En un video que difundió en una cuenta de la red social Instagram, el ex policía Óscar Pérez acusó a las autoridades venezolanas de querer matarlo pese a que estaba dispuesto a entregarse

 

El año pasado Óscar Pérez atacó desde un helicóptero edificios del gobierno

El ex oficial se atrincheró con algunos de sus cómplices en una vivienda a 25 km de Caracas

 

Caracas.

Un intenso operativo en Venezuela para capturar al ex policía Óscar Pérez, quien en 2017 atacó desde un helicóptero edificios gubernamentales, dejó este lunes varios muertos –dos de ellos policías–, heridos y cinco detenidos.

Al cierre de esta edición no había informes oficiales sobre la suerte que corrió Óscar Pérez, aunque fuentes policiales aseguraron a Sputnik que habría muerto en el enfrentamiento.

Estoy seguro de que lo sacaron muerto, declaró una fuente que formó parte del operativo.

El Ministerio del Interior informó: los integrantes de esta célula terrorista que hicieron resistencia armada fueron abatidos y (otros) cinco criminales fueron capturados, sin precisar qué sucedió con Pérez.

El presidente Nicolás Maduro, durante su mensaje anual desde la Asamblea Nacional Constituyente, dijo que en el enfrentamiento fallecieron dos policías a consecuencia de disparos en la cabeza que recibieron cuando se encontraban esperando la entrega de los rebeldes y que fue abatida gran parte del grupo terrorista, pero no dio más detalles.

El mandatario indicó que otros seis policías resultaron gravemente heridos y más de cinco miembros del grupo quedaron detenidos.

Nos enteramos de que tenían preparado un carro bomba para hacerlo estallar frente a la embajada de un país querido y prestigioso, aseguró.

Piloto y actor, de 36 años, Pérez quedó acorralado con sus hombres durante la madrugada en una casa en la carretera hacia El Junquito, 25 kilómetros al noroeste de Caracas, y en una docena de videos que difundió en su cuenta de Instagram acusó a las autoridades de querer matarlos pese a que estaban dispuestos a entregarse.

Según la nota oficial, el ex agente policial y sus hombres estaban apertrechados con armamento de alto calibre y abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad, lo que dejó dos policías muertos y cinco heridos.

Los efectivos fueron atacados por los violentos cuando estaban negociando las condiciones para su entrega y resguardo, subrayó el Ministerio del Interior, que agregó que el grupo intentó detonar un vehículo cargado de explosivos.

Las fuerzas de seguridad montaron un bloqueo en la carretera, donde dispersaron con algunas bombas lacrimógenas una protesta en favor del piloto y en contra del presidente Nicolás Maduro que hicieron unos 30 vecinos de la zona.

En medio de una ola de protestas contra Maduro que dejó 125 muertos entre abril y julio de 2017, Pérez y otros hombres no identificados sobrevolaron Caracas el 27 de junio en un helicóptero de la policía, lanzaron cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y dispararon contra el Ministerio de Interior, sin provocar víctimas.

En el operativo de detención participaron comandos especiales de la policía y la fuerza armada, que fueron apoyados por un tanque del ejército. Varias ambulancias también fueron enviadas al lugar.

En diciembre pasado, Pérez, quien perteneció al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, se atribuyó la autoría de la Operación Génesis que terminó en el asalto a una base militar en Laguneta de La Montaña, población del norteño estado de Miranda, donde fueron robados 26 fusiles Kalashnikov y tres pistolas.

Maduro acusó entonces a Estados Unidos de estar detrás del ataque y pidió a las fuerzas armadas tolerancia cero con los grupos terroristas y ordenó repelerlos con plomo.

El piloto, quien desde el ataque a las entidades oficiales publicó varios videos en los que decía luchar contra la “narcodictadura y tiranía” en Venezuela, era buscado por las autoridades acusado de terrorismo y tenía orden de captura en Interpol.

Antes de su sonado ataque, Pérez ya era conocido por los venezolanos, pues protagonizó en 2015 la película Muerte suspendida, un filme de acción basado en el famoso secuestro de un comerciante portugués en Caracas, en 2012.

A la par, los accesos del complejo militar más importante de Venezuela, Fuerte Tiuna, fueron cerrados.

Por otra parte, Maduro pidió investigar al obispo Víctor Hugo Basabe, de San Felipe, quien rezó hace poco para que Venezuela quede libre de la peste corrupta que lleva a sus ciudadanos a comer de la basura, según reporte del diario El Nacional. También solicitó a la justicia que investigue al obispo Antonio López Castillo, de Barquisimeto, que en misa pidió que el país sea salvado de la corrupción, según El Nacional.

 

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Viernes, 23 Junio 2017 17:20

“En Buenaventura despertamos”

“En Buenaventura despertamos”

“¡Cuando se juntan la seminola y el negro
el hombre blanco
el hombre blanco pierde el sueño!”

 

Changó el gran putas.
Manuel Zapata Olivella.

 

Temprano en la mañana del 6 de junio de 2017, los bonaverenses salieron a las calles de su ciudad a ‘recoger el mugre’, a limpiar los escombros y las cenizas que dejaron los enfrentamientos contra el ejército negro –o Esmad– durante los 22 días de resistencia y lucha, que antecedieron a la gran celebración de ese día: “Se suspende el paro de Buenaventura”.

 

 

“¡El pueblo no se rinde carajo!”, y no se rindió a pesar de la represión sádica a manos del escuadrón de la muerte, de la presión del Gobierno y de la flaqueza de muchos que perdían las esperanzas.

 

Una vez conocido el acuerdo para levantar el paro, la fiesta fue programada para las 3 de la tarde en la plaza central del puerto. De a pocos fueron llegando, unos en familias, otros con amigos o solos. Alegres comentaban la gran hazaña; una vez más David venció a Goliat: los 22 días de incertidumbre dieron fruto.

 

“Muy buenas tardes ¡Buenaventura! Quiero agradecer al señor arzobispo de Cali, quien durante los días del paro cívico nos dio una mano como garante y ayudó avanzar en las conversaciones, y hoy, en este día de fiesta, este día histórico, viene acompañarnos en esta ceremonia”, dijo monseñor Héctor Esparza Quintero entre los gritos y aplausos de todos los allí reunidos.

 

Buenaventura, tierra de marimbas y tambores; de vírgenes y santos, celebró los acuerdos logrados con una santa eucaristía. Música autóctona a cargo del grupo Buscajá puso a bailar a propios y extraños, pues la algarabía no era para menos, “¡El pueblo no se rinde carajo!”

 

Día D: 16 de mayo

 

“Buenaventura se respeta, o si no, la hacemos respetar, ¡carajo!”1. El Comité del Paro Cívico informó al país, que Buenaventura cesaba sus actividades, esta vez no era un simple llamado de atención al Gobierno, era un advertencia clara y directa a la élite política y económica de Colombia, de que un pueblo indignado emergía desde el olvido para reclamar lo que por derecho le corresponde.

 

“De muchas maneras le hemos dicho al gobierno central que nosotros hacemos parte de Colombia y no nos han escuchado. Por eso la comunidad de Buenaventura tomó la decisión de entrar en paro cívico indefinido. Buenaventura es el principal puerto marítimo de Colombia y les interesa sólo por las mercancías que por aquí entran al resto del país, no por las personas que habitamos la ciudad”, afirmó Miyela Riascos, lideresa social y representante de la ciudadanía en la mesa ejecutiva del paro.

 

En un principio la demanda de los impulsores del paro cívico fue la declaración de emergencia social, económica y ecológica para el municipio. Una multitud de voces –entre ellas las de 48 organizaciones sociales, políticas y gremiales–, reclamaron agua, educación, salud y mejores oportunidades laborales. Con manifestaciones culturales afrocolombianas, bailes, colores y toda la sabrosura del pueblo bonaverense, salieron desde entonces todos los días a las calles a exigir, de manera pacífica, sus derechos como pobladores del puerto más importante del país. Por su parte, la alcaldía de Buenaventura bajo el mandato de Jorge Eliecer Arboleda –quien se ha visto envuelto en escándalos de corrupción– en una entrevista radial aseguró “el paro de Buenaventura no durará más de 3 días”. Inconsciente del eco de sus palabras, ayudó a despertar a un gigante dormido, un pueblo ofendido que aguantaría hasta las últimas consecuencias.

 

La cosa iba en serio

 

Conforme pasaban los días, más fuerzas se unieron a la demanda de mejores condiciones de vida, sumando 147 organizaciones distribuidas en 40 puntos de concentración. Taxistas, ‘moto-ratones’, conductores de ‘carpatias’ (Jeep’s), comerciantes, trabajadores informales, pescadores industriales y artesanales, lancheros y coteros cesaron sus actividades, demostrándole a Colombia que, más allá de los ingresos económicos individuales está el bienestar colectivo, y que sin importar el valor económico que representa el puerto para el país, había una causa justa de un pueblo históricamente marginado.

 

Acción social multiplicada con el paso de los días, hasta reunir la fuerza necesaria para realizar lo único que haría flaquear al gobierno central: impedir el paso de los camiones y tractomulas hacia y desde el puerto. Para ello los pobladores ubicaron bloqueos estratégicos donde vigilaban día y noche los posibles movimientos de los transportadores de carga. Acción efectiva y de alto impacto. En tan sólo dos días los empresarios y el gobierno sintieron el duro golpe de la interrupción del flujo de mercancías. Con cada día de paro las pérdidas económicas aumentaban exponencialmente. Empezaba a flaquear la mano de la burguesía. Y de su vocero de turno. Al no poder romper la voluntad de los inconformes y víctima de su ineptitud, Santos no tardó en enviar al Esmad y al Ejército Nacional para impartir el caos y recuperar el control de la Vía Buenaventura. Negociar no estaba en sus planes.

 

¡A las malas no! ¡El pueblo se respeta carajo!

