Desobediencia, por tu culpa voy a sobrevivir

Tengo coronavirus, porque aunque parece ser que la enfermedad aún no ha entrado por mi cuerpo, gente amada la tiene; porque el coronavirus está atravesando ciudades por las que he pasado en las últimas semanas; porque el coronavirus ha cambiado con un trinar de dedos como si de un milagro, una catástrofe, una tragedia sin remedio se tratara, absolutamente todo. Donde pises está, donde llegas ha llegado antes y nada se puede hoy pensar, ni hacer, sin el coronavirus entre medio. Parece ser que no solo yo tengo coronavirus, sino que lo tenemos todas, todes, todos; todas las instituciones, todo los países, todos los barrios y todas las actividades.

Lo que está claro es que el coronavirus, más que una enfermedad, parece ser una forma de dictadura mundial multigubernamental policíaca y militar.

El coronavirus es un miedo al contagio.

El coronavirus es una orden de confinamiento, por muy absurda que esta sea.

El coronavirus es una orden de distancia, por muy imposible que esta sea.

El coronavirus es un permiso de supresión de todas las libertades que a título de protección se extiende sin derecho a replica, ni cuestionamiento.

El coronavirus es un código de calificación de las llamadas actividades imprescindibles, donde lo único que está permitido es que vayamos a trabajar o que trabajemos en teletrabajo como signo de que estamos [email protected]

El coronavirus es un instrumento que parece efectivo para borrar,minimizar, ocultar o poner entre paréntesis otros problemas sociales y políticos que veníamos conceptualizando. De pronto y por arte de magia desaparecen debajo la alfombra o detrás del gigante.

El coronavirus es la eliminación del espacio social más vital, más democrático y más importante de nuestras vidas como es la calle, ese afuera que virtualmente no debemos atravesar  y que en muchos casos era el único espacio que nos quedaba..

El coronavirus es el dominio de la vida virtual, tienes que estar pegada a una red para comunicarte y saberte en sociedad.

El coronavirus es la militarización de la vida social.

Es lo más parecido a una dictadura donde no hay información, sino en porciones calculadas para producir miedo.

El coronavirus es un arma de destrucción y prohibición, aparentemente legítima, de la protesta social, donde nos dicen que lo más peligroso es juntarnos y reunirnos.

El coronavirus es la restitución del concepto de frontera a su forma más absurda; nos dicen que cerrar una frontera es una medida de seguridad, cuando el coronavirus está dentro y el tal cierre no impide la entrada de un virus microscópico e invisible, sino que impide y clasifica los cuerpos que podrán entrar o salir de las fronteras.

El espacio Schengen, que es desde donde se ha propagado el coronavirus a esta parte del mundo, donde habito, cierra su frontera a la circulación de cuerpos por fuera de ese espacio y cumple por fin el sueño fascista de que [email protected] otr@s son el peligro.

El coronavirus podría ser el holocausto del siglo XXI para generar un exterminio masivo de personas que morirán y están muriendo, porque sus cuerpos no resisten la enfermedad y los sistemas de salud las, les y los han clasificado bajo una lógica darwiniana como parte de quienes no tienen utilidad y por eso deben morir.

Aparecen los millones de euros de salvataje de sus economías coloniales para solventar alquileres, facturas de servicios, sueldos, cuando a toda esa masa proletarizada se le venía recortando el cielo, diciendo que no había de dónde pagar la deuda social. Ahora que les tienen muertos de miedo, obedientes y recluidos, les premian con el dulce consuelo de que solventarán sus cuentas, después de haber solventado las que importan, que son las de las corporaciones y los Estados.

“Socialistas” como los que gobiernan España, hablan de una guerra que vamos a vencer todos juntos. Les gusta la palabra, creen que sirve para hacer cuerpo y hacer de la enfermedad el supuesto enemigo ideal que nos una. Nada más fascista que declarar una guerra contra la sociedad y contra la democracia aprovechando el miedo a la enfermedad. Nada más fascista que hacer de las casas de la gente sus cárceles de encierro. Nada más neoliberal que proclamar el sálvese quien pueda como solución tutelada.

¿Y qué pasa cuando el coronavirus traspasa la frontera y llega a países como Bolivia?

Empecemos por decir que acá al coronavirus le esperaba ya en la puerta el dengue, que viene matando en el trópico –sin titulares en los periódicos– a las gentes malnutridas, a las wawas, a quienes viven en las zonas suburbanas insalubres. El dengue y el coronavirus se saludaron, a un costado estaba la tuberculosis y el cáncer que en esta parte del mundo son sentencias de muerte.

Los hospitales construidos la mayor parte a inicios el siglo XX con el auge del estaño y posteriormente modernizados, en los años setenta del siglo pasado, con el auge del desarrollismo, son mamotretos que colapsaron hace rato y donde la mala costumbre de curar a la gente siempre pasó por cuánto dinero tienes para pagar los medicamentos, todos importados e impagables.

Entra el coronavirus y llega en aviones, no de turistas, sino de nuestras exiliadas del neoliberalismo que han construido puentes de afecto que hace que vengan a visitar a extraños que llaman hijos, hermanos o padres.

Llegan con regalos y con cuerpos infectados, pero la enfermedad no solo llega en sus cuerpos llega en primera clase también, llega porque tiene que llegar, así de simple. Parece increíble que tengamos que apelar al sentido común y tengamos que decirles que las fronteras no se pueden cerrar, igualito que no se puede poner techo al sol, ni muro a las montañas, ni puertas a la selva.

Llegó por mil lugares, pero fue el cuerpo de una de nuestras exiliadas del neoliberalismo el estigmatizado y maltratado como “la portadora”, aunque ella y no otros hayan sido y sean quienes mantienen a este país. Los parientes de los enfermos se organizan para no dejar que se la hospitalice por el pánico, porque antes de que llegue el coronavirus en un cuerpo, había llegado en forma de miedo, de psicosis colectiva, de instructivo de clasificación, de instructivo de alejamiento.

El orden colonial del mundo nos ha convertido en idiotas que solo podemos repetir y copiar. Privadas y privados de pensar, en el caso boliviano la presidenta decide copiar pedazos del discurso y medidas del presidente de España y leyendo en telepronter lanza un paquete de medidas como si estuviera sentada en Madrid y no en La Paz. Habla de guerra que hay que ganar juntos y de los empresarios con los que concertará y lanza un toque de queda y prohibiciones en colecciones.

Lo único diferente en su discurso es el recurso de la cooperación internacional, la conocida mendicidad en la que nos revolcamos para que nos donen desde barbijos hasta ideas, una vez que les hayan sobrado.

Lo único diferente en su discurso es que acá no hay excedente, ni miles, menos millones de euros con que pagar ninguna cuenta. Acá la sentencia de muerte estaba escrita antes de que el coronavirus llegara en avión de turismo.

Mientras espero una epifanía que nos esclarezca lo que tenemos que hacer y que estoy segura entrara por el cuerpo débil y febril que nos la revelara, mientras me dedico con mis hermanas a desobedecer la prohibición de fabricar gel casero y lo hacemos para vender, porque también tenemos que sobrevivir; mientras rebusco mis libros de medicina ancestral para producir una fricción respiratoria antiviral, como las que hacíamos cuando Mujeres Creando era una farmacia popular en una zona periférica de la ciudad, pienso en el absurdo.

¿Ya que hay toque de queda, quedan [email protected] de subsistir [email protected] quienes viven de trabajar en la noche?

La sociedad boliviana es una sociedad proletarizada, sin salario, sin puestos de trabajo, sin industria, donde la gran masa sobrevive en la calle en un tejido social gigante y desobediente. Ni una sola de las medidas copiadas se ajusta a nuestras condiciones reales de vida, no solo por las deudas, sino por la vida misma. Todas y cada una de esas medidas copiadas de economías que nada tienen que ver con la nuestra, no nos protegen del contagio, sino que nos pretenden privar de formas de subsistencia que son la vida misma.

Nuestra única alternativa real es repensar el contagio.

Cultivar el contagio, exponernos al contagio y desobedecer para sobrevivir.

No se trata de un acto suicida, se trata de sentido común.

Pero quizás en ese sentido común esté todo el sentido más potente que podemos desarrollar.

¿Qué pasa si decidimos preparar nuestros cuerpos para el contagio?

