El general retirado Hugo Torres, Comandante 1, y Dora María Téllez, Comandante 2, históricos ex guerrilleros sandinistas detenidos por el régimen de Daniel Ortega. La segunda concedió una entrevista a Jaime Hernández poco antes de su arresto. Fotos tomadas de videos

"Estos son los zarpazos de un régimen que se siente moribundo", acusa el general retirado Hugo Torres

 

Otros cinco dirigentes opositores al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, entre ellos los históricos ex guerrilleros sandinistas Dora María Téllez, la Comandante 2, y el general retirado Hugo Torres, Comandante 1, fueron detenidos este fin de semana por la policía, con lo que suman 12 los políticos arrestados en las últimas dos semanas.

La noche del sábado, la policía aprehendió a Tamara Dávila y ayer apresó a Téllez, Ana Vigil, Suyen Barahona y Torres, todos del partido Unión Democrática Renovadora - Unamos, formado por disidentes del oficialismo.

También estuvo bajo arresto, aunque brevemente, el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco.

Las detenciones se inscriben en la reciente escalada contra la oposición, que incluye la exclusión de cuatro precandidatos para las presidenciales de noviembre y citación ante la justicia de periodistas críticos.

Ortega, quien cursa su tercer mandato consecutivo, ha dicho que sólo cumple la ley, que le permite apresar a quienes reciben financiamiento extranjero, publiquen información "falsa" o, entre otras cosas, hayan celebrado las sanciones internacionales aplicadas contra los nicaragüenses.

La policía de Nicaragua señaló que los detenidos cometieron "actos que menoscaban la independencia, la soberanía e incitaron a la injerencia extranjera en asuntos internos al pedir intervenciones militares, además de que se organizaron con financiamiento extranjero".

Antes de que fuera aprehendido, Torres, ex aliado de Ortega, grabó un video en el cual aseguró que el mandatario traicionó sus principios. "Estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año, en que tendrían que realizarse elecciones libres y supervisadas", sostuvo.

A principios de junio, la policía puso a la líder de la oposición Cristiana Chamorro bajo arresto domiciliario poco después de que anunció sus planes de postularse a la presidencia con la intención de poner fin a 14 años consecutivos de mandato de Ortega.

Al arresto de Chamorro le siguieron los de otros opositores, situación que ha llevado al gobierno de Estados Unidos y a organismos defensores de derechos humanos a pedir su pronta liberación y calificar a Ortega de "dictador".

Torres participó en las dos operaciones más grandes del Frente Sandinista contra la dictadura de Anastasio Somoza: la toma de la casa del alto funcionario somocista José Maria Chema Castillo, quien el 27 de diciembre realizaba una fiesta de despedida al embajador de Estados Unidos, Turner B. Shelton, operativo con el cual se exigió la liberación de varios presos políticos, entre ellos Daniel Ortega.

La otra gran batalla en la que combatió Torres fue el asalto al Palacio Nacional, junto con Edén Pastora, Comandante Cero, y Dora María Téllez, conocida como la Operación Chanchera el 22 de agosto de 1978, que aceleró la caída de Somoza.

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Lunes, 14 Junio 2021 05:58

Nicaragua: la involución de Ortega

Nicaragua: la involución de Ortega

Los legendarios combatientes sandinistas Dora María Téllez y Hugo Torres, así como la activista Ana Margarita Vijil, fueron apresados ayer por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, donde habrá de realizarse un proceso electoral de sucesión presidencial este año.

En días anteriores, la policía de Nicaragua encarceló a los principales aspirantes opositores a la presidencia, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro García, así como a media docena de líderes disidentes, algunos de los cuales se encuentran con paradero desconocido.

Todos ellos fueron detenidos por "realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación".

Las acusaciones resultan absurdas si se considera que los afectados han venido desarrollando su actividad política en el contexto de la legalidad y la han orientado a la participación electoral, y resultan grotescas en el caso de dirigentes históricos del sandinismo como Dora María Téllez quien, por serlo, fue incluida en una lista de "terroristas" por el gobierno de Estados Unidos durante la administración de George W. Bush.

La razón real de la persecución es, en cambio, el afán de Ortega y de su vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, de ir a unas elecciones sin oposición con el fin de perpetuarse y prolongar su estadía en un poder que ostenta desde hace varios años las características del autoritarismo corporativo.

Una cruel paradoja de la historia es la paulatina transformación de Ortega –quien fue un gobernante progresista y democrático en la época de la Revolución Sandinista, entre 1979 y 1990– en una figura semejante al dictador Anastasio Somoza Debayle, derrocado precisamente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y con el que se cerró un ciclo de dictaduras dinásticas que comenzó en 1937.

Cuando el FSLN fue derrotado en las urnas en 1990, Ortega pasó a la oposición política y volvió a la presidencia en enero de 2007, aliado esta vez con sectores de la derecha y con un programa regresivo en el ámbito de los derechos reproductivos.

Relecto en 2011 y en 2016, enfrentó de manera autoritaria y represiva las protestas sociales que comenzaron dos años más tarde y dejaron un saldo de alrededor de 300 víctimas mortales.

Así, el régimen autoritario de Ortega-Murillo se asemeja más a la dictadura somocista que al gobierno revolucionario que le sucedió y en Nicaragua, hoy por hoy, la democracia es sólo una aspiración.

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Chamanes realizan un ritual en apoyo a Castillo en el Cerro San Cristóbal de Lima.. Imagen: EFE

A estos pueblos históricamente despojados el fujimorismo, derrotado en estas elecciones, busca despojarlos también de sus votos, no contarlos. Éstas son su voces.

 

En un país marcado por profundas inequidades, esta elección presidencial ha expuesto la división entre las élites y los sectores populares, los olvidados, entre la capital y el interior, entre el Perú oficial y el Perú profundo. Una división y exclusión que el país oficial se ha empeñado en ocultar, pasar por alto. Ahora, en la desesperación de las élites por su derrota y la pérdida del poder, esa discriminación emerge mostrando su peor rostro racista y clasista. Son dos países. Entre los más excluidos, los más pobres, están los pueblos indígenas, andinos y amazónicos.

En esta elección, un hombre de origen campesino, andino, el profesor Pedro Castillo, virtual presidente electo, sorprendió a todos y ahora las élites excluyentes maniobran para sacarle votos en mesa y tratar de bloquear su llegada a la presidencia. Los sectores campesinos, indígenas, votaron masivamente por el profesor de escuela rural. Y es a estos pueblos históricamente despojados a los que el fujimorismo, derrotado en estas elecciones, busca despojarlos también de sus votos, no contarlos. Invisibilizados como ciudadanos, ahora también se les quiere invisibilizar como electores.

El 25 por ciento de la población peruana es indígena, unos ocho millones. De ellos, la gran mayoría son comunidades andinas, quechuas principalmente y aymaras en menor proporción. Y unos 300 mil pertenecen a diversos pueblos originarios de la Amazonia.

"Están indignados"

“En estas elecciones estamos viendo el racismo en todo su esplendor. A ellos les duele haber perdido con un campesino, un profesor, por eso están indignados y quieren sacarnos nuestros votos. Qué casualidad que cuando piden anular votos lo hacen con los de las comunidades indígenas. Las acusaciones que nos hacen de haber rellenado las ánforas y las actas de votación son falsas, no tienen ningún sustento. Nuestros hermanos están molestos”, le señaló a Página/12 Melania Canales, campesina quechua, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú.

