Las pistolas 'flash-ball', símbolo de la brutalidad policial contra los 'chalecos amarillos' en Francia

El uso del arma que dispara con balas de goma para dispersar protestas está prohibido en la mayoría de los países europeos.

Activistas de la ONG francesa Liga para los Derechos Humanos (LDH) enviaron esta semana una apelación al Consejo de Estado en busca de la prohibición del uso por la Policía de las 'flash-ball' (LBD), armas que disparan balas de goma, contra los manifestantes. "La falta de garantías suficientes en la ley francesa socava el derecho constitucional a la vida y el respeto hacia la seguridad física", argumentaron.


Anteriormente, el Consejo de Estado rechazó las peticiones de los defensores de los derechos humanos, dictaminando que las 'flash-ball' son necesarias y "particularmente adecuadas" para contrarrestar la violencia durante las protestas.


Arma urbana


Descritas como "menos letales" o "no letales", estas armas, desarrolladas por la empresa francesa Verney-Carron, pueden causar graves lesiones y están prohibidas para el uso policial durante las protestas en la mayoría de los países europeos. El actual modelo, LBD 40, dispara proyectiles de 40 mm con una velocidad de hasta 100 metros por segundo.


Según un estudio de 2006, pese a que están diseñadas para evitar la penetración en la piel, las 'flash-ball' "incluso pueden causar heridas mayores con graves lesiones asociadas en los órganos internos".


Otro estudio de 2015 se centró en el caso de un hombre de 34 años, a quien le dispararon en la cabeza durante una protesta. El hombre sufrió "graves" lesiones cerebrales y daños en el cráneo, que requirieron dos meses de tratamiento y rehabilitación. Los investigadores describieron la 'flash-ball' como "potencialmente letal" y peligrosa, sobre todo si apunta a la cabeza.


Esta arma "menos letal" fue utilizada durante los disturbios de 2005 en París, y con los años varias personas murieron tras el impacto de sus balas. En 2010 falleció Mustapha Ziani, quien sufrió un paro cardíaco después de que un policía le disparara en el pecho con una 'flash-ball' durante un altercado en su casa en Marsella. El agente recibió una condena suspendida de seis meses por homicidio involuntario.


La sangre de los 'chalecos amarillos'


Desde que en Francia se desataron las masivas protestas antigubernamentales de los 'chalecos amarillos' en noviembre del año pasado, la Policía ha utilizado las 'flash-ball' más de 9.200 veces. Los enfrentamientos se saldaron con numerosos heridos de ambos lados. En las recientes protestas los franceses salieron a las calles para denunciar el uso de estas armas, que se han convertido en el símbolo de la brutalidad policial.


Según el grupo contra la violencia policial Désarmons-les!, al menos 20 personas perdieron la vista por el impacto de las 'flash-ball' o la metralla de granadas. El grupo documentó más de 120 personas que afirman haber sido heridas por las armas "menos letales", en su mayoría por LBD 40 o granadas instantáneas de gas lacrimógeno GLI-F4. Muchas de ellas quedaron con las cara desfigurada.


Una de las 'caras' de la brutalidad policial durante las protestas de los 'chalecos amarillos' es Fiorina L., de 20 años, que perdió su ojo izquierdo tras una explosión de una granada de gas en la avenida parisina de los Campos Elíseos en diciembre.


Otro manifestante, Jérôme Rodrigues, una figura prominente de las protestas que fue herido en el ojo por un proyectil y puede perderlo, comentó a RT que los franceses salen con tres reivindicaciones generales: "poder vivir dignamente" de su salario, "crear una nueva forma de democracia" para poner fin al actual "sistema arcaico en las instituciones francesas" y "poner fin a los privilegios" de la clase gobernante.


"¿Por qué un diputado puede enterrar dignamente a sus familiares y tiene dinero suficiente para eso, mientras que nosotros debemos pedir un crédito, la gente gracias a la que Francia existe y se desarrolla? Y nosotros nos vemos obligados a sufrir para hacer los funerales", comentó Jérôme.


 Un líder de los 'chalecos amarillos' enumera las tres reivindicaciones clave del movimiento 

Una de las prominentes figuras de los 'chalecos amarillos' Jérôme Rodrigues, que hace dos semanas fue hospitalizado tras recibir en un ojo el impacto de un proyectil supuestamente lanzado por agentes antidisturbios, ha explicado a RT cuáles son las tres principales reivindicaciones del movimiento.

Lo que buscan los manifestantes, según Rodrigues, es "vivir dignamente" de su salario en Francia; tener una nueva forma de democracia —pues el sistema actual es "arcaico"—, y también poner fin "a los privilegios", bajo los cuales un diputado puede "vivir dignamente" con su sueldo, mientras que el pueblo, los jóvenes que "hacen crecer al país", tienen que pedir créditos y pagar los intereses bancarios.


A estos reclamos se suma el de prohibir el uso por las fuerzas de seguridad de armas que lanzan proyectiles de goma (LBD) y poner fin a "esta negación de la democracia que está creando Emmanuel Macron", asevera el Rodrigues, que prometió "seguir marchando" hasta que se les escuche.


• Los manifestantes y la Policía han protagonizado choques este sábado en la 13.ª semana de protestas del movimiento 'chalecos amarillos'.


• Los agentes han utilizado gas lacrimógeno para dispersar a la multitud antes de que estallaran los primeros enfrentamientos, en los que uno de los manifestantes ha perdido la mano por el estallido de una granada de gas.

Publicado: 9 feb 2019 23:19 GMT | Última actualización: 9 feb 2019 23:24 GMT

 

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¿Por qué tanto estropicio contra la JEP?

Para resolver el anterior interrogante es preciso mirar un poco el contexto en el que surgió esa sigla. La Justicia Especial para la Paz –JEP– hace parte del punto 5 de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y la guerrilla denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–. A su vez, el epígrafe cinco tiene como título “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”.

 

Los Acuerdos de Paz de La Habana

 

Desde septiembre de 2010, el recién posesionado presidente de la República, Juan Manuel Santos, inició conversaciones secretas con las FARC. Esos diálogos se hicieron públicos el 26 de agosto de 2012, y, a partir de octubre del mismo año, empezaron las discusiones en La Habana.

 

Para las personas que no siguieron el proceso de negociación, es preciso contarles que este comprende cinco puntos de contenido y uno –el sexto– de realización, ejecución o cumplimiento de lo acordado. Los puntos de contenido son: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y acuerdo sobre las víctimas. Ahora bien, quien haya leído la Constitución del 91 sabrá que los cinco temas que fueron acordados entre el Estado y las FARC, ya hacían parte de la ley superior.

 

 

En efecto, la reforma agraria integral, la participación política, la paz como ausencia de conflicto, el tratamiento de las drogas como un problema de salud pública y la protección de la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, cuya violación los convierte en víctimas, ya tenían articulado propio en la Constitución.

 

Esas normas en manos de las élites y de las mafias que gobiernan en Colombia, han sido violadas sistemáticamente, desde el mismo día en que fue expedida la Constitución de 1991, como lo ha sido la norma constitucional de la reforma de 1936, que le señaló la función social a la propiedad privada. En consecuencia, no ha sido falta de normas, sino de poder en manos del pueblo para hacerlas cumplir. Aunque los negociadores de las dos partes se molesten, en honor a la verdad, hay que decirlo: en La Habana no se negoció absolutamente nada que no estuviera en la Constitución.

 

¿Negociación o sometimiento?

 

Teniendo en cuenta la realidad expresada en los párrafos anteriores, y en lo que vino después de los diálogos, hay que concluir que no hubo un proceso de negociación sino de sometimiento. Refuerzan esa tesis varios indicios. En primer lugar, todas las élites dominantes querían someter a las FARC. Las herederas de Laureano Gómez, lideradas por Uribe, a punta de fusil. Las demás, encabezadas por Santos, unas veces a plomo físico y otras mediante el muñequeo retórico. El pulso lo ganó Santos. Así lo reconoció en su alocución del 16 de mayo de 2016: “Las FARC se han sometido a nuestra Constitución y a nuestras leyes”.

 

En segundo lugar, aunque el Gobierno y las FARC “negociaron” lo que ya estaba en la Constitución, después de la firma del Acuerdo comenzó para la guerrilla una serie de talanqueras: una renegociación en cada instancia de poder: legislativa, ejecutiva, judicial, órganos de control.

 

En tercer lugar, en el proceso electoral de 2018, todos los candidatos presidenciales del establecimiento, excepto De la Calle, ratificaron que se trató de un sometimiento: “Está bien –decían– que esa guerrilla se haya desmovilizado, desarmado y concentrado. Pero deben ir a la cárcel y no pueden hacer política antes de que hayan pagado sus condenas”.

 

La JEP y sus detractores

 

Si todo lo anterior es verdad, entonces, ¿por qué un ejército no derrotado, como las FARC, firmó un acuerdo con el Estado, se sometió y se desarmó voluntariamente? Lo hizo a cambio de que sus miembros pudieran hacer política sin que los asesinaran, para que fueran juzgados por un tribunal especial y para que no fueran privados de la libertad en cárceles de barrotes. Esa es la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz –JEP–. En esencia, a eso se redujo el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC.

 

El texto de los Acuerdos, define la JEP como un organismo que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente, respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos. Se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor.

 

Para las élites, a quienes sólo les interesaba el sometimiento de las FARC, vieron como una afrenta que se mantuviera en pie la JEP, motivo por el cual comenzaron toda suerte de ataques, emboscadas y estropicios contra el recién creado organismo: cuestionaron el comité de escogencia de los magistrados; luego, descargaron todos sus ataques contra los juristas que resultaron elegidos para conformarlo; enseguida, el Centro Democrático pretendió crear un organismo paralelo para juzgar a militares y terceros, esto, con el propósito de quitarle funciones y legitimidad a la JEP.

