Sancho R. Somalo

Tras un mes de juicio en Londres, la justicia británica ha anunciado que el 4 de enero, en el marco del nombramiento presidencial en Estados Unidos, hará pública su decisión sobre la extradición de Julian Assange a este país. Allí, el activista se enfrenta a 175 años de cárcel por la publicación de informaciones que llevaron a la opinión pública los crímenes de guerra cometidos en Iraq y Afganistán, o las torturas a las que son sometidos los detenidos en Guantánamo.

 

Diciembre de 2006. Wikileaks publica un documento, supuestamente firmado por el jeque somalí Hassan Dahir Aweys, en el que ordenaba la contratación de sicarios para asesinar a varios cargos del gobierno de este país. La publicación del documento, según describe The New Yorker en un artículo publicado cuatro años después, se realizó a pesar de que no estaban seguros de su autenticidad, advirtiendo de ello y pidiendo a los lectores colaboración para su análisis. 

Casi 14 años y decenas de publicaciones después, la cara más visible de Wikileaks, Julian Assange, se enfrenta a su extradición a Estados Unidos, tras haber pasado siete años recluido en la embajada de Ecuador en Londres. La resolución sobre la extradición de Assange se hará pública el próximo 4 de enero, durante el proceso de nombramiento del presidente de Estados Unidos tras las elecciones de noviembre. Si la justicia británica da luz verde a la extradición, el activista australiano irá a juicio en Estados Unidos, donde se le acusa 18 cargos de violación a la Ley de Espionaje de 1917 por obtener y publicar “información clasificada”, delitos por los que se enfrenta a 175 años de cárcel. 

Mientras, el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional investiga el espionaje al que habría sido sometido Assange durante su estancia en la embajada ecuatoriana por parte de la empresa UC Global, a cargo del exmilitar español David Morales. Según los documentos de la investigación, a los que ha podido acceder El Salto, Morales habría vendido durante años información sobre el activista a la CIA, institución a la que, en conversaciones con los trabajadores de la empresa, denominaba “el amigo americano”, a través del magnate de los casinos Sheldon Adelson y su equipo de seguridad. 

Estados Unidos acusa a Julian Assange de un delito de conspiración para obtener información de defensa nacional, siete delitos de obtención de información de defensa nacional, nueve delitos de revelación de información y un delito más de conspiración para la comisión de intrusión en ordenadores. La causa se lleva a cabo en la División de Alejandría de la Corte de Virginia. Entre las filtraciones citadas en la acusación, con fecha 23 de mayo de 2019, aparecen:

*La enciclopedia de la CIA ‘Intellipedia’.

*Reglas de Compromiso de Estados Unidos en Iraq y Afganistán.

*Procedimientos de interrogatorios en Guantánamo y documentos sobre los detenidos en esta instalación.

*Vídeos sobre interrogatorios realizados por la CIA.

*Información sobre armamento.

*Telegramas del Departamento de Estado de Estados Unidos, filtración denominada Cablegate.

En junio de 2020, Estados Unidos amplió la acusación contra Assange, sin aumentar los cargos presentados contra él. La ampliación le acusaba también de conspirar junto a hackers del colectivo Anonymous. 

14 años filtrando secretos de Estado

El documento sobre Hassan Dahir Aweys fue el primero publicado por Wikileaks, una organización entonces dirigida por el activista australiano Julian Assange como uno de los proyectos de una organización de periodistas y programadores llamada The Sunshine Press.

El dominio había sido registrado tan solo dos meses antes y, aunque esa primera publicación pasó prácticamente desapercibida, supuso su presentación en sociedad y fue pronto seguida de filtraciones de información sensible que dieron la vuelta al mundo: en agosto de 2007, The Guardian publicó un reportaje sobre el robo de mil millones de libras esterlinas por parte de la familia del expresidente keniano Daniel arap Moi, una información obtenida a partir de un informe realizado por la consultora Kroll al que habría tenido acceso a través de Wikileaks.

Ese mismo año, Wikileaks publicó un manual del ejército estadounidense sobre procedimientos operativos en el centro de detención de Guantánamo, un documento que la American Civil Liberties Union llevaba solicitando desde 2003 en base a la Ley de Libertad de Información —ese sistema de acceso a la información institucional que en España se aprobó en 2013 pero que en Estados Unidos está vigente desde 1967— y en el que se describe las torturas a las que eran sometidos los detenidos en esta instalación, como el uso de perros para intimidar a los prisioneros.

En 2008, a través del banquero y denunciante Rudolf Elmer —que fue después condenado a dos años de libertad condicional y al pago de una multa de 9.500 euros—, Wikileaks denunció cómo el banco suizo Julius Baer usaba las Islas Caimán para facilitar que sus clientes evadieran impuestos. Vídeos de disturbios civiles en Tíbet previamente censurados por el Gobierno chino, documentos internos de la iglesias de la Cienciología, informes sobre ejecuciones extrajudiciales en Kenia —que supusieron que Amnistía Internacional premiara a Wikileaks por su labor de difusión— o listas de los militantes del Partido Nacionalista Británico, de extrema derecha son algunas de las publicaciones que siguieron en 2008.

En 2009, Wikileaks continuó su trabajo publicando, entre otras cosas, informes que probaban como Barclays ayudaba a evadir impuestos a sus clientes —que habían sido publicados previamente por The Guardian, medio que fue obligado por la justicia británica a despublicarlos—, también artículos sobre las reuniones del Club Bilderberg, el caso Petroaudios —compra de contratos petrolíferos en Perú—, sobre los préstamos realizados por el Kaupthing Bank —el mayor banco de Islandia— a sus principales accionistas poco antes de la crisis financiera en el país o las comunicaciones entre las instituciones gubernamentales estadounidenses el 11 de septiembre de 200, día del atentado de las Torres Gemelas. 

Pero 2010 fue el año en el que las informaciones difundidas por Wikileaks llegaron a un punto de inflexión. El 5 de abril de ese año, sacaron a la luz, bajo el nombre de Collateral Murder, un vídeo de 38 minutos grabado desde un helicóptero Apache estadounidense de un ataque sobre población civil producido el 12 de julio de 2007 en el barrio Nueva Bagdad, en la capital iraquí, en el que murieron una docena de personas, entre ellas el fotógrafo de Reuters Namir Noor-Eldeen y su ayudante Saeed Chmagh. 

Un mes después, la ex soldado y analista de inteligencia Chelsea Manning fue detenida y encerrada en régimen de aislamiento en una prisión militar en Virginia durante casi un año para pasar después a una prisión en Kansas hasta su juicio en 2013, en el que fue condenada a 35 años de cárcel, pena conmutada en 2017 por Barack Obama. Su delito: haber filtrado los documentos y vídeos de ataque de Bagdad y otros archivos que serían publicadas por Wikileaks a lo largo de ese año y los siguientes.

La serie de documentos Afghan War Diaries, publicada en julio de 2010, fue el siguiente petardazo: una colección de cerca de 91.000 informes militares datados entre 2004 y 2010 en los que se detallaban centenares de muertes de civiles en este país a manos de soldados estadounidenses, el supuesto apoyo a los talibanes de países como Irán o Corea del Norte, los pagos a medios de comunicación afganos para limpiar la imagen del ejército estadounidense o el consumo de prostitución infantil por parte de contratistas en el país del Ejército estadounidense.

En octubre de 2010, los Iraq War Logs, otros más de 391.000 documentos, esta vez sobre la guerra en Iraq de 2004 a 2009 en los que se contaban 15.000 muertes de civiles que nunca habían sido admitidas por Estados Unidos. Y un mes después, el Cablegate ponía a disposición, primero de cinco grandes medios de comunicación —El País, Der Spiegel, Le Monde, The Guardian y The New York Times— y después de todo el mundo 251.287 telegramas enviados al Departamento de Estado de Estados Unidos desde las cientos de embajadas y consulados que tiene por todo el mundo.