Lizardo Cauper es dirigente de un pueblo originario amazónico y presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana - Aidesep. “Primero niegan que existimos, ahora nos quieren robar nuestros votos” dice, con indignación. “La mafia -agrega- se resiste a aceptar su derrota e inventa un fraude. Es indignante su racismo que pretende ignorar el voto indígena con su poder económico. Estamos defendiendo nuestros derechos. Nos declaramos en estado de emergencia para defender nuestro voto”.

"Expresiones racistas"

“Ellos (los fujimoristas) tienen expresiones racistas contra los pueblos indígenas. Han dicho ‘en las serranías han llenado las actas electorales a su antojo’. Eso es una falsedad y es indignante para nosotros. Se nos sigue tratando como personas de segunda categoría en pleno siglo XXI. Se debe entender que no hay razas ni culturas superiores. Hay un desprecio hacia los pueblos indígenas y ahora nos quieren robar nuestros votos”, señala Víctor Maita, campesino quechua, presidente de la Confederación Nacional Agraria. Sobre la negativa de la derecha a admitir su derrota electoral, sus ataques con tono de desprecio y racismo contra Castillo y sus votantes, Maita advierte que “lo que están generando es polarizar al pueblo peruano, ya estamos cansados de esa polarización”.

Hugo Jilaja, presidente de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, asegura que “la población aymara está indignada” por las afirmaciones del fujimorismo de que en las zonas rurales e indígenas se hizo fraude en las mesas para favorecer a Castillo. Acusaciones sin fundamento que buscan anular esos votos masivamente favorables al candidato de la izquierda.

Keiko Fujimori ha acusado a las poblaciones rurales de suplantar a los miembros de mesa para coparlas, conclusión a la que la derrotada candidata llega porque las firmas de algunos miembros de mesa no le parecen iguales a las de sus documentos de identidad o porque tienen el mismo apellido y eso la hace suponer que son familiares enviados para manipular votos a favor de Castillo. Denuncias sin evidencias serias.

"Fuijmori agrede"

El dirigente aymara Hugo Jilaja le responde: “Keiko Fujimori no conoce la realidad de los pueblos indígenas. Las personas mayores de las comunidades indígenas tienen dificultades de hacer su firma, no están acostumbrados a firmar, por eso cundo firman no es igual a su documento de identidad. En las comunidades hay muchas personas con el mismo apellido que no son familia. Y todos sabemos que en las mesas electorales se agrupa por orden alfabético de los apellidos. Los pueblos originarios han sido agredidos por Keiko Fujimori. Rechazamos la discriminación étnica ejercida por ella”.

Maita anuncia acciones de protesta si se consuma la pretensión de Keiko Fujimori, y la derecha en pleno, de anular unos 200 mil votos rurales e indígena para cambiar el resultado electoral. “Los pueblos originarios tenemos claro que los grupos de poder económico se han juntado para defender sus privilegios. Si no se respeta el voto rural, primero iniciaremos acciones legales y luego medidas de lucha, de fuerza. Haremos respetar nuestro voto”.

“Los indígenas defendemos la democracia que hemos ganado en los últimos 20 años. Estamos vigilantes y atentos. Esta incertidumbre está generando zozobra en los pueblos indígenas”, dice, por su parte, Jilaja.

Melania Canales le comenta a este diario las razones por las cuales las comunidades campesinas han votado masivamente por Castillo. “Nos identificamos con Castillo porque representa a las personas que somos víctimas del racismo y de las brechas de desigualdad e injusticia. Yo soy indígena, él es de un pueblo descendiente de indígenas, soy campesina y de la clase baja como él. En estos 200 años de República nos han gobernado las oligarquías, los burgueses, ya era hora que nos gobierne alguien del pueblo”.

Sobre sus expectativas con un gobierno del profesor rural, Canales dice: “Esperamos cumpla con su palabra. Le hemos dicho que no nos traicione. Somos conscientes que su gobierno va a ser difícil, acosado para tratar de hacerlo inestable, no lo van a dejar gobernar fácilmente, el pueblo tendremos que estar en las calles permanentemente para defender y sostener su gobierno. Lo primero que esperamos es que haga una nueva Constitución. Queremos que empiece a limpiar la casa, porque no es posible que en el aparato estatal haya gente totalmente racista. Ha prometido apoyar a la agricultura familiar, esperamos que haga eso. Ningún proyecto extractivo debe ir adelante sin el consentimiento social de las comunidades”.

"Votamos por el cambio"

Por su parte, Lizardo Cauper señala que su apoyo es por el cambio. “Los pueblos indígenas votamos por el cambio, en contra del modelo económico neoliberal, que es insostenible, insistir en lo mismo sería suicida. Hemos elegido un cambio y del nuevo gobierno esperamos ese cambio. Los pueblos indígenas somos discriminados, queremos una sociedad democrática, sin racismo ni opresión. Esperamos eso. Es fundamental que el nuevo gobierno nos escuche”.

El dirigente aymara Hugo Jilaja también opina sobre lo que demandan del próximo gobierno del profesor Castillo. “Exigimos que las autoridades tengan diálogo con los pueblos originarios. Exigimos el cese de la discriminación étnica que ha dividido a la población peruana. Demandamos librarnos de la mentalidad colonial”.

Los pueblos originarios de los Andes y la Amazonia están a la expectativa de lo que vaya a ocurrir con sus votos que la derecha pretende anular. Se han declarado en estado de emergencia. Convocarán acciones de protesta si les roban sus votos.

“Esperamos se respeten nuestros votos. Si hay respuesta negativa, la intervención de los pueblos indígenas será contundente para defender nuestros votos y nuestra dignidad”, anuncia, con voz firme, Lourdes Huaca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú

Por Carlos Noriega

13 de junio de 2021

Desde Lima

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Domingo, 13 Junio 2021 06:18

Brasil: camino al autogolpe

Brasil: camino al autogolpe

Desde Río de Janeiro. En otra clara muestra de su alejamiento de la trágica realidad vivida por Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro participó ayer sábado de una marcha que reunió a miles de motociclistas en San Pablo (foto).

Al desafiar el decreto local que prohíbe promover aglomerados e impone el uso de mascarilla, tanto él como su hijo diputado nacional, Eduardo, y el ministro de Infraestructura, Tarcisio Gomes, fueron multados por el gobierno de João Doria, un ex aliado que se transformó en adversario visceral. A cada uno le toca pagar cien dólares. O, mejor dicho, les tocaría, porque sobran indicios de que irán ignorar la punición.

Fue el tercer desfile de motos con la participación presidencial, y el más impactante. Se calcula como mínimo cinco mil motociclistas en respaldo a una campaña electoral que viola todas las reglas y leyes, en otra clara muestra de que Bolsonaro ignora frontalmente las instituciones.

Con el número de víctimas fatales de covid rondando – acorde a los datos oficiales – el medio millón, el ultraderechista insiste en criticar medidas de aislamiento social, anunciar medicaciones que además de no tener ninguna eficacia producen efectos colaterales que pueden llevar a la muerte, y promover aglomerados irresponsables.