 

Más que un paro era un carnaval al mejor estilo afrocolombiano; un grito unificado e imponente aclamaba: ¡El pueblo no se rinde, carajo! Y las movilizaciones cada día convocaban a más personas a la fiesta. Y de repente...

 

“...por obra de magia apareció el Esmad,
policías disfrazados de Robocop,
escuadrón móvil para la opresión,
lanzando gases lacrimógenos
contra la población”2

 

Mientras los noticieros mostraban el paro como un acto de vandalismo que afectaba gravemente la canasta familiar y la economía del resto de los colombianos, en el puente del Piñal y en La Delfina las comunidades indígenas y afro se enfrentaban a los gases y granadas lanzados por el Esmad de manera indiscriminada. Niños y ancianos fueron atacados en sus viviendas y los jóvenes fueron asediados en las calles, mientras el Gobierno no presentaba propuestas concretas para darle salida a la problemática.

 

El 19 de mayo, a tres días de haber declarado la parálisis de su ciudad, las agresiones a la población por parte del Esmad aumentaban; para el Gobierno era más importante la entrada y salida de la mercancía represada que la calidad de vida de quienes habitan está parte del país. Mientras tanto, la comunidad y el Comité del Paro Cívico trabajaban en mesas temáticas discutiendo propuestas concretas para cada uno de los 9 puntos de su pliego de exigencias (Ver Recuadro 1), sin que el Gobierno reconociera la magnitud de la problemática ni cediera en su repetitivo “no hay recursos”. El 25 de mayo fue más allá, al rechazar en alocución pública la exigencia ciudadana de declaración de emergencia social, económica y ecológica para Buenaventura.

 

Según Javier Torres, representante de la Flota de Cabotaje del Pacífico, el argumento del Gobierno para rechazar la declaración de la emergencia era el temor a que la Corte Constitucional tumbara la iniciativa, ante lo cual propuso “otras alternativas distintas a la emergencia, pero resulta que ya perdió la confianza del pueblo, porque cuanto se ha acordado bajo comités y actas no nos ha funcionado, pero la emergencia sí nos garantiza la destinación de recursos para solucionar los problemas de Buenaventura. De lo contrario es muy difícil creer, especialmente porque no estamos negociando frente a cualquier gobierno”. La desconfianza en las palabras del gobierno fue un aspecto importante para su resistencia.

 

En paralelo, los enfrentamientos entre los pobladores y la mal llamada fuerza pública, aumentaban los reportes de violación a los derechos humanos en el marco del paro, de tal manera que Todd Howland, Alto comisionado de derechos humanos en Colombia, facilitó un espacio de conversación el 2 de junio en la sede de la Procuraduría en la capital del país, entre los delegados del Comité y el Gobierno, en la cual se abordó lo relacionado con la violación de derechos humanos en el marco del paro.

 

Mientras el ambiente ganaba, supuestamente en distención, horas antes de la cita en cuestión, clandestinos, bajo la oscuridad de la madrugada, el Esmad y el Ejército Nacional custodiaron una caravana de camiones que intentaban salir del puerto con mercancía. La ira de los porteños no se hizo esperar, dejando como resultado un camión incendiado y familias afectadas por los gases y balas de goma. Rendirse no hacía parte de la agenda de lucha puesta en marcha desde el 16 de mayo.

 

Paro cívico: día 17

 

Un viaje directo desde Bogotá u otra ciudad hasta Buenaventura era imposible, la única alternativa –corridos 17 días de paro– , era los transbordos: un primer recorrido hasta Cali, para abordar allí un microbús hasta Dagua (ninguna empresa de transporte en Cali se atrevía a entrar a Buenaventura), donde los ‘carpatia’ prestaban servicio hasta el corregimiento de Cisneros, donde el paro ya se sentía con fuerza, y de aquí hasta la entrada de Buenaventura en otro vehículo, el que solo partía cuando llenaba su cupo, lo cual no ocurría antes de dos horas.

 

Una vez en El Gallinero –entrada al municipio– la travesía debía continuar en moto. Todo el que pretendiera entrar a la ciudad debía confiar en la destreza de los ‘moto-ratones’. El precio a pagar concordaba con las elevadas sumas impuestas por los transportadores desde Dagua hasta el casco urbano del puerto. En promedio 8 mil pesos por pasajero, lo que incluía los diversos ‘peajes’ por sortear en los bloqueos instalados a lo largo de sus calles, así como el riesgo que afrontaba conductor y usuario al tratar de ingresar a la ciudad.

 

Buenaventura despertó: orígenes de un plan maestro

 

“[...] 400 millones de dólares vamos a invertir [...] vamos a construir una ciudad industrial, para que genere más empleo, más inversión, para que Buenaventura se convierta en ese eje de la Alianza del Pacífico. Para que Buenaventura que ha sido abandonada no por años, ni décadas sino por siglos; desde que la descubrieron hace 500 años, al terminar la guerra salga del abandono”3.

 

¿Dónde quedó la ciudadela industrial? ¿Dónde quedaron los miles de empleos nuevos? Como a niños inocentes, Santos convenció a miles de bonaverenses para así ganar las elecciones de 2014, esto con la promesa de la paz para el país y la inversión de 400 millones de dólares para construir una supuesta ciudadela industrial en el puerto, que generaría empleos estables. Santos se quedó en el Palacio de Nariño, la terminación del conflicto empezó a negociarse pero nada avizoraba –ni entonces ni ahora– el nuevo mega-proyecto que cambiaría la suerte de Buenaventura.

 

Por esta promesa, y por otras más sin cumplir, algunos líderes sociales iniciaron la que sería una agenda continua de reuniones clandestinas que, poco a poco, consolidaron un plan de acción que delimitaría el protocolo de lo que a futuro sería el paro del 16 de mayo. Desde las casas se conformó el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, el mismo que se encargaría de proyectar el número de organizaciones vinculadas, de los tiempos y del presupuesto que la movilización demandaría.

 

La lucha era contra el tiempo, pues a medida que pasaba, los ánimos decaían y los esfuerzos parecían en vano. Tres años de discusiones, análisis y estudios de su capacidad de acción dieron paso a un monumental levantamiento colectivo de todos los sectores que integran el puerto.

 

Cara a cara con el Gobierno

 

Al final el Gobierno tuvo que ceder. Aquellos que ‘sólo iban aguantar 3 días’ hicieron sentar a tres ministerios (ambiente, educación e interior) en las mesas de trabajo propuestas por el Comité para negociar uno por uno los puntos de cada pliego. Como la declaración de la emergencia social, económica y ecológica del puerto fue rechazada por el Gobierno, surgió la propuesta de la creación de una Ley Fondo Autónomo Exclusivo para Buenaventura. (Ver Recuadro 3)

 

Este fue el eje principal de todas las mesas negociantes. Las organizaciones representantes optaron por el Fondo Autónomo porque consideraron que pueden hacer una veeduría efectiva del manejo de los recursos pactados. La elaboración de las mesas facilita la supervisión de la inversión de los dineros. Logrado esto, el Comité acordó la suspensión del paro por un mes; tiempo en el que el Gobierno tendrá que legislar vía Fast Track la implementación de lo acordado.

 

1 https://www.desdeabajo.info/colombia/31535-buenaventura-se-respeta-o-si-no-la-hacemos-respetar-carajo.html
2 Canción Fucking Esmad del artista local Junior Jein: https://www.youtube.com/watch?v=-PiSHiKxG88
3 Discurso de Juan Manuel Santos, campaña electoral 2014

 


 

Recuadro 1*

 

“No todos los puntos significan plata sinonormatividad y legislaciones”

 

Declaración de emergencia económica, social y ecológica de Buenaventura.
Por salud de calidad, con hospital de segundo y tercer nivel.
Por la educación pertinente y de calidad.
Por el agua y saneamiento básico.
Por nuestro territorio, porque esta tierra es nuestra.
Por el ambiente sano y la salvación de nuestras riquezas naturales.
Por empleo digno y vida decente de nuestros trabajadores
Por justicia y atención a las víctimas de la violencia
Por recreación y espacio para esparcimiento, deporte y cultura.

* https://www.desdeabajo.info/colombia/31593-aqui-no-se-rinde-nadie.html

 


 

Recuadro

 

Junio 3: Tocando puerto

 

Del calor de la ciudad se habla bastante, pocos pensarían que el de sus gentes es más envolvente. Dijeron caos, dijeron violencia; pero había fiesta y jolgorio. Comparsas, silbatos, trompetas y tambores de una comunidad celebrando la vida y la insurrección, justa y necesaria.

 

Transcurría un día normal de protesta encabezada por las lideresas vinculadas al Paro Cívico. Buenaventura abría sus puertas:

 

-Por donde se mire hay un poco de lo que cualquier economista llamaría subdesarrollo: calles resquebrajadas, casas improvisadas, a medio construir, drenajes sin canalizar y otras cosas más. Pero más que pobreza aquí se percibe voluntad y anhelo de cambio. Después de haber padecido décadas de exclusión e indiferencia oficial, Buenaventura dijo “no más” y apostó todo por la lucha honrada, por la protesta pacífica para exigir lo que por derecho la oligarquía colombiana le ha negado.

 

Décadas de exclusión que fueron suficientes para colmar la paciencia de la ciudadanía que ni siquiera goza, a plenitud, de los derechos básicos (energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, gas domiciliario, salud, recreación, deporte, atención oportuna en un hospital de 3 y 4 nivel), y solo recibe promesas de que tendrán oportunidad de empleo, así como los soñados derechos hasta sólo conocidos en la parte financiera de la ciudad, así como en televisión.

