¿Por qué tanto estropicio contra la JEP?

Una reflexión que mantiene plena actualidad: ¿Cuáles son las motivaciones e intereses y la pretensión de dar al traste con la JEP?

 

¿Por qué tanto estropicio contra la JEP? Para resolver el anterior interrogante es preciso mirar un poco el contexto en el que surgió esa sigla. La Justicia Especial para la Paz –JEP– hace parte del punto 5 de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y la guerrilla denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–. A su vez, el epígrafe cinco tiene como título “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”.

 

Los Acuerdos de Paz de La Habana

 

Desde septiembre de 2010, el recién posesionado presidente de la República, Juan Manuel Santos, inició conversaciones secretas con las FARC. Esos diálogos se hicieron públicos el 26 de agosto de 2012, y, a partir de octubre del mismo año, empezaron las discusiones en La Habana.

 

Para las personas que no siguieron el proceso de negociación, es preciso contarles que este comprende cinco puntos de contenido y uno –el sexto– de realización, ejecución o cumplimiento de lo acordado. Los puntos de contenido son: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y acuerdo sobre las víctimas. Ahora bien, quien haya leído la Constitución del 91 sabrá que los cinco temas que fueron acordados entre el Estado y las FARC, ya hacían parte de la ley superior.

 

 

En efecto, la reforma agraria integral, la participación política, la paz como ausencia de conflicto, el tratamiento de las drogas como un problema de salud pública y la protección de la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, cuya violación los convierte en víctimas, ya tenían articulado propio en la Constitución.

 

Esas normas en manos de las élites y de las mafias que gobiernan en Colombia, han sido violadas sistemáticamente, desde el mismo día en que fue expedida la Constitución de 1991, como lo ha sido la norma constitucional de la reforma de 1936, que le señaló la función social a la propiedad privada. En consecuencia, no ha sido falta de normas, sino de poder en manos del pueblo para hacerlas cumplir. Aunque los negociadores de las dos partes se molesten, en honor a la verdad, hay que decirlo: en La Habana no se negoció absolutamente nada que no estuviera en la Constitución.

 

¿Negociación o sometimiento?

 

Teniendo en cuenta la realidad expresada en los párrafos anteriores, y en lo que vino después de los diálogos, hay que concluir que no hubo un proceso de negociación sino de sometimiento. Refuerzan esa tesis varios indicios. En primer lugar, todas las élites dominantes querían someter a las FARC. Las herederas de Laureano Gómez, lideradas por Uribe, a punta de fusil. Las demás, encabezadas por Santos, unas veces a plomo físico y otras mediante el muñequeo retórico. El pulso lo ganó Santos. Así lo reconoció en su alocución del 16 de mayo de 2016: “Las FARC se han sometido a nuestra Constitución y a nuestras leyes”.

 

En segundo lugar, aunque el Gobierno y las FARC “negociaron” lo que ya estaba en la Constitución, después de la firma del Acuerdo comenzó para la guerrilla una serie de talanqueras: una renegociación en cada instancia de poder: legislativa, ejecutiva, judicial, órganos de control.

 

En tercer lugar, en el proceso electoral de 2018, todos los candidatos presidenciales del establecimiento, excepto De la Calle, ratificaron que se trató de un sometimiento: “Está bien –decían– que esa guerrilla se haya desmovilizado, desarmado y concentrado. Pero deben ir a la cárcel y no pueden hacer política antes de que hayan pagado sus condenas”.

 

La JEP y sus detractores

 

Si todo lo anterior es verdad, entonces, ¿por qué un ejército no derrotado, como las FARC, firmó un acuerdo con el Estado, se sometió y se desarmó voluntariamente? Lo hizo a cambio de que sus miembros pudieran hacer política sin que los asesinaran, para que fueran juzgados por un tribunal especial y para que no fueran privados de la libertad en cárceles de barrotes. Esa es la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz –JEP–. En esencia, a eso se redujo el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC.

 

El texto de los Acuerdos, define la JEP como un organismo que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente, respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos. Se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor.

 

Para las élites, a quienes sólo les interesaba el sometimiento de las FARC, vieron como una afrenta que se mantuviera en pie la JEP, motivo por el cual comenzaron toda suerte de ataques, emboscadas y estropicios contra el recién creado organismo: cuestionaron el comité de escogencia de los magistrados; luego, descargaron todos sus ataques contra los juristas que resultaron elegidos para conformarlo; enseguida, el Centro Democrático pretendió crear un organismo paralelo para juzgar a militares y terceros, esto, con el propósito de quitarle funciones y legitimidad a la JEP.

 

Extradición de Santrich máxima prueba

 

Como ninguno de los ataques de que ha sido objeto la JEP han logrado acabar con ese organismo, lo más eficaz resultaba comenzar a extraditar a quienes habían estado como negociadores del proceso de paz. Esa es la manera de poner a ese tribunal contra la pared: con cualquier opción pierde. Si da el aval a la extradición de los líderes y excombatientes de esa guerrilla, pierde credibilidad el sistema entre los desmovilizados. Si no da el visto bueno a la extradición, se dirá que está demostrada su parcialidad a favor de la militancia del nuevo partido. Entonces, vendrá una arremetida de todos los sectores políticos, económicos y mediáticos, que sólo querían la rendición de las FARC: acabar con el símbolo de la negociación será su reto.



Es un hecho cierto que la DEA y la Fiscalía le tendieron una trampa a Santrich. De ese hecho se desprenden dos hipótesis. La de quienes piensan que Santrich cayó, porque 15 millones de dólares enloquecen a cualquier poeta. Y, la de quienes sostienen que un revolucionario como él es incapaz de traicionar sus ideales, al menos que su inteligencia de humanista haya descendido al estadio de la imbecilidad. Unos y otros esperan que Santrich diga la verdad. Este ya dijo: “Tengo mi conciencia tranquila [...], un montaje es un montaje”.

 

Otra cosa es la argumentación en derecho para principiantes: quienes se acogieron a la JEP, no pueden ser encarcelados y extraditados ante la primera trampa que ponga la DEA, o al primer grito de las cortes estadounidenses. Cualquier delito cometido antes o después del 1º de diciembre de 2016 debe ser calificado por la JEP. La fecha la señala el calendario, el derecho lo definen los magistrados.

 

No todo está perdido

 

Meterle la mano a la JEP es volver trizas el acuerdo, como efectivamente lo están haciendo el Centro Democrático y sus aliados. “Ese es el gobierno de Iván Duque”, sentenció, en tono amenazante, la senadora Paloma Valencia. Sin embargo, volver trizas el acuerdo de paz mediante la destrucción de la JEP, como lo pretenden Duque y sus violentos legisladores, no sólo tiene como finalidad encarcelar y extraditar a los excombatientes de las FARC, y favorecer a los militares, sino un propósito más perverso y estratégico: asegurarle la impunidad al senador Uribe.

 

Sin embargo, para las víctimas no todo está perdido. Todavía quedan dos instancias. Quizás sean las últimas, pero hoy están ahí. La calle, es la primera. Convendría que todas las movilizaciones sociales que se proyecten incluyeran en sus agendas, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que como lo hemos visto, no es que sean temas nuevos, sino que hacen del articulado de la Constitución del 91.

 

El segundo recurso está, allende las fronteras. Eso lo saben Uribe/Duque y sus íntimos: Fatou Bensouda, la acuciosa fiscal de la Corte Penal Internacional, siempre está tomando atenta nota de nuestras miserias políticas y judiciales. Los “ojos del mundo están puestos en Colombia”, como lo dice el profesor alemán Kai Ambos, para quien “renegociar cualquier punto de la JEP necesariamente habría que hacerlo con las FARC”.

Publicado enColombia
“Hay una delincuencia que capturó el Estado”

Director de la carrera de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina Gallego es un observador fino de la realidad de su país y del conflicto actual en Venezuela. Mario Toer, profesor consulto de Política Latinoamericana en la UBA, accedió a anticipar un diálogo preparado para un futuro libro sobre Colombia.

 –El atentado a la escuela de policía que se ha atribuido el ELN, la parálisis que existía en las negociaciones establecidas entre esa organización y el gobierno, devenida ahora en ruptura, los centenares de asesinatos de líderes sociales y otras manifestaciones de incumplimiento de lo que había sido el acuerdo con las FARC, llevan a que se pueda esperar un viraje en la escena política colombiana, con sus repercusiones en la región y particularmente en lo referente a la tensa situación en torno a Venezuela.. ¿Qué repercusiones puede tener todo esto en el escenario político?

