Explorando las transformaciones del yo de jóvenes estudiantes en el colegio y la universidad

 

Edición 2011. Formato: 14 x 21 cm., 126 páginas
P.V.P:$20.000  ISBN:978-958-8454-55-9

 

Reseña:

"Mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes".El autor del presente trabajo se hace una pregunta semejante a la del son cubano: ¿De dónde viene la juventud universitaria?Este interrogante aborda de un modo sugestivo, explorando las metamorfosis del yo en la experiencia del colegio y la universidad.

No se trata de una aproximación kafkiana al tema, aunque la obligación que tiene la juventud estudiantil colombiana de responder el examen de Estado al terminar su grado 11 tiene cierto tono burocrático, que es absurdo e ilógico, y así lo confirman los relatos que trae el libro.

El autor propone una red conceptual para captar los nexos entre el sentido biográfico íntimo y el significado histórico cultural de toda experiencia.Esta organización conceptual resulta productiva para enfrentar la elusiva realidad del yo, en este caso aplicada a jóvenes en el colegio y la universidad.

En el marco del actual debate sobre las políticas universitarias de Colombia y globalmente, el trabajo presenta una gran utilidad para profesores, estudiantes, padres de familia y funcionarios.

 

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Martes, 19 Junio 2012 06:51

Crece capital privado en China

Crece capital privado en China
El acelerado crecimiento económico, combinado con las dificultades que las compañías pequeñas encuentran para obtener financiamiento, impulsa el rápido ascenso de inversiones en valores privados (VP) en China. Pero normativas recientes, según las cuales los fondos denominados en renminbis deben estar respaldados por completo por inversiones locales, podrían frenar el desarrollo del sector. Los fondos en valores privados extranjeros enfrentan mayor competencia de jugadores locales bien conectados y procedimientos de aprobación más engorrosos.


El deterioro de las condiciones económicas podría restringir el crecimiento de los VP, en particular conforme la salida de inversiones (es decir, la venta de posiciones) se vuelva más difícil. La investigación de crédito también es más onerosa en China. Pese a estas advertencias, la inmadurez de la industria financiera china significa que seguirá siendo un destino clave del capital global invertido en valores privados


China ha visto fluir inversiones en VP en años pasados; los fondos denominados en dólares han obtenido 15 mil 400 mdd para invertir en China en 2011, y los denominados en renminbis han recabado 23 mil 400 mdd. Estas cifras muestran una clara variación en el perfil de la inversión en valores privados a favor de fondos obtenidos localmente; en 2010 los fondos en dólares han recabado 16 mil 900 mdd, en comparación con los 10 mil 700 mdd de los fondos en renminbis.


Un estudio conjunto de la consultora estadunidense Bain & Company y la Cámara de Comercio de EU en China mostró operaciones en VP por 16 mil mdd en 2011, contra 8 mil 500 mdd en 2009, lo que convierte a China en el destino principal de este tipo de inversiones en Asia. En términos relativos, los valores privados representan 0.2% del PIB chino, comparado con 0.5% en EU.


Si bien existen cientos de fondos en VP registrados, hay miles no registrados, lo que produce un gran conjunto de inversionistas potenciales que intentan rastrear empresas necesitadas de capital para crecer.


Tales inversiones podrían resultar lucrativas. En 1994, los bancos de inversión estadunidenses Goldman Sachs y Morgan Stanley compraron una participación de 70 mdd cada uno en la empresa de seguros china Ping’An Insurance. Cuando la compañía fue inscrita en la bolsa, en 2005, los dos bancos pudieron vender su participación en mil millones de dólares. El fondo chino New Horizon Capital, cofundado por Wen Yunsong, hijo del actual primer ministro del país, obtuvo 400 veces su inversión original en el Sinovel Wind Group, luego de su inscripción en bolsa, en enero de 2011.


Los beneficios se extienden más allá de los propios inversionistas. Las pequeñas empresas pueden obtener acceso al financiamiento, pues los bancos de propiedad estatal se orientan más hacia los créditos a las grandes empresas del Estado. El resultado, según el estudio de Bain/EU, ha sido apoyar a empresas innovadoras, así como a las ubicadas en el oeste de China, resultado que embona con las políticas nacionales orientadas a estimular la innovación y el desarrollo regional.


El estudio mostró que compañías apoyadas por VP gastaron 1.9% de sus ingresos en investigación y desarrollo, o I-D (contra 1.3% en 2009), en comparación con sólo 1% de las compañías enlistadas en bolsa (contra 1.2% en 2009). El enfoque en I-D refleja el hecho de que los fondos en valores privados tienen interés por procurar el crecimiento sostenido de las empresas en las cuales invierten.


La extensión de la inversión en VP en China es amplia: según el estudio, 65% del total invertido en 2011 se dirigió a provincias del interior. El estudio definió el interior como Xinjiang, Tibet, Guizhou, Yunnan, Gansu, Qinghai, Ningxia, Sichuan, Chongqing, Shaanxi, Mongolia Interior y Guangxi, es decir, todo el noroeste y el suroeste del país.


Las operaciones en ciudades de segundo y tercer niveles representan ahora alrededor de la mitad del total.


Las de ciudades del tercer nivel han tenido una fuerte elevación en años recientes. Tales regiones albergan muchas pequeñas y medianas empresas que buscan capital. Las empresas de bienes de consumo y la industria de minoristas figuran en forma preponderante entre las que reciben inversión en VP, pues los inversionistas buscan beneficiarse del objetivo chino de restructurar la economía hacia el consumo privado.


Los fondos de VP operan en China en forma diferente que en economías avanzadas, donde se emplean las compras de capital a cambio de deudas para obtener control. En China, por lo regular los fondos de valores privados no asumen el control gerencial de las empresas en las cuales invierten. En general toman participación de 15-40% en empresas que les interesan y les proporcionan capital de crecimiento, antes de una posible salida de la inversión bajo la forma de una inscripción en bolsa.


Hacia adelante



La desaceleración económica en China ha vuelto más difícil el ambiente de inversión para las firmas de VP. Por ejemplo, salir de inversiones mediante las inscripciones en bolsa se ha vuelto más difícil, porque el mercado continúa deprimido. Otro obstáculo es el reto de hacer la investigación de crédito en empresas más pequeñas, e incluso las inscritas en bolsa son opacas. También existen pocas estadísticas comparativas sobre los resultados de las inversiones en VP: los casos cubiertos por la prensa son sacados en forma desproporcionada de ejemplos de participación extranjera exitosa mediante fondos VP.


Aun así, los cambios en la normativa realizados en los años recientes, los cuales permiten que inversionistas institucionales, como fondos de pensión, inviertan en fondos VP, apoyarán el desarrollo de este financiamiento. El desarrollo futuro se elevaría en forma considerable si los inversionistas extranjeros pudieran invertir directamente en fondos denominados en renminbis, pero eso depende de una mayor liberalización de los mercados de capital.


Pese a los desafíos, es probable que la participación extranjera en la actividad de VP en China siga siendo considerable, lo cual debe contribuir al desarrollo de las pequeñas empresas.