 

Un mar de contrastes. Una tierra donde puede sentirse el calor sofocante y húmedo del trópico, la brisa tibia del Pacífico y la frescura de las cientos de fuentes hídricas que bañan al municipio, así es Buenaventura. Su gente sólo tiene acceso a su propia agua dos horas al día, mientras que en el puerto y en los establecimientos comerciales y financieros en el bulevar, el líquido fluye 24/7. En las casas, hay que recoger el agua y atesorarla, pues es bastante cara. En las principales ciudades del país, lo común es una ducha, en Buenaventura para bañarse es esencial la totuma. ¿Por qué? En San Cipriano, famoso sitio turístico, hay tres acueductos diferentes para cada grupo de usuarios: el que va a las comunas, el que surte al puerto y el que nutre al centro de la ciudad.

 

Es “curioso” que el grueso de la población ocupada recurra a empleos informales en el comercio y en el transporte, y que la única opción de empleo considerable que ofrezcan los muelles sea para coteros tercerizados que no cuentan, muchas veces, con seguridad social alguna. Es “curioso” que el Dane insista en que la tasa de desempleo en Buenaventura asciende al 18 por ciento, cuando los mismos porteños saben que la desocupación alcanza, por lo menos, al 40 por ciento del total de personas prestas a trabajar.

 

Insólito, pero muy comentado por sus habitantes, es el hecho de que casi la totalidad de los locales comerciales del centro de la ciudad son de propietarios blancos-mestizos, locales que otrora pertenecieran a afrocolombianos. Asimismo, es frecuente escuchar que los cargos públicos rara vez son ocupados por personas afro y que, por lo general, los cargos administrativos en el sector privado son asignados a personas blancas-mestizas. Resulta difícil, entonces, no suponer un marcado racismo en las relaciones sociales cotidianas.

 

La falta de empleo explica, en gran medida, que el 64 por ciento de la población urbana viva en condiciones de pobreza, que el 91 por ciento de los habitantes rurales sean considerados pobres y que el 9 por ciento viva en la miseria. Pero esas cifras sólo resaltan las carencias, más no las ambiciones de estas personas acostumbradas a conseguir en el mar todo lo que necesitan. Bien reza el dicho “rico es aquel que menos necesita”; Buenaventura exige justicia, exige respeto. Necesita un trato al menos igual al brindado a los demás centros económicos del país, nada más.

 

Exigen una oportunidad para la vida. Así debe ser, también, para evitar que el precio del abandono lo sigan pagando los jóvenes, quienes al concluir su bachillerato encuentran pocas opciones de futuro: Estudiar en el Sena, enrolarse en el Ejército, ser un trabajador informal o formar parte de las bandas criminales y del narcotráfico. Quienes optan por una formación técnica y tecnológica encuentran con amargura que 20 de cada 100 jóvenes logran concluir sus estudios y conseguir un trabajo bien remunerado, de ellos, menos de la mitad acceden a carreras universitarias y obtienen un título profesional.

 

Buenaventura disimula bien las tensiones políticas, económicas y culturales que la inundan, producto de años de enfrentamientos entre la guerrilla, el Estado y el paramilitarismo, en abierta disputa por la posición geoestratégica que representa y la riqueza mineral que aguarda debajo de su tierra. Por eso, al recorrer las calles de esta tórrida ciudad, se encuentran infinidad de personas de múltiples orígenes del litoral pacífico que, huyendo de la violencia, llegaron al puerto buscando mejor fortuna. Aquí, cerca del 50 por ciento de los habitantes han sido víctimas del conflicto.

 


 

Recuadro 2

 

En Buenaventura habitan –según proyecciones del Dane– poco más de 407 mil habitantes, sin embargo, instituciones como el Sisbén aseguran que en la ciudad hay más de 500 mil. Así las cosas, al menos 230 mil personas están en capacidad de trabajar. De ellas, por lo menos 110 mil ejercen este derecho de manera informal y unas 80 mil trabajan como obreros o empleados particulares; unos 40 mil no cuentan con ningún tipo de trabajo.

 

De los cerca de 500 mil habitantes, el 88,5 por ciento es afrocolombiana, el 10 por ciento es blanca-mestiza y menos del 1 por ciento es indígena. El 94 por ciento de la población vive en la cabecera urbana, el resto en el área rural continental e insular. Aunque más del 90 por ciento de los habitantes cuentan con energía eléctrica, ningún hogar tiene acceso a gas natural, apenas el 60 por ciento de las viviendas tienen sistema de alcantarillado y tan solo el 85 por ciento cuentan con acueducto, eso sí en malas condiciones y apenas dos horas al día.

 

Sin embargo, lo último que quieren en Buenaventura es que el resto del país y del mundo los mire con compasión, pues no se sienten pobres, todo lo contrario, son conscientes de las capacidades de su gente.

Publicado enEdición Nº236
Opositores al gobierno venezolano enfrentaron ayer a elementos de la policía antimotines, al continuar las movilizaciones en Caracas

 

Diosdado Cabello niega que 85 militares hayan sido arrestados por oponerse a la represión

 

Caracas.

 

Fuerzas antimotines dispersaron con bombas lacrimógenas una marcha de miles de opositores que rechazan la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, quien enfrenta una ola de protestas que en casi 40 días ha provocado 38 muertos. Los enfrentamientos se extendieron este lunes a los occidentales estados de Mérida, Lara y Zulia.

El dirigente chavista Diosdado Cabello negó que 85 elementos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) hayan sido arrestados por oponerse a la represión de las protestas opositoras, como aseguró Henrique Capriles, ex candidato presidencial, el viernes pasado.

Agregó que la oposición está buscando un Pinochet en las FANB, pero no lo encontrarán, en alusión al general chileno Augusto Pinochet Ugarte, cuya dictadura abarcó de 1973 a 1990, reportó el diario El Nacional en su portal de Internet.

Más tarde, Maduro llamó a los militares a elevar propuestas para la Asamblea Nacional, informó Telesur en su portal, sin dar más detalles. Vamos a activar una Constituyente militar para fortalecer cada uno de los componentes de las FANB, declaró Maduro en la clausura de una exposición agropecuaria, indicó el portal venezolano noticias24.com.

Mientras, en las calles de Caracas, con banderas venezolanas y carteles en que se leía: no más dictadura, los opositores, que empezaron las protestas el primero de abril, exigieron una vez más la salida de Maduro del poder.

Si quiere una Constituyente, que pregunte al pueblo en un referendo, dijo Capriles en la marcha.

Manifestantes encapuchados atacaron a las fuerzas de seguridad con piedras y cocteles molotov en enfrentamientos en el este de Caracas que se prolongaron hasta casi el anochecer, cerca de la base militar La Carlota, en Caracas.

Al cierre de esta edición se reportó que el saldo de los choques de este lunes fue de más de 60 heridos, con lo que sube a 800 la cifra de lesionados en cinco semanas de movilizaciones.

En el centro de la capital venezolana también se concentró una multitud de chavistas. Estamos defendiendo la Constituyente para profundizar la revolución de Hugo Chávez, dijo el joven Alejandro Seguías, quien señaló que Maduro reforzará la Constitución impulsada por el fallecido ex presidente (1999-2013).

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a sus seguidores a marchar hacia el Ministerio de Educación en rechazo a la Constituyente, tras marginarse de una reunión en el Palacio de Miraflores

En la sede del gobierno, representantes de 18 agrupaciones políticas opositoras se reunieron con los miembros de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, con la finalidad de discutir detalles del proceso convocado hace unos días por Maduro.

Entre los principales temas que se abordaron destacaron la promoción del diálogo, el respeto al orden constitucional y el llamado a un entendimiento político pacífico que beneficie a toda la sociedad.

Segundo Meléndez, presidente del Movimiento al Socialismo, reafirmó su disposición para sumarse a todos los espacios de debate que surjan alrededor de la convocatoria, pero consideró necesario esclarecer cuál es el procedimiento establecido en la Constitución de 1999 para dar continuidad a ese proceso.

Elías Jaua, ministro de Educación, designado por Maduro para impulsar la Constituyente, pidió a la MUD reflexionar y aceptar el diálogo. Al final de la tarde recibió una carta de la oposición que interpretó como una “excusa para seguir en la violencia.

Eso no es una Constituyente, es una farsa, una estafa, un truco para perpetuarse en el poder. El voto es la única salida a este desastre en Venezuela, declaró en la marcha Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional (Congreso), dominada por la oposición.

Más de 70 por ciento de venezolanos, de acuerdo con encuestas privadas, rechaza la gestión de Maduro, cansados del colapso económico que genera una severa escasez de alimentos y medicinas, y la inflación más alta del mundo que puede llegar a 720 por ciento este año, según el Fondo Monetario Internacional.

En medio de la tensión social, la ONG Foro Penal denunció que al menos 50 civiles fueron encarcelados por orden de tribunales militares venezolanos, que los acusan de presuntos delitos cometidos durante protestas. Esta versión no fue confirmada por el gobierno ni por otra fuente independiente.

Al renovar sus ataques al gobierno bolivariano, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, señaló que “el régimen cívico-militar de Venezuela representa lo peor de cada dictadura... el estado de derecho no existe ni siquiera como apariencia”.

Agregó que civiles de los estados de Zulia, Carabobo y Falcon están privados de libertad y sometidos a la justicia militar, y advirtió que esta criminalidad dictatorial no tendrá impunidad.

En tanto, Arthur Neto, alcalde de la ciudad brasileña de Manaos, declaró que esa localidad del nordeste experimenta un repentino flujo de ciudadanos provenientes de la vecina Venezuela.

Cientos de miembros del grupo indígena venezolano warao levantaron campamentos en la ciudad amazónica, informó. Funcionarios del ayuntamiento indicaron que los venezolanos llegan en busca de trabajo.

También han aparecido campamentos de migrantes venezolanos en Boa Vista, otra capital provincial del norte de Brasil.

 

 

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Un policía usa gas lacrimógeno durante una manifestación en solidaridad con Théo y contra la violencia policial en París.

 

Las manifestaciones, que se iniciaron la semana pasada, claman contra la violación con una porra a un joven, que tuvo que ser ingresado en el hospital con importantes daños en el recto, por parte de un agente.