¿Qué sacaron a la luz estas filtraciones? El espionaje ejercido por Estados Unidos y Reino Unido sobre el entonces secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, semanas antes de la invasión de Estados Unidos en Iraq; la filtración de espías cubanos en Venezuela o las presiones de Estados Unidos al Gobierno español —entonces en manos del PSOE— para obstaculizar la investigación sobre la muerte en Iraq del cámara José Couso, a causa de un ataque del ejército estadounidense sobre el Hotel Palestina en 2003 —sepultado definitivamente por la reforma de la justicia universal aprobada en España por el Partido Popular en 2014.

A partir de entonces, aunque continuaron las filtraciones —documentos sobre detenidos en Guantánamo, sobre la industria de la vigilancia, también de la agencia privada de inteligencia Stratfor, de cargos políticos de Siria...— la atención ya estaba más enfocada sobre el propio Julian Assange que sobre la información difundida por Wikileaks. 

Comienza la carrera de procesos jurídicos contra Assange. El 21 de agosto de 2010 la justicia sueca ordena el arresto de Assange por la presunta violación de la opositora cubana Anna Ardin. Pocas horas después, la fiscalía retira la acusación, pero en septiembre se vuelve a abrir. Assange ya no estaba en Suecia entonces y en diciembre de ese año, después de que Interpol cursara una alerta roja para su detención, se presenta en una comisaría en Reino Unido y pocos días después es puesto en libertad bajo fianza.

En febrero de 2011, Reino Unido aprueba la extradición de Assange a Suecia para ser juzgado por violación. Un año y pocos meses después, Ecuador lo acoge en su embajada en Londres, donde Assange pasa siete años de su vida hasta que, tras el cambio de gobierno en el país latinoamericano y su retirada de asilo político, la policía británica le detiene a petición de Estados Unidos, que ya había presentado una acusación contra él con una petición de 175 años de cárcel. Eso fue el 11 de abril de 2019. Assange fue condenado por Reino Unido a 50 semanas de prisión por violar los términos de su libertad condicional y enviado a la prisión de Belmarsh, en el sur de Londres. Antes de que se cumpliera esa condena, Suecia había retirado la acusación de violación contra Assange.

Extradición y espionaje

En septiembre, tras varios meses de retraso por el covid-19, comienza el juicio en Reino Unido para decidir sobre la extradición de Assange a Estados Unidos. Según explica el medio inglés The Intercept, la primera magistrada asignada al caso Assange se retiró después de que saliera a la opinión pública las relaciones de su familia con los servicios secretos y con la industria militar. La juez que le tomó el relevo y ha presidido las sesiones del juicio tiene en su haber la aprobación de 23 de las 24 extradiciones sobre las que ha decidido, y en seis de ellas la justicia del país finalmente decidió rechazar la extradición.

El juicio se celebró a pesar de que los abogados de Assange pidieron más tiempo para poder preparar el caso, ya que solo habían podido reunirse con el activista un par de veces, y bajo vigilancia, en la cárcel en la que estaba recluido. Y se celebró con Assange metido en una caja de cristal, sin poder hablar con sus abogados durante las vistas. Ni siquiera pudo escuchar todo lo que se decía en la sala, debido a problemas en el sistema de sonido en su caja de cristal.


Las altas posibilidades de que Assange se suicidara si era extraditado a Estados Unidos y sus problemas de salud, agravados por su confinamiento en la embajada de Ecuador y aún más por su más de un año en la cárcel londinense, en la que no se le dejó ni siquiera usar sus gafas ni una radio fueron una de las argumentaciones de la defensa de Assange. “El señor Assange ha sido expuesto deliberadamente, por un periodo de varios años, a persistentes y progresivamente severas formas de trato cruel, inhumano y degradante, los efectos acumulados de estos solo pueden ser descritos como tortura psicológica”, afirmó durante el juicio el relator especial para la tortura de Naciones Unidas, Nils Melzer.

Pero en las vistas celebradas en Londres para decidir sobre la extradición de Assange también se habló de otra investigación en la que el activista es la víctima: el espionaje cometido por él durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres por la empresa española UC Global. El caso, investigado por el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, cuenta con numerosa información sacada de los ordenadores de la empresa del ex militar jerezano David Morales y de varios ex trabajadores de la empresa, que afirman que las imágenes y audios grabados en secreto de Assange y las personas que le visitaban en la embajada eran facilitados a la CIA.

Espiado por una empresa jerezana

UC Global, empresa con sede en Jerez y dirigida por el exmilitar David Morales, comenzó a trabajar para Ecuador en 2015, prestando servicio de seguridad a las hijas del entonces presidente del país, Rafael Correa. Poco después, ampliaría los servicios al país ocupándose de la seguridad de Julian Assange en la embajada en Londres. ¿Por qué Ecuador contrataría a una empresa española para prestar servicios de seguridad en Londres? La razón esgrimida inicialmente era esquivar los problemas burocráticos que conllevarían llevar a Reino Unido trabajadores desde Ecuador, sin embargo, según aparece en los documentos de la investigación, a los que ha tenido acceso El Salto, la empresa española habría realizado pagos a la jefa de seguridad de la embajada de Ecuador en Londres. 

El escrito de la acusación explica como Morales, una vez que tuvo el contrato para la vigilancia de Assange, viajó a mediados de 2015 a Las Vegas para asistir a una feria de seguridad, donde presentó su contrato en la embajada ecuatoriana en Londres como su principal atractivo. A su vuelta de Las Vegas, el exmilitar afirmó a los trabajadores de UC Global que “desde ahora vamos a jugar en primera división” y que habían entrado en el “lado oscuro”.

La empresa de Morales firmaría poco después un contrato de seguridad con Las Vegas Sands, del magnate Sheldon Adelson, conocido simpatizante republicano y uno de los mayores donantes a la campaña de Donald Trump, quien tenía en su servicio de seguridad a varios exaltos cargos de la CIA. El contrato versaba sobre dar seguridad en un viaje en barco de lujo de Adelson por el Mediterráneo, aunque en el barco ya se contaba con un equipo propio de seguridad. Varios trabajadores que son testigos protegidos afirman que Morales les informó de que ahora trabajaban para las autoridades de Estados Unidos, ofreciéndoles información sobre Assange.

Cuando, en diciembre de 2016, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la acusación detalla, aportando imágenes y correos electrónicos de la empresa, cómo la vigilancia sobre Assange se fue agravando: cambiaron las cámaras, que inicialmente no grababan sonido, por otras que sí lo grababan —compradas en una tienda con el ilustrativo nombre de 'Espiamos'—; pusieron micrófonos hasta en el baño; instalaron unas pegatinas cuyo objetivo era bloquear los dispositivos de ruido blanco usados por Assange para evitar que grabaran sus reuniones; incluso escanearon la documentación y copiaron los datos móviles de las decenas de personas que visitaron a Assange en la embajada, desde políticos como Yanis Varoufakis a personalidades de sociedad y cultura como Pamela Anderson y Yoko Ono, o periodistas premiados con el Pulitzer como Glen Greenwald —precisamente premiado por las publicaciones que hizo a partir de otras filtraciones, las de Edward Snowden sobre el espionaje masivo realizado por Estados Unidos—. Incluso habrían grabado reuniones entre Assange y el jefe del Senain, el servicio de inteligencia que oficialmente les tenía contratados para que prestaran servicios en la embajada, o con Dana Rohrabacher, ex congresista republicano que habría sido mandado por Trump a la embajada para ofrecer a Assange un indulto a cambio de que afirmara que Rusia no estaba detrás de las filtraciones de correos electrónicos del Partido Demócrata —aunque después Rohrabacher desmintió que hubiera sido enviado por Trump—. También incluso habrían intentado robar el pañal de un bebé que acompañaba a amigos y abogados de Assange para analizar sus heces y comprobar si era hijo del activista. El contenido de las grabaciones, según explica la acusación, se compartía a las autoridades estadounidenses por parte de Morales en los habituales viajes —mensuales— que hacía a Estados Unidos, en donde tendría, como centro de operaciones, el hotel de Adelson.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado ya a testificar en la causa a Julian Assange, a varios de sus abogados, a Rafael Correa y al embajador de Ecuador en Londres, entre otros. También ha acordado tomar declaración a una docena de personas afectadas por el espionaje en varios países y a Zoah Lahav, uno de los empleados del equipo de seguridad de Las Vegas Sands, a donde Morales viajaba asiduamente. “Francia, Grecia, Islandia… todos los países cooperan, menos Estados Unidos”, lamenta Aitor Martinez, uno de los abogados de Julian Assange. El juez del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional ha pedido información a la justicia estadounidense sobre las IP que han accedido desde este país al servidor de UC Global en Jerez de la Frontera, en el que la empresa guardaba las grabaciones realizadas a Assange, pero la respuesta por parte de Estados Unidos ha sido requerir información sobre las fuentes de la investigación de la Audiencia Nacional y sobre lo que Morales ha declarado ante el juez.