 

Extradición de Santrich máxima prueba

 

Como ninguno de los ataques de que ha sido objeto la JEP han logrado acabar con ese organismo, lo más eficaz resultaba comenzar a extraditar a quienes habían estado como negociadores del proceso de paz. Esa es la manera de poner a ese tribunal contra la pared: con cualquier opción pierde. Si da el aval a la extradición de los líderes y excombatientes de esa guerrilla, pierde credibilidad el sistema entre los desmovilizados. Si no da el visto bueno a la extradición, se dirá que está demostrada su parcialidad a favor de la militancia del nuevo partido. Entonces, vendrá una arremetida de todos los sectores políticos, económicos y mediáticos, que sólo querían la rendición de las FARC: acabar con el símbolo de la negociación será su reto.



Es un hecho cierto que la DEA y la Fiscalía le tendieron una trampa a Santrich. De ese hecho se desprenden dos hipótesis. La de quienes piensan que Santrich cayó, porque 15 millones de dólares enloquecen a cualquier poeta. Y, la de quienes sostienen que un revolucionario como él es incapaz de traicionar sus ideales, al menos que su inteligencia de humanista haya descendido al estadio de la imbecilidad. Unos y otros esperan que Santrich diga la verdad. Este ya dijo: “Tengo mi conciencia tranquila [...], un montaje es un montaje”.

 

Otra cosa es la argumentación en derecho para principiantes: quienes se acogieron a la JEP, no pueden ser encarcelados y extraditados ante la primera trampa que ponga la DEA, o al primer grito de las cortes estadounidenses. Cualquier delito cometido antes o después del 1º de diciembre de 2016 debe ser calificado por la JEP. La fecha la señala el calendario, el derecho lo definen los magistrados.

 

No todo está perdido

 

Meterle la mano a la JEP es volver trizas el acuerdo, como efectivamente lo están haciendo el Centro Democrático y sus aliados. “Ese es el gobierno de Iván Duque”, sentenció, en tono amenazante, la senadora Paloma Valencia. Sin embargo, volver trizas el acuerdo de paz mediante la destrucción de la JEP, como lo pretenden Duque y sus violentos legisladores, no sólo tiene como finalidad encarcelar y extraditar a los excombatientes de las FARC, y favorecer a los militares, sino un propósito más perverso y estratégico: asegurarle la impunidad al senador Uribe.

 

Sin embargo, para las víctimas no todo está perdido. Todavía quedan dos instancias. Quizás sean las últimas, pero hoy están ahí. La calle, es la primera. Convendría que todas las movilizaciones sociales que se proyecten incluyeran en sus agendas, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que como lo hemos visto, no es que sean temas nuevos, sino que hacen del articulado de la Constitución del 91.

 

El segundo recurso está, allende las fronteras. Eso lo saben Uribe/Duque y sus íntimos: Fatou Bensouda, la acuciosa fiscal de la Corte Penal Internacional, siempre está tomando atenta nota de nuestras miserias políticas y judiciales. Los “ojos del mundo están puestos en Colombia”, como lo dice el profesor alemán Kai Ambos, para quien “renegociar cualquier punto de la JEP necesariamente habría que hacerlo con las FARC”.

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¿Por qué tanto estropicio contra la JEP?

Para resolver el anterior interrogante es preciso mirar un poco el contexto en el que surgió esa sigla. La Justicia Especial para la Paz –JEP– hace parte del punto 5 de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y la guerrilla denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–. A su vez, el epígrafe cinco tiene como título “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”.

 

Los Acuerdos de Paz de La Habana

 

Desde septiembre de 2010, el recién posesionado presidente de la República, Juan Manuel Santos, inició conversaciones secretas con las FARC. Esos diálogos se hicieron públicos el 26 de agosto de 2012, y, a partir de octubre del mismo año, empezaron las discusiones en La Habana.

 

Para las personas que no siguieron el proceso de negociación, es preciso contarles que este comprende cinco puntos de contenido y uno –el sexto– de realización, ejecución o cumplimiento de lo acordado. Los puntos de contenido son: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y acuerdo sobre las víctimas. Ahora bien, quien haya leído la Constitución del 91 sabrá que los cinco temas que fueron acordados entre el Estado y las FARC, ya hacían parte de la ley superior.

 

 

En efecto, la reforma agraria integral, la participación política, la paz como ausencia de conflicto, el tratamiento de las drogas como un problema de salud pública y la protección de la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, cuya violación los convierte en víctimas, ya tenían articulado propio en la Constitución.

 

Esas normas en manos de las élites y de las mafias que gobiernan en Colombia, han sido violadas sistemáticamente, desde el mismo día en que fue expedida la Constitución de 1991, como lo ha sido la norma constitucional de la reforma de 1936, que le señaló la función social a la propiedad privada. En consecuencia, no ha sido falta de normas, sino de poder en manos del pueblo para hacerlas cumplir. Aunque los negociadores de las dos partes se molesten, en honor a la verdad, hay que decirlo: en La Habana no se negoció absolutamente nada que no estuviera en la Constitución.

 

¿Negociación o sometimiento?

 

Teniendo en cuenta la realidad expresada en los párrafos anteriores, y en lo que vino después de los diálogos, hay que concluir que no hubo un proceso de negociación sino de sometimiento. Refuerzan esa tesis varios indicios. En primer lugar, todas las élites dominantes querían someter a las FARC. Las herederas de Laureano Gómez, lideradas por Uribe, a punta de fusil. Las demás, encabezadas por Santos, unas veces a plomo físico y otras mediante el muñequeo retórico. El pulso lo ganó Santos. Así lo reconoció en su alocución del 16 de mayo de 2016: “Las FARC se han sometido a nuestra Constitución y a nuestras leyes”.

 

En segundo lugar, aunque el Gobierno y las FARC “negociaron” lo que ya estaba en la Constitución, después de la firma del Acuerdo comenzó para la guerrilla una serie de talanqueras: una renegociación en cada instancia de poder: legislativa, ejecutiva, judicial, órganos de control.

 

En tercer lugar, en el proceso electoral de 2018, todos los candidatos presidenciales del establecimiento, excepto De la Calle, ratificaron que se trató de un sometimiento: “Está bien –decían– que esa guerrilla se haya desmovilizado, desarmado y concentrado. Pero deben ir a la cárcel y no pueden hacer política antes de que hayan pagado sus condenas”.

 

La JEP y sus detractores

 

Si todo lo anterior es verdad, entonces, ¿por qué un ejército no derrotado, como las FARC, firmó un acuerdo con el Estado, se sometió y se desarmó voluntariamente? Lo hizo a cambio de que sus miembros pudieran hacer política sin que los asesinaran, para que fueran juzgados por un tribunal especial y para que no fueran privados de la libertad en cárceles de barrotes. Esa es la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz –JEP–. En esencia, a eso se redujo el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC.

 

El texto de los Acuerdos, define la JEP como un organismo que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente, respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos. Se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor.

 

Para las élites, a quienes sólo les interesaba el sometimiento de las FARC, vieron como una afrenta que se mantuviera en pie la JEP, motivo por el cual comenzaron toda suerte de ataques, emboscadas y estropicios contra el recién creado organismo: cuestionaron el comité de escogencia de los magistrados; luego, descargaron todos sus ataques contra los juristas que resultaron elegidos para conformarlo; enseguida, el Centro Democrático pretendió crear un organismo paralelo para juzgar a militares y terceros, esto, con el propósito de quitarle funciones y legitimidad a la JEP.

 

Extradición de Santrich máxima prueba

 

Como ninguno de los ataques de que ha sido objeto la JEP han logrado acabar con ese organismo, lo más eficaz resultaba comenzar a extraditar a quienes habían estado como negociadores del proceso de paz. Esa es la manera de poner a ese tribunal contra la pared: con cualquier opción pierde. Si da el aval a la extradición de los líderes y excombatientes de esa guerrilla, pierde credibilidad el sistema entre los desmovilizados. Si no da el visto bueno a la extradición, se dirá que está demostrada su parcialidad a favor de la militancia del nuevo partido. Entonces, vendrá una arremetida de todos los sectores políticos, económicos y mediáticos, que sólo querían la rendición de las FARC: acabar con el símbolo de la negociación será su reto.



Es un hecho cierto que la DEA y la Fiscalía le tendieron una trampa a Santrich. De ese hecho se desprenden dos hipótesis. La de quienes piensan que Santrich cayó, porque 15 millones de dólares enloquecen a cualquier poeta. Y, la de quienes sostienen que un revolucionario como él es incapaz de traicionar sus ideales, al menos que su inteligencia de humanista haya descendido al estadio de la imbecilidad. Unos y otros esperan que Santrich diga la verdad. Este ya dijo: “Tengo mi conciencia tranquila [...], un montaje es un montaje”.

 

Otra cosa es la argumentación en derecho para principiantes: quienes se acogieron a la JEP, no pueden ser encarcelados y extraditados ante la primera trampa que ponga la DEA, o al primer grito de las cortes estadounidenses. Cualquier delito cometido antes o después del 1º de diciembre de 2016 debe ser calificado por la JEP. La fecha la señala el calendario, el derecho lo definen los magistrados.

 

No todo está perdido

 

Meterle la mano a la JEP es volver trizas el acuerdo, como efectivamente lo están haciendo el Centro Democrático y sus aliados. “Ese es el gobierno de Iván Duque”, sentenció, en tono amenazante, la senadora Paloma Valencia. Sin embargo, volver trizas el acuerdo de paz mediante la destrucción de la JEP, como lo pretenden Duque y sus violentos legisladores, no sólo tiene como finalidad encarcelar y extraditar a los excombatientes de las FARC, y favorecer a los militares, sino un propósito más perverso y estratégico: asegurarle la impunidad al senador Uribe.