En los últimos días pasó a asegurar que el número de víctimas fatales de covid fue inflado por alcaldes y gobernadores, para obtener más recursos del gobierno nacional.

Médicos y especialistas aseguran que de haber una coordinación nacional de medidas preventivas, además de vacunas, se podría haber evitado al menos 375 mil muertes.

Nada, sin embargo, parece suficiente para desviar el ultraderechista de su única obsesión: aferrarse al poder.

El fantasma de Lula

Todos los sondeos de opinión pública coinciden en que el expresidente Lula da Silva ostenta una robusta ventaja sobre Bolsonaro, que sigue atropellando las instituciones, ahora con el foco centrado en alcanzar no solo el respaldo pero también el control absoluto sobre las fuerzas de seguridad pública y las Fuerzas Armadas, en lo que se ve como un paso más rumbo a un golpe preventivo.

Hay que recordar que a lo largo de sus oscuros 28 años como diputado nacional el hoy presidente siempre defendió la dictadura (1964-1985) con todos sus métodos, tortura, vejación y asesinatos inclusive.

Ya en su primer día como presidente – el uno de enero de 2019 – denunció fraude en las urnas, diciendo que había vencido ya en la primera vuelta. Aseguró tener pruebas de lo que decía, pero jamás las expuso.

Milicias

A aquella altura, ya contaba con respaldo de las llamadas “milicias”, bandos sediciosos integrados por policías, civiles y militares que controlan buena parte de las grandes ciudades brasileña.

Una de sus primeras medidas fue liberar el número de armas para civiles, inclusive las de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. Resultado: casi dos millones de pistolas y fusiles en manos de la población.

También contaba con amplio respaldo de los rangos inferiores de las Fuerzas Armadas y de las policías militares de todo el país.

La virtual militarización de su gobierno – entre retirados y activos, hay al menos seis mil uniformados esparcidos en puestos oficiales, con el respectivo y robusto refuerzo en sus ingresos – hizo con que Bolsonaro alcanzara un papel preponderante.

Expurgó sin piedad a los mandos que se negaron a dejar a un lado el rol de las Fuerzas Armadas como instituciones del Estado y no de gobierno, dejó claro que fracasó la hipótesis de que los militares que le rodean sirviesen como fuerza de contención para sus desequilibrios y delirios, y no se cansa de asegurar que solo un fraude en el conteo de votos impedirá su reelección.

"Mi ejército"

Sigue refiriéndose a “mi Ejército”, pese al malestar manifestado por el alto mando de la fuerza. El mismo comandante-jefe del Ejército, general Paulo Sergio Nogueira, se sometió al vejamen de no punir al también general Eduardo Pazuello, cómplice absoluto del genocidio padecido por Brasil, por participar de un acto político de respaldo a Bolsonaro, lo que es vetado por el reglamento militar.

Con esa sumisión, el presidente dejó claro que ejerce control total sobre todo, excepto la opinión pública. Y que caso se confirmen las proyecciones y Lula da Silva arrase en las urnas, hará en Brasil lo que su ídolo Donald Trump intentó en Estados Unidos: atropellar el electorado y permanecer depositando su humanidad en el sillón presidencial.

A menos, claro, que intente anticiparse a las elecciones y llevar a cabo un golpe a su favor. Todo es posible bajo sus desmandes.

Por Eric Nepomuceno

13 de junio de 2021

 

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Sábado, 12 Junio 2021 06:01

¿Quién le teme a Pedro Castillo?

¿Quién le teme a Pedro Castillo?

La elección peruana ha generado una verdadera histeria entre las elites limeñas y una campaña de demonización del candidato cajamarquino. El escenario, de confirmarse la victoria de Pedro Castillo, tiene altas dosis de incertidumbre. Pero estas se vinculan poco con los fantasmas que promueve el anticomunismo zombi que recorre el país.

 

Lo que pasó en las elecciones peruanas es quizás lo más parecido a la «tempestad en los Andes» anunciada por Luis E. Valcárcel en un libro ya clásico prologado por José Carlos Mariátegui. Atraído por la idea de «mito», Mariátegui terminaba escribiendo: «Y nada importa que para unos sean los hechos los que crean la profecía y para otros sea la profecía la que crea los hechos». Lo ocurrido el pasado 6 de junio no es sin duda un levantamiento indígena como el que imaginó Valcárcel, ni tampoco uno como lo imaginara Mariátegui, como partero del socialismo. Pero fue un levantamiento electoral del Perú andino profundo, cuyos efectos cubrieron todo el país.

Pedro Castillo Terrones está lejos de ser un mesías, pero apareció en la contienda electoral «de la nada», como si fuera uno. Con los resultados del domingo, está próximo a transformarse en el presidente más improbable. No porque sea un outsider –el país está lleno de ellos desde que el «chino» Alberto Fujimori se hiciera con el poder en 1990, tras derrotar a Mario Vargas Llosa–, sino por su origen de clase: se trata de un campesino cajamarquino atado a la tierra que, sin abandonar nunca ese vínculo con el monte, se sobrepuso a dificultades diversas y llegó a ser maestro rural; en los debates presidenciales cerraba sus intervenciones con el latiguillo «palabra de maestro». 

Desde el magisterio, Castillo saltó al escenario nacional en 2017, con una combativa huelga de maestros contra la propia dirección sindical. Un reciente documental, titulado precisamente «El profesor», da varias pistas sobre su propia persona, su familia y su entorno. A diferencia de Valcárcel, cuyo indigenismo se insertaba en la disputa de elites –la cuzqueña andina y la limeña «blanca»–, Castillo proviene de un norte mucho más marginal en términos de la geopolítica peruana. Su identidad es más «provinciana» y campesina que estrictamente indígena. Desde allí conquistó al electorado del sur andino y atrajo también, aunque en menor proporción, el voto popular limeño.

Por eso, cuando Keiko Fujimori aceptó el desafío de ir a debatir hasta la localidad de Chota y dijo con disgusto «Tuve que venir hasta aquí», la frase quedó como uno de los traspiés de su campaña. Castillo había logrado sacar la política de Lima y llevarla a los rincones lejanos y aislados del país, que recorrió uno a uno en su campaña con un lápiz gigante entre las manos. 

La irrupción de Castillo en la primera vuelta –con casi 19% de los votos– generó una verdadera histeria en los sectores acomodados de la capital. Y acorde a la actual moda del anticomunismo zombi, se expresó en un generalizado «No al comunismo», manifestado incluso con carteles gigantes en las calles. No escaseó tampoco el racismo. Perú parece tener menos pruritos para expresarlo en público que los vecinos Ecuador o Bolivia.

Por ejemplo, el «polémico» periodista Beto Ortiz echó a la diputada de Perú Libre Zaira Arias de su set televisivo, mostrando que la «corrección política» no llegó a sectores de las elites limeñas. Luego la llamó «verdulera» y más tarde se disfrazó de indio –con su histrionismo habitual– para darle la bienvenida de manera socarrona al «nuevo Perú» de Pedro Castillo. 