Por Ter García

@tergar_

10 oct 2020 05:16

Publicado enInternacional
Martes, 06 Octubre 2020 06:07

Redes sociales y pánico moral

Redes sociales y pánico moral

El documental El dilema de las redes sociales aborda la problemática de la adicción a las redes sociales y el auge de los discursos de odio. Sin embargo, la simplificación y las teorías de la manipulación (que suponen que los seres humanos solo son conejillos de indias del poder tecnológico) empobrecen el debate. El documental, que rechaza las nuevas teorías conspirativas que «surgen en las redes», también apela a una de ellas: la que sindica a los «villanos de Silicon Valley» como responsables de todo.

 

The great hack [El gran hackeo], el documental de Netflix sobre Cambridge Analytica, comienza con una sentencia interesante. David Carroll, profesor asociado en Parsons School of Design de Nueva York, está sentado frente a un pequeño grupo de estudiantes y pregunta:

–¿Quién no ha visto un anuncio que le haya hecho pensar que su micrófono está escuchando sus conversaciones?

Entonces, se producen las risas incómodas de los alumnos. Y Carroll afirma:

-Nos cuesta imaginar cómo funciona (...) Los anuncios que parecen increíblemente precisos nos hacen pensar que nos espían, pero es muy probable que sean una evidencia de que el targeting funciona y que puede predecir nuestra conducta.

La respuesta de Carroll plantea interrogantes que no han perdido vigencia. ¿Qué datos almacenan las plataformas de redes sociales? ¿Son usados solo para la publicidad? ¿Tiene un límite el extractivismo de datos? ¿Qué hacen las empresas con toda esa información de los usuarios?

El documental también pone el foco en escándalo de Cambridge Analytica, los problemas de privacidad de Facebook, las fake news y la consecuente «manipulación de las personas». Con esa finalidad, se analizan el Brexit y la campaña presidencial de Donald Trump de 2016. La confirmación de lo que ocurría tras bambalinas en Cambridge Analytica se valida en la voz de Brittany Kaiser, una ex empleada de la consultora que ahora se muestra arrepentida. El hilo narrativo del film acompaña a Brittany expiando sus pecados en el festival Burning Man o en un lujoso hotel en algún lugar de Tailandia. Después del éxito y el frenesí, la hija pródiga regresa para reconocer sus errores y tratar de enmendarlos.

Sin embargo, el documental da por sentados hechos que vale la pena poner en tela de juicio. Sobre todo, uno central. ¿Por qué se asume que las personas pueden ser manipuladas por una combinación de big data, algoritmos y tácticas de psicología conductual?

El dilema de las redes sociales retoma algunos temas que ya fueron enunciados en The great hack. Entre ellos, se destacan la polarización, las fake news y el extractivismo de datos. Pero se incorpora un nuevo elemento: el del vínculo entre la adicción a la tecnología y la manipulación de la que son víctimas los usuarios. Sin embargo, la liviandad de la denuncia queda en evidencia cuando se pone el foco en cuestiones técnicas como las notificaciones emergentes, el scrolleo infinito y la recomendación de contenido personalizado. Los testimonios de diseñadores y ex ejecutivos –todos arrepentidos– pretenden darle más espesor a la denuncia y son entrelazados con una ficción que pone en la piel de los personajes la adicción y la permeabilidad que se atribuye a las y los usuarios.

La historia ficcional está construida sobre un tendal de estereotipos y posiciones «políticamente correctas» y un centrismo casi ingenuo en el plano político. Así, se puede ver a una familia étnicamente diversa, en la que los padres, ligeramente amables y desconcertados, tratan de lidiar con la tecnología, mientras sus tres hijos presentan un abanico de posibilidades. La conciencia ética recae sobre la hermana mayor (que no usa celular y lee a Shoshana Zuboff), mientras que la más pequeña es presa de su adicción (con la que se pretende mostrar a una «generación perdida»). El plato fuerte, sin embargo, puede verse en la lenta y permanente caída del hijo adolescente que se aleja de los deportes y de sus amigos, para sumergirse rápidamente en una espiral de odio y fanatismo gobernado por el contenido personalizado de las redes sociales.

Todo el set de críticas que plantea El dilema de las redes sociales pueden ser resueltas por el Center for Humane Technology (fundado, entre otros, por Tristan Harris, principal orador del film). Identificar el problema, difundirlo y vender la solución. El punto central es exactamente ese: que los problemas sociales que ocasiona la tecnología solo serán resueltos por –y a través de– la tecnología. Evgeny Morozov llamó a esto la «locura del solucionismo tecnológico».

En este entramado, una decena de arrepentidos de Silicon Valley reconoce haber trabajado para generar que los usuarios pasen más horas frente a la pantalla, pero también aseguran haber padecido ellos mismos esa adicción que los convirtió en víctimas. Tim Kendall, ex ejecutivo de Facebook y ex presidente de Pinterest, reconoció que no podía soltar el celular cuando llegaba a su casa. La solución sugerida, una y otra vez, es desactivar notificaciones y medir el tiempo de uso.

Uno de los riesgos que involucra este documental y su estrategia panfletaria es el incremento del pánico moral (algo similar ocurrió con la campaña #DeleteFacebook, después de que se conociera el escándalo de Cambridge Analytica). Aunque se denuncia que el problema radica en el modelo de negocios que sostiene a las plataformas, la acusación se desdibuja y deja pasar la oportunidad de generar una crítica más sólida para entregarse a los golpes de efecto.

El film se engolosina señalando la forma en la que la Inteligencia Artificial (IA) que administra los datos personales está apuntada contra el cerebro de los usuarios. En definitiva, afirma que los manipula y los vuelve adictos. Una vez más se pierde de vista uno de los aspectos más perjudiciales del uso de estos sistemas de mediación algorítmica. Diversos estudios, como los de Virginia Eubanks, Cathy O'Neil y Safiya Umoja Noble, analizan cómo estas decisiones automáticas involucran datos incompletos y algoritmos sesgados y concluyen que, si son usados para apuntalar políticas públicas, terminan aumentando la desigualdad, reforzando estereotipos e intensificando la discriminación racial y sexual.

A lo largo de El dilema de las redes sociales opera todo un conjunto de simplificaciones que buscan antes el impacto sensacionalista que el estímulo de una mirada reflexiva. En primer lugar, tiene una narrativa centrada en Estados Unidos, pero pretende extenderla a todo el planeta, desconociendo los contextos particulares donde son usadas las redes sociales. Por otra parte, hay una generalización sobre Facebook en primer lugar –seguido de lejos por Twitter– y su funcionamiento que no da cuenta de las particularidades de otras plataformas, tanto en lo que remite a usos como a sus principales características. El tercer punto es que ignora el ecosistema de medios donde se insertan las redes sociales: estas no funcionan en el vacío, sino que establecen vínculos y relaciones con otros agentes en la esfera pública. Los entrevistados afirman en repetidas ocasiones que las redes sociales constituyen una amenaza sin precedentes. De ese modo, no solo parecen desconocer los centenares de estudios realizados no solo sobre la radio y la televisión (y su influencia sobre los usuarios, como apuntaban Robert K. Merton y Paul F. Lazzarfeld en un famoso análisis de la década de 1940: «Comunicación de masas, gusto popular y acción social organizada»), sino que omiten los diversos análisis comparativos entre estas nuevas plataformas y las ya «clásicas».