¿Qué pasa si asumimos que nos contagiaremos ciertamente y vamos a partir de esa certidumbre procesando nuestros miedos?

¿qué pasa si ante la absurda, autoritaria e idiota respuesta estatal al coronavirus nos planteamos la autogestión social de la enfermedad, de la debilidad, del dolor, del pensamiento y de la esperanza?

¿Qué pasa si nos burlamos de los cierres de fronteras?

¿Qué pasa si nos organizamos socialmente?

¿Qué pasa si nos preparamos para besar a los muertos y para cuidar a las vivas y los vivos por fuera de prohibiciones, que lo único que están produciendo es el control de nuestro espacio y nuestras vidas?

¿Qué pasa si pasamos del abastecimiento individual a la olla común contagiosa y festiva como tantas veces lo hemos hecho?

Diran una vez mas que estoy loca, y que lo mejor es obedecer el aislamiento, la reclusión, el no contacto y la no contestación de las medidas cuando lo mas probable es que tu, tu amante, tu amiga, tu vecina, o tu madre se contagien.

Diran una vez mas que estoy loca cuando sabemos que en esta sociedad nunca hubo las camas de hospital que necesitamos y que si vamos a sus puertas ahí mismo moriremos rogando.

Sabemos que la gestión de la enfermedad será maormente domiciliaria, preparémonos socialmente para eso.

¿Qué pasa si decidimos desobedecer para sobrevivir?

Necesitamos alimentarnos para esperar la enfermedad y cambiar de dieta para resistir.

Necesitamos buscar a [email protected] kolliris y fabricar con ellas y ellos esos remedios no farmacéuticos, probar con nuestros cuerpos y explorar qué nos sienta mejor.

Necesitamos coquita para resistir el hambre y harinas de cañahua, de amaranto, sopa de quinua. Todo eso que nos han enseñado a despreciar.

Que la muerte no nos pesque acurrucadas de miedo obedeciendo órdenes idiotas, que nos pesque besándonos, que nos pesque haciendo el amor y no la guerra.

Que nos pesque cantando y abrazándonos, porque el contagio es inminente.

Porque el contagio es como respirar.

No poder respirar es a lo que nos condena el coronavirus, más que por la enfermedad por  la reclusión, la prohibición y la obediencia.

Me viene a la mente Nosferatu que en una inolvidable escena, cuando ya la muerte es inminente y la peste encarnada en ratas ha invadido todo el pueblo, se sientan [email protected] en una gran mesa en la plaza a compartir un banquete colectivo de resistencia. Así que nos encuentre el coronavirus, listas para el contagio

Por María Galindo

Integrante de Mujeres Creando

17 de Marzo – 2020

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Coronavirus y la otra pandemia: el desmantelamiento de la salud en el mundo

El verdadero motivo de alarma, en Occidente por lo menos, es el desborde de los servicios sanitarios. La posibilidad de que mueran muchas personas por no tener acceso a hospitales abarrotados se convertiría en una crisis política que los Gobiernos buscan eludir con medidas draconianas de aislamiento forzado.

Más que la gravedad de la pandemia de coronavirus, preocupa el elevado nivel de contagio en poco tiempo, que es la causa del desborde del sistema sanitario. Si se prolongara durante dos años, como prevén algunos expertos, pero no hubiera grandes picos de internación, la situación sería menos grave.

En síntesis, el nudo del problema está en los sistemas de salud, que se han venido deteriorando como consecuencia de las políticas neoliberales de reducción de gastos sociales y privatización de servicios. Un somero repaso de las cifras de camas por habitante en diferentes países, pone al descubierto la crisis del sistema de salud.

Los cambios se aceleraron a raíz de la crisis de 2008. En 2006, la Unión Europea tenía 574 camas cada 100.000 habitantes, pero en 2017 la cifra había caído a solo 504 camas. Una disminución del 12%.

En la parte más alta de la gráfica, figura Alemania con 800 camas en 2017 (830 en 2016), el único país europeo que cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de no menos de 800 camas cada 100.000 habitantes.

No es casualidad que Alemania presente en este momento uno de los niveles más bajos de muertos por infectados: 24 entre 9.257 infectados a fecha de la publicación de este artículo, apenas el 0,26%, diez veces menos que China y treinta veces menos que Italia, que supera el 7%.

Italia se sitúa en uno de los lugares más bajos de la tabla europea: en 2006 tenía 399 camas cada 100.000 personas y en 2017 cayó a solo 318, un descenso estrepitoso del 20%. Países mucho más pobres como Rumanía y Polonia, incrementaron las camas por habitante de 674 a 689 y de 647 a 662, respectivamente.

Bulgaria que tiene un PBI por habitante cuatro veces más bajo que Italia, aumentó su disponibilidad de camas en más del 18% en el mismo período. Datos generales que enseñan que la salud no depende mecánicamente de la riqueza de un país, sino de que sus autoridades la consideren un servicio o un negocio.

En América Latina, la disposición de camas muestra una situación aun peor. Cuba marcha a la cabeza con 520 camas cada 100.000 habitantes, seguida por Argentina con 500. A muchísima distancia le sigue Uruguay, con 280 camas, Brasil y Chile con 220. Una lista que se cierra con Haití, Honduras, Venezuela y Nicaragua, con menos de cien camas.

 

Privatización, la otra pandemia

 

La privatización de los servicios es otro dato fundamental, ya que aumenta la desigualdad en el acceso a la salud. En España la sanidad privada representa ya más del 30% del gasto sanitario, algo que se traduce en mayor opacidad y menor transparencia, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Según la misma organización, Madrid es la región que lidera los índices de privatización, así como el porcentaje de camas privadas sobre el total (27,7% en Madrid versus 5,1% en La Rioja). En la privada los datos enseñan sobre la utilización de estudios caros, como las pruebas diagnósticas de imagen. Un informe del sindicato UGT asegura que "en los últimos cuatro años, el porcentaje de inversión en la privada multiplicaba por tres el de la pública".

Una inversión de carácter especulativo, ya que no impidió que la crisis del coronavirus tenga su foco principal en la capital española, con el 44% de los contagios del país y el 72% de los muertos, al 17 de marzo.
Madrid destina elevadas sumas a la "atención especializada", cara y con resultados dudosos, mientras "destina muy poco a la Atención Primaria, que requiere de una inversión fuerte y urgente porque es el primer peldaño de la sanidad", según Marciano Sánchez Bayle, presidente de la FADSP.

En Italia, en diez años se perdieron 70.000 camas hospitalarias, se cerraron 359 departamentos y numerosos hospitales pequeños fueron abandonados. Entre 2009 y 2018 el gasto en salud creció 10%, frente a 37% de la OCDE.

Entre enero y febrero, el sector sanitario español perdió 18.320 trabajadores, en plena expansión del coronavirus. Además, los sindicatos del sector denuncian abuso de la contratación de interinos y la precariedad en el empleo, mientras las condiciones de trabajo son cada vez más duras.

 

Estados Unidos, líder mundial en desmantelamiento de la salud

 

Podríamos establecer una geopolítica del desmantelamiento de la salud y de la crisis sanitaria. Uno de los epicentros sería Estados Unidos, según el sociólogo y urbanista Mike Davis.

"La temporada de gripe de 2018, por ejemplo, superó a los hospitales de todo el país, mostrando la escandalosa escasez de camas hospitalarias después de 20 años de recortes de la capacidad de hospitalización en aras al beneficio".

Davis destacada los cierres de clínicas privadas y la escasez de personal, impuestos por la lógica de mercado, que "han devastado los servicios sanitarios en las comunidades más pobres y zonas rurales, trasladando la carga a hospitales públicos infradotados y clínicas para veteranos".

Los servicios de urgencias están sobrecargados, por lo que asegura que su país se enfrenta a un "Katrina sanitario", en referencia al huracán que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

Davis nos recuerda que "nada menos que 380.000 pacientes de residencias de ancianos mueren cada año debido al incumplimiento por parte de estas entidades de los procedimientos básicos de control de infecciones".

Como sabemos, Estados Unidos es el país referente en la privatización de la salud. Davis denuncia que las grandes empresas farmacéuticas dejaron de invertir en el desarrollo de nuevos antibióticos y antivirales.

