Lunes, 09 Septiembre 2019 06:23

¿Más allá de la ganancia?

¿Más allá de la ganancia?

A mediados de agosto el poderoso grupo de cerca de 200 presidentes y directores de las más grandes empresas de Estados Unidos, que forman a título personal el grupo de cabildeo llamado The Business Roundtable, emitió una declaración de propósitos en la que propone replantear la prioridad de la llamada "primacía del accionista".

Este objetivo coloca como fundamento la idea de que las empresas deben servir de modo prioritario a los dueños del capital. Se situó firmemente como credo de la gestión empresarial a partir de un artículo de Milton Friedman (The NYT Magazine, 3/9/70) que se titulaba, sin titubeos, "La responsabilidad de los negocios es acrecentar sus utilidades".

Pues ahora los miembros de este grupo de superélite declaran que tal objetivo es sólo uno, pues añaden a clientes, trabajadores, proveedores y las comunidades donde operan. Del gobierno no se dice nada.

Esta declaración no puede ser más que sumamente controversial. Un asunto, entre muchos otros, lo ilustra. Un artículo de The Atlantic (agosto de 2019) señala que, según los datos de la Reserva Federal, en los últimos nueve años las corporaciones han destinado recursos del orden de 3.8 billones de dólares (según nuestra medida) para recomprar sus propias acciones, lo que supera a cualquier otro inversionista, sean individuos, fondos mutuales y de pensiones o inversionistas extranjeros, combinados todos ellos.

El argumento convencional es que mediante la recompra disminuye el número de acciones en el mercado, lo que incrementa el precio de cada una de ellas y beneficia a los accionistas que permanecen.

Pero un estudio ha mostrado que son precisamente quienes dirigen las empresas los que más se han beneficiado de las recompras. Se observó que, en promedio, venden en esos momentos muchas más de sus acciones que en situaciones normales y se aprovechan así del mayor precio que en el corto plazo ellos mismos provocan cuando anuncian la recompra.

Así es que la flamante declaración que propone circunscribir la primacía de los accionistas fue recibida con gran escepticismo de todas partes.

Este asunto se inserta en un debate que data de la década de 1950 en Estados Unidos.

En términos generales puede enmarcarse en la disputa de la relación asimétrica que existe en términos del control efectivo de una corporación, o sea, entre quienes administran y quienes son dueños de las acciones.

La situación indica que de modo creciente quienes están a cargo del management ejercen el control, frente a un amplio conjunto de accionistas con una capacidad efectiva diluida. Este es el caso del Business Roundtable, que son enormes empresas públicas que listan sus acciones en la bolsa de valores.

Una de las reacciones ante este control es la del llamado activismo inversor, que alienta la influencia de los accionistas en el comportamiento de una empresa ampliando sus derechos como dueños de una parte del capital. Esto tiene que ver con la debilidad que usualmente enfrentan los accionistas minoritarios en una empresa.

Una de las formas en que se ha planteado la cuestión del control y fin social de las empresas ha puesto de relieve la transición que ha ocurrido desde lo que se consideraba como los encargados de la organización hacia los que preferentemente realizan las transacciones.

Este cambio ha sido impulsado hasta el extremo por el proceso de financiarización, que implica el uso extendido del endeudamiento en las empresas superando con creces al capital del que disponen, es decir, el apalancamiento. Y también el hinchamiento de los mercados financieros mediante operaciones cada vez más especulativas, como se manifestó en la crisis de 2001 y de modo más profundo en 2008. Ésta ha provocado que buena parte del poder económico esté hoy asentado en las grandes empresas financieras, lo que repercute ineludiblemente en el uso del capital con una mayor centralización y concentración.

La declaración del Business Roundtable se inserta en las crecientes críticas al sistema de producción y distribución: la deslocalización de la actividad económica, la preminencia de los servicios, la precariedad del empleo y, en general, de la ocupación y la enorme brecha de la desigualdad.

Consignemos el hecho por ahora. La iniciativa exhibe cuando menos el debate sobre las contradicciones del desenvolvimiento social en curso. Probablemente sea sólo una llamarada de petate.

Publicado enEconomía
Lunes, 04 Febrero 2019 06:42

El juez

El juez

Es un país que secuestró y desapareció a miles de niños, es un país donde la corrupción política es legal, es un país que ha torturado con impunidad, un país que ha lanzado guerras ilegales, es un país cuyos narcotraficantes más exitosos son doctores y ejecutivos en jefe de farmacéuticas, es un país que amenaza a los periodistas y los declara oficialmente “enemigos del pueblo”, es un país que le niega derechos básicos a las mujeres, y en el que la xenofobia es política oficial, es el país con más encarcelados en el mundo, es el más armado del mundo, y este es el país que se declara, sin pena ni ironía, el juez del mundo.

Es una sensación muy extraña andar en medio de esto mientras reportamos sobre dos cosas muy distintas: la proclamación hecha por Washington de un cambio de régimen en Venezuela y el juicio de El Chapo en Brooklyn. No tienen nada que ver, pero a fin de cuentas ambos dependen de una ilusión oficial estadunidense de que aquí, por alguna razón, se puede enjuiciar a todos los demás.

La idea de que Washington con cualquier presidente, pero sobre todo con el actual, puede seriamente pretender que está preocupado por la democracia y los derechos humanos en otro país, o que está haciendo justicia con la “guerra contra las drogas”, debería provocar carcajadas históricas, pero sigue sorprendiendo que tantos políticos, asesores, analistas y, tristemente, periodistas lo aborden como si fuera en serio.

Las múltiples y constantes violaciones de derechos humanos y civiles, la violencia oficial, el hecho de que en gran medida este país se ha convertido en una plutocracia con toda la corrupción que eso implica (hasta el ex presidente Jimmy Carter lo ha denunciado), es más que suficiente para descalificar a este país como juez.

Apenas la semana pasada el gobierno de Trump acaba de reconocer que miles de niños más de los anteriormente reportados fueron arrebatados de los brazos de sus padres inmigrantes y que no saben dónde están. Eso es oficial. Pero esta administración no está obligada a rendir cuentas por estas violaciones masivas de derechos y aún no hay un coro masivo ni dentro ni fuera de este país exigiendo cuentas y enjuiciando a este gobierno.

¿Otro país, ya sea Venezuela, México, o uno europeo o árabe podría emplear la misma retórica estadunidense para exigir un cambio de régimen en Washington o amenazar una intervención para “rescatar a la democracia” en Estados Unidos? No cabe duda de que hay una crisis democrática dentro de Estados Unidos con graves consecuencias internacionales. ¿Qué le pasa a esa “comunidad internacional” que dice estar tan preocupada por la democracia, ese Grupo de Lima, esa OEA, esos europeos y canadienses que no están llamando por el cambio de régimen de Estados Unidos? No se oyen. ¿Por?

Por otro lado está el caso de El Chapo. Su juicio es reportado aquí en gran medida como un espectáculo (a muchos se les olvida la tragedia real que este show representa, incluso para algunos de los reporteros aquí cuyos colegas fueron asesinados por estos narcos y/o sus cómplices) y concluyen que México “es aún más corrupto y violento de lo que se suponía”. Esto nutre la retórica de Trump sobre México y los mexicanos, y El Chapo es buena publicidad para su insistencia en la necesidad de un muro fronterizo. El caso ofrece a todos una narcoserie en vivo, incluso con actores y productores de Narcos: México en Netflix visitando el “set” real en el tribunal de Brooklyn para compararlo con sus versiones ficticias. Nadie habla de las políticas antinarcóticos fallidas que se originaron en Washington, y sus masivas consecuencias humanas, incluyendo la encarcelación sin precedente de gente pobre en este país.

Mientras culminaba el juicio, se reportó que la familia Sackler, dueña de la farmacéutica que produce el opioide OxyContin, responsable en parte de una epidemia mortal en este país (casi 48 mil muertes causadas por opiaceos en 2017), obtuvo ganancias por más de 4 mil millones de dólares.

Los capos son acusados de ordenar miles de asesinatos y hasta masacres, pero lo mismo también se ha documentado a lo largo de la historia de otros empresarios, cuyos negocios también dependen de corrupción y violencia, pero por alguna razón nunca son enjuiciados. ¿Será porque entre ellos hay apellidos como Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie y más, o que hoy tienen nombres de algunas de las empresas más “prestigiosas” del mundo?

A veces un juez no tiene nada que ver con la justicia.

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“¿Es Silicon Valley producto del libre mercado o de la mano activa y visible del Estado?”

El Estado emprendedor y el relato neoliberal

 

Mariana Mazzucato es catedrática de Economía de innovación y valor público en la University College London. Es asesora en el Council of Economic Advisers de la primera ministra escocesa y asesora de Carlos Moedas, comisario de investigación en la UE. Fue miembro del equipo asesor de Jeremy Corbin, del que dimitió a causa del Brexit. En la actualidad participa en el equipo asesor de la OCDE, para la elaboración de un nuevo relato económico, en Gotcha y en Sitra´s Advisory Panel en Finlandia, entre otros. Es autora de varios libros, entre ellos El Estado emprendedor y El valor de todo.


Mazzucato afirma que llegó a la economía a través de la lectura de algunos economistas entre los que sin duda se encontraba Karl Marx.


Todos conocemos el relato típico: nuestras economías serían más dinámicas si el Estado se quitara de en medio. La economista Mariana Mazzucato sostiene lo contrario: la financiación pública de la investigación en las etapas iniciales ha permitido en gran parte el desarrollo de los sectores tecnológico, energético y farmacéutico. Sin embargo, el Estado se muestra muy poco eficaz a la hora de llevarse los laureles y, lo que es más grave, a la hora de rentabilizar su inversión. Sin embargo, ¿qué habría sido de Uber sin la financiación pública para el desarrollo del GPS? ¿Qué sería de Google si no se hubiera producido la financiación pública para el desarrollo de internet?


¿Qué diría ante afirmaciones como que el libre mercado es casi siempre bueno y el Estado casi siempre malo?


Lo primero que preguntaría es qué entendemos por libre mercado. Es curioso que Adam Smith, uno de los primeros economistas de finales del siglo XVIII, definiera el “libre mercado” no como algo libre de la intervención del Estado, sino libre de prácticas rentistas y de las actividades centradas en la extracción de valor. A aquellas personas que afirman que necesitamos menos intervención del Estado para generar más innovación y dinamismo les diría que se fijaran en Silicon Valley. ¿Es producto del libre mercado o de la mano activa y visible del Estado? Lo que yo defiendo es que el Estado ha intervenido en prácticamente todos los aspectos relacionados con Silicon Valley. Eso no significa, por supuesto, que no haya tenido algo que ver en todo ello el sector privado, de hecho, todos conocemos las importantes empresas asentadas allí. Pero los actores públicos intervinieron a lo largo de toda la cadena de innovación.


Se refiere a agencias como DARPA, NASA y los National Institutes of Health por ejemplo, ¿verdad?


Sí, me refiero a organismos encargados de desarrollar investigación puntera como la National Science Foundation, pero también a otros dedicados a la investigación aplicada, como DARPA y su organización hermana en los últimos tiempos, ARPA-E. Estas instituciones públicas son cocreadoras de valor. Es bastante curioso que nos hayamos acostumbrado a términos mucho más pasivos para describir al sector público. Hay que empezar a cambiar el vocabulario que empleamos. En lugar de decir que el sector público elimina el riesgo del sector privado, hay que decir que se trata de compartir los riesgos. En lugar de hablar de facilitar y permitir la actividad empresarial, hay que hablar de liderar la inversión como inversor preferente.


Uno de los argumentos centrales que defiende es que las instituciones públicas y cuasi públicas invierten, asumen riesgos y, sin embargo, apenas participan de los beneficios. ¿Hasta qué punto es esto problemático?


Es muy problemático y tiene que ver, de nuevo, con cómo hablamos de las cosas. A menudo recuerdo que ya Platón advirtió de que los contadores de historias dominan el mundo. De hecho, estos relatos sobre quién crea valor son los que han creado los relatos que justifican la extracción de valor. Déjeme que ponga un ejemplo que creo que ilustra la idea: después de la crisis, el Gobierno de Estados Unidos decidió desarrollar una serie de medidas de estímulo fiscal de casi 800.000 millones de dólares. Y parte de esas medidas iban encaminadas realmente a potenciar la economía verde. Quizá recuerde que Obama financió a algunas compañías como Solyndra a través del Departamento de Energía, mediante un préstamo garantizado de unos 500 millones. La compañía quebró.