 

Sin embargo, para las víctimas no todo está perdido. Todavía quedan dos instancias. Quizás sean las últimas, pero hoy están ahí. La calle, es la primera. Convendría que todas las movilizaciones sociales que se proyecten incluyeran en sus agendas, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que como lo hemos visto, no es que sean temas nuevos, sino que hacen del articulado de la Constitución del 91.

 

El segundo recurso está, allende las fronteras. Eso lo saben Uribe/Duque y sus íntimos: Fatou Bensouda, la acuciosa fiscal de la Corte Penal Internacional, siempre está tomando atenta nota de nuestras miserias políticas y judiciales. Los “ojos del mundo están puestos en Colombia”, como lo dice el profesor alemán Kai Ambos, para quien “renegociar cualquier punto de la JEP necesariamente habría que hacerlo con las FARC”.

Publicado enEdición Nº253
Luxemburgo será el primer país del mundo donde el transporte público será gratuito

El país centroeuropeo ha tomado la medida para reducir los niveles de contaminación e incentivar el uso de transporte público. Es el primer Estado que regula de esta forma este tipo de transporte y se pone a la cabeza a nivel mundial.


Luxemburgo se ha convertido en el primer país de todo el mundo en el que el transporte público será gratuito sin ningún tipo de distinción. Recogiendo el testigo de la ciudad francesa de Dunkerque, a partir del 1 de marzo de 2020 ningún autobús, tren o tranvía tendrá coste para los ciudadanos del país europeo, siempre y cuando viajen en clase turista.
François Bausch, ministro de movilidad y trabajos públicos del Estado centroeuropeo, anunció en su Twitter que también habrá fuertes inversiones para mejorar las infraestructuras del transporte público que empezará por los trenes, ya que serán gratuitos para aquellos que no viajen en primera clase a partir de este domingo.

La medida entrará en vigor a partir de marzo del próximo año debido a la caducidad de los abonos de los ciudadanos que son anuales o temporales, por lo que el último día de validez de los tickets será el 29 de febrero de 2020, consiguiendo así aunar los abonos diarios, mensuales y anuales.


Por otra parte, Luxemburgo puede enorgullecerse de ser el país con la red de transporte público más barata de toda Europa, ya que toda persona con menos de 20 años viaja gratuitamente y un billete de 24 horas tiene un coste de tan solo cuatro euros.

Esta medida también tendrá repercusión en sus países vecinos, ya que entre Bélgica, Francia y Alemania son 200.00 trabajadores los que cruzan diariamente a Luxemburgo, según afirman en The Independent.

24/01/2019 17:48 Actualizado: 24/01/2019 18:23
PÚBLICO

 

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Steve Bannon, el mito detrás de los monstruos

Un fantasma recorre la globalización neoliberal en descomposición, el fantasma del populismo de ultraderecha.

Esa sombra fantasmal, en un inicio difusa y hoy más nítida, tuvo su primer éxito con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, y terminó de solidificarse con la llegada de Jair Bolsonaro a Brasil. Un tercer vértice de este triángulo lo encontramos en la Europa de Matteo Salvini (Italia), Víktor Orban (Hungría), Marine Le Pen (Francia) y Vox (España).
Y como articulador de este fenómeno monstruoso, encontramos un nombre: Steve Bannon, quien fue durante siete meses el jefe de estrategia y asesor presidencial de la Casa Blanca de Donald Trump.


¿Quién es Steve Bannon? Ex banquero, fue conocido por ser el director ejecutivo de Breitbart News, la web referencia de la ultraderecha antiestablishment en Estados Unidos, desde donde se impulsó la creación del movimiento Alt-right (derecha alternativa, un eufemismo para nombrar al supremacismo blanco), y que lo catapultó para ser el jefe de campaña de Trump, y posterior hombre fuerte de la Casa Blanca hasta su dimisión en agosto de 2017.


Pero en realidad esa dimisión fue el momento de despegue para un Bannon que ha sabido leer y aprovechar muy bien el momento gramsciano donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Un momento histórico de crisis terminal del capitalismo en un mundo multipolar donde el proyecto de globalización neoliberal de las élites económicas ha entrado en crisis, y donde surgen, en ese claroscuro, los monstruos.


Hasta entonces, Bannon había comenzado a testear algunas ideas mediante Cambridge Analytics, la consultora que succionó datos de 50 millones de usuarios de Facebook y los utilizó para manipular psicológicamente la elección que dio la victoria a Trump en Estados Unidos.


Pero es un año después, en agosto de 2018, que Bannon se reúne con Eduardo Bolsonaro, actualmente el diputado federal más votado de la historia de Brasil con casi 2 millones de sufragios, y acuerdan colaborar para llevar a su padre, Jair Messias Bolsonaro, a la presidencia de Brasil.


El resultado es por todos conocido, y Bolsonaro representa el triunfo de un monstruo de ultraderecha en el país más grande de América Latina.


De nuevo otra red social, como sucedió en EU, en este caso Whatsapp (propiedad también de Facebook), resultó determinante en la amplia ventaja que obtuvo Bolsonaro en la primera vuelta, y en el resultado final de la segunda, creando todo un ecosistema de fake news que se transmitían por el sistema de mensajería, y mediante la micro segmentación y el uso del big data, terminaron deconstruyendo la realidad política al mismo tiempo que construían una paralela en el imaginario de la población.


Tanto en Estados Unidos como en Brasil, el mensaje que se iba alentando era similar (con las especifidades propias de cada país): la lucha contra el marxismo cultural y la ideología de género, además de un discurso crítico con los medios de comunicación masivos parte del establishment (sean estos CNN o Globo), apelando a los miedos y aspiraciones de los sectores populares.
A partir de esta ideología de ultraderecha, de la experiencia en Breitbart y como forma de articular y expandir la Alt-right, Bannon creó The Movement (El Movimiento) y puso su mirada en una Europa donde por mucho tiempo el único partido de ultraderecha con músculo político era el Frente Nacional, de Marine Le Pen (que llegó a ganar unas elecciones europeas en Francia con el voto antiinmigrante de la clase obrera blanca).


The Movement nace en Bruselas, nada es casualidad, pues desde ahí opera su aliado Partido Popular Belga, y tiene su sede el Parlamento Europeo, el próximo objetivo de Bannon, quien intentará crear un grupo de euroescépticos y populistas de ultraderecha, tras las elecciones europeas de mayo de este año.


Los primeros que conformarán este Eurogrupo son los partidos de los primeros ministros de Italia, Matteo Salvini, y Hungría, Víktor Orban, así como el partido ultraderechista español Vox, cuyo contacto con Bannon es Rafael Bardají, ex asesor de la fundación FAES de José María Aznar. Vox acaba de obtener 10 por ciento de los votos en las elecciones en Andalucía (cuyo tamaño es similar al de Portugal), siendo decisivo para desbancar al PSOE y darle la presidencia al PP, y puede ser la gran sorpresa en las próximas elecciones europeas en España.


Pero, además, los tentáculos de The Movement ya tienen ramificaciones en Alemania (AfD), Austria (FPO), Polonia (PiS), Suecia (SD), Finlandia (Perussuomalaiset) o Reino Unido (Ukip).


El Eurogrupo que surja tras las elecciones de mayo podría ser el segundo más numeroso, con un programa radical de ultraderecha contra la migración, el islam y el feminismo, y en defensa de la seguridad y las fronteras.


Con este nuevo mapa político en la Unión Europea, junto con los Estados Unidos de Donald Trump y el Brasil de Bolsonaro, se conforma un trivotelleno de monstruos. Y detrás de estos monstruos, la figura de Steve Bannon crece, articulando una alternativa global de ultraderecha a la globalización neoliberal.
En nuestras manos está construir no sólo una resistencia a este movimiento, sino enfrentarlo con propuestas y alternativas a este mundo fragmentado y en crisis en que nos ha tocado vivir.


*Politólogo expecialista en América Latina

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Domingo, 20 Enero 2019 06:21

¿Un solo país?

¿Un solo país?

De un tiempo para acá,circula con intensidad el rumor de que el Kremlin alberga planes para formalizar la plena integración de Rusia y Bielorrusia, eufemismo con que se pretende tapar una posible absorción como parte de la Federación Rusa del pequeño vecino eslavo, el cual poco podría aportar en el plano económico –con una población que es menor que el número de habitantes de Moscú–, pero reviste gran valor estratégico al tener frontera con varios miembros de la OTAN.


Aunque desde los tiempos de Boris Yeltsin, cuando, alcoholizado y enfermo, se concibió como alternativa para mantenerlo en el poder, Rusia y Bielorrusia integran una suerte de confederación –que parece más un membrete y, eso sí, respeta la soberanía de cada uno de sus integrantes–, ahora se comenta que la idea es fundar un solo país.


En otras palabras, se habla de aprobar una nueva Constitución y, por supuesto, de despejar el camino para un presidente que no esté impedido –sin necesidad de repetir el grotesco enroque con su leal escudero en funciones de primer ministro– de seguir despachando desde el Kremlin, como después de 2024, según la Carta Magna vigente, no podría hacerlo Vladimir Putin.


Esta es la versión que impulsan quienes perderían su situación de privilegio con otro mandatario y procuran perpetuar en el poder a Putin. Pero también hay otro tipo de motivaciones para efectuar una nueva incorporación a la Federación Rusa, en este caso de las seis regiones que integran Bielorrusia, cuyo impacto sería equiparable a la anexión de Crimea hace cuatro años. De llevarse a cabo, comentan sus adeptos, Rusia podría instalar bases militares en la frontera misma con la OTAN, posibilidad que Bielorrusia rechaza hasta ahora.


Voceros oficiales de ambos países desmienten que vaya a producirse la fusión. Aleksandr Lukashenko, el gobernante de Bielorrusia, llegó a afirmar que la nación está preparada para afrontar las amenazas a su independencia que llegan desde Occidente y también desde Oriente, en alusión a Rusia.