Traducción de textos: Jorge Anaya

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Lunes, 04 Junio 2012 17:33

Adiós Humala

Adiós Humala
Tras la "masacre política” de diciembre del 2011, Ollanta Humala ha decidido convencer al mundo de que no solo es un militar sin palabra, sino un político con ideología neoconservadora. Este convencimiento se lo hizo primero a los venezolanos que lo apoyaron en la campaña del 2006 y luego a los brasileños que lo apoyaron en el 2011, y ahora lo viene llevando a la calle. No ha bastado “limpiar” a su gobierno de funcionarios progresistas, ahora es fundamental declarar la lucha de clases a la antigua, a balazo limpio. En distintas partes del Perú, y con el aplauso de la pintoresca y bravucona derecha nacional, Ollanta Humala y su gobierno se enfrentan y desafían al pueblo que ha votado por él. ¿Para qué?

Humala pretendió ser el caudillo progresista esperado en dos décadas. Participante del Foro de Sao Paulo, los partidos políticos de la izquierda latinoamericana lo acogieron y apoyaron en sus campañas diversas desde el 2005. La derecha lo acusó por todo esto de ser primero el candidato de Chávez y la señora Heredia fue perseguida por una parte de la prensa peruana a partir de las elecciones del 2006 por sus vínculos con Venezuela. Por esto tuvo de portavoces de campaña a Mocha García Naranjo y a Nicolás Lynch que venían de las izquierdas.

Luego de su salto a la esfera de influencia de Brasil para la campaña del 2011, creando una mejor imagen de amigo de Lula da Silva y con posiciones más moderadas, la misma prensa lo persiguió por tener un asesor que representaba los intereses empresariales brasileños. El día del triunfo electoral, en junio del 2011, los titulares limeños no lo dieron por ganador sino por empate y anunciaron la necesidad de una concertación política. La derecha decía que éste no podría gobernar sin ella. De allí salió la baraja conservadora dentro del gabinete nombrado el 28 de julio del 2011. Sin embargo ni entonces ni después hubo concertación. La que hizo la derecha fue un asalto al poder. Lo que hay es una vuelta de la tortilla. Una revolución en su sentido cabal. Ganaron los que perdieron y perdieron los que ganaron como ya se dijo hasta la saciedad.

Una cosa es la prensa limeña conservadora y otra la realidad política en el campo. Cuando en Espinar el 76% de la población que ha votado por el candidato ve como ya de presidente los agarra a balazos, la cosa está complicada. Peor si encima mete a la cárcel a la gente de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani por terrorismo que fue a ver qué pasa. Y aún peor, cuando además presiona al presidente de la Corte Suprema a hacer cosas reñidas con la independencia de poderes y lo consigue, permitiendo así el secuestro de autoridades electas para su juicio en otras jurisdicciones. Lo que hay en el Perú, a un año de electo el nuevo gobierno, es un régimen mafioso y matonesco no muy distinto al de Fujimori.

Queda la interrogante de si Ollanta Humala piensa algo. Cualquier cosa. Y si tiene alguna línea. Cualquier línea. Reflejos políticos claramente no tiene. Descartado el verbo “pensar”, ¿Creerá que va a terminar su gobierno? ¿Cómo lo va a hacer? Que Washington piense que esto se arregla a balazos en el nombre del control del terrorismo es un tema relacionado al negocio de la venta de armas. Lo que a los peruanos nos concierne es nuestro país y adónde va. Cada vez hay menos ciudadanos dispuestos a que los atropellen en todo el país. Ese es el único complot. Hay más ciudadanía. Y los jóvenes de ahora son más ciudadanos que lo que han sido en mucho tiempo al margen de la geografía. Medio Oriente nos muestra que la calle pesa en el mundo y el Perú no es una excepción, aunque esa calle sea de tierra en un pueblo con un río contaminado al lado.

Venimos de una dinámica de desintegración nacional que comenzó en la década del 80, cortesía de Sendero y García, a través de las masacres, la hiperinflación y el colapso económico de los años 80. Se intentó recuperar el sentido nacional mediante la estabilización económica de los años 90, las investigaciones sobre corrupción de Fujimori y sus secuaces, y la formación de Comisión de la Verdad en la primera parte del siglo XXI. Tras la elección de Humala en simultáneo tenemos como siempre a la cruz y la espada actuando juntas. El Primer Ministro nombrado en diciembre resulta una expresión del fujimorismo castigado en junio del 2011 por el voto presidencial. Este ha tomado partido en un tema muerto y acabado, como es la sentencia de la Corte Interamericana sobre la Embajada del Japón (1997). Al mismo tiempo, el cardenal echó al padre Gastón Garatea S.S.C.C., ex Comisionado de la Verdad, de la práctica religiosa en Lima. El tema de los militares en los años aciagos ha revivido de la mano de cruz y la espada. Días más tarde se violentaron las protestas sociales anti mineras mientras la policía secuestraba a los alcaldes para enjuiciarlos fuera de su jurisdicción legal. En el Perú, los derechos humanos de los alcaldes son una cojudez total, parafraseando.

El tono de la renuncia de la congresista Verónica Mendoza del Partido Nacionalista la mañana del lunes 4 de junio debería de alertar a Humala y todo su combo, civil, religioso y militar, que pueda que no acabe su periodo. Dice: “La represión como un resorte automático frente a las demandas populares genera más resistencia de la gente, cayendo en un círculo vicioso. No obstante, condenamos tajantemente todo tipo de violencia venga de donde venga. Es necesario que las organizaciones sociales, la sociedad civil y todos los sectores que expresan su malestar por la imposición de las industrias extractivas se manifiesten de forma democrática, organizada y pacífica. Ni un muerto más, ni civiles ni personal policial. ¡Ni un muerto más! Hago un llamado a defender la vida con la vida, no con la muerte.”

Y la Coordinadora de Derechos Humanos el mismo lunes 4 de junio ha pedido la renuncia del Premier Valdés. Si los jóvenes tomaran conciencia de su poder, esto podría devenir en marchas de renuncia del Presidente de parte de organizaciones crecientes de la población afectada no solo por la minería sino por el engaño electoral del 2011. Mientras tanto faltan cuatro años de gobierno.


- Oscar Ugarteche, economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Es presidente de ALAI y coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org
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Doble “estatización” de la planta nuclear de Fukushima y Bankia/España

Dos premisas: 1) el ser humano, y no el barbárico mercado, debe situarse en el centro de la ecuación de todos los intercambios de bienes y servicios de la Vía Láctea; 2) en ningún sistema biológico organizado (al que pertenecen los seres humanos) existe la desregulación (que hoy gobierna la globalización financierista de la parasitaria bancocracia) y que en siquiatría es sinónimo de sicosis.
 

De allí que sea imperativa la doble regulación libertaria (en el sentido de transparente vigilancia democrática, sin caer en la fiscalización totalitaria) tanto estatal como ciudadana.
 