La candidatura de Castillo fue, además, víctima constante del «terruqueo» (acusación de vínculos con el terrorismo) por sus alianzas sindicales durante la huelga de maestros y, sin experiencias previas en el terreno electoral, de sus propios tropiezos en entrevistas.

Como escribió Alberto Vergara en el New York Times: «Quienes utilizaron de manera más alevosa la política del miedo fueron los del campo fujimorista, las clases altas y los grandes medios de comunicación. Empresarios amenazaban con despedir a sus trabajadores si Castillo vencía; ciudadanos de a pie prometían dejar sin trabajo a su servicio doméstico si optaban por Perú Libre; las calles se llenaron de letreros invasivos y pagados por el empresariado alertando sobre una inminente invasión comunista». Hasta Mario Vargas Llosa abandonó su tradicional antifujimorismo –por el que incluso había llamado a votar por Ollanta Humala en 2011– y decidió darle una oportunidad a una candidata de apellido Fujimori.

Castillo está lejos de provenir de una cultura comunista. Militó varios años en la política local bajo la sigla de Perú Posible, el partido del ex-presidente Alejandro Toledo, y si bien se postuló por Perú Libre, no es un orgánico de este partido, que nació originalmente como Perú Libertario. Perú Libre se define como «marxista-leninista-mariateguista», pero muchos de sus candidatos niegan ser «comunistas».

El líder del partido, Vladimir Cerrón, definió el movimiento que se alineó detrás de Castillo como una «izquierda provinciana», opuesta a la izquierda «caviar» limeña. Castillo es un católico «evangélico compatible»: su esposa e hija son activas participantes en la evangélica Iglesia del Nazareno y él mismo se suma a sus oraciones. En la campaña se posicionó repetidamente contra el aborto o el matrimonio igualitario, aunque hoy varios de sus técnicos y asesores provienen de la izquierda urbana liderada por Verónika Mendoza, con visiones sociales progresistas. Habrá que ver la convivencia de tendencias en el futuro gobierno de Castillo, que no se anuncia fácil.

Castillo se autodefine también como «rondero», en referencia a los grupos campesinos que enfrentaron a la guerrilla de Sendero Luminoso, y funcionan muchas veces como instancia de autoridad en el campo, aunque en Cajamarca la guerrilla fue muy débil.

La incertidumbre de un futuro gobierno de Castillo no tiene que ver, precisamente, con la constitución de una experiencia comunista de cualquier naturaleza que sea. También parece muy improbable una «venezuelización» como la que anuncian sus detractores. Las Fuerzas Armadas no parecen fácilmente subsumibles, el peso parlamentario del castillismo es escaso, las elites económicas son más resistentes que en un país puramente petrolero como Venezuela y la estructuración del movimiento social no anticipa un «nacionalismo revolucionario» de tipo chavista o cubano.

Las declaraciones del «profe Castillo» muestran cierto desprecio de tipo plebeyo por las instituciones, poca claridad sobre el rumbo gubernamental y visiones sobre la represión de la delincuencia –defensa de la justicia rondera– que pueden justificar un tipo de justicia «comunitaria» por mano propia que a menudo deriva en linchamientos puros y duros, muy comunes en el mundo andino. 

La presencia en el gobierno de la «otra izquierda» –urbana y cosmopolita– puede funcionar como un equilibrio virtuoso entre lo progresista y lo popular, aunque también será fuente de tensiones internas. Algunos comparan a Castillo con Evo Morales. Hay sin duda simbologías e historias compartidas. Pero también hay diferencias. Una es puramente anecdótica: en lugar de exagerar sus logros en una clave meritocrática, Morales dice no haber terminado el secundario (aunque algunos de sus profesores aseguran lo contrario). La otra es más importante a los efectos del gobierno: el ex-presidente boliviano llegó al Palacio Quemado en 2006 tras ocho años de trayectoria como jefe del bloque parlamentario del Movimiento al Socialismo (MAS) y la experiencia de una campaña presidencial en 2002, además de tener detrás una confederación de movimientos sociales con fuerte peso territorial, articulador en el MAS. Castillo tiene, por ahora, un partido que no es propio y un apoyo social/electoral aún difuso.

El «miedo blanco» a Castillo se vincula, más que a un peligro real de comunismo, a la perspectiva de perder poder en un país en el que las elites habían sorteado el giro a la izquierda en la región y cooptado a quienes ganaron con programas reformistas como Ollanta Humala. Dicho de manera más «antigua»: el «miedo blanco» lo es a la perspectiva de un debilitamiento del gamonalismo, como se llamó en Perú al sistema de poder construido por los hacendados antes de la reforma agraria, y que perduró por otras vías y de otras formas en el país. Nadie sabe si las elites podrán cooptar también a Castillo, pero hay en este caso un abismo de clase más profundo que en el pasado y el escenario es de manera más general menos previsible. La «sorpresa Castillo» es demasiado reciente y en muchos sentidos es un desconocido incluso para quienes serán sus colaboradores. 

Posiblemente la tempestad electoral anuncie otras próximas si las elites quieren seguir gobernando como se habían acostumbrado a hacerlo.

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Elecciones en Perú: terminó el conteo y Pedro Castillo sumó más votos

El fujimorismo se resiste a aceptar su derrota electoral y tensa más un ambiente ya bastante polarizado. Sin pruebas, insiste en hablar de fraude electoral.

 

Desde Lima. Con el cien por ciento de las actas electorales procesadas, el profesor y sindicalista de izquierda Pedro Castillo es el ganador de las elecciones y presidente electo, pero no puede haber una proclamación oficial porque hay votos impugnados y pedidos de nulidad de otros votos, que deben ser revisados. De acuerdo a diversos expertos, el resultado es irreversible, pero la derecha se niegue a aceptarlo. Castillo gana con 50,2 contra 49,8 por ciento de la derechista Keiko Fujimori, una ventaja de 70 mil votos.

Hay unos 150 mil votos, de más de18,7 millones, que faltan ingresar al cómputo final porque están observados y eso debe resolverse. Esos votos no cambiarían el resultado, por lo que el fujimorismo pretende anular otros 200 mil votos en zonas que apoyaron ampliamente al candidato de la izquierda. No habrá un resultado oficial y proclamación del presidente electo hasta que se resuelvan los votos observados y los pedidos de nulidad hechos por el fujimorismo, una acción final desesperada de una derecha que con todo su poder económico y mediático perdió estas elecciones.

"El profesor Pedro está tranquilo"

El maestro rural que en julio debe asumir la presidencia del Perú mantuvo durante el jueves reuniones con diversos colaboradores, conversó con el presidente argentino Alberto Fernández, recibió la felicitación del mandatario boliviano Luis Arce y recibió la visita del excandidato presidencial de centroderecha George Forsyth. Castillo no habló, pero sí lo hizo su vicepresidenta, Dina Boluarte. “El profesor Pedro está tranquilo, sereno, descansando de la campaña que ha tenido”, dijo. Con los resultados sobre la mesa, Boluarte destacó que éstos daban como ganador a Castillo, pero señaló que esperarán “con serenidad y calma” que se definan los votos observados y los pedidos de nulidad y se oficialice el resultado para declarar su victoria.

