de Francia el presidente norteamericano Donald Trump lanzó su bomba envenenada desde Twitter contra el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron. Junto a decenas de otros jefes de Estado y de gobierno, Trump viajó a Francia para participar en las conmemoraciones de los 100 años del Armisticio, es decir, el fin de la Primera Guerra Mundial. El multilateralismo del evento seguramente le provocó una indigestión de rabia que hizo explotar en su cañón preferido, Twitter: “el Presidente Macron acaba de sugerir que Europa construya su propio ejército para protegerse contra Estados Unidos, China y Rusia. Esto es muy insultante, pero tal vez Europa debería primero pagar su contribución a la OTAN a la que Estados Unidos subvenciona ampliamente”.


Poco le importó a la diplomacia de verbo grosero el marco consensual y reconciliador de las ceremonias. Cuando llegó a París y se reunió con Macron, Trump tenía cara de haber dormido con pesadillas. Las imágenes de los dos responsables muestran a un Trump insolente, vulgar, desafiante mientras su homólogo trata de disipar el efecto con modales de alta costura. Trump se molestó con las declaraciones que hizo Macron hace unos días donde el mandatario decía: “los europeos sólo estarán protegidos si se decide la creación de un verdadero ejército europeo. Debemos protegernos ante China, Rusia, e incluso ante Estados Unidos”.


Según Trump, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial Europa se protege bajo el paraguas norteamericano sin pagar el precio justo. Luego de este primer episodio antagónico que no fue más que el preludio a muchos otros, la presidencia francesa explicó que el famoso “ejército europeo” evocado por Macron no apuntaba hacia los Estados Unidos y que, por consiguiente, hubo una “confusión” en la forma con que se interpretaron las palabras del Presidente francés. Macron abrió más tarde los paracaídas para desactivar una controversia que se agregó al clima de ímpetu y abismos profundos que separan a Estados Unidos y el Viejo Continente desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Macron sacó los violines para ejecutar la melodía de la conciliación.


En el encuentro que mantuvo con Trump dijo: “debemos compartir mejor la carga en el seno de la OTAN”. Los dos responsables teatralizaron las reiteradas frases de “convergencia”, “amistad” y “alianza” tan comunes cuando las relaciones son ásperas. Nada ocultará sin embargo la ruptura radical que existe entre uno y otro lado del Atlántico. OTAN, medio ambiento, políticas multilaterales, relaciones comerciales, postura ante Irán, comercio mundial y filosofía de la gobernabilidad, no existe ningún tema donde los europeos y los norteamericanos compartan el más mínimo principio. El presidente Macron es un adepto de los evangelios multilaterales y Trump detesta el multilateralismo.


Trump no sólo se expresa como un malcriado sino que, además, manifiesta su desacuerdo boicoteando el acontecimiento central que rodea las conmemoraciones. Uno de los momentos más fuertes de estos dos días es el foro internacional sobre la paz y la gobernabilidad mundial. Este encuentro es, de hecho, una tribuna ideal de la defensa del multilateralismo. La delegación norteamericana se lo tomó muy a pecho y decidió no participar en el foro. En vez de acudir a la cumbre, Trump irá el cementerio norteamericano de Suresnes, en las afueras de París. Este sábado, ni siquiera se animó a desafiar el frío que hacia en el Norte de Francia y a último momento anuló la visita prevista al cementerio de la localidad de Bois Belleau.


La diplomacia francesa había preparado el foro con la intención de hacer del foro una suerte de “Davos” dedicado a la seguridad colectiva y no a la economía, como es el caso del foro de Davos que se lleva a cabo en Suiza. Justin Vaïsse, el presidente del foro por la paz, explicó que se necesitaba la presencia “ de ONG, empresas y fundaciones para tratar temas como el cambio climático, la gobernabilidad de internet, la inteligencia artificial o el desarrollo de los Estados. Este foro es un lugar de defensa y de adaptación del multilateralismo”.


La acción colectiva es la palabra envenenada para Trump. Con su propia agenda de ogro solitario contra el mundo y una actitud de patotero en jefe del patio planetario, Trump sembró su mal humor en un acontecimiento que tiene varios ejes: uno de los principales es volver a reafirmar el carácter irreversible de la reconciliación franco alemana. Por ello, Macron y la canciller alemana Angela Merkel acudieron a Rethondes, un predio despejado cercano a la localidad de Compiègne, al norte de París, donde, el 11 de noviembre de 1918, en el vagón de un tren, se firmó el Armisticio que selló la paz luego de cuatro años de una de las guerras más cruentas del Siglo XX. Países vencedores y países vencidos se hicieron presentes así como las naciones que surgieron con el desmembramiento de los imperios que siguió al conflicto mundial. La primera potencia mundial miró hacia otro lado.


Incluso lo que en un momento se evocó como casi seguro, tampoco se plasmó enla realidad: no habrá en Francia una cumbre entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Según deslizaron fuentes presidenciales francesas, el encuentro Trump-Putin no tuvo lugar debido a “la escasa predisposición norteamericana”. La memoria del Armisticio de 1918 habrá servido al final para poner en escena de forma cinematográfica la discordia entre Washington y las capitales europeas. Al principio de su mandato iniciado en 2017, Emmanuel Macron activó lo que se llamó “la diplomacia del beso”. Gestos efusivos de amabilidad, cuidadosos honores diplomáticos y guiños afectuosos se congelaron con el tiempo. “Nos fuimos haciendo buenos amigos”, dijo Trump ante Macron. Una frase de plástico. La distancia quedó retratada en la frialdad que rodeó el saludo oficial entre los dos presidentes en las escaleras de la presidencia francesa. El próximo foco multilateral donde Trump estará presente es la cumbre del G20 que se celebra a finales de mes en la Argentina. Ya debe estar pensando con que descortesía sepultará lo poco que va quedando del sistema internacional hecho de pactos y consensos que se plasmó luego de la Segunda Guerra Mundial.


Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Publicado enInternacional
Martes, 07 Agosto 2018 08:36

Lo que no hay que hacer

Lo que no hay que hacer

Desde México y América Central hasta Argentina y Brasil, pasando por Perú, gobiernos de distinto signo defienden la participación de los militares en la seguridad interna. Es la única forma eficaz de disminuir la delincuencia, afirman. La experiencia concreta lo desmiente.


A fines de diciembre pasado el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, promulgó una ley de seguridad interior que autoriza la participación de las fuerzas armadas “para enfrentar amenazas a la seguridad interior, cuando estas comprometan o superen las capacidades de las autoridades, y cuando haya amenazas originadas por la falta o insuficiente colaboración de las entidades y municipios en la preservación de la seguridad nacional”. Fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y por las propias Naciones Unidas, la ley mexicana legitima la “guerra contra las drogas” lanzada por el presidente Felipe Calderón en 2006, que militarizó el combate a los cárteles del narcotráfico. Desde entonces, no sólo no ha disminuido la inseguridad en México, sino que se ha multiplicado. Las cifras de homicidios ligados a esa “guerra” se dispararon año tras año: en 2009 eran el doble que en 2007, y en la larga década pasada hasta ahora los muertos han superado los 250 mil, según datos oficiales, y los 300 mil de acuerdo a asociaciones de derechos humanos. “El aumento de la presencia de fuerzas militares y policíacas a lo largo y ancho del país no ha logrado reducir el tráfico de drogas ni los crímenes; al contrario, en ciertas ciudades, como Ciudad Juárez, la presencia castrense y policial ha desatado una ola de violencia sin precedentes y el número de ejecuciones, extorsiones y secuestros aumentó de forma alarmante desde la llegada de las ‘fuerzas del orden’”, advertían ya en 2012 militantes de grupos humanitarios al hacer un balance de la “guerra contra las drogas” (desinformemonos.org, 20-VIII-12).


El concepto de “seguridad interior”, escribía a fines del año pasado en una columna el diputado Vidal Llerenas (eleconomista.mx, 30-XI-17), “se inspira en las leyes patrióticas de Estados Unidos, que otorgan poderes ilimitados a las fuerzas de seguridad para combatir el terrorismo. Con eso se vuelve permanente el exceso de facultades militares. (…) Ahora, en México, el concepto se quiere reutilizar para otorgar al Ejército atribuciones para, en los hechos, participar en tareas de seguridad pública, para lo cual se eliminan controles, se renuncia a todo tipo de transparencia en la información y se abre la posibilidad de que las violaciones de derechos humanos crezcan aun más. Se desliza la idea de que, en sus acciones de seguridad interior, como sucede en las leyes patrióticas, se van a permitir ciertas violaciones a las garantías civiles, porque son ‘necesarias’ para garantizar la seguridad de la sociedad ante peligros ‘mayores’ a los que normalmente ponen en riesgo a los individuos”.