"Los medicamentos para el corazón, los calmantes adictivos y los tratamientos de la impotencia masculina encabezan la lista de los más rentables, pero no los destinados a combatir las infecciones hospitalarias, las nuevas enfermedades y las tradicionales patologías tropicales".

Por eso vaticina que "dentro de un año puede que admiremos retrospectivamente el éxito de China en la contención de la pandemia, pero que nos horroricemos ante el fracaso de EEUU".

22:11 GMT 17.03.2020(actualizada a las 22:14 GMT 17.03.2020) URL corto

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Viernes, 13 Marzo 2020 05:56

Epidemia de neoliberalismo

Epidemia de neoliberalismo

Hace siglos pudimos aprender la importancia de los entornos sociales y naturales donde los virus se arraigan y multiplican, porque convivimos con ellos y no siempre nos amenazan. La peste negra debió enseñarnos que virus prexistentes se multiplican y dispersan cuando se crean las condiciones apropiadas. En nuestro caso, esas condiciones las creó el neoliberalismo.

En Plagas y pueblos, William McNeill destaca algunas cuestiones de actualidad, cuando analiza la peste negra que barrió Europa desde 1347. Los cristianos, a diferencia de los paganos, cuidaban a los enfermos, "se ayudaban entre sí en épocas de pestilencia" y de ese modo contenían los efectos de la peste (Siglo XXI, p. 122). La "saturación de seres humanos", sobrepoblación, fue clave en la expansión de la peste (p. 163).

La pobreza, una dieta poco variada y la no observación de las "supersticiones", costumbres locales de los pueblos, por la llegada de nuevos habitantes, convirtieron las pestes en desastres (p. 155).

Braudel agrega que la peste, o "hidra de mil cabezas", constituye una constante, una estructura de la vida de los hombres ( Las estructuras de lo cotidiano, p. 54). Sin embargo, qué poco hemos aprendido.

La peste negra destruyó la sociedad feudal, por la aguda escasez de mano de obra a raíz de la muerte, en pocos años, de la mitad de la población europea y, también, por la pérdida de credibilidad de las instituciones. Este es el temor que ahora lleva a los estados a encerrar a millones.

La epidemia de coronavirus en curso, tiene algunas particularidades. Me voy a centrar en las sociales, porque ignoro cuestiones científicas elementales.

La epidemia actual no tendría el impacto que tiene, si no fuera por tres largas décadas de neoliberalismo, que ha causado daños ambientales, sanitarios y sociales probablemente irreparables.

Naciones Unidas por medio del Pnuma, reconoce que la epidemia "es reflejo de la degradación ambiental" (https://bit.ly/2TS42fL). El reporte señala que "las dolencias transmitidas de animales a seres humanos están creciendo y empeoran a medida que los hábitats salvajes son destruidos por la actividad humana", porque "los patógenos se difunden más rápido hacia rebaños y seres humanos".

Para prevenir y acotar las zoonosis, es necesario atajar "las múltiples amenazas a los ecosistemas y la vida salvaje, entre ellas, la reducción y fragmentación de hábitats, el comercio ilegal, la contaminación y proliferación de especies invasoras y, cada vez más, el cambio climático".

Las temperaturas a comienzos de marzo (invierno) en algunas regiones de España están hasta 10 grados por encima de lo normal (https://bit.ly/3aFvynq). Además, la evidencia científica vincula "la explosión de las enfermedades virales y la deforestación" (https://bit.ly/2IDBbGO).

La segunda cuestión que multiplica la epidemia son los fuertes recortes del sistema sanitario. En Italia, en los pasados 10 años se perdieron 70 mil camas hospitalarias, se cerraron 359 departamentos y numerosos hospitales pequeños fueron abandonados (https://bit.ly/39BjkMC). Entre 2009 y 2018 el gasto en salud creció 10 por ciento, frente a 37 por ciento de la OCDE. En Italia hay 3.2 camas por cada mil habitantes. En Francia 6 y en Alemania 8.

Entre enero y febrero el sector sanitario español perdió 18 mil 320 trabajadores, en plena expansión del coronavirus (https://bit.ly/2wJIR7W). Los sindicatos del sector denuncian "abuso de la contratación de interinos y la precariedad en el empleo", mientras las condiciones de trabajo son cada vez más duras. Esta política neoliberal hacia el sistema sanitario, es una de las causas por las que Italia ha puesto en cuarentena a todo el país y España puede seguir el mismo camino.

El tercer asunto es la epidemia de individualismo y de desigualdad, cultivadas por los grandes medios que se dedican a meter miedo, informando de forma sesgada. Durante más de un siglo, sufrimos una potente ofensiva del capital y de los estados contra los espacios populares de socialización, mientras se bendicen las catedrales del consumo, como los shoppings.

El consumismo despolitiza, desidentifica e implica una "mutación antropológica" (como alertó Passolini). Hoy hay más personas que desean tener mascotas que hijos (https://bit.ly/2W8J5Qm). Este es el mundo que hemos creado y del que somos responsables.

Las medidas que se toman, a largo plazo, pueden agravar las epidemias. El Estado suspende la sociedad al aislar y confinar a la población en sus casas, prohibiendo incluso el contacto físico.

La desigualdad es igual que en la edad media (hacia el 1500), cuando los ricos corrían a sus casas de campo cuando se anunciaba la peste, en tanto los pobres "se quedaban solos, prisioneros de la ciudad contaminada, donde el Estado los alimentaba, los aislaba, los bloqueaba, los vigilaba" (Braudel p. 59).

El modelo del panóptico carcelario digitalizado, que suspende las relaciones humanas, parece ser el objetivo estratégico del capital para no perder el control en la actual transición sistémica.

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Un trabajador sanitario mide la temperatura a una profesora de una escuela primaria en Jiangsu. Zhao Qirui / SIPA Asia vía ZUMA / DPA

En los últimos meses, los ciudadanos han tenido que adaptarse a un nuevo nivel de intromisión y los expertos advierten que esto puede convertirse en la "nueva norma"

Lily Kuo - Hong Kong

09/03/2020 - 22:51h

En los últimos dos meses, los ciudadanos chinos han tenido que adaptarse a un nuevo nivel de intromisión gubernamental. Para entrar a tu complejo residencial o a tu lugar de trabajo ahora hace falta escanear un código QR y dejar por escrito tu nombre, tu número de DNI, tu temperatura y tus últimos viajes.

Los operadores de telefonía están rastreando los desplazamientos de la gente y redes sociales como WeChat y Weibo han abierto líneas directas para reportar sobre otros posibles enfermos. En algunas ciudades incluso se recompensa al que denuncia a un vecino enfermo.

A la vez hay empresas chinas desplegando tecnologías de reconocimiento facial capaces de distinguir entre la multitud a los que tienen fiebre o a los que no llevan la mascarilla. Hay varias aplicaciones que, a partir de los datos sanitarios de cada ciudadano, alertan al resto cuando se les acerca alguien infectado o alguien que ha estado en estrecho contacto con un infectado.

Además de cerrar ciudades enteras, las autoridades estatales han implementado un sinfín de medidas de seguridad para contener el brote del coronavirus. Todos los que tienen que hacer cumplir las normas, desde los altos cargos hasta los empleados municipales, repiten el mismo estribillo: estamos en un "momento extraordinario" (feichang shiqi) que requiere medidas extraordinarias.

Tras infectar a más de 80.000 personas y provocar la muerte de unas 3.000, el número de nuevas infecciones por coronavirus en China ya está en descenso, pero los ciudadanos y los analistas se preguntan cuántas de estas medidas extraordinarias van a pasar a ser ordinarias.

"No sé qué pasará cuando termine la epidemia, ni me atrevo a pensarlo", dice Chen Weiyu, de 23 años. Empleada en Shanghai, tiene que entregar diariamente una revisión médica a su empresa. Para poder pasar al parque de la oficina tiene que escanear un código QR y registrarse: "El control ya estaba por todas partes, la epidemia acaba de hacer transparente esa vigilancia, que en tiempos normales no vemos".

Otros, como el activista de Guangzhou Wang Aizhong, son más categóricos sobre el futuro. "No hay duda de que esta epidemia ha dado más razones al Gobierno para vigilar a la gente, no creo que las autoridades descarten mantener este nivel de vigilancia tras el brote", dice. "Podemos sentir un par de ojos mirándonos todo el rato en cuanto salimos o nos quedamos en un hotel, estamos completamente expuestos a la vigilancia gubernamental".