“La señora Keiko Fujimori está hablando de fraude sistemático, rechazamos esas afirmaciones. Le digo al pueblo peruano que no se deje engañar por mensajes de terror y odio. Llamo a la señora Fujimori a reflexionar y no polarizar más a la población. Hay que saber perder con dignidad y humildad”, declaró a la prensa la vicepresidenta virtualmente electa.

Sin sostén

El fujimorismo se resiste a aceptar su derrota electoral y tensa más un ambiente ya bastante polarizado. Sin pruebas, insiste en hablar de fraude y busca ganar en mesa lo que ha perdido en las urnas. Keiko ha dicho que todavía hay 500 mil votos que faltarían revisarse, una cifra inflada.

Los fujimoristas dicen que los votos observados pendientes de sumarse al cómputo final -unos 150 mil que inflan a 300 mil- son en su mayoría suyos, algo de lo que no hay evidencia. La tendencia de lo que ya se ha avanzado es validar la mayor parte de esos votos. El fujimorismo necesitaría no solo que se validen todos esos votos observados, sino que al menos el 80 por ciento sean a su favor, algo que desafiaría toda lógica de una elección muy reñida. En su principal bastión electoral, Lima, Keiko obtuvo 65 por ciento.

Como esos votos no le dan para voltear el resultado, el miércoles en la noche el fujimorismo sacó una última carta: demandar la anulación de unos 200 mil votos de regiones donde Castillo gana ampliamente, en algunos casos con más del 80 por ciento. La mayor parte son de zonas rurales, bastión electoral de Castillo. Sus argumentos no se sostienen.

Para pedir esa nulidad señalan que hay mesas de sufragio en las que sus miembros -tres, elegidos por sorteo- son de una misma familia, y, sin ninguna evidencia, saltan a la conclusión que serían familias partidarias de Castillo que coparon las mesas. Ya han salido varios de esos supuestos familiares acusados por el fujimorismo a aclarar que llevan el mismo apellido, pero no tienen ninguna relación familiar. Y no estuvieron en las mesas por su voluntad, sino que salieron elegidos en un sorteo. El plazo para impugnar a los miembros de mesa había vencido largamente antes de las elecciones.

El fujimorismo señala que hay actas en las cuales las firmas de algunos miembros de mesa no coincidirían exactamente con las de sus documentos de identidad, con lo que pretenden hablar de una supuesta suplantación. No hay ninguna pericia que determine que esas firmas no pertenecen a los miembros de mesa designados por sorteo. Y ninguna evidencia de suplantación.

También indican que hay actas de mesas donde casi todos los votos van a Castillo y Keiko saca muy pocos o en algunos casos ninguno y aseguran que eso “es imposible” y por eso exigen que todos los votos de esas mesas sean anulados. Esas actas son de zonas rurales en las que Castillo superó el 90 por ciento, por lo que esa baja o nula votación de Keiko en algunas mesas está lejos de ser “imposible”.

Así de endebles son los argumentos del fujimorismo para tratar de anular votos de Castillo y ganar en mesa. Abogados de los principales y más caros estudios de Lima trabajan con el fujimorismo para anular los votos de los ciudadanos más pobres del país, los de las zonas rurales, y con eso cambiar el resultado electoral.

Desconocer y deslegitimar

“Tienen derecho a solicitar la nulidad de votos, pero una cosa es pedir la nulidad y otra que tengan posibilidades que ese pedido se apruebe. Las razones que han dado para pedir la nulidad de votos son poco atendibles. Se busca anular votos donde Castillo gana abrumadoramente, pero los mismos problemas en otras mesas no los tocan. Este reclamo lo único que hace es alargar el fin del proceso electoral, y en el ínterin tenemos una campaña política y mediática muy fuerte hablando de fraude. La estrategia es manchar el proceso electoral y si no hay manera de revertirlo, desconocer los resultados y deslegitimar al gobierno electo”, le declaró a Página/12Fernando Tuesta, politólogo y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar las elecciones y contar los votos.

Los pedidos de nulidad de votos presentados por el fujimorismo deberán ser resueltos por la justicia electoral de cada región donde se ubicaban las mesas electorales cuestionadas. Esa decisión puede ser apelada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), proceso que tomará varios días. Con argumentos sin base, el pedido de anulación de votos no debería pasar, con lo que se confirmaría oficialmente la victoria de Castillo. Pero hay fuertes presione sobre la justicia electoral.

Pedido de prisión preventiva

Al tiempo que los votos decretan su tercera derrota electoral consecutiva y sus desesperados recursos retrasan el anuncio oficial de esa derrota, Keiko Fujimori enfrenta la posibilidad de volver a la cárcel. La fiscalía ha pedido su prisión preventiva por no cumplir con las reglas de conducta de la comparecencia con restricciones en el proceso por lavado de dinero, organización criminal y obstrucción a la justicia que se le sigue por recibir más de 15 millones de dólares en secreto y en efectivo para sus campañas electorales de 2011 y 2016. Keiko ya estuvo varios meses en prisión preventiva por este caso.

Para Fujimori, esta elección, que se resiste a perder, es la diferencia entre zafar de un juicio con la inmunidad presidencial o enfrentar un proceso con un pedido de la fiscalía, que tiene un caso sólido, de 30 años de prisión.    

Por Carlos Noriega

11 de junio de 2021

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Pedro Castillo hablando a sus seguidores. Foto: Reuters

Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre, se ha declarado vencedor de las elecciones presidenciales la noche de este martes. "Seremos un gobierno respetuoso de la democracia, de la Constitución actual y haremos un gobierno con estabilidad financiera y económica", ha dicho Castillo a sus seguidores en Lima.

 

El candidato se ha adelantado a los funcionarios de la oficina electoral, que aún no han llegado al 100% del escrutinio, y que ahora mismo cuentan las papeletas de los peruanos en el extranjero y las localidades rurales aisladas, de los Andes y de la Amazonia. Según el recuento oficial, que va ahora mismo por el 99,39%, Castillo lidera las votaciones con un 50,24% frente a los 49,75% de Keiko Fujimori. Unos escasos 84.000 votos separan a los dos.

Castillo pidió a los órganos del sistema electoral peruano que sean "respetuosos con la voluntad del pueblo peruano" porque el reporte de sus interventores, al finalizar su propio cómputo de votos, le confirma que "el pueblo se ha impuesto en esta gesta". y ha instado a sus seguidores a no caer en ninguna provocación.

"Hay ciertas zancadillas como la subida del dólar, que para mañana va a subir unos puntos más, el costo del pan, del pollo, de la canasta familiar. Mentira, lo que pasa es que hay cierta incertidumbre que el pueblo ya no las cree y por eso debo decirles que acabo de tener conversaciones con el empresariado nacional donde está mostrando su respaldo al pueblo", destacó.

El maestro y exlíder sindical dijo además que ha tenido reuniones con representantes del empresariado peruano, que le mostraron su respaldo, y a quienes les aseguró que tendrá "un gobierno con estabilidad financiera y económica".

Igualmente, Castillo agregó que ha recibido el saludo de "algunas embajadas y gobiernos de América Latina" por el resultado favorable en las elecciones.

Hasta el momento, restan 523 actas por ser contabilizadas, en su mayoría del voto peruano en el exterior.