***


En Rio de Janeiro la militarización de la seguridad interior fue decidida por el presidente Michel Temer en febrero, con el pretexto de terminar con la violencia. En los cinco meses transcurridos desde entonces, señala Fuego Cruzado, una plataforma web creada por Amnistía Internacional para dar cuenta de los tiroteos en Rio, la violencia en la ciudad se acentuó en todos los niveles: los tiroteos aumentaron 37 por ciento respecto al comienzo de la operación militar y crecieron las muertes de delincuentes, de policías, de habitantes víctimas de “balas perdidas”. Unos pocos días antes de ser asesinada –el 14 de marzo, justo un mes después del lanzamiento de la intervención militar– por integrantes de una banda formada, entre otros, por ex policías, la activista Marielle Franco advirtió que el involucramiento de las fuerzas armadas en la seguridad interior sólo podía acrecentar los niveles de violencia en las favelas, el foco central de la intervención, y dejar a sus habitantes cada vez más indefensos ante el fuego cruzado entre militares y narcos. “Hay además –decía Franco– una tradición de relativa convivencia y de reparto de territorios entre fuerzas de seguridad y narcotraficantes.”


***


En varios países centroamericanos la participación de los militares en la seguridad interior se remonta a mucho tiempo atrás, a comienzos de los años dos mil. En República Dominicana, señala la socióloga Lilian Bobea, directora académica de la Plataforma Centroamérica-Caribe para la Seguridad Ciudadana, la tasa de muertes violentas pasó de 13,9 cada 100 mil habitantes en el año 2000 a 26,7 en 2005. Ese año, el presidente Leonel Fernández impulsó una reforma para desmilitarizar a la Policía. Un año después, la tasa de muertes violentas en el país volvió a caer: del 26, 7 cada 100 mil a 17.


***


El Salvador tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, propias de un país en guerra, o incluso peores (81,7 homicidios cada 100 mil habitantes, según datos del año pasado). Desde hace 15 años las fuerzas armadas intervienen en la seguridad interna, con el pretexto de combatir “amenazas emergentes”, como la ligada a las pandillas narco del tipo de la Mara Salvatrucha o Barrio 18. El Plan Mano Dura, de 2003, el Plan Súper Mano Dura, de 2004, y el Plan Antidelincuencial, de 2006, fueron variantes de una misma fórmula que asociaba a los militares con la Policía Nacional en la seguridad interna y se acompañaba de toda una serie de medidas “de excepción” que minaban los controles sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Se suponía que la llegada del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (Fmln) al gobierno, en 2009, provocaría un cambio de esa política, pero tras un período de negociación con las pandillas, que se conoció como “la tregua”, se volvió a la mano dura. “El mayor problema de esa negociación es que no se hizo de manera abierta y de cara a la sociedad”, dijo esta semana (30-VII-18) al diario argentino Página 12 Amparo Marroquín Parducci, profesora de la Universidad Centroamericana, que investiga la violencia en El Salvador. “Se prometió a los pandilleros cosas como aminorar el tipo de castigo en las cárceles de máxima seguridad y otra serie de prerrogativas que terminaron generando malestar entre los pandilleros que no estaban en las cárceles y, por supuesto, con la población salvadoreña. En forma paralela a esta tregua, se aprovecharon los altos niveles de enfrentamiento y violencia para impulsar una política crecientemente punitiva.”


El de El Salvador es casi un caso de escuela sobre la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interior, decidida con el argumento de que la Policía Nacional Civil no bastaba para quebrarle la yugular a la delincuencia. “Tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha han apostado de manera sistemática a medidas de seguridad de tolerancia cero, y lo único que lograron es aumentar la violencia” y “criminalizar a los jóvenes pobres”.


La investigadora cita a otro gran protagonista del combo securitario: los medios de comunicación. “Antes de que la violencia alcanzara estos niveles, los medios ya habían construido al gran monstruo”, dice. “Primero, el culpable del problema del desarrollo del país fue el indígena, posteriormente se echó la culpa a los comunistas y a los estudiantes revoltosos, durante la guerra civil fue por culpa de la guerrilla… y cuando se firmaron los acuerdos de paz, se quedaron sin nadie a quien culpar. Es entonces cuando quizá algún creativo del marketing político inventó a los nuevos culpables: los pandilleros”. La prensa, piensa la universitaria, contribuyó a blanquear la deteriorada imagen de las fuerzas armadas tras el fin de la guerra interna y presentarlas “como una institución que verdaderamente nos puede salvar, que es incorruptible. En los últimos ochos años, la remilitarización ha sido mucho mayor. El agravante de la militarización es que el Ejército, al igual que otras estructuras del Estado, es infiltrado y termina sirviendo al crimen organizado”.
Marroquín señala que en este segundo período de gobierno de un Fmln ya muy debilitado se han tomado medidas que hasta hace poco parecían inimaginables para un partido de izquierda. Hoy “se permite apresar más fácilmente a un sospechoso y tenerlo detenido durante un tiempo largo (…). Y el mayor peligro es que volvemos a presenciar una judicialización y una condena de la pobreza a priori. Cada vez más la Policía local apresa a los chicos porque sí: porque son skaters, porque tienen tatuajes, porque ‘parecen pandilleros’, porque son pobres”, dice. Y apunta: “Mirar El Salvador sirve para entender lo que no hay que hacer en políticas de seguridad. ‘Vean lo que nos pasó, no repitan esa estrategia’, sería el mensaje”.



Con Dawn Marie Paley, autora de “Capitalismo antidrogas: una guerra contra el pueblo”1

La experiencia mexicana


Diego Castro


El narcotráfico está en el centro de las polémicas sobre seguridad en la mayoría de los países del mundo. Es utilizado para dar legitimidad al aumento de armas y otros equipamientos policiales y militares, y es fuente de justificación de miles de muertes. México, con la ayuda de Estados Unidos, libra su “guerra contra las drogas” desde 2006; el resultado: desapariciones, asesinatos y mucha impunidad.


A los pocos días [de asumir como presidente] y sin haber dicho una palabra en su campaña electoral al respecto, Felipe Calderón lanzó la denominada “guerra contra el narco” a mediados de diciembre de 2006. La inauguró con una operación en el estado de Michoacán que, según nos cuenta Dawn Marie, marcaría la modalidad de intervención: miles de efectivos del Ejército y la Policía Federal destinados supuestamente a controlar el flujo y la producción de amapola. “El sexenio de Calderón supuso la experimentación de una guerra contra la gente, con niveles de violencia no conocidos hasta entonces, cuando la cifra de homicidios venía bajando. Desde entonces hay documentadas 35 mil personas desaparecidas, y más de 260 mil asesinadas.”


En esos años la atención de Estados Unidos, que antes se encontraba [puesta] en Colombia, pasó a enfocarse en México, con la Iniciativa Mérida –una propuesta similar al Plan Colombia–, que comenzó a funcionar en 2008. Esto supuso el aumento en la transferencia de dinero de Estados Unidos a México con destino a la seguridad. Según Dawn Marie, “a la vez que iba aumentando la ‘ayuda económica’ de Estados Unidos, en México aumentaban los muertos”.


¿Qué relación tuvo la intensificación de la lucha social y la declaración de guerra contra el narco? Para Dawn Marie fue directa. Insiste en que la denominada guerra contra el narco no es otra cosa que la justificación de la existencia de un enemigo interno para multiplicar el ataque contra el pueblo mexicano, contra su entramado comunitario, contra sus formas de vida y resistencia. Las víctimas serían fundamentalmente hombres jóvenes, los motivos inexistentes. Las matanzas no tienen un patrón común, en general los jóvenes asesinados no están vinculados a grupos del crimen organizado, aunque el discurso oficial siempre los intente conectar. El resultado: miedo, terror, confinamiento forzado a espacios privados, ruptura del tejido social. “Esta no es una estrategia que tenga que ver con controlar las drogas. Por ejemplo, el Plan Colombia no fue exitoso en disminuir la cantidad de cocaína que se consume en Estado Unidos, lo cual era su pretexto. Pero fue efectivo en otras cosas, abrir mercados, mayor apertura económica, hacer reformas políticas, todo con el mismo dinero y el discurso de la prosperidad para salir del ‘flagelo’ del narcotráfico. Y también se comprobó con el Plan Colombia que la militarización para la prohibición es funcional al capital, aquélla se relaciona a todos los casos de despojo extremo para liberar territorio para la caña de azúcar, para la palma. También acabar con sindicatos como en los casos de Chiquita y Coca Cola, contratando paramilitares para asesinar a gente organizada. Este despojo liberó territorios para la ampliación de actividades económicas que permitieron mayor acumulación de capital.”

Por Daniel Gatti
3 agosto, 2018

1. 2008. Libertad bajo Palabra.

(Brecha publica, con la autorización de su autor, estos fragmentos de la entrevista con Dawn Marie Paley publicada previamente en zur.org.uy)

Publicado enSociedad
Sábado, 26 Mayo 2018 06:10

Luz verde para balear a manifestantes

Luz verde para balear a manifestantes

El tribunal rechazó dos peticiones presentadas por grupos de derechos humanos, como respuesta a la matanza de 120 personas desde finales de marzo en la Franja de Gaza. Ayer la ya habitual represión de los viernes sumó un muerto y 25 heridos.

 

La Corte Suprema de Israel validó ayer la posición del ejército israelí y dio luz verde al uso de francotiradores y armas de fuego contra los manifestantes palestinos, al rechazar dos peticiones presentadas por grupos de derechos humanos, como respuesta a la matanza de 120 personas desde finales de marzo en la Franja de Gaza.


Al mismo tiempo que el tribunal tomaba esa decisión, el ejército israelí reprimía en Gaza las protestas del noveno viernes de la llamada Gran Marcha del Retorno, con un saldo de 25 heridos, según fuentes médicas palestinas.