–A partir de la llegada del nuevo gobierno, que llega en franca confrontación con el acuerdo firmado con las Farc, hacen sus ajustes independientemente de la otra parte, lo que genera un acto de incumplimiento porque un acuerdo firmado por partes, si ha de ser modificado, debe serlo por ambas partes y no de manera unilateral. Eso hace que se comience a perder la confianza en unas condiciones en las que el proceso de diálogo se ha hecho irreversible porque se han producido los puntos que eran esenciales para generar las confianzas suficientes para saber que ya no iban a volver a la guerra, entre esos puntos estaba el de la entrega de armas. Entonces las Farc entregan las armas y comienzan a presentarse fenómenos que son propios de todos los fenómenos y que no podían dejarse de presentar en Colombia, que es el proceso de las disidencias. Pero que haya disidencias y que comiencen a producirse situaciones tan adversas, en términos de las seguridades que debía ofrecer el proceso de la implementación, que atañen a la seguridad física de los excombatientes: 85 excombatientes de las Farc han sido asesinados en los 18 meses de la implementación del acuerdo. A lo que se agregan centenares de líderes sociales.

–¿Cómo funciona la jurisdicción especial?

–La jurisdicción especial para la paz viene teniendo grandes dificultades para poder funcionar y así obstaculizar sistemáticamente, con la política de gobierno y con la corte constitucional que hizo un pronunciamiento que deja por fuera a los militares de estos tribunales y la voluntad de que los militares se adscriban a los tribunales de la jurisdicción especial para la paz, y claro, han llegado aproximadamente 1300/1850 militares todos condenados a 30, 40 o 50 años a recibir los beneficios de la jurisdicción especial para la paz.

–¿No avanza el sistema integral diseñado?

–El sistema integral de verdad, justicia, reparación y reconciliación que tiene una comisión de la memoria, ha tenido grandes dificultades para poder avanzar, como dificultades a tenido para avanzar la comisión encargada de la búsqueda de personas desaparecidas. Es decir, hay una serie de factores determinantes en ese proceso que preocupan y que sirven de espejo retrovisor al proceso que se está desarrollando con el ELN. Entonces el ELN dice, miren cómo se están comportando ante un acuerdo de paz que se ha agudizado ahora con el incumplimientos del nuevo gobierno.

–Hubo una campaña política, más allá de lo que es el actual gobierno, donde una candidatura, que fue bastante explícita con un discurso alternativo, instaló una presencia nacional como quizá nunca haya habido en toda la historia de Colombia. Es decir, que también como consecuencia de esa negociación hubo un escenario político de nuevo tipo que, cualitativamente, creo yo, es la ampliación de ese espacio, la consolidación de ese territorio donde la acumulación de fuerzas va a poder poner en cuestión todo aquello que era esperable. Existe un espacio en el cual las posibilidades de acumular fuerzas se mostraron quizá hasta mayores de lo que uno podría haber supuesto a priori. Entomces el debate es: ¿cuál es ese territorio y cómo la actuación del ELN irrumpe en ese escenario y a quién le facilita las cosas?

–Hay un proceso inédito en términos de los logros alcanzados por la izquierda democrática y eso significa que alcanzan aproximadamente 8.5 millones de votos en elecciones, que nunca en la historia habían podido alcanzar, contra 10.5 millones de votos de la candidatura ganadora, eso es claro. Pero tiene una particularidad, es que nunca en la historia del país todas las fuerzas políticas de derecha, desde la derecha de centro o la derecha tradicional hasta la extrema derecha, se habían unido bajo una misma candidatura para derrotar ese proceso específico de efervescencia política y electoral de ciudadanía, la irrupción de un modelo de ciudadanía que votó por una opción que era la de la Colombia Humana, entonces todo eso también está ahí. La Colombia Humana es el resultado de las circunstancia emocionales y políticas de una nación y no constituye una fuerza articulada, dinámica, con continuidad en el tiempo, sino que es el resultado de las circunstancias políticas. Esto en el marco de una situación política complicada con un presidente de adolescencia tardía porque es un presidente que no logra entender la dimensión del cargo y no porque no lo quiera sino porque Iván Duque no tiene la capacidad ni la experiencia acumulada de conductor y de estadista que se requiere para manejar un país.


–Por eso lo tiene a Alvaro Uribe.


–Si, lo tiene a Uribe. Que es como gobernar en cuerpo ajeno. Con un equipo de gobierno que sale de su salón de clase, de sus amigos, igualmente inexpertos, que creen que pueden pasarse la jurisdicción y el estado de derecho por encima, que pueden acomodar las leyes a su acomodo y eso me parece que es sumamente grave porque se pierde todo anclaje que posibilite a la sociedad resolver sus conflictos: “si yo tengo esta Constitución pero no me sirve, la cambio”; “si yo tengo este acuerdo pero no me sirve, lo cambio”; “si yo tengo un pacto internacional pero no me sirve, entonces no lo cumplo”... Esos elementos nos construyen una imagen de un Estado paria, que no es capaz de asumir sus obligaciones en términos de la agenda internacional. De alli que el conflicto está dado principalmente en las calles, porque la democracia se va a las calles, a la protesta social, a la marcha. Se comienza a presionar al Estado a través de la movilización social: campesinos, obreros, maestros, indígenas, afros, comienzan a presionar y van a tener resultados. La democracia en la calle va dando resultados porque las causas que se abrazan son causas justas y la ciudadanía adscribe a esas causas de manera vehemente. En realidad, el problema que tenemos nosotros es que hay una delincuencia que capturó el Estado y que está empotrada en el ejercicio del poder y que define que su forma de gobierno es la muerte de los demás en defensa de sus propios intereses. Cuando usted encuentra en los más altos cargos del Estado delincuentes articulados con la práctica de la corrupción, del caso Odebretch en adelante; cuando usted tiene los empresarios detrás de los aparatos de justicia, colocándola a su servicio, cuando usted tiene los terratenientes detrás de las reformas agrarias, evitando la distribución de las tierras. Es decir, cuando la delincuencia organizada que se mueve con un sistema mafioso de ilegalidad y legalidad, llega al poder del Estado, la situación no es fácil de resolver pese a todas las cosas grandes que usted pueda hacer.

–Este gobierno vino para eso. Esperar otra cosa conociendo, sobre todo, a un tipo tan articulado como es el líder de la fuerza política, Uribe, no es factible. Porque uno puede esperar que Jair Bolsonaro haga tonterías por sus propia limitaciones, pero Uribe está preparado, es un personaje capaz de articular ese proyecto. El proyecto es dar marcha atrás en cuanto a la capacidad de expandir un proceso de paz democrático. Lo que tenemos menos claro quizá es ¿cómo moverse para construir algo que, sabiendo frente a quien estamos, ensanche el espacio de la paz democrática como un anhelo popular? Esa tarea, yo se que es difícil, porque están actuando para que no se produzca, los medios, la justicia, provocaciones, pero aún así quedan espacios para que inventemos.

–Hay una cosa que se viene presentando al menos en el país, es que hay una emancipación de los territorios y de las comunidades en términos de la política de Estado. Es decir, la gente no cree en el Estado y cuando deja de creer en el Estado usted tiene que buscar la forma de resolver los problemas. Se manejan nuevos ordenes de institucionalidad, nuevos planes de desarrollo, nuevos proyectos e iniciativas económicas que van tratando de resolver lo que el Estado no resuelve. Y cuando usted es capaz de resolver lo que el Estado no resuelve, entonces usted adquiere independencia y entra a defender su territorio, sus proyectos, sus poblaciones. Aquí lo que está pasando es que se perdió el referente del Estado paternalista y su autoridad, y se construye una nueva legitimidad desde las comunidades en los territorios. Entonces la lucha se vuelve territorial por la supervivencia, el desarrollo y el bienestar, se construyen distintos tipos de planes en distintos territorios y la gente los defiende. En ese contexto, miremos el problema del incidente provocado por el ELN. Yo he estudiado el ELN durante 40 años, conozco al ELN, lo he vivido y lo he padecido. Se de su comportamiento y se de sus estrategias, de sus prácticas y de sus imaginarios. Y se como funcionan las estructuras del ELN. Esta es una acción realizada por una de sus estructuras y esa estructura no le va a decir a las otras estructuras ni a nadie: “vamos a hacer esto”. Ellos operan conforme a su plan estratégico y táctico de guerra. Entonces definen un objetivo militar, en este caso la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander y operan sobre ese objetivo. Operan en unas condiciones particulares que causa mucho dolor en esa población, que son jóvenes, pobres, buscando una carrera al interior de la policía, etc. con otros jóvenes de otros países que vienen a formarse a esa escuela y en un momento que, me parece a mi, que contaban con una información interna. Era el momento de clausura de cursos y de graduaciones donde se conglomeraba población lo que permitía hacer eso. Con un sistema de seguridad muy complicado porque la información que se ha mostrado, cada vez con mayor elocuencia, muestra que el que entró con el carro pudo pasearse por la escuela sin ningún tipo de dificultad. Lo que yo no entiendo es la inmolación. ¿Por qué se inmoló? Porque perfectamente podría haber estacionado el carro, bajarse del carro e irse como un funcionario o como un visitante cualquiera y nadie lo hubiera parado. El acto visto así, contra ese tipo de población, lejos del derecho internacional humanitario, es un acto terrorista. Esa gente no está en actitud de combate, se están preparando, seguramente, pero no están en actitud de combate. Es un acto terrorista. El ELN es una organización que tiene un fundamento moral y ético profundamente cristiano, si ellos hacen algo reconocen ese algo que hacen, lleguen las consecuencias a donde le lleguen, nunca han negado una acción por trágica o difícil que haya sido. Entonces se pone fin a un proceso de paz, a un proceso de diálogo, de conversaciones que no había avanzado, que estaba en estado de coma, que el gobierno no había retomado en cinco meses y que tenía las posibilidades de abandonar o las pretensiones de abandonar. Nunca aprendieron, como lo aprendimos todos los que participamos en el proceso y en las conversaciones con las Farc, que en una mesa de conversaciones, además de ser una mesa en la que se clarifican los puntos de vista, se construyen confianzas, es fundamentalmente una escuela de aprendizaje y un centro de toma de decisiones. Es en la mesa de conversaciones donde uno aprende a ver el país, a ver las circunstancias, a ver las lógicas del poder, las tensiones... y allá es donde uno aprende a tomar las decisiones.