La gente dijo “¡Dios mío, el Gobierno es un caso perdido! Una panda de burócratas que no saben lo que tienen entre manos. No deberían apostar a los caballos sino ejercer de mediadores, hacer carreteras, invertir en educación e infraestructuras y quitarse de en medio”. Para empezar, este enfoque obvia el hecho de que el Gobierno de Estados Unidos ha sido el principal financiador en materia de energía solar y eólica –junto con otros Gobiernos– pero también de la energía nuclear. El propio fracking recibió financiación pública con anterioridad. De hecho, a la par que financiaba a Solyndra estaba financiando a Tesla con una cantidad similar de dinero. De modo que el coche Tesla S obtuvo un préstamo garantizado de 465 millones de dólares. Y cuando digo garantizado, me refiero garantizado por los contribuyentes. Contribuyentes a los que no les gustaba en absoluto tener que pagar la factura de la quiebra de Solyndra. Sin embargo, ¿por qué no sabían que habían financiado también a Tesla? ¿Acaso eso no habría cambiado el relato y la percepción de las acciones de aquellos burócratas de Washington? Lo cierto es que contaban con una cartera, como cualquier otro inversionista de riesgo. Cualquier inversor de riesgo te dirá que consigue un éxito entre muchos fracasos. Sin embargo, si realmente quieres dedicarte a esto tienes que elaborar una cartera que te permita obtener alguna ventaja de tus triunfos, precisamente para poder cubrir los reveses. El Gobierno de EE.UU. no lo hizo. No solo fracasaron en materia de marketing, no habían sido capaces de comunicar a la ciudadanía el éxito de algunas de sus inversiones, como en los componentes de tu iPhone o smartphone, internet, GPS, las pantallas táctiles, Siri: todos han recibido financiación pública. Pero en este caso concreto, la gente no sabía que el propio Elon Musk había recibido financiación para Tesla. Y Elon Musk, por cierto, ha recibido un total de 5.000 millones, con sus nueve ceros.


Por lo tanto, defiende que, por un lado, no se le atribuye lo suficiente el éxito al Estado por sus anteriores inversiones en organismos como DARPA y la NASA, o en el sector farmaceútico, etc. Y, por otra parte, defiende también que no está rentabilizando sus inversiones lo suficiente, todo ello bastante verosímil. Sin embargo, tampoco ayuda nada que el sector empresarial obtenga altos rendimientos y pague pocos impuestos. Me gustaría que ilustrara esto con algunos ejemplos. Me estoy refiriendo, como sabe, a EE.UU., porque ¿dónde están los Googles europeos? ¿Qué distingue a Estados Unidos de Europa, por qué no se dan allí compañías como Facebook y Google?


En primer lugar, EE.UU. contaba con un sistema de innovación que no tienen muchos países europeos, con un sector financiero paciente, y organismos muy activos orientados a cumplir una misión y preocupados por los grandes problemas. Para ir a la luna es necesaria la innovación en distintos sectores, incluido el de la ropa, no es solo una cuestión de aeronáutica. También se requieren otro tipo de instrumentos como los premios y las políticas de compra que permiten crecer a las startups. Y lo importante es contar con un sistema, con un ecosistema emprendedor, yo no creo en los emprendedores, creo en los ecosistemas de emprendimiento, que son los que permiten escalar a las startups. Es curioso que Europa haya aprendido lo peor de la experiencia de Silicon Valley. Y eso se debe en parte al discurso imperante en Estados Unidos, un país que habla como Jefferson pero actúa como Hamilton. Jefferson hablaba de cómo librarse del Estado y Hamilton, antes de su duelo con Burr, hablaba más bien de una estrategia industrial activa. Sin embargo, China sí ha aprendido la lección correcta. China está haciendo por la economía verde lo que Estados Unidos hizo por la revolución IT. Al mismo tiempo que sucede esto, Donald Trump desmantela lo que yo llamo el Estado emprendedor.


Pero la pregunta es: ¿a dónde van a parar los beneficios dado que todo se construye sobre las espaldas de infraestructuras financiadas con dinero público?


¿A dónde le gustaría que fueran a parar? Si pudiera diseñar y poner en marcha un marco de colaboración público-privada para los próximos 50 años, ¿qué mecanismos elegiría para que el Estado obtuviera rendimientos, que a su vez revertieran sobre los contribuyentes, en lugar de ver cómo el beneficio sigue fluyendo a manos privadas y de los accionistas?


Hay distintos mecanismos, no uno sólo. Sería absurdo pensar que sirve el mismo mecanismo para todos los sectores o las distintas fases del ciclo innovador. En el caso de las farmacéuticas, lo lógico es recurrir a los precios. Los precios que se fijan para los medicinas, los fármacos que las personas tienen que comprar para poder sobrevivir cuando contraen esas terribles enfermedades, ya sean diabetes, hepatitis C o cáncer, deberían reflejar esa aportación pública y así evitar que los contribuyentes paguen dos veces, por un lado por el gasto en investigación puntera, y por otro pagando los altísimos precios que fija la industria farmacéutica. Pero volvemos al tema de los contadores de historias de Platón. Si el relato que circula es contrario a ti y te convierte en un impedimento intervencionista, regulador y no te define como un inversor preferente, carecerás de la confianza, la seguridad y el mandato para poder influir sobre los precios.


¿Y teme un retroceso?


Exactamente. Los precios son un ejemplo. Otro sería generar las condiciones adecuadas para que los beneficios se reinviertan en las áreas que han recibido gran cantidad de ayudas y fondos públicos. Si las empresas quieren un libre mercado total, estupendo, que lo tengan, pero que no reciban un solo céntimo del Estado. Pero si vas a recibir esas enormes cantidades de dinero del Estado, entonces habría que imponer algunas condiciones para la obtención de valor público, porque de lo contrario, solo se trata de valor privado.


Por muy convincente que resulte su enfoque desde un punto de vista tanto económico como político, ¿no tiene la sensación de estar perdiendo la batalla? Porque, hasta dónde yo sé, la mayor parte de los gobiernos de los grandes países y las mayores industrias están precisamente empujando en el sentido contrario, ¿no es cierto?


Yo creo más bien que estas ideas están ganando terreno. Creo que resultaba mucho más difícil hace unos años. Volvamos al ejemplo de las farmacéuticas. Ya no pueden fingir que los precios elevados se deben al gasto en I + D porque ya hemos demostrado que eso no es así y que gastan mucho más en marketing y que su I + D es mucho más downstream que la del sector público.


Bien, para terminar, una pregunta un tanto odiosa. Pide que se valore más el gasto público, y que haya una mayor inversión en gasto público y mayores beneficios, pero a la vez es asesora de muchos Gobiernos y organismos, incluyendo el Gobierno escocés y la Comisión Europea. Cuando acusa a la empresa privada de estar plagada de rentistas, convénzame de que ni usted ni sus aliados gubernamentales lo son.


En primer lugar, y no quiero que parezca que estoy a la defensiva, no obtengo un solo céntimo como asesora. Quisiera matizar mi punto de vista para que se entienda bien. Yo no digo que el Estado tenga que invertir más. Lo que digo es que el Estado tiene que entender cuál es su papel. No está solo para arreglar los problemas marginales ni para limitarse a esperar a que las cosas vayan a peor para poner un parche. Tiene que ser un cocreador y coartífice activo. Mi papel ha consistido en mediar cuando se sientan a hablar el sector privado y el sector público, y que mantengan una conversación interesante. Y mi papel en el proceso político es ser la piedra en el zapato, que por desgracia no siempre se consigue sacar, y la piedra en el zapato de las empresas, para que nos les resulte tan fácil decir cosas como: “Ah, claro, es que el cortoplacismo se debe a las presiones del mercado”. A lo que yo respondo, “¿Qué quieres decir? ¿Qué el mercado es un resultado, el resultado de tus acciones? ¿Qué es el mercado?”. Y recibo palos por todas partes. En mi función de asesora, intento evitar la complacencia en torno a una mesa, la petulancia de los colectivos tanto públicos como privados. Y creo que se avecinan tiempos difíciles a los que solo nos podremos enfrentar juntos, y eso significa que hay que cambiar las palabras que empleamos, el relato y la historia hacia la necesidad de compartir los riesgos y las recompensas, y no de eliminar el riesgo.


Resumen de la entrevista radiofónica realizada por Stephen J. Dubner a Mariana Mazzucato el 5 de septiembre en Freakonomics y producida por Zack Lapinski. El programa llevaba por título ‘¿Es el Estado más emprendedor de lo que pensamos?’.

Por Stepeh J. Dubner
CTXT


Edición y traducción: Olga Abasolo.

Publicado enSociedad
Martes, 07 Agosto 2018 09:01

No más fondos privados de pensiones

No más fondos privados de pensiones

Desde el pasado 17 de abril se conformó el movimiento “Con las pensiones no, y Salario mínimo digno”, el que a pesar de contar con unos pocos meses de existencia ya lo conforman una veintena de organizaciones. Ha publicado miles de boletines explicativos, llevado a cabo conferencias y cuatro plantones de varias horas con el propósito de denunciar las lesivas reformas que se fraguan al sistema pensional en los altos círculos financieros, empresariales y en los centros de estudios que les sirven de voceros. El 29 de mayo, el movimiento le dirigió una carta abierta a las confederaciones obreras para instarlas a participar, al lado de muchas otras fuerzas sindicales, cívicas y populares, en un esfuerzo mancomunado por hacer añicos el ruinoso plan que se cierne sobre los asalariados, trabajadores independientes, profesionales y clases medias.

 

El propósito de “revolcar” el sistema de jubilaciones, como sucedió a comienzos de los noventa, lleva varios años. Los ministros de Trabajo de Juan Manuel Santos, Lucho Garzón y Rafael Pardo, avanzaron una propuesta que contenía los elementos esenciales que se discuten actualmente y cuyas directrices han sido trazadas en el plano internacional por la Ocde, el FMI, el Banco Mundial, el BID, la Cepal y en el plano interno por entidades como Anif, Asofondos, Fedesarrollo, el Consejo Gremial y la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, quienes porfían en que esta es la primera entre las múltiples urgencias del país.

 

¿Pensiones para la vejez o para el capital?

 

Con su anhelada reforma lo que pretenden es ajustar el sistema de jubilación a las exigencias de tres componentes normativos fundamentales: el Acto Legislativo 03 de 2011 de sostenibilidad fiscal, que inicialmente fue erigido en “principio” constitucional, la Ley 1473 del mismo año, conocida como Ley de Regla Fiscal y, la Ley 819 del 2003 llamada Marco Fiscal de Mediano Plazo.

 

Adecuada articulación de normas que persigue, a su vez, garantizar el estricto pago de la deuda pública, convertido en flamante mandato constitucional, al cual deben sujetarse todas las ramas del poder público, priorizando tal propósito sobre la satisfacción de las necesidades y derechos de la población, bajo el supuesto de lograr “[…] un equilibrio de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país […]” (Artículo 1, Ley 1473 de 2011). Con ese propósito, el gobierno nacional se trazó una ruta decreciente anual del déficit estructural en el balance fiscal, que lo obliga a cumplir unas metas de reducción desde el año 2014, y que para esta anualidad debía ser de 1.9 por ciento del PIB o menos y de 1.0 por ciento del PIB o menos en 2022. Dada la inmensa estrechez de tales metas y la imposibilidad de cumplirlas, recientemente fueron ajustadas en 0,5 por ciento.

 

El afán de pagar la deuda pública busca satisfacer las exigencias de las agencias multilaterales y los magnates de los grupos Aval y Grupo Empresarial Antioqueño, propietarios de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, Porvenir y Protección, empresas que concentran el 86 por ciento de los 230 billones de pesos que han acumulado desde 1994 los cuatro fondos que hoy concentran el ahorro pensional privado, cifra que equivale a una cuarta parte del PIB nacional; capital con el cual tales grupos han logrado el control de diversas ramas económicas, especulado en las bolsas colombiana y del exterior, y adquirido masivamente deuda pública, mecanismos que parasitan los dineros de los trabajadores, proceso que logran directamente y sin pagar réditos, y que antes de la privatización el Estado recaudaba y eran el soporte del régimen pensional público de prima media.

 

La privatización del sistema, mediante la tristemente célebre Ley 100 de 1993 y sus sucesivas reformas, trajo como primera consecuencia la asfixia del sistema público, pues éste, debido a la oficiosidad de la cúpula política que se prestó a toda maniobra legal o ilegal de los fondos privados, se fue quedando con la casi totalidad de los pensionados, mientras la mayoría de los cotizantes los acaparaban los privados. Hoy Colpensiones tiene a su cargo más de un millón doscientos mil pensionados y únicamente dos millones trescientos cotizantes regulares; mientras que las AFP solo responden por ciento veintiún mil pensionistas, pero apilan más de seis millones de aportantes.