Minsk, que saca provecho de coquetear por igual con Bruselas y Moscú, quiere seguir comprando gas natural ruso barato, por lo cual no debe descartarse que todos estos rumores sobre las intenciones rusas de expandirse no sean sino una carta más de presión del Kremlin en la mesa de negociaciones.

 

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El asesinato sistemático de líderes, sí lo hace el régimen

En este 2019, han recrudecido la persecución contra las organizaciones sociales y políticas, que critican y protestan contra el régimen. En atentados perpetrados en todos los rincones de Colombia siguen cayendo asesinados o quedando gravemente heridos, numerosos líderes y lideresas sociales; hasta conseguir el régimen, la terrible meta de matar un líder cada día.

El patrón que se repite, es idéntico, porque:


1- Matan a los líderes de organizaciones que protestan y se oponen al régimen.


2- Los autores materiales, mayoritariamente son sicarios pertenecientes a mafias y bandas.


3- Quien determina los crímenes, son las Agencias de inteligencia policiales y militares, quienes deciden, a quién eliminar cada día.


4- El móvil de los crímenes es el despojo de la tierra, limpiar un territorio de oponentes a proyectos mineros y petroleros, hidroeléctricos y de agronegocios; también para imponer erradicación forzada de cultivos de coca mediante fumigaciones de Glifosato.


En conclusión este plan sistemático de exterminio de la dirigencia popular, contiene 4 elementos básicos que se repiten: la misma clase de víctima, un victimario único, el mismo tipo de agente o autor material y un móvil de crimen similar. Por esto, estamos ante un nuevo Genocidio político que perpetra este régimen.
Hay que recordar que:


A) Hasta la década de los 80 del siglo pasado, el descabezamiento de las organizaciones populares lo hacían de forma abierta con las Fuerzas Armadas.


B) En los 90, masificaron los escuadrones narco paramilitares, llamados AUC para hacer esta tarea.


C) En la primera década de este siglo, la matanza de líderes y gente humilde del pueblo, la hizo el régimen a través de Operaciones Encubiertas, con ejecuciones extrajudiciales denominadas “Falsos Positivos”.


D) El actual Genocidio es “gota a gota”, uno a uno, pero sin detenerse cada día.


Esta última, es la Cuarta Modalidad de exterminio que persigue matar en la cuna, todas las expresiones de oposición organizada, para no dejarlas convertir en una poderosa fuerza política alternativa, que saque del poder a la vieja élite dominante en Colombia.


Arrecian el plan de exterminio de dirigentes populares


1) Luis Ángel Peña, asesinado a machetazos el 1 de enero. Era Fiscal de la Junta Comunal los Naranjos en La Macarena, Meta.


2) Gilberto Valencia, asesinado el 1 de enero en Suárez, Cauca. Participaba en procesos sociales y promovía el cumplimiento del Acuerdo de Paz a través de la música.
3) Wilmer Antonio Miranda, de 34 años, asesinado el 4 de enero. Era un campesino cocalero y líder de la sustitución de cultivos del municipio de Cajibío, donde se firmó un acuerdo colectivo para sustituir la coca con el Gobierno. Era miembro de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), de la Coccam y de Marcha Patriótica..


4) José Rafael Solano, 58 años, asesinado el 4 de enero. Era el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Jobo, en Zaragoza, Antioquia; a 15 minutos del casco urbano del municipio de El Bagre. Había acompañado el día anterior a su muerte, la recuperación de un cadáver en una finca en Zaragoza.


5) Wilson Pérez, de 34 años, asesinado el 5 de enero. Fue miembro activo de la Junta de acción comunal de la vereda Los Cedros en el corregimiento Astilleros, municipio de Hacarí. Estuvo cuatro años en el Comité de deportes, dos más en el de obras y hace casi tres años se unió al Movimiento por la Constituyente Popular (MCP), integró la Asociación Campesina del Catatumbo.


6) Maritza Isabel Quiroz, 59 años, asesinada el cinco de enero, por dos sicarios que llegaron a su casa, en la vereda de San Isidro, del corregimiento Bonda en Santa Marta, Magdalena. Hacia 14 años había llegado desplazada de la vereda de Bajo Camagual, en el municipio de Ciénaga, cuando su esposo fue asesinado por narco paramilitares. Hacia parte de la Autoridad Nacional de Afrocolombianos (ANAFRO), donde era reconocida por su liderazgo con mujeres afro, víctimas del conflicto. Fue delegada de su comunidad en la construcción del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) del PDET de la Sierra Nevada y el Perijá.


7) Miguel Antonio Gutiérrez, de 40 años, asesinado en su residencia, el 7 de enero. Era Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Victoria, en Cartagena del Chairá. Fue asesinado el 7 de enero.


8) Faiber Manquillo, de 30 años de edad, fue reportado como desaparecido desde el 26 de diciembre pasado. El cuerpo sin vida del este dirigente de Mercaderes, Cauca, fue localizado el 4 de enero en zona rural del Departamento de Nariño, a dos horas de su lugar de residencia.


9) Dima Parada, de 40 años, resultó gravemente herido en un ataque de sicarios, el 4 de enero. Es un dirigente de Hacarí, en Norte de Santander, presidente de ASOJUNTAS. En el Catatumbo es reconocido por ser líder del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), de la Coordinadora Nacional Agraria y del Congreso de los Pueblos.


10) Alfamir Castillo Bermúdez, en la noche del 11 de enero, fue atacada por dos sicarios que se movilizaban en una moto, cuando se desplazaba en una camioneta blindada, entre Palmira y Pradera, en el Valle del Cauca. Ella es la madre de Darbey Mosquera Castillo, una de las víctimas de ejecución extrajudicial o Falsos Positivos, perpetrados por el Batallón de Contra Guerrilla 57 del Ejército estatal. La señora Castillo es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, desde el 17 de octubre de 2012.


11) Leonardo Nastacuas Rodríguez, de 36 años, asesinado el 12 de enero, líder indígena el Resguardo de Cuascuabi del pueblo Awá, del municipio de Ricaurte, en Nariño. Sicarios llegaron hasta su casa donde lo ultimaron con varios disparos. Este año van asesinados dos integrantes de esta misma etnia.
No dejarse nublar los ojos por las “Cortinas de humo”


La respuesta desde el Estado, para tapar su omisión, autoría o complicidad de esta persecución política, es poner “cortinas de humo”, tergiversando la realidad, menospreciando la gravedad de los hechos y acusando a otros de ser los principales autores de esta matanza de líderes.


En declaraciones irresponsables, el jefe de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asegura que las víctimas asesinadas “no habían reportado amenazas”. Cuando es una obligación constitucional del Estado preservar la seguridad e integridad de los colombianos y por ende de la paz.


Para los familiares de las víctimas estas explicaciones no tienen credibilidad y, por el contrario, acusan al Gobierno de querer esconder lo que consideran como un exterminio sistemático, comparable con el Genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica.


En este sentido, viendo la gravedad del caso, es necesario y urgente que desde la sociedad colombiana, siga el rechazo a cualquier tipo de agresión y persecución del movimiento social, que siga las movilizaciones y el desarrollo de medidas propias de protección, para que la vida de estas comunidades y sus líderes no corran más riesgo; así mismo, se debe llevar ante la comunidad internacional estas denuncias, para que desde allí se dirijan investigaciones y se presiones medidas efectivas que detengan este Genocidio.

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Con licencia abierta y blindada para matar

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de los paramilitares que actúan con plena libertad en nuestra región.


El control paramilitar que siempre nuestra Comunidad de Paz ha denunciado públicamente, sigue avanzando con gran fuerza, abarcando todo el territorio, pero las autoridades no hacen nada para enfrentar y erradicar este fenómeno criminal que anula los derechos y las libertades de la población. Por el contrario, su pasividad, tolerancia y connivencia con el mismo, revela que hace parte de las políticas y estrategias oficiales.


Nuestra Comunidad de Paz siempre ha dejado en evidencia los avances que muestran los paramilitares en el corregimiento de San José de Apartadó y en sus veredas, antes con otros nombres y desde hace un tiempo con el de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), pero la respuesta rutinaria de las autoridades es que nuestra Comunidad de Paz se inventa los hechos o los infla. Desde Rito Alejo del Río (mediados de los años 90) hasta el presente, NEGAR TODO ha sido la actitud de las instituciones del Estado, empezando por la más directamente responsable: la fuerza pública. Con ello se han desprestigiado hasta el extremo, pues han ido confirmando cada vez más que sus verdades son mentiras y que su principal afán es tapar y camuflar la realidad real y tratar de venderle al país y al mundo una realidad falsa.


Las amenazas a nuestra Comunidad de Paz y a los pobladores de la zona no cesan. Los grupos paramilitares que patrullan las veredas obligan a los campesinos a trabajar para ellos, a pagar vacunas, a servirles de puntos de información. La población civil no tiene más opciones que someterse o si no lo hacen tienen que desplazarse o entrar a formar parte de las listas negras, de donde se eligen los candidatos al asesinato, crímenes que van convenciendo a los pobladores que ellos “hablan en serio” y que además gozan de inmunidad, pues están blindados frente a la justicia. La rutinaria matanza de líderes sociales en el país, como política generalizada, nos está demostrando que quienes ordenan los crímenes son inmunes a todo proceso judicial. Ya el gobierno y las cabezas de sus instituciones mantienen el discurso preparado para “lamentar los hechos y prometer que las cosas no se quedarán así, que el peso de la ley caerá sobre los victimarios”, pero la rutina nacional nos ha enseñado hasta la saciedad que se trata de un mero discurso tranquilizador sin incidencia alguna en la realidad.