El documental sostiene, además, supuestos equívocos, como el que considera que la exposición a los discursos de odio, implica comulgar con aquello que propugnan. Según los creadores de este film, el hecho de estar expuestos a una mentira resulta suficiente para creer en ella. Por último, se ocluye la dimensión creativa que flota y atraviesa las redes sociales. En este sentido, la periodista Evan Green desarrolló un hilo de tuits en el que enuncia toda una serie de omisiones que bien podrían haber enriquecido el documental, pero que, en miras del pánico social y moral que se buscó generar, lo habrían debilitado.

Las redes sociales no son el único nicho para el florecimiento de los discursos de odio, aun cuando resulta indudable que estos discursos y teorías se han valido de los algoritmos de personalización y recomendación (de YouTube y Facebook particularmente) para circular a una mayor velocidad. Sitios como 8chan, 4chan o Stormfront, entre otros, fueron la cuna de dichos movimientos y el lugar donde se cocinaron muchas teorías conspirativas. Asimismo, resulta extraño que una plataforma como Netflix, cuyo sistema de recomendación estuvo en la mira varias veces por el uso de los datos de sus usuarios, hoy contribuya a denunciar estas problemáticas.

Los algoritmos filtran la información, la jerarquizan, la ordenan y exhiben una determinada concepción del mundo, mientras las plataformas compiten unas con otras por la atención de los usuarios y, con ese propósito, agregan funcionalidades, se modifican en base a los usos desviados (no planificados), cambian y se homogeinizan (Twitter pasó de la estrellita al corazoncito). Pero afirmar que estas empresas compiten por la «hora-pantalla» de los usuarios es muy distinto a sostener, como lo hacen los «arrepentidos» de Silicon Valley en The Social Dilemma que, al monopolizar la atención, generan adicción y «manipulan las conciencias».

Este pánico para dummies, que desconoce la historia de los medios masivos de comunicación, que confunde la adicción a los cigarrillos con el uso desmedido de las redes sociales, que compara la invención de la bicicleta con las plataformas de redes y que sindica a todos los males contemporáneos como parte de una conspiración de algunos «villanos» de Silicon Valley, también pretende ofrecer una «solución». Apela a una receta de varios pasos y a una Iglesia en la que tramitar la adicción: el Center for Humane Technology. Para El dilema de las redes sociales todo es sencillo: el caos creado por las redes sociales puede deshacerse simplemente reescribiendo el algorítmo. El problema es que al errar en el análisis no puede creerse ningún tipo de solución

Terminó la fase de alegatos en el juicio contra Julian Assange

La justicia inglesa decidirá el 4 de enero si otorga su extradición a EE.UU.

Durante esta última jornada hubo nueva movilización en las afueras del tribunal. Allí Stella Moris, la esposa del activista australiano, dijo que la lucha es por Assange pero también por la libertad de prensa. 

 

Terminó la fase de alegatos en el juicio de extradición contra el creador de WikiLeaks Julian Assange. Sólo resta esperar la resolución de la jueza Vanessa Baraitser que dará su veredicto el 4 de enero. Durante esta última jornada hubo nueva movilización en las afueras del tribunal. Allí Stella Moris, la esposa del activista australiano, dijo que la lucha es por Assange pero también por la libertad de prensa. Cualquier de las partes podrá apelar la resolución de la magistrada en instancias superiores. Durante todo ese proceso, que puede llevar años, el periodista seguirá en prisión preventiva. De ser extraditado el activista podría recibir una condena de 175 años de cárcel. En las cuatro semanas que duró el proceso la defensa sostuvo que se trata de un juicio político.

Tal como se esperaba la magistrada rechazó el pedido de los abogados de Assange para que se le otorgarle la libertad condicional. Asimismo Baraitser rehusó aplazar el proceso a fin de dar más tiempo a la defensa a presentar pruebas adicionales, como ya hizo al inicio de esta segunda fase del juicio, que había sido puesto en mayo por la pandemia. La magistrada fijó la fecha de su dictamen al término de un juicio de cuatro semanas en el tribunal londinense de Old Bailey.

La fiscalía estadounidense había presentado 18 cargos contra Assange, de los cuales 17 son por violar la Ley de espionaje de 1917. En concreto lo acusa por conspirar, revelar documentos de defensa nacional, obtener y recibir información de manera ilegal, en muchos casos actuando en connivencia con la exsoldado Chelsea Manning. El cargo restante es por violar la Ley de abuso y fraude informático. WikiLeaks publicó documentos secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán, cables del Departamento de Estado, e informes sobre sobre detenidos en la cárcel de Guantánamo. Los mismos revelaron crímenes de guerra y violaciones a los Derechos Humanos cometidas por EEUU, así como la injerencia de la Casa Blanca en las políticas internas de decenas de países.

Tal como viene ocurriendo desde el inicio del juicio decenas de personas se reunieron a las puertas del tribunal londinense para reclamar la libertad de Assange. Allí la esposa del periodista remarcó la gravedad de este proceso legal. “EEUU dice que puede llevar a cualquier periodista de cualquier parte del mundo a juicio en su territorio si no le gusta lo que están publicando”, señaló Moris. A su vez indicó que el gobierno norteamericano no pudo probar que algún informante de la Casa Blanca haya sido agredido tras las publicaciones de WikiLeaks. “Se cometieron crímenes terribles en Irak y Afganistán. Se cometieron crímenes terribles en la Bahía de Guantánamo. Los autores de esos delitos no están en la cárcel. Julian sí", indicó Moris.

Por su parte el actual director de WikiLeaks Kristinn Hrafnsson sostuvo que este juicio marcará un antes y después en nuestra civilización. “Estas cuatro semanas oímos decenas de testigos, periodistas, académicos, intelectuales, que dejaron expuestas las mentiras que se presentaron contra Julian Assange. (…) Detrás de esas mentiras quedó la verdad: este es un juicio contra el periodismo. Es sobre el futuro del periodismo de lo que estamos hablando”, sostuvo Hrafnsson. Respecto a los crímenes revelados por WikiLeaks, el director del sitio sostuvo que eran indispensables para llegar a la verdad. "No podemos cambiar el pasado, pero necesitamos saber la verdad sobre lo que ocurrió. Si Assange es extraditado seguiremos en la oscuridad. No podemos permitir que eso pase", indicó el periodista.

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Trump logró que TikTok deje de ser exclusivamente china

Dio su aval al acuerdo para que las norteamericanas Oracle Corp y Waltmart compartan la empresa con ByteDance

 

Donal Trump dio su último toque para que la masiva aplicación TikTok deje de ser un éxito exclusivo del mercado chino. Esta tarde, el presidente estadounidense dio su "bendición" para que las empresas norteamericanas Oracle Corp y Waltmart se asocien con la asiática ByteDance, y de esta manera se revierta la prohibición que a partir de mañana regiría para que la app no pueda operar en los Estados Unidos.

La confirmación fue hecha esta tarde durante una conferencia en la Casa Blanca, donde Trump calificó de “fantástico” al acuerdo entre las firmas china y estadounidense, que pone paños fríos a la larga guerra comercial entre ambos países.

"Pienso que será un acuerdo fantástico" y por eso “le he dado mi bendición al acuerdo”, dijo el mandatario. “Si lo concretan será genial”, agregó y definió que, si todo llega al buen puerto que él lo llevó, la aplicación seguirá llamándose como ahora pero “no tendrá nada que ver con China”.

La inminente asociación se precipitó a solo un día de que el propio Trump anunciara que TikTok dejaría de operar en los Estados Unidos desde mañana domingo, alegando supuestas razones de “seguridad nacional” que se verían amenazadas por el funcionamiento de esa popular aplicación oriunda del principal enemigo comercial de Washington.