Según los expertos, el virus surgido en diciembre en Wuhan ha proporcionado a las autoridades la excusa perfecta para acelerar la recopilación masiva de datos personales y rastrear a los ciudadanos, una perspectiva peligrosa teniendo en cuenta la falta de leyes estrictas sobre el uso de los datos personales.

La misión tiene el objetivo de trepar lentamente para quedarse, sostiene la investigadora principal de China para Human Rights Watch, Maya Wang. En su opinión, lo más probable es que usen al virus como un catalizador para aumentar el régimen de vigilancia masiva, igual que los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing o que la Expo de Shanghai en 2010: "Tras estos eventos, las técnicas de vigilancia masiva se hicieron más permanentes".

"Con el brote del coronavirus, enseguida se hicieron realidad la restricción a la libertad de movimientos y la puntuación del riesgo de cada uno", dice Wang. "Con el tiempo cada vez vemos un uso de la tecnología más intrusivo y menos capacidad de los ciudadanos para resistirlo".

"La vigilancia intrusiva ya es la nueva norma"

Para mucha gente en China, los nuevos niveles de vigilancia pública son obstáculos burocráticos extra, más frustrantes que siniestros, y una demostración de la incapacidad del Gobierno en la gestión del brote. Aunque los altos cargos hablen de ella con orgullo, el sistema de vigilancia de China está lleno de lagunas. Hubo muchas críticas por el caso de una ex paciente infectada que logró viajar de Wuhan a Beijing en febrero, mucho después de que la cuarentena entrara en vigor.

En la mira de los ciudadanos está la aplicación 'Código de Salud', de Alipay. Utilizada en más de 100 ciudades, la app distingue a los individuos con uno de tres colores en función de sus últimos viajes, del tiempo pasado en los focos de contagio y de la cercanía a posibles portadores del virus. Dentro de poco se van a introducir en el programa los números del DNI para permitir a cada persona comprobar el color de los demás.

Un internauta se quejaba en la red social Weibo de que su color había pasado de verde a amarillo (que obliga a cuarentena) solo por conducir a través de Hubei, sin parar. "Ni siquiera puedo salir a comprar pan o agua", decía otro en la provincia de Jiangsu, después de que su código pasara inexplicablemente a amarillo tras un viaje de trabajo.

Muchos se quejan de que la aplicación es sólo "para la galería" (xingshi zhuyi), una forma de que los funcionarios de menor nivel impresionen a sus superiores imponiendo restricciones a los ciudadanos. "Tengo un código de salud, un pase para mi complejo residencial y otro certificado de salud y aún así no puedo entrar en mi casa", escribió alguien en el apartado de comentarios. "Esto es una estupidez, por favor, déjennos movernos", puso otro.

Entre las medidas hay soluciones de tecnología avanzada y otras más comunes. En los espacios públicos se ha desplegado un ejército de empleados públicos para vigilar los puntos de entrada, exigir a los peatones que anoten sus datos o interrogar a la gente sobre sus últimos desplazamientos. Se han cerrado los lugares de culto, como las mezquitas, y en muchas ciudades y regiones se han prohibido las reuniones y hasta las cenas de pocas personas.

En febrero, empleados públicos de la provincia de Sichuan disolvieron un grupo de 10 personas que se había reunido en una fiesta para jugar al mahjong y les obligaron a leer en voz alta una disculpa que grabaron en vídeo. "Nos equivocamos, prometemos que no habrá una próxima vez y también vigilaremos a los demás", se los escucha decir en el vídeo, con las cabezas ligeramente inclinadas.

En otros vídeos publicados en Internet se ha visto a funcionarios locales atando a un hombre a un poste o tirando a la gente al suelo por no llevar la mascarilla. Hace poco despidieron a los policías de Wuhan que fueron grabados golpeando a un hombre por vender verduras en la calle.

La agencia oficial de noticias Xinhua recordó la semana pasada a los ciudadanos que quienes violen las medidas de prevención y control pueden ser condenados a entre tres y siete años de prisión, si es un caso especialmente grave, de acuerdo con lo estipulado por el código penal chino.

"La vigilancia intrusiva ya es la 'nueva normalidad'", cuenta Stuart Hargreaves, que en la Facultad de Derecho de la Universidad China de Hong Kong se especializa en leyes de privacidad y de información. "La pregunta para China es saber, si es que existe, cuál es el nivel de vigilancia que la población se niega a tolerar", añade.

Algunos temen que, en parte, las medidas continúen porque los ciudadanos se acostumbren a ellas. Desde Chengdu, Alex Zhang, de 28 años, lo relaciona con la teoría sobre el estado de excepción del filósofo italiano Giorgio Agamben, que escribió sobre la continuación de medidas tomadas durante emergencias.

"Este tipo de gestión y de pensamiento para enfrentarse al brote también puede usarse en otros ámbitos, como en los medios de comunicación, en el periodismo ciudadano o en los conflictos étnicos", dice Zhang. "Los ciudadanos aceptarán el método porque ya ha sido usado, se convertirá en lo normal".

Traducido por Francisco de Zárate

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Paramilitarismo que reconfirma su instinto asesino

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir ante el país y el mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas, debido al accionar persistente de un paramilitarismo que cuenta con la complicidad activa y pasiva de todas las instituciones y que progresivamente afianza su dominio total de nuestra región.

Hace 23 años nos conformamos como una Comunidad de Paz no participante en el conflicto armado y que rehusaba compartir cualquier espacio o colaborar de alguna forma con cualquier tipo de actor armado. Desde entonces las agresiones han sido continuas, consistentes en asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, encarcelamientos ilegales, bombardeos, desplazamientos, campañas de difamación, calumnias, pillajes, destrucción de  viviendas y cultivos, robos y asaltos armados, incursiones armadas a nuestros espacios, amenazas, montajes, violaciones, profanación de cadáveres y espacios sagrados, memoricidios, invasiones, controles paramilitares y estigmatizaciones de toda índole, por el poder de las armas tanto legales como ilegales. Mes tras mes hemos venido dejando constancia de todas las agresiones que nos afectan y de la complicidad del Gobierno y de las instituciones del Estado en toda esta barbarie contra el que piensa diferente en nuestra región y en el resto del país.

La muerte sigue siendo la forma más efectiva para deshacerse de quien no se someta. En estos dos últimos  años  la estructura paramilitar que hace todo el trabajo sucio del gobierno, ha estado circulando listas de personas para matar, adicionales a los centenares de vidas ya eliminadas; listas que están siendo ejecutadas al pie de la letra y dejando en claro la tolerancia de los organismos de control, del aparato judicial y la responsabilidad de mando del Jefe de Estado, señalado por la Constitución como el supremo garante de los derechos humanos fundamentales, como los derechos a la vida, a la integridad y a las libertades básicas individuales y colectivas.

En los últimos días enfrentamos otra vez la destrucción de una vida civil a manos de los paramilitares, con la rutinaria respuesta del Estado: no pueden ir siquiera a diligenciar el levantamiento del cadáver porque “no hay condiciones de seguridad para los agentes estatales”. Nos preguntamos de qué tipo de inseguridad se habla, cuando ejército, policía y demás instituciones oficiales conviven diariamente en el minúsculo poblado de San José con los integrantes y mandos del paramilitarismo, estructura responsable de este último crimen y cuyos mandos elaboran las listas de gente para matar.  Por ello nuestra Comunidad no duda en atribuir máxima responsabilidad a los diversos estamentos del Estado que hacen presencia en el corregimiento, como la Brigada XVII del ejército y la Policía de Urabá, instituciones que confiesan recibir nuestras constancias en las cuales se revelan las rutas de presencia y de violencias de los paramilitares, incluyendo los alias y no pocas veces los nombres reales y los números de celulares desde donde amenazan y anuncian sus crímenes, e incluso videos tomados en las fincas de la zona donde concentran sus tropas ilegales, armadas y uniformadas. Pero NUNCA PASA NADA. TODO SIGUE IGUAL Y PEOR.