 

Debido a esta extorsión de los agiotistas de la banca, el Estado se ve obligado a recurrir al fisco para cumplir con las mesadas, entonces los usufructuarios del sistema y sus acólitos ponen el grito en el cielo culpando al régimen de prima media, administrado por Colpensiones, de ser, junto con los sistemas pensionales especiales, como los del magisterio, las Fuerzas Militares y la Policía, el causante principal del desbarajuste de las finanzas públicas. Una cuenta elemental fácilmente demuestra que si los más de 6 millones de personas que cotizan a las AFP lo hicieran a Colpensiones, el Tesoro público no tendría que aportar un solo peso para las mesadas y, por el contrario, luego de pagarlas, podría hacer una reserva de varios cientos de miles de millones anuales. Con lo cual quedan sin piso las falacias sobre “bomba fiscal”, “bomba social”, “altos subsidios” mediante las que los financistas y sus “académicos” a sueldo pretenden eliminar o “marchitar” el sistema público.

 

¿Por qué y para qué la reforma pensional?

 

El afán mayor de los magnates deriva de que El Dorado prometido por las AFP ya entró en un irreversible proceso de crisis, hasta el punto de que los traslados de cotizantes hacia Colpensiones vienen creciendo geométricamente; solo en el 2017 se produjeron 133.829 y en el primer trimestre de este año sumaron 33.000. Esta especie de migración masiva permitió que al fondo público ingresaran $6,2 billones nuevos, apreciable suma con la cual se facilitó la financiación del pago de las mesadas del más de millón doscientos mil pensionados que hoy tiene este fondo.

 

Todo ello debido a que cada vez con mayor certeza asalariados, profesionales y clases medias se percatan de la realidad que se esconde detrás de la palabrería sobre grandes rendimientos obtenidos en la cuentas individuales de ahorro, pues consecutivamente sus extractos registran pérdidas cuantiosas, y en años completos (como 2011, 2013 y 2015) “los rendimientos reales reconocidos a los ahorradores afiliados en este régimen han sido negativos y la tasa de rendimiento promedio anual ha disminuido respecto a los primeros años de su funcionamiento” (Stfano Farné, 2018). Además de esto, que las mesadas no sean vitalicias, ni se puedan disfrutar a la edad que se quiera, que disminuyan abruptamente de acuerdo con la expectativa de vida del cónyuge, o si entre los eventuales beneficiarios de la pensión sustitutiva existen personas con discapacidad y, para colmo, que la pensión, en el mejor de los casos, apenas pase del 20 por ciento del último salario, y que las más de las veces no alcance a ser ni la cuarta parte de lo que se obtendría en Colpensiones, alimentan la tendencia a retirarse de las AFP.

 

Conscientes, pues, de que en corto tiempo la avalancha de traslados se hará irrefrenable, los monopolistas –contando con la atávica complicidad de cúpula política– decidieron que para finales del presente año, deben haber convertido en Ley de la República un paquete de medidas que ambientan con una insidiosa arremetida ideológica que aduce, entre otras demasías, que el gasto en pensiones es regresivo financiando a los ricos a costa de los pobres (o al “quintil más pudiente”, es decir a quienes devengan entre 1,5 y 2 salarios mínimos en adelante); que quienes logran jubilarse, luego de 30 o más años de esforzado trabajo y de cotizar regularmente, carguen sobre sus hombros la responsabilidad del déficit fiscal y la baja cobertura del sistema pensional; y de que el 76 por ciento de los mayores de 65 años no reciban ingreso alguno, como lo vienen planteando en diversos análisis, entre otros, Santiago Montenegro de Asofondos, y Leonardo Villar de Fedesarrollo. (Ver, por ejemplo, edición 352 de abril de 2018 de la revista Economía Colombiana, de la Contraloría General de la República)

 

La propaganda mediática

 

La puesta en escena de los pregoneros de la reforma pensional, la primera que se implementará entre las reformas recomendadas por la Comisión del Gasto y la Inversión Pública y la banca multilateral (entre otras como la laboral, tributaria, a la salud, la justicia, etcétera), ha sido cuidadosamente programada desde los anuncios altisonantes hasta los lamentos e invocaciones a la ancianidad desprotegida. La campaña dirigida a preparar la presentación del proyecto ante el Congreso de la República se intensifica día a día. Abundan los seminarios, encuentros, conferencias y demás eventos supuestamente de orden “académico” organizados y controlados por los promotores de la reforma. Como parte de esto, el pasado 6 de junio se llevó a cabo un foro en el cual tomaron parte como expositores, entre otros, Mariano Bosch (de la Unidad de Mercados Laborales del Banco Interamenricano de Desarrollo BID), Juan Carlos Ramírez Jaramillo (Director de la Oficina Cepal Colombia), Leonardo Villar (Director Ejecutivo de Fedesarrollo), Stefano Farné (Académico), Eduardo Lora (Consultor Internacional) y Santiago Montenegro (Presidente de Asofondos).

 

Allí, con estadísticas distorsionadas, acomodadas en el afán de dar sustento a sus premisas y afirmaciones falaces, omitieron deliberadamente dar respuesta a situaciones de orden perfectamente verificable y objetivo, como la acelerada acumulación de recursos por parte de los fondos privados de pensiones, la cual hoy alcanza la fabulosa suma de $230 billones, en contraste con el insignificante monto de las pensiones que ha reconocido, cuya cifra no llega a 50.000, pues el resto corresponde al llamado retiro programado.

 

• Que el Congreso de la República emita una Ley Marco, muy general, tanto que no se ocupe de los “detalles” como semanas de cotización, edad para jubilarse, etcétera, pues tales atribuciones serían otorgadas a un nuevo organismo institucional llamado Consejo Pensional.
• Tal Consejo sería conformado por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Trabajo o la Presidencia de Colpensiones, los Representantes de las AFP y dos técnicos o expertos en pensiones. Este Consejo se encargaría de fijar y revisar constantemente los requisitos para obtener la jubilación, establecer de acuerdo con esos parámetros la edad, las semanas de cotización y su monto, teniendo en consideración los cambios demográficos y otros factores.
• Crear una jurisdicción especializada en pensiones, para lo cual habría que “capacitar” a jueces y demás funcionarios de ese ámbito, pues consideran que los actuales “desconocen” la materia.

 

Como se ve, estos comerciantes de la vida y de la muerte no paran mientes en calcular cada moneda de su ganancia, previendo cualquier circunstancia que les impida acrecentar su atesoramiento; la reforma que se proponen sacar adelante les asegura seguir acentuando las exigencias en cuanto su ambición así lo requiera; pues con la creación del Consejo se corre el peligro de que ya no baste con reformar, necesitan un órgano de bolsillo que ostente toda la potestad para cambiarles a los afiliados las reglas del juego. El Consejo pensional podría ser una especie de pequeño Congreso, cuestión que desborda la misma legalidad y desconoce al propio órgano legislativo, el cual por su conformación, con toda seguridad impartirá bendición al catastrófico proyecto, pero no podrá dar vía libre a que se legisle por fuera de su espectro.

 

Solo hay una senda que los colombianos deben empezar a transitar: La movilización como en otras latitudes se ha producido. El capital financiero no puede seguir desangrando la seguridad social en Colombia ni pauperizando a su población. La viabilidad del régimen de prima media y fondo público de pensiones está demostrada. Hay que crear un contrapoder que levante como eje de su lucha la abolición de los fondos privados y rompa la dinámica y la lógica existente, el cual debe incluir no solo a los actuales trabajadores que estén afiliados a cualquiera de los sistemas, sino que logre reunir a la multitud de colombianos que sobreviven en la informalidad, a los desempleados, a los contratados a destajo por labor realizada, a los temporales, porque si no, al final, todos los colombianos seremos convertidos en víctimas.

 

* Comité nacional provisional “Con las pensiones no, Salario mínimo digno”

 


 

Recuadro

 

Sus propuestas, nuestro perjuicio

 

  • Las acá relacionadas son las principales enmiendas propuestas, de las cuales, según sus apetitos o lealtades, cada grupo “académico”, financiero o político, enfatiza unas u otras.
  • Acabar con el régimen de prima media que administra Colpensiones.
  • Establecer un sistema de pilares, obligando a cotizar a los fondos privados a todo aquel que perciba un ingreso superior a un salario mínimo. Este sistema que tiene alta posibilidad de permitir los consensos entre los grupos financieros, aparece como el más idóneo para mantener compulsivamente a una alta porción de los cotizantes en las AFP, quienes recibirían la pensión básica sobre un salario mínimo, la cual sería decreciente en la medida en que con los ahorros extras en las AFP lo primero que se cubriría sería el “subsidio”, equivalente a algo así como el 65 por ciento de la mesada mínima, por lo que solo a partir de aportes basados en ingresos de entre 3,4 y 5 salarios mínimos se podría pensar en pensiones leve y progresivamente superiores al mínimo.
  • Eliminar los subsidios que supuestamente tienen las pensiones del régimen de prima media. Esto significaría el envilecimiento de la totalidad de las mismas, hasta niveles de verdadera indignidad.
  • Subir por lo menos a 65 años la edad de pensión para hombres y mujeres, y aumentarla cada cinco años. Las mujeres serían las más perjudicadas, y eso que los mismos que piden las reformas realizan densísimos estudios sobre la necesidad de realizar “discriminaciones positivas” de género, cuando con medidas como esta se desconoce el desgaste de la mujer en la crianza de los hijos y el cuidado del hogar.
  • Elevar la cotización a 18 por ciento –los dos puntos más a cargo del trabajador.
  •  Aumentar la prima y las comisiones que cobran los fondos privados; y permitir la disminución de la renta vitalicia a cualquier momento.
  • Mientras exista Colpensiones, calcular la pensión con base en el promedio de ingresos de toda la vida laboral y no de los últimos 10 años.
  • Gravar las pensiones superiores a dos salarios mínimos.
  • Permitir que haya pensiones inferiores al salario mínimo, y reducir a 75 por ciento la pensión de los sobrevivientes del pensionado fallecido.
  • Eliminar el régimen especial del magisterio; disminuir los beneficios y aumentar las cotizaciones de Fuerzas Militares y Policía.
  • Intimar a jueces y magistrados a fallar bajo la orientación de los economistas pagos por la banca y de acuerdo con las exigencias de reducir el gasto público en materia social. Santiago Montenegro viene sosteniendo que los fallos de tutela en cuanto a pensiones de sobrevivencia o por discapacidad “están debilitando y poniendo en dudad la viabilidad del sistema pensional (público y privado) e incrementando el déficit fiscal del régimen público y haciendo también inviable la existencia, por ejemplo, del mercado de rentas vitalicias” (Economía Colombiana, edición 352, abril-junio de 2018). Por su lado, la
  • Comisión del Gasto señala que las decisiones judiciales vienen afectando el equilibrio del sistema y que “se debe propender a la unificación de las decisiones jurisprudenciales alrededor del sistema pensional en temas que generan grandes costos al erario público (sic) e incertidumbre a los actores privados del sistema.” (Comisión del gasto y la Inversión Pública, Informe final. Diciembre, 2017).
  • Hacer una reforma laboral que permita contratos sin cotizar para pensión ni pagar el salario mínimo –el cual se propone bajarlo aún más- a cambio de ínfimos aportes a los Beneficios Económicos periódicos, Beps, sistema administrado por Colpensiones que inició su operación a mediados de 2015, destinado a “quienes tienen capacidad de ahorro” pero no alcanzan a cumplir los requisitos para adquirir una pensión, al que también se obligará a cotizar a quienes viven del rebusque y a los trabajadores rurales para, si acaso, obtener “pensiones” de alrededor de $150.000; disminuir los pagos de incapacidades y por recargos dominicales y festivos.
Publicado enColombia
Sábado, 28 Julio 2018 08:35

No más fondos privados de pensiones

No más fondos privados de pensiones

Desde el pasado 17 de abril se conformó el movimiento “Con las pensiones no, y Salario mínimo digno”, el que a pesar de contar con unos pocos meses de existencia ya lo conforman una veintena de organizaciones. Ha publicado miles de boletines explicativos, llevado a cabo conferencias y cuatro plantones de varias horas con el propósito de denunciar las lesivas reformas que se fraguan al sistema pensional en los altos círculos financieros, empresariales y en los centros de estudios que les sirven de voceros. El 29 de mayo, el movimiento le dirigió una carta abierta a las confederaciones obreras para instarlas a participar, al lado de muchas otras fuerzas sindicales, cívicas y populares, en un esfuerzo mancomunado por hacer añicos el ruinoso plan que se cierne sobre los asalariados, trabajadores independientes, profesionales y clases medias.

 

El propósito de “revolcar” el sistema de jubilaciones, como sucedió a comienzos de los noventa, lleva varios años. Los ministros de Trabajo de Juan Manuel Santos, Lucho Garzón y Rafael Pardo, avanzaron una propuesta que contenía los elementos esenciales que se discuten actualmente y cuyas directrices han sido trazadas en el plano internacional por la Ocde, el FMI, el Banco Mundial, el BID, la Cepal y en el plano interno por entidades como Anif, Asofondos, Fedesarrollo, el Consejo Gremial y la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, quienes porfían en que esta es la primera entre las múltiples urgencias del país.

 

¿Pensiones para la vejez o para el capital?