–¿Así fue también para el ELN?


–El ELN ha hecho aprendizajes. No es que una fuerza viva que opera sobre un cuerpo inerte. Actúa sobre otra fuerza viva que es la fuerza pública. Es una fuerza viva que sabe moverse, comportarse, que ha tenido aprendizajes y que actúa. Entonces si usted los bombardea debe esperar que reaccione, y ellos reaccionaron frente a los hechos de violencia y a la sistemática persecución del Estado. De allí el atentado de la escuela de cadetes, reaccionaron ahí. No lo hicieron de la manera correcta porque colocaron las bombas en un lugar que no es un campo de batalla, no es el teatro de operaciones sino que es una escuela de formación en la que se está produciendo la formación de futuros oficiales de la policía. Eso tiene unos impactos específicos, que significa que volvemos a la guerra, esa guerra tiene actores, el Estado es uno de los actores, la fuerza pública y la fuerza militar es otro de los actores pero también tiene disidencias de las Farc que van a estar operando, reductos del EPL que están en la región del Catatumbo que están operando que han sido un poco llamados por el ELN a parar la guerra entre ellos, esa guerra entre ellos es por superposición de guerras; tiene el ELN y tiene un avance del paramilitarismo, con una dificultad, hoy en muchas partes del territorio nacional la población está llamando a la necesidad de que las Farc regresen. Porque las Farc resolvían todos los problemas que habían que resolver en términos de ley o en términos de conflicto. No había devastación de bosque ni de selva porque las Farc lo impedían. Estamos en una situación de guerra que favorece a este gobierno.

–¿Por qué?


–Es un gobierno que no le está apostando a la paz, que siente que tiene una carga que es el acuerdo de paz que le dejó el gobierno anterior a la sociedad colombiana. Pero la sociedad colombiana tiene que entender que nunca antes en la historia del país, en 60 años de guerra, había respirado tanta tranquilidad, pese a todas las dificultades, a partir del proceso de paz con las Farc.


–Es muy ilustrativo todo. De todas maneras, es de suponer, que en lo que conocemos y se ha venido constituyendo como la izquierda en Colombia, va a haber diferencias en torno a cómo pararse frente a este nuevo acontecer.


–El problema nuestro y de nuestra América Latina es que todavía no hemos sido capaces de entender que no se construye una alternativa sobre liderazgos personalizados sino sobre imaginarios colectivos que reivindican derechos fundamentales. El problema nuestro es que somos populistas en la construcción política de nuestras organizaciones, bien liderazgo de derecha o bien liderazgo de izquierda. Es que yo quiero pensar el Centro Democrático, sin Uribe, no existe; la Colombia Humana, sin Petro, tampoco… Sabe que yo descubrí, después de muchos años, qué era la revolución. La revolución era una cosa muy elemental, era que el cuerpo de una persona y de su familia pudiera satisfacer derechos elementales que convocaban sus propias necesidades biológicas, sociales, culturales y políticas


–Alvaro García Linera lo viene diciendo...


–Yo quiero que me garanticen la posibilidad de vivir, el derecho a la vida, pero no de cualquier forma, un derecho a la vida digna. El derecho a la vida digna merece que me pueda alimentar, las 5 comidas diarias, agua potable, vivienda digna, que se llene de amor de solidaridad, camaradería, afecto, que no se llene de cosas, el problema nuestro es que la sociedad de consumo hizo que nuestras casas se llenaran de cosas y no de personas, de afectos y de relaciones; que me garanticen la salud, pero la salud no es que tenga que ir a un hospital, la salud es que yo no tenga que ir a un hospital; yo quiero que me garanticen educación, que pueda trabajar para reproducir mis condiciones de vida de mi trabajo; yo quiero poder recrearme, poder salir a caminar tranquilo por los lugares que vivo sin temor a ningún tipo de agresión; y yo quiero seguridad. Nosotros le entregamos la seguridad a la derecha. La izquierda tiene que pensar que la seguridad es parte de las reivindicaciones de las condiciones básicas del ser humano.

–Las calles deberían ser nuestras.

–Si, las calles tienen que volver a ser nuestras. Miren todo lo que ha ocurrido con los centros de vivienda, nos encerramos en cárceles cuidados por vigilancia privada que nos permiten entrar o no entrar. Nos hemos encarcelado, la ciudad se volvió un panóptico con corredores de pobreza.
Yo digo, ¿qué es lo que debe pertenecer al Estado? Los recursos estratégicos de la nación: agua, huertos, escuelas, hospitales, transporte, etc. Pero la fábrica de sostenes, zapatos, pantalones déjensela a esos empresarios para que produzcan, para que inventen y para que haya trabajo. ¿Se entiende?

–Eso es lo que cuenta...

–Entonces, es un modelo de propiedades mixtas: de economía solidaria, de economía privada y de economía estatal. Pero que se sabe cuales son los roles que juegan para construir el bienestar general en el marco de las diferenciaciones que hay.

–Una última pregunta: en el marco de la tensión con Venezuela ¿cómo ve la situación?

–Primero yo veo que con las tensiones con Venezuela es que hay una alianza estratégica regional y mundial contra Venezuela. Yo particularmente pienso que Colombia es una punta de lanza en la confrontación contra Venezuela. Los medios de comunicación y el gobierno han sido feroces en relación con Venezuela. Y yo me levanto sobre el principio de la libre autodeterminación de los pueblos y el ejercicio pleno de su soberanía. El problema de los venezolanos es el problema de los venezolanos y tienen que resolverlo los venezolanos, allá ellos. Ahora, ¿habrá un conflicto armado entre Colombia y Venezuela? Sí, aumenta la tensión con la ruptura del diálogo con el ELN, porque el ELN está en toda la franja de frontera, pero no ahora, desde siempre, construyeron economía, territorialidad, han estado desde 30-40 años en ese territorio. Hacen parte de esa cartografía de la conflictividad política de frontera. Pero si ustedes me preguntan si hay una confrontación militar entre Colombia y Venezuela en una modalidad de guerra, eso duraría dos bombardeos porque si usted tiene que bombardear los recursos de Venezuela que son las refinerías y los campos petroleros y ellos te bombardearían uno solo que es el de Cartagena y acabarían con la economía de este país...

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Las pistolas 'flash-ball', símbolo de la brutalidad policial contra los 'chalecos amarillos' en Francia

El uso del arma que dispara con balas de goma para dispersar protestas está prohibido en la mayoría de los países europeos.

Activistas de la ONG francesa Liga para los Derechos Humanos (LDH) enviaron esta semana una apelación al Consejo de Estado en busca de la prohibición del uso por la Policía de las 'flash-ball' (LBD), armas que disparan balas de goma, contra los manifestantes. "La falta de garantías suficientes en la ley francesa socava el derecho constitucional a la vida y el respeto hacia la seguridad física", argumentaron.


Anteriormente, el Consejo de Estado rechazó las peticiones de los defensores de los derechos humanos, dictaminando que las 'flash-ball' son necesarias y "particularmente adecuadas" para contrarrestar la violencia durante las protestas.


Arma urbana


Descritas como "menos letales" o "no letales", estas armas, desarrolladas por la empresa francesa Verney-Carron, pueden causar graves lesiones y están prohibidas para el uso policial durante las protestas en la mayoría de los países europeos. El actual modelo, LBD 40, dispara proyectiles de 40 mm con una velocidad de hasta 100 metros por segundo.