Los hechos de los cuales dejamos constancia esta vez son los siguientes:

  • ·En los días previos al 21 de febrero de 2020(aniversario de la horrenda masacre de Mulatos y La Resbalosa), según información de los pobladores de la zona, los paramilitares habrían realizado una reunión con la población civil en la vereda Mulatos.
  • ·El domingo 23 de febrero de 2020, el joven paramilitar conocido en la zona como “KALET”, quien es un desmovilizado de las FARC-EP y beneficiario del programa de desmovilización del Gobierno Nacional, lanzó serias amenazas contra nuestra Comunidad de Paz, manifestando: “Yo no descanso hasta ir a La Holandita  y ver correr la sangre de esa hp Comunidad”.
  • ·El mismo domingo 23 de febrero de 2020, según informaciones de pobladores, el Ejército habría hecho una reunión con la población civil en el corregimiento de Nuevo Antioquia, de Turbo, al parecer para tratar el tema de la carretera de Nuevo Antioquia / Playa Larga / Rodoxalí / La Esperanza / Mulatos, la cual se ha estado abriendo ya mediante una brecha que no cuenta con ningún tipo de licencia. Según la información recibida, no se concedió la licencia, pero los militares le recomendaron a la población civil que siguieran abriendo la carretera de manera clandestina, con máquinas de la Brigada, pues después que ya esté hecha no le quedará más salida al gobierno que legalizarla. Estas mismas palabras fueron expresadas por los paramilitares el año pasado, en las veredas Resbalosa, de San José de Apartadó, Baltasar y otras veredas de los corregimientos de Batata y Frasquillo del Municipio de Tierralta Córdoba, al manifestarle a la población civil que les ayudaran a electrificar esas veredas de una forma ilegal, que después la empresa EPM les tendría que legalizar la energía eléctrica al estar ya instalada.
  • ·El miércoles 26 de febrero de 2020un grupo de paramilitares con trajes de civil y portando armas cortas se encontraba en una vivienda civil, como a unos 180 metros junto al río el Cuchillo del casco urbano de San José, donde estaban consumiendo licor y amedrentando con sus armas a la población que pasaba por el lugar.
  • ·El mismo miércoles 26 de febrero de 2020,se notó una alta presencia de paramilitares con prendas militares y armas largas en los alrededores de las veredas Mulatos Alto y Mulatos Medio de San José de Apartadó.
  • ·El jueves 27 de febrero de 2020, dos paramilitares que han estado acechando los espacios privados de nuestra Comunidad de Paz en la vereda Mulatos Medio, cruzaron por nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra portando armas cortas y radios de comunicación.
  • ·El viernes 28 de febrero de 2020, nuestra Comunidad de Paz fue informada de la presencia de un grupo de paramilitares encapuchados entre las veredas El Salto, El Guineo y El Gas, de San José de Apartadó. Según informaciones de pobladores, los paramilitares allí amedrentaron a una familia que venía a trabajar en una tierra de su propiedad, la cual se retiró de nuevo de la zona por temor a ser asesinados.
  • ·El sábado 29 de febrero de 2020, entre las 6:00 y 7:00 a. m. fue asesinado cerca de su casa, en la vereda La Miranda, de San José de Apartadó, el señor AMADO TORRES, poblador de dicha vereda e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda. Según las informaciones recaudadas, hombres portando armas largas y uniformes de uso privativo de las fuerzas militares llegaron hasta su vivienda, lo sacaron y lo asesinaron con varios impactos de bala de fusil en la cabeza. Su hijo de 20 años, Carlos Andrés Torres, había sido asesinado por soldados del Ejército Nacional en la vereda Caracolí, el 9 de abril de 2013, cuando iba a regresar a su vereda luego de haber traído productos agrícolas para vender en Caracolí. Todo muestra que a su padre, Don AMADO, los paramilitares lo tenían sentenciado por la autonomía que demostraba frente a ellos, no sometiéndose a sus imposiciones, administrando libremente los recursos de su finca y negándose a pagarles los impuestos ilegales o “vacunas” que ellos le exigían. Los organismos judiciales se negaron a ir a la vereda a realizar el levantamiento del cuerpo, alegando irónicamente “razones de seguridad”, cuando todo el mundo percibe su cercanía y complicidad con los paramilitares, al menos garantizando la apabullante impunidad que reina en la región que es la mayor culpable de la criminalidad reinante. Coincidencialmente, ese día el Presidente Iván Duque se encontraba de visita en Apartadó junto con el ex presidente Álvaro Uribe, en supuestos talleres denominados “construyendo país” y al enterarse del crimen le restó importancia aduciendo que en la zona hay muchos grupos violentos. Los órganos judiciales, en una actitud irresponsable, quisieron imponerle a la familia de la víctima la tarea de recoger las pruebas del asesinato, transfiriendo a las mismas víctimas lo que es su propia tarea remunerada. En lugar de ejercer de manera profesional su tarea, la fuerza pública, a través del Comandante Nacional de la Policía, General Óscar Atehortúa, lo que hizo fue ofrecer recompensas monetarias –esta vez de 20 millones- al civil que informe sobre los autores del crimen. Así se sustituye en Colombia la tarea de los órganos de instrucción penal, recurriendo a un método perverso que se presta para las más infames manipulaciones y montajes y de paso arruinan la moral pública, enseñándole a la gente que la denuncia es una mercancía lucrativa cada vez más lejana de un ejercicio ético, y en la cual se refina el caldo de cultivo para los falsos testimonios, los montajes judiciales y la destrucción en profundidad de toda conciencia moral.
  • ·El domingo 01 de marzo de 2020, llegaron comentarios a nuestra Comunidad de Paz de que los paramilitares están avanzando en la compra forzada de tierras en la zona de Caraballo, de la vereda Arenas Bajas, de San José de Apartadó. Ya son muchas las propiedades en tierras que este grupo paramilitar ha adquirido bajo amenazas a sus dueños, quienes terminan vendiéndoles la propiedad por temor a ser asesinados.
  • ·Este mismo domingo 01 de marzo de 2020, en horas de la noche fue amenazado de muerte el señor JOSÉ POLICARPO CATAÑO, en el caserío de San José, por tres hombres quienes según informaciones hacen parte a los paramilitares y reconocidos en la zona: Darío Tuberquia encargado de narcotráfico, Jairo Borja y Yeison Osorno. Estuvieron a punto de dispararle con armas de fuego.
  • ·El lunes 02 de marzo de 2020, en horas del día, llegaron informaciones a nuestra Comunidad de Paz sobre una lista que estaría circulando en San José entre los paramilitares, de gente para matar dándole continuidad a la dicha lista donde ya han asesinado a Deimer Usuga el 16 de enero 2019, Yeminson Borja el 7 de julio 2019,  weber Andrés el 18 agosto 2019 y Amado Torres el 29 de febrero de 2020 y al parecer el contenido de dicha lista sigue siendo de pobladores de la zona y miembros de nuestra Comunidad de Paz, cuyas ejecuciones están ya en preparación.

Dejamos también constancia de que el 19 de junio de 2019 radicamos en la Presidencia de la República un derecho de petición (Rad: Ext 19-00060721) con 86 constancias de hechos perpetrados contra nuestra Comunidad de Paz entre el 7 de agosto de 2018 y el 23 de mayo de 2019, invocando los artículos 2,6,18 y 189 de la Constitución Nacional, los artículos 7,11 y 20 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y la Sentencia SU 1184/01 de la Corte Constitucional, No. 16-17.

El Presidente Duque remitió dicho documento al Ministerio de Defensa, contra la tradición jurídica universal que no considera válido que la institución victimaria se investigue a sí misma. El 17 de diciembre de 2019 el Comandante de la Séptima División envió una respuesta de 32 páginas elaborada por la Brigada XVII, en la que se refiere a 81 constancias de las 86 incluidas en el Derecho de Petición. En un solo caso (marzo 13 de 2019) reconoce que había presencia militar en Mulatos y que los disparos se debían a tropas del ejército que estaban en un supuesto enfrentamiento con otro grupo armado. En todos los demás casos se afirma que las tropas del ejército estaban distantes de los sitios de los hechos (entre 4 y 11 kilómetros); se alega que los hechos no fueron informados “en tiempo real”, o sea con tiempo suficiente para que el ejército pudiera preparar operativos para estar allí cuando se presentaran las agresiones; o que los hechos no son claros sino confusos, con informaciones precarias, a pesar de que se dieron todas las coordenadas de tiempo, lugar y nombres ficticios o reales de los victimarios y en varios casos los números de los celulares de donde llamaban a amenazar.