 

Con su anhelada reforma lo que pretenden es ajustar el sistema de jubilación a las exigencias de tres componentes normativos fundamentales: el Acto Legislativo 03 de 2011 de sostenibilidad fiscal, que inicialmente fue erigido en “principio” constitucional, la Ley 1473 del mismo año, conocida como Ley de Regla Fiscal y, la Ley 819 del 2003 llamada Marco Fiscal de Mediano Plazo.

 

Adecuada articulación de normas que persigue, a su vez, garantizar el estricto pago de la deuda pública, convertido en flamante mandato constitucional, al cual deben sujetarse todas las ramas del poder público, priorizando tal propósito sobre la satisfacción de las necesidades y derechos de la población, bajo el supuesto de lograr “[…] un equilibrio de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país […]” (Artículo 1, Ley 1473 de 2011). Con ese propósito, el gobierno nacional se trazó una ruta decreciente anual del déficit estructural en el balance fiscal, que lo obliga a cumplir unas metas de reducción desde el año 2014, y que para esta anualidad debía ser de 1.9 por ciento del PIB o menos y de 1.0 por ciento del PIB o menos en 2022. Dada la inmensa estrechez de tales metas y la imposibilidad de cumplirlas, recientemente fueron ajustadas en 0,5 por ciento.

 

El afán de pagar la deuda pública busca satisfacer las exigencias de las agencias multilaterales y los magnates de los grupos Aval y Grupo Empresarial Antioqueño, propietarios de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, Porvenir y Protección, empresas que concentran el 86 por ciento de los 230 billones de pesos que han acumulado desde 1994 los cuatro fondos que hoy concentran el ahorro pensional privado, cifra que equivale a una cuarta parte del PIB nacional; capital con el cual tales grupos han logrado el control de diversas ramas económicas, especulado en las bolsas colombiana y del exterior, y adquirido masivamente deuda pública, mecanismos que parasitan los dineros de los trabajadores, proceso que logran directamente y sin pagar réditos, y que antes de la privatización el Estado recaudaba y eran el soporte del régimen pensional público de prima media.

 

La privatización del sistema, mediante la tristemente célebre Ley 100 de 1993 y sus sucesivas reformas, trajo como primera consecuencia la asfixia del sistema público, pues éste, debido a la oficiosidad de la cúpula política que se prestó a toda maniobra legal o ilegal de los fondos privados, se fue quedando con la casi totalidad de los pensionados, mientras la mayoría de los cotizantes los acaparaban los privados. Hoy Colpensiones tiene a su cargo más de un millón doscientos mil pensionados y únicamente dos millones trescientos cotizantes regulares; mientras que las AFP solo responden por ciento veintiún mil pensionistas, pero apilan más de seis millones de aportantes.

 

Debido a esta extorsión de los agiotistas de la banca, el Estado se ve obligado a recurrir al fisco para cumplir con las mesadas, entonces los usufructuarios del sistema y sus acólitos ponen el grito en el cielo culpando al régimen de prima media, administrado por Colpensiones, de ser, junto con los sistemas pensionales especiales, como los del magisterio, las Fuerzas Militares y la Policía, el causante principal del desbarajuste de las finanzas públicas. Una cuenta elemental fácilmente demuestra que si los más de 6 millones de personas que cotizan a las AFP lo hicieran a Colpensiones, el Tesoro público no tendría que aportar un solo peso para las mesadas y, por el contrario, luego de pagarlas, podría hacer una reserva de varios cientos de miles de millones anuales. Con lo cual quedan sin piso las falacias sobre “bomba fiscal”, “bomba social”, “altos subsidios” mediante las que los financistas y sus “académicos” a sueldo pretenden eliminar o “marchitar” el sistema público.

 

¿Por qué y para qué la reforma pensional?

 

El afán mayor de los magnates deriva de que El Dorado prometido por las AFP ya entró en un irreversible proceso de crisis, hasta el punto de que los traslados de cotizantes hacia Colpensiones vienen creciendo geométricamente; solo en el 2017 se produjeron 133.829 y en el primer trimestre de este año sumaron 33.000. Esta especie de migración masiva permitió que al fondo público ingresaran $6,2 billones nuevos, apreciable suma con la cual se facilitó la financiación del pago de las mesadas del más de millón doscientos mil pensionados que hoy tiene este fondo.

 

Todo ello debido a que cada vez con mayor certeza asalariados, profesionales y clases medias se percatan de la realidad que se esconde detrás de la palabrería sobre grandes rendimientos obtenidos en la cuentas individuales de ahorro, pues consecutivamente sus extractos registran pérdidas cuantiosas, y en años completos (como 2011, 2013 y 2015) “los rendimientos reales reconocidos a los ahorradores afiliados en este régimen han sido negativos y la tasa de rendimiento promedio anual ha disminuido respecto a los primeros años de su funcionamiento” (Stfano Farné, 2018). Además de esto, que las mesadas no sean vitalicias, ni se puedan disfrutar a la edad que se quiera, que disminuyan abruptamente de acuerdo con la expectativa de vida del cónyuge, o si entre los eventuales beneficiarios de la pensión sustitutiva existen personas con discapacidad y, para colmo, que la pensión, en el mejor de los casos, apenas pase del 20 por ciento del último salario, y que las más de las veces no alcance a ser ni la cuarta parte de lo que se obtendría en Colpensiones, alimentan la tendencia a retirarse de las AFP.

 

Conscientes, pues, de que en corto tiempo la avalancha de traslados se hará irrefrenable, los monopolistas –contando con la atávica complicidad de cúpula política– decidieron que para finales del presente año, deben haber convertido en Ley de la República un paquete de medidas que ambientan con una insidiosa arremetida ideológica que aduce, entre otras demasías, que el gasto en pensiones es regresivo financiando a los ricos a costa de los pobres (o al “quintil más pudiente”, es decir a quienes devengan entre 1,5 y 2 salarios mínimos en adelante); que quienes logran jubilarse, luego de 30 o más años de esforzado trabajo y de cotizar regularmente, carguen sobre sus hombros la responsabilidad del déficit fiscal y la baja cobertura del sistema pensional; y de que el 76 por ciento de los mayores de 65 años no reciban ingreso alguno, como lo vienen planteando en diversos análisis, entre otros, Santiago Montenegro de Asofondos, y Leonardo Villar de Fedesarrollo. (Ver, por ejemplo, edición 352 de abril de 2018 de la revista Economía Colombiana, de la Contraloría General de la República)

 

La propaganda mediática

 

La puesta en escena de los pregoneros de la reforma pensional, la primera que se implementará entre las reformas recomendadas por la Comisión del Gasto y la Inversión Pública y la banca multilateral (entre otras como la laboral, tributaria, a la salud, la justicia, etcétera), ha sido cuidadosamente programada desde los anuncios altisonantes hasta los lamentos e invocaciones a la ancianidad desprotegida. La campaña dirigida a preparar la presentación del proyecto ante el Congreso de la República se intensifica día a día. Abundan los seminarios, encuentros, conferencias y demás eventos supuestamente de orden “académico” organizados y controlados por los promotores de la reforma. Como parte de esto, el pasado 6 de junio se llevó a cabo un foro en el cual tomaron parte como expositores, entre otros, Mariano Bosch (de la Unidad de Mercados Laborales del Banco Interamenricano de Desarrollo BID), Juan Carlos Ramírez Jaramillo (Director de la Oficina Cepal Colombia), Leonardo Villar (Director Ejecutivo de Fedesarrollo), Stefano Farné (Académico), Eduardo Lora (Consultor Internacional) y Santiago Montenegro (Presidente de Asofondos).

 

Allí, con estadísticas distorsionadas, acomodadas en el afán de dar sustento a sus premisas y afirmaciones falaces, omitieron deliberadamente dar respuesta a situaciones de orden perfectamente verificable y objetivo, como la acelerada acumulación de recursos por parte de los fondos privados de pensiones, la cual hoy alcanza la fabulosa suma de $230 billones, en contraste con el insignificante monto de las pensiones que ha reconocido, cuya cifra no llega a 50.000, pues el resto corresponde al llamado retiro programado.

 

• Que el Congreso de la República emita una Ley Marco, muy general, tanto que no se ocupe de los “detalles” como semanas de cotización, edad para jubilarse, etcétera, pues tales atribuciones serían otorgadas a un nuevo organismo institucional llamado Consejo Pensional.
• Tal Consejo sería conformado por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Trabajo o la Presidencia de Colpensiones, los Representantes de las AFP y dos técnicos o expertos en pensiones. Este Consejo se encargaría de fijar y revisar constantemente los requisitos para obtener la jubilación, establecer de acuerdo con esos parámetros la edad, las semanas de cotización y su monto, teniendo en consideración los cambios demográficos y otros factores.
• Crear una jurisdicción especializada en pensiones, para lo cual habría que “capacitar” a jueces y demás funcionarios de ese ámbito, pues consideran que los actuales “desconocen” la materia.

 

Como se ve, estos comerciantes de la vida y de la muerte no paran mientes en calcular cada moneda de su ganancia, previendo cualquier circunstancia que les impida acrecentar su atesoramiento; la reforma que se proponen sacar adelante les asegura seguir acentuando las exigencias en cuanto su ambición así lo requiera; pues con la creación del Consejo se corre el peligro de que ya no baste con reformar, necesitan un órgano de bolsillo que ostente toda la potestad para cambiarles a los afiliados las reglas del juego. El Consejo pensional podría ser una especie de pequeño Congreso, cuestión que desborda la misma legalidad y desconoce al propio órgano legislativo, el cual por su conformación, con toda seguridad impartirá bendición al catastrófico proyecto, pero no podrá dar vía libre a que se legisle por fuera de su espectro.

 

Solo hay una senda que los colombianos deben empezar a transitar: La movilización como en otras latitudes se ha producido. El capital financiero no puede seguir desangrando la seguridad social en Colombia ni pauperizando a su población. La viabilidad del régimen de prima media y fondo público de pensiones está demostrada. Hay que crear un contrapoder que levante como eje de su lucha la abolición de los fondos privados y rompa la dinámica y la lógica existente, el cual debe incluir no solo a los actuales trabajadores que estén afiliados a cualquiera de los sistemas, sino que logre reunir a la multitud de colombianos que sobreviven en la informalidad, a los desempleados, a los contratados a destajo por labor realizada, a los temporales, porque si no, al final, todos los colombianos seremos convertidos en víctimas.

 

* Comité nacional provisional “Con las pensiones no, Salario mínimo digno”

 


 

Recuadro

 

Sus propuestas, nuestro perjuicio

 

  • Las acá relacionadas son las principales enmiendas propuestas, de las cuales, según sus apetitos o lealtades, cada grupo “académico”, financiero o político, enfatiza unas u otras.
  • Acabar con el régimen de prima media que administra Colpensiones.
  • Establecer un sistema de pilares, obligando a cotizar a los fondos privados a todo aquel que perciba un ingreso superior a un salario mínimo. Este sistema que tiene alta posibilidad de permitir los consensos entre los grupos financieros, aparece como el más idóneo para mantener compulsivamente a una alta porción de los cotizantes en las AFP, quienes recibirían la pensión básica sobre un salario mínimo, la cual sería decreciente en la medida en que con los ahorros extras en las AFP lo primero que se cubriría sería el “subsidio”, equivalente a algo así como el 65 por ciento de la mesada mínima, por lo que solo a partir de aportes basados en ingresos de entre 3,4 y 5 salarios mínimos se podría pensar en pensiones leve y progresivamente superiores al mínimo.
  • Eliminar los subsidios que supuestamente tienen las pensiones del régimen de prima media. Esto significaría el envilecimiento de la totalidad de las mismas, hasta niveles de verdadera indignidad.
  • Subir por lo menos a 65 años la edad de pensión para hombres y mujeres, y aumentarla cada cinco años. Las mujeres serían las más perjudicadas, y eso que los mismos que piden las reformas realizan densísimos estudios sobre la necesidad de realizar “discriminaciones positivas” de género, cuando con medidas como esta se desconoce el desgaste de la mujer en la crianza de los hijos y el cuidado del hogar.
  • Elevar la cotización a 18 por ciento –los dos puntos más a cargo del trabajador.
  •  Aumentar la prima y las comisiones que cobran los fondos privados; y permitir la disminución de la renta vitalicia a cualquier momento.
  • Mientras exista Colpensiones, calcular la pensión con base en el promedio de ingresos de toda la vida laboral y no de los últimos 10 años.
  • Gravar las pensiones superiores a dos salarios mínimos.
  • Permitir que haya pensiones inferiores al salario mínimo, y reducir a 75 por ciento la pensión de los sobrevivientes del pensionado fallecido.
  • Eliminar el régimen especial del magisterio; disminuir los beneficios y aumentar las cotizaciones de Fuerzas Militares y Policía.
  • Intimar a jueces y magistrados a fallar bajo la orientación de los economistas pagos por la banca y de acuerdo con las exigencias de reducir el gasto público en materia social. Santiago Montenegro viene sosteniendo que los fallos de tutela en cuanto a pensiones de sobrevivencia o por discapacidad “están debilitando y poniendo en dudad la viabilidad del sistema pensional (público y privado) e incrementando el déficit fiscal del régimen público y haciendo también inviable la existencia, por ejemplo, del mercado de rentas vitalicias” (Economía Colombiana, edición 352, abril-junio de 2018). Por su lado, la
  • Comisión del Gasto señala que las decisiones judiciales vienen afectando el equilibrio del sistema y que “se debe propender a la unificación de las decisiones jurisprudenciales alrededor del sistema pensional en temas que generan grandes costos al erario público (sic) e incertidumbre a los actores privados del sistema.” (Comisión del gasto y la Inversión Pública, Informe final. Diciembre, 2017).
  • Hacer una reforma laboral que permita contratos sin cotizar para pensión ni pagar el salario mínimo –el cual se propone bajarlo aún más- a cambio de ínfimos aportes a los Beneficios Económicos periódicos, Beps, sistema administrado por Colpensiones que inició su operación a mediados de 2015, destinado a “quienes tienen capacidad de ahorro” pero no alcanzan a cumplir los requisitos para adquirir una pensión, al que también se obligará a cotizar a quienes viven del rebusque y a los trabajadores rurales para, si acaso, obtener “pensiones” de alrededor de $150.000; disminuir los pagos de incapacidades y por recargos dominicales y festivos.
Publicado enEdición Nº248
Trump y las olas de la desindustrialización