Según un estudio de 2006, pese a que están diseñadas para evitar la penetración en la piel, las 'flash-ball' "incluso pueden causar heridas mayores con graves lesiones asociadas en los órganos internos".


Otro estudio de 2015 se centró en el caso de un hombre de 34 años, a quien le dispararon en la cabeza durante una protesta. El hombre sufrió "graves" lesiones cerebrales y daños en el cráneo, que requirieron dos meses de tratamiento y rehabilitación. Los investigadores describieron la 'flash-ball' como "potencialmente letal" y peligrosa, sobre todo si apunta a la cabeza.


Esta arma "menos letal" fue utilizada durante los disturbios de 2005 en París, y con los años varias personas murieron tras el impacto de sus balas. En 2010 falleció Mustapha Ziani, quien sufrió un paro cardíaco después de que un policía le disparara en el pecho con una 'flash-ball' durante un altercado en su casa en Marsella. El agente recibió una condena suspendida de seis meses por homicidio involuntario.


La sangre de los 'chalecos amarillos'


Desde que en Francia se desataron las masivas protestas antigubernamentales de los 'chalecos amarillos' en noviembre del año pasado, la Policía ha utilizado las 'flash-ball' más de 9.200 veces. Los enfrentamientos se saldaron con numerosos heridos de ambos lados. En las recientes protestas los franceses salieron a las calles para denunciar el uso de estas armas, que se han convertido en el símbolo de la brutalidad policial.


Según el grupo contra la violencia policial Désarmons-les!, al menos 20 personas perdieron la vista por el impacto de las 'flash-ball' o la metralla de granadas. El grupo documentó más de 120 personas que afirman haber sido heridas por las armas "menos letales", en su mayoría por LBD 40 o granadas instantáneas de gas lacrimógeno GLI-F4. Muchas de ellas quedaron con las cara desfigurada.


Una de las 'caras' de la brutalidad policial durante las protestas de los 'chalecos amarillos' es Fiorina L., de 20 años, que perdió su ojo izquierdo tras una explosión de una granada de gas en la avenida parisina de los Campos Elíseos en diciembre.


Otro manifestante, Jérôme Rodrigues, una figura prominente de las protestas que fue herido en el ojo por un proyectil y puede perderlo, comentó a RT que los franceses salen con tres reivindicaciones generales: "poder vivir dignamente" de su salario, "crear una nueva forma de democracia" para poner fin al actual "sistema arcaico en las instituciones francesas" y "poner fin a los privilegios" de la clase gobernante.


"¿Por qué un diputado puede enterrar dignamente a sus familiares y tiene dinero suficiente para eso, mientras que nosotros debemos pedir un crédito, la gente gracias a la que Francia existe y se desarrolla? Y nosotros nos vemos obligados a sufrir para hacer los funerales", comentó Jérôme.


 Un líder de los 'chalecos amarillos' enumera las tres reivindicaciones clave del movimiento 

Una de las prominentes figuras de los 'chalecos amarillos' Jérôme Rodrigues, que hace dos semanas fue hospitalizado tras recibir en un ojo el impacto de un proyectil supuestamente lanzado por agentes antidisturbios, ha explicado a RT cuáles son las tres principales reivindicaciones del movimiento.

Lo que buscan los manifestantes, según Rodrigues, es "vivir dignamente" de su salario en Francia; tener una nueva forma de democracia —pues el sistema actual es "arcaico"—, y también poner fin "a los privilegios", bajo los cuales un diputado puede "vivir dignamente" con su sueldo, mientras que el pueblo, los jóvenes que "hacen crecer al país", tienen que pedir créditos y pagar los intereses bancarios.


A estos reclamos se suma el de prohibir el uso por las fuerzas de seguridad de armas que lanzan proyectiles de goma (LBD) y poner fin a "esta negación de la democracia que está creando Emmanuel Macron", asevera el Rodrigues, que prometió "seguir marchando" hasta que se les escuche.


• Los manifestantes y la Policía han protagonizado choques este sábado en la 13.ª semana de protestas del movimiento 'chalecos amarillos'.


• Los agentes han utilizado gas lacrimógeno para dispersar a la multitud antes de que estallaran los primeros enfrentamientos, en los que uno de los manifestantes ha perdido la mano por el estallido de una granada de gas.

Publicado: 9 feb 2019 23:19 GMT | Última actualización: 9 feb 2019 23:24 GMT

 

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¿Por qué tanto estropicio contra la JEP?

Para resolver el anterior interrogante es preciso mirar un poco el contexto en el que surgió esa sigla. La Justicia Especial para la Paz –JEP– hace parte del punto 5 de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y la guerrilla denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–. A su vez, el epígrafe cinco tiene como título “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”.

 

Los Acuerdos de Paz de La Habana

 

Desde septiembre de 2010, el recién posesionado presidente de la República, Juan Manuel Santos, inició conversaciones secretas con las FARC. Esos diálogos se hicieron públicos el 26 de agosto de 2012, y, a partir de octubre del mismo año, empezaron las discusiones en La Habana.

 

Para las personas que no siguieron el proceso de negociación, es preciso contarles que este comprende cinco puntos de contenido y uno –el sexto– de realización, ejecución o cumplimiento de lo acordado. Los puntos de contenido son: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y acuerdo sobre las víctimas. Ahora bien, quien haya leído la Constitución del 91 sabrá que los cinco temas que fueron acordados entre el Estado y las FARC, ya hacían parte de la ley superior.

 

 

En efecto, la reforma agraria integral, la participación política, la paz como ausencia de conflicto, el tratamiento de las drogas como un problema de salud pública y la protección de la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, cuya violación los convierte en víctimas, ya tenían articulado propio en la Constitución.

 

Esas normas en manos de las élites y de las mafias que gobiernan en Colombia, han sido violadas sistemáticamente, desde el mismo día en que fue expedida la Constitución de 1991, como lo ha sido la norma constitucional de la reforma de 1936, que le señaló la función social a la propiedad privada. En consecuencia, no ha sido falta de normas, sino de poder en manos del pueblo para hacerlas cumplir. Aunque los negociadores de las dos partes se molesten, en honor a la verdad, hay que decirlo: en La Habana no se negoció absolutamente nada que no estuviera en la Constitución.

 

¿Negociación o sometimiento?

 

Teniendo en cuenta la realidad expresada en los párrafos anteriores, y en lo que vino después de los diálogos, hay que concluir que no hubo un proceso de negociación sino de sometimiento. Refuerzan esa tesis varios indicios. En primer lugar, todas las élites dominantes querían someter a las FARC. Las herederas de Laureano Gómez, lideradas por Uribe, a punta de fusil. Las demás, encabezadas por Santos, unas veces a plomo físico y otras mediante el muñequeo retórico. El pulso lo ganó Santos. Así lo reconoció en su alocución del 16 de mayo de 2016: “Las FARC se han sometido a nuestra Constitución y a nuestras leyes”.

 

En segundo lugar, aunque el Gobierno y las FARC “negociaron” lo que ya estaba en la Constitución, después de la firma del Acuerdo comenzó para la guerrilla una serie de talanqueras: una renegociación en cada instancia de poder: legislativa, ejecutiva, judicial, órganos de control.

 

En tercer lugar, en el proceso electoral de 2018, todos los candidatos presidenciales del establecimiento, excepto De la Calle, ratificaron que se trató de un sometimiento: “Está bien –decían– que esa guerrilla se haya desmovilizado, desarmado y concentrado. Pero deben ir a la cárcel y no pueden hacer política antes de que hayan pagado sus condenas”.

 

La JEP y sus detractores

 

Si todo lo anterior es verdad, entonces, ¿por qué un ejército no derrotado, como las FARC, firmó un acuerdo con el Estado, se sometió y se desarmó voluntariamente? Lo hizo a cambio de que sus miembros pudieran hacer política sin que los asesinaran, para que fueran juzgados por un tribunal especial y para que no fueran privados de la libertad en cárceles de barrotes. Esa es la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz –JEP–. En esencia, a eso se redujo el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC.

 

El texto de los Acuerdos, define la JEP como un organismo que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente, respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos. Se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor.

 

Para las élites, a quienes sólo les interesaba el sometimiento de las FARC, vieron como una afrenta que se mantuviera en pie la JEP, motivo por el cual comenzaron toda suerte de ataques, emboscadas y estropicios contra el recién creado organismo: cuestionaron el comité de escogencia de los magistrados; luego, descargaron todos sus ataques contra los juristas que resultaron elegidos para conformarlo; enseguida, el Centro Democrático pretendió crear un organismo paralelo para juzgar a militares y terceros, esto, con el propósito de quitarle funciones y legitimidad a la JEP.