El “nuevo Estado” del siglo XXI, con la colaboración armónica de todos sus integrantes, debe cesar de ser militar/bursátil para pasar a ser complementariamente ciudadano con el respeto supremo a la libertad individual en el marco del bien común que debe procurar la regulación por el “nuevo Estado” del siglo XXI, es decir, la “ciudadanización del Estado”.
 

El “añejo Estado”, deshumanizado en beneficio exclusivo de la barbarie neoliberal, ha sido privatizado silenciosamente por sus peores enemigos prevaricadores. Existe un falso debate maniqueo entre la privatización y la estatización que no toma en consideración lo fundamental del orden mundial vigente: la prioridad jerárquicamente superior de su control geopolítico.
 

Hoy prosigue la tendencia de la restatización de los segmentos estratégicos en los principales países del mundo, a consecuencia del nuevo orden multipolar y la grave crisis del modelo financierista global.
 

Ya había abordado las mayores calamidades de las privatizaciones y sus privaciones: la depredación neopirata de Repsol (ver Bajo la Lupa, 4 y 22/4/12), la petrolera BP, devastadora ambiental del Golfo de México (Bajo la Lupa, 11/7/10) y la energética nipona Tepco, causante del desastre nuclear de Fukushima (Bajo la Lupa, 10/4/11 y 7/3/12). También existen “estatizaciones” aterradoras, como Pemex, de cascarón seudoestatal, pero de contenido ultraprivado (Bajo la Lupa, 29/4/12), atrapado por enésima vez en un fraude financiero inconcebible de 30 mil millones de dólares. Son más conocidos los criterios para denostar el fracaso de las estatizaciones que de las privatizaciones.
 

No existen criterios de evaluación del significado de una privatización “exitosa”, que lo puede ser desde el punto de vista geopolítico (v. gr. la petrolera texana Exxon Mobil, hoy primera empresa estadunidense), pero no desde una medición multifactorial con criterio civilizatorio.
 

Para contrarrestar los criminales abusos inimputables de “las 14 empresas globales más malignas” (Bajo la Lupa, 21/11/05), propongo que, además de la rentabilidad de una empresa privada (sea la que fuere en cualquier lugar), se agreguen criterios civilizatorios ponderados de evaluación y de vigilancia integral de parte del binomio “nuevo Estado”/ciudadano que incluyan los siguientes factores: confianza de los consumidores, beneficio ambiental, trato laboral, responsabilidad social, inversión sinérgica, pago de impuestos, y grados de letalidad y misantropía.
 

El primer axioma bioético que coloca al ser humano en el centro de la ecuación planetaria –que traduzca el renacimiento del humanismo del siglo XXI– debe seguir siendo primum nihil noscere, “lo primero es no dañar”. Sigue siendo válido el truismo coloquial de que no se debe incendiar al planeta con tal de encender un cigarro para saciar un placer personal.
 

Cuando fracasa el modelo financierista global, de excesivas ganancias individualistas perjudiciales del bien común, suele ser rescatado por el aberrante “Estado privatizado” que socializa las pérdidas de la empresa quebrada y daña antidemocráticamente los intereses ciudadanos. En Chile han llegado a la locura de desear “privatizar los peces” (Adital, 11/5/12), mientras la banca estatal china ya empezó a comprar bancos de Estados Unidos (¡supersic!, Russia Today, 10/5/12).


También se estatiza la basura nada reciclable de las fracasadas privatizaciones de Japón y España. El gobierno nipón decidió estatizar Tepco, operador vilipendiado de la planta nuclear de Fukushima (NYT, 9/5/12), mientras a su doloroso pesar, el gobierno de Mariano Rajoy –fundamentalista de extrema derecha neoliberal– estatizó Bankia, uno de los principales de la banca española en naufragio.
 

Japón inyectará 12 mil 500 millones de dólares de fondos públicos (sic) a Tepco, la mayor empresa eléctrica. El gobierno nipón, coludido hasta la médula con su pestilente “lobby nuclear”, no está dejando quebrar a Tepco. ¡Qué negocios entrelazados no existirán entre lo “público”, lo “privado”/depravado y lo “académico”!
 

Según NYT, el gobierno nipón está “ansioso por empujar reformas (sic) con el fin de restaurar la confianza pública”. No específica qué clase de “reformas”. ¿Cómo podrán evitar el maligno encubrimiento bidireccional del “lobby nuclear” con la alta (sic) dirección de Tepco? Su anterior director, Tsunehisa Katsumata, era ya insostenible cuando “se volvió el villano (sic) nacional por su aparente falta de remordimiento (¡supersic!) tras la calamidad nuclear”. Se pretende que habrá “una nueva dirección” para que Tepco “sea más sensible a las víctimas”. ¿Quién lo garantiza cuando permanece el mismo esquema?
 

El problema no es la dirección de Tepco, sino la acefalía axiológica del gobierno radiactivamente cómplice con el “lobby nuclear” que puso en peligro la vida de un mínimo de 30 millones de japoneses. El gobierno nipón –tan dilapidador que ostenta la mayor deuda “visible” del mundo (en proporción a su PIB)– ha dispuesto otros 30 mil millones de dólares “del dinero de los contribuyentes para los pagos de las compensaciones del accidente”. Las trasnacionales privadas dañan y los ciudadanos pagan: ¡qué bonito!
 

Los fracasados banqueros españoles no saben hacer nada sin las directrices del disfuncional FMI: el defenestrado presidente de Bankia, Rodrigo Rato, fue su presidente, y su sustituto, José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, fue presidente de BBVA y vicepresidente de Repsol YPF (¡supersic!). Se expone la eterna circularidad de la desregulada globalización financierista entre hidrocarburos y banca que detecté en mi libro Los cinco precios del petróleo (Cadmo&Europa, Buenos Aires, 2006).
 

España se volvió una bomba financiera que ya empezó a estallar cuando se han intervenido y/o estatizado ocho entidades financieras, mientras el número de cajas de ahorro ha decrecido de 45 a nueve.
 

Según Russia Today (10/5/12), Bankia requiere mínimamente 10 mil millones de euros para no quebrar y comenta que el rescate público de los bancos españoles se da cuando los ciudadanos sufren el mayor recorte de “derechos sociales” de su “etapa democrática”. A ver adónde llega todo esto cuando la maravillosa ciudadanía española transducida en el legendario Movimiento 15-M de indignados reanudó la rebeldía contra la tiranía de la bancocracia neoliberal, en sincronía con Occupy Wall Street y el repudio de los ciudadanos nipones a la dictadura del pestilente “lobby nuclear”.
 

Sí hay salvación y está en manos de los indignados universales. Hay que indignarse para que sobreviva la especie humana: ¡el mayor acto revolucionario de salvación global de todos los tiempos!
 

http://alfredojalife.com

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Primeros pasos postneoliberales, mas no postcapitalistas
“Básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa.”
Presidente Rafael Correa, 15.1.2012


Desde inicios del 2007 se inauguró una nueva etapa llena de esperanzas de cambio. Las políticas económicas del gobierno del presidente Correa, desligadas de los mandatos del FMI y del Banco Mundial, empezaron a revertir paulatinamente la tendencia neoliberal anterior (2).