En el año 483 antes de nuestra era, el emperador persa Jerjes mandó construir un puente que permitiría a su poderoso ejército atravesar el Helesponto para atacar Atenas y Esparta. De este modo vengaría la derrota sufrida por su padre Darío años atrás, cuando una tormenta hundió la flota persa al pie del monte Atos. Pero los elementos volvieron a conspirar en su contra y un temporal destruyó el entramado de pontones antes de que las huestes de Jerjes pudieran utilizarlo.


El emperador montó en cólera y mandó decapitar a los ingenieros responsables de la obra. Después ordenó a sus esbirros azotar con 300 latigazos las tercas olas del mar, según la crónica de Herodoto en su Historia.


El relato se ha convertido en fábula sobre lo estúpido que es buscar responsables donde no los hay. Y desde ese punto de vista casi no tenía paralelo hasta que Donald Trump llegó a la Casa Blanca.


Durante su campaña, el candidato Trump anunció varias veces su intención de revertir el enorme déficit comercial de Estados Unidos con China. Y en más de una ocasión acusó al gigante asiático de propiciar y llevar a cabo la desindustrialización de Estados Unidos. “Se llevaron nuestras fábricas y se robaron nuestros empleos”, vociferó durante la campaña, al tiempo que denunciaba los acuerdos comerciales promovidos por sus antecesores.


Pero Trump se equivoca: las fuerzas que explican el espectacular proceso de desindustrialización por el que atravesó Estados Unidos son más endógenas que externas. Todas tienen un común denominador: se trata de factores incrustados en el tejido económico estadunidense. Están relacionadas con la falta de una política industrial y otras están vinculadas con la política monetaria y la expansión del sector financiero. Todas ellas se gestaron en el vientre de la economía estadunidense durante los pasados cuatro decenios.


Entre 1979 y 2017, el empleo en el sector manufacturero estadunidense pasó de 19.7 a 12.5 millones de personas. Esos 7 millones de puestos de trabajo se perdieron en tres olas. La primera se desató en los años 80, con la difusión de la manufactura flexible que permitía diversificar de manera rentable las líneas de producción al interior de una planta. Ese resultado provenía de nuevos diseños en máquinas herramientas que posibilitaban el rápido intercambio de las piezas medulares para trabajar y cortar metales con alta precisión. La aplicación de la microelectrónica permitió una reprogramación rápida para producir lotes más pequeños de gran variedad de piezas diferentes en lugar de producir una cantidad masiva de la misma pieza para alcanzar economías de escala.


Numerosos estudios confirman que buena parte de la industria de máquinas herramientas estadunidense no pudo adaptarse a esta nueva realidad industrial y tecnológica. Esa industria no pudo entender que el mundo de las economías de escala estaba siendo remplazado por las llamadas economías de alcance, en las que es menos costoso producir varios productos en la misma planta que producirlos en plantas separadas.


La segunda ola se gestó en la política monetaria. Entre 1979 y 1983, la Reserva Federal incrementó la tasa de interés líder de nueve a 19 por ciento para frenar la inflación (que alcanzaba 10 por ciento anual en 1980). Esta es la tasa que rige los préstamos interbancarios de corto plazo para administrar requerimientos de liquidez. Pero los mismos bancos añaden un margen a esa tasa en sus transacciones comerciales y la tasa de interés en un préstamo comercial llegó a alcanzar 29 por ciento. El objetivo antinflacionario se alcanzó, pero los efectos colaterales fueron fatales.


El aumento en la tasa de interés propició un flujo de capitales hacia Estados Unidos y la apreciación del dólar respecto de otras divisas no se hizo esperar. Las exportaciones de manufacturas estadunidenses se desplomaron. En algunas industrias clave, como la de máquinas herramientas, el impacto fue nefasto. Cuando la Reserva Federal se dio cuenta del daño, ya era demasiado tarde. Los cadáveres entre las empresas de la industria manufacturera podían contarse por centenares.
La tercera ola es más bien un tsunami y proviene de la financiarización de la economía estadunidense. Las empresas se dieron cuenta de que sus hojas de balance podían servir para generar ganancias mediante la ingeniería financiera. La búsqueda de mayor competitividad mediante mejor calidad se quedó atrás. Mucho se ha escrito sobre este fenómeno, en especial por William Lazonick, de la Universidad de Massachusetts.


Al igual que Jerjes, Trump está castigando al enemigo equivocado. Las olas a las que condenó a sufrir golpes de látigo no son las que imagina su mente narcisista. A las fuerzas económicas no se les puede disciplinar a fuetazos. La demagogia de Trump podrá haber surtido cierto efecto entre las clases golpeadas por la desindustrialización, por ejemplo en el llamado cinturón de chatarra en los estados de Michigan y Pennsylvania, pero no podrá devolver la vida a las empresas que quedaron en el campo de batalla.


Twitter: @anadaloficial

Publicado enEconomía
Un edificio donde se encuentra una oficina de la Asociación Europea de Estudios sobre la Salud y el Medio Ambiente en el transporte (EUGT), en Berlín. En vídeo, declaraciones de Christian Schmitd, ministro de Transporte de Alemania.

 

Volkswagen, BMW y Daimler financiaron ensayos para demostrar que las emisiones de los gases de sus motores no eran dañinas. El Gobierno alemán tacha de "repugnantes" las prácticas

 

Volkswagen, BMW y Daimler, las tres marcas de automóviles más emblemáticas de Alemania, vuelven al punto de mira por un nuevo y peligroso escándalo. Los tres gigantes del motor encargaron y financiaron experimentos en los que se hizo inhalar gases emitidos por motores diésel a monos y a seres humanos para determinar los efectos que estos tienen sobre el sistema respiratorio y sobre la circulación sanguínea, según revelaron varios diarios. El Gobierno alemán ha señalado que los experimentos no tienen ninguna justificación ética ni científica, y ha llamado a los fabricantes a reducir las emisiones en lugar de intentar probar que no son dañinas.

Los experimentos con monos, que se llevaron a cabo en 2014 en el laboratorio Lovelace Biomedical de Alburquerque, fueron denunciados la semana pasada por el periódico estadounidense The New York Times. A esto se ha sumado que este lunes dos medios alemanes, el Stuttgarter Zeitung y el Süddeutsche Zeitung, han revelado que la Asociación Europea de Estudios sobre la Salud y el Medio Ambiente en el transporte (EUGT), una entidad fundada en 2007 por las tres empresas y Bosch, hicieron inhalar dióxido de nitrógeno (NO2) a un grupo de 25 personas en una dependencia de la clínica universitaria de Aquisgrán.

La meta de los experimentos con ambos seres vivos era demostrar que las emisiones de gases de sus autos equipados con motores diésel no eran dañinas. Según la información revelada por los dos periódicos alemanes, un informe de actividades para los años 2012-2015, señala que la Asociación hizo inhalar monóxido de carbono a "gente sana". "No se comprobaron reacciones a la inhalación de NO2, ni tampoco inflamaciones en las vías respiratorias", señala el informe.

Thomas Kraus, el director del Instituto de la clínica universitaria de Aquisgrán, ha confirmado la existencia del estudio y ha explicado al diario Stuttgarter Zeitung, que la investigación no estaba relacionada con la manipulación de gases tóxicos que arruinó la imagen de Volkswagen en Estados Unidos. Sin embargo, Kraus ha admitido que los resultados solo tenían una validez limitada, ya que no eran extrapolables a toda la población y que el NO2 representaba solo una parte de los gases contaminantes que emiten los motores diésel.

Preguntado por el escándalo, el grupo Daimler admitió en un comunicado el pasado domingo, que condenaba con energía, el experimento llevado a cabo por EUGT. "Estamos conmocionados por la extensión y la implementación del estudio y condenamos los experimentos en los términos más enérgicos", señala Daimler que explica que la firma no tuvo ninguna influencia en la realización del experimento. "Hemos iniciado una investigación exhaustiva para determinar cómo pudo realizarse ese estudio, que contradice nuestros valores y principios éticos", añaden.

Por su parte, el presidente del Consejo de Supervisión de Volkswagen, Hans Dieter Pötsch, se ha distanciado de los experimentos. "En nombre del conjunto del Consejo de Supervisión me distancio con total determinación de este tipo de prácticas", ha anunciado. Además, ha explicado que hará todo lo que esté en sus manos para que "esos sucesos se investiguen completamente" y "rinda cuentas de ello el que sea responsable".

 

Críticas del Gobierno alemán


El escándalo tampoco ha dejado indiferente a la canciller alemana Angela Merkel, que, por medio de su portavoz, Steffan Seibert, ha exigido una aclaración de las empresas. "Estas pruebas con monos e incluso con seres humanos no son, desde un punto de vista ético, de ninguna manera justificables", ha anunciado este lunes en Berlín. "Lo que tienen que hacer los fabricantes de automóviles con las emisiones es reducirlas y no pretender demostrar que no son dañinas".

El viernes pasado, The New York Times reveló que el Instituto de Investigación respiratorio Lovelace en Alburquerque, Nuevo México, había utilizado un Beetle 2013 de Volkswagen para hacer inhalar las emisiones a diez monos encerrados en una habitación, donde podían mirar una pantalla de televisión que les servía de distracción. La meta del experimento era buscar una demostración de que los nuevos motores diésel no eran contaminantes. Pero el estudio fue un fraude: el coche utilizado estaba equipado con un software para reducir las emisiones.

"Las pruebas con monos y seres humanos son absurdas y repugnantes", ha señalado el primer ministro del estado federado de Baja Sajonia, Stephan Weil, que también es miembro del Consejo de Supervisión de Volkswagen. El político socialdemócrata ha asegurado que no estaba informado de los experimentos y ha exigido a las máximas autoridades del mayor constructor de automóviles del mundo una condena ejemplar a los experimentos llevados a cabo por orden de EUGT, un organismo que dejó de existir en 2017.

 

Publicado enInternacional
Totalitarismo en internet carece de futuro

 

El 10 de junio de 1963, John F. Kennedy pronunció uno de los discursos más famosos de la historia contemporánea. En dicha intervención, Kennedy enfatizó que la convivencia pacífica entre las personas no puede basarse en el uso de la fuerza, sino en la consideración de intereses comunes y en la prevalencia de la diversidad. Hoy estas ideas cobran especial significado al considerarse la situación por la que atraviesa el internet.

La Red surge en un ámbito científico a partir de la necesidad de compartir datos e intercambiar ideas de manera libre. Con el tiempo, este recurso se convirtió en un enorme facilitador de actividades, que van desde la realización de una transferencia bancaria, hasta la convivencia en tiempo real con familiares que pueden encontrarse a miles de kilómetros de distancia. Internet es una fuente invaluable de información para miles de millones de personas en el planeta, y ha hecho obsoletos a modelos tradicionales de comunicación y publicidad basados en la televisión tradicional.

La primavera árabe sorprendió a gobiernos totalitarios que terminaron derrumbándose como resultado de un internet libre, que en momentos decisivos permitió la organización de movimientos sociales eficientes y bien informados. Asimismo, los hábitos de consumo de las poblaciones han cambiado gracias a la Red, provocándose una revolución comercial que ha puesto en jaque a mercados que hace algunos años parecían intocables. No es de extrañar que numerosos poderes fácticos estén intentando controlar el internet haciendo uso de la fuerza económica.