 

Extradición de Santrich máxima prueba

 

Como ninguno de los ataques de que ha sido objeto la JEP han logrado acabar con ese organismo, lo más eficaz resultaba comenzar a extraditar a quienes habían estado como negociadores del proceso de paz. Esa es la manera de poner a ese tribunal contra la pared: con cualquier opción pierde. Si da el aval a la extradición de los líderes y excombatientes de esa guerrilla, pierde credibilidad el sistema entre los desmovilizados. Si no da el visto bueno a la extradición, se dirá que está demostrada su parcialidad a favor de la militancia del nuevo partido. Entonces, vendrá una arremetida de todos los sectores políticos, económicos y mediáticos, que sólo querían la rendición de las FARC: acabar con el símbolo de la negociación será su reto.



Es un hecho cierto que la DEA y la Fiscalía le tendieron una trampa a Santrich. De ese hecho se desprenden dos hipótesis. La de quienes piensan que Santrich cayó, porque 15 millones de dólares enloquecen a cualquier poeta. Y, la de quienes sostienen que un revolucionario como él es incapaz de traicionar sus ideales, al menos que su inteligencia de humanista haya descendido al estadio de la imbecilidad. Unos y otros esperan que Santrich diga la verdad. Este ya dijo: “Tengo mi conciencia tranquila [...], un montaje es un montaje”.

 

Otra cosa es la argumentación en derecho para principiantes: quienes se acogieron a la JEP, no pueden ser encarcelados y extraditados ante la primera trampa que ponga la DEA, o al primer grito de las cortes estadounidenses. Cualquier delito cometido antes o después del 1º de diciembre de 2016 debe ser calificado por la JEP. La fecha la señala el calendario, el derecho lo definen los magistrados.

 

No todo está perdido

 

Meterle la mano a la JEP es volver trizas el acuerdo, como efectivamente lo están haciendo el Centro Democrático y sus aliados. “Ese es el gobierno de Iván Duque”, sentenció, en tono amenazante, la senadora Paloma Valencia. Sin embargo, volver trizas el acuerdo de paz mediante la destrucción de la JEP, como lo pretenden Duque y sus violentos legisladores, no sólo tiene como finalidad encarcelar y extraditar a los excombatientes de las FARC, y favorecer a los militares, sino un propósito más perverso y estratégico: asegurarle la impunidad al senador Uribe.

 

Sin embargo, para las víctimas no todo está perdido. Todavía quedan dos instancias. Quizás sean las últimas, pero hoy están ahí. La calle, es la primera. Convendría que todas las movilizaciones sociales que se proyecten incluyeran en sus agendas, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que como lo hemos visto, no es que sean temas nuevos, sino que hacen del articulado de la Constitución del 91.

 

El segundo recurso está, allende las fronteras. Eso lo saben Uribe/Duque y sus íntimos: Fatou Bensouda, la acuciosa fiscal de la Corte Penal Internacional, siempre está tomando atenta nota de nuestras miserias políticas y judiciales. Los “ojos del mundo están puestos en Colombia”, como lo dice el profesor alemán Kai Ambos, para quien “renegociar cualquier punto de la JEP necesariamente habría que hacerlo con las FARC”.

Publicado enColombia
¿Por qué tanto estropicio contra la JEP?

Para resolver el anterior interrogante es preciso mirar un poco el contexto en el que surgió esa sigla. La Justicia Especial para la Paz –JEP– hace parte del punto 5 de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y la guerrilla denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–. A su vez, el epígrafe cinco tiene como título “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”.

 

Los Acuerdos de Paz de La Habana

 

Desde septiembre de 2010, el recién posesionado presidente de la República, Juan Manuel Santos, inició conversaciones secretas con las FARC. Esos diálogos se hicieron públicos el 26 de agosto de 2012, y, a partir de octubre del mismo año, empezaron las discusiones en La Habana.

 

Para las personas que no siguieron el proceso de negociación, es preciso contarles que este comprende cinco puntos de contenido y uno –el sexto– de realización, ejecución o cumplimiento de lo acordado. Los puntos de contenido son: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y acuerdo sobre las víctimas. Ahora bien, quien haya leído la Constitución del 91 sabrá que los cinco temas que fueron acordados entre el Estado y las FARC, ya hacían parte de la ley superior.

 

 

En efecto, la reforma agraria integral, la participación política, la paz como ausencia de conflicto, el tratamiento de las drogas como un problema de salud pública y la protección de la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, cuya violación los convierte en víctimas, ya tenían articulado propio en la Constitución.

 

Esas normas en manos de las élites y de las mafias que gobiernan en Colombia, han sido violadas sistemáticamente, desde el mismo día en que fue expedida la Constitución de 1991, como lo ha sido la norma constitucional de la reforma de 1936, que le señaló la función social a la propiedad privada. En consecuencia, no ha sido falta de normas, sino de poder en manos del pueblo para hacerlas cumplir. Aunque los negociadores de las dos partes se molesten, en honor a la verdad, hay que decirlo: en La Habana no se negoció absolutamente nada que no estuviera en la Constitución.

 

¿Negociación o sometimiento?

 

Teniendo en cuenta la realidad expresada en los párrafos anteriores, y en lo que vino después de los diálogos, hay que concluir que no hubo un proceso de negociación sino de sometimiento. Refuerzan esa tesis varios indicios. En primer lugar, todas las élites dominantes querían someter a las FARC. Las herederas de Laureano Gómez, lideradas por Uribe, a punta de fusil. Las demás, encabezadas por Santos, unas veces a plomo físico y otras mediante el muñequeo retórico. El pulso lo ganó Santos. Así lo reconoció en su alocución del 16 de mayo de 2016: “Las FARC se han sometido a nuestra Constitución y a nuestras leyes”.

 

En segundo lugar, aunque el Gobierno y las FARC “negociaron” lo que ya estaba en la Constitución, después de la firma del Acuerdo comenzó para la guerrilla una serie de talanqueras: una renegociación en cada instancia de poder: legislativa, ejecutiva, judicial, órganos de control.

 

En tercer lugar, en el proceso electoral de 2018, todos los candidatos presidenciales del establecimiento, excepto De la Calle, ratificaron que se trató de un sometimiento: “Está bien –decían– que esa guerrilla se haya desmovilizado, desarmado y concentrado. Pero deben ir a la cárcel y no pueden hacer política antes de que hayan pagado sus condenas”.

 

La JEP y sus detractores

 

Si todo lo anterior es verdad, entonces, ¿por qué un ejército no derrotado, como las FARC, firmó un acuerdo con el Estado, se sometió y se desarmó voluntariamente? Lo hizo a cambio de que sus miembros pudieran hacer política sin que los asesinaran, para que fueran juzgados por un tribunal especial y para que no fueran privados de la libertad en cárceles de barrotes. Esa es la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz –JEP–. En esencia, a eso se redujo el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC.

 

El texto de los Acuerdos, define la JEP como un organismo que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente, respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos. Se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor.

 

Para las élites, a quienes sólo les interesaba el sometimiento de las FARC, vieron como una afrenta que se mantuviera en pie la JEP, motivo por el cual comenzaron toda suerte de ataques, emboscadas y estropicios contra el recién creado organismo: cuestionaron el comité de escogencia de los magistrados; luego, descargaron todos sus ataques contra los juristas que resultaron elegidos para conformarlo; enseguida, el Centro Democrático pretendió crear un organismo paralelo para juzgar a militares y terceros, esto, con el propósito de quitarle funciones y legitimidad a la JEP.

 

Extradición de Santrich máxima prueba

 

Como ninguno de los ataques de que ha sido objeto la JEP han logrado acabar con ese organismo, lo más eficaz resultaba comenzar a extraditar a quienes habían estado como negociadores del proceso de paz. Esa es la manera de poner a ese tribunal contra la pared: con cualquier opción pierde. Si da el aval a la extradición de los líderes y excombatientes de esa guerrilla, pierde credibilidad el sistema entre los desmovilizados. Si no da el visto bueno a la extradición, se dirá que está demostrada su parcialidad a favor de la militancia del nuevo partido. Entonces, vendrá una arremetida de todos los sectores políticos, económicos y mediáticos, que sólo querían la rendición de las FARC: acabar con el símbolo de la negociación será su reto.



Es un hecho cierto que la DEA y la Fiscalía le tendieron una trampa a Santrich. De ese hecho se desprenden dos hipótesis. La de quienes piensan que Santrich cayó, porque 15 millones de dólares enloquecen a cualquier poeta. Y, la de quienes sostienen que un revolucionario como él es incapaz de traicionar sus ideales, al menos que su inteligencia de humanista haya descendido al estadio de la imbecilidad. Unos y otros esperan que Santrich diga la verdad. Este ya dijo: “Tengo mi conciencia tranquila [...], un montaje es un montaje”.

 

Otra cosa es la argumentación en derecho para principiantes: quienes se acogieron a la JEP, no pueden ser encarcelados y extraditados ante la primera trampa que ponga la DEA, o al primer grito de las cortes estadounidenses. Cualquier delito cometido antes o después del 1º de diciembre de 2016 debe ser calificado por la JEP. La fecha la señala el calendario, el derecho lo definen los magistrados.