Durante todo el año 2018 dejamos constancia de todos los atropellos, amenazas y sometimiento de la población civil al paramilitarismo. El afán de controlarlo todo fue como una avalancha que fue inundando todas las veredas ante la mirada pasiva y complaciente de sus “primos” y de las demás autoridades locales y regionales. La consigna frente a nuestra Comunidad siguió siendo que nuestra Comunidad de Paz debe desaparecer, consigna adicionada con amenazas y anuncios persistentes de muerte para varios de nuestros líderes e integrantes y con agresiones audaces como tomas de tierra e incursiones armadas con fines aterradores.


Los hechos de los cuales dejamos constancia hoy son los siguientes:


* Por información de pobladores de la zona, se supo que durante la fiesta de fin de año, hubo en el caserío de San José una gran concentración de paramilitares quienes eligieron ese sitio para sus festejos. Subieron en lujosas camionetas y en multitud de motocicletas por nadie requisadas y se encontraron con numerosos colegas paramilitares. Nos preguntamos por qué lo hicieron allí, estando el caserío tan militarizado, pues hay una base militar y un búnker de la policía, establecimientos cuya ubicación contradice las normas y jurisprudencias de la Corte Constitucional. Muchos pobladores civiles que fueron esa noche a visitar a sus parientes, quedaron extrañados de la gran concentración paramilitar.


* El jueves 10 de enero 2019, veinte paramilitares con camuflados y armas largas, al mando de alias “Majute”, llegaron a la vereda Mulatos Medio, donde se quedaron por varias horas junto a uno de los espacios privados de nuestra Comunidad de Paz.


* El sábado 12 de enero de 2019, cinco paramilitares armados y montando en mulas llegaron al punto conocido como Chontalito, de San José de Apartadó, donde permanecieron algunas horas.


* El miércoles 16 de enero de 2018, en horas de la tarde fue asesinado el joven DEIMER ÚSUGA HOLGUÍN, a escasos 300 metros de la Base Militar del corregimiento de San José de Apartado. El hecho ocurrió en el camino real que sube por el río El Mariano y conduce para las veredas El Mariano, La Linda, Cristalina, Miramar, buenos Aires, Buena Vista, Alto Bonito, Mulatos, Resbaloza, entre otras, el hecho fue exactamente en el punto donde el pasado 16 de noviembre de 2017 intentaron asesinar al joven JUAN DE A CRUZ GUZMAN, hechos atribuidos a los paramilitares, pues su afán por controlar a la población los lleva a perpetrar asesinatos selectivos para producir impactos sobre todo aquel que no se someta a sus intereses. El contexto es, evidentemente, toda la tolerancia y aquiescencia de la fuerza pública con la cual el paramilitarismo ha contado en la zona, ya durante varias décadas, en las cuales han consolidado su accionar y su estrategia, lo cual hace recaer la responsabilidad, de manera evidente, en el gobierno y sus instituciones militares y policiales. Nuestra Comunidad de Paz ha dejado centenares de constancias, clamando permanentemente para que esta absurda situación se termine, pero la única respuesta del Estado es luchar para que no denunciemos, para que cerremos los ojos y la boca y dejemos actuar a sus anchas al paramilitarismo. Ese es el sentido de la Acción de Tutela que la Brigada XVII ha colocado contra nuestra Comunidad, pero que no puede ser acatada porque viola derechos constitucionales y universales intocables y porque de acatarla ahí sí tendrían el campo libre para continuar arrasando con todos los derechos de la población y las bases de la dignidad humana.


* El jueves 17 de enero de 2019, nuestra Comunidad de Paz fue informada de una lista de 8 persona que tienen los paramilitares para asesinar, entre los cuales estaba el joven asesinado el día anterior, Deimer Usuga Holguin. Entre los otros siete que están en la lista, algunos son miembros de nuestra Comunidad de Paz y el resto son pobladores de la zona. Responsabilizamos al Gobierno y a sus instituciones militares por lo que pueda pasarle a los miembros de nuestra Comunidad de Paz y/o a otros pobladores de la zona, pues ya se escuchan nombres de personas que asesinarán y bien lo tiene sabido El Estado, pues la situación que se vive en nuestro territorio es dramática y el Estado no ha querido hacer nada para enfrentarla. En el mismo corregimiento de San José de Apartadó se corren los rumores de una serie de panfletos que circulan los mismos paramilitares desde El Municipio de San José de Uré Córdoba con amenazas de muerte y sometimiento a la población civil si no se acoge a sus ideas perversas.


La Juez Segunda Promiscua de Apartadó se ha propuesto amordazar nuestras constancias públicas presionada por los militares, pero razón tuvimos desde hace ya muchos años, cuando descubrimos que el aparato judicial estaba hundido en la corrupción y sólo producía impunidad para un lado y arbitrariedad para el otro, algo tan opuesto a la mínima ética que debe inspirar el ejercicio de la justicia, que decidimos no relacionarnos más con ese aparato para poder salvar nuestra rectitud de conciencia, mientras hemos seguido clamando a las altas Cortes para que corrija tan perversos caminos y limpie los expedientes de tanta podredumbre, pero no han querido hacer caso.


Es un hecho de completa evidencia que nuestro territorio lo dominan los paramilitares y que la fuerza pública que está ahí, lo permite. Nos preguntamos ¿por qué un corregimiento tan militarizado es controlado por los paramilitares? Y lo más terrible: están matando al campesino a pocos metros de esas bases militares. ¿Hasta cuándo el gobierno va a permitir que el campesino siga siendo oprimido por el paramilitarismo? ¿Cómo es posible que un corregimiento donde hay una base miliar grande y una estación de policía con muchos hombres, los paramilitares ejerzan allí su control, vivan a sus anchas, se reúnan para hacer allí sus grandes fiestas, sin que nadie lo impida, y que además cobren impuestos ilegales, impongan sus normas, asesinen, amenacen, circulen listas de condenados a muerte y las vayan ejecutando y el gobierno siega fingiendo que es sordo y ciego?


Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo peor.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Enero 18 de 2019

 

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Viernes, 18 Enero 2019 06:32

Horizonte de vanguardias

Horizonte de vanguardias

Esta reflexión procura abordar el tema de los chalecos amarillos y el movimiento feminista en términos de vanguardias políticas como no se veían en décadas. La idea de que algo acaba de terminar sin que se advierta lo que está empezando es la clave de las incertidumbres que descorren los telones de la Historia. 

 

Por eso la mezcla ideológica que se percibe en las manifestaciones de Francia es potente e inquieta a los desprevenidos: hay “fachos” y ultraizquierdistas y también simples trabajadores entre los franceses que protestan … ¿Contra Macron? No sólo contra Macron sino, y sobre todo, contra el sistema, contra la “bancarización” de la política, contra la desnaturalización de la social democracia, contra las desigualdades sociales y tributarias e inclusive contra el funcionamiento formal de las actuales instituciones.


Hoy, la democracia liberal –con unos doscientos años de existencia– ya no parece responder a los mecanismos de representatividad que constituyen su naturaleza de origen: los representantes que legislan apenas nos representan cabalmente o, directamente, no lo hacen porque en su mayoría responden a los hilos del capitalismo tardío y a sus capitanes concentrados, por lo tanto no sería riesgoso decir que lo legal se está volviendo ilegítimo. Y sospecho que es ilegítimo todo aquello que no corresponde a una necesidad soberana.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre?


Las mujeres no dudan en salir a la calle para demandar la igualdad que siempre les fue negada, sobre todo por el poder de un patriarcado muy propio del capitalismo triunfante en la era moderna. En ese sentido, ellas son el verdadero “proletariado” de la Historia, han puesto el cuerpo y lo siguen poniendo simbólica y materialmente y lo hacen de manera tanto individual como colectiva.


Lo peculiar de estos dos imponentes movimientos es que no muestran líderes políticos ni partidos reconocibles, sino que son grandes oleadas en procura de una forma que sólo parece buscarse fuera del sistema para no acordar con él y es esto precisamente lo novedoso. Al principio se creía que los chalecos amarillos sólo reclamaban por el tema puntual del combustible para los vehículos.


Ahora se huele algo más inquietante y perturbador, algo también más épico y ese algo es la insurgencia, palabra que las clases medias (por lo regular burguesas y aspiracionales) no digieren con facilidad. Es además evidente que el feminismo como fuerza de choque va más allá de las discusiones sobre el aborto legal y la violencia de género sino que sacude los estamentos destinados a la mujer en el orden social consagrado. Y es esto precisamente, lo que “vanguardiza” y radicaliza al movimiento que, de la demanda puntual, trepa a las exigencias de un nuevo orden. Los chalecos amarillos, por su lado, no sólo quieren que Macron ablande sus políticas conservadoras, en realidad quieren que se vaya, sin más.
La crisis de la democracia liberal no sólo se observa en la débil representatividad que hoy muestra sino también en su capacidad para llevar al gobierno agentes francamente adversos a los intereses genuinos de los propios votantes, impulsados estos por las prédicas propagandística de los medios de comunicación ligados a los grandes capitales, sobre todo transnacionales. Por otro lado, y simultáneamente, una determinada elite del Poder Judicial opera a favor de los grupos políticos familiares a sus intereses y naturalmente en contra de aquellos llamados populistas o de izquierda.


Es interesante la operación de persistencia en la construcción de consignas etiquetadas que recortan la realidad atribuyendo y distribuyendo culpas, delitos o crímenes a quienes –y entre quienes– se sospecha o se sabe que no acompañarán a las minorías económicas hiperpoderosas, aplicando la técnica del infundio de manera reiterada, sin que importe en absoluto que haya o no pruebas verificables en un sentido o en otro.


Las concentraciones capitalistas apoyadas en las tecnologías comunicacionales más avanzadas quieren suponer que la política –una forma proactiva del humanismo– se hunde en el pasado. El gran capitalismo cree en la robotización sistemática y en la progresiva eliminación de la mano de obra humana, camino posible pero no todavía mayoritario. Los hombres y mujeres no alineados en esas creencias descalificadoras del trabajo, reaccionan. El análisis debe partir de ahí. Debe partir de las crisis del humanismo y de la falta de herramientas teóricas y prácticas para controlar, eventualmente, la aniquilación de la presencia humana en el ámbito de la producción. La hipótesis facilista de que habrá tiempo libre de sobra para desarrollar otras actividades que compensen la desocupación no sólo es fantasiosa sino de una frivolidad aplastante e irresponsable.