Las disposiciones de numerosos gobiernos para controlar a la Red equivalen al cobro de un derecho de piso y a la generación de cuotas extras impuestas por proveedores para tener acceso rápido a servicios básicos. Más aún, nuestros datos personales son subastados al mejor postor para que éste pueda adquirir ventajas competitivas en un mercado turbulento anticipándose a su competencia, de manera desleal, con base en información privilegiada.1

Algoritmos de inteligencia artificial mal encaminados, sumados a las regulaciones legales, amenazan a la integridad de la Red, intentando convertirla en un ente predecible al servicio de las grandes fuerzas políticas y económicas.2 Afortunadamente, es extremadamente improbable que estas iniciativas puedan prosperar.

Es evidente que las disposiciones legales que intentan limitar acceso a recursos de la Red por medio de cobros artificiales están condenadas al fracaso. Este hecho ha sido comprendido por gigantes informáticos tales como Amazon, Google y Facebook, que recientemente han anunciado que se sumarán a los movimientos que se oponen a la eliminación de la neutralidad de la Red.3

Más allá de una postura mediática, el anuncio corresponde a una comprensión de la esencia de internet, cuya dinámica obedece certezas matemáticas derivadas de la teoría de información. La complejidad derivada del proceso de toma de decisiones de los miles de millones de usuarios de internet hará imposible hacer de la Red un universo orwelliano.

En el clímax de su discurso de 1963, Kennedy mencionó que todos los seres humanos habitamos el mismo planeta, todos respiramos el mismo aire, todos valoramos el futuro de nuestros hijos y todos somos mortales. La realización de objetivos por parte de los seres humanos requiere equidad, de información legítima y de libertad en la toma de decisiones. La batalla por la neutralidad de internet se ha convertido en un parteaguas de carácter histórico cuyo desenlace es plenamente previsible.


Referencias


1 “Qué es la neutralidad de internet y por qué importa que Estados Unidos haya acabado con ella”, Redacción BBC Mundo, 14 de diciembre de 2017 http://www.bbc.com/mundo/noticias-42347631

2 A. Sandoval Villalbazo, “Bots contribuyen a manipular a la opinión pública”, Prensa Ibero, 4 de octubre de 2016 http://noticias.ibero.mx/prensa/detalle_comunicado.php?id_noticia=3270&f...

Este artículo está reproducido en las direcciones electrónicas: http://www.consumotic.mx/notas/bots-amenazan-integridad-de-redes-sociales/ y en https://www.la-prensa.com.mx/ciencia-y-tecnologia/95285-bots-manipulan-a...

3 El comunicado de la Asociación de Internet que agrupa a los gigantes informáticos se encuentra en la dirección electrónica: https://internetassociation.org/statement-restoring-internet-freedom-order/

*Dr. Alfredo Sandoval Villalbazo, coordinador del Programa de Servicio Departamental de Física del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Investigador Nacional Nivel II (SNI).

 

 

Domingo, 24 Diciembre 2017 07:38

La gran pulseada

La gran pulseada

 

El “sistema mundial en transición” y la circulación de la literatura y los bienes culturales.

 

Ante las radicales transformaciones en la circulación de bienes culturales, las trasnacionales tratan de sacar su tajada con un andamiaje jurídico que justifique sus ganancias y las proteja. Unos colaboran, otros se resisten. En ese juego se define, también, el concepto de cultura global y culturas locales.

 


PRÁCTICAS DE UN SISTEMA.


“Sistema mundial en transición”, denominó Boaventura de Sousa Santos al nuevo orden mundial, y agregó que este sistema se encuentra constituido por tres “constelaciones de prácticas colectivas”: “prácticas interestatales”, “prácticas capitalistas globales” y “prácticas sociales y culturales trasnacionales”. Las primeras corresponderían al papel de los estados en el sistema mundial moderno en tanto protagonistas de la división internacional del trabajo; en su interior se establece una jerarquía entre centro, periferia y semiperiferia. Las “prácticas capitalistas globales” serían las propias de agentes económicos cuyo campo de actuación real o potencial es el planeta entero. Cada una de estas constelaciones estaría constituida por un conjunto de instituciones que aseguran su reproducción, la complementariedad entre ellas y la estabilidad de las desigualdades y las jerarquías; una forma de poder que provee la lógica de las interacciones y legitima las desigualdades y las jerarquías; un criterio de jerarquización que define el modo cómo se cristalizan las desigualdades de poder y los conflictos en que se traducen. Si bien todas las prácticas del sistema mundial en transición están involucradas en todos los modos de producción de globalización, no todas lo están en todo ello con la misma intensidad.

Algunas prácticas culturales trasnacionales nacieron en el ambiente mismo en que ocurrieron los fenómenos designados con el membrete “globalización”. Los derechos de nacionalidad y residencia, en cada uno de los países europeos y sudamericanos, se transformaron a partir de la creación de la Unión Europea y del Mercosur. Las organizaciones no gubernamentales (Ong) con agendas trasnacionales que defienden proyectos, políticas y normas universalizantes, como la World Wild Life, funcionan a escala trasnacional. El derecho de propiedad intelectual, aunque originalmente elaborado en términos nacionales, alcanzó una dimensión trasnacional. No obstante, los términos en que estos derechos se formulan pagan un enorme tributo a un cierto número de estados nación, que invierten cada vez más en órganos de alcance global, como la Organización Mundial de Comercio, a fin de que se contemplen sus intereses específicos.

Este sistema de intercambios y transferencias desiguales logra establecer en el plano cultural agendas en las que la cultura hegemónica transforma sus valores y artefactos en “universales”, a partir de los cuales toda producción cultural diferente de la suya pasa a ser vista como “local”, “regional”, “exótica” o algo similar. Por ello, Santos afirma que el proceso que crea lo “global” –en cuanto posición dominante en los intercambios desiguales– es el mismo que produce lo “local” en tanto posición dominada, y por ende jerárquicamente inferior. Prefiero referirme en estas notas a las implicaciones de ese “sistema mundial en transición” para la circulación de los bienes culturales y, en particular, la literatura. Sobre todo en las Américas.

 


FACTORES EN JUEGO.


Aun cuando la circulación sucede donde hay un contexto análogo en la forma en que las obras circulan, así como parámetros semejantes en los juicios de valor y modelos en la producción de otras obras, puede haber diferencias. Estas derivan de la temporalidad y la espacialidad. Pero hoy existe una cierta resistencia a tomar en cuenta estas diferencias, porque chocan con las ideas que vertebran lo que llamamos “globalización” o “mundialización”. Estas ideas son la base misma del orden capitalista trasnacional que configuraría nuestras acciones cotidianas, homogeneizaría atribuciones de valores y, de alguna manera, condenaría el pasado y todos los particularismos comunitarios a una especie de limbo. Ese tiempo presente “globalizado” se encuentra saturado de sentidos que también excluyen nuevos sentidos: todos los que no puedan o no quieran ser parte del orden hegemónico. En la elaboración del conocimiento histórico, con frecuencia se representa lo que pasó como parte de una cadena de continuidad que llegó hasta el momento actual, o se elaboran las razones por la cuales la herencia del pasado fue abandonada o desapareció, pero con la percepción de que aquello que surgió, después de la desaparición de lo que fue, sólo puede ser adecuadamente comprendido a partir de una ausencia presente.

Cuando se habla de circulación de obras literarias y de otros bienes culturales (películas, música, pintura, etcétera) hay una carencia de reflexiones sobre los factores que participan en este proceso. Incluso cuando se atribuye un valor mayor o menor a una obra por el hecho de alcanzar mercados más allá de su origen, pocos admiten que este fenómeno no sólo depende de su supuesto valor intrínseco –que sería “reconocido” en los otros lugares donde ya ha circulado–, sino también de otros factores como la importancia que pudiera tener, o no, el tema de la obra en las nuevas geografías donde se incorpora; la proximidad o la distancia –real o imaginada– entre el espacio de origen y el de su inserción; los intereses vigentes en el lugar de reapropiación de la obra, según los cuales puede ser considerada relevante o no; los obstáculos o facilidades ofrecidos al análisis cultural comparativo de los sistemas literarios y culturales locales, regionales, nacionales e internacionales, con sus respectivas jerarquías y prácticas.

Con todo, esta falta de reflexión sobre la comparecencia de los bienes culturales se debe a muchos factores que diseminan incomprensiones y dificultades para el abordaje de estos temas por parte de los investigadores y el público. Entre otros factores, los diferentes objetivos y modos de trabajo con literaturas y culturas a partir de historias sociales y disciplinares diversas, o de códigos y lenguajes propios, tienden a ser heterogéneos. Entonces, cuando se trata de articular iniciativas de diferentes lugares puede surgir la necesidad de algún trabajo de resignificación para que los miembros de las comunidades de intérpretes organicen los sentidos –sean o no convergentes– de sus respectivos discursos en procura de un entendimiento común. En rigor, más allá de cualquier entendimiento lo que está en juego en la circulación literaria y cultural depende de la actuación de agentes político-económicos.

 


CULTURA Y AGENTES POLÍTICO-ECONÓMICOS.


Hay agentes cuya actuación y alcance son locales, regionales o mundiales y cuya presencia o ausencia en el campo al que nos referimos puede ser determinante. Esos agentes, como es evidente, siempre trabajan a favor de sus intereses. Aquellos que tienen alcance mundial para aumentar su poder presionan para que se aprueben normas globales que los beneficien en foros, también globales, donde hacen valer su fuerza. No obstante, el resultado no siempre los favorece en el campo de la literatura y la cultura, especialmente cuando entran en juego propuestas cuya formulación enfatiza el tratamiento de aspectos económicos en asuntos cuya importancia se considera mayor o más especial. Un buen ejemplo sería el llamado a atender todos los bienes culturales como meros incisos en la pauta internacional de comercio.

En la primera década del siglo XXI el gobierno estadounidense hizo gravitar su influencia para que en los foros internacionales se consideraran los bienes culturales de la misma forma que todos los que eran objeto de negociación entre los diferentes países. Se argumentó que si los bienes culturales pueden ser comprados y vendidos, como todos los demás, entonces deberían ser tratados de igual manera, porque todos tendrían el mismo carácter de mercancía y deberían regirse por las mismas normas que regulan las compras y ventas del mercado internacional en el rubro que fuere. El problema era cuáles serían tales normas. La más importante de todas privaba a los estados nacionales de cualquier tipo de regalía o atención especial por parte de los respectivos gobiernos o sociedades, debiéndose producir bienes culturales del mismo modo que en cualquier otro producto. Por ejemplo, una película estadounidense no debería recibir ningún tipo de incentivo financiero o fiscal por parte del gobierno de Estados Unidos, y a su vez debería tener libre acceso a cualquier mercado nacional donde fuere, mientras que –con la misma lógica– en esos mercados los filmes locales tampoco recibirían nada del Estado. Esto pautaría los términos de una supuesta igualdad internacional de oportunidades para todos los productores culturales y la libertad para la circulación de las mercancías que produjesen, sin “interferencia” gubernamental. Desde luego que, siguiendo de modo estricto tal punto de vista, la cuestión de los bienes culturales tendría que ser decidida exclusivamente por la Organización Mundial de Comercio.

La perspectiva antípoda fue defendida inicialmente por Canadá y por Francia. Partía del presupuesto de que los bienes culturales, aun siendo mercancías en algún punto, no podían ser tratados de la misma manera que las sillas, los neumáticos o los clavos porque en aquellos se concentran elementos importantes para el sentido de la vida humana como un todo, así como para la singularidad de las diversas comunidades humanas que los crean. Por lo demás, la argumentación a favor de la igualdad entre bienes culturales y otros productos si bien se sustentó en un discurso que proponía igualdades formales, terminaría consolidando desigualdades reales, ya que la idea de que todo el mundo tiene o debe tener las mismas condiciones para la producción y consumo de bienes culturales tropieza con que los productores culturales, en países que poseen más recursos, tienen más poder. Si determinados países cuentan con un “mercado” más grande y más rico para sus “bienes culturales” esto implica una mayor facilidad para el financiamiento y la divulgación de estos bienes, no solamente dentro de sus fronteras nacionales, sino también fuera de ellas. Tal facilidad permite que el modo de ser y estar en el mundo de quienes viven en los países más privilegiados llegue más rápido y ampliamente a otros países.

Para quienes defendían la “excepción cultural” a la regla general de circulación de mercancías podía ser justificable alguna forma de intervención que, entre otras cosas, procurara hacer menos desiguales las oportunidades de producción y circulación de los bienes culturales. Al final de cuentas, si éstos sólo se encontraran sometidos a las hegemonías y el predominio de las relaciones comerciales de “mercado”, estarían incluidos apenas en un círculo de problemas que no atañen a las naciones con mayor poder económico. El caso es que éstas son las responsables de inundar el mercado de las naciones menos privilegiadas con filmes, música y libros que configuran los sentidos dominantes de aquellas naciones poderosas, desplazando otros sentidos relevantes para las comunidades nacionales menos privilegiadas.