 

No todo está perdido

 

Meterle la mano a la JEP es volver trizas el acuerdo, como efectivamente lo están haciendo el Centro Democrático y sus aliados. “Ese es el gobierno de Iván Duque”, sentenció, en tono amenazante, la senadora Paloma Valencia. Sin embargo, volver trizas el acuerdo de paz mediante la destrucción de la JEP, como lo pretenden Duque y sus violentos legisladores, no sólo tiene como finalidad encarcelar y extraditar a los excombatientes de las FARC, y favorecer a los militares, sino un propósito más perverso y estratégico: asegurarle la impunidad al senador Uribe.

 

Sin embargo, para las víctimas no todo está perdido. Todavía quedan dos instancias. Quizás sean las últimas, pero hoy están ahí. La calle, es la primera. Convendría que todas las movilizaciones sociales que se proyecten incluyeran en sus agendas, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que como lo hemos visto, no es que sean temas nuevos, sino que hacen del articulado de la Constitución del 91.

 

El segundo recurso está, allende las fronteras. Eso lo saben Uribe/Duque y sus íntimos: Fatou Bensouda, la acuciosa fiscal de la Corte Penal Internacional, siempre está tomando atenta nota de nuestras miserias políticas y judiciales. Los “ojos del mundo están puestos en Colombia”, como lo dice el profesor alemán Kai Ambos, para quien “renegociar cualquier punto de la JEP necesariamente habría que hacerlo con las FARC”.

Publicado enEdición Nº253
Luxemburgo será el primer país del mundo donde el transporte público será gratuito

El país centroeuropeo ha tomado la medida para reducir los niveles de contaminación e incentivar el uso de transporte público. Es el primer Estado que regula de esta forma este tipo de transporte y se pone a la cabeza a nivel mundial.


Luxemburgo se ha convertido en el primer país de todo el mundo en el que el transporte público será gratuito sin ningún tipo de distinción. Recogiendo el testigo de la ciudad francesa de Dunkerque, a partir del 1 de marzo de 2020 ningún autobús, tren o tranvía tendrá coste para los ciudadanos del país europeo, siempre y cuando viajen en clase turista.
François Bausch, ministro de movilidad y trabajos públicos del Estado centroeuropeo, anunció en su Twitter que también habrá fuertes inversiones para mejorar las infraestructuras del transporte público que empezará por los trenes, ya que serán gratuitos para aquellos que no viajen en primera clase a partir de este domingo.

La medida entrará en vigor a partir de marzo del próximo año debido a la caducidad de los abonos de los ciudadanos que son anuales o temporales, por lo que el último día de validez de los tickets será el 29 de febrero de 2020, consiguiendo así aunar los abonos diarios, mensuales y anuales.


Por otra parte, Luxemburgo puede enorgullecerse de ser el país con la red de transporte público más barata de toda Europa, ya que toda persona con menos de 20 años viaja gratuitamente y un billete de 24 horas tiene un coste de tan solo cuatro euros.

Esta medida también tendrá repercusión en sus países vecinos, ya que entre Bélgica, Francia y Alemania son 200.00 trabajadores los que cruzan diariamente a Luxemburgo, según afirman en The Independent.

24/01/2019 17:48 Actualizado: 24/01/2019 18:23
PÚBLICO

 

Publicado enInternacional
Steve Bannon, el mito detrás de los monstruos

Un fantasma recorre la globalización neoliberal en descomposición, el fantasma del populismo de ultraderecha.

Esa sombra fantasmal, en un inicio difusa y hoy más nítida, tuvo su primer éxito con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, y terminó de solidificarse con la llegada de Jair Bolsonaro a Brasil. Un tercer vértice de este triángulo lo encontramos en la Europa de Matteo Salvini (Italia), Víktor Orban (Hungría), Marine Le Pen (Francia) y Vox (España).
Y como articulador de este fenómeno monstruoso, encontramos un nombre: Steve Bannon, quien fue durante siete meses el jefe de estrategia y asesor presidencial de la Casa Blanca de Donald Trump.


¿Quién es Steve Bannon? Ex banquero, fue conocido por ser el director ejecutivo de Breitbart News, la web referencia de la ultraderecha antiestablishment en Estados Unidos, desde donde se impulsó la creación del movimiento Alt-right (derecha alternativa, un eufemismo para nombrar al supremacismo blanco), y que lo catapultó para ser el jefe de campaña de Trump, y posterior hombre fuerte de la Casa Blanca hasta su dimisión en agosto de 2017.


Pero en realidad esa dimisión fue el momento de despegue para un Bannon que ha sabido leer y aprovechar muy bien el momento gramsciano donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Un momento histórico de crisis terminal del capitalismo en un mundo multipolar donde el proyecto de globalización neoliberal de las élites económicas ha entrado en crisis, y donde surgen, en ese claroscuro, los monstruos.


Hasta entonces, Bannon había comenzado a testear algunas ideas mediante Cambridge Analytics, la consultora que succionó datos de 50 millones de usuarios de Facebook y los utilizó para manipular psicológicamente la elección que dio la victoria a Trump en Estados Unidos.


Pero es un año después, en agosto de 2018, que Bannon se reúne con Eduardo Bolsonaro, actualmente el diputado federal más votado de la historia de Brasil con casi 2 millones de sufragios, y acuerdan colaborar para llevar a su padre, Jair Messias Bolsonaro, a la presidencia de Brasil.


El resultado es por todos conocido, y Bolsonaro representa el triunfo de un monstruo de ultraderecha en el país más grande de América Latina.


De nuevo otra red social, como sucedió en EU, en este caso Whatsapp (propiedad también de Facebook), resultó determinante en la amplia ventaja que obtuvo Bolsonaro en la primera vuelta, y en el resultado final de la segunda, creando todo un ecosistema de fake news que se transmitían por el sistema de mensajería, y mediante la micro segmentación y el uso del big data, terminaron deconstruyendo la realidad política al mismo tiempo que construían una paralela en el imaginario de la población.


Tanto en Estados Unidos como en Brasil, el mensaje que se iba alentando era similar (con las especifidades propias de cada país): la lucha contra el marxismo cultural y la ideología de género, además de un discurso crítico con los medios de comunicación masivos parte del establishment (sean estos CNN o Globo), apelando a los miedos y aspiraciones de los sectores populares.
A partir de esta ideología de ultraderecha, de la experiencia en Breitbart y como forma de articular y expandir la Alt-right, Bannon creó The Movement (El Movimiento) y puso su mirada en una Europa donde por mucho tiempo el único partido de ultraderecha con músculo político era el Frente Nacional, de Marine Le Pen (que llegó a ganar unas elecciones europeas en Francia con el voto antiinmigrante de la clase obrera blanca).


The Movement nace en Bruselas, nada es casualidad, pues desde ahí opera su aliado Partido Popular Belga, y tiene su sede el Parlamento Europeo, el próximo objetivo de Bannon, quien intentará crear un grupo de euroescépticos y populistas de ultraderecha, tras las elecciones europeas de mayo de este año.


Los primeros que conformarán este Eurogrupo son los partidos de los primeros ministros de Italia, Matteo Salvini, y Hungría, Víktor Orban, así como el partido ultraderechista español Vox, cuyo contacto con Bannon es Rafael Bardají, ex asesor de la fundación FAES de José María Aznar. Vox acaba de obtener 10 por ciento de los votos en las elecciones en Andalucía (cuyo tamaño es similar al de Portugal), siendo decisivo para desbancar al PSOE y darle la presidencia al PP, y puede ser la gran sorpresa en las próximas elecciones europeas en España.


Pero, además, los tentáculos de The Movement ya tienen ramificaciones en Alemania (AfD), Austria (FPO), Polonia (PiS), Suecia (SD), Finlandia (Perussuomalaiset) o Reino Unido (Ukip).


El Eurogrupo que surja tras las elecciones de mayo podría ser el segundo más numeroso, con un programa radical de ultraderecha contra la migración, el islam y el feminismo, y en defensa de la seguridad y las fronteras.


Con este nuevo mapa político en la Unión Europea, junto con los Estados Unidos de Donald Trump y el Brasil de Bolsonaro, se conforma un trivotelleno de monstruos. Y detrás de estos monstruos, la figura de Steve Bannon crece, articulando una alternativa global de ultraderecha a la globalización neoliberal.
En nuestras manos está construir no sólo una resistencia a este movimiento, sino enfrentarlo con propuestas y alternativas a este mundo fragmentado y en crisis en que nos ha tocado vivir.


*Politólogo expecialista en América Latina

Publicado enPolítica
Domingo, 20 Enero 2019 06:21

¿Un solo país?

¿Un solo país?