El contrapunto entre TikTok y Trump escaló luego de que la empresa de capitales chinos hiciera caer las ofertas de asociación o venta con varias megacompañías estadounidenses, como por ejemplo Microsoft. Desde entonces, las presiones de la Casa Blanca contra la app se incrementaron hasta la paz alcanzada en las últimas horas.

Si el acuerdo se firma en las próximas horas o si hay garantías certeras de que se lo hará sin marchas atrás, TikTok podrá seguir operando en los Estados Unidos a partir de la entrega de sus códigos guardados bajo siete llaves a Oracle Corp.

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La presión de Trump surte efecto y TikTok elige a Oracle para su negocio en EE.UU.

El presidente estadounidense había amenazado a la red social china con retirarle la licencia para operar en su país por considerarla un herramienta de espionaje

 

La presión del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha surtido efecto. ByteDance, la empresa china propietaria de la popular red social TikTok, eligió a la estadounidense Oracle para ser su socio tecnológico de confianza en el país norteamericano, según trascendió este domingo.

Trump, que considera la propiedad china de TikTok una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., había dado a ByteDance un plazo que vence el 15 de septiembre para vender sus operaciones en el país a una empresa local o abandonar el país. Con este movimiento, los datos personales generados por los usuarios estadounidenses permanecerán en el país.

TikTok seguirá en EEUU

Con lo conocido este domingo, la opción de que TikTok se viese forzada a cerrar sus operaciones en EE.UU. quedaría en principio descartada, aunque todavía falta tanto la aprobación de la operación por parte del Gobierno estadounidense como del de China, que ya en el pasado ha mostrado su disconformidad con la presión ejercida por Trump.

La elección de Oracle no implica que vaya a producirse una venta en términos estrictos del negocio de ByteDance en EE.UU., sino que esta tendrá a Oracle como socio en el país, algo que ambas compañías consideran que satisface los requerimientos impuestos por el presidente.

TikTok, que en EE.UU. tiene más de 80 millones de usuarios, es una de las redes sociales que más ha crecido en los últimos años, que se ha convertido en el principal entretenimiento para muchos adolescentes y un canal de márketing para importantes celebridades.

Fuertes vínculos entre Oracle y Trump

Oracle, con sede en Redwood City (California) y fundada en 1977, es una de las empresas pioneras de Silicon Valley, y pese a no tener un nombre tan reconocido para el gran público como Apple o Google, su software es usado por millones de empresas en todo el mundo.

El presidente ejecutivo y cofundador de Oracle, Larry Ellison –la quinta mayor fortuna del mundo, según Forbes– es uno de los pocos destacados ejecutivos de la industria tecnológica que ha expresado públicamente su apoyo a Trump, e incluso celebró un acto de recaudación de fondos para la campaña de reelección del presidente en febrero.

En las últimas semanas, se había especulado con que precisamente esta buena sintonía entre Ellison y Trump podía decantar la balanza a favor de Oracle, ya que el principal objetivo de ByteDance es tener garantizado el funcionamiento de sus operaciones en EE.UU. con el beneplácito del mandatario.

Microsoft admite la derrota

El mayor rival de Oracle en esta puja era precisamente su competidor en el mundo del software Microsoft (en esta industria, Microsoft ostenta el número 1 y Oracle, el número 2 en volumen de ventas a nivel mundial), que unas horas antes de que se conociese la elección de Oracle ya admitió la derrota en un comunicado.

"ByteDance nos ha dicho que no nos venderá sus operaciones en EE.UU. Tenemos confianza en que nuestra propuesta hubiese sido buena para los usuarios de TikTok, y a la vez habría protegido los intereses de seguridad de EE.UU.", apuntó la compañía propietaria del sistema operativo Windows.

Microsoft era visto desde principios de agosto como el favorito para hacerse con el negocio de ByteDance en EE.UU., y la firma de Redmond (estado de Washington) había llegado a asociarse con la cadena de grandes almacenes Walmart para este fin.

Walmart, la mayor compañía del mundo tanto en facturación anual como en número de empleados, veía en TikTok una oportunidad para avanzar en su apuesta estratégica por el comercio electrónico y la publicidad on-line.

EFE

14 de septiembre de 2020 08:50h

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Dibujo de Julian Assange durante la vista de este lunes sobre su extradición a EEUU. Elizabeth Cook /PA Wire/dpa

Este lunes ha comenzado la segunda fase del proceso de extradición de Assange a EEUU por el que se enfrenta a 175 años de prisión por 17 cargos de espionaje

 

"¿Está dispuesto a consentir su extradición?", preguntó la Fiscalía. "No", respondió Julian Assange. Así arrancaba este lunes la segunda fase del proceso de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks encarcelado en Reino Unido. Tras una larga batalla legal, el caso puede sentar un precedente que limite la libertad de prensa, que tiene un estatus de protección especial en Estados Unidos por la Primera Enmienda de la Constitución.

Estados Unidos le acusa de haber violado su Ley de Espionaje por haber filtrado y publicado secretos diplomáticos y militares en 2010 a través de Wikileaks. Su defensa alega que su función fue equivalente a la de un periodista y cualquier límite que se ponga a su acción tendrá un impacto en cualquier periodista estadounidense.

"Los cargos que formula Estados Unidos están basados directamente en su trabajo como editor y periodista y pueden sentar un precedente terrible para quienes publican información clasificada de interés publico", dice a elDiario.es Olatz Cacho, experta de Amnistía Internacional que ha seguido el caso de Assange.

"El enjuiciamiento de Julian Assange, si se produce, podría tener un efecto disuasorio para la libertad de prensa y hacer que editores y periodistas se autocensuren por miedo a las represalias", dice Nils Muižnieks, director de Amnistía Internacional para Europa.

Las vistas durarán tres o cuatro semanas. Uno de los abogados de Assange, Edward Fitzgerald, se quejó de que no ha podido ver a su cliente en seis meses y propuso aplazar la vista hasta enero. La jueza lo rechazó y así comenzó este lunes el desfile de testigos.

En la puerta, decenas de manifestantes y activistas de diversas ONG como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras mostraron su apoyo a Assange. Unos pocos periodistas pudieron entrar en el Tribunal Penal Central. La mayoría esperaba fuera.

Poco antes del comienzo de la vista, la directora de campañas internacionales de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Rebecca Vincent; la pareja de Assange, Stella Moris; y el director de RSF Alemania, Christian Mihr, intentaron entregar sin éxito al Gobierno una petición de 80.000 firmas para evitar la extradición. Como alternativa, acudieron a las puertas del juzgado con una pancarta en la que aparecen los nombres de los 80.000 firmantes.

"El periodismo no es un crimen", rezaba la pancarta sobre el hombro de Eric Levy, un veterano activista de 92 años que en 2003 viajó a Irak en autobús con otros pacifistas para hacer de "escudos humanos". Se alojaron en instalaciones civiles como estaciones eléctricas, almacenes de comida y plantas de tratamiento de agua para evitar que fuesen bombardeados. "Estoy aquí por la misma razón que estuve en Irak. Porque creo en la justicia y en la paz. Wikileaks habla por toda la humanidad decente y progresista", cuenta en una breve conversación con Stefan Simanowitz, de Amnistía Internacional.

Durante la vista, además, Assange fue detenido otra vez este lunes por las autoridades británicas al amparo de una nueva solicitud de extradición formalizada hace pocas semanas por EEUU y que amplía la base de sus acusaciones contra el australiano. Estados Unidos acusa a Assange también de haber conspirado con hackers para reclutar a desarrolladores para publicar información clasificada.

Entre quienes se mofaron del procedimiento legal está Edward Snowden, que está refugiado en Rusia para huir de la justicia de Estados Unidos por la revelación del programa de vigilancia masiva de la agencia para la que trabajaba, la Agencia de Seguridad Nacional.