 

 

MADRID 16/02/2017 09:18 Actualizado: 16/02/2017 09:18 EUROPA PRESS


Decenas de personas se han manifestado este miércoles por la tarde en las ciudades francesas de Lille y Rouen, además de en la capital, París, en una nueva jornada de protestas contra la agresión sufrida por un joven de las afueras de la capital a manos de varios policías a principios de mes que ha cerrado con varios heridos y más de una veintena de detenidos.

En Rouen, ubicada en el norte de Francia, a unos 140 kilómetros de la capital, 21 personas han sido detenidas y dos heridas de levedad después de que estallaran enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, según Le Parisien.

En Lille, cerca de la frontera con Bruselas, medio millar de personas se han concentrado para denunciar "las humillaciones" y los registros de carácter racista llevados a cabo por la Policía. La protesta se ha desarrollado sin incidentes hasta que cerca de un centenar de personas ha continuado por una zona en la que la manifestación no estaba autorizada, lanzando botellas de cristal y tirando papeleras a su paso. En este contexto, la Policía ha detenido a una joven.

Por su parte, en la capital se han concentrado cerca de 400 personas de manera "espontánea" en las inmediaciones de la estación de Metro de Barbès-Rochechouart, cerca del barrio de Montmartre, en el norte de París. La protesta se gestó en las redes sociales, por lo que no había sido anunciada a la Prefectura, y se centró en protestar "contra la violencia policial". Pasadas las 19.00 horas, un grupo de manifestantes lanzó varios objetos a los policías, que respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a la gente.

Desde que se iniciaron las protestas, la semana pasada, se han detenido a cerca de 200 personas. Las manifestaciones responden a una agresión llevada a cabo por parte de cuatro policías en Aulnay-sous-Bois contra un joven que acusa a uno de ellos de violación.

El pasado viernes, la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), el organismo responsable de supervisar a la Policía francesa, concluyó en su primer informe sobre el joven que "no hubo violación". El joven, identificado como Théo, de 22 años, tuvo que ser ingresado en el hospital con importantes daños en el recto. El presidente de Francia, François Hollande, llegó a visitarlo en el centro hospitalario, donde le pidió que confiara "en la Justicia", que llevaría su caso "hasta el final".

Previamente denunció que mientras estaba siendo detenido, de espaldas, uno de los agentes le introdujo su porra en el ano. "Me pidieron que pusiera las manos en la espalda y, esposado, me pidieron que me sentara. Me lanzaron gas lacrimógeno y me golpearon, y al sentarme sentí un terrible dolor en el trasero", ha explicado, según las declaraciones a las que ha tenido acceso la cadena de televisión BMFTV. En su informe, la IGPN no niega que hubo penetración con una porra, ya que los médicos lo han confirmado, pero sostiene que "en todo caso" hubo una agresión involuntaria.

Este mismo martes, la Fiscalía de París abrió una nueva investigación preliminar después de que otro joven denunciara haber sido agredido por tres de los cuatro agentes acusados de agresiones recientemente. Un joven identificado como Mohamed K., de 22 años, ha señalado en declaraciones al diario L'Obs que el pasado 26 de enero tres policías le hicieron la zancadilla tratando de que cayera al suelo para después ser golpeado "en la cara, el vientre y en la espalda".

"Les dije que me quedaba sin aire, me llamaban 'sucio negro', 'zorra' y me escupieron", ha indicado, antes de agregar que uno de ellos trató de agredirle con su porra. "Uno de ellos empezó a golpearme con un 'táser', y me decía que no me resistiera o la utilizaría", ha denunciado.

 

 

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Los Nasa: el dulce amargo de la caña de azúcar

Tanquetas, humo blanco, indígenas tapando su boca y nariz con pañuelos, ataques en su contra con armas de fuego y machete, todas estas acciones e imagenes hacen parte de la foto de la Liberación de la Madre Tierra que tiene como escenario el Cauca desde diciembre anterior, pero que ganó nuevos ribetes desde febrero.

Desde el 15 de diciembre de 2014, los comuneros Nasa decidieron recuperar lo que es suyo. Para eso ingresaron de manera pacífica a los predios de cuatro haciendas: Granadita, García Arriba, Miraflores y Quebrada Seca. Haciendas que suman 4.000 hectáreas llenas de cultivos de caña del ingenio Manuelita, empresa que hace parte del emporio económico de Carlos Ardila Lulle.

Allí sentaron sus fueros. Día a día, con su presencia silenciosa, dejaban constancia que habían llegado por lo que les pertenece. A su alrededor los trabajadores del ingenio proseguían sus labores: sembrar, limpiar y recoger caña. Todo era "normal". Así transcurrieron dos meses de toma pacífica de estas haciendas.

La violencia como lenguaje oficial

"Tápenlo con barro, tápenlo con barro [...] échenle agua", le gritaban comuneros a quienes intentaban apagar los gases lacrimógenos lanzados por el Esmad, mientras que otros cogían piedras para lanzarlas con sus caucheras y responderle de esa manera al conjunto de hombres que casi nunca tienen rostro. Así, quedaron registrados los enfrentamientos del 24 de febrero en Corinto Cauca en un video realizado por el Tejido de Comunicaciones del pueblo Nasa.

El 25, un guardia indígena fue herido de gravedad por parte del Esmad, según la Acin fue golpeado "en la cabeza hasta quedar inconsciente (...). En respuesta a la ofensiva policial los comuneros se vieron obligados a bloquear la vía panamericana y ocupar la hacienda El Japío en el municipio de Caloto".

Al día siguiente, en el mismo ambiente de enfrentamientos, tomaron forma los primeros acercamientos entre los indígenas, la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas para iniciar conversaciones con el Gobierno Nacional.

Así, el 28 fue acordado un "tacho": un acuerdo de 72 horas en las que no se atacarían unos a otros, y con el cual, la comunidad podría curar a sus heridos. Pero, "El Esmad arremetió contra las comunidades violentando el acuerdo e ingresaron a la finca con seis tanquetas cerca de donde las comunidades estaban preparando sus alimentos. Sin mediar palabra, atacaron con gases dejando nuevos heridos y destruyendo los lugares adaptados por las comunidades para pernoctar en las fincas, los víveres y las cocinas. Esta situación los obligó a desplazarse a las partes altas para resguardarse del ataque", narran voceros de la Acín.

"Tenemos 78 heridos de los comuneros levantados en lo que hemos llamado la Minga de la Liberación de la Madre Tierra. Tenemos dos compañeros judicializados, cinco compañeros heridos con impactos de arma de fuego y afortunadamente, el que estaba más herido se está recuperando de manera satisfactoria. No tenemos muertos hasta el momento, no esperamos tenerlos, pero el balance en términos de atropellos y violación de derechos humanos es muy grave por parte de la Fuerza Pública", le dijo Feliciano Valencia, líder de la comunidad Nasa a desdeabajo.

La deuda

"[...] Se llama liberación. Liberarla de aquellas personas que vinieron de afuera, que golpearon a nuestros mayores en ese tiempo, que los despojaron quitándoles el terreno que les pertenecía y hoy ustedes lo pueden ver, son extensiones de caña inmensas. Pero, no son de cualquier persona, son del rico. Por eso el rico ha mandado al Esmad; por eso el Gobierno no quiere conciliar; por eso hoy tenemos tantos heridos, pero lo que ha dicho la comunidad es que aquí se queda", le decía Edilia Campo, al Tejido de Comunicaciones.

La liberación surge por la deuda que el Estado tiene con el pueblo Nasa. Entregarles 15.663 hectáreas fue el compromiso que asumió el Estado para reparar a la comunidad por la masacre del Nilo del 16 de diciembre de 1991, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo declarara responsable por el asesinato de 21 indígenas a manos de la Policía.

James Larrea, asesor de la Cut Valle y quien también acompaña a los indígenas en asuntos de derechos humanos, le dijo a desdeabajo que un falló el Consejo de Estado estableció que el autor material del hecho fue "Fabio Alejandro Castañeda Matheus, para ese entonces, teniente de la policía, ascendido a capitán y comandante antinarcóticos del norte del Cauca. Y, el mayor Jorge Enrique Durán Argûelles, comandante de Policía de Santander de Quilichao fue el autor intelectual".

Según medios de comunicación, los miembros de la Fuerza Pública involucrados en el caso se entregaron a la justicia a principios de febrero de este año. Pero, la deuda sigue siendo grande, sobre todo por la no repetición. El ocho de abril de 2001 se dio la masacre del Naya y el 18 de noviembre de 2012 la del Gualanday en Corinto, y otras más, que en definitiva han roto por completo la confianza de las comunidades indígenas con el Estado.

Sin embargo, sectores como la Sociedad de Agricultores y Ganaderos (Sag), y la presidenta ejecutiva de Cámara de Comercio del Cauca, le afirmaron al periódico El Tiempo, que el Gobierno les entregó a los indígenas "un cuarto del territorio del Cauca".

Un informe de la Contraloría del 2013 afirma lo contrario: En el tema de tierras no se ha cumplido ni el 50 por ciento de lo prometido. El informe que es citado por la Acin, explica: "revisada la gestión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), frente al proyecto de adquisición de tierras a Comunidades Indígenas del Cauca, decreto 982 de 1999, se evidenció debilidades en el cumplimiento de las metas previstas en el plan de acción, deficiencias en las actividades de adquisición de predios, retraso en los procesos de titulación efectiva a las comunidades, rezagos en los cumplimientos de los compromisos adquiridos en las actas operativas del Decreto y falencias en la destinación oportuna y eficaz de recursos (humanos y económicos) para el adecuado avance y el cumplimiento de las metas del proyecto".

Además, para el mismo medio, Héctor Fabio Dicué, consejero de la Acin, dijo que donde viven son áreas de protección, "Estamos ubicados en partes altas de las montañas".