De un tiempo para acá,circula con intensidad el rumor de que el Kremlin alberga planes para formalizar la plena integración de Rusia y Bielorrusia, eufemismo con que se pretende tapar una posible absorción como parte de la Federación Rusa del pequeño vecino eslavo, el cual poco podría aportar en el plano económico –con una población que es menor que el número de habitantes de Moscú–, pero reviste gran valor estratégico al tener frontera con varios miembros de la OTAN.


Aunque desde los tiempos de Boris Yeltsin, cuando, alcoholizado y enfermo, se concibió como alternativa para mantenerlo en el poder, Rusia y Bielorrusia integran una suerte de confederación –que parece más un membrete y, eso sí, respeta la soberanía de cada uno de sus integrantes–, ahora se comenta que la idea es fundar un solo país.


En otras palabras, se habla de aprobar una nueva Constitución y, por supuesto, de despejar el camino para un presidente que no esté impedido –sin necesidad de repetir el grotesco enroque con su leal escudero en funciones de primer ministro– de seguir despachando desde el Kremlin, como después de 2024, según la Carta Magna vigente, no podría hacerlo Vladimir Putin.


Esta es la versión que impulsan quienes perderían su situación de privilegio con otro mandatario y procuran perpetuar en el poder a Putin. Pero también hay otro tipo de motivaciones para efectuar una nueva incorporación a la Federación Rusa, en este caso de las seis regiones que integran Bielorrusia, cuyo impacto sería equiparable a la anexión de Crimea hace cuatro años. De llevarse a cabo, comentan sus adeptos, Rusia podría instalar bases militares en la frontera misma con la OTAN, posibilidad que Bielorrusia rechaza hasta ahora.


Voceros oficiales de ambos países desmienten que vaya a producirse la fusión. Aleksandr Lukashenko, el gobernante de Bielorrusia, llegó a afirmar que la nación está preparada para afrontar las amenazas a su independencia que llegan desde Occidente y también desde Oriente, en alusión a Rusia.


Minsk, que saca provecho de coquetear por igual con Bruselas y Moscú, quiere seguir comprando gas natural ruso barato, por lo cual no debe descartarse que todos estos rumores sobre las intenciones rusas de expandirse no sean sino una carta más de presión del Kremlin en la mesa de negociaciones.

 

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El asesinato sistemático de líderes, sí lo hace el régimen

En este 2019, han recrudecido la persecución contra las organizaciones sociales y políticas, que critican y protestan contra el régimen. En atentados perpetrados en todos los rincones de Colombia siguen cayendo asesinados o quedando gravemente heridos, numerosos líderes y lideresas sociales; hasta conseguir el régimen, la terrible meta de matar un líder cada día.

El patrón que se repite, es idéntico, porque:


1- Matan a los líderes de organizaciones que protestan y se oponen al régimen.


2- Los autores materiales, mayoritariamente son sicarios pertenecientes a mafias y bandas.


3- Quien determina los crímenes, son las Agencias de inteligencia policiales y militares, quienes deciden, a quién eliminar cada día.


4- El móvil de los crímenes es el despojo de la tierra, limpiar un territorio de oponentes a proyectos mineros y petroleros, hidroeléctricos y de agronegocios; también para imponer erradicación forzada de cultivos de coca mediante fumigaciones de Glifosato.


En conclusión este plan sistemático de exterminio de la dirigencia popular, contiene 4 elementos básicos que se repiten: la misma clase de víctima, un victimario único, el mismo tipo de agente o autor material y un móvil de crimen similar. Por esto, estamos ante un nuevo Genocidio político que perpetra este régimen.
Hay que recordar que:


A) Hasta la década de los 80 del siglo pasado, el descabezamiento de las organizaciones populares lo hacían de forma abierta con las Fuerzas Armadas.


B) En los 90, masificaron los escuadrones narco paramilitares, llamados AUC para hacer esta tarea.


C) En la primera década de este siglo, la matanza de líderes y gente humilde del pueblo, la hizo el régimen a través de Operaciones Encubiertas, con ejecuciones extrajudiciales denominadas “Falsos Positivos”.


D) El actual Genocidio es “gota a gota”, uno a uno, pero sin detenerse cada día.


Esta última, es la Cuarta Modalidad de exterminio que persigue matar en la cuna, todas las expresiones de oposición organizada, para no dejarlas convertir en una poderosa fuerza política alternativa, que saque del poder a la vieja élite dominante en Colombia.


Arrecian el plan de exterminio de dirigentes populares


1) Luis Ángel Peña, asesinado a machetazos el 1 de enero. Era Fiscal de la Junta Comunal los Naranjos en La Macarena, Meta.


2) Gilberto Valencia, asesinado el 1 de enero en Suárez, Cauca. Participaba en procesos sociales y promovía el cumplimiento del Acuerdo de Paz a través de la música.
3) Wilmer Antonio Miranda, de 34 años, asesinado el 4 de enero. Era un campesino cocalero y líder de la sustitución de cultivos del municipio de Cajibío, donde se firmó un acuerdo colectivo para sustituir la coca con el Gobierno. Era miembro de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), de la Coccam y de Marcha Patriótica..


4) José Rafael Solano, 58 años, asesinado el 4 de enero. Era el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Jobo, en Zaragoza, Antioquia; a 15 minutos del casco urbano del municipio de El Bagre. Había acompañado el día anterior a su muerte, la recuperación de un cadáver en una finca en Zaragoza.


5) Wilson Pérez, de 34 años, asesinado el 5 de enero. Fue miembro activo de la Junta de acción comunal de la vereda Los Cedros en el corregimiento Astilleros, municipio de Hacarí. Estuvo cuatro años en el Comité de deportes, dos más en el de obras y hace casi tres años se unió al Movimiento por la Constituyente Popular (MCP), integró la Asociación Campesina del Catatumbo.


6) Maritza Isabel Quiroz, 59 años, asesinada el cinco de enero, por dos sicarios que llegaron a su casa, en la vereda de San Isidro, del corregimiento Bonda en Santa Marta, Magdalena. Hacia 14 años había llegado desplazada de la vereda de Bajo Camagual, en el municipio de Ciénaga, cuando su esposo fue asesinado por narco paramilitares. Hacia parte de la Autoridad Nacional de Afrocolombianos (ANAFRO), donde era reconocida por su liderazgo con mujeres afro, víctimas del conflicto. Fue delegada de su comunidad en la construcción del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) del PDET de la Sierra Nevada y el Perijá.


7) Miguel Antonio Gutiérrez, de 40 años, asesinado en su residencia, el 7 de enero. Era Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Victoria, en Cartagena del Chairá. Fue asesinado el 7 de enero.


8) Faiber Manquillo, de 30 años de edad, fue reportado como desaparecido desde el 26 de diciembre pasado. El cuerpo sin vida del este dirigente de Mercaderes, Cauca, fue localizado el 4 de enero en zona rural del Departamento de Nariño, a dos horas de su lugar de residencia.


9) Dima Parada, de 40 años, resultó gravemente herido en un ataque de sicarios, el 4 de enero. Es un dirigente de Hacarí, en Norte de Santander, presidente de ASOJUNTAS. En el Catatumbo es reconocido por ser líder del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), de la Coordinadora Nacional Agraria y del Congreso de los Pueblos.


10) Alfamir Castillo Bermúdez, en la noche del 11 de enero, fue atacada por dos sicarios que se movilizaban en una moto, cuando se desplazaba en una camioneta blindada, entre Palmira y Pradera, en el Valle del Cauca. Ella es la madre de Darbey Mosquera Castillo, una de las víctimas de ejecución extrajudicial o Falsos Positivos, perpetrados por el Batallón de Contra Guerrilla 57 del Ejército estatal. La señora Castillo es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, desde el 17 de octubre de 2012.


11) Leonardo Nastacuas Rodríguez, de 36 años, asesinado el 12 de enero, líder indígena el Resguardo de Cuascuabi del pueblo Awá, del municipio de Ricaurte, en Nariño. Sicarios llegaron hasta su casa donde lo ultimaron con varios disparos. Este año van asesinados dos integrantes de esta misma etnia.
No dejarse nublar los ojos por las “Cortinas de humo”


La respuesta desde el Estado, para tapar su omisión, autoría o complicidad de esta persecución política, es poner “cortinas de humo”, tergiversando la realidad, menospreciando la gravedad de los hechos y acusando a otros de ser los principales autores de esta matanza de líderes.


En declaraciones irresponsables, el jefe de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asegura que las víctimas asesinadas “no habían reportado amenazas”. Cuando es una obligación constitucional del Estado preservar la seguridad e integridad de los colombianos y por ende de la paz.


Para los familiares de las víctimas estas explicaciones no tienen credibilidad y, por el contrario, acusan al Gobierno de querer esconder lo que consideran como un exterminio sistemático, comparable con el Genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica.