A diferencia de la denuncia de supuesto fraude hecha el lunes sin fundamento por Fujimori, en la que señaló que había más de mil actas impugnadas, la ONPE indicó en su informe que existen tan solo 454 actas con reclamaciones que tendrán que ser sometidas a evaluación para ser admitidas en el recuento.

Investigan a cónsul peruano en EE.UU

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ha abierto una investigación preliminar contra el cónsul general del Perú en Hartford (Estados Unidos), después que se filtrara un audio suyo diciendo que esperaba que ganase Keiko Fujimori en las actas que estaba transportando hacia Lima.

"Como se informó ayer, el ministerio de Relaciones Exteriores adoptó la inmediata decisión de entregar la custodia de las 56 actas en sobres sellados pertenecientes a la jurisdicción del Consulado General del Perú en Hartford, a la Cónsul general adscrita de dicha oficina, a fin de que ella las traslade a Lima y las entregue a la ONPE", precisó la cancillería.

Fujimori denunció en la víspera un presunto "fraude sistemático" en los comicios del domingo por aparentes irregularidades para favorecer a Castillo, pero esta versión fue desestimada este martes por los órganos electorales y las misiones de observación electoral que supervisaron el sufragio.

No hay fraude

Este martes, los observadores han descartado que hubiera fraude electoral como ha reclamado Keiko Fujimori. Según la presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia, en Perú no existe evidencia ni indicio alguno de "fraude sistemático" en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y tan solo ha habido "algunos casos aislados" de incidentes que están ya siendo investigados.

El conteo sigue muy despacio desde el final de los comicios y se espera que se prolongue durante toda la jornada del miércoles, aunque no significará que haya ya un ganador definitivo, pues un tribunal electoral será el encargado de dirimir respecto a las discrepancias que surjan en las mesas de votación. Si se impugna un acta, un jurado especial tendrá un plazo de un día para dar su respuesta al respecto. Y, en último caso, si no hay conformidad hay posibilidad de apelación al Jurado Nacional de Elecciones, que tendrá 7 días para contestar.

La responsable de la organización, encargada de velar por el correcto funcionamiento de las instituciones y la democracia en el país, salió así al paso de la denuncia "infundada" emitida este lunes por la candidata presidencial Keiko Fujimori, quien afirmó que hubo un "fraude sistemático" en la votación del pasado domingo.

"Hay una clara intención de boicotear la voluntad popular", dijo en una rueda de prensa Fujimori, quien va perdiendo en el recuento de votos ante su rival, Pedro Castillo.

"No existe fraude. Existen tan solo casos aislados que merecen ser investigados", indicó la politóloga, al señalar que además de la falta de sustento aportada por la denuncia de Fujimori, existe la evidencia recogida por más 1.400 voluntarios de la organización que apuntan que "la votación se realizó en la absoluta normalidad".

Así, insistió: "No tenemos evidencia en nuestros reportes de que se pueda hablar de un fraude sistemático".

En ese sentido, la presidenta de Transparencia indicó que corresponde al partido fujimorista Fuerza Popular "dar cuenta de por qué usó la palabra fraude" en su denuncia y reiteró el pedido a que no se utilice falsamente en este contexto electoral, "pues no hay evidencia de que exista, y es momento en que hay que confiar en el trabajo de las autoridades, en el proceso electoral y en el respeto al voto".

"En un proceso del voto que ya es de por sí polarizado, decir fraude viene a generar zozobra. Solo hay que esperar con calma y tranquilidad los resultados", añadió.

Urrutia recordó también que, ante dichos emitidos por la candidata, como que había más de 1.300 actas electorales observadas, la realidad es que son tan solo 485, como puede verse libremente en la página de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

A juicio de la politóloga, denunciar "fraude" solo genera "desconfianza en las autoridades electorales, en el proceso en sí mismo y por tanto lleva a desconfiar de los resultados y merma la legitimidad del representante elegido".

9 junio 2021

(Información de EFE)

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Detienen en Nicaragua a otro aspirante a presidente

Managua. El aspirante opositor a la presidencia de Nicaragua Félix Maradiaga fue detenido ayer tras declarar ante el Ministerio Público, que abrió una investigación en su contra por actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones, informó la fiscalía.

La Policía Nacional detalló que Maradiaga es investigado por realizar actos "que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera y pedir intervenciones militares".

Además, se le acusa de "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización".

Los cargos atribuidos a Maradiaga están contemplados en la ley de defensa de los derechos del pueblo y soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre pasado.

La Fiscalía también investiga a Maradiaga por incumplir y haber desvirtuado los fines del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

Dicha ONG fue cerrada a finales de 2018 por el Congreso, junto con otras organizaciones críticas con gobierno.

El tercero en una semana

Maradiaga, de 44 años, es el tercer precandidato detenido en una semana, en el contexto de los próximos comicios del 7 de noviembre, tras los arrestos de la periodista Cristiana Chamorro y el ex diplomático Arturo Cruz. Maradiaga era el precandidato del bloque opositor no parlamentario Unidad Nacional.

Chamorro, quien permanece en arresto domiciliario, no pertenece a ningún partido, pero sondeos indicaban que tenía mayor respaldo ciudadano, después del presidente Daniel Ortega, quien según sus adversarios buscará un cuarto mandato sucesivo.

La opositora es acusada de lavado de dinero a través de la fundación que lleva el nombre su madre, la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, mientras Cruz enfrenta cargos de atentar contra los derechos del pueblo.

El arresto "arbitrario" de un tercer opositor en Nicaragua demuestra que el presidente Daniel Ortega es un "dictador", sostuvo el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En tanto, la vicepresidenta Rosario Murillo advirtió que "la justicia llega tarde, pero llega", tras mencionar que los avances de su gobierno fueron "violentados por personas egoístas", en alusión a las protestas de 2018.

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Pedro Castillo con una leve ventaja sobre Keiko Fujimori en el conteo rápido

A la espera de las cifras oficiales, el conteo rápido de Ipsos, que es más preciso que la boca de urna, invirtió el orden de la encuesta siempre en un marco de extrema paridad. Le dio una ligera ventaja al candidato de la izquierda con 50,2% sobre su rival derechista que alcanza un 49,8%.

Los peruanos se fueron a dormir con la incertidumbre de quién será el próximo presidente. Un conteo rápido al cien por ciento, realizado por Ipsos con una muestra de actas electorales representativas de todo el país, le daba una ligera ventaja al izquierdista Pedro Castillo con 50,2 por ciento y a la derechista Keiko Fujimori un 49,8 por ciento. La diferencia está dentro del margen de error. Alfredo Torres, director de Ipsos, explicó que era necesaria una diferencia de dos puntos para declarar un ganador. “Esto es un empate técnico. El resultado puede cambiar”, dijo Torres. Antes, una encuesta a boca de urna, también de Ipsos, había colocado primero a Keiko con 50,3 por ciento y a Castillo le daba 49,7 por ciento. Con estas cifras quedó instalada la incertidumbre.

Al momento del cierre de esta edición no había resultados oficiales. Los primeros se anunciaron para las 23:30 hora local (1:30 de la madrugada hora de Argentina). Con una diferencia tan estrecha esos primeros resultados parciales no definirían con certeza un ganador, por lo que habría que esperar hasta este lunes para aclarar la situación.