"Literalmente le han vuelto a arrestar el día de su juicio. Sí, han vuelto a arrestar a un hombre que ya está en prisión. El proceso entero es menos juicio que una broma soviética", tuiteó.

Debido a la crisis sanitaria, las autoridades habían concedido permisos a decenas de personas para seguir la vista de forma telemática. Sin embargo, algunos de los que habían recibido dicha autorización, entre ellos el responsable de Amnistía Internacional, han visto como se revocaba dicho permiso poco antes del comienzo del proceso.

La jueza Vanessa Baraitser aseguró que esos permisos se concedieron "por error" ya que le preocupaba "mantener la integridad del tribunal" y "ver lo que ocurre en la sala".

"Estamos sorprendidos. Esto es un trabajo fundamental para Amnistía Internacional, llevamos a cabo seguimientos de juicios en todo el mundo y estamos reconocidos internacionalmente como observadores acreditados", se quejó Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa del Este y Asia Central. "Primero nos negaron la presencia física en agosto, pero nos garantizaron la presencia online de seis observadores, que hace un par de días se redujeron a solo uno y ahora nos enteramos que incluso esa plaza ha sido rechazada". La organización sigue haciendo trámites para poder seguirlo durante estos días.

Rebecca Vincent, de Reporteros Sin Fronteras, fue una de las pocas observadoras que pudo entrar en la sala el lunes y dijo que lo había conseguido por "la intervención de políticos alemanes y un representante de la embajada alemana".

Dentro de la sala también estaba el padre de Julian Assange, John Shipton.

175 años de prisión

Si es extraditado a EEUU, Assange se enfrenta a 175 años de prisión por 17 cargos relacionados con la Ley de Espionaje y uno por fraude y abuso informático. Según Courage Found, se trata de la primera vez que se utiliza esta legislación de 1917 contra un editor. "Es un tipo controvertido, pero pensamos que este caso está ligado directamnte a la libertad de expresión. No deberían existir estos cargos y Reino Unido no se debería plantear estar extraditando a Assange", dice Cacho. La experta de Amnistía Internacional cree que el fundador de Wikileaks no tendrá un juicio justo en EEUU y que "las altas autoridades del país ya lo han condenado".

Assange fue detenido en abril de 2019 por agentes británicos que irrumpieron en la embajada de Ecuador en Londres. Ecuador le concedió el asilo en 2012 y desde entonces Assange vivía en la embajada. Horas antes de su detención, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció por Twitter la retirada del asilo diplomático por considerarlo "insostenible". El arresto se produjo a petición de EEUU.

En 2010, la Fiscalía de Suecia ordenó la detención de Assange, acusado de violación y abuso sexual, y Suecia emitió una orden europea de detención. Reino Unido aceptó extraditarle y Assange entonces pidió asilo en la embajada de Ecuador. Assange dijo que este proceso era una excusa para su extradición a EEUU, donde podría ser juzgado por la filtración masiva de documentos secretos en 2010 a través de Wikileaks.

El relator especial de la ONU para casos de tortura, Nils Meizer, aseguró en una entrevista publicada en elDiario.es que Assange no intentó en ningún momento huir de la justicia sueca. "Cuatro países democráticos unieron fuerzas [Estados Unidos, Ecuador, Suecia y el Reino Unido] para aprovechar su poder y retratar a un hombre como un monstruo para que luego pudiera ser quemado en la hoguera sin que nadie protestara".

Por Javier Biosca Azcoiti

7 de septiembre de 2020 23:27h

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Empieza el juicio a Julian Assange y EE.UU. suma acusaciones

El gobierno de Trump aprovechó la demora por la pandemia para agregar cargos contra el fundador de WikiLeaks

Según la defensa del periodista, una larga lista de irregularidades y violaciones de derechos fundamentales deberían impedir su extradición. 

 

En medio de una ofensiva política y legal del gobierno de Donald Trump, comienza este lunes en Londres el juicio de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks Julian Assange.Estados Unidos lo acusa de violar su ley de Espionaje por la publicación de documentos secretos en 2010 sobre la guerra de Irak y Afganistán. La defensa pide la liberación y nulidad del proceso a Assange debido a la violación de derechos humanos y civiles consagrados por la ONU, la Convención Europea de los Derechos Humanos y la ley consuetudinaria inglesa.

El tortuoso caso Assange comenzó en 2010 con la publicación de cientos de miles de documentos clasificados que revelaban crímenes de guerra, corrupción y prevaricato en la política bélica estadounidense en Irak y Afganistán. La primera y sorprendente vuelta de tuerca, digna de un thriller, fue la denuncia contra el carismático fundador de WikiLeaks en Suecia unos dos meses más tarde por presunta violación y abuso sexual de dos mujeres. Suecia pidió la extradición de Assange que fue arrestado por la policía británica y puesto en libertad bajo fianza mientras duraba el juicio por extradición en el Reino Unido. Cuando en 2012 la Corte Suprema británica falló a favor de que se lo extraditara a Suecia, Assange solicitó asilo político en la embajada de Ecuador en Londres.

Desde entonces estuvo a merced de los vientos políticos y diplomáticos: los vaivenes judiciales en Suecia, los cambiantes aires de Ecuador, la presión de Estados Unidos y el Reino Unido. La decisión de Suecia de retirar los cargos contra Assange se vio más que compensada por la salida de Rafael Correa, el acelerado giro a la derecha de su sucesor, Lenín Moreno, y el deterioro de la situación económico-social ecuatoriana. A cambio del visto bueno de Estados Unidos para un préstamo con el FMI por 4 mil millones de dólares, el gobierno de Lenín Moreno abandonó a Assange a su suerte. En abril del año pasado la policía inglesa ingresó en la embajada ecuatoriana y lo arrestó por no haberse entregado a la corte cuando estaba libre bajo fianza en 2012. Desde entonces permanece en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en el sudeste de Londres.

La larga extradición de Assange

Este segundo proceso de extradición debía comenzar en abril: se demoró con la pandemia. Estados Unidos aprovechó esta demora para añadir nuevos cargos a los 18 delitos que se le imputan. Estos cargos se extienden más allá de la figura misma de Assange. Dos de sus socios en WikiLeaks y un empleado de la organización son acusados de cómplices en la conspiración contra la seguridad estadounidense. El mensaje del departamento de estado es una advertencia a cualquier “whistleblower” tentado de revelar los trapos sucios del gobierno: Estados Unidos los seguirá hasta el fin del planeta.

El argumento estadounidense es que la publicación de estos documentos clasificados pone en peligro la vida de personas o la seguridad del estado. El secretario general de la Association of American Lawyers, Luis Carlos Moro refutó este argumento, un clásico de los estados sean democráticos o dictatoriales. “Una extradición de Assange sentará un peligroso precedente para todo el mundo democrático porque lejos de representar la vigencia del estado de derecho significará una victoria de la persecución política”, dijo Moro.

Según la defensa, una larga lista de irregularidades y violaciones de derechos fundamentales deberían impedir la extradición. Los argumentos legales son sólidos y fueron adelantados en una carta abierta al primer ministro Boris Johnson en agosto firmada por más de 150 prominentes abogados y organizaciones legales de Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y Australia. Entre los puntos citados se encuentran algunos de casi irrebatible contundencia:

- el artículo 4 del tratado de extradición bilateral entre Estados Unidos y el Reino Unido prohíbe la extradición por motivos políticos.

- También la prohíbe en caso de que haya “un riesgo de ser sometido a un juicio injusto”, es decir, sin las garantías mínimas de imparcialidad de un estado de derecho.

  • ·-El riesgo de tortura citado por el Rapporteur sobre tortura de la ONU en el caso de extradición de Assange.

- y la violación a la libertad de prensa y expresión: la extradición consagraría como delito la divulgación de información gubernamental.

Trump, Brexit y George Orwell

Al sesgado entorno judicial se le agregan incomprensibles restricciones a la prensa para la cobertura de un juicio seguido en todo el mundo: solo 10 periodistas podrán ingresar a las sesiones. Además de comprometer la transparencia del proceso, esta restricción es una manera de invisibilizar el estado de salud de Assange: la última vez que se lo vio fue en su arresto en la embajada ecuatoriana. La información de las pocas personas que han tenido acceso a Assange en todos estos meses – su actual pareja, sus abogados - es que su estado de salud es precario.