Este intento de cambio de rumbo no está presente exclusivamente en Ecuador. Se da en varios países de la región. A raíz de la crisis del neoliberalismo, desde hace algunos años atrás y con diversas intensidades, se transita paulatinamente por una senda postneoliberal en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (3). Sin embargo, este proceso, que no aleja definitivamente la posibilidad de un regreso del neoliberalismo, no debe confundirse con un tránsito postcapitalista. No hay que descartar el riesgo de que el progresismo quede atrapado en los límites y contradicciones de una modernización capitalista, en la cual el retorno del Estado le es funcional.

Lo que cuenta es que el Estado ha recuperado espacios de gestión perdidos en los años neoliberales y se proyecta como un actor importante de la economía ecuatoriana. En particular la política fiscal, en tanto fundamental herramienta de política económica en una economía dolarizada, ha cobrado mayor vigencia y capacidad de acción, gracias a la rotura de una serie de ataduras que limitaban su gestión y por cierto a la enorme disponibilidad de ingresos fiscales. El manejo económico no está más regido por las condiciones fondomonetaristas.

Los mayores ingresos de toda la historia republicana


Durante este gobierno, la economía ecuatoriana registra la mayor cantidad de ingresos por exportaciones petroleras desde que se inicio esta actividad en el país. El gobierno de Correa gana por goleada a cualquier otro gobierno anterior, en lo que a exportaciones petroleras se refiere. Naturalmente hay anotar que es el gobierno que más tiempo ha estado en el poder. De todas formas es el gobierno que cuenta con el ingreso mensual promedio más alto de todo el período, tomando en consideración la pronunciada caída de los precios del crudo desde fines del año 2008 hasta mediados del 2009.




A más de los ingresos petroleros que en valores nominales fueron de casi 29.700 millones de dólares, hay que sumar los ingresos tributarios recaudados que alcanzaron los 34.372 millones de dólares; una cifra que contrasta con los 20.195 millones recaudados entre 2001 y 2006.

El crecimiento de los ingresos tributarios debe ser atribuido a varios factores: el esfuerzo realizado por el Servicio de Rentas Internas para reducir la evasión y elusión tributarias, las reformas tributarias que comenzaron a incrementar la presión tributaria y por cierto la misma disponibilidad de recursos monetarios que alientan el consumo y en alguna medida también el crecimiento económico. Los impuestos directos han pasado del 65% en el año 2006 al 58% en el 2011, con la consiguiente reducción de la participación de los impuestos indirectos.

Cabe anotar que la llamada reforma fiscal verde, instrumentada en el año 2011, no tuvo los resultados esperados; las evaluaciones realizadas indican que, por el atropellado proceso seguido en su diseño, esta reforma resultó regresiva en términos ambientales e incluso sociales.

La reducción de la evasión tributaria gravitó también para incrementar los ingresos del fisco, pues se estima, según el SRI, que ésta era del 61% en 2006 y habría llegado a un 40% al cabo de 5 años de gobierno del presidente Correa.




Igualmente este régimen contó con los recursos congelados en diversos fondos petroleros durante los gobiernos anteriores. El gobierno también ha recurrido al uso productivo de recursos acumulados en la reserva de libre disponibilidad (sobre todo en el momento de mayor impacto de la crisis internacional).

El gobierno del presidente Correa, como todos los otros gobiernos, recurrió a los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), aunque en cantidades muy superiores: más de 4.500 millones de dólares, entendible también por aquello de ser el gobierno que más tiempo ha estado en funciones.




Todos estos rubros sumados –petróleo, tributos, préstamos del IESS y otros- superan largamente los ingresos de los gobiernos anteriores. A esto se añade el beneficio obtenido por la renegociación de la deuda externa, que permitió alivianar el pago de intereses en el presupuesto del Estado.

Un factor que debe haber ayudado a sostener gran parte del circulante en el país es la misma crisis de los países centrales. En el Norte global las condiciones para invertir se han debilitado aceleradamente.

Aunque pueda resultar hasta contradictorio, dicha crisis y el manejo que se le ha dado, fundamentado en multimillonarias inyecciones de recursos financieros a la banca, han provocado un sostenido incremento de los precios de muchas materias primas, entre otras el petróleo y los minerales. Estas presiones especulativas están presenten también en los precios de varios alimentos, como son los cereales. De esta manera estos recursos ya no solo están destinados a atender la demanda energética o productiva o alimenticia, sino que se han transformado en activos financieros en medio de una economía mundial todavía dominada por fuerzas y tendencias especulativas.

El gobierno, por su parte, también ha tomado algunas medidas para tratar de controlar la salida de capitales. El creciente impuesto a la salida de los mismos, que alcanzó el 5% en el año 2011, es una de las disposiciones adoptadas, con la consiguiente oposición de algunos grupos de poder económico. Sin embargo, el gobierno no ha conseguido que la banca repatríe el ahorro nacional; cerca del 25% de los ahorros se mantienen fuera del país de manera sistemática durante los últimos 5 años.

A más de los ingresos mencionados habría que incorporar el aporte de las remesas de los compatriotas que laboran en el exterior, que alcanzaron los 2.672 millones de dólares en el año 2011. Es cierto que éstas han disminuido por la crisis internacional. Pero aún así representan un monto que supera las exportaciones de banano, principal producto de exportación tras el petróleo. Además, las remesas, que si bien no van al fisco, ayudan a mejorar los niveles de consumo sobre todo de sectores de clase media baja. Lo preocupante de este consumo es que un elevado porcentaje se lo satisface con importaciones.

Limitado crecimiento económico, sin cambios estructurales


A pesar de ser el período con ingresos fiscales más altos de la historia, el crecimiento económico del país en este lustro no ha sido sostenido. Hay que reconocer que en este lapso impactó la crisis económica internacional, la más grave desde la Gran Depresión de los años treinta del pasado siglo.

Sin embargo, el mayor impacto de esta crisis para Ecuador se revertió en la medida que desde el segundo trimestre del año 2009 empezó una recuperación de los precios del petróleo. De todas formas, en este período de 5 años el precio del crudo ecuatoriano alcanzó niveles desconocidos en períodos anteriores: 59,86 dólares por barril en promedio del año 2007; 82,95 en el 2008; 52,56 en el 2009; 71,93 en el 2010; 97,71 en el 2011.

La economía ecuatoriana, según el Banco Central del Ecuador, creció en 7,8 % en el año 2011. En el 2007 llegó al 2%, en el 2008 alcanzó el 7,2% y en el 2009 fue de 0,4%: año con el mayor impacto de la crisis (4). La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) así mismo indicaba que en el año 2011 la economía creció en 8% en términos reales y ubica al Ecuador como la tercera economía con mayor desempeño de América del Sur.

El crecimiento en 2011 se debió principalmente a una gran inyección de recursos del sector público, que incidieron en el comercio y la construcción, con un aumento de 6,34% y 20,99%, respectivamente, en relación al año anterior. Las obras públicas crecieron en un 18,44%, destacándose entre otros, la construcción de plantas hidroeléctricas. Cabe anotar que muchas de estas obras basan su financiamiento en el endeudamiento con China. Mientras que otros sectores, como el agrícola, en donde se genera una mayor cantidad de puestos de trabajo, tuvieron un crecimiento de 5,95%.