La sospecha central –retomando el eje temático de esta reflexión– es que ambos movimientos, feministas y chalecos amarillos, se tocan en algún punto tangencial: ambos, como ya dijimos, carecen de una filiciación política programática o partidista reconocible y también carecen de líderes definidos (por lo menos hasta ahora).


Sería apresurado asegurar que estas dos insurgencias se dearrollarán sin pausa hasta cambiar la realidad actual, pero no es insensato reconocerles un papel radical alentado por una furia combativa y disruptiva que ya no parece plegarse a la farsa del diálogo componedor, ni mucho menos a los autoritarismos “simpáticos” con que el neoliberalismo democrático enmascara su creciente embestida conformista.


Desde luego, el propósito derechizante conservador (no sé cómo llamarlo de otro modo) es de una gravedad incalculable porque la política es sinónimo de civilización y expresión cabal de la cultura convivencial ligada, precisamente, a la “polis”, a la ciudad, a la plataforma habitacional interactiva que dio lugar a la formación del pensamiento occidental en todas sus dimensiones.


Tal vez por eso, atentar contra la política es –para utilizar una marca platónica– empujar nuestra forma de ser esencial hasta los bordes de un abismo desconocido.


Al preguntarnos de qué modo y por qué está pasando esto, valdría la pena tener en cuenta que la propaganda mediática de los últimos treinta años ha ido convenciendo a los consumidores de información a adoptar una actitud individualista ligada a la noción de libertad personal (construcción meritocrática de un individualismo aislante) al margen en lo posible de la ingerencia del Estado.

Esta prédica tiende a destruir la política ya que la política entorpece la facilidad de los negocios y dificulta la velocidad de los mismos.


Nadie parece tomar en cuenta, ni recordar, de qué modo (cuantioso) fueron engañados millones de ciudadanos llevados a invertir sus ahorros en negocios imposibles por fraudulentos asesores financieros tanto en EE.UU. como en Europa y cómo, hundidos en la miseria, cuando estalló la crisis de 2008 tuvieron que ver cómo los Estados salvaron a los bancos de la ruina, y apenas condenaron con cárcel y multas a un puñado de responsables poderosos mientras ellos vivían sin trabajo, sin techo y sin ahorros.


Insisto en un punto difícil ¿Qué es hoy la democracia liberal representativa sino una dudosa plataforma de cálculos, estadísticas y oportunidades de negocios entre sectores públicos y privados? ¿Qué es hoy el Poder Judicial sino un sistema colegiado –directo heredero de la monarquía en la república– favorecido por privilegios económicos inamovibles y ocupado, sobre todo en los países terceros, de judicializar la política?


Para ir terminando, se diría que estamos asistiendo a uno de esos singulares momentos de la Historia en los que se dan numerosas –e inesperadas– condiciones para que se produzcan cambios más bien irreversibles y, en gran medida, de resultados desconocidos.


Si nos dejáramos llevar por una fantasía apocalítica cuyos componentes ficcionales se reconocieran en una confrontación de personas en procura de una libertad distinta y del otro lado dispositivos de inteligencia artificial cada vez más complejos, estaríamos asistiendo a una de las últimas asonadas del humanismo desplazado contra la tecnología reinante. Por ahora, sólo se trata quizás de una “ficción realista” donde una de las preguntas capitales podría ser ¿tiene límites la inteligencia artificial? Por ahora –una vez más– la preocupación orientadora sigue siendo la lucha contra la desigualdad, por la certeza de la alimentación y el pleno ejercicio de la libertad en medio de la vida política. Las mujeres, principalmente, y seguramente los chalecos amarillos se mueven en esa dirección.

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¿Regresa el sujeto histórico con los chalecos amarillos?

Si alguien me preguntara el significado de la política, diría que se refiere a la disputa por el poder; es decir, la política es agonista, incluso antagonista. Y si esto es así, la política lo que debe cuestionar es el equilibrio de poder entre los diferentes intereses de clase. Como Marx reconoció, el propósito subyacente de las instituciones sociales, políticas, económicas e incluso legales de la sociedad capitalista es preservar el monopolio del poder que goza la clase propietaria del capital. Y, en consecuencia, cualquier intento de desafiar ese monopolio, en cualquier esfera, será contrarrestado, como lo están experimentando actualmente los chalecos amarillos en las calles de París.

Señalo esto porque la naturaleza de la política parece haber cambiado radicalmente en las últimas dos décadas. Me atrevo a decir que la política se ha vuelto más bien apolítica. Hoy se preocupa más por aliviar los excesos del capitalismo que desafiar al sistema en sí. Las protestas contra el capitalismo global que marcaron el fin del siglo se han convertido en una tregua no incómoda, a medida que han surgido nuevos actores “transnacionales” para llenar y “despolitizar” el espacio radical anteriormente ocupado por la clase obrera. Estos nuevos actores comprenden una serie de ‘Movimientos de Justicia Social Global’ (‘GSJM’) y ‘Organizaciones No Gubernamentales’ (‘ONG’) que imponen su agenda a una sociedad civil incipiente en todo el mundo.


Si bien el rango de sus intereses particularistas es vasto, en general están relacionados con el rechazo a una política independiente de la clase trabajadora. Estos movimientos tienden a ser manejados por personal de clase media occidental [1] y que muy a menudo son financiados, directa o indirectamente, por intereses corporativos occidentales [2], evitan las demandas de la política de clase, proponiendo, en cambio, un agenda “individualista” porque esta acción ejercería una autoridad moral superior. A los ojos de estos nuevos actores globales, la política “colectiva”, con sus demandas de representación, constitución e incluso democracia, son artefactos desacreditados de un sistema, que debe ser reemplazado por una forma más moral de gobierno global.


La rápida multiplicación de estos actores globales, conocedores de los medios de comunicación, que actúan de manera muy parecida a los cabilderos, al negociar concesiones en las cumbres capitalistas, no es simplemente una manifestación cruda de un capitalismo global expandido. No es extraño, entonces, que el Banco Mundial involucre a las ONG en sus programas para promover el “desarrollo en el tercer mundo”. También tienen una justificación filosófica para apuntalar el surgimiento de estos movimientos pospolíticos y la consiguiente sustitución del sujeto colectivo centrado en la política de clase por un socio “apolítico” más complaciente.


Mientras los neoconservadores se han empeñado en hacer retroceder al Estado (acogiendo la influyente obra del filósofo neoliberal John Rawls, que anunció la primacía del individuo autónomo [3]) lo que parece más sorprendente es que los nuevos socios del capitalismo global son, en gran medida, una creación de la izquierda.


Fue el abrazo de la izquierda del pensamiento posmoderno con su despreciación de las narraciones históricas lo que ha llevado al abandono de la clase obrera como sujeto histórico o, en términos marxistas, cuando la clase trabajadora se emancipa debe a la vez liberar al conjunto de la sociedad de la opresión de las clases dominantes.


Un corolario de esta supuesta evolución moral en la ‘política’ trans-global, es la depreciación de los objetivos políticos conquistados por el trabajo organizado y sus imperativos asociados de solidaridad y comunidad: términos que están notablemente ausentes de los nuevos movimientos ‘corporativos’ y su léxico moral.


De hecho, la difamación de la clase trabajadora, convertido en un meme cultural desde los años 80, ha demostrado ser una ayuda inestimable para el nacimiento de esta nueva élite apolítica. La otra anatema posmoderna es que la clase trabajadora es irresponsable. Deslegitimar las demandas de la clase trabajadora calificándola como codiciosa y egoísta, ha sido relativamente fácil para los medios capitalistas. Lo que ahora se promociona, por estos medios, es un pluralismo de intereses sociales y culturales, ninguno de los cuales tiene el poder político, ni la voluntad de desafiar el status quo.


El geógrafo urbano, Mike Davis, discute la revolución de las ONG bajo el título “Imperialismo suave”, y considera que es responsable de ”hegemonizar el espacio tradicionalmente ocupado por la izquierda” y “desradicalizar los movimientos sociales urbanos“. El activista de la vivienda, PK Das sostiene que el objetivo de tales movimientos es “subvertir, desinformar y desidealizar a las personas para mantenerlas alejadas de la lucha de clases. Al mismo tiempo que alienta la gente a pedir “favores por motivos compasivos y humanos, en lugar de hacer que los oprimidos sean conscientes de sus derechos“. [4] David Chandler describe a estos actores políticos como “antipolíticos y elitistas” [5]. Para Chandler “sus acciones replican a sus antepasados misioneros: aplacar a los nativos y despejar el terreno para la expansión de la explotación”.


Sin embargo, una breve mirada a las políticas progresistas de los años 70 demuestra que el consumismo compensatorio lanzado por los gobiernos neoconservadores, en los desregulados años 80, que ha llevado a niveles de deuda privada sin precedentes, fue la antítesis a los proyectos socialistas surgidos una década antes, cuando los trabajadores habían tratado de fundar una sociedad alternativa más allá de un capitalismo destructivo y derrochador.


Un análisis más preciso de esos años de disputa no es que los programas de izquierda se agotaron, sino que sus políticas nunca se implementaron. Ciertamente, en el Reino Unido, los trabajadores en huelga fueron engañados por sus propios representantes, tanto dentro como fuera del gobierno, pero también por el propio sistema político, que utilizó medios antidemocráticos para bloquear la implementación de un cambio, necesario, irrevocable y fundamental del sistema económico. Lo que unió todas las fuerzas de la reacción contra los trabajadores fue la demanda de una democracia más directa y la participación en el proceso político y económico, porque este era un desafío inaceptable, tanto para el control capitalista como para el clientelismo burgués.