Este tipo de respuesta del Gobierno revela algo muy grave pero es lo que se ha vivido en los 23 años de existencia de la Comunidad de Paz: los paramilitares se mueven con plena libertad por todo el territorio, reúnen a las poblaciones de las veredas para imponerles normas, amenazarlas y cobrarles impuestos ilegales, pero jamás su presencia coincide con la del ejército. Todo parece milimétricamente calculado y coordinado para que cuando se den las agresiones el ejército esté situado a 4 o más kilómetros de distancia y así podrá afirmar que “no se enteró” de los hechos y, cuando ya se producen las denuncias o constancias, transcriben un párrafo uniformemente digitalizado en que dicen que ellos están siempre realizando operativos de inteligencia y de control para proteger a la comunidad y para tratar de individualizar a los miembros del “Clan del Golfo”, que es su enemigo virtual y teórico, pues nunca se encuentran con él, pero no consideran como actor ilegal la estructura paramilitar a la cual están vinculados la cantidad de nombres concretos que la Comunidad ha ido registrando en sus constancias, con quienes ejército y policía departen diariamente y amistosamente en el caserío de San José.

Sobra decir que, cuando las constancias hacen referencia a actuaciones del Ejército imposibles de ocultar, como la Acción de Tutela contra nuestra Comunidad para obligarla a callarse ante las agresiones (octubre de 2018) y las presiones de la Jueza, presionada a su vez por la Brigada XVII, para amordazar a nuestra Comunidad, el documento “ignora” las constancias y evade toda respuesta o comentario.

Nuestra Comunidad entiende que la fuerza pública no tiene facultades judiciales y por eso “se lava las manos” ante la impunidad absoluta de todos los hechos. El Presidente y las diversas instituciones del Estado saben muy bien que nuestra Comunidad no acude al aparato judicial porque ha experimentado hasta la saciedad, durante varias décadas, que dicho aparato no hace justicia y solamente produce impunidad y corrupción y por añadidura persigue a los denunciantes y testigos. Es trágico que ninguna de las más altas Cortes del Estado haya acogido nuestras denuncias sobre los innumerables hechos probados de corrupción que les presentamos en el Derecho de Petición del 19 de enero de 2009, y se hayan negado a investigarlos y corregirlos y mantengan en sus cargos a todos los corruptos. Éticamente y en conciencia no podemos colaborar con un aparato así de putrefacto.

En las negociaciones de paz en La Habana, el Gobierno se comprometió a tomar medidas eficaces para erradicar el paramilitarismo. Sin embargo, como la comunidad nacional y la internacional lo saben de sobra, en lugar de erradicarlo lo ha fortalecido enormemente. En nuestra región, después del Acuerdo de Paz su poderío crece y crece diariamente y no se percibe la más mínima acción del Estado para reprimirlo o erradicarlo. Hay aquí, entonces, una monumental responsabilidad del Alto Gobierno que no podrá ocultar jamás ante los tribunales internacionales.

Mientras recogemos las evidencias de nuestra tragedia y las compartimos con el mundo ético, valoramos cada vez más el apoyo moral de personas y comunidades que nos envían su energía espiritual desde numerosos espacios de Colombia y de otros muchos países del mundo. Para ellos y ellas nuestra renovada sincera gratitud.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 7 de 2020

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“Aquí estoy firme y en recuperación”, profe Sara Fernández

Desde su lecho de convalecencia, estimulada por las múltiples voces de apoyo recibidas luego del apuñalamiento de que fue objeto, Sara Fernández, docente y secretaria de la Asociación de profesores de la U. de A., en mensaje enviado vía WhastApp el jueves 5 de marzo, comentó: “Hola y aquí estoy de nuevo, no les voy a dar el gusto de que me vean ausente, aquí estoy firme y en recuperación, dolor aquí y dolor allá, pero inoxidable ante la adversidad. El tratamiento va firme, ya sonrió o nunca he dejado de sonreír. Estoy bien y en unos días saldré caminando altiva y activa. Siempre Sara, la profe”.

A su vez la Universidad de Antioquia compartió un video por su canal de Youtube donde la profesora habla de su recuperación: "Yo amo la Universidad. Me salvé para luchar hasta el final, que la Universidad se respete, se financie y se mantenga viva porque es patrimonio de todos". También hace un llamado al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, para que "retire al Esmad de la Universidad”.

La profesora Sara Fernández, docente de la Universidad de Antioquia y secretaria de Asoproudea, fue atacada con arma blanca a las 2 de la mañana del día 4 de marzo en su residencia, apuñalamiento que afectó uno de sus pulmones. La Asociación a la que pertenece, junto a otras organizaciones del claustro, fueron amenazadas dos días antes (2 de marzo) a través de un panfleto por las Autodefensas Gaitanistas, estructura paramilitar que en su página oficial negó la autoría del mismo.

El atentado contra su vida reafirma una vez más, y prolonga, lo confirmado por el reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), organización que documentó 108 casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia a lo largo del 2019.

El informe, a su vez, cuestionó la violencia con que procede el Esmad al momento de reprimir la protesta social. Dice sobre el particular: “algunos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza. Previamente, el ACNUDH había explícitamente expresado su preocupación con respecto a los procedimientos de intervención del ESMAD. El ACNUDH documentó una presunta privación arbitraria de la vida de un estudiante de 18 años en Bogotá, cometida por un agente del ESMAD armado con un rifle de calibre 12 cargado con munición del tipo 'beanbag'". Como puede deducirse, se alude claramente a la muerte del estudiante Dilan Cruz.

Como podrá recordarse, el informe de la delegación de la oficina de derechos humanos de la ONU en Colombia despertó el rechazo del gobierno nacional, desnudando el distanciamiento reinante el Gobierno y el organismo multilateral en concepción, control, verificación, garantías, justicia, etcétera, en el tema de los derechos humanos y el uso de la violencia por parte del Estado.

Precisamente, el uso de la violencia “legal” por parte del Estado, esta vez a través del Esmad, y la incursión de este cuerpo represivo en el principal claustro universitario de Antioquia y Medellín, su capital, acción que contó con el aval del alcalde de la ciudad, despertó una agria polémica aún sin resolución producto de la cual llegaron las amenazas al centro de estudio, dirigida en particular contra una docena de estudiantes y organizaciones de diverso carácter. El apuñalamiento de la profesora queda enmarcado en esta coyuntura. ¿Casualidad? ¿Atentado disfrazado de robo?

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Atacan a Sara Fernández, profesora de la Universidad de Antioquia

La profesora Sara Fernández, docente de la Universidad de Antioquia y secretaria de la Asociación de Profesores (Asoproudea), fue atacada con arma blanca a las 2 de la mañana del día 4 de marzo en su residencia, apuñelamiento que afectó uno de sus pulmones. La Asociación a la que pertenece, junto a otras organizaciones del claustro, fueron amenazadas dos días antes (2 de marzo) a través de un panfleto por las Autodefensas Gaitanistas, estructura paramilitar que en su página oficial negó la autoría del mismo.

Según el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el sospechoso del ataque fue capturado, e identificado como un “niño de 13 años habitante de calle, entra por su balcón, a hurtar y la hiere”. Después actualizó la información comentando que Medicina Legal identificó al sospechoso y confirmó que no era menor edad y fue llevado a la URI para ser interrogado. 

En declaraciones anteriores, y ante la situación que vive la Universidad de Antioquia, y que requieren de espacios de diálogo permanente con todos los claustros que integran la misma, el Alcalde optó por la confrontación, atizando la inestabilidad que sobrelleva la Universidad y estimulando –sin que sea su propósito pero sí su resultado– la actuación de estructuras paramilitares que desde años atrás han pretendido el ataque de toda voz crítica en el centro de estudios. Como es obvio, en su labor, docentes y estudiantes tienen la obligación de opinar y actuar en pro del buen funcionamiento de su Universidad, así como del país todo, y ello debe hacerse en espacios plurales, sin señalamientos ni, mucho menos, uso de la violencia.