A la espera

Ante el evidente incumplimiento, los comuneros siguen en las haciendas. Pero ya no son cuatro, según Valencia tienen "[...] ocho haciendas ocupadas, dos en Corinto y dos más ocupadas en el municipio de Buenos Aires".

Y así como aumenta la posesión de los indígenas, también aumenta la tensión. "El 2 de marzo de 2015, en los municipios de Corinto, Miranda y Santander de Quilichao fue distribuido un panfleto [...], con un logo de quienes se autodenominan Rastrojos Comandos Urbanos, titulado 'JUSTICIA POR UN PAÍS QUE NO PUEDE SEGUIR DE RUANA'", cita la Acin.

En el panfleto amenazan a líderes de las comunidades indígenas, calificados como agitadores, recordándole que tienen deudas pendientes con ellos.

Pese a esto, y a los tensos procesos con el Gobierno Nacional, los indígenas continúan con su objetivo, dentro de lo cual recuerda Valencia: "Hemos llevado nueve reuniones con delegados del Gobierno que no nos han solucionado nada y nos han manifestado que ellos no tienen capacidad de decisión".

Proceso de negociación con altibajos. Para el nueve de marzo habían acordado otra reunión entre el Gobierno y los indígenas. Pero, a pesar de que la comunidad había confirmado su asistencia, no fue realizada. Lo que evitó el encuentro fue un ataque con arma de fuego efectuado en contra de los indígenas, accionada por parte de miembros de la seguridad privada.

Intimidación, amenazas, seguimientos, señalamientos, ataques directos, todo esto y mucho más no desanima a los indígenas, quienes tienen, de acuerdo a Feliciano, "[...] un mandato de las comunidades de no más mesas de negociación, no más comisiones en Bogotá. La gente está en los predios y la solución del Gobierno en términos de atender las exigencias es allá en el terreno [...], la decisión es no retirarse de los predios hasta que el Gobierno nos los entregue, porque han habido experiencias: se crean comisiones, venimos a Bogotá, pero todo queda en promesas".

Un pulso continúo y en el cual la comunidad no desfallece. El jueves 12 de marzo, en la finca La Milagrosa del resguardo de Canoas, se dio cita la Consejería de la Acin y la comunidad para escuchar y debatir dos propuestas: 1) continuar con las negociaciones, 2) seguir con la Liberación de la Madre Tierra a corto, mediano y largo plazo

Resaltan, como conclusiones del encuentro, que harán las dos cosas, y que el objetivo es que el Gobierno Nacional les entregue 20 mil hectáreas en cinco años. Ellos esperan recibir de manea formal las haciendas El Japío, La Emperatriz, La Margarita, Guayabal, Canaima 1, Canaima 2, García, San Vicente y Las Pirámides.

Según los indígenas, las tierras más difíciles de recibir serían las de Miraflores y las de Quebrada Seca, pues son propiedad de Ardila Lulle, y no están en oferta.

Una sesión entre las partes

El lunes 16 de marzo, dice un comunicado de la Acin, en la hacienda Gualanday del resguardo Munchipe los Tigres, se abrirá un espacio para que una delegación conformada por gobernadores de los cabildos del norte del Cauca le expliquen al Gobierno Nacional las propuestas y objetivos trazados por la comunidad.

Según el mismo comunicado, el Gobierno se comprometió a entregarles tres mil hectáreas hasta 2016, pero también tres mil millones de pesos para agricultura. Y enfatizan en este documento: "[...] lo que ha mandado ha sido la arremetida brutal de su fuerza armada para que desalojen a las comunidades que se encuentran en la vía La Panamericana y en las diferentes haciendas".

Violencia sin limite: al cierre de esta edición los indígenas resaltan la existencia de 100 comuneros heridos.

El pulso continúa. Todos los sectores involucrados están a la espera de cómo terminará esta nueva jornada por la Liberación de la Madre Tierra, el dulce amargo que por estos días permanece en los cultivos de caña. los cultivos de caña.

Publicado enEdición 211
Al menos 51 muertos en los enfrentamientos entre islamistas y las fuerzas de seguridad

Los violentos enfrentamientos entre los islamistas, partidarios del depuesto presidente Mursi, y la Policía causaron este domingo al menos 51 muertos y alrededor de 375 heridos en Egipto, con El Cairo convertida en un campo de batalla y en escenario de las mayores protestas desde el pasado agosto.

 

Según informó un portavoz del Ministerio de Salud Jaled al diario oficial Al Ahram, la mayoría de las víctimas mortales se concentran en El Cairo y en Giza. Además, 423 personas han sido detenidas por los disturbios. Otras ciudades como Beni Suef, Al Mahalla, Alejandría, Ismailia, Aswan y Suez también fueron foco de disturbios a lo largo de la jornada, pero, de momento, se desconoce el balance de víctimas detallado.

 

El Partido Justicia y Desarrollo, vinculado a Hermanos Musulmanes, ha pedido ya una investigación internacional por los "asesinatos" de este domingo y ha atribuido al jefe del Ejército, Abdelfatá al Sisi, y al ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, la "responsabilidad política y penal por la violencia". Por su parte, Al Sisi, advirtió que las Fuerzas Armadas del país "seguirán cumpliendo el mandato de enfrentar al terrorismo".

 

Las posturas entre islamistas y el Ejército siguen muy distantes, pero pese a la represión de los últimos meses, los Hermanos Musulmanes y demás partidarios del depuesto presidente Mohamed Mursi trataron en esta jornada festiva —en la que se celebraba el 40º aniversario de la guerra de 1973 contra Israel— de recobrar su pulso. Su desafío a las estrictas medidas de seguridad acabó sin embargo en un baño de sangre, el más grave desde la ola de violencia que siguió al desalojo de las acampadas de los islamistas en El Cairo el 14 de agosto pasado.

 

Miles de sus seguidores se organizaron en pequeñas marchas al término del rezo musulmán del mediodía para demostrar que siguen teniendo peso en las calles. Su objetivo era llegar a la plaza de Tahrir, en el corazón de El Cairo y epicentro de las manifestaciones anti Mursi, pero los militares blindaron sus accesos con tanques y carros de combate.

 

Las fuerzas de seguridad dispersaron a los islamistas con gases lacrimógenos, pelotas de goma y fuego real en los barrios de Dokki y Mohandisin, en la orilla oeste del Nilo, y en zonas del centro de la capital como la plaza Ramsés. Según el Ministerio egipcio de Sanidad, 40 personas murieron en esta jornada en El Cairo, tres en la ciudad de Beni Suef y una en la localidad de Delga, en la provincia de Minia, una cifra global similar a la ofrecida por los Hermanos Musulmanes.

 

Una fuente de seguridad informó a Efe de que en la zona cairota de Ramsés los manifestantes incendiaron neumáticos y cortaron la avenida principal y que en Dokki la Policía respondió con fuego real a los disparos efectuados primero por islamistas. La versión de la cofradía apunta, sin embargo, a que la Policía abrió fuego contra manifestantes pacíficos, por lo que atribuyó "la responsabilidad total de los crímenes y matanzas" a los dirigentes del golpe militar.


Más de 400 detenidos

 

El Ministerio del Interior había advertido de que "enfrentaría cualquier acción fuera de la ley y a las personas que instigan al caos". Un total de 423 personas fueron detenidas en El Cairo por llevar a cabo "actos de sabotaje" y usar armas de fuego, según Interior. Para asfixiar las protestas, tras los disturbios del pasado viernes, el Ejército y la Policía se desplegaron en las principales arterias de la ciudad y en los puentes sobre el Nilo. En el barrio de Mohandisin, de clase media y con una importante zona comercial, el manifestante islamista Atef Rayan dijo a Efe que ya es hora de decir "basta" a las autoridades surgidas tras el derrocamiento de Mursi.

 

Rayan, de 19 años y con una bandera egipcia en la mano, afirmó que "los egipcios estaban desconcertados ante tanta sangre, pero harán escuchar su voz a los golpistas". "No tenemos miedo a morir si hace falta, porque creemos en nuestra causa justa", subrayó rodeado de cientos de partidarios de Mursi, que fue destituido por los militares el pasado 3 de julio tras multitudinarias protestas que pedían elecciones anticipadas.

 

En contraste con estas imágenes de violencia, miles de partidarios del Ejército se concentraron en la plaza Tahrir y en los alrededores de palacio presidencial de Itihadiya en un ambiente festivo. Fuegos artificiales y haces de luces inundaron estas zonas, que fueron sobrevoladas con helicópteros militares que portaban la bandera de Egipto. Al caer la noche, el estadio de la Defensa Aérea en El Cairo fue escenario de las celebraciones oficiales con motivo del aniversario de la guerra de 1973, donde no faltó la música y el teatro.

 

La guerra de 1973 (conocida como Guerra del Yom Kippur o del Ramadán) fue la cuarta que enfrentó a Israel con países árabes, en este caso Egipto y Siria. En un discurso a la nación con motivo de la efeméride, antes de que comenzaran los enfrentamientos, el primer ministro egipcio, Hazem Beblaui, destacó que el pueblo egipcio apoya a las Fuerzas Armadas en su plan para "establecer un estado democrático". Beblaui aseguró que el país ha elegido el camino de "la democracia, la justicia y la paz" y llamó a todo el pueblo a regresar "al seno de Egipto sin divisiones ni discordias".

 

En El Cairo se han producido los mayores enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y simpatizantes de Mursi, que han intentado llegar a las plazas donde acamparon tras el golpe de Estado del 3 de julio y de las que fueron violentamente desalojados a mediados de agosto. Cientos de seguidores de la Alianza Nacional de Apoyo a la Legitimidad han intentado llegar a las plazas Tahrir y Rabaa al Adaeiya, pero han sido parados por los uniformados en las calles aledañas, lanzando gases lacrimógenos. También se han escuchado disparos. La Alianza Nacional de Apoyo a la Legitimidad ha denunciado que once de sus miembros han fallecido a causa de la actuación de las fuerzas de seguridad en la calle Ramses, donde han parado a los simpatizantes de Mursi que intentaban llegar a la plaza Tahrir.