Lo que ahora parece ser la ética gobernante que determina la política “izquierdista” es un cambio cultural que ha pasado de luchar por el cambio del capitalismo a aceptarlo sin cambios reales. Por lo tanto, parece oportuno reflexionar sobre la era anterior, no hace mucho tiempo, cuando una política de contestación dominaba el espacio público y estar “a la izquierda” era una postura socialista, indiscutiblemente vinculada con las demandas de la clase trabajadora y la construcción de una nueva sociedad.


En el Reino Unido, en la década de 1970, las huelgas, las sentadas y las ocupaciones de fábricas eran eventos comunes. Hombres grises enojados, acurrucados alrededor de los braseros, eran las noticias de la noche y todos parecían estar atrapados en un debate sobre el futuro económico y político del país. Cuando Ted Heath, el primer ministro del gobierno Tory en el poder, convocó una elección en 1975, (después de declarar 5 estados de emergencia), preguntó a la gente “¿Quién gobierna Gran Bretaña?”, el electorado respondió con decisión que no era él y le devolvió el gobierno al partido laborista.


Fue, de hecho, un momento de cambio. Y hubo un sentido real que un cambio fundamental era posible. Esto parece increíble ahora en una era que los reality shows son lo más destacado de la televisión del sábado por la noche. Que la silla usualmente ocupada hoy por los tipos Hollywood hubieran albergado al carismático dirigente comunista, Jimmy Reid, para promover los intereses de la gente común parece ahora bastante extraordinario. Pero así fue.


Lo que no es tan sorprendente, es que los medios de comunicación de ese tiempo hayan apodado “el invierno del descontento” una época en que el país estaba al borde del colapso económico. [6] Ansiosos por impulsar a Margaret Thatcher en la escena política como la gran gurú neoliberal, la prensa conservadora denigró a los trabajadores en huelga y presentó sus demandas como codiciosas y egoístas.


Sin embargo, lo que los trabajadores estaban pidiendo principalmente no era dinero, era poder y más participación en el proceso productivo. [7] Dado que muchas industrias manufactureras se están cerrando, debido a una combinación de mala gestión y falta de inversión, a pesar de los considerables subsidios del gobierno, los trabajadores podrían avizorar un camino a través de la producción de bienes socialmente útiles, tales como máquinas de diálisis y sistemas de calefacción eficientes para jubilados


En sus demandas de mayor participación, los trabajadores, a través de los Consejos de Trabajadores, presentaron estrategias industriales que reconocieron la importancia de la diversificación, los bienes sociales, la energía verde, las limitaciones ambientales, la cooperación y la responsabilidad de los trabajadores. En ‘Socialism and the Environment’, publicado en 1972 [8], varios años antes de la aparición de ‘Green Politics’, se reconoció la conexión entre la expropiación del medio ambiente y la del trabajador, así como la necesidad de poner fin al consumismo destructivo y derrochador que contaminaba el planeta y amenazaba con hacerlo inhabitable.


Para los jóvenes de hoy, la pasividad de los “apolíticos” en lugar de la contestación rebelde es la norma. Después de divisiones de clase, que promovió el poder en la década de 1970, el sistema las ha institucionalizado y empaquetado con trayectorias profesionales para “clases medias solidarias” o han pasado a ser exigencias del mercado, fuera del alcance del gobierno, ya que gran parte lo que la sociedad civil fue en ese momento, ha sido destruida o privatizado.


Margaret Thatcher es recordada por su papel en la desregulación del sector financiero y la venta de activos estatales y viviendas sociales, en un intento por crear una clase media expandida, pero su principal objetivo siempre fue la destrucción de la mano de obra organizada que reconoció como el principal desafío al monopolio capitalista.


Como víctimas del culto al individualismo que comenzó a estrangular a la sociedad en la década de los ochenta (y del “cuidado del consumidor”) hoy es muy difícil para cualquier persona que crece en el capitalismo postindustrial apreciar que hace muy poco tiempo los trabajadores llamaban a la solidaridad, a la justicia, la cooperación y a una nueva visión de la capacidad productiva en torno a un debate por la democracia en la industria, razón por la cual hubo una organizada oposición por parte de los intereses corporativos, los medios de comunicación, la administración pública y de los servicios de seguridad.


Los temores que la mano de obra organizada fuera capaz de efectuar un cambio histórico eran reales. Y la única manera de terminar con ese desafío y asegurar su monopolio era destruir el poder colectivo de la clase trabajadora utilizando todos los medios posibles.


Estructuralmente, eso significaba domeñar a los sindicatos y erradicar aquellos elementos de la sociedad civil que inculcaban nociones de comunidad y solidaridad. Culturalmente, significaba efectuar un cambio radical en la percepción que la sociedad tenía de la clase trabajadora. Se impuso un visión tan negativa y dominante que pocos, independientemente de sus circunstancias económicas, desearon ser identificados con las ideas y valores de la clase trabajadora.


Caricaturizados por medios implacables y reaccionarios, ser integrante de la clase trabajadora pronto se convirtió en sinónimo de ser parte de una “casta de privilegiados” o un “scrounger”. También se les imputó tener puntos de vista racistas y sexistas y, con la etiqueta “subclase salvaje” los jóvenes trabajadores fueron eliminados de toda influencia en la política.


Con el retiro del estado y la promoción del mantra neoconservador de “responsabilidad individual”, se hizo fácil presentar la pobreza y el desempleo como fallas personales. De este modo, se aseguró que las etiquetas ‘irresponsable’ y “no aspiracional” se impusieran, logrando en la práctica hacer desaparecer a los trabajadores de la escena política.


En “La clase social en el siglo 21” de Mike Savage, publicado en 2015, se da a conocer los resultados de la mayor encuesta de clase jamás realizado en el Reino Unido. Un dato importante es que con 161.000 participantes, no respondió ni un solo limpiador o trabajador en los servicios elementales’. [9] De esta manera Savage reconoce que hay “patrones reveladores” en los resultados de la encuesta, particularmente porque hubo una “excesiva representación de hombres de negocios y profesionales de las finanzas”, y que las respuestas recibidas de los CEOs son más de 20 veces del número esperado.


Desafortunadamente, él no explica cuál es “la proporción de encuestados que no creen pertenecer a una clase en una jerarquía de clases que desciende“. Solo una cuarta parte del “precariado” reconocen su estado de clase baja. Mientras esto ocurre con el precariado, la mitad de la élite está orgullosa que pertenecen a su “clase”.


Savage sugiere que esta es una ”inversión fascinante de la tesis de Marx. A saber; la conciencia de clase crece entre los proletarios, porque no tienen nada que perder, sino sus cadenas. ”Al contrario, dice Savage; ”de hecho, los que están al final son los que menos piensan que pertenecen a la clase trabajadora”. [10]


Aparte del hecho obvio que lo que la gente piensa y lo que dice es a menudo muy diferente, hay que decir que nadie quiere ser parte del equipo perdedor; por tanto no hay ninguna milagrosa inversión de la tesis de Marx con esta encuesta.


Una mejor explicación del porqué el proletariado no rompe sus cadenas es qué hay pocas posibilidades de perderlas en un momento en que su encarcelamiento se ha normalizado, es decir, despolitizado. En este momento, todo lo que se logra es recordarle su lamentable estado de olvido. La observación de Lenin sobre la “esclavitud cultural” de la clase trabajadora parece más cierta que nunca. [11]


El trabajo de Savage también es instructivo pues pone en evidencia la vulnerabilidad social de las clases medias y cómo la propia palabra clase ha adquirido un significado cultural: un significante de valor moral e intelectual. Sin embargo, la división de la encuesta en 7 divisiones de clase separadas oculta un panorama más amplio de ganadores y perdedores, dejando a la vista la actual incapacidad dramática de una respuesta social organizada.


Un análisis menos confuso de esa tendencia es quizás provisto por la simple distinción social hecha por Thorstein Veblen en “Los intereses adquiridos y el hombre común”. En el estudio de Veblen, el grupo de “Interés adquirido” de la clase capitalista tiene ”un margen relativamente estrecho de ganancia neta”. Pero a cambio de ese beneficio moderado, afirma Veblen, se “manipulan los sentimientos y las aspiraciones” para aumentar las ganancias.


En todo caso, en un momento en que el capital social y cultural ha alcanzado nuevos niveles de valor de cambio (tras la colonización del capitalismo en la esfera cultural) el análisis de Veblen es esclarecedor. Porque, en la era del capitalismo transnacional y la expansión de los movimientos sociales y culturales apolíticos que la acompaña, hay muchos más márgenes de ganancia.


El abandono de la clase obrera como sujeto histórico generalmente se remonta al surgimiento del pensamiento posmarxiano / posmodernista en Francia en los años 70, con su negación de las narrativas históricas de carácter general. El trabajo que ha proporcionado autoridad moral y política para ese abandono del marxismo es “Hegemonía y estrategia socialista: hacia una política democrática radical”, de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, publicado en 1985.


En ese texto post-marxista, Mouffe y Laclau argumentan que la clase trabajadora ya no es el sujeto histórico, esencialmente porque no existe un sujeto histórico y, por lo tanto, no se le atribuye ningún privilegio ontológico como una fuerza histórica efectiva contra el capitalismo. En cambio, sugieren que una gama de grupos de interés social (por ejemplo, feminismo, antirracismo, ambientalismo, etc.) pueden, a través de un liderazgo “moral e intelectual”, (en oposición a un mero liderazgo “político”) combinarse para lograr tal reto.