Ayer también falleció un palestino de 24 años, identificado como Sami Habib, uno de los heridos de las protestas de las últimas semanas, informó el vocero del Ministerio de Salud de Gaza, Ashraf al Qedra. Estas noticias, sin embargo, no repercutieron en los tribunales de la Corte Suprema de Israel.


Tres magistrados de ese tribunal rechazaron por unanimidad las dos peticiones, una presentada por Adalah, el Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel y el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, y otra presentada por la Asociación de Derechos Civiles en Israel (ACRI).


El tribunal aceptó los argumentos de los militares al decidir que los disparos a los manifestantes se habían producido “de acuerdo a la ley” porque estos representaban “un peligro real para los soldados y ciudadanos israelíes”, según el fallo reproducido por la agencia palestina de noticias Wafa.


Para Adalah y Al Mezan, el tribunal ignoró por completo la amplia base de datos que le presentaron los peticionarios, que incluye múltiples testimonios de heridos e informes de organizaciones internacionales que participan en la documentación del asesinato y las heridas de manifestantes desarmados en Gaza. “Vale la pena señalar que el tribunal supremo israelí se negó a ver videos que documentan tiroteos israelíes de manifestantes y, en lugar de examinar realmente el caso, aceptó completamente las reclamaciones presentadas por el Estado”, aseguraron las dos organizaciones en un comunicado conjunto.


Los organizaciones también señalaron que “esta decisión, que justifica el fusilamiento de manifestantes, contradice las conclusiones y los resultados preliminares de las organizaciones internacionales de derechos humanos y los organismos de la ONU que documentan y evalúan los acontecimientos en Gaza”.


La decisión del tribunal supremo otorga plena legitimidad a las “acciones ilegales del ejército israelí, que han provocado la muerte de más de 100 personas y heridas a miles de manifestantes, entre ellos mujeres, niños, periodistas y paramédicos”, concluyó un comunicado de las organizaciones.


De los asesinados, el 94 por ciento murió por heridas en la parte superior cuerpo.


Adalah y Al Mezan habían presentado su petición el 23 de abril exigiendo que ordene a los militares israelíes que dejen de utilizar francotiradores y balas de plomo para dispersar las protestas palestinas en la Franja de Gaza. El abogado de Adalah, Suhad Bishara, argumentó en la petición que las prácticas militares israelíes constituyen violaciones tanto del derecho internacional como de la ley israelí.


Desde el 30 de marzo, el ejército israelí ha matado a más de 120 residentes palestinos de Gaza, incluidos 15 niños, e hirió a aproximadamente 3000, cerca de la mitad con balas de plomo.


Un día antes que la Corte Suprema validara la posición del ejército israelí, el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, aseguró que el gobierno aprobará la próxima semana la edificación de otras 2500 viviendas en asentamientos judíos en el territorio palestino ocupado de Cisjordania. “Llevaremos 2500 nuevas unidades de vivienda al Consejo Supremo de Planificación en Judea y Samaria (nombres bíblicos para Cisjordania), de las cuales 1400 se construirán inmediatamente”, escribió el ministro, que reside en una colonia en territorio ocupado, en su cuenta de Twitter. Lieberman aseguró que el gobierno impulsará “la construcción a través de Judea y Samaria del norte al sur, en pequeños y grandes asentamientos. Seguiremos estableciéndonos y desarrollando allí con hechos”.


La Organización para la Liberación de Palestina (OLP), a través de la integrante del Comité Ejecutivo, Hanan Ashraui, se opuso al anuncio y aseguró que “la intención declarada de Israel de edificar miles de unidades para colonos en la Cisjordania ocupada revela la verdadera naturaleza del colonialismo israelí, expansionismo e ilegalidad”. “Sin duda, Israel está trabajando deliberadamente para aumentar su población de colonos judíos extremistas y superponer el ‘Gran Israel’ sobre toda la Palestina histórica”, rechazó la OLP en un comunicado.


“Es evidente que las recientes medidas provocadoras e ilegales adoptadas por Estados Unidos, Guatemala y Paraguay animaron a Israel a avanzar y aumentar su empresa ilegal de asentamientos y de este modo, la anexión total de la Cisjordania ocupada”, agregó. Ashraui subrayó que esas “atroces políticas” reafirman la “necesidad imperiosa de que la Corte Penal Internacional (CPI) abra una investigación criminal inmediata de las flagrantes violaciones del derecho internacional y convenciones”.


También reclamó a la comunidad internacional que tome “medidas serias y concretas para lograr el cese total de toda actividad en asentamientos y hacer a Israel responsable con mediadas punitivas y sanciones antes de que sea demasiado tarde”.


Esta semana, los palestinos pidieron a la CPI en La Haya que inicie una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios palestinos, incluida la colonización, desde junio de 2014, cuando Palestina aceptó la jurisdicción del tribunal, aunque no fue hasta abril de 2015 cuando pasó a ser formalmente miembro de esa corte.
La construcción de asentamientos israelíes en territorio ocupado es considerada ilegal por la comunidad internacional y uno de los principales obstáculos para la paz, aunque la Administración estadounidense encabezada por el presidente Donald Trump se ha mostrado más tolerante con esta política.


Los palestinos se han negado a regresar a las negociaciones de paz, estancadas desde 2014, hasta que se cumplan varias condiciones, una de las principales la paralización del crecimiento de las colonias.

Publicado enInternacional
El Ejército colombiano mató a 10.000 civiles para mejorar las estadísticas en la guerra contra los rebeldes

Un nuevo estudio revela que el Ejército colombiano mató entre 2002 y 2010 a muchas más personas de lo que se creía en los casos de 'falsos positivos' para trucar las estadísticas y justificar la ayuda militar estadounidense

 

Gloria Astrid Martínez vio a su hijo por última vez el 8 de febrero de 2008. Después de desayunar, Daniel, de 21 años, salió de casa, en Soacha, un suburbio abandonado de la capital de Colombia, para empezar un nuevo trabajo en fincas situadas en el campo y propiedad de ricos.


“Me dijo que había encontrado un trabajo que pagaba tanto que yo no tendría que trabajar más”, recuerda Martínez. “Sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero él insistió, así que se fue”.


Ocho meses después, el cuerpo de Daniel apareció en una fosa común cerca de la frontera con Venezuela vestido con ropa de camuflaje. Soldados del Ejército colombiano habían atraído a Daniel con la promesa de trabajar en la ciudad de Ocaña, a 660 kilómetros de Bogotá, donde le asesinaron y le calificaron de rebelde con el objetivo de mejorar las estadísticas en la guerra contra los insurgentes izquierdistas.


Las cifras infladas, conocidas como “falsos positivos”, se utilizaron para justificar la ayuda militar estadounidense. Los agentes que llevaron a cabo las ejecuciones fueron premiados con ascensos y vacaciones.


Cuando en 2008 salió a la luz la noticia sobre las matanzas, el escándalo acorraló al Ejército colombiano: decenas de destacados militares fueron destituidos y otros muchos de menor rango fueron enviados a prisión.


Pero un nuevo estudio del que es coautor un antiguo coronel de policía sostiene que la práctica estaba mucho más extendida de lo que se había informado con anterioridad. De acuerdo con los autores Omar Rojas Bolaños y Fabian Leonardo Benavides, aproximadamente 10.000 civiles fueron ejecutados por el Ejército entre 2002 y 2010, más del triple que la cifra calculada por los grupos de derechos humanos.


En el informe 'Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010 – obediencia ciega en campos de batalla ficticios', los autores describen cómo el Ejército de Colombia mató sistemáticamente a civiles para mejorar sus estadísticas de muertos en la guerra contra los rebeldes.


"Podemos llamarlos 'falsos positivos' o 'ejecuciones extrajudiciales', pero realmente estos fueron asesinatos a sangre fría”, denuncia Rojas, que ejerció como policía durante 31 años. “Fueron meticulosamente planeados y llevados a cabo por miembros de todos los rangos”. Rojas asegura que se atacó especialmente a menores con diversidad funcional por su vulnerabilidad, así como un puñado de militares sospechosos de filtrar secretos.


“Esto no es algo que solo ocurrió en el pasado, a día de hoy seguimos encontrando casos de falsos positivos, aunque no con la misma intensidad de antes. Ahora lo llaman errores militares”, afirma Rojas.


El principal grupo rebelde de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmó un acuerdo de paz con el Gobierno en noviembre de 2016 poniendo formalmente fin a 52 años de la guerra civil que dejó 220.000 muertos y unos siete millones de desplazados, la mayoría civiles. Grupos paramilitares alineados con el Gobierno y otros grupos armados de izquierdas también han contribuido al derramamiento de sangre. Todos los bandos han cometido atrocidades.
El presidente Juan Manuel Santos, que fue galardonado con el premio Nobel de la Paz por liderar el acuerdo, ocupó el cargo de ministro de Defensa entre 2006 y 2009, el periodo con más matanzas por falsos positivos.


Los activistas denuncian que ni Santos ni su predecesor, Álvaro Uribe, han rendido cuentas por el escándalo, aunque Uribe se enfrenta a varias investigaciones independientes por supuestos crímenes de guerra. Un testigo clave en uno de los casos fue asesinado en Medellín el mes pasado.


A menudo el Gobierno de Colombia ha restado importancia al escándalo calificándolo como acciones de unos pocos individuos sin escrúpulos.