El proceso de extradición comienza en un momento sobrecargado políticamente: el 3 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos, el 1 de enero la definitiva salida del Reino Unido de la Unión Europea. Al calor de la gigantesca polarización del Brexit, los conservadores con Boris Johnson a la cabeza y la poderosa prensa afín a la carga, han lanzado en los dos últimos años una ofensiva contra el poder judicial con titulares de tapa que calificaban a los jueces de “enemigos del pueblo”, con nombre y foto de los magistrados que fallaran en contra de la ruta legal que buscaba imprimirle el gobierno a la salida británica de la Unión Europea. El Rasputinesco cerebro de Johnson, Dominic Cummings, quiere reformar el sistema judicial de cuajo, en especial sus rasgos más progresistas, “herramientas de campaña de izquierda”, según el ultra conservador matutino Daily Mail.

Esta ofensiva, que puede hacer pensar en una suerte de “lawfare” a la británica, tiene límites institucionales y colectivos que van a pesar en el caso Assange. En un célebre ensayo en medio de la segunda guerra mundial, el autor de 1984, George Orwell, rescataba el respeto a la justicia como un rasgo inglés que trascendía clases e ideologías. “Todos creen que la ley es algo incorruptible que está por encima del estado y del individuo y que debe ser impartida de manera imparcial. Se dirá que es una ilusión, pero es una ilusión muy poderosa que tiñe la conducta social y la vida colectiva”, escribe Orwell.

Esta visión colectiva es un ideal cultivado desde la niñez (la queja favorita de los muy modosos niños ingleses es “it is not fair”: no es justo). Es también fuente de hipocresía como en el célebre “fair play”. En el mejor de los casos funciona como una salvaguarda contra la farsa judicial y los juicios amañados. En el otro gran caso de extradición de los últimos 30 años, el de Augusto Pinochet, la justicia británica estaba camino a conceder su extradición a España cuando intervino el poder político. El proceso estuvo cargado de ironías. Un supuesto refugio del privilegio como la Cámara de los Lores – corte suprema en aquellos años – falló dos veces a favor de la extradición. Un gobierno laborista, supuestamente de centro izquierda, terminó inventando una coartada de salud física y mental – senilidad – para que el ex dictador regresara a Chile.

Las audiencias del caso Assange se extenderán hasta el 25 de septiembre. El fallo de esta primera instancia podrá ser apelado. El caso seguirá con toda seguridad una trayectoria similar al caso Pinochet: la High Court de Londres y la Corte Suprema. Es un poco prematuro para los pronósticos, pero no habría que descartar un escenario similar al del caso Pinochet: la justicia moviéndose por un lado, el poder político por el otro. En buena medida dependerá de que las palabras de Orwell sigan describiendo a la sociedad británica del Brexit y las fake news unos 84 años más tarde.

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El líder opositor ruso Alexei Navalny. EFE/Maxim Shipenkov/Archivo

 

El opositor ruso Alexéi Navalni es el último activista crítico con el Kremlin que, según sospecha su entorno, ha sido envenenado en circunstancias misteriosas. La lista de opositores que ha enfermado de manera sospechosa en el último siglo es larga. Muchos han muerto. Aparentemente todos parecen haber sido víctimas de un laboratorio secreto especializado en la elaboración de venenos y establecido en Moscú por Vladimir Lenin en 1921.

Su función era lidiar, de manera tan eficiente como despiadada, con los enemigos del Estado. Algunos eran domésticos y otros, exiliados incómodos para el Kremlin. Según el exjefe de espías de Stalin, Pavel Sudoplatov, la KGB llegó hace mucho tiempo a la decisión de que el veneno era el mejor método para eliminar a personas incómodas. La institución sucesora de la KGB, el FSB, parece que tiene la misma opinión.

Durante la Guerra Fría, la KGB exterminó a sus adversarios con creatividad. En 1959, un agente asesinó al líder nacionalista ucraniano Stepan Bandera con una pistola de cianuro escondida en un periódico. En 1979 otro agente asesinó al disidente búlgaro Georgi Markov mientras esperaba un autobús en el puente de Waterloo en Londres. El arma: un paraguas con punta envenenada.

En los años 90, durante la presidencia de Boris Yeltsin, se detuvieron estos extraños ataques. Por aquel entonces Rusia y Occidente cooperaban. Sin embargo, una vez que Vladimir Putin llegó a la presidencia en el año 2000, los asesinatos políticos regresaron en silencio. Se especuló con que la fábrica de veneno, un siniestro edificio de color beige a las afueras de Moscú camuflado como centro de investigación, había vuelto manos a la obra.

Entre las posibles víctimas de dichas prácticas está Roman Tsepov, guardaespaldas de Putin en San Petersburgo en la década de los 90. Murió después de beber un té en 2004 en una oficina local del FSB. Ese mismo año, la periodista Anna Politkovskaya perdió el conocimiento en un vuelo interno a la ciudad de Rostov después de tomar té en el avión. Sobrevivió. Dos años después, un pistolero asesinó a Politkovskaya cerca de su piso de Moscú.

El envenenamiento más notorio del siglo tuvo lugar apenas unas semanas más tarde. El objetivo esta vez era Alexander Litvinenko, un antiguo oficial del FSB convertido en un crítico del presidente Putin. Dos asesinos, Dmitry Kovtun y Andrei Lugovoi, se reunieron con Litvinenko en el hotel Millennium de Londres. Se tomó unos sorbos de té verde mezclado con polonio radioactivo. Moriría tres semanas después.

El asesinato condujo a un período en que las relaciones ruso-británicas fueron tensas y estuvieron marcadas por la acritud. Marcó una época de sospechas: no se sabía si Putin decidió que el Estado eliminase a quien percibía como enemigos o instauró una política de manga ancha para que los responsables de los servicios secretos interpretaran que las órdenes no dadas permitían actuar así. Una investigación oficial en el Reino Unido en 2016 dictaminó que era "probable" que Putin hubiera aprobado la operación junto al entonces jefe del FSB. El Gobierno no ha hecho pública toda la información de que dispone.

En marzo de 2018, otros dos asesinos fueron enviados por el Kremlin de Moscú a Londres, siguiendo la misma pauta de comportamiento de Kovtun y Lugovoi 12 años antes. Su objetivo era Sergei Skripal, un doble agente ruso que había espiado para el MI6. Los dos hombres eran coroneles de la inteligencia militar rusa que manejaban identidades ficticias: Anatoliy Chepiga y Alexander Mishkin.

Según el Gobierno británico, Mishkin y Chepiga utilizaron un agente nervioso de la era soviética –novichok– en el pomo de la puerta de entrada de la casa de Skripal en Salisbury. Él y su hija Yulia cayeron desplomados varias horas después en un banco del centro de la ciudad. Sobrevivieron, pero otra mujer, Dawn Sturgess, murió dos meses más tarde después de rociarse las muñecas con novichok. El Reino Unido y otros países aliados expulsaron entonces a más de 150 espías rusos de sus embajadas.

No existen pruebas concluyentes de la participación de Putin en estas operaciones. No se sabe hasta qué punto él pudo ordenar o estar informado de los hechos ni la cadena de mando que siguieron los asesinos. El hecho de que la lista de víctimas, tanto en Rusia como en el extranjero, sea larga sugiere que el Kremlin, vea como vea este comportamiento, lo acepta como un mal necesario aunque implique altos costes. Envía un mensaje al mundo: que la disidencia tiene límites y que la oposición frontal al Estado puede acarrear el mayor de los precios. 