La lógica vigente que sitúa los bienes culturales en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio fue explicada por Fábio Axelrud Durão (profesor de la Universidad de Campinas) de la siguiente manera: la circulación y mercantilización tienden a la equivalencia mutua y afectan la concepción de la obra como entidad autónoma y autocontenida, ya que la circulación más amplia de un libro frecuentemente busca introducirlo con éxito en el escenario predominante de la industria cultural. Sin embargo, en el caso de los libros, lo digital introduce un nuevo factor para la presentación de sus contenidos.

 


SOBRE EL LIBRO EN EL MEDIO DIGITAL.


Si en el pasado el contexto de circulación del libro tenía como aristas relevantes al escritor, el editor, el librero y el lector (y nuestra imaginación restringía el copyright a autores y editores, el primero visto tradicionalmente como el “propietario” del libro), la legislación internacional actual ubica en el mismo nivel al autor del libro y al autor del software, que es el soporte digital del primero.

Según la legislación vigente, también le corresponden derechos de autor al propietario del software empleado para transformar el texto en e-book. En el universo digital, en el que un número restringido de softwares se usa como soporte de los textos en las diversas modalidades de publicación digital, los autores pueden ser muchos, pero los propietarios de los softwares son muy pocos y tienen el mismo estatus de los creadores de obras literarias. El artículo 4 del Tratado de Derechos Autorales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (World Intellectual Property Organization Copyright Treaty), suscrito en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, establece que los “programas de computación serán protegidos como obras literarias en el ámbito de sentido del artículo 2 de la Convención de Berna. Tal protección se aplica a programas de computación, cualquiera sea el modo o la forma de su expresión”.

A consecuencia de este régimen legal, la protección de los derechos de los “autores” de softwares se equipara a los autores de textos: todo período de vida del “autor” y otros 70 años luego de su muerte, si el “autor” del software fuera persona física; 95 años en lugar de 70 si fuera persona jurídica. Paralelamente, los lectores de textos en el medio digital están obligados por la vía legal a utilizar los programas informáticos según los términos establecidos por los mismos propietarios de esos programas. Así puede entenderse por qué se acostumbra en los textos de acceso restringido y pago (por ejemplo, los libros vendidos por amazon.com) que el lector no pueda recortar (cut), copiar (copy) o pegar (paste). Los programas en que se presentan estos textos incorporan elementos llamados Copyright Protection and Management Systems (“sistemas de protección y gestión de derechos autorales”), que autorizan al lector a llegar al texto en los términos y condiciones deseadas por su “propietario”. En nombre del derecho de propiedad se puede, por ejemplo, impedir que un usuario aumente el tipo de letra o el interlineado de la obra que compró. O bloquear la función “texto para hablar” (text to speech), que convierte el texto escrito en sonido, con la subsiguiente marginación radical de los no videntes.1

Un lector expert en informática creará un artificio técnico que le permita evitar los mecanismos del “sistema de protección y gestión de los derechos autorales”. Y hasta sin serlo es posible adquirir un programa que introduzca esa magia. Sólo que se infringirá una norma jurídica. Los propietarios de los programas que son el soporte de los textos en el mundo digital conseguirán criminalizar, tanto a nivel nacional como internacional, las iniciativas que permitan dar al lector un control más integral sobre el texto que lee.

Hace algún tiempo, en Ginebra, en 1996, con la aprobación del Tratado de Derechos Autorales de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (World Intellectual Property Organization Copyright Treaty), y luego, en 1998, con la sanción del Digital Millenium Copyright Act (1998), en Estados Unidos, y el mismo año con la ley de derecho autoral en Brasil, se volvió una conducta delictiva evitar los mecanismos previstos por el sistema de protección y gestión de los derechos autorales. Bien mirado, existe una cierta lógica en la secuencia histórica de aprobación de estas leyes. La historia comienza en el gobierno Clinton-Gore, en 1995, con una propuesta a favor de los intereses de los propietarios en detrimento de los usuarios. Esta iniciativa fue muy cuestionada en su medio a partir de la gran tradición liberal de la sociedad estadounidense que privilegia al ciudadano y el consumidor, sobre todo porque con tal medida se inclinaba ostensiblemente el plato de la balanza hacia uno de los lados. El gobierno adoptó, entonces, la estrategia de enviar su cuestionada propuesta a un foro internacional, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (Ompi), donde empleó todo su peso político para que fuera aprobada sin grandes alteraciones. En consecuencia, una norma local se hizo global en 1996. Después, en 1998, la administración de Clinton propulsó una nueva legislación alegando que era imprescindible adecuar la ley nacional a la norma internacional, cuando en verdad lo que volvió de la mencionada Ompi fue, en sustancia, lo mismo que el gobierno de Clinton había enviado.

El Tratado de Derechos Autorales de la Ompi (1996) paga un alto impuesto a la posición de los negociadores estadounidenses, explicitada de forma clara en 1995 en el documento producido por la Information Infrastructure Task Force, bajo la presidencia del entonces ministro de Comercio, Ronald H Brown, y de su auxiliar Bruce A Lehman, comisario de patentes y marcas registradas.2

Las normas legales estadounidenses y brasileñas posteriores al referido tratado se promulgaron en cascada, apenas con un mes de diferencia, en 1998. Por eso parecen hermanas gemelas, tanto en el tratamiento del tema como en su aproximación al documento del Departamento de Comercio estadounidense de 1995.3 Todas estas disposiciones produjeron una situación absurda, ya que el mismo acceso a obras de dominio público, según su articulado, podría quedar sujeto al arbitrio del propietario-autor del software en el que están codificadas. Si alguien quisiera leer una obra de dominio público usando la extensión Pdf (Adobe), desde 2001, y quisiera aumentar la fuente, estaría cometiendo un delito en Estados Unidos. Ese lector podría hacer lo que se le ocurriera con la obra pero no con el programa informático en el que ésta se presenta. El Digital Millenium Copyright Act hasta podía impedir usos sobre derechos de autor considerados legales por la propia normativa vigente en Estados Unidos. Una legislación de este tipo permitiría, por ejemplo, que un particular llevara a cabo una copia digital para su uso exclusivo de una obra que hubiera adquirido. Con todo, si la obra estuviera en Pdf, vedado a la copia, entonces el acto se criminalizaría si se tratara de emplear cualquier artificio para evitar lo dispuesto por el sistema de gestión de derechos autorales de este programa.

 


LAS AMÉRICAS.


La oralidad está presente hasta hoy en las culturas amerindias, en las cuales la introducción de la gramática y la escritura de sus lenguas es consecuencia del contacto con los europeos, pero la diferencia entre la oralidad nativa y la tradición escrita europea también implica modos de valoración diferentes de la circulación literaria y cultural.

Cuando convivimos en Cuba como jurados del premio Casa de las Américas, en 2008, Coco Manto –seudónimo indígena del escritor boliviano Jorge Mansilla Torres– explicó que el gobierno de Evo Morales, en aquella época objeto de una fuerte oposición crítica en los periódicos locales impresos (en español), no daba mucha importancia a esos medios. Se cuidaba mucho más de la radio, especialmente de los programas difundidos en lengua indígena, ya que a los periódicos impresos los lee sobre todo la elite blanca que de todos modos iba a oponérsele, mientras que los programas de radio los escucha la población indígena, base política y electoral del presidente. En conclusión, no sólo importa qué circula, sino cómo lo hace.

En 2016, en las Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, celebradas en La Paz, asistí a una sesión titulada “Poesía indígena. Creadoras y creadores de poesía quechua y aymara”, en la que los participantes se llamaban a sí mismos “oralitores” y no autores, para marcar su posición particular respecto del modo de circulación oral de lo que producían, lo que no significaba que hubiesen abdicado del mundo escrito, pues en aquella ocasión compré un libro bilingüe de poemas de Clemente Mamani Laruta, en español y en su lengua nativa: aymara. Si una de las grandes cuestiones de la circulación de bienes culturales y literarios resulta de la asimetría en los intercambios internacionales, en lo que se refiere a bienes de cultura –mucho más cuando se trata de los que dependen fuertemente de la lengua en la cual se encuentran estructurados, como es el caso de la literatura–, ciertamente podemos postular que la aprobación de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural por parte de la Organización de las Naciones Unidas (Onu), en 2002, significó una victoria planetaria para los que defendían el reconocimiento de la calidad diferenciada de las manifestaciones culturales de los pueblos. No obstante, la discusión sobre la naturaleza de esas manifestaciones culturales nunca dejó de estar presente, porque el sistema que produjo las hegemonías y desigualdades continúa, aunque en formas y lugares diferentes.

La polémica anterior a la aprobación de la declaración de la Onu mencionada continúa siendo un ejemplo muy atractivo sobre cómo se mueven los agentes en los juegos de poder para tratar de hacer valer sus intereses. Como vimos, aunque la existencia material de los llamados “bienes culturales” fuera una realidad indiscutible, no lo es el análisis material de estos bienes simbólicos. El problema, en suma, estriba en las condiciones relevantes de tales bienes para que se establezcan normas sobre éstos en los foros internacionales. Sin embargo, la propia discusión sobre cuáles deberían ser tales condiciones relevantes demuestra que no existe un punto de vista neutro y externo al que está en juego socialmente. Existe, eso sí, una cierta competencia política en la que dos partes involucradas presentan objetivos y modos diferentes de comprensión analítica, cuya adopción tiene como corolario resultados muy diversos. Porque son mutuamente excluyentes, sólo una de las partes podrá convertir su posición en regla general, a partir del foro internacional donde será elaborada, para el caso la Organización Mundial de Comercio o la Unesco. La propia elección del foro ubica el punto específico de la lucha política, en la medida en que, según el foro que se elija, el resultado no será el mismo.

En el punto que examinamos, las dos condiciones de jerarquía eran justificables, pero a partir de fundamentos completamente diferentes entre sí. Esto significa que, aun cuando analizamos una materialidad consensualmente indiscutible como tal (libros, filmes, música), los criterios utilizados para el análisis pueden llevarnos a conclusiones radicalmente opuestas. En consecuencia, el debate sobre lo que se considera importante (o no) en cada criterio analítico también es fundamental para que tengamos mayor claridad sobre qué es lo que está en juego en nuestros enfoques.

En las Américas sabemos el resultado de nuestra herencia colonial en el establecimiento y legitimación de descripciones interpretativas sobre nuestros hábitos y prácticas sociales, los cuerpos y culturas de nuestras poblaciones. Sabemos que a menudo esas descripciones devaluaban todo lo que no se correspondiera con las expectativas de la mirada europea; descripciones que legitimaron un supuesto conocimiento por medio del cual aquello que existía en Europa, pero no existía aquí, era visto como “falta” o “deficiencia”, y lo que existía aquí era visto exclusivamente como “bárbaro” o “atrasado”, en vez de simplemente diferente. La lucha por el reconocimiento de la diferencia pasa entonces también por la institucionalización social de nuevas formas de ver que no discriminen la diferencia ni colaboren con su invisibilización. En ese “sistema mundial en transición” en el cual las posiciones hegemónicas ya tienen una excelente condición para su autodescripción y su autorreproducción, asumir el discurso de la diferencia la hace comprensible y visible, y puede ser un punto de partida para reivindicaciones que hagan nuestro mundo un poco menos injusto y excluyente.


(Traducción de Pablo Rocca.)


1. Sólo en 2003 en Estados Unidos se permitió por ley evitar los controles de acceso a las obras que no dejaran activar la función read-aloud. Cf United States Copyright Office. Statement of the Librarian of Congress Relating to Section 1201 Rulemaking (2003) http://www.copyright.gov/1201/docs/librarian_statement_01.html (consultado el 10-I-17).

2. Véase la siguiente opinión: “Este grupo de trabajo cree que la prohibición de artefactos, productos, componentes y servicios que dejen sin efecto los métodos tecnológicos que previenen el uso no autorizado es de interés público y promueve el propósito constitucional de las leyes de derecho autoral. (...) Por lo tanto, el grupo de trabajo recomienda que la ley de derechos autorales sea enmendada a fin de incluir un nuevo capítulo, el 12, que incluya una previsión para prohibir la importación, manufactura o distribución de cualquier artefacto, producto o componente incorporado o la provisión de cualquier servicio cuyo propósito o efecto primario sea evitar, ‘baipasar’ (bypass), remover, desactivar o de cualquier forma ultrapasar (circumvent), sin la autoridad del propietario de los derechos autorales o de la ley, cualquier proceso, tratamiento, mecanismo o sistema que prevenga o inhiba la violación de cualquiera de los derechos exclusivos de la sección. La provisión no eliminará el riesgo de que los sistemas de protección sean vencidos, pero los reducirá”. (Estados Unidos, 1995, pág 235.)