 

Además de evitar la llegada de los manifestantes pro Mursi, los uniformados han llevado a cabo fuertes controles de seguridad a la entrada de estas plazas, instalando incluso detectores de metal para impedir nuevos disturbos. En Giza, los choques se han producido en el distrito de Manial, donde los simpatizantes de Mursi han quemado dos patrullas policiales. La ex candidata presidencial Bothaina Kamel, por su parte, ha denunciado que ha sido agredida cuando circulaba con su coche por el distrito de Dokki. También se han vivido momentos de tensión en la ciudad de Delga, donde al menos un seguidor de Hermanos Musulmanes ha muerto y tres han resultado heridos en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que, al parecer, han usado fuego real.

 

Todos los años, las Fuerzas Armadas de Egipto celebran el ataque contra Israel que se llevó a cabo hace 40 años entre el 6 y el 25 de octubre y que concluyó con una declaración de alto el fuego y con la firma del histórico acuerdo de paz entre ambos países en 1979.

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¡Con diploma de candidato presidencial! Polémico para algunos. Contradictorio para otros. También, con acusaciones de antinsurgente y conciliador. Por su pasado ex guerrillero, la derecha incuba venganza. Con sus propuestas de unidad nacional y Constituyentes Locales con base en «catastros sociales» de participación popular tiene el desafío de no contribuir a la división del Polo y de encontrar un rumbo de poder y de gobierno. En verdad, no repite lugares comunes, pero con el riesgo de no quedar de ‘político profesional’ tiene mucho por decir y caminar con la gente.

Héctor Arenas: Gustavo, ¿por qué, a pesar de que era previsible la crisis del régimen uribista –por las acciones delincuenciales favorecidas desde sectores del Estado, y la crisis socioeconómica que afecta a las mayorías por su favoritismo con el tejido corporativo multinacional–, el PDA no logró los primeros lugares en las elecciones de 2010?
Gustavo Petro: No cabe duda, por la incapacidad del Polo para expresar un proyecto nacional, relacionado con la discusión de varios años acerca de la estrategia por seguir y que se reflejó en el Congreso interno de 2009 con 700 votos por Carlos Gaviria y 500 a favor nuestro. Recuérdese que en ese momento no se podía predecir la no reelección. En el debate hubo dos tesis: una, la nuestra, proponía hacer un bloque multipartidista para detener a Uribe y ganar las elecciones. Defendimos que, para la solución de los problemas fundamentales de nuestra sociedad, necesitábamos un gran acuerdo entre sectores diferentes que conviven en su interior. Llamé al diálogo nacional, antesala de un acuerdo.

H.A.: ¿Cuál fue la otra tesis en discusión?
G.P.: Una postura que consideró que el tema del acuerdo desdibujaba a la izquierda; que el deber y la tarea eran construir únicamente un proceso de acumulación de fuerzas de izquierda, para llegar al poder y con su ejercicio conseguir una transformación del país. Esta tesis ganó en el Congreso de 2009, aunque sólo se concretó con el triunfo en la Alcaldía de Bogotá, y mantuvo a Gaviria como presidente del Polo y candidato a la Presidencia de la República.

H.A.: Pero el debate no terminó allí…
G.P.: Así fue. La discusión se prolongó con mi decisión de mantenerme en el Polo y de participar de la consulta interna a la Presidencia –con las reglas de juego que planteó el Comité Ejecutivo–, la cual gané con la tesis derrotada en el Congreso: un acuerdo nacional multipartidista, más amplio, que asumí como mandato popular.

H.A.: ¿Por qué en la campaña a la Presidencia, sobre todo en la primera etapa, usted parecía un candidato sin partido?
G.P.: Esa fue la dinámica. Recuerde que yo seguí en busca de un acuerdo multipartidista como única fórmula posible para derrotar al uribismo, y el sector y la mayoría del Ejecutivo del Polo que perdió no aceptó su derrota. Inició una huelga contra la campaña electoral y se inmovilizó durante un tiempo vital.

H.A.: Durante varios años usted alienta esa propuesta amplia…
G.P.: Sí. En 2009 hice público el buscar una fórmula pluripartidista, en aquel momento con un partido fuerte como el Liberal, que ya tenía candidato, quien no la aceptó por las condiciones programáticas que exigió el Polo para hacerla, como justificación.

H.A.: ¿De verdad, esa fue la verdadera razón de los liberales para no aceptar la propuesta?
G.P.: No. Su negativa fue por razones internas. Tenían temor de perder la consulta con Petro, porque las encuestas de ese momento me daban como el segundo en el país. Aunque esta táctica era la procedente, esa encuesta me afectó porque no pude hacer realidad la tesis de una consulta interpartidista para las elecciones de marzo de 2010.

H.A.: ¿Por qué creyó que Uribe podía perder?
G.P.: Los liberales y el Polo hicieron juntos la oposición durante ocho años; con un candidato común debían enfrentar las elecciones. No digo que hubiéramos ganado. Eso no se sabe, pero pudimos haber construido una fuerza capaz de dar la batalla por la Presidencia, objetivo que no pudo alcanzar el Partido Verde por su propia lógica, en el fondo sectaria, de élite; que no pensó, sin compromiso real para ganar las elecciones. Estas son las explicaciones de táctica electoral, pero siempre las realidades tienen explicaciones de fondo.

H.A.: ¿Cuáles veía usted en el Partido Liberal?
G.P.: En el Partido Liberal, desde un principio, apostaban por Santos; y por su conducto, avanzar hacia la reconstrucción de un grande pero viejo Partido Liberal. Esta es la tesis que movió César Gaviria, con abandono incluso de su propio candidato presidencial, Rafael Pardo. Por eso hay una distancia tan grande entre el resultado de marzo, en el cual quedaron como tercera fuerza en el Congreso, y el de las presidenciales.

H.A.: ¿Cómo entender que en plena disputa el Polo tuviera dos direcciones: una en el Ejecutivo y otra en la campaña electoral?
G.P.: Esa es la izquierda. La conducción real del Polo como partido estuvo en manos de de los contradictores de la tesis de hacer un acuerdo interpartidista. Eso conllevó el problema no resuelto de que el Polo tuviera una iniciativa de construcción real del bloque. No realizar esa consulta interpartidista le permitió al Partido Verde coger iniciativa.

H.A.: ¿Todavía considera que su tesis era certera?
G.P.: Sí. Aunque hablar ex post es fácil. De concretar la consulta interpartidista, hubiéramos tenido otros logros evidentes: 1. el Partido Verde no hubiera crecido como creció; 2. en las elecciones para Congreso, el número de curules hubiera sido mayor, por las expectativas de esa consulta; 3. al salir un ganador –muy probable yo–, fácilmente esa coalición Partido Liberal-Polo hubiera pasado a la segunda vuelta, y no el Partido Verde. Claro, nosotros hubiéramos invitado al Partido Verde a esta coalición, lo mismo que a Sergio Fajardo, que también era candidato. Luego, el Partido Verde, en segunda vuelta, negó cualquier construcción de bloque colectivo, con lo cual Santos ganó con mucha facilidad.

H.A.: ¿Aclara más, por qué ante un gobierno como el de Uribe procedía una coalición?
G.P.: Mi posición es básica. Partía de que enfrentábamos a un enemigo poderoso, al cual no podíamos batir solos. La actitud de aislarnos, defendida por un sector del Polo, por demás para hacerse mayoritaria internamente, terminó en alianzas con un sector tan retrógrado como los hermanos Moreno. Por conveniencias de control del Polo, terminamos casi sin salida. Quien en realidad termina gobernando al Polo es Iván Moreno.

H.A.: Su crítica a los Moreno es permanente. ¿Qué implica esa conducción para el Polo?
G.P.: La pérdida de credibilidad. De la autoridad moral, de la ética, de lo fundamental. Es grave que en el Polo exista una agrupación degradada a niveles que califico de corrupción, como se mueve al frente de la Alcaldía de Bogotá, que se ganó en las elecciones, pero, si uno hace un balance de instituciones, el Polo no tiene ni el 1 ó el 2 por ciento de las instancias de dirección. Y no hablo de burocracia en su totalidad, porque es no es el tema, sino de la conducción administrativa de la ciudad.

H.A.: …con graves consecuencias.
G.P.: El Polo no administra la ciudad. Quienes hoy usurpan ese mandato popular conducen en la práctica a la ciudad; se dedican no sólo a sacar al Polo del Palacio Liévano sino además sus políticas: su decencia como proyecto democrático, de izquierda. Desmantelaron ciertas banderas democráticas que ya empezaban a surtir en la administración. Su lógica de administración es clientelar y de capacidad de otorgar contratos. Es decir, la corrupción.

H.A.: Se perdió la dirección política de la ciudad, pero cayó encima la fama de corrupción….
G.P.: Así es. La gran corrupción no es de militantes del Polo ni toca con éste. La ejercen funcionarios y contratistas de otros partidos. Pero tiene impacto al interior del PDA por la alianza establecida para garantizar su dirección. Sin esa alianza, hubiera sido fácil aislar a los corruptos, que no son la mayoría del Ejecutivo. Una paradoja: logran mayoría a partir de la alianza con la izquierda tradicional, es decir, Partido Comunista y Moir. ¿Por qué estas agrupaciones, en vez de apoyar un proyecto de izquierda democrática como el que enarbola Petro para conducir el Polo, le entregan éste a la tendencia encabezada por Iván Moreno?