En este sentido, viendo la gravedad del caso, es necesario y urgente que desde la sociedad colombiana, siga el rechazo a cualquier tipo de agresión y persecución del movimiento social, que siga las movilizaciones y el desarrollo de medidas propias de protección, para que la vida de estas comunidades y sus líderes no corran más riesgo; así mismo, se debe llevar ante la comunidad internacional estas denuncias, para que desde allí se dirijan investigaciones y se presiones medidas efectivas que detengan este Genocidio.

Publicado enColombia
Con licencia abierta y blindada para matar

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de los paramilitares que actúan con plena libertad en nuestra región.


El control paramilitar que siempre nuestra Comunidad de Paz ha denunciado públicamente, sigue avanzando con gran fuerza, abarcando todo el territorio, pero las autoridades no hacen nada para enfrentar y erradicar este fenómeno criminal que anula los derechos y las libertades de la población. Por el contrario, su pasividad, tolerancia y connivencia con el mismo, revela que hace parte de las políticas y estrategias oficiales.


Nuestra Comunidad de Paz siempre ha dejado en evidencia los avances que muestran los paramilitares en el corregimiento de San José de Apartadó y en sus veredas, antes con otros nombres y desde hace un tiempo con el de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), pero la respuesta rutinaria de las autoridades es que nuestra Comunidad de Paz se inventa los hechos o los infla. Desde Rito Alejo del Río (mediados de los años 90) hasta el presente, NEGAR TODO ha sido la actitud de las instituciones del Estado, empezando por la más directamente responsable: la fuerza pública. Con ello se han desprestigiado hasta el extremo, pues han ido confirmando cada vez más que sus verdades son mentiras y que su principal afán es tapar y camuflar la realidad real y tratar de venderle al país y al mundo una realidad falsa.


Las amenazas a nuestra Comunidad de Paz y a los pobladores de la zona no cesan. Los grupos paramilitares que patrullan las veredas obligan a los campesinos a trabajar para ellos, a pagar vacunas, a servirles de puntos de información. La población civil no tiene más opciones que someterse o si no lo hacen tienen que desplazarse o entrar a formar parte de las listas negras, de donde se eligen los candidatos al asesinato, crímenes que van convenciendo a los pobladores que ellos “hablan en serio” y que además gozan de inmunidad, pues están blindados frente a la justicia. La rutinaria matanza de líderes sociales en el país, como política generalizada, nos está demostrando que quienes ordenan los crímenes son inmunes a todo proceso judicial. Ya el gobierno y las cabezas de sus instituciones mantienen el discurso preparado para “lamentar los hechos y prometer que las cosas no se quedarán así, que el peso de la ley caerá sobre los victimarios”, pero la rutina nacional nos ha enseñado hasta la saciedad que se trata de un mero discurso tranquilizador sin incidencia alguna en la realidad.


Durante todo el año 2018 dejamos constancia de todos los atropellos, amenazas y sometimiento de la población civil al paramilitarismo. El afán de controlarlo todo fue como una avalancha que fue inundando todas las veredas ante la mirada pasiva y complaciente de sus “primos” y de las demás autoridades locales y regionales. La consigna frente a nuestra Comunidad siguió siendo que nuestra Comunidad de Paz debe desaparecer, consigna adicionada con amenazas y anuncios persistentes de muerte para varios de nuestros líderes e integrantes y con agresiones audaces como tomas de tierra e incursiones armadas con fines aterradores.


Los hechos de los cuales dejamos constancia hoy son los siguientes:


* Por información de pobladores de la zona, se supo que durante la fiesta de fin de año, hubo en el caserío de San José una gran concentración de paramilitares quienes eligieron ese sitio para sus festejos. Subieron en lujosas camionetas y en multitud de motocicletas por nadie requisadas y se encontraron con numerosos colegas paramilitares. Nos preguntamos por qué lo hicieron allí, estando el caserío tan militarizado, pues hay una base militar y un búnker de la policía, establecimientos cuya ubicación contradice las normas y jurisprudencias de la Corte Constitucional. Muchos pobladores civiles que fueron esa noche a visitar a sus parientes, quedaron extrañados de la gran concentración paramilitar.


* El jueves 10 de enero 2019, veinte paramilitares con camuflados y armas largas, al mando de alias “Majute”, llegaron a la vereda Mulatos Medio, donde se quedaron por varias horas junto a uno de los espacios privados de nuestra Comunidad de Paz.


* El sábado 12 de enero de 2019, cinco paramilitares armados y montando en mulas llegaron al punto conocido como Chontalito, de San José de Apartadó, donde permanecieron algunas horas.


* El miércoles 16 de enero de 2018, en horas de la tarde fue asesinado el joven DEIMER ÚSUGA HOLGUÍN, a escasos 300 metros de la Base Militar del corregimiento de San José de Apartado. El hecho ocurrió en el camino real que sube por el río El Mariano y conduce para las veredas El Mariano, La Linda, Cristalina, Miramar, buenos Aires, Buena Vista, Alto Bonito, Mulatos, Resbaloza, entre otras, el hecho fue exactamente en el punto donde el pasado 16 de noviembre de 2017 intentaron asesinar al joven JUAN DE A CRUZ GUZMAN, hechos atribuidos a los paramilitares, pues su afán por controlar a la población los lleva a perpetrar asesinatos selectivos para producir impactos sobre todo aquel que no se someta a sus intereses. El contexto es, evidentemente, toda la tolerancia y aquiescencia de la fuerza pública con la cual el paramilitarismo ha contado en la zona, ya durante varias décadas, en las cuales han consolidado su accionar y su estrategia, lo cual hace recaer la responsabilidad, de manera evidente, en el gobierno y sus instituciones militares y policiales. Nuestra Comunidad de Paz ha dejado centenares de constancias, clamando permanentemente para que esta absurda situación se termine, pero la única respuesta del Estado es luchar para que no denunciemos, para que cerremos los ojos y la boca y dejemos actuar a sus anchas al paramilitarismo. Ese es el sentido de la Acción de Tutela que la Brigada XVII ha colocado contra nuestra Comunidad, pero que no puede ser acatada porque viola derechos constitucionales y universales intocables y porque de acatarla ahí sí tendrían el campo libre para continuar arrasando con todos los derechos de la población y las bases de la dignidad humana.


* El jueves 17 de enero de 2019, nuestra Comunidad de Paz fue informada de una lista de 8 persona que tienen los paramilitares para asesinar, entre los cuales estaba el joven asesinado el día anterior, Deimer Usuga Holguin. Entre los otros siete que están en la lista, algunos son miembros de nuestra Comunidad de Paz y el resto son pobladores de la zona. Responsabilizamos al Gobierno y a sus instituciones militares por lo que pueda pasarle a los miembros de nuestra Comunidad de Paz y/o a otros pobladores de la zona, pues ya se escuchan nombres de personas que asesinarán y bien lo tiene sabido El Estado, pues la situación que se vive en nuestro territorio es dramática y el Estado no ha querido hacer nada para enfrentarla. En el mismo corregimiento de San José de Apartadó se corren los rumores de una serie de panfletos que circulan los mismos paramilitares desde El Municipio de San José de Uré Córdoba con amenazas de muerte y sometimiento a la población civil si no se acoge a sus ideas perversas.


La Juez Segunda Promiscua de Apartadó se ha propuesto amordazar nuestras constancias públicas presionada por los militares, pero razón tuvimos desde hace ya muchos años, cuando descubrimos que el aparato judicial estaba hundido en la corrupción y sólo producía impunidad para un lado y arbitrariedad para el otro, algo tan opuesto a la mínima ética que debe inspirar el ejercicio de la justicia, que decidimos no relacionarnos más con ese aparato para poder salvar nuestra rectitud de conciencia, mientras hemos seguido clamando a las altas Cortes para que corrija tan perversos caminos y limpie los expedientes de tanta podredumbre, pero no han querido hacer caso.


Es un hecho de completa evidencia que nuestro territorio lo dominan los paramilitares y que la fuerza pública que está ahí, lo permite. Nos preguntamos ¿por qué un corregimiento tan militarizado es controlado por los paramilitares? Y lo más terrible: están matando al campesino a pocos metros de esas bases militares. ¿Hasta cuándo el gobierno va a permitir que el campesino siga siendo oprimido por el paramilitarismo? ¿Cómo es posible que un corregimiento donde hay una base miliar grande y una estación de policía con muchos hombres, los paramilitares ejerzan allí su control, vivan a sus anchas, se reúnan para hacer allí sus grandes fiestas, sin que nadie lo impida, y que además cobren impuestos ilegales, impongan sus normas, asesinen, amenacen, circulen listas de condenados a muerte y las vayan ejecutando y el gobierno siega fingiendo que es sordo y ciego?


Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo peor.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Enero 18 de 2019

 

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