Winston Gallego, miembro de la Corporación Jurídica Libertad, una organización no gubernamental de Derechos Humanos y representante de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, en entrevista con El Espectador dijo "El ataque nos preocupa y más aún que la Alcaldía siga manteniendo la estigmatización de la comunidad estudiantil. Creemos que es urgente y necesario que el alcalde haga un pronunciamiento de respaldo a los líderes sociales y a la comunidad de universitarios donde reivindique su labor"

A la actitud del Alcalde de la ciudad, se suma la reciente declaración de la Ministra del Interior, Alicia Arango, quien expresó: "Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de DD. HH”.

¿Quién está detrás de estos ataques sistemáticos a defensores de derechos humanos y líderes sociales? El Estado lo niega, pero todos los arroyos se dirigen hacia el río madre.

Felipe Martínez en el artículo –“Ríos de sangre inundan el país”– publicado en desdeabajo el pasado 6 de junio, identificó lo siguiente:

Los principales patrones de violencia contra defensores de Derechos Humanos son: “1) Represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; 2) Criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; 3) Ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado como parte del fenómeno conocido como los “falsos positivos”; 4) Ejecuciones por paramilitares con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y 5) Fuerza excesiva utilizada contra defensores de derechos humanos en el contexto de protestas sociales, especialmente a manos de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad)”.

El ataque contra la docente Sara Fernández tiene todos los síntomas de un atentado contra su vida, disfrazado de intento de robo. Como en los demás casos de ataques contra líderes sociales y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, que la impunidad no prime.

 

Lea el artículo de Felipe Martínez en extenso aquí:
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36976-rios-de-sangre-inundan-el-pais.html

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Un centro de detención utilizado para la minoría musulmana uigur en Kunshan Industrial Park, en la provincia de Xinjiang. Ng Han Guan / AP

Según un informe, al menos 80.000 uigures han sido trasladados a otras partes de China como empleados en "condiciones que remiten a trabajos forzados"

 

Al menos 80.000 uigures han sido trasladados desde la provincia de Xinjiang (al oeste de China), algunos de ellos directamente desde centros de detención, a fábricas de toda China que producen para decenas de marcas multinacionales, entre ellas Apple y Nike, según revela un informe elaborado por el Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI).

Elaborado a partir de noticias, imágenes de satélite y documentos públicos, el informe identifica 27 fábricas en nueve provincias chinas donde desde 2017 trabajan empleados trasladados desde los 'centros de reeducación' de Xinjiang en el marco del programa llamado 'Ayuda a Xinjiang'.

El informe del ASPI, con sede en Canberra, habla de condiciones que "remiten directamente a trabajos forzados". Los trabajadores viven en dormitorios separados, les exigen que aprendan mandarín y les someten a formación ideológica, denuncia el informe. Son vigilados a menudo y les prohíben las prácticas religiosas, añade la investigación.

Según los documentos del Gobierno chino analizados por el ASPI, suelen tener cuidadores asignados y restringida la libertad de movimiento. De acuerdo con el informe, las fábricas forman parte de la cadena de suministro de 83 marcas internacionales, entre las que figuran Apple, Nike y Volkswagen.

La política con los uigures y otras minorías musulmanas ha puesto a China en el punto de mira internacional: hasta un millón y medio de personas de Xinjiang han sido internadas en unos campos de reeducación que, según Pekín, son centros de formación profesional voluntaria. El Gobierno chino también afirma que, en su mayoría, los "estudiantes" de estos centros se han "graduado" y regresado a la sociedad.

El informe del ASPI se suma a las cada vez más numerosas pruebas de que los exdetenidos siguen siendo objeto de un fuerte control y, en algunos casos, forzados a trabajar tras ser liberados de los campos. Según sus autores, el número de personas enviadas a otras partes de China dentro de este programa de trabajo "probablemente sea muy superior" a 80.000.

"Este informe expone una nueva fase de la campaña de reingeniería social china dirigida a ciudadanos de minorías al aportar nuevas pruebas de que en fábricas de toda China se usa mano de obra uigur forzada dentro de un plan de transferencia de mano de obra respaldado por el Estado que está contaminando la cadena de suministro mundial", escriben los investigadores.

Titulado 'Uigures en venta', el informe destaca el caso de Qingdao Taekwang Shoes, una fábrica en el este de China que produce zapatos para Nike. En su mayor parte, las personas trabajando en la fábrica eran mujeres uigures de las prefecturas de Hotan y Kashgar (sur de Xinjiang) que asistían a clases nocturnas con un plan de estudios similar al de los campos de reeducación.

Según los información del Gobierno, se exigía a las trabajadoras que asistieran a la escuela nocturna 'Semilla de granada', llamada así por la política que pretende acercar a las minorías étnicas y al grupo étnico mayoritario Han tanto "como las semillas de una granada". En esa escuela, los trabajadores estudian mandarín, cantan el himno nacional chino y reciben "educación patriótica". Los funcionarios de seguridad pública y otros empleados del Gobierno deben informar a diario sobre el "pensamiento" de los trabajadores uigures.

Según los investigadores, cada vez hay más anuncios online de "mano de obra uigur con el respaldo del Gobierno". En uno de ellos se decía: "Ventajas de los trabajadores de Xinjiang: gestión de estilo semimilitar, capaces de aguantar las dificultades, sin pérdidas de personal... ¡pedido mínimo de 100 trabajadores!".

Las multinacionales afirman respetar las normas

El informe pide a Pekín que permita a las multinacionales acceder libremente a las fábricas de China para investigar posibles casos de trabajos abusivos o forzados y que se hagan inspecciones y auditorías que verifiquen la correcta implementación de las medidas de respeto a los derechos humanos.

"A medida que se abordan estos problemas, es crucial que no se haga más daño a los trabajadores uigures o que, por ejemplo, se les transfiera de forma involuntaria de vuelta a Xinjiang, donde su seguridad no está siempre garantizada", dice el texto.

"Apple está comprometido en asegurar que todas las personas en nuestra cadena de suministro sean tratadas con la dignidad y el respeto que merecen. No hemos visto este informe, pero trabajamos cerca de todos nuestros proveedores para asegurar que nuestros altos estándares se mantienen", ha declarado al periódico The Washington Post un portavoz de la empresa tecnológica, Josh Rosenstock.

The Washington Post también ha publicado el testimonio de un portavoz de Volkswagen: "Ninguna de las fábricas mencionadas es actualmente proveedora directa de Volkswagen. Estamos comprometidos con nuestra responsabilidad en todas las áreas de nuestro negocio en las que tenemos autoridad directa".

"Nuestro compromiso es respetar las normas laborales internacionales en todo el mundo", ha dicho la portavoz de Nike. También, ha afirmado que sus proveedores "tienen estrictamente prohibido utilizar cualquier tipo de trabajo en prisión, forzoso, en condiciones de servidumbre o de aprendizaje".

Según Kim Jae-min, director ejecutivo de Taekwang (la empresa surcoreana que gestiona la fábrica de QingdaoTaekwang), entre los 7.100 trabajadores de la planta había unos 600 uigures traídos para compensar la escasez de mano de obra local.

02/03/2020 - 21:17h

Traducido por Francisco de Zárate.

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Estados Unidos y los talibanes llegaron a un histórico acuerdo de paz

El acuerdo prevé la retirada de la mitad del contingente estadounidense en Afganistán. Aunque la firma en sí misma es un hito histórico, todavía queda por delante un largo proceso de negociaciones entre los talibanes y el gobierno de Kabul.

Estados Unidos y los talibanes firmarán este sábado un histórico acuerdo de paz que allana el camino para el fin de una guerra que lleva casi dos décadas. El acuerdo prevé la retirada de la mitad del contingente estadounidense en Afganistán. A cambio, los talibanes deberán garantizar que el territorio afgano no será utilizado para atacar a otros países. Aunque la firma del convenio es un hito histórico, todavía queda por delante un largo proceso de negociaciones entre los talibanes y el Gobierno de Kabul.

Observadores y representantes de diferentes países, además de organizaciones internacionales, están invitados a asistir el sábado a Doha, la capital de Qatar, donde se celebra el acuerdo. Para poder llegar a este punto Estados Unidos y los talibanes pusieron como condición previa una reducción de la violencia. Los últimos siete días fueron la gran prueba de fuego para el grupo fundado por el mullah Omar, cuyo régimen (1996-2001) cayó con la invasión de Estados Unidos. La administración de Bush en esos momentos ardía ante la insistencia talibana de no entregar al fundador de la red integrista Al Qaeda, Osama bin Laden.