Castillo fue el primero en pronunciarse. Lo hizo una hora después de conocerse los primeros resultados a boca de urna, que recibió en su natal pueblo de Tacabamba, en la provincia de Chota de la andina región de Cajamarca. Pidió calma y esperar los resultados oficiales.

“Hay que mantener la calma, hay que ser prudentes. El pueblo es sabio, sabe lo que hace, es inteligente. Compañeros, hermanos, compatriotas, llamo a la más amplia cordura. Lo que hemos escuchado no es nada oficial. Esperemos los datos oficiales. Hermanos, tranquilidad”, dijo, hablándole desde un balcón a sus partidarios, que estallaron en aplausos y gritos de “sí se puede”. Tenían la esperanza que los resultados oficiales reviertan las cifras a boca de urna. El conteo rápido a favor de Castillo alimento esa esperanza.

Poco antes, en un mensaje enviado por Twitter, Castillo había llamado a “defender el voto”. “Convoco al pueblo peruano de todos los rincones del país a asistir en paz a las calles para estar vigilantes en la defensa del voto”, escribió. Sus partidarios se reunieron en las afueras del local de Tacabamba donde estaba el candidato.

Después se pronunció Keiko. Coincidió en que esperaría los resultados oficiales. Habló minutos antes que salga el conteo rápido, que volteó el resultado y ponía primero a Castillo. “Esta campaña ya culminó y será fundamental tender los puentes y encontrar los espacios de diálogo entre todos los grupos políticos. Aquí no hay un ganador o un perdedor, lo que se tiene que buscar es la unidad de todos los peruanos. Desde ya invoco a la prudencia, la calma y la paz a ambos grupos. Por esa prudencia vamos a esperar los resultados oficiales”, dijo desde su local partidario en Lima.

Horas antes había recibido los resultados a boca de urna junto a su esposo, sus dos hijas y militantes cercanos lugar. Al escuchar las cifras que le daban una mínima ventaja saltó de júbilo, comenzó a aplaudir y a abrazarse con todos. Desde el fujimorismo se encargaron de entregar esas imágenes triunfalistas a la televisión. Luego, con su mensaje, le bajaría el tono a ese inicial triunfalismo. Simpatizantes fujimoristas se reunieron en ambiente celebratorio en las afueras del local partidario. El conteo rápido fue un duro golpe.

Campaña de miedo

Castillo estuvo adelante en todas las encuestas desde el comienzo de la campaña de segunda vuelta hace dos meses. Una masiva campaña de miedo en su contra, con amplio apoyo mediático, asustando con una supuesta “dictadura comunista y chavista” si ganaba Castillo, y algunas inconsistencias al presentar sus propuestas de cambio, fueron haciendo crecer a Keiko como el mal menor, y en la última semana la elección comenzó a dársele vuelta al candidato que levantó las banderas del cambio del modelo económico neoliberal. Ha sido una campaña desigual, con la cancha inclinada a favor de Keiko, que tuvo el apoyo de los grandes medios y de todo el poder económico.

Lima, bastión de Keiko; el interior votó por Castillo

Keiko ganó en Lima y otras cinco regiones de la costa. En la capital, que concentra un tercio del electorado, obtuvo cerca del 70 por ciento. Si se ve territorialmente, la mayor parte del país votó en su contra. Castillo triunfaba en la mayoría de regiones del interior, y en las zonas del sur andino, las más pobres y marginadas, lo hacía ampliamente. En algunas de esas regiones andinas superaba el 80 por ciento. La elección deja una notoria división del país, territorial y social. División con la que deberá lidiar el próximo gobierno en un contexto de polarización y serios problemas de gobernabilidad.

El nuevo gobierno asumirá luego de cinco años de un período presidencial convulsionado, con cuatro presidentes -uno que duró menos de una semana-, dos Congresos y los últimos jefes de Estado procesados por corrupción. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, elegido en 2016 por un mínimo margen de votos, como en esta elección, renunció en marzo de 2018 en medio de una guerra con el Congreso de mayoría fujimorista; lo reemplazó su vice, Martín Vizcarra, que en septiembre de 2009 en uso de sus facultades constitucionales disolvió el Congreso y llamó a elecciones parlamentarias. El nuevo Parlamento, sin mayoría fujimorista y fragmentado en pequeñas bancadas, destituyó a Vizcarra en noviembre de 2020 por cargos de corrupción en investigación. Su remplazante, el legislador Manuel Merino, tuvo que renunciar antes de cumplir una semana en el cargo por las masivas protestas sociales en su contra y fue sustituido por el actual mandatario Francisco Sagasti.

Los analistas estiman que este nuevo período presidencial podría ser tan inestable como el que se cierra. La extrema polarización de esta campaña y la fragmentación política, expresada en un Congreso con diez bancadas en el cual el cual nadie tendrá mayoría propia, amenazan extender para el nuevo período presidencial los problemas de gobernabilidad e inestabilidad.

Los dos candidatos comenzaron el día con el tradicional desayuno electoral. Castillo lo hizo en el patio de su casa en Cajamarca. Keiko se desplazó de su vivienda en una exclusiva zona de Lima al distrito popular de San Juan de Lurigancho, el más grande la capital del país, donde se armó una mesa al aire libre para desayunar ante la prensa. Los dos estuvieron acompañados de sus familias. Coincidieron en agradecer el apoyo recibido y en pedir a la población que vaya a votar.

Los dos candidatos votaron rodeados de simpatizantes. Castillo lo hizo primero, al mediodía, en su natal poblado de Tacabamba. Llegó caminando, flanqueado por una multitud, mientras desde los balcones de la estrecha calle recibía los aplausos de los vecinos. Antes de votar, visitó la casa de sus padres. Luego de sufragar dio un mensaje de unidad.

“Saludo al país por esta fiesta democrática. Espero que el día de hoy, más allá de la fiesta política, los peruanos podamos entender que si no nos unimos no podremos sacar al país de esta crisis”, señaló el candidato. Tenía previsto viajar a Lima para recibir los resultados, pero suspendió su viaje porque dijo que se quedaría con sus padres que estaban delicados de salud.

Keiko votó en un colegio de un barrio residencial de Lima. Una de las zonas acomodadas donde tiene amplio respaldo. En su territorio en estas elecciones, fue recibida y despedida con aplausos. Fue una entrada y salida tumultuosa y desordenada. “Gracias a los que nos han apoyado”, fueron sus breves palabras.

El incidente más grave en el proceso electoral se produjo cuando fue a votar la candidata a la vicepresidencia en la fórmula de Castillo, Dina Boluarte. Lo hizo en un barrio de clase media de Lima. Para la candidata de la izquierda que recibe importante respaldo en el interior del país y en zonas populares, pero amplio rechazo en los barrios residenciales de la capital, fue como entrar en territorio enemigo. Fue abucheada e insultada. Estaba custodiada por la policía, lo que evitó que se vaya más allá de la agresión verbal. Mientras le gritaban de todo, la candidata levantaba los brazos. Una lamentable muestra del nivel de intolerancia al que han llegado ciertos sectores en esta campaña y de la polarización que se ha dado en el país. 