H.A.: ¿Ante esa pregunta, qué respuesta tiene?
G.P.: Es el factor que le impide al Polo dar respuestas políticas en la coyuntura. En una especie de esquizofrenia, mueve un discurso de izquierda tradicional, casi de infantilismo, que en la lucha contra Uribe no permitió juntar fuerzas en contra suya; y una práctica clientelista, que lleva al partido a niveles de corrupción en la administración de Bogotá. ¿Cuál es hoy el mensaje del Polo? Para una gran parte del electorado, significa dogmatismo de izquierda o corrupción Bogotá. Una gran injusticia con el Polo, porque realmente no está articulado a los procesos de corrupción de la Alcaldía, pero esa es la realidad de hoy.

H.A.: ¿Están sin fin ni solución los actuales niveles de polarización dentro del Polo?
G.P.: El Polo trabajó por mucho tiempo el tema del consenso, que les permitía a todos seguir juntos. Pero en la fase final, incluso antes de la campaña, se impuso la tesis de la purga, que para unos sectores es positivo porque está en los esquemas que para las izquierdas tradicionales del siglo XX era positivo: “se están yendo los socialdemócratas”.

H.A.: Precise eso de “positivo para unos sectores”.
G.P.: La historia de los últimos años es de exclusión. Sacan y sacan. Puede haber argumentos muy legítimos, pero estás sacando gente, estás desacumulando: Lucho, María Emma Mejía, aíslan a Navarro, a toda una central, la CGT, y ahora van por mí. Terminan con un partido más homogéneo ideológicamente pero solo.

H.A.: ¿De izquierda?
G.P.: Ese es uno de los grandes errores de los que soy responsable en realidad, porque el Polo no se hizo para ser un proyecto de izquierda. El proyecto de izquierda cabe en el Moir, en el Partido Comunista, pero el Polo Democrático fue creado para ser un proyecto democrático que incluye las diversidades de las izquierdas pero va más allá. Se olvidan de que cualquier intento de homogenizar el Polo le hace perder su vitalidad.

H.A.: ¿Ante el momento crítico del Polo, cuáles son los requisitos mínimos para mantener su unidad?
G.P.: Creo que es difícil. Los criterios fundantes –proyecto democrático– se han perdido, y con ello las confianzas. Se rompen cuando el sector que pierde la consulta no se aviene a esa realidad. Ahí se rompen todas las confianzas posibles y la preponderancia que finalmente se le da al sector de la Alcaldía capitalina. Es mortal. Rompió la inicial percepción favorable. La sociedad colombiana no puede perdonar que alguna vez seamos extremo-izquierdistas, que otra vez terminemos tontamente perdiendo independencia, pero no la corrupción y la inconsecuencia. La población colombiana no habla mal de Robledo, pero la población colombiana sabe quién es Iván Moreno.

La calle, el agua, la comunicación. La agenda democrática

H.A.: Pasemos a otro tema. ¿Cuál fue el país que vio en medio de la campaña electoral?
G.P.: He realizado las campañas recorriendo la calle. Allí sentí que ésta no es de los ricos ni de los más pobres. Ambos se repliegan en sus respectivos lugares de residencia: unos porque así viven su vida, y otros porque no tienen más que hacer. El estrato 1 llega a la calle vía vendedor informal, trabajadora sexual, rebusque; la juventud estrato 1 y 2 vive el barrio, no la calle del centro de la ciudad, y el estrato 6 no pasa por ahí; los estratos 5 y 4 transitan o deambulan por la calle.

H.A.: ¿Cuál estrato predomina?
G.P.: Es un escenario básicamente de los estratos 3 y 2: la calle no es del uribismo, y sí es profundamente democrática. La mitad de quienes están en la calle no votan. Aun con la seguridad de que es un ciudadano que no vota y que no está con el establecimiento, él te abraza y te saluda. Te ve como una posibilidad; como una esperanza. Quizá no para ya, pero te avizora como una posibilidad. Logré en las calles una forma de euforia popular: mientras las encuestas mostraban una polarización que nada dejaba por hacer, la calle me mostró otra realidad política, muy promisoria, que se está larvando.

H.A.: ¿Qué dice la gente?
G.P.: Sentí que el tema del agua es fundamental. Aunque sobre el particular había una discusión en el Congreso, fue en la calle donde sentí su importancia. Casi todo el Caribe colombiano carece de agua o tiene dificultades de acceso, porque no llega o porque llega muy costosa. No hay ciudad en el Caribe que pueda decir que en toda ella hay agua.

H.A.: ¿Aíslan o relacionan esa necesidad del agua?
G.P.: Al examinar el tema del agua, no sólo como tema público, no sólo el liquido potable sino el agua en general, y el acueducto, uno se percata de que es un tema vertebrador de la política, que pudiera serlo del movimiento popular. Hay una lucha en la cual el agua define el territorio. Sobre este particular, y con el triunfo reciente de la humanidad a partir de la iniciativa de Bolivia en las Naciones Unidas, su eco sonará en nuestro país. El agua puede permitirnos reconstruir un movimiento popular.

Clientelismo y comunicación

H.A.: Usted aludió a la polarización como inconveniente y cierre para una alternativa…
G.P.: La polarización no la sentí en la calle. No pude encontrar al uribismo allí, pero sí en el barrio popular, es decir, en los estratos 1 y 2. El uribismo es Familias en Acción, que tiene su expresión en el cambio tecnológico de la compra del voto, a través del Estado mismo, en el presupuesto. Mientras el uribismo se hace fuerte mediante estos mecanismos, la izquierda aún no ha podido comunicarse con los más pobres.

H.A.: ¿Cómo explica esa falla de la izquierda?
G.P.: La izquierda no tiene comunicación con los estratos 1 y 2. Esto se vio claro en Bogotá, donde se supone que gobernamos. El electorado se volcó al santismo: no le da el voto al Partido Verde y muchísimo menos al Polo. Y téngase en cuenta que en el país los estratos 1 y 2 son mayoría. Entonces, el reto es sencillo: llenar el vacío en la comunicación con esas mayorías nacionales. Sin hacerlo, no podremos ganar la Presidencia. Quizá, sí pasar a la segunda vuelta si hacemos las cosas bien, pero no será posible ganar el gobierno.

H.A.: ¿Comunicación y mayorías son el desafío?
G.P.: Para comunicarse, es necesario un proyecto democrático. No sólo de izquierda, máxime cuando un sector suyo no es democrático. ¿Cómo empezar este proyecto? Con una serie de reivindicaciones de corto plazo y que les dé respuesta a las necesidades de los pobres. Sin estas reivindicaciones, no hay comunicación efectiva ni permanencia. Por ejemplo, el agua. No es posible construir un proyecto popular en el Caribe sin ese propósito. Y esto no lo sabía la izquierda. Máximo, abordaba la discusión sobre su privatización, que no es entendible para alguien que carece de acueducto.

H.A.: ¿Qué ventajas de comunicación captó de la derecha?
G.P.: La derecha llega a los estratos pobres vía Familias en Acción y vía medios de comunicación. Pero no a través del noticiero sino por conducto de los reality, las telenovelas, la distracción. Toda esta imagen es el gran éxito de la derecha para comunicarse con los pobres, y, a la vez, el gran fracaso de la izquierda, que no busca esa comunicación ni la construcción de unos medios modernos, masivos, de comunicación.

H.A.: ¿Qué espacio tiene la dimensión ética? ¿Cómo puede ocupar lugar principal en el proyecto democrático?
G.P.: El tema ético es esencial. El equipo que muestras para llegar al gobierno tiene que dar una percepción que genere la sensación de que vas a transformar democráticamente al país. La percepción en política es fundamental. Esa relación fue muy clara en un principio y por eso ganamos votos. El mensaje del Polo al electorado, cuando nació, fue muy fresco. Carlos Gaviria logró sus triunfos no por los puntos que iba a defender después sino por el significado que él mismo era en ese momento. Él tiene una imagen fresca de magistrado liberal que otorga gran fuerza electoral, y que él después no logra traducir ni leer. El Polo no puso los dos millones de votos. Puso 800 mil, y el resto es un electorado liberal popular que no se siente representado ya en Serpa, visto como un político repetitivo, y se va con Gaviria a sabiendas de que éste no ganará. La diferencia frente a Uribe era demasiado grande.

H.A.: ¿Por qué cree que votan por Petro en el Caribe?
G.P.: Por la manera como asumí en el Congreso el tema y la lucha contra el paramilitarismo. La gente agradece eso, son las víctimas, lo han visto, lo han sufrido.

El nuevo gobierno

H.A.: ¿Hay un cambio en el gobierno nacional o Santos es Uribe III?
G.P.: Quienes le hemos hecho oposición a Uribe debemos valorar ante quién estamos. La extracción de clase nos dice qué fragmento del establecimiento conduce ahora el país, y sabemos que con respecto a Uribe es algo diferente, asunto fundamental para construir una táctica más adecuada a las circunstancias que vivimos.

H.A.: ¿Qué representa cada uno de ellos?
G.P.: Uribe, los poderes mafiosos del país, definidos como latifundismo improductivo, ligado a la barbarie y el narcotráfico, una de cuyas expresiones es el paramilitarismo. Por su extracción de clase, Uribe pertenece a ese sector. Santos tiene otro tipo de extracción social: es un representante de sectores industriales y sobre todo financieros. Es otro tipo de élite, diferente, y por tanto sus estrategias políticas son diferentes.

H.A.: ¿Y cuáles son las diferencias?
G.P.: Aunque ambos pueden coincidir en política económica, frente al neoliberalismo, se diferencian en el peso de los poderes mafiosos en su interior, por una valoración diferente de las mafias. Para Uribe, eso nunca fue problema a pesar de llevarlo a una inviabilidad de su proyecto, como en efecto sucedió, en lo nacional y lo internacional. Para Santos, eso es importante; puesto en la tesis de que neoliberalismo es viable, se puede profundizar, hacer grandes negocios, articular a Colombia con la economía mundial, pero la base es romper con los poderes mafiosos que impiden que Colombia se articule libremente al mundo.