La inversión pública en el año 2006 fue de 1.739,4 millones de dólares (4,3% del PIB) mientras que en el año 2011 fue de 7.375,6 millones de dólares (11,2% del PIB). En todo el período 2007-2011 la inversión pública alcanzó los 23.803 millones de dólares, mientras en el período 2001-2006 apenas llegó a 7.981 millones de dólares. Esta inversión se ha convertido en el motor de la economía. Su función ha sido vital como herramienta contracíclica en los momentos de mayor gravedad de la crisis internacional.

Sin embargo, cuando se han cumplido ya cinco años de gobierno, los anunciados cambios estructurales en el aparato productivo para impulsar el desarrollo endógeno no aparecen. Al analizar la estructura del PIB por sectores podemos, observar que se sigue apostando por los productos primarios. La agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca presentan una mayor participación en el PIB. Sin embargo, gran parte de esta producción no está direccionada al mercado interno.




La industria manufacturera, aunque experimentó un incremento, presenta señales poco claras. El manejo de las medidas proteccionistas ha sido sinuoso: a inicios del año 2009, presionado por la crisis, el gobierno recurrió a una serie de salvaguardias, que luego las desmanteló parcialmente en el año 2011. Esta marcha atrás no solo se debió a las presiones de los países vecinos, sino a la ausencia de una clara estrategia productiva, campo donde se evidencia uno de los fracasos de la gestión gubernamental.

El crecimiento en la participación del comercio al por mayor y menor, es más fruto del incremento de las importaciones.

En el ámbito del comercio exterior la situación no registra mayores variaciones estructurales. La estructura de las exportaciones está dominada por las ventas externas de petróleo. Así para el año 2011, las exportaciones petroleras llegaron al 57,8% del total de exportaciones, siendo el 42,2% restante exportaciones no petroleras; en el año 2006 alcanzaron el 59,3% las petroleras y el 40,7% las no petroleras (En el año 2008 las exportaciones petroleras superaron el 62%, justamente por los elevados precios del petróleo). Estas exportaciones no petroleras son en su mayoría de productos primarios sin apenas valor agregado. El banano es el mayor producto exportado no petrolero: 10% del total.

Las importaciones presentan un panorama con pocos cambios. En el año 2011, mientras financiamos la economía con exportaciones de petróleo crudo, la desfinanciamos con las importaciones de combustibles y derivados del petróleo, que representaron el 22,2% del total de compras externas (2006: 22,5%). Las materias primas alcanzaron el 31,5% (2006: 33,7%) y los bienes de consumo el 20,7% (2006: 24,5%). La importación de bienes de capital, importantes para la industria, sufrieron una reducción en su participación desde el año 2007, pasando del 27,2% al 25,5% en el 2011.

Este panorama se complementa con un gran desbalance comercial. Al año 2011, la balanza comercial fue deficitaria en 664,3 millones de dólares (1,1% del PIB). El déficit de balanza comercial no petrolera llegó a -8.490,8 millones de dólares, el mayor en la época del gobierno de Correa y de toda la historia comercial del país (2006: -3.714,85).

Pocas veces antes los más excluidos estuvieron menos peor


Para analizar la evolución de la economía no solo cuentan los cuantiosos ingresos fiscales y el desenvolvimiento del PIB o las exportaciones. Debemos sopesar también la voluntad por cambiar las prioridades en el uso de los recursos disponibles.

En este lapso cambió profundamente la relación servicio de la deuda versus inversión social. En los años neoliberales la relación era favorable al servicio de la deuda. En el gobierno de Correa prima la inversión social. Comparando la inversión social con el PIB, el salto es inocultable. Esta pasó de 4,74% en el año 2006 al 9,85% en el 2011.

Los avances en educación y salud merecen ser destacados 


La inversión en educación se incrementó de 2,59% del PIB en el 2006 al 5,59% en el 2011 (todavía distante de la meta del mandato constitucional que establece un mínimo del 6%). Empero, se mantiene aún un enorme déficit en infraestructura educativa.

La inversión en salud también mejoró, del 1,24% al 2,17%, en el mismo período (lejos de la meta constitucional del 4%). En educación el 82,5% se destinó a gasto corriente y en salud el 64,6%, porcentajes entendibles por el elevado número de personas que laboran en dichos sectores. De todas maneras, como lo reconocen incluso funcionarios del gobierno, “Ecuador mantiene todavía uno de los más bajos niveles de inversión social per cápita en la región”. (5) 

Los avances cuantitativos, sin embargo, no han ido acompañados de mejoras cualitativas. En materia de educación todavía no hay avances sustantivos en la calidad de la formación impartida. Mientras que en salud, si bien hay un aumento considerable en la cobertura por parte del sistema público, la calidad de los servicios sigue con graves deficiencias. El propio presidente Correa, el 14 de enero del 2012, tras la destitución del titular de esa cartera ministerial, reconoció que “…me parece que no hemos avanzado nada. La misma corruptela. ¿Qué hemos avanzado en estos cinco años en ese aspecto?” (6). Y en el ámbito de la educación no fue menos expresivo al decir que “estoy hasta la coronilla de los mandos medios, de que no obedezcan las órdenes del gobierno central y del presidente de la República”, cuando se inauguraba el ciclo lectivo de la costa, el 16 de abril del 2012. En esa ocasión el presidente Rafael Correa cuestionó la gestión del Ministerio de Educación, la falta de estandarización del modelo de planteles, reclamó a los maestros la excelencia académica.

La inversión en vivienda se sostiene en gran medida por los crecientes créditos hipotecarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La construcción de vivienda, sobre todo para la clase media y los sectores acomodados, alentada por diversas fuentes de financiamiento, como podrían ser indirectamente por el gasto público o directamente por el ingreso de narco dólares, entre otras opciones, experimenta un auge significativo. Incluso podría estar incubándose una burbuja especulativa en este ámbito, lo que ha provocado ya alguna respuesta gubernamental que debe ser aprobada en la Asamblea Nacional.

También se ha potenciado toda la política de subsidios existente con anterioridad. Destaca el Bono al Desarrollo Humano (BDH), como se denomina al Bono Solidario creado en 1998. Así, se incrementó el número de hogares perceptores de 979.008 en el año 2006 a 1.853.238 a enero del 2012, según el Programa de Protección Social del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Para el presupuesto del 2012 se prevé un monto de 486 millones de dólares. En el informe sobre “La inversión social en el Presupuesto General del Estado”, publicado por la Asamblea Nacional y el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social con el apoyo de UNICEF, se reconoce que el Bono de Desarrollo Humano “es una de las principales estrategias gubernamentales para la reducción de la pobreza”. A través de esta acción el gobierno de Correa, con algunas interesantes prestaciones asociadas a dicho Bono, a la postre mantuvo y aún profundizó las lógicas clientelares que desarrollaron los gobiernos anteriores.