“Los falsos positivos no es solo un problema de unas pocas manzanas podridas”, señala José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América. “Estas matanzas aparentemente generalizadas y sistemáticas se cometieron por tropas adscritas prácticamente a todas las brigadas en todas y cada una de las divisiones del Ejército de Colombia”, añade.


El soldado que reclutó a Daniel está actualmente cumpliendo una pena de 39 años de prisión, junto con muchos otros militares de bajo y medio rango. Pero no se ha condenado a ni un solo general.


Para Martínez, que ha recibido amenazas de muerte por su lucha por la justicia, la impunidad es desgarradora. “Dicen que el dolor de la pérdida se alivia con el paso del tiempo, pero eso es mentira. Empeora”, afirma con la voz quebrada. “El Estado debe proteger a su gente, no matarla”, añade.

 

Joe Parkin Daniels - Bogotá (Colombia)
09/05/2018 - 20:08h
Traducido por Javier Biosca Azcoiti

Publicado enColombia
Confirmaron el asesinato de los tres periodistas

La muerte del cronista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del chofer Efraín Segarra, del diario ecuatoriano El Comercio, fue ratificada ayer por el presidente de ese país, Lenín Moreno, en un mensaje televisado.

 

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno confirmó ayer el asesinato del cronista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del chofer Efraín Segarra, del equipo periodístico del diario local El Comercio, después de 19 días de incertidumbre. Los periodistas habían sido secuestrados el 26 de marzo por disidentes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la zona de Mataje, provincia de Esmeraldas, en Ecuador.


“El mensaje es a todas las ecuatorianas y ecuatorianos y es así: Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido, no hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas”, reveló el mandatario. Los familiares de los asesinados rompieron en llanto al escuchar el mensaje, y gritaron en medio del abrazo de los presentes.


“Queridos ecuatorianos, ¡basta ya! Indignación, repugnancia, dolor e ira acompañan al corazón de todos los ecuatorianos. Hemos sido siempre un país de paz, de tolerancia, respeto. No podemos permitir que se juegue con ese bien que ha sido nuestro bien más preciado”, dijo el presidente Moreno en la conferencia de prensa en Quito, en la que no permitió preguntas.


El mandatario hizo el anuncio luego de una reunión del Consejo de Seguridad Pública de Ecuador (Cosepe), conformado por las principales autoridades civiles y militares del país. Asimismo, informó que se ha coordinado con actores de paz como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica para el rescate de los cadáveres en la zona fronteriza.


En la tarde de ayer el canal RCN de Colombia entregó fotografías que mostraban tres cuerpos fallecidos, pero hasta la noche las autoridades de Ecuador no pudieron confirmar su veracidad.


Moreno dijo, citado por el diario local El Comercio, que se han retomado las operaciones de seguridad en la zona del secuestro, suspendidas previamente cuando se buscaba la liberación de los periodistas, y dispuso siete medidas más, entre ellas que se levante la reserva sobre la información del manejo del secuestro.


También afirmó que incluyeron a Walger Patricio Arizala Vernaza, alias Guacho –y al que calificó de narcoterrorista–, en la lista de los más buscados de Ecuador y ofreció una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a su captura en Ecuador o en Colombia. Guacho, que comanda la columna Oliver Sinisterra de las ex FARC, había dicho en un primer comunicado sobre el secuestro de los periodistas que el gobierno ecuatoriano rechazaba que fuesen liberados a cambio de hacer lo propio con tres miembros de su grupo. Por ello, lanzó una operación militar ofensiva que, sostuvo, terminó con la muerte de los hombres de prensa.
“Nunca (los secuestradores) tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos”, señaló por su parte el presidente ante más de un centenar de medios de comunicación nacionales e internacionales.


Moreno canceló su visita a Perú y su participación en la Cumbre de las Américas y retornó a Quito, junto con familiares de los trabajadores de prensa fueron secuestrados el 26 de marzo 2018 en Mataje, Esmeraldas, cuando efectuaban un trabajo periodístico en la frontera con Colombia sobre la inseguridad en esa región. Los tres profesionales estaban llevando la investigación desde enero pasado.


Asimismo, el mandatario anunció una serie de medidas de seguridad, entre ellas la de declarar el área fronteriza con Colombia zona de seguridad, e incrementar los controles militares y policiales a fin de realizar, según dijo, acciones coordinadas en esa área. La coordinación de acciones en la zona fronteriza se realiza de manera conjunta con el alto mando militar y policial de Colombia, cuyos integrantes se encuentran en Quito.


“Estamos de luto, pero no vamos a dejarnos amedrentar, hoy más que nunca pido al país la unidad por la paz”, sentenció el mandatario y aclaró: “Esto último bajo ninguna circunstancia significa que se quiera limitar la libertad de expresión”.


En ese sentido, Moreno pidió a los medios de comunicación que no dejasen de criticar: “Sabemos reconocer nuestros errores y todo esto nos permitirá reconocer si los ha habido”, dijo. “El pueblo perdona errores pero no que se le mienta; no vamos a mentir al pueblo ecuatoriano”, finalizó.


Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, condenó el asesinato de los periodistas y ofreció toda la colaboración de su país para capturar a los responsables. Tras participar en una conferencia en la VIII Cumbre de las Américas, que se celebra en Lima, el mandatario aseguró: “Colaboraremos con Ecuador en todo lo que estime necesario para perseguir y capturar a los responsables”. En este sentido, el gobernante colombiano remarcó que ya comenzaron las operaciones en ambos lados de la frontera entre Ecuador y Colombia para hallar a los autores del crimen y descartó que los asesinos sean de las FARC porque afirmó que éstas dejaron de existir hace mucho tiempo.

Publicado enInternacional
Plan de los Estados Unidos en la amazonia. Crear laboratorios biológicos con fines militares

En pasadas entregas, mostramos el peligroso proyecto que tiene el gobierno de Estados Unidos para el control territorial a través de laboratorios biológicos estratégicamente ubicados.En efecto, salvo en Australia, la Casa Blanca tiene centros de investigación en virus y bacterias en todos loscontinentes. Llama la atención el plan para “cercar” a Rusia, pues según denuncias hechas por el Kremlin, Estados Unidos tiene laboratorios en Georgia, Ucrania y Kazajistán (todas repúblicas ex soviéticas que comparten frontera con Rusia) (http://www.hispantv.com/noticias/salud/52961/moscu-denuncia-laboratorios-biologicos-de-eeuu-cerca-de-rusia). De esta forma, en un eventual ataque, el gobierno del actual presidente Trump tendría una ventaja notable frente a sus adversarios, reavivando la vieja lógica de la Guerra Fría. Sin embargo, el presente artículo no pretende ahondar en la amenaza mundial que significan los centros biológicos norteamericanos. Por el contrario, busca fijar su mirada en un proyecto específico que ha pasado desapercibido (quizás con complicidad) para la mayor parte de los medios de comunicación. Este plan tiene que ver con el control de la Amazonía como una de las proyecciones geopolíticas del Pentágono, para lo cual Brasil y Colombia resultan dos centros neurálgicos en la realización de sus intereses.


La historia ha demostrado que Estados Unidos no hace nada sin tener un interés plenamente identificado. En este sentido, lo que se cree es un “acuerdo de cooperación militar” entre Bogotá y Washington para la lucha contra el narcotráfico, tiene un trasfondo muchas veces ignorado (http://www.escritoresyperiodistas.com/NUMERO44/robledo.htm). La presencia de militares norteamericanos repartidos en siete bases (Malambo, Atlántico; Palenquero en el Magdalena Medio; Apiay, Meta; las bases navales en Cartagena; Bahía Málaga en el Pacífico; el centro de entrenamiento en Tolemaida y el Fuerte militar Larandia en Caquetá) es una muestra de la ambición territorial del país del norte en América Latina, con la que espera llevar a cabo su proyecto de control geopolítico.

Basta con observar la distribuciónde las bases militares para darse cuenta que el posicionamiento no tiene nada de inocente. Por el contrario, dada su ubicación estratégica en cualquier momento y bajo el motivo que sea, Estados Unidos podría invadir Colombia (https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/que-persigue-estados-unidos-con-las-bases-militares-en-colombia). Y no es una exageración, pues si se observa el mapa con detenimiento, puede concluirse que la presencia de militares norteamericanos está asegurada en los cuatro rincones del país. En el norte, en las principales ciudades; en el centro-oriente, concretamente en el departamento del Meta, desde donde podría dirigirse un ataque contra la hermana República de Venezuela (http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/05/11/bases-militares-de-eeuu-en-colombia-apuntan-a-venezuela/#.Wg_sz-RhjIU), en el occidente controlando los puertos del Pacífico y en el sur en Caquetá, muy cerca de la Amazonía donde existen planes para hacerse con las fuentes de agua y la creación de enfermedades vía laboratorio.


De hecho, como ha sido varias veces documentado, bajo el pretexto de “la lucha contra el narcotráfico”, Estados Unidos ha probado peligrosas armas biológicas en territorio colombiano. Durante el llamado“Plan Colombia” que no fue otra cosa que un proyecto de control espacial basado en la aspersión aérea con productos diseñados para la devastación de poblaciones y la creación de enfermedades incurables, el Pentágono aseguró la lealtad de las élites corruptas de Bogotá. Además, el país del norte introdujo peligrosas sustancias nocivas para los cultivos como el hongo patógeno Fusarium, componente considerado como un “agente biológico para la guerra”cuyos efectos son irreversibles (https://www.ecoportal.net/temas-especiales/salud/de_nuevo_armas_biologicas_de_usa_en_colombia/).