3. Compárese: “Sección 1201. Burla de sistemas de protección de derechos autorales. Nadie podrá importar, manufacturar o distribuir ningún artefacto, producto o componente incorporado en un artefacto o producto, u ofrecer o hacer cualquier servicio cuyo propósito primario sea evitar, ‘baipasar’ (bypass), remover, desactivar, o de otro modo evitar, sin autorización del detentor de los derechos autorales o de la ley, cualquier proceso, tratamiento, mecanismo o sistema que prevenga o inhiba la violación de cualquiera de los derechos exclusivos del detentor de los derechos autorales protegidos por la sección 106”. (Estados Unidos, 1998.) “Artículo 107. Independientemente de la pérdida de los equipamientos utilizados, responderá por pérdidas y perjuicios, nunca inferiores al valor que resultaría de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 103 y su parágrafo único, quien: 1) altere, suprima, modifique o inutilice, de cualquier manera, dispositivos técnicos introducidos en los ejemplares de las obras y producciones protegidas para evitar o restringir su copia; 2) altere, suprima o inutilice, de cualquier manera, las señales codificadas destinadas a restringir la comunicación al público de obras, producciones o emisiones protegidas o a evitar su copia; 3) suprima o altere, sin autorización, cualquier información sobre la gestión de derechos; 4) distribuya, importe para distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público, sin autorización, obras, interpretaciones o ejecuciones, ejemplares de interpretaciones fijadas en fonogramas y emisiones, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos, señales codificadas y dispositivos técnicos fueron suprimidos o alterados sin autorización.” (Brasil, 1998.)

 

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La eurodiputada francesa Eva Joly

 

Eurodiputada de los Verdes y ex magistrada, Joly fue una de las impulsoras de la Declaración de París contra la gran delincuencia financiera

 

Eva Joly (Oslo, 1943) es una eurodiputada francesa de origen noruego. Ha sido jueza –ya jubilada de este oficio– y fue candidata de los Verdes a la presidencia de la República Francesa en 2012 (obtuvo un 2,31% de los votos). Llegada a París para trabajar como au pair a los 18 años con el nombre Eva Gro Farseth, fue también una de las impulsoras de la llamada Declaración de París, junto a otros jueces protagonistas de la lucha contra la delincuencia financiera como Baltasar Garzón.

En los años noventa fue conocida por sus campañas contra la corrupción de grandes multinacionales (instruyó el caso Elf, de desvío de fondos públicos, y escribió un libro, titulado en España "¿Queremos realmente vivir en un mundo así?" sobre las presiones y amenazas que recibió durante ese proceso).

Desde 2009 es miembro del Parlamento Europeo, donde centra su lucha en conseguir que las grandes empresas paguen los impuestos que les corresponden. Ha sido vicepresidenta de la Comisión de los Papeles de Panamá, y está muy involucrada en la legislación para lograr una base común de Sociedades en toda la UE. "En Francia sabemos bien que los impuestos llevan a la Revolución", recuerda en una entrevista en su despacho en Estrasburgo, mientras graban un documental sobre su figura y su trabajo contra los paraísos fiscales.

 

Usted se hizo conocida en los años noventa por sus campañas contra la corrupción de las grandes multinacionales. Hoy, las instituciones europeas siguen batallando para que las grandes empresas como Apple o Amazon paguen sus impuestos en los países en los que obtienen sus ganancias ¿Están ganando la batalla?

Se han aprovechado de un sistema de imposición anticuado. Se benefician de este sistema de competitividad fiscal en el seno de la UE: toleramos tipos imponibles extremadamente bajos, sobre todo a través de las exenciones. En Francia tuvimos un caso un poco particular con Google. Se intentó imponerles una tasa un poco más alta, teniendo en cuenta que su sede de 10.000 metros cuadrados, y sus 700 empleados eran prueba suficiente de que tenían sede permanente en Francia. Google ganó en los tribunales administrativos para nuestra gran desesperación, ya que los contratos no se firman en Francia, sino en Irlanda. Ahora este caso está en apelación, no sabemos lo que ocurrirá. Pero nosotros, como legisladores europeos, pensamos que deben cambiarse las reglas para que no pueda darse esta situación.

Hoy las multinacionales pueden permitirse no pagar impuestos porque no tenemos la noción de grupo de sociedades, no están tasadas como la unidad que son, sino a través de sus filiales, como si tuvieran una existencia jurídica propia. Su juego es transferir beneficios del lugar donde se han conseguido a través de un montón de sistemas que conocemos de ingeniería fiscal, para situarlo en paraísos fiscales.

 

¿Qué pueden hacer los legisladores europeos para evitar este juego de las multinacionales?

La respuesta es la tasación unitaria de la multinacional. Nos da igual si el beneficio se ha realizado en Bahamas, se integra y da lugar a un impuesto global para Ikea, Bosch, Coca-Cola, un montante global a repartir entre los estados según criterios pre establecidos. Hay un ejército de analistas fiscales trabajando en cada multinacional para que España, como cualquier otro país, no obtenga los impuestos que le corresponden. Estamos trabajando sobre un texto de base imponible común consolidada en Sociedades.

Hay un gran acuerdo en el Parlamento Europeo, votaremos el texto en el primer trimestre de 2018. Después será el Consejo el que debería adoptarlo, pero ya sabemos que no será adoptado porque Irlanda, Luxemburgo, etcétera no lo votarán (las decisiones fiscales deben ser unánimes en la UE).

Ahí puede entrar el artículo del Tratado que permite a la Comisión pasar de unanimidad a mayoría cualificada, si en lugar de considerarse como un texto fiscal se considera de Competencia. Sabemos lo que hay que hacer y trabajamos en ello.

 

¿Por su experiencia en el Parlamento Europeo tiene usted la impresión de que hay demasiados intereses y grupos de presión sobre las instituciones, los miembros del Parlamento o los propios gobiernos a la hora de legislar estos asuntos?

En cuestiones fiscales es evidente que quienes tienen privilegios hoy no quieren perderlos, así que los lobistas de las multinacionales van a intentar hacer lo imposible para demostrar que el mundo está bien como está. Pero en este caso concreto de las bases imponibles comunes, yo he visto un gran acuerdo de todos los partidos, de todo el espectro, así que creo que no han logrado parar el texto. Hay elecciones en 2019, y creo que hoy en día un eurodiputado que diga que está de acuerdo con que las multinacionales no paguen impuestos corre el riesgo de no ser reelegido.

Vimos la acción de los lobistas contra los ciudadanos en ACTA (Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación, rechazado por el Parlamento Europeo en 2012). Al principio, solo los partidos verdes estaban en contra. Después hubo una campaña personalizada de las ONGs y los ciudadanos. Yo recibía cientos de mensajes al día para que votara en contra. Creo que fue una presión muy fuerte. Nada está fijado, y aunque ayer prosperaran las injusticias, no tienen porqué continuar mañana. Creo que gracias a la gente valiente y a los políticos que han comprendido la dimensión del problema, puede haber una voluntad de cambio.

 

Así que usted cree en la capacidad de la gente de cambiar las cosas y de presionar por sus intereses

Sí, estoy muy convencida de que si la UE no es capaz de arreglar este problema (de la elusión y la evasión fiscal), será muy peligroso para el porvenir de la Unión. Aquí los ciudadanos deben hacer un intento fuerte. Es muy injusto que las multinacionales no paguen impuestos. En Francia sabemos bien que los impuestos llevan a la Revolución. (Uno de los detonantes de la Revolución Francesa fueron los impuestos que sólo pagaban burgueses, artesanos y campesinos. Los nobles y el clero estaban exentos).

 

Al buscar en internet sobre usted he encontrado bastantes artículos sobre su vida privada, sus matrimonios, o su paso por el concurso de Miss Noruega, a pesar de su trayectoria como magistrada y política ¿cómo observa usted el momento actual en lo que se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres?

Creo que la vida de uno es una unidad y que el hecho de que yo estuviera a los 18 años en un concurso que era como una broma no es tan grave, es divertido. Si eso se menciona es porque fui candidata a las elecciones presidenciales en Francia. Y cuando uno hace eso, la vida privada ya no le pertenece más. Hay un número enorme de personas que excava para encontrar hechos incompatibles con presentarse a las elecciones para ser presidente de la República. Y lo que encontraron de mi creo que no es tan grave.

En lo que se refiere a los derechos de la mujer, yo soy Verde, y para los Verdes aquí (en el Parlamento Europeo) o en el Parlamento francés, la igualdad es muy importante. Somos un partido donde la toma de la palabra alterna entre hombres y mujeres. Si un hombre toma la palabra, después lo hace una mujer. Si son dos mujeres seguidas las que hablan, sí es posible, es decir, hay una discriminación positiva. La designación de puestos también se hace de manera paritaria. Hay tantas mujeres como hombres elegidos. Además tenemos una comisión de la mujer muy enérgica, y entre nosotros utilizamos un lenguaje no sexista. El idioma francés es muy discriminatorio: un hombre pesa más que mil mujeres para la conjugación de un sustantivo en plural. La igualdad entre hombres y mujeres forma parte de nuestro ADN.

 

¿Cómo observa el momento político en Francia y la figura de Marine Le Pen? (consiguió un resultado histórico en las elecciones a las que también se presentó Joly) ¿Le preocupa que haya un movimiento populista creciente en Europa?

Con Marine Le Pen la cosa ha cambiado mucho desde las últimas elecciones presidenciales. El Frente Nacional se ha debilitado...una buena noticia para mí. Pero sí, no hay duda, el movimiento populista crece. Lo vemos en los antiguos países de la Europa del Este y del Norte de Europa. Creo que se debe a la inseguridad. La gente sufre con la globalización, los sindicatos han perdido fuerza, la gente ya no cree en el comunismo. Las revueltas que daban la oportunidad de expresarse políticamente ya no existen. Además hay una población mucho más cosmopolita. Hoy en Oslo, donde yo crecí, hay un 15-20% de la población de origen pakistaní, algo que no ocurría cuando yo vivía allí. Creo que la ciudadanía reacciona al cambio de su entorno inmediato. Ya no viven alrededor de una iglesia, con pequeños comercios y la seguridad de anticipar lo que iba pasar. Así que hay una reacción a la mundialización y al sufrimiento que genera: mucha riqueza para unos pocos y mucha pobreza para la mayoría. La reacción a esa mundialización, más que decir: debemos proteger las fronteras de una manera compatible con el comercio pero que proteja nuestros empleos, es: "los responsables de mis problemas son otros, los extranjeros".

Lo hemos visto en Inglaterra, con el "brexit" la xenofobia se expresó muy libremente. Para mí es un drama, no para Europa, sino para Gran Bretaña. Es un declive ineluctable de Inglaterra. Tengo piedad por los ciudadanos que son dobles víctimas: de un sistema electoral injusto y de una élite desconectada y que cree que Inglaterra es aún un imperio y que pueden vivir entre ellos, lejos de los polacos. Ya hay consecuencias macroeconómicas para Inglaterra, y los que han votado el brexit porque no querían polacos van a descubrir la realidad económica de manera bastante brutal, tristemente.

Sabemos que en el repliegue sobre sí mismo del nacionalismo como en Hungría, donde Orban prohíbe incluso no se permite montar piezas que no sean húngaras, una especie de locura, cuyas consecuencias se ven rápidamente. No hay duda de que el populismo ha crecido mucho, lo vemos también en los movimientos regionalistas, que son sin duda muy nacionalistas.

 

En España tenemos un fuerte movimiento independentista catalán ¿lo situaría usted en ese mismo espacio populista?

Si los independentistas dijeran: en Cataluña vamos a luchar contra la pobreza, contra la injusticias, vamos a hacer de Cataluña un ejemplo ecológico...pero no hay nada de eso, su discurso es muy pobre, ligado al territorio. Para mí no es un proyecto político.

 

Usted habla del crecimiento del populismo como respuesta a la globalización y de sus problemas asociados. ¿Es que las fuerzas progresistas no han sabido dar una respuesta?

Sin duda. Vemos la desaparición de los partidos tradicionales de derecha e izquierda. Una desaparición lógica porque no han sabido dar una respuesta al crecimiento de la pobreza, a la desigualdad que se dispara, al paro...y no han sabido tampoco dar respuesta a una cuestión urgentísima: el cambio climático. Hemos visto el modelo productivista sobrevivir en el discurso y la acción.

 

¿Cree que una de las luchas que valen la pena en estos días es contra el cambio climático?

Debemos ser conscientes de todos los problemas ecológicos y ligados a la preservación de la Tierra, de no tener una agricultura que preserve los suelos ni la biodiversidad, tener consciencia de la fragilidad del mundo en el que vivimos. Y cuando nos demos cuenta de que ya sólo queda un 25% de insectos polinizadores y que aún autorizamos pesticidas que les matan, nos daremos cuenta de la locura que estamos protagonizando.

 

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