A estas cifras en el ámbito social habría que añadir el significativo monto de recursos destinados a la obra pública, presentados en líneas anteriores, que sin duda ayudaron a mejorar las condiciones sociales.

El desempleo y el subempleo han experimentado una reducción. El desempleo, en promedio anual, pasó de 6,9% en el 2007 a 6,0% en el 2011. El subempleo, en ese mismo período, evolucionó del 51,9% al 46,65 en el 2011. (No se pueden hacer fácilmente comparaciones con las épocas anteriores, pues desde el año 2007 hay otra metodología de cálculo). El saldo nos dice que todavía en el año 2011 al menos uno de cada dos personas en capacidad de trabajar no tenía un trabajo adecuado. Este es un problema de fondo no resuelto.

En el año 2011, en relación al 2007, la población en edad de trabajar creció en 709.588 (9,7%), pero la población económicamente activa sólo creció en 160.483 (3,7%): el 77% del incremento se dio en personas que se excluyeron de la economía, sea porque estudian, por que emigran o porque ya no buscan trabajo. Esto significa que la población en edad de trabajar creció más rápido que la población económicamente activa. Es decir, a pesar de que más personas estaban en edad de trabajar, solo una fracción de esas (33%) entró a formar parte de la población económicamente activa (es decir a trabajar o a buscar un trabajo).

En este lapso mejoró el poder adquisitivo de los salarios. Se redujo la brecha del ingreso en relación a la canasta básica al pasar del 31,1% en el 2006 al 12,2% en el 2011. Incluso se superó la canasta vital. Esta positiva evolución, sin embargo, no se debió a un incremento de la productividad. En este contexto, el consumo, alentado también por la inversión y el gasto públicos, a lo que habría que añadir las remesas de la emigración, se incrementó de manera sostenida.

Francisco Rohn Dávila, director del CAAP, en una entrevista en Diario El Comercio, el 11 de marzo del 2012, reflexiona sobre este tema y sus consecuencias: “Una de las transformaciones más importantes de la sociedad actual es que, en esencia, es consumista. Y si se ha incrementado ese consumo (en el Ecuador, NdA) es por el flujo de recursos monetarios importantes. El eje de la circulación monetaria es el Gobierno, que refuerza el imaginario del consumismo. Esto crea individuos pensando en un presente por consumir; no piensan en el futuro y, por lo tanto, tampoco en un proyecto histórico de Estado nacional. (…) El Gobierno tiene su discurso de la estabilidad y que solo él hace posible que la sociedad cumpla su sueño: consumir. Si esto se hace con una mayor o menor autoritarismo, con mayor o menor centralización del poder, no es un tema que convoque a la gente. La persona solo piensa en que mañana podrá ir al centro comercial y comprar lo que quiera.” (7) 

A pesar de todos los esfuerzos desplegados, al no afectarse estructuralmente la modalidad de acumulación imperante, ni la concentración de la riqueza en pocas manos, en estos cinco años no se registra una mejora sustantiva en términos de reducción de la pobreza. La pobreza urbana por ingresos cae del 36,7% en el año 2007 al 28,4% en el 2011, y la pobreza extrema lo hace del 16,5% al 12,9% en el mismo período, es decir en 8,3 puntos porcentuales y 3,6 puntos porcentuales respectivamente; mientras que en el lapso precedente, del 2001 al 2006, esta reducción fue de 20,7 puntos porcentuales en la pobreza y de 18,2 en la extrema pobreza.

De la misma manera, en el período 2001-2006 se reduce en 19 puntos la pobreza urbana y 11 puntos la pobreza rural; mientras que en el período 2007-2011 lo hace en 6,6 puntos la pobreza urbana y en 10,1 puntos la pobreza rural.

Sin negar que la pobreza se reduce más rápido inmediatamente después de una crisis, como la vivida en el tornasiglo, no es menos cierto que el resultado durante el gobierno de Correa no se corresponde a los enormes ingresos fiscales y la voluntad política de atender prioritariamente la inversión social.

De todas maneras sí se puede afirmar que como muy pocas veces antes los más excluidos estuvieron menos peor.

Pocas veces antes los grupos económicos poderosos estuvieron mejor


En estos cinco años, no disminuyó la concentración de la riqueza al ritmo esperado en un proceso autodenominado como revolucionario. Hay que señalar que el nivel de concentración de la riqueza en Ecuador es sumamente elevado. Como muestra se puede ver la evolución del índice de Gini. La reducción de la inequidad, medida por dicho índice, fue de 0,55 en el año 2007 a 0,47 en el 2011, esto significa una mejoría de 8 puntos; mientras que entre el 2001 al 2006 –años neoliberales- se redujo de 0,60 a 0,52, también 8 puntos.

Los niveles de concentración de ventas, medidos por el INEC, son por igual preocupantes: el 95,81% de las ventas a nivel nacional se concentran en el 10% del total de empresas; es más, el 90% de las ventas se concentran en el 1% de las empresas. Las cifras del INEC, reflejan una concentración regional no menos alarmante: Pichincha (18% población del país) y Guayas (25% de la población del país), concentran el 73,15% de las ventas y el 44,6% de establecimientos económicos; la primera provincia se adjudica el 22,2% de los establecimientos y el 46,8% de las ventas, Guayas el 22,4% y el 26,35 respectivamente. Azuay, El Oro, Manabí y Tungurahua tan solo aglutinan el 23,1% de los establecimientos y 16% de las ventas; repartiéndose el resto entre las otras 18 provincias.

En otros ámbitos, como el financiero, la tendencia concentradora se mantiene. Si bien por mandato constitucional, la banca y los banqueros ya no pueden tener propiedades ajenas a las relativas a su actividad específica, el crecimiento acumulado de utilidades de la banca privada en el período 2007-2009 (durante el gobierno de Correa) fue 70% superior al período 2004-2006 (gobiernos neoliberales). En el ejercicio del año fiscal 2011, dada la liquidez registrada por la economía ecuatoriana, el sector bancario incrementó sus utilidades en 52,1% en relación al año anterior. Entre enero y diciembre de 2011, la banca privada ecuatoriana registró 393,1 millones de dólares en utilidades; banca había alcanzado la cifra de 258,4 millones de dólares. Sin embargo, estas cifras no permiten llegar a la conclusión de que todos los bancos están en igual situación; en el territorio nacional hay algunas entidades financieras que se sostendrían con depósitos directos e indirectos del Estado.

En este sentido es necesario destacar que las utilidades de los grupos económicos en el período 2006-2010 serían 364% superiores al período 2004-2006. Las utilidades de los grupos económicos habrían pasado de 529 millones de dólares en 2006 (antes de Correa) a 1.830,4 millones de dólares en 2010 (con Correa) (8).

Con la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, el 29 de septiembre de 2011, no se buscó romper las actuales estructuras monopólicas existentes. Lo que se propone es apenas combatir las prácticas monopólicas y oligopólicas, lo cual no deja de ser un avance teniendo en cuenta que el Ecuador junto con Bolivia y Paraguay eran los únicos países de la región que no disponían de un ley para alentar la competencia. En el caso ecuatoriano, el último intento en este sentido fracasó en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, quien vetó totalmente la ley aprobada por el Parlamento, cediendo así a las presiones de la Cámara de Comercio de Quito.