Pues bien, este peligroso hongo se utilizó en la erradicación de los cultivos de uso ilícito, pero además con él se contaminaron otras tierras dedicadas a la agricultura y fueron afectados hasta los granos almacenados por los campesinos. Luego de muchas presiones de activistas, el microherbicida fue retirado de las aspersiones aéreas, pero ya cuando había causado enormes daños en el medio ambiente colombiano. Ahora, en la era del magnate-presidente cuya visión estrecha del mundo se basa en la conquista y el dominio, se quiere reactivar el uso del glifosato y otros agentes químicos que una vez más demuestran la ambición de Estados Unidos por reducir y aplacar a “su principal aliado en América Latina”.


De acuerdo con el microbiólogo norteamericano Jeremy Bigwood, el hongo Fusarium es un agente bioquímico que mata a los organismos que penetra por medio de las toxinas que produce. Esta variedad conocida como el “agente verde” puede ser letal incluso para el ser humano.En efecto, algunos documentos históricos prueban que campesinos murieron luego de la ingesta de pan y otros alimentos contaminados con el microherbicida.


(http://www.mamacoca.org/feb2002/art_gonzalez_armas_quimicas_y_biologicas.html). Ahora bien, es oportuno preguntarse ¿qué sucede en las bases militares de Estados Unidos en territorio colombiano?Luego de que la Corte Constitucional prohibiera el uso del glifosato para la erradicación de cultivos de uso ilícito por ser considerado un agente peligroso y nocivo (https://www.telesurtv.net/news/Corte-colombiana-prohibe-la-aspersion-aerea-de-glifosato-20170426-0041.html), ¿es necesario contar todavía con la presencia de militares estadounidenses? La respuesta es claramente no, pero el hecho de que el presidente Trump haya mantenido las tropas en Colombia demuestra que está en marcha un plan de agresión.


La recurrente entrada y salida de aviones a las bases militares es un asunto inquietante toda vez que significa una vulneración clara y efectiva a la soberanía nacional, así las élites en Bogotá quieran presentarlo como un “acuerdo de mutuo entendimiento”. La realidad es que, dentro de estos centros de operación, el Pentágono desarrolla armas bioquímicas con las que espera mantener controlada a toda la población de América Latina. Dicho de otro modo, la presencia de militares norteamericanos no sólo está dispuesta para el monitoreo de actividades relacionadas con el narcotráfico sino, por el contrario, con la producción de armas biológicas que se utilizarán al mínimo signo de oposición a los planes del imperialismo. El hermetismo con que se maneja el tema y la imposibilidad de entrada a ciertos puntos de la geografía nacional considerados “sensibles” para el gobierno de Estados Unidos, demuestran que se está fraguando un plan para la conquista pasiva del territorio. De hecho, la Casa Blanca está haciendo la guerra a Colombiay los colombianos ni siquiera se dan por enterados.


Como se mencionó hace algunos acápites, una de las bases militares se encuentra en Caquetá, departamento fronterizo con la Amazonía que, no es sorpresa alguna, es una de las principales fuentes de agua potable del mundo además de una de las reservas de biosfera más ricas del planeta. Entonces, el plan geopolítico de Estados Unidos es claro: hacerse con el control de este punto estratégico so pretexto de la “protección del ambiente y el mantenimiento de la seguridad”. Por esa razón, en los próximos meses, la administración Trump presionará para que se reactive la erradicación vía aérea de los cultivos de uso ilícito mediante la implementación de virus y bacterias que se desarrollan en laboratorios secretos ubicados en la Amazonía colombo-brasilera. De allí partirá como hace más de quince años una guerra biológica silenciosa pero efectiva, la cual le permitirá al gigante del norte continuar con su despliegue militar (http://ccs.org.es/2000/11/20/guerra-biologica-en-la-amazonia-colombiana/).


El fin último de la ambición geopolítica del Pentágono es plantar bandera en “el pulmón del mundo” para manipular a su antojo el futuro de la humanidad.

El sustento de lo dicho con antelación es la operación conjunta AmazonLog 17 liderada por el ejército brasilero e inspirada en una actividad similar realizada por la OTAN en Hungría (2015), en la que Brasil participó como observador. La misión que se llevó a cabo en mayo de 2017 en la triple frontera amazónica (Brasil-Colombia-Perú) contó ni más ni menos que con el apoyo logístico del ejército estadounidense. De acuerdo con la BBC, la operación se da en el marco de nuevos acuerdos entre las Fuerzas Armadas de Brasilia y Washington que pretenden “reaproximar” y “estrechar” las relaciones militares de los dos países (http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/05/08/brasil-tropas-de-eeuu-participaran-de-ejercicio-militar-en-amazonia/). Pero más preocupantes aún fueron las declaraciones de la embajada de Estados Unidos que aseguró existen “otros acuerdos en discusión, incluyendo soporte logístico, pruebas y evaluación en ciencia y tecnología e intercambios científicos”.A buen entendedor, pocas palabras.


Por si fuera poco, el ejército brasilero negó en aquel entonces que la operación sirviera como germen para una posible base multinacional como sucedió en el caso húngaro. No obstante, hace algún tiempo (se cree que entre el 6 y 13 de noviembre de 2017), se inauguró una “base logística internacional” cuyo propósito fundamental es la “asistencia humanitaria”. (https://www.clarin.com/mundo/brasil-ee-uu-paises-crearan-base-militar-amazonas_0_S1Z-CZYCW.html). El operativo AmazonLog 17 tendrá como bases las ciudades de Tabatinga (Brasil), Leticia (Colombia) y Santa Rosa (Perú), que comparten la triple frontera amazónica. Más claro no puede ser el objetivo de Estados Unidos que, con la salida injusta y manipulada de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, encontró en su corrupto sucesor Michael Temer un socio sin precedentes. De hecho, Temer ya le entregó al Pentágono la base militar de Alcántara ubicada al norte del país, desde donde el ejército estadounidense tendrá un comando de operaciones sin parangón para el control territorial y la prueba de sus virus y bacterias (http://www.hispantv.com/noticias/brasil/356054/temer-base-espacial-eeuu-militar-alcantara). En este punto es donde comienza a evidenciarse las consecuencias del giro a la derecha que viene sufriendo el continente latinoamericano.


Como ha sido comprobado históricamente las “razones humanitarias” no existen para el gobierno de Estados Unidos. O quizás sí, pero funcionan a la inversa, es decir se justifica las intervenciones, pero en detrimento de la humanidad. El apoyo a crueles dictaduras y la violación sistemática a derechos humanos por parte de militares estadounidenses, son tan sólo algunos ejemplos de “la ayuda humanitaria” que ofrece Estados Unidos. El nuevo proyecto AmazonLog 17 es claramente un despliegue geoestratégico en el que, con la complicidad de gobiernos serviles e ignorantes, el Pentágono pondrá en marcha laboratorios dedicados a la producción de enfermedades tropicales que sirvan para mitigar el crecimiento de la población latinoamericana que amenaza su futuro, otra “causa humanitaria”.


Al mismo tiempo, la Casa Blanca pretende ubicar sus tropas para “proteger los recursos hídricos” mientras explota a su antojo las fuentes de agua, flora y fauna de la Amazonía. Lo más increíble del caso es que todas las actividades son realizadas en presencia de gobiernos que desconocen el vocablo soberanía. En efecto, si se considera la nueva presencia militar de Washington en el norte de Brasil y se suman las tropas de las siete bases militares en Colombia, se podría decir que hemos retornado a la Guerra Fría porque incluso se están desarrollando agentes químicos para eliminar a la población. Esperemos que el siguiente paso del plan geopolítico norteamericano no sea el apoyo a terribles dictaduras.

Enero de 2018

Publicado enColombia
Domingo, 26 Noviembre 2017 07:40

Río tiene a tres ex gobernadores presos

Garotinho y su esposa Rosinha, arrestados el miércoles por una causa de corrupción.

 

Crisis económica, narcoviolencia y corrupción en el estado vidriera de Brasil

Este combo, al que se le agrega el récord de policías asesinados y de violencia criminal en las favelas y en los barrios tradicionales, está teñido del color verde oliva de las tropas del Ejército que ocupan la ciudad.

 

Río de Janeiro, la vidriera global de Brasil, se desangra por la crisis económica, el aumento de la violencia y también por una degradación de su clase política, reflejada en la detención por corrupción de los últimos tres ex gobernadores, apenas un año después de haber albergado los Juegos Olímpicos. Para completar el cuadro de este carnaval decadente, el ex presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos Río 2016, Carlos Nuzman, fue detenido acusado de haber pagado votos de países africanos en 2009 para la elección de la ciudad como sede olímpica con dinero desviado de contratos del gobierno estadual.