H.A.: ¿Santos es explícito?
G.P.: Lo tiene claro. Por eso, en su discurso de posesión habló de tierra, de agua. Hace una valoración desde sus intereses, dándose cuenta de que los poderes mafiosos son obstáculo para su propio proyecto económico. Entonces, hay una coincidencia que Robledo no puede entender. Cree que llamo a un acuerdo por algo oscuro: que iban a darme una embajada. No puede ver con claridad por pensar que Santos es un clon de Uribe.

H.A.: ¿Orgánicamente, en la superestructura, son diferentes?
G.P.: Su diferenciación nos pone ante el hecho palpable de tener un gabinete muchísimo más inteligente y sofisticado que el de Uribe, que era simple, que lo enfrentábamos gritándole “paramilitar”. Ahora esto no funciona. Ahora la forma de hacer oposición debe ser muchísimo más inteligente. Nos pone ante la disyuntiva de un gobierno que continuará el proyecto neoliberal ortodoxo, sólo que en un mundo que no es el mismo de principios de los 90; un mundo en que el neoliberalismo está en crisis. He aquí una oportunidad. Un gobierno que, por demás, se interesa –así sea tímidamente– en enfrentar los poderes que estaban en el gobierno y que han causado la crisis en gran escala que vive Colombia…

H.A.: Es necesaria una oposición con un programa tangible…
G.P.: Enfrentamos al Gobierno en su proyecto neoliberal pero nos aliamos en la lucha contra las mafias. Lo primero hay que hacerlo con movilización social, a partir de tesis concretas, que planteé en la campaña electoral: el diálogo nacional por la tierra y el agua. Lograr reformas progresistas. Entre más fuerza tengamos, más lograremos. Al pensar que Santos es como Uribe, se pierden estos matices.

H.A.: Estamos ante una coyuntura compleja…
G.P.: Tanto económica como política. En el primer aspecto estamos ante el riesgo de una profundización de la crisis mundial que haría insostenible en el país un modelo neoliberal. Bien porque el gobierno mismo tiene que reformarlo, bien porque obligamos al cambio. En cualquier caso, tenemos una oportunidad para profundizar nuestros lazos con lo social.

H.A.: ¿Qué rumbo ve en la lucha contra la mafia?
G.P.. Hay que hacerlo porque está totalmente viva. Dándole sustento a la acción de Uribe, que sigue moviéndose en la política. Entonces, este gobierno no podrá dar un solo paso al frente. Arrinconado, mientras tenga una idea ingenua de los poderes mafiosos y que por su mayoría electoral, a partir de leyes, puede cambiar la situación. Reconozco que tiene conceptos avanzados como la revocación de actos normativos que legalizaron usurpaciones, conceptos ni siquiera discutidos en los proyectos anteriores. Pero el tema de los poderes mafiosos no se arrincona sólo con leyes, necesarias sí, porque tiene una realidad de poder territorial.

H.A.: Usted fue el único candidato que así lo expresó…
G.P.: Santos cree que con su ejército puede desmantelarlos. Pero el ejército está penetrado por el poder mafioso. Al poder real no lograrán arrinconarlo en el territorio, a menos que una gran fuerza social otorgue la potencia suficiente para hacerlo. Aquí está en juego la paz. Son viables incluso políticas para superar la extradición, encontrarle salidas pacíficas, transicionales, al narcotráfico. Es decir, transar judicialmente una salida pacífica con mafias locales, a cambio de que dejen el poder. Una dejación del poder como la de los samuráis en Japón, relativamente pacífica. Aquí se puede abrir ese escenario pero implica muchas fuerzas de apoyo que incluye internacionales. Incluso un guión diferente por parte de Estados Unidos y su papel en la agenda colombiana. Todo un juego, una posibilidad de salir de una fase de la historia y pasar a otra. Uribe quedaría sin los factores de violencia del latifundismo.

H.A.: ¿Es realista? ¿Hay condiciones?
G.P.: Un vuelco, una discusión así no se puede dar sin una gran legitimidad social. Más allá de una espuria alianza entre partidos en el Gobierno, que es la mesa de acuerdos que ellos tienen y que se deshace una vez que las mafias se mueven en el Congreso.

H.A.: Un escenario de reconstitución y enfrentamiento al uribismo que pudiera significar una fase de agravamiento de la violencia en Colombia…
G.P. La estrategia de César Gaviria es refundar el Partido Liberal en su vieja expresión: Vargas Lleras, Santos, que ya son el viejo Partido Liberal, cuya suma electoral vuelve y reconstituye la fuerza antigua de ese partido.

H.A.: ¿Dónde queda Uribe?
G.P.: Esto aísla a Uribe porque su proyecto es otro, no el de la derecha civil, y él lo sabe. La probabilidad de un choque entre Santos y Uribe es visible, como lo evidenció el discurso presidencial. Pero al aislar este sector, viene su reacción, que es la violencia, una reacción de élites locales latifundistas, anacrónicas.

H.A.: En esa dualidad hay un aspecto que les sirve a los movimientos sociales: debilitar las mafias, pero la continuidad de las políticas de privatización y enajenación perjudica a las mayorías. ¿Qué opción tienen los movimientos sociales?
G.P.: La historia nos demuestra que bajo el terror no puede haber movimiento social, que si algo produce es la destrucción de lo social como tejido, como fuerza viva.

H.A.: ¿No dice usted reforma o revolución sino terror o democracia?
G.P.: El terror no produce movimiento social; en cambio, la democratización te da la oportunidad de construirlo para no sólo resistir, como sucede ahora en Colombia, sino asimismo para pasar a la ofensiva como proyecto alternativo y democrático, con opción de poder. Desde la perspectiva de lo social, el debilitamiento del terror es imprescindible. Debemos debilitar el terror. En términos colombianos, en nuestra historia concreta, contemporánea, significa aislar los poderes mafiosos, los mayores detentadores del terror.

Las “Constituyentes Locales” por un futuro inmediato y mediato

H.A.: Ahora veamos la coyuntura 2011 y 2014. ¿Cómo se ve Petro ahí?
G.P.: El 2014 depende de ahora. No podemos predecirlo. En 2011, si la tesis del diálogo nacional resulta y un tema como el del agua se impone en la agenda pública, lograremos mayor conciencia sobre este tema: agua para regar y navegar, el mar, acceso al agua potable, saneamiento, agua para irrigar. Si estos temas se vuelven sociales, públicos, hay un juego del poder local, en cada municipio, que llamé “alcaldías del agua”.

H.A.: ¿Cómo intuye el duelo por las alcaldías y las gobernaciones?
G.P.: En 2011 se define el poder local. Allí la izquierda tiene grandes vacíos, con muy pocas excepciones: Cauca, Nariño. La izquierda puede tener líderes nacionales fortísimos, pero no tenemos líderes regionales. Incluso en los casos exitosos, son líderes nacionales que se van a una región. Ese vacío debe llenarse, y hay que hacerlo con alianzas. Aquí me enfrento de nuevo con el Moir, que tiene una tesis explícita de cero alianzas regionales; pero si somos capaces de construir lo múltiple en lo local, alrededor de temas que sean aglutinantes, podremos tener éxito.

H.A.: ¿En Bogotá, tiene una apuesta ahí?
G.P.: No. Por culpa de algo que ya es irreparable, la ciudadanía bogotana castigará al Polo.

H.A.: Usted considera la memoria como elemento de poder local…
G.P.: En la campaña mencioné la Constituyente Local. Una instancia de poder por construir con base en la experiencia de las víctimas. Una experiencia denominada como “catastro social”.

H.A.: ¿En detalle, cuáles son las características de tal “catastro social”?
G.P.: Cuando te enfrentas a reparar víctimas del común, generalmente un desplazado a quien arrebataron su tierra, te enfrentas al hecho de cómo esa tierra vuelve a su dueño. En cada región y lugar de casos, en ese micropoder, te das cuenta de la política: los vecinos, por miedo, ocultan, no dicen que aquél era el poseedor de esa tierra. Como únicos testigos de que el predio no tiene titulación –y si la hay es fraudulenta–, benefician al victimario. El sistema del terror crea temor. Entonces, la víctima no tiene cómo demostrar que esa era su tierra. Justo ante ese vacío funciona el “catastro social”, pues el catastro formal no consta.

H.A.: ¿Y cómo procede ese “catastro social”?
G.P.: Mediante el hecho de que el vecino reconozca que si era así. Pero quizás el victimario vive ahí o es el propio vecino, o el vecino se benefició con la usurpación del victimario. Quienes elaboran la tesis del catastro social expresan ideas similares a lo que llamo “constituyente local”: que es hacer de un espacio local un espacio de reconciliación.

H.A.: ¿Cuáles son sus características?
G.P.: Un espacio colectivo donde la víctima puede perdonar al victimario a partir de que abandone el poder local, cuya base es la tierra. El “catastro social” funciona allí adonde llega el Gobierno y quita el temor. A partir de la memoria, los vecinos dicen quiénes eran los poseedores de la tierra. Se trata de recordar quién era mi vecino. La memoria y su conciencia juegan un papel importante en la reparación de víctimas. En el caso de Colombia, es casi como rehacer la historia de un territorio…

H.A.: …muy difícil rehacer la historia de un territorio…
G.P.: En la reparación de la víctima son importantes varios temas: reconciliación, reconstrucción local, que es democratización del poder real. Reparación de víctimas y memoria son casi sinónimos en lo local. Este gobierno promete hacerlo en nueve regiones piloto de violencia.

H.A.: ¿Cree que cumplirá? ¿Qué irá a pasar?
G.P.: Si así procede, si procede con consenso y medidas concretas. Los victimarios se defenderán y pasarán a la violencia; de hecho, ya han procedido así. Ahí Colombia juega lo crucial.


Publicado enEdición 160
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