En concreto, los grupos más acomodados, particularmente determinados conglomerados empresariales de importadores, así como también aquellos ligados a la inversión en obra pública9 y a la inversión social, han obtenido importantes utilidades. Y lo han conseguido sin invertir mayormente en la producción, sino simplemente aprovechándose de la apertura comercial y del mayor gasto público. Se han enriquecido de una manera “ociosa”: importando, comercializando e intermediando.

Se podría decir que, en síntesis, pocas veces antes los grupos económicos poderosos estuvieron mejor que con el actual gobierno.

El modelo empresarial de desarrollo goza de buena salud


El sistema económico, de conformidad con la Constitución de Montecristi en su artículo 283, debe ser social y solidario. Esta definición engloba a todas las formas de organización económica existentes y a las que se podrían construir en el futuro. Las diversas formas de hacer economía deben concluir, luego de un complejo proceso de transiciones plurales, en un todo. Esto, no obstante, no desconoce, la actual realidad de una economía mixta.

En otras palabras, si se quiere hacer realidad lo que dispone la Constitución, no puede mantenerse y menos aún ahondarse un manejo económico segmentado, que atienda por un lado la economía empresarial, por otro la estatal y en último lugar la economía popular, para dividirlo de una manera gruesa. Sin embargo, es ésta división la que inspiró la aprobación del Código de la Producción, por un lado, de la Ley de Economía Popular y Solidaria, por otro, y de la Ley de Empresas Públicas, en un tercer ámbito. Con este divorcio legal, en el que se prioriza el Código de la Producción, el gobierno, que impulsó la Constitución de Montecristi, en la práctica demostraría no tener la voluntad política para cristalizar decididamente una economía social y solidaria.

La ley de Economía Social y Popular, la cual no deja de ser una versión reformada de la ley de cooperativas, con una estructura institucional muy compleja y confusa, se acerca más a los principios constitucionales. En síntesis, la economía solidaria no será una herramienta de transformación válida en tanto el gobierno no asuma con decisión la concepción más innovadora y revolucionaria del concepto constitucional.

En concreto, sin una superación clara del divorcio entre “lo económico” y “lo social”, entre “lo productivo” y “lo solidario”, se consolida en la práctica el modelo económico empresarial que se impuso como dominante en los años liberales. De facto con la aprobación del Código de la Producción se priorizó la consolidación del modelo empresarial de desarrollo, impulsado desde décadas anteriores.

Por otro lado, los respectivos reglamentos contaron con la activa intromisión de los entes regulados, lo que generó un claro conflicto de intereses. En uno y otro caso, para la discusión de estas leyes se convocó a los respectivamente “interesados”, obviando a la sociedad en su conjunto.

En el agro no hay avances revolucionarios


En el campo, en donde las relaciones de subordinación e intercambio desigual entre campesinos y grandes propietarios han sido una constante histórica, la situación mantiene sus características de gran inequidad en términos de acceso a recursos básicos como la tierra y el agua.

El propio presidente Correa reconoció esta realidad. En entrevista a Le Monde Diplomatique, publicada el 3 de enero del año 2010, afirmó que la “tenencia de la tierra en Ecuador no ha cambiado sustancialmente y es una de las distribuciones más inequitativas del mundo; el coeficiente de Gini supera el 0,9 en cuanto a tenencia de tierra.”

Las cifras son contundentes: 616 familias controlan 3,5 millones de hectáreas; 712.000 familias tienen una superficie de 2,4 millones de hectáreas. El 0,001% (una de cada mil) de las unidades productivas en el campo son mayores a 640 hectáreas, pero concentran el 13% de la tierra en producción; mientras que el 70% (setenta de cada cien) unidades productivas acceden al 6% del total de la tierra en producción, con superficies inferiores a 5 hectáreas.

Ante la elevada concentración de la tierra, que en realidad bordea el 0,81 del Gini, no hay ningún indicio de que se quiera dar paso a una verdadera reforma agraria, menos aún una revolución agraria. El presidente Correa, sin considerar el potencial revolucionario y productivo de una profunda reforma agraria -como la que se realizó en Taiwán, por poner un ejemplo-, declaró el 1 de octubre del año 2011, que “la pequeña propiedad rural va en contra de la eficiencia productiva y de la reducción de la pobreza… repartir una propiedad grande en muchas pequeñas es repartir pobreza.” El objetivo según él, como lo manifestó el 3 de octubre del 2011, es “que los grandes terratenientes vendan sus tierras y de esta forma se democratice la tenencia, eso es lo que se busca, esto se ha hecho en muchas partes del mundo, es más eficiente que la reforma agraria”.

Lo que se plantea es una modernización capitalista en el agro, sin base campesina, sin inspiración social y solidaria, es decir sin impulsar la propiedad asociativa y cooperativa, ni la reforma agraria, ni la redistribución del agua, entre otras tareas aún pendientes.

Como complemento preocupante de lo anterior el gobierno alienta la actividad agrícola para producir biocombustibles. El 17 de septiembre del 2011, el presidente Correa anunció la ampliación de los monocultivos para producir biocombustibles en la Península de Santa Elena: “Ya tenemos el mapeo de las zonas agrícolas y hay 400.000 hectáreas donde no hay nada”… salvo algunas comunidades que podrían ser víctimas de acciones de desposesión, cabría añadir.

La tendencia monopolizadora del agua en el agro también es notoria. La población campesina, sobre todo indígena, con sistemas comunales de riego, representa el 86% de los usuarios. Sin embargo, este grupo apenas tiene el 22% de la superficie regada y accede apenas al 13% del caudal. De esta manera, los grandes consumidores, que no representan el 1% de unidades productivas, concentran el 67% del caudal de agua para riego.

Hasta ahora el gobierno de Correa no ha dado señales de querer revertir esta situación y cumplir con el mandato constitucional que en su artículo 312 dice claramente que “se prohíbe toda forma de privatización del agua”. Y no solo eso, luego de aprobada la Constitución, el gobierno amplió el plazo de la concesión de agua a la empresa privada Interagua, en la ciudad de Guayaquil. (10)

Auditoria y renegociación de la deuda: una de cal y una de arena


El gobierno del presidente Correa, en el año 2008, dispuso la suspensión del servicio de una parte de la deuda externa. Esta suspensión de los pagos o moratoria se enmarcó en una posición programática clara y preconcebida para encontrar mejores condiciones para su renegociación, y no por la imposibilidad de servir la deuda.

El gobierno asumió parcialmente los resultados de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público. La Comisión fue creada en el año 2007 ante las reiteradas presiones de diversos grupos de la sociedad civil, expresadas desde años atrás y que no fueron cristalizadas en los dos gobiernos precedentes, los cuales habían dado inicialmente señales de apoyar esta iniciativa ciudadana. El trabajo de dicha Comisión, que tenía más un valor ético que jurídico, fue contundente para varios tramos de la deuda pública externa e incluso interna.