Este combo, al que se le agrega el récord de policías asesinados y de violencia criminal en las favelas y en los barrios tradicionales, está teñido del color verde oliva de las tropas del Ejército que ocupan la ciudad para colaborar con la seguridad pública, que generó conflictos legales porque la justicia común no tiene competencia para juzgar posibles abusos de los militares. La policía, los maestros y otros empleados públicos del estado sufren atrasos en el pago. El gobierno estadual el año pasado se declaró en bancarrota por una serie de factores, como la baja de la recaudación petrolera, en medio de la Operación Lava Jato, que detuvo grandes proyectos de la industria de hidrocarburos y refinerías sospechados de corrupción.

“Muchos gobernantes se relajaron esperando el milagro fiscal del ingreso por regalías del petróleo. Esto se convirtió en una desventaja, empujada por malas gestiones porque la estructura estatal de Río es muy pesada. El petróleo, el turismo y algo de industria mantienen al estado”, dijo el economista Fernando Pinho, de la Universidad Mackenzie.

La Operación Lava Jato se posó sobre el estado de Río de Janeiro de la mano del juez Marcelo Bretas, llamado “el Sérgio Moro carioca” por implementar la prisión preventiva y organizar operativos espectaculares contra políticos y empresarios. El primer caído fue el diputado Eduardo Cunha, mano derecha de Temer en el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) que motorizó como presidente de la cámara baja el juicio político que destituyó a Dilma Rousseff.

El PMDB, que tiene en Río uno de sus principales bastiones de poder, quedó arrasado, pero aún mantiene las riendas mediante el gobernador Luiz Fernando Pezao, acusado de recibir sobornos. Su jefe, el ex gobernador Sergio Cabral (2006-2014) está detenido condenado a 45 años de prisión por cobrar sobornos millonarios de empresas contratistas que hasta le compraban joyas a su esposa, Adriana Anselmo, en una sentencia polémica dictada por el mediático juez Bretas.

En los últimos diez días fueron detenidos los ex gobernadores Anthony Garotinho (candidato presidencial en 2002) y su esposa Rosinha Matheus por comprar votos en la elección municipal de 2016 en el municipio y polo petrolero de Campos dos Goytacazes, bastión de la dupla del Partido de la República. El día anterior, el martes, tres diputados del PMDB de Temer, caciques de la política tradicional de Río, fueron eje e un papelón institucional: un tribunal de segunda instancia envió a prisión a Jorge Picciani –presidente de la Asamblea Legislativa de Río y padre del ministro de Deportes, Leandro Picciani–, y de sus antecesores Edson Albertassi y Paulo Melo.

Fueron liberados por la Asamblea Legislativa, pero se entregaron nuevamente porque el tribunal consideró que la libertad de estos políticos “atenta contra la paz social de la comunidad”, ya que durante tres décadas instalaron una red de sobornos, dice la acusación, alimentada por la llamada “mafia del transporte”. Picciani se entregó en la sede de la policía federal a bordo de un Porsche. “Río se transformó en una tierra sin ley”, dijo la fiscal general, Raquel Dodge, designada por Temer, al mediar entre la disputa entre poderes, tal cual se da a nivel nacional.

Los contratos fraudulentos con el Estado de Río alcanzaron también a empresas constructoras y proveedores e incluso rozaron al conductor televisivo Luciano Huck, sondeado como candidato presidencial, un aliado del senador Aecio Neves. El socio de Huck en la red de gimnasios más grande de Brasil, Claudio Accioly, fue llevado a declarar por la fuerza para que explique por qué el gobierno de Cabral lo benefició con la baja de impuestos.

Para el columnista Bernardo Mello Franco, del diario Folha de Sao Paulo, “muchos cariocas festejan las detenciones de políticos como el inicio de la salvación, pero estas simbolizan una tragedia. Hace poco más de un año que Río se enorgullecía por ser sede olímpica. Hoy la policía sufre la violencia fuera de control y el cierre de restaurantes populares y bibliotecas”. Declarado en bancarrota a mediados de 2016, dos meses antes de los Juegos, parte de los empleados públicos no cobraron el aguinaldo de ese año. El estado aceptó un pacto fiscal de auxilio del gobierno de Temer que lo obliga a privatizar empresas públicas, como ocurrió con la de saneamiento urbano CEDAE, donde hubo manifestaciones y represión, y el ministro de Economía, Henrique Meirelles, recomendó privatizar la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ).

El aumento de la violencia del delito, los tiroteos entre los grupos narcos de las favelas, el asesinato récord de policías y la intervención de las Fuerzas Armadas en las ciudades se suman a la crisis de identidad del segundo estado más rico del país, que fue capital del Imperio y de la República hasta 1960 y que ahora baila al ritmo de la canción compuesta por Baden Powell, “Samba Triste”. Según una encuesta de Datafolha, 7 de 10 habitantes de la ciudad de Río de Janeiro dejarían de vivir en la ciudad maravillosa por causa de la violencia. En el último año, incluso, la degradación económica se vio reflejada con la aparición en situación de calle de ex gerentes y universitarios que perdieron todo, arrastrados al ritmo de este samba triste.

 

 

Publicado enInternacional
Jueves, 05 Octubre 2017 07:14

Militares al acecho en Brasil

© AFP 2017/ Yasuyoshi Chiba

 

La crisis política brasileña es un abismo sin fondo. Con el 3% de apoyo popular el gobierno de Michel Temer es un barco a la deriva, sin rumbo ni timonel. No cae porque se somete a las multinacionales y al agronegocio, y porque cualquiera que venga sería igual o peor. En ese clima político, los altos mandos militares empezaron a levantar la voz.

 

En pocas semanas tres generales hicieron declaraciones públicas a favor de la intervención de los militares para solucionar la crisis. La primera correspondió al general Hamilton Mourao, quien dijo en público que si las instituciones no son capaces de resolver la crisis política, "nosotros tendremos que imponer eso".

El segundo fue el general en retiro Augusto Heleno, quien había sido comandante de las fuerzas brasileñas en Haití entre 2004 y 2005. El general respaldó a Mourao, advirtió que no debía ser sancionado por el Ministerio de Defensa y amenazó con "adelantar acciones" en caso de que eso sucediera.

La tercera declaración fue del comandante militar del Sur, la guarnición más poderosa, general Edson Leal Pujol, quien llamó a la población a salir a las calles contra la corrupción para exigir una intervención militar.

Diversos analistas brasileños afirman que los militares están moviendo sus fichas ante la posible destitución de Temer por corrupción. Algunos van más lejos y aseguran que se trata de bloquear un posible triunfo de Luis Inacio Lula da Silva en las elecciones de 2018. En efecto, según las encuestas Lula es el preferido del electorado en todos los escenarios imaginables, aunque también cosecha mayor rechazo.

Un analista prudente como el ex canciller Celso Amorim, declaró recientemente que "en el actual escenario el factor militar tiene peso". El hecho irrefutable es que los militares están opinando sobre la coyuntura política, algo que está expresamente prohibido por la Constitución.

La segunda cuestión es que los militares están divididos. El comandante del Ejército, general Eduardo Villas Boas, rechazó sancionar al general Mourao. Los militares que han hecho declaraciones a favor de un golpe contra la democracia no pertenecen al mismo sector de Villas Boas.

El 26 de setiembre el comandante del Ejército citó una reunión con oficiales generales activos y en reserva, en la que participaron tres ex comandantes y el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional durante los dos gobiernos de Lula (2003-2010). Uno de los aspectos centrales fue "asegurar la cohesión, la jerarquía y la disciplina", lo que indica que los tres aspectos están comprometidos en el seno de las fuerzas armadas.

El tercer elemento a tener en cuenta es el apoyo que los militares golpistas tienen de una parte considerable de la sociedad civil. El ex militar Jair Bolsonaro, con posiciones de ultraderecha, marcha segundo en las encuestas detrás de Lula, con el 20% de las intenciones de voto. Bolsonaro tiene fluidas relaciones con el sector militar que encarna Mourao, quien a su vez es el referente de los civiles que apoyan una intervención militar.

En octubre de 2015 Mourao fue sancionado por la entonces presidenta Dilma Rousseff, por declaraciones similares a las realizadas semanas atrás. Era el responsable del Comando Militar del Sur y se lo castigó con el traslado a una tarea burocrática de economía y finanzas. A partir de ese momento fue el ícono de los manifestantes contra Dilma. Un enorme muñeco inflable de 12 metros de altura, simbolizaba a Mourao con una banda presidencial en el pecho. En marzo deberá pasar a la reserva y no son pocos los que proponen que sea candidato a la presidencia.

La cuarta cuestión radica en la importancia de las Fuerzas Armadas en la historia reciente de Brasil. Tuvieron una enorme influencia durante la extensa dictadura (1964-1985) y la perdieron completamente en la Constitución de 1988 que los relegó al control de las fronteras. Nunca perdieron el apetito de poder que hoy se manifiesta en la permanente intervención en asuntos relaciones con la seguridad pública.

Durante el mes de setiembre casi mil soldados intervinieron en la favela Rocinha, la más conocido y emblemática de Rio de Janeiro. La excusa como siempre fueron los enfrentamientos violentos entre grupos de narcotraficantes, pero la realidad indica que los militares están ensayando formas de control social, como trasladando a las favelas su experiencia en los barrios pobres de Haití, adquirida en su participación en la Misión de Pacificación de las Naciones Unidas (MINUSTAH).