Por Carlos Noriega | 07/06/2021


Quien gane el ballottage heredará un escenario complejo

Elecciones en Perú: el país atraviesa una inédita crisis sanitaria, económica y política

Perú tiene el mayor nivel de mortalidad en el mundo por la covid-19 y económicamente es uno de los más golpeados. Grandes inequidades y exclusiones como consecuencia del modelo neoliberal. 

Por Carlos Noriega

07 de junio de 2021

Desde Lima

Un país en una profunda crisis sanitaria, económica, social y política, de las peores que recuerde su historia, es el que encontrará el próximo gobierno. Una crisis a la que se suma la extrema polarización y división que ha dejado esta campaña electoral. A ese complicado escenario se agrega una inestabilidad política que ha marcado los últimos cinco años.La salud en tiempos de pandemia y la economía serán los dos grandes retos del nuevo gobierno. Además de lograr estabilidad en un fragmentado y agitado ambiente político.

El durísimo golpe de la pandemia - Perú tiene el mayor nivel de mortalidad en el mundo y económicamente es uno de los más golpeados- ha puesto en trágica evidencia las debilidades y grandes inequidades y exclusiones de un modelo neoliberal que se había vendido como exitoso por sus buenas cifras macroeconómicas, pero que se ha desmoronado por sus grandes carencias sociales.

Perú impuso una temprana y rígida cuarentena cuando estalló la pandemia, la primera en la región, pero con un 70 por ciento de trabajadores en la informalidad, con precariedad salarial y sin derechos laborales, muchos sobreviviendo día a día, poca ayuda gubernamental para aguantar la cuarentena, deficientes servicios públicos y la incapacidad de un Estado debilitado por el modelo neoliberal, la cuarentena tuvo muchas fisuras y los contagios se multiplicaron.

Un sistema de salud precario 

La pandemia colapsó un sistema de salud precario, desfinanciado y abandonado por treinta años de neoliberalismo. Esta campaña electoral se ha desarrollado con el trasfondo de dramáticas escenas de hospitales desbordados, gente muriendo sin poder ser atendida por falta de camas y de oxígeno, negocios privados lucrando en nombre del libre mercado con la desesperación de miles y elevando los precios de la atención médica, del escaso oxígeno y de los medicamentos.

Enfrentar la pandemia será la primera tarea urgente del próximo gobierno. Entre tantos problemas, heredará un programa de vacunación en marcha, que en febrero comenzó lento, pero se viene acelerando, y contratos ya cerrados por 60 millones de dosis de  vacuna y un plan para inmunizar a toda la población mayor de 18 años para diciembre. El actual gobierno ha anunciado que cuando deje el poder en julio ya estarán vacunados diez millones de personas, un tercio de la población. El próximo gobierno deberá darle continuidad al programa de vacunación.

“El próximo gobierno va a recibir una segunda violenta ola de la pandemia en franco descenso y un programa de vacunación estabilizado, pero va a encontrar un precario sistema de salud. Deberá duplicar la capacidad hospitalaria, pagar deudas laborales al personal de salud, contratar más personal y trabajar mucho para mejorar el sistema de atención primaria de salud que está en una situación delicada. Se necesita aumentar la inversión, Perú es uno de los países de la región que menos invierte en salud, y hacer una profunda reforma y modernización del sistema sanitario. El tema de la salud debería ser una prioridad absoluta para el próximo gobierno”, le declaró a PáginaI12 el exministro de Salud Víctor Zamora.

Aumentaron el desempleo y la pobreza

Con la crisis de 2020, el PIB cayó once puntos, hay más de dos millones de nuevos desempleados y 3,3 millones han caído en la pobreza, la que se ha elevado de 21,2 a 31,1 por ciento, lo que significa un retroceso de diez años en su reducción. Además de esta cifra de pobreza, medida en términos monetarios, hay otro 35 por ciento considerado oficialmente no pobre pero que vive en situación de vulnerabilidad. La deuda externa, aunque sigue siendo baja en relación al PIB comparada con otros países de la región, subió de 27 a 36 por ciento del PIB. El déficit fiscal se elevó de 1,6 por ciento en 2019 a 8,9 por ciento en 2020.

“La magnitud de la crisis es enorme. La situación es muy grave, difícil, complicada. Se está recuperando el PIB, pero no el empleo. Para reactivar la economía se necesita un programa inmediato de inyectar ingresos a la economía, a través de inversión pública, créditos a las empresas y bonos de ayuda económica a la población. En Perú se entregaron solamente dos bonos universales de apoyo económico a la población durante la larga cuarentena (de unos 200 dólares cada uno). Estos bonos, además de ser una compensación por los efectos de la cuarentena, reducen la pobreza y tienen un contenido reactivador de la economía porque incrementan la demanda. El próximo gobierno debería entregar dos bonos universales a la población, pero lamentablemente ninguno de los dos candidatos contempla su entrega. No habrá reactivación económica si no se enfrenta y se vence la pandemia. Por eso es muy importante avanzar en la vacunación, que es lo que nos dará la inmunidad de rebaño”, le señaló a este diario el economista Humberto Campodónico, catedrático de la Universidad de San Marcos y columnista del diario La República.

El actual gobierno ha proyectado para este año un crecimiento del PIB de 10 por ciento, pero diversos economistas consideran optimista este pronóstico. A favor del nuevo gobierno jugará el alto nivel de los precios internacionales de minerales, como el cobre, que constituyen la principal exportación del país. 

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Arturo Cruz

Arrestaron al ex ministro sandinista al regresar a su país desde Estados Unidos

 

El candidato presidencial Arturo Cruz fue detenido este sábado en el aeropuerto de Managua cuando regresaba de Estados Unidos al ser sospechado de atentar "contra la sociedad nicaragüense", informó el Ministerio Público.

Cruz "está siendo investigado por la Policía Nacional por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo", señaló. La Policía Nacional comunicó a su vez que "realiza todas las diligencias investigativas pertinentes y remitirá al investigado a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinar las responsabilidades penales".

De 67 años, Cruz presentó dos meses atrás su candidatura para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre por la Alianza Ciudadana por la Libertad (CXL, derecha). Según la Policía se lo investiga por delitos contemplados en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía, aprobada en diciembre.

Esa norma castiga "actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización".

Cruz fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos entre 2007 y 2009, bajo el gobierno sandinista. Tras renunciar a ese cargo retornó a sus actividades académicas en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).

El candidato había viajado a Estados Unidos en una fecha no indicada y regresaba al país este sábado sin que se haya informado el motivo de su viaje. Un día antes de su detención había advertido a través de Twitter que consideraba retirarse de la contienda electoral. Si las autoridades nicaragüenses "continúan la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos lo lógico es que este servidor no participe en este proceso (...) hay que considerar seriamente participar en ese ejercicio espurio", escribió en la red social.

La detención de Cruz ocurre cuatro días después delarresto de la también aspirante opositora a la presidencia Cristiana Chamorro. Chamorro, de 67 años, estaría desde el miércoles incomunicada en su casa y bajo vigilancia policial, según denunciaron sus familiares. Numerosos países han reclamado al presidente Daniel Ortega su liberacióninmediata. Chamorro es la opositora con mayor respaldo ciudadano y se ubicaría segunda en las preferencias del electorado detrás de Ortega.

06 de junio de 2021

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