A la medianoche del viernes se cumplió el plazo establecido para la disminución de las acciones violentas. Varios dirigentes afganos remarcaron que el objetivo se había cumplido de manera significativa. Esa pretendía ser la prueba del compromiso de los rebeldes con la paz, así como de su autoridad sobre los diferentes comandantes que operan en el terreno.

La comunidad internacional recibió la noticia con gran entusiasmo y muchas expectativas. Sin embargo algunos se mostraron cautos ya que todavía falta un acuerdo entre los insurgentes y el gobierno afgano, que fue excluido del diálogo con Estados Unidos. Las relaciones de fuerzas en Afganistán funcionan en base a las sinergias entre sus grupos tribales.

Por el momento, poco se conoce del texto que se firmará en la capital qatarí. Sin embargo, el representante especial de Estados Unidos para la paz, Zalmay Khalilzad, reveló un detalle importante: el pacto prevé la retirada en 135 días de 5.000 de los alrededor de 12.000 efectivos que Washington tiene desplegados en Afganistán. Según los insurgentes, el acuerdo supondrá también la liberación de unos 5.000 de sus prisioneros y la de un millar de miembros de las fuerzas de seguridad afganas.

De esta forma culminan las negociaciones que comenzaron el 12 de octubre de 2018 y que fueron guardadas celosamente de flashes y micrófonos. El inicio y finalización de cada ronda de diálogos en el golfo Pérsico fue anunciando sobre la hora. Aun así, no faltaron obstáculos y sustos durante el proceso de negociación. El pasado septiembre, el presidente norteamericano, Donald Trump, canceló abruptamente los encuentros en respuesta a un atentado en Kabul en el que murió un soldado estadounidense. El proceso recién se retomó a fines de noviembre tras una visita del mandatario a Afganistán.

Ahora será el turno del ejecutivo afgano de sentarse a la mesa de diálogo con los talibanes. Y no llegan de la mejor manera. El presidente Ashraf Ghani fue recientemente declarado ganador de las elecciones por segunda legislatura consecutiva. Sin embargo el segundo candidato más votado, Abdullah Abdullah, se negó a acatar los resultados. Otro asunto que podría complicar el proceso entre el gobierno y los insurgentes es la formación del equipo negociador. Por el momento el ejecutivo no ofreció detalles sobre sus posibles miembros. Eso encendió la alarma entre partidos y políticos del país asiático. Temen que se trate de una delegación escogida de forma unilateral y que no incluya una representación amplia del espectro político.

Para Estados Unidos la guerra en Afganistán fue la más cara desde la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que los distintos gobiernos gastaron casi 1 billón de dólares en el enfrentamiento bélico. Según cifras actualizadas en junio pasado, desde el inicio de la intervención militar en 2001 el Congreso de Estados Unidos aprobó 975.000 millones de dólares de fondos para Operaciones de Contingencia. Pero el número es aún mayor si a esto se agrega el incremento de los presupuestos del Departamento de Defensa, que asciende a unos 250.000 millones de dólares desde 2001. A su vez, los gastos del Departamento de Asuntos de los Veteranos suman cerca de 50.000 millones.

Estados Unidos financió la guerra casi enteramente tomando deuda. Eso aumentó su déficit fiscal, la deuda externa y causó impactos macroeconómicos, como el alza en las tasas de interés. A diferencia de otras guerras anteriores, la mayor parte de las familias estadounidenses no se vieron afectadas por la guerra en Afganistán. No hubo reclutamientos forzosos ni nuevos impuestos para pagar el conflicto.

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Guerra híbrida contra los movimientos sociales

Quienes formularon la tesis de la "guerra híbrida", se proponían abordar las nuevas formas de la guerra entre Estados en el siglo XXI. En 2006, el general James Mattis, luego jefe del Pentágono con Trump, publicó el artículo "La guerra del futuro: la llegada del conflicto híbrido", concepto que pronto se popularizó.

Se trataba de describir la combinación de la guerra irregular y la asimétrica en el conflicto actual, en el cual los Estados intervienen “de manera directa o delegando su actuación a agentes domésticos o proxies, guerrillas, terroristas, redes criminales o contratistas militares privados”, según el análisis publicado en la revista del ejército español (https://bit.ly/31KGflp).

El concepto se utilizó para explicar el conflicto entre Ucrania y Rusia a comienzos de 2014. Los analistas occidentales acusaron a Moscú de utilizar la "guerra híbrida" para conseguir las independencias de las fronterizas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Ambas provincias se separaron de Ucrania luego que la revuelta Euromaidan, que buscada la integración en la Unión Europea, llevó a la caída del presidente electo y al desacople con Rusia.

Una parte de la población de ambos óblast o provincias, mayoritariamente rusoparlante, se levantó en armas con apoyo de Rusia, formó milicias, tomó edificios gubernamentales, convocó referendos y proclamó la independencia. El concepto de "guerra híbrida" se enmarcó en un conflicto geopolítico y social, que en lo formal se presentó como la población contra el gobierno, pero en realidad representaba los intereses de Rusia.

En Ucrania se enfrentaron las ambiciones geopolíticas de Washington y de Moscú, en cuya defensa utilizaron no sólo a militares y paramilitares, sino a las poblaciones que quieren formar parte de la Unión Europea y las que desean seguir articuladas con Rusia.

El monárquico y español Instituto Elcano, enfila la "guerra híbrida" contra los "movimientos de protesta organizados por intereses extranjeros", afirmación interesada que deja amplio margen a la manipulación mediática (https://bit.ly/2SvrmPG). Las llamadas "amenazas híbridas", pueden ser violentas o no violentas, lo que permite incluir casi cualquier conflicto social como amenaza para el Estado.

De algún modo, se está repitiendo la historia de la guerra fría: cualquier lucha social puede ser acusada de favorecer a cualquier potencia con ambiciones globales o regionales.

En América Latina, este concepto se está enfocando en contra de los movimientos antisistémicos, en particular por parte de los militares brasileños. Los centros de pensamiento militar incluyen las luchas populares en el contexto de una "guerra híbrida", como sucede con las acciones del Movimiento Sin Tierra y con las ocupaciones de escuelas secundarias, en particular las sucedidas en 2016.

Un reciente artículo en la página Defesanet del general en la reserva Carlos Alberto Pinto Silva, ex comandante del Comando Militar del Oeste, del Comando Militar del Sur y del Comando de Operaciones Especiales, titulado "Insurgencia Moderna", pone en la lupa tanto a la izquierda electoral como a los movimientos juveniles radicales (https://bit.ly/31mv0zC).

El general no oculta su satisfacción por la caída de Dilma Rousseff y el triunfo de Jair Bolsonaro, porque ambos hechos muestran que "la vía pacífica para la conquista del poder se desmoronó". Ahora el "socialismo marxista" se empeñará, señala el general Pinto, en el “modo hard” para la toma del poder mediante"protestas, manifestaciones sindicales y uso de los movimientos sociales".

Los estrategas militares consideran las manifestaciones sindicales y los movimientos sociales como "amenazas híbridas", así como las autonomías indígenas porque intentarían "desagregar" los Estados. Desconsideran las demandas de los movimientos y niegan la existencia de pueblos, porque su objetivo consistiría en "desestabilizar a los gobernantes, desacreditar a las autoridades y crear caos en la sociedad, provocando una crisis política" (https://bit.ly/31mv0zC).

Aunque el concepto de guerra híbrida parece poco convincente, es funcional a las estrategias del 1 por ciento más rico del mundo, que los militares se empeñan en defender. Por eso consideran que llegó el momento de poner freno al menor desafío a su dominación, sea de carácter electoral, armado o de movimientos.

Las diversas formas de la contrainsurgencia, desde la guerra de baja intensidad hasta la guerra híbrida, pasando por la guerra asimétrica, han conseguido neutralizar desde las guerrillas hasta la opción electoral, mostrando que las leyes y constituciones son apenas hojas de parra para cubrir la dominación sistémica.

Por tanto, nos toca repensar nuestras estrategias, como señalaba Immanuel Wallerstein. Seguir empeñados en ocupar el palacio es tanto como administrar lo que existe: un modelo neoliberal extractivo que bloquea cualquier cambio programado desde arriba. Peor aún: no tenemos una estrategia global lista para ser ensayada.

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