La organización humanitaria Justica Global, libró un comunicado en el que afirma: "Operaciones como ésta son fruto de una política genocida de guerra contra las drogas, que viola los derechos de los habitantes de las favelas y victimiza sobre todos a los jóvenes negros. La lógica real de la perpetuación de esta política, en tanto, tiene raíces mucho más profundas, que incluyen el lucrativo mercado ilegal de armas y drogas y la corrupción de los agentes del Estado".

Los militares brasileños nunca renunciaron a dirigir el país, de manera directa o indirecta. Fueron muy críticos con el gobierno de Fernando de Henrique Cardoso (1996-2002), porque firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y privatizó empresas estatales estratégicas como la aeronáutica Embraer, al punto que muchos uniformados lo consideran como un "gobierno traidor".

Bajo Lula los militares se vieron favorecidos (y las voces críticas neutralizadas) con la definición de la Estrategia Nacional de Defensa que comenzó la modernización del armamento y la construcción de los submarinos nucleares, hoy completamente paralizados.

Luego de la participación de Temer en la asamblea de Naciones Unidas, las voces contra el presidente crecieron de forma exponencial, ya que adhirió al "protocolo adicional" al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) que impide todo desarrollo nuclear del país. Durante un tiempo, los militares más nacionalistas habían apoyado a Temer porque consiguió frenar a la izquierda y al ambientalismo, ya que sostienen que la defensa de la integridad de la Amazonia está en riesgo con el monitoreo internacional de su conservación ambiental.

La batalla más inmediata serán las privatizaciones de grandes empresas estatales, como Eletrobras, que para muchos militares no es más que la desnacionalización del patrimonio brasileño. Si alguien piensa que habrá estabilidad en Brasil, deberá esperar por lo menos hasta 2019, una vez que se resuelva la sucesión de Temer en la cual las Fuerzas Armadas jugarán un papel decisivo.

 

 

Publicado enInternacional
Domingo, 17 Septiembre 2017 07:44

Perspectivas del posconflicto

La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinoza recibe en Quito a los negociadores del gobierno, Juan Camilo Restrepo (izq) y del Eln, Pablo Beltrán (der), el 4 de setiembre

 

El Ejército de Liberación Nacional colombiano acordó un cese al fuego con el gobierno, pero existen dudas sobre la consistencia de ese acuerdo. En su segundo gran capítulo de diálogos de paz, el gobierno de Juan Manuel Santos se encontró con una contraparte mucho más sólida ideológicamente y más firme en sus exigencias que las FARC. Estas últimas se reconvirtieron en partido, pero sin caras o discursos nuevos.

 

El pasado 4 de setiembre la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, anunciaba que los equipos negociadores del gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) habían alcanzado un acuerdo de cese al fuego bilateral y temporal, al que se le denominó Acuerdo de Quito.

La tregua negociada se extenderá entre el 1 de octubre y el 9 de enero del año próximo, lo que implica que no representa el definitivo fin del conflicto ni se entregarán las armas por parte de la guerrilla. Durante el período en curso hasta la fecha de inicio de este transitorio alto el fuego se prepararán todos los protocolos –que son bastantes y complejos– que permitirán mecanismos de información mutua en los territorios en conflicto buscando minimizar los riesgos de ruptura del acuerdo que deberá ser consensuado entre las partes. También intervendrán los veedores de las Naciones Unidas, que procederán a supervisar el proceso en el lugar, y terminará de definirse en su integridad el rol de la Iglesia Católica respecto de estas negociaciones.

Más allá del cese transitorio de hostilidades mutuas, el Acuerdo de Quito implica que la guerrilla no atente durante este período contra ninguna infraestructura del país (incluidos sus oleoductos), no siembre más minas antipersonales y deje de reclutar a menores por debajo de la edad establecida por las normas del derecho internacional humanitario. Por su parte, el gobierno colombiano se compromete a fortalecer y reforzar la legislación que regula lo que se conoce como “alertas tempranas” –un sistema previsto para proteger a los líderes civiles y sociales– y desarrollar un programa de carácter humanitario para la población carcelaria de militantes del Eln –aproximadamente medio millar de reclusos–, asistiendo de forma adecuada a quienes necesiten un tratamiento sanitario especial o a quienes tienen enfermedades terminales, así como reubicando a los presos para acercarlos a sus familias y protegerlos dentro de los penales. Además, la recientemente aprobada ley que se refiere a la amnistía e indulto para presos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se amplía para los miembros del Eln, rebajándose y despenalizándose ciertos tipos penales asociados a la protesta social.

El acuerdo contempla un lapso de tres semanas destinado a que quienes negociaron en nombre de la guerrilla vayan a los correspondientes frentes de guerra a explicar el contenido de lo firmado en Quito y las condiciones de la tregua. Esto es consecuencia de que –a diferencia de las extintas Farc, en las que el secretariado de la guerrilla daba una orden y ésta se cumplía sin discusión– el Eln, pese a su estructura militar, funciona como una especie de federación de frentes en combate donde se consensúan los acuerdos de manera más horizontal.

En paralelo, gobierno y guerrilla acordaron ampliar el período de negociaciones, que entrará en su cuarto ciclo a partir del 25 de octubre. De hecho está previsto que al final de este primer período de cese de hostilidades se haga una evaluación de cómo ha avanzado la agenda de negociaciones con el fin de prorrogar por más tiempo la tregua.


ORÍGENES DE UNA GUERRILLA.


El Eln nació en 1964, casi a la par que las Farc, inspirándose en una ideología que mezcla cristianismo, marxismo inspirado en la revolución cubana y nacionalismo radical.

Sus orígenes reales datan de un par de años antes, cuando cinco estudiantes colombianos viajaron a La Habana en condición de becados. Allá fue fundada la Brigada José Antonio Galán, a la cual se unirían un año después varios sacerdotes vinculados a la teología de la liberación. Dos de ellos, Camilo Torres (1929-1966) y Manuel Pérez (1943-1998), se convertirían en las figuras más emblemáticas de la historia del Eln.

Las acciones armadas del Eln comenzaron al inicio de 1965, siendo la guerrilla prácticamente desarticulada en octubre de 1973 –durante la presidencia de Misael Pastrana Borrero–, a consecuencia de una ofensiva militar a gran escala denominada Operación Anorí. Pasaría una década para que el Eln tuviera capacidad de comenzar a rearticularse bajo la dirección del sacerdote español Manuel Pérez, convirtiéndose a partir de entonces en el segundo grupo insurgente más importante del país hasta el armisticio de las Farc.

Según la Fundación Paz y Reconciliación, los más de 2 mil combatientes actuales del Eln están distribuidos a lo largo de 51 municipios en 11 departamentos colombianos. En este sentido, el anuncio del cese al fuego entre ejército y guerrilla significará un gran alivio para las regiones del norte de Santander, Chocó y Arauca, donde se concentra con mayor virulencia el conflicto entre la última guerrilla que queda en Colombia y las fuerzas armadas.


COMIENZA EL DIÁLOGO.


El Eln ya había mantenido conversaciones con gobiernos previos al de Juan Manuel Santos. Concretamente, fue durante la presidencia de César Gaviria, en la década de 1990, que se iniciaron los primeros contactos (en Caracas, en 1991). Y en 1992 se organizaron los Diálogos de paz de Tlaxcala, en México. Los intentos de negociación con el gobierno tuvieron también lugar durante la gestión de Pastrana –mediante el Acuerdo Puerta del Cielo, de 1998, firmado en Maguncia, Alemania, y la reunión de Ginebra realizada en 2000–, e incluso con el gobierno del ultraderechista Álvaro Uribe, mediante una primera reunión a finales de 2005 y tres sesiones más en 2006, finalizando el proceso en agosto de 2007, tras otro encuentro en territorio caribeño donde participarían el presidente cubano Raúl Castro y el Nobel de literatura Gabriel García Márquez.

El actual proceso de negociación se inició en marzo de 2016, tres años después de que comenzaran las conversaciones con las Farc que culminaron con el Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto, firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.

Históricamente el Eln ha tenido un componente político mucho más marcado que las Farc, pese a que los segundos tuvieran cuatro veces más capacidad operativa militar que los primeros. Esto implicó que aunque el inicio de las conversaciones exploratorias fuese anunciado por Juan Manuel Santos durante su campaña electoral para la reelección de 2014, éstas no hayan terminado de cuajar hasta tres años después.


EN LA AGENDA.


Los primeros diálogos se celebraron en Ecuador y Brasil, de forma alterna, si bien Venezuela, Noruega, Chile y Cuba también han acompañado el proceso. Desde hace meses la agenda de negociación quedó pactada, teniendo cierto parecido a lo que se estableció en su momento con las Farc, aunque en este caso el gobierno colombiano tuvo que ceder con respecto a los reclamos insurgentes de participación ciudadana.

La agenda de diálogo contempla seis puntos en discusión: la participación de la sociedad, la democracia para la paz, asuntos relativos a las víctimas, las transformaciones para la paz, aspectos de seguridad para lograr la paz y entrega de las armas, así como las garantías para el ejercicio posterior de la acción política.
Establecer a Quito como sede principal de las negociaciones es fruto de la negativa gubernamental a las iniciales peticiones guerrilleras, que contemplaban que se instalasen fundamentalmente en Caracas.