Los trabajadores siguen siendo importantes en esa amalgama de grupos de interés, pero solo a través de su experiencia concreta y vivida, y no debido a la historicidad de su posición. Es en esta nueva ‘unidad de un conjunto de sectores’ que una ‘relación estructuralmente nueva, diferente de las relaciones de clase, debe ser forjada. Y tal conjunto, afirman, se logrará con una “democracia radical”. [12]


Esto es lo que Mouffe y Laclau llaman la “transición decisiva” del plano político al moral / intelectual y es donde tiene lugar un nuevo concepto de hegemonía “más allá de las alianzas de clase”. La razón por la que se piensa que es necesario alejarse de lo político es porque ellos perciben la necesidad que un conjunto de ideas y valores deben ser compartidos por diversos de sectores: “que ciertas posiciones de los sujetos atraviesan una serie de sectores de clase.”


Para Mouffe y Laclau sólo abandonando una política de clase inadecuada y que tenga una “coincidencia coyuntural de intereses”, se podrá establecer un nuevo movimiento singular. Parte del razonamiento es la suposición de que la clase trabajadora no puede pensar por el resto de la sociedad: que no puede ir más allá de la “defensa estrecha de sus intereses corporativos”. [13] Sin embargo, la historia no lo confirma.


Como se vio anteriormente, en los años 70 en el Reino Unido: una época en que el poder de la clase trabajadora estaba creciendo, fue una época muy ilustrada. Se aprobaron resoluciones antirracistas y antisexistas y también hubo una legislación progresiva que protegía los derechos de los homosexuales, legalizaba el aborto y facilitaba el divorcio. Los trabajadores se declararon en huelga para exigir más dinero para los jubilados. De hecho, es difícil pensar en un área de la vida social que no se consideraba parte del plan socialista de transformación.


Reflexionando sobre el hecho de que estudiantes e inmigrantes, así como los trabajadores participaron en las huelgas masivas que se desataron en Francia en 1968, Mouffe sugiere que “una vez que se rechaza la concepción de la clase trabajadora como una clase universal, es posible reconocer la pluralidad de los antagonismos que tienen lugar en el campo de lo que se agrupa arbitrariamente bajo la etiqueta de “luchas de los trabajadores“. [14] Sin embargo, ¿qué es exactamente “arbitrario” sobre esta etiqueta? y, ¿qué beneficio se deriva abandonarla en favor de una pluralidad de etiquetas diferentes que no tienen importancia política en el contexto de una lucha obrera? En realidad, la disolución de la solidez de la clase obrera en una multitud de antagonismos parece encaminada a destruir la solidaridad; También parece un suicidio político.


En la famosa huelga de Grunwick en 1976, iniciada por mujeres asiáticas no sindicalizadas que trabajaban por una miseria en condiciones extremadamente pobres, los trabajadores enviaron un poderoso mensaje de solidaridad acusando al gobierno laborista en el poder. Los problemas de etnicidad y género desaparecieron mientras se realizaba la mayor movilización de solidaridad obrera jamás vista en el Reino Unido y más de 20,000 trabajadores se presentaron en la línea de piquete para apoyar a los huelguistas. La huelga incluso fue internacional: participaron los trabajadores de los Puertos en Bélgica, Francia y los Países Bajos, boicoteando los productos de Grunwick.


Fue precisamente la solidaridad generalizada del movimiento lo que aterrorizó al gobierno, ya que lo que entonces se hizo evidente fue que la solidaridad de los trabajadores podía transformar la sociedad, por lo que el gobierno recurrió a la vigilancia policial para romper la huelga (la misma táctica que haría el gobierno de Thatcher un par de años más tarde contra los mineros.)


Por otra parte Mouffe afirma que el pluralismo solo puede ser radical si no existe un “principio de fundamento positivo y unitario”. Pero es difícil actuar como una fuerza unificadora en las luchas anticapitalistas si la lucha común olvida la explotación. ¿A quienes podían haber llamado las huelguistas recién llegadas del este de África, si no a sus compañeros trabajadores explotados? ¿Y qué tan efectivas habrían sido sus acciones en ausencia de esa solidaridad?


En su intento por justificar este dramático cambio de la política de clase y de los intereses históricos de la clase trabajadora, Mouffe y Laclau se basan en la noción de Gramsci de la “voluntad colectiva”. El consideraba que un movimiento nacional y popular debería ser capaz de expresar los intereses compartidos de las masas, y también debería reconocer la importancia de un liderazgo moral e intelectual.


Sin embargo, con respecto a estos dos aspectos de su estrategia política, el pensamiento de Gramsci se basa en la historicidad de la clase trabajadora. Porque si bien reconoce la necesidad de alianzas (no ve a la clase trabajadora resistiendo en solitario) sí la reconoce como la fuerza dirigente. El punto central de una voluntad colectiva es que se requiere una voluntad única, enfocada, y no una variedad dispar de tácticas y objetivos.


De hecho, Gramsci opinó que lo que había bloqueado la formación de tal voluntad en el pasado era una serie de grupos sociales específicos. ”Toda la historia, desde 1815 en adelante, muestra los esfuerzos de las clases tradicionales para prevenir la formación de una voluntad colectiva de este tipo y para mantener el poder ‘económico-corporativo’ en un sistema internacional de equilibrio pasivo“. [15]


El hecho de que Gramsci Identificara la necesidad de un liderazgo moral e intelectual en la formación de tal voluntad no significa que pierda su base política / económica. Por el contrario, es evidente que Gramsci proponía un movimiento liderado por un partido basado en la política. [16] También afirmaba que las políticas morales e intelectuales no son nada sin un cambio estructural: “La reforma intelectual y moral debe vincularse con un programa de reforma económica; de hecho, el programa de reforma económica es precisamente la forma concreta en que la reforma moral se presenta”. [17]


Al elevar un liderazgo moral espureo por encima de la política de clase, se ha creado una plataforma para una pluralidad abierta de causas apolíticas. El efecto ha sido despolitizar radicalmente la democracia al eliminar las cuestiones definitorias de la contestación de la clase trabajadora. Si bien Mouffe sugiere que una identidad muy fragmentada y separada de estos “antagonismos” específicos produce una ”profunda concepción pluralista de la democracia“, la realidad ha sido todo lo contrario.


Como señala Ellen Meiksins Wood en “La democracia como ideología del imperio”, es precisamente la desaparición de las relaciones de clase definidas políticamente lo que hace que esta versión de democracia “des-socializada” sea tan atractiva para el capitalismo global. Porque, al poner las preocupaciones sociales y políticas anteriores de la política de clase más allá del alcance de la responsabilidad democrática, la política se subordina fácilmente al mercado. [18]


Claus Offe también reconoce que el ”proyecto neoconservador de aislar lo político de lo no político” se basa en una redefinición restrictiva de lo que puede y debe considerarse político, lo que permite a los gobiernos eliminar las demandas sociales problemáticas de sus agendas. Al mismo tiempo, observa que el surgimiento de nuevos movimientos sociales, que operan en esferas de acción no políticas, sirve para justificar esa despolitización.


La protesta de los chalecos amarillos es una respuesta a una versión de democracia cada vez más “desocializada” y al poder de las élites, que solo ha aumentado bajo Macron. Lo que comenzó como una protesta contra el aumento del impuesto sobre el combustible es ahora mucho más. Alentados por la solidaridad generalizada, los trabajadores exigen el fin del elitismo y la corrupción del gobierno y notifican que la clase trabajadora NO quiere migajas.


¿El derrocamiento de Macron, el fin de la corrupción política, una nueva república, el surgimiento de un nuevo partido político de la clase obrera? Es imposible pronosticar cómo terminará la protesta. El movimiento no habría durado tanto si no hubiera sido por la solidaridad generalizada que los trabajadores han demostrado. La solidaridad se basa en el amor a la justicia, que es la sangre vital de la política de la clase trabajadora y, por lo tanto, hasta que se termine la injusticia, la disputa debe continuar. Porque, como reconoció el padre de la filosofía política, ”siempre son los más débiles quienes buscan la igualdad y la justicia, mientras que los más fuertes no les prestan atención“. [19)

 

Por Susan Roberts
Krítika

 

Notas
[1] Claus Offe, Nuevos movimientos sociales: desafiando los límites de la política institucional, investigación social 52: 4 (1985: invierno) 832

[2] James Heartfield, La Unión Europea y el fin de la política (Zero Books: Winchester 2013) 117

[3] John Rawls, Una teoría de la justicia (Oxford University Press: Oxford, 1972)

[4] PK Das, ‘ Manifiesto de un activista de la vivienda’ citado en Planet of Slums de Mike Davis, (Verso: Londres, 2006)

[5] David Chandler, Deconstruyendo la soberanía en la construcción de una sociedad civil global en Politics Without Sovereignty, (UCL Press: Londres 2007) 150

[6] John Medhurst, esa opción ya no existe – Gran Bretaña 1974-76, (Zero Books: Winchester, 2014)

[7] Intervención estatal en la industria: una investigación de los trabajadores (Russell Press Ltd .: Nottingham, 1980)

[8] Ken Coates, Socialismo y medio ambiente , (Portavoz: Nottingham, 1972)

[9] Mike Savage, clase social en la 21 st Century , (Pelican: Random House, 2012) 11

[10] Ibid., 367.

[11] VI Lenin Collected Works , vol. 27, (Moscú, 1965) 464

[12] Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, Hegemonía y estrategia socialista – Hacia una política democrática radical (Verso: Londres, 1985) 64

[13] Ibid., 66.

[14] Mouffe, ibid., 167.

[15] Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks , editado y traducido por Quintin Hoare y Geoffrey Nowell Smith, (Lawrence y Wishart: Londres, 2003) 132

[16] Gramsci, Ibid., 129.

[17] Ibid., 133.

[18] Ellen Meiksins Wood, La democracia como ideología del imperio en The New Imperialists (Publicaciones de Oneworld: Oxford, 2006) 9

[19] Aristóteles, Política, traducción, Joe Sachs (Focus Publishing: Newburyport, 2012) 1318b

Susan Roberts, historiadora británica.
Fuente original: https://kritica.info/regresa-el-sujeto-historico-con-los-chalecos-amarillos/

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