21 de agosto de 2020 21:21h

Traducido por Alberto Arce

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Domingo, 02 Agosto 2020 06:04

Trump prohibe la red social china Tik Tok

Trump prohibe la red social china Tik Tok

El mandatario dijo que la prohibición es por las sospechas de que es utilizada por los servicios de inteligencia de China. Sin embargo, representantes de la red social pusieron en duda que Trump pudiera imponer dicha medida  

 

El presidente Donald Trump anunció  que prohibe en Estados Unidos la red social TikTok por las sospechas de que es utilizada por los servicios de inteligencia de China. "En lo que respecta a TikTok, lo vamos a prohibir en Estados Unidos", dijo Trump en declaraciones a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One rumbo a Washington desde Tampa (Florida). "Tengo esa autoridad. Puedo hacerlo con una orden ejecutiva", afirmó el mandatario, quien precisó que planea tomar la decisión este mismo sábado.

Sin embargo representantes de la aplicación usieron en duda la afirmación del mandatario estadounidense, dando a entendr que no tiene el poder legal para hacerlo. "Estamos aquí para quedarnos", aseguró Vanessa Pappas, responsable de la rama estadounidense de la popular aplicación TikTok, luego del anuncio de Trump. "Hemos escuchado su creciente apoyo y queremos agradecerles. No tenemos planes de irnos", insistió en un video publicado en la aplicación y destinado a calmar a los usuarios preocupados.

TikTok, una aplicación de videos muy popular entre los jóvenes cuya casa matriz es ByteDance, con sede en China, tiene alrededor de mil millones de usuarios en todo el mundo. La plataforma es objeto de una investigación de CFIUS, la agencia estadounidense encargada de vigilar que las inversiones extranjeras no supongan riesgo para la seguridad nacional.

Funcionarios y legisladores estadounidenses expresaron en las últimas semanas su preocupación por la posibilidad de que TikTok sea utilizado por China con fines de espionaje, pero la compañía ha negado cualquier vínculo con el gobierno de Pekín. Steven Mnuchin, el secretario estadounidense del Tesoo, dijo el miércoles que haría una "recomendación" sobre la plataforma a la Casa Blanca esta semana.

TikTok ha tenido que defenderse a menudo de sus vínculos con China, donde ByteDance posee una aplicación similar pero con otro nombre. Siempre ha negado que comparta información con las autoridades chinas y aseguró que no tiene la intención de aceptar peticiones en este sentido. Su popularidad ha crecido aún más en medio de los meses de pandemia y distanciamiento social.

El viernes, antes del anuncio de Trump, algunos medios estadounidenses aseguraron que el presidente iba a obligar al grupo ByteDance a vender TikTok. Según The Wall Street Journal y la agencia Bloomberg, el presidente se disponía a firmar una orden oficial para obligar a la casa matriz china a separarse de la popular aplicación estadounidense en nombre de la protección de la seguridad nacional.

La red social no quiso comentar las informaciones sobre la supuesta venta forzada. "Confiamos en el éxito a largo plazo de TikTok. Cientos de millones de personas vienen a TikTok para entretenerse y conectarse, incluida nuestra comunidad de creadores y artistas que viven gracias a la plataforma", afrmó en un comunicado. 

TikTok se comprometió a tener un alto nivel de transparencia y a permitir el control de sus algoritmos para tranquilizar a usuarios y reguladores. "No somos políticos, no aceptamos publicidad política y no tenemos una agenda política", dijo el directo ejecutivo de TikTok, Kevin Mayer

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Martes, 28 Julio 2020 06:00

Nuevas ilegalidades de Bolsonaro

Paulo Sergio Pinheiro, embajador.   ________________________________________ Imagen: AFP

Revelación en Brasil de un esquema de inteligencia paralelo creado por Sergio Moro

La existencia de “fichas” de 597 funcionarios públicos, tanto en actividad como jubilados, definidos como “antifascistas”, confirmaría la persecución política e ideológica de los adversarios. 

 

En medio del torbellino que vive Brasil – al mediodía se supo que el número de infectados por la covid-19 superó los dos millones 400 mil, y el de víctimas fatales se acercó a 90 mil –, surgieron nuevas y graves denuncias contra el ultraderechista Jair Bolsonaro.

La más contundente fue la presentación, en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, de un documento que acusa a Bolsonaro de haber cometido “crimen contra la humanidad y genocidio”. Presentada en la noche del domingo, la denuncia trae un peso extra: viene firmada por un millón de trabajadores en el sector de Salud, de enfermeros a médicos. Aunque el Tribunal de La Haya tarde meses en decidir si acepta juzgar denuncias recibidas, la repercusión ha sido muy fuerte y podrá traer consecuencias.

Los 64 folios del documento están repletos de acusaciones detalladas y de ejemplos impactantes. Su divulgación contribuye para corroer aún más la ya ultra-desgastada imagen del ultraderechista y del país.

Hoy hay otra denuncia contra el gobierno brasileño, esta vez en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), exigiendo inmediatas informaciones y providencias.

Se trata de algo que fue creado en tiempos de Sergio Moro, el ex juez que condenó Lula da Silva en un juicio manipulado facilitando la elección de Bolsonaro, de quien luego fue ministro de Justicia: la SEOPI (Secretaría de Operaciones Integradas), un servicio de inteligencia paralelo a los previstos por la Constitución y la legislación vigente.

Luego de la salida de Moro del gobierno, el sucesor, André Mendonça, transformó la SEOPI en secretaría Nacional. De esa manera se consolidó parte del deseo expresado en reiteradas ocasiones por Bolsonaro: tener un esquema de inteligencia bajo su control directo.

La revelación de las verdaderas actividades del SEOPI surgió a través del periodista Rubens Valente, del grupo vinculado al diario Folha de S.Paulo.

Valente reveló la existencia de intimidadoras “fichas” idénticas a las de los órganos de represión de la dictadura militar (1964-1985) tan defendida por Bolsonaro y los uniformados esparcidos por su gobierno, con nombres, fotos y direcciones en las redes sociales de 597 funcionarios públicos, tanto en actividad como jubilados, definidos como “antifascistas”.

Entre los nombres revelados llamaron la atención los de Luis Eduardo Soares, quien ocupó el puesto de secretario nacional de Seguridad Pública en el primer gobierno de Lula da Silva (2003-2006) y fue uno de los guionistas de la película “Tropa de Elite”, y principalmente el del embajador Paulo Sergio Pinheiro, ambos profesores universitarios.

Además de haber ocupado la secretaría nacional de Derechos Humanos durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, Pinheiro integró la Comisión de la Verdad instituida durante el mandato de la ex presidenta Dilma Rousseff. Nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, preside desde 2011 la comisión independiente de la organización sobre derechos humanos en Siria.

La revelación de la existencia de ese dossier confirma algo que se insinuaba desde la llegada de Bolsonaro a la presidencia: la creación de un aparato estatal destinado a persecución política e ideológica de adversarios. Es fácil suponer la existencia de otros dossiers cuyo blanco sean intelectuales, artistas, periodistas, activistas sociales y ambientales y, claro, políticos opositores.

Al conocer la actividad de la SEOPI, Paulo Sergio Pinheiro se dijo “absolutamente perplejo”, y pidió una inmediata investigación tanto por parte de la Fiscalía como del Congreso.

Luego de trazar la inevitable comparación con los tiempos de la dictadura, Pinheiro ironizó: “Todo lo que hablo y escribo es público. Además de ilegales, esas prácticas ahora son inocuas. ¿Por qué gastar recursos con funcionarios para espiarme?’.

Ya llegaron al Supremo Tribunal Federal pedidos de investigación, incluyendo que se averigüe la existencia de otros dossiers. El gobierno, por su parte, optó por declaraciones formales, que no dicen ni justifican nada.

 Con relación a la denuncia presentada en La Haya, la reacción de Bolsonaro, acorde a sus auxiliares directos, no trajo ninguna sorpresa: dijo que el tema no está en la “pauta presidencial”. Para los que rodean al ultraderechista, “no es hora de darle atención a eso. Si la denuncia es aceptada, entonces el presidente sabrá contestar las acusaciones”.

Por Eric Nepomuceno

Río de Janeiro

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