Pero llegar a los Acuerdos de Quito implicó también un proceso de disputas dentro del Eln, donde las posiciones más dialogantes en el Comando Central (Coce) se han impuesto frente al sector más beligerante. Así, las posturas de Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, primer comandante del Eln, junto a las de Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”, tercero en la línea de mando y jefe de la comisión negociadora, consiguieron frenar a los sectores más escépticos y las posiciones duras encarnadas en el Frente de Guerra Occidental y el Frente de Guerra Oriental.

En todo caso, existe una nube de dudas sobre la consistencia del acuerdo. Al respecto, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto, indica: “Es muy difícil que este tipo de acuerdo tan desestructurado se verifique y se cumpla, ofrece mayores riesgos para la población civil, para quienes hagan la verificación y para la misma guerrilla”. Respecto de los riesgos asumidos por el Eln, el comandante Pablo Beltrán también advirtió: “El paramilitarismo es una sombra que se mantiene en gran parte del territorio dejado por las Farc, y quedarse quieto, para la guerrilla, representa un riesgo aun mayor”. Cabe señalar, en este sentido, que el propio gobierno ha reconocido que en las áreas dejadas atrás por las Farc se ha incrementado notablemente la actividad de diversas bandas delincuenciales y el paramilitarismo (así como los asesinatos de líderes sociales; véase Brecha, 14-VII-17).

La solidez ideológica del Eln ha implicado que, a diferencia de lo sucedido durante las negociaciones con las Farc, la guerrilla no aceptase ninguna medida unilateral, algo que pidió inicialmente el gobierno, requiriéndole un cese unilateral de las actividades insurgentes. De hecho el compromiso guerrillero ni siquiera pasa por la liberación de sus secuestrados –en la actualidad cuatro personas vinculadas al sector comercial y ganadero–, quedando este asunto agendado para la siguiente etapa.

Más allá de la larga historia de negociaciones entre el Estado colombiano y la insurgencia “elena”, es la primera vez desde que se fundó el Eln que se firma un documento con el gobierno. En eso tuvieron mucho que ver las presiones del papa Bergoglio, quien visitaría el territorio colombiano inmediatamente después para expresar su apoyo al proceso.


RECONVERSIÓN DE LAS FARC.


La firma de los Acuerdos de Quito se da en paralelo a la puesta en escena del partido político conformado por las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las cuales manteniendo sus siglas Farc pasaron a denominarse Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El modelo no es nuevo en este país cafetero, teniendo en cuenta el proceso del Ejército Popular de Liberación (Epl), que pasó a denominarse Esperanza, Paz y Libertad, o el referente al M-19, que tras la firma de paz optó por la denominación Alianza Democrática M-19.

Difícil es pensar que las estigmatizadas Farc puedan tener un apoyo relativamente amplio en el área urbana, centrándose estratégicamente este nuevo partido en movilizar el voto rural de un campesinado históricamente excluido. En este sentido, cabe recordar que en aproximadamente el 10 por ciento de los 1.123 municipios de Colombia la política local ha estado controlada durante décadas por los “farianos”.

Pese a que el gran reto de las refundadas Farc debería estar enmarcado en el cambio de imagen, en la actualización de sus discursos, en conformarse orgánicamente de la forma más horizontal posible y en presentar nuevas vocerías ante la deslegitimación social de su antigua comandancia, las tesis que se impusieron en su congreso fundacional fueron las de perfil más ortodoxo y de connotaciones marxista-leninistas. Tras seis décadas de conflicto civil armado, el pueblo colombiano reclama en estos momentos menos consignas revolucionarias y más propuestas políticas enfocadas a solucionar problemas como el desempleo, la baja calidad de la salud y la educación, la pobreza, la delincuencia o laenorme lacra que supone la corrupción institucional.

Si hubiera que ubicar un perdedor en el congreso fundacional del nuevo partido, éste sería Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, quien propuso sin éxito el nombre de Nueva Colombia para la extinta guerrilla y un modelo de partido que se dirigiera al país “sin dogmas, sin sectarismo, ajeno a toda ostentación ideológica y con propuestas claras y sencillas”. Sin embargo, las tesis auspiciadas por el que fuera el número uno durante la última etapa de las Farc guerrilleras fueron derrotadas, no por su dirección, sino por sus bases.

Como parte de los acuerdos de paz, las nuevas Farc disponen de diez diputados asegurados en el próximo Congreso que será electo en marzo del año que viene. Nombres de la antigua comandancia tales como Victoria Sandino, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada e Iván Márquez –el gran triunfador en esta convención– figuran como precandidatos para ocupar estos escaños. En definitiva, hay una ausencia de caras y voces nuevas para afrontar este supuesto nuevo renacer.

El desmarque de la izquierda política colombiana respecto de las nuevas Farc se evidenció por su no asistencia al congreso fundacional. Ninguno de los múltiples precandidatos presidenciales del progresismo asistió al acto, tampoco ninguno de los dirigentes de los partidos políticos de centroderecha que respaldaron en su momento los acuerdos de paz. Tan sólo asistió un representante de la precandidata presidencial progresista Clara López para leer un comunicado en su nombre.


TRABAS.


En paralelo, y fruto de las limitaciones que impuso la Corte Constitucional al mecanismo de fast-track (vía rápida) para aprobar las leyes de la paz en el Congreso, las legislaciones sobre desarrollo rural, participación política y reforma electoral que deben establecerse tras estos acuerdos de paz están sufriendo importantes modificaciones conceptuales en el Poder Legislativo. Allí los curules conservadores se envalentonaron tras los resultados negativos del plebiscito realizado el año pasado sobre dichos acuerdos.

En todo caso, lo que se visualiza en todo sondeo de opinión realizado durante el presente año en Colombia es que sorprendentemente la implementación de los acuerdos de paz no está entre las prioridades políticas de la ciudadanía.

Mientras, en las zonas de la Colombia rural que fueron antiguos escenarios de guerra, ex guerrilleros desmovilizados que formaron parte de los frentes farianos no dejan de ser asesinados por sicarios contratados por terratenientes, caciques políticos locales y bandas criminales. Oficialmente el Estado contabiliza ya una docena de asesinatos de ex combatientes y otra cifra similar de víctimas entre sus familiares.

Respecto de las disidencias –quienes no aceptaron el acuerdo de paz– dentro de las Farc, el gobierno colombiano registra un número aproximado de 400 combatientes que se han conformado en varias estructuras ilegales ubicadas principalmente en ocho departamentos del país: Nariño y Cauca en la zona suroccidental, y Caquetá, Meta, Guaviare, Vichada y Vaupés en el sudoriente. Según Eduardo Álvarez Vanegas, vocero de la Fundación Ideas para la Paz, resulta significativo que estas disidencias no estén agrupadas bajo la estructura de control de un mismo comandante, lo cual podría desembocar en su futura conversión en nuevas bandas criminales emergentes.


CAMPAÑA ELECTORAL.


A seis meses de que se realicen las elecciones legislativas y a nueve de la presidencial todo parece indicar que el país electoralmente se polarizará de nuevo en torno a las posiciones a favor o en contra de los acuerdos de paz.

En el ámbito de la derecha es de prever que, según vaya acercándose el proceso, las múltiples precandidaturas actualmente existentes terminen por converger en dos candidatos fuertes. Éstos serían Germán Vargas Lleras y quien designe finalmente Álvaro Uribe en complicidad final con el Partido Conservador, de Andrés Pastrana.

En el caso del primero, quien en la actualidad funge como vicepresidente de la república, sus estrategias electorales se articulan en torno a la crítica parcial a los acuerdos de paz impulsados por Santos, pactando con diversos segmentos de la clientelar política local y regional que ya le han manifestado su apoyo. También se basan en el cuestionamiento al gobierno venezolano de Nicolás Maduro y en una irrisoria alerta social para que Colombia no se convierta en una nueva Venezuela, y termina reclamando un pacto con los sectores empresariales más reaccionarios, que sienten como una amenaza la justicia transicional derivada de los acuerdos de paz.

Por su parte, la estrategia del uribismo, más allá de quién termine siendo su candidato (hay en la actualidad cuatro precandidaturas distintas dentro del Centro Democrático), es asentar la idea de que Santos entregó el país a las Farc, generando alarma en un empresariado rural al que se le dice que sus tierras terminarán siendo entregadas a los ex combatientes guerrilleros desmovilizados, potenciando a su vez los llamados “valores morales” más reaccionarios en una sociedad sumamente conservadora como es la colombiana.

En lo que respecta a los sectores políticos que van del centro hacia la izquierda, fieles a su tradición divisionista, en la actualidad presentan un fraccionamiento en al menos tres bloques: los progresistas de Gustavo Petro, el entorno del nuevo partido de las Farc y, por último, la coalición formada por la Alianza Verde, de Claudia López, Compromiso Ciudadano, de Sergio Fajardo, y el Polo Democrático, del senador Jorge Robledo. Queda pendiente ver cómo solucionarán las izquierdas este fraccionamiento para intentar converger en torno a una sola candidatura.

En todo caso, lo que falta hasta mayo de 2018 vendrá marcado por la disputa entre estas dos amplias facciones que determinarán posiblemente una segunda vuelta presidencial, pasando la centralidad política de la lógica decimonónica izquierda versus derecha a situarse en el eje derivado del posconflicto.

 

 

Publicado enColombia
Página 1 de 5