En esas condiciones Correa declaró la suspensión de pagos de un tramo de la deuda externa comercial, por considerarla ilegítima e ilegal. Unos meses más tarde, archivando el reclamo de ilegitimidad e ilegalidad en tanto posibilidad de acciones jurídicas concretas, el gobierno de Correa recompró parte de los Bonos Global (a 12 y 30 años, no así los Bonos Global a 15 años), que habían sido declarados en moratoria. No se entienden las razones para que no se hayan impugnado los Bonos Global 2015, cuya emisión tenía como objeto servir los otros Bonos Global, es decir provenían de un origen igualmente cuestionable.

La indicada Auditoría, siendo un ejercicio histórico de relevancia internacional, no llegó a tener una trascendencia mayor al no haberse complementado con las correspondientes respuestas jurídicas y con acciones coherentes (11). 

Luego de conseguir una importante reducción del peso de la deuda en relación al PIB con esta operación de recompra de parte de los Bonos Global, y teniendo limitaciones para acceder al mercado financiero por esa misma razón, el gobierno abrió el mercado de créditos de China. Así, el peso de la deuda pública interna y externa en relación al PIB, que había declinado del 66,6% en el año 2001 al 32,4% en el 2006, y que llegó al 19,7% en el 2009, volvió a subir al 30,7% en el 2011.

En este punto hay que resaltar lo que representa el ingreso de créditos chino. Ya no hay las condicionalidades fondomonetaristas de la “larga noche neoliberal” (12), es cierto y eso es positivo. Sin embargo, las condiciones de dichos créditos aparecen como onerosas por el lado de la tasa de interés; se habla de que podrían en algunos casos superar el 9%. Además, no nos olvidemos que las empresas chinas “han salido de compras” por el mundo en medio de la crisis. Aprovechando sus cuantiosas reservas monetarias y financieras, así como utilizando su creciente poder político-financiero, China ha empezado a adquirir cada vez más activos en todos los continentes, ampliando aceleradamente su área de influencia. En suma, presenciamos procesos de desposesión como los entiende David Harvey e inclusive una suerte de acumulación originaria global, con rasgos similares a los planteados por Carlos Marx.

Para lograrlo, una de las palancas empleadas por los chinos son los créditos externos. Ellos a través de la entrega de dichos préstamos se aseguran contratos para explotar petróleo y minerales, para construir obras públicas, como los grandes proyectos hidroeléctricos: Coca Codo Sinclair y Sopladora, puentes y otros emprendimientos estratégicos. El pago de dichos créditos está respaldado con la exportación de petróleo ecuatoriano, inclusive utilizando el conocido mecanismo de facilidad petrolera, que daría paso a la entrega de crudo con precios reducidos.

En síntesis, para impulsar esta nueva etapa de la larga historia extractivista del país, el gobierno de la “revolución ciudadana” cuenta con el apoyo del capitalismo global chino del cual espera mucho. Así, el 16 de febrero del 2012, en entrevista con la prensa extranjera, con términos que nos remiten a la época del “endeudamiento agresivo” de la dictadura militar de los setenta en el siglo pasado, el presidente Correa declaró que no existe límite para el endeudamiento con China: “mientras más nos puedan prestar, mejor. Lo que necesitamos para el desarrollo es financiamiento y lo que más tenemos son proyectos rentables. Lo importante son las tasas y el plazo, si me prestan a largo plazo el límite es inexistente, a corto plazo es otra cosa (…) Somos complementarios con China, ellos tienen exceso de liquidez y escases de hidrocarburos, nosotros tenemos exceso de hidrocarburos y escases en liquidez. China financia a Estados Unidos, y pudieran sacar del subdesarrollo a Ecuador” (13). 

Unas reformas petroleras con muy poca reforma


Un punto adicional es el relativo a las reformas a la ley de hidrocarburos introducidas en julio del 2010 y a la renegociación de los contratos petroleros a partir de dichas reformas. Es innegable que el país, luego de “la larga noche neoliberal”, requería cambios profundos y urgentes en el marco jurídico vigente en el ámbito hidrocarburífero. La situación jurídica era insostenible y la urgencia de cambiarla, indiscutible. Esta conclusión se nutre del análisis de la realidad petrolera ecuatoriana y de sus perspectivas después de varias décadas de una casi planificada depredación de la institucionalidad estatal y de entreguismo a los intereses transnacionales. Son muchos los elementos que se podrían considerar para analizar el cambio de la normativa contractual.

Para empezar, haber migrado de los contratos de participación a los de prestación de servicios no garantiza resultados satisfactorios. Mejorar la participación del Estado en la renta petrolera, como afirma haberlo logrado el gobierno, es importante, pero no suficiente. Faltó, no hay duda alguna, más profundidad en las reformas propuestas, que de ninguna manera propiciaron un manejo petrolero que anticipe el indetenible fin de las reservas y que aliente la transformación de la matriz energética, entre otros asuntos pendientes.

Estas son unas reformas definitivamente incompletas. El tiempo dirá si las expectativas gubernamentales se cumplen. Lo que si queda claro es que hay varios puntos críticos en las negociaciones.

Por otro lado es deplorable que el gobierno en cinco años de gestión, contando con enorme poder político y cuantiosos ingresos, no haya logrado modernizar (no confundir con privatizar) la industria petrolera nacional. Por eso preocupa que el gobierno del presidente Correa, a cuenta de la baja eficiencia del ente estatal, haya entregado la administración de varios yacimientos de los campos maduros a empresas extranjeras, manteniendo apenas la supervisión en manos de Petroecuador. Lo cierto es que, luego de varios años de intentos fallidos durante la época neoliberal, en el año 2012 se hicieron realidad los contratos para “recuperar la producción” de los principales campos petroleros con el concurso de empresas extranjeras.

Los campos petroleros más ricos, conocidos comúnmente como “las Joyas de la Corona” por ser los campos más productivos: Sacha, Auca, Shushufindi, Cuyabeno, Cononaco y Libertador, están ubicados en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Su explotación ha provisto los principales recursos financieros al país desde 1972. Luego de que concluyó sus operaciones la compañía Texaco, han sido explotados por Petroecuador. La disputa en torno a ellos ha marcado líneas divisorias entre quienes levantaban un discurso nacionalista y quienes buscaban la privatización a cuenta de una supuesta eficiencia operativa de las empresas extranjeras.

En este gobierno hay un antecedente preocupante. El campo petrolero Sacha, uno de los más grandes, fue entregado, sin que exista un marco jurídico para hacerlo, a la empresa mixta Río Napo, conformada en julio del 2008 entre PDVSA (la empresa petrolera estatal venezolana) y Petroecuador. Los resultados obtenidos hasta ahora no son para nada satisfactorios.

La entrega de estos campos podría configurar, argumentaba Rafael Correa, antes de ser presidente de la República, en una entrevista realizada en Radio “La Luna”, en el 2006, “una traición a la patria”.

En este punto habría como destacar, poniendo algunos casos a modo de ejemplo, ciertos manejos poco transparentes o quizás hasta dolosos. La confirmación de la entrega del campo Palo Azul a Petrobras, cuando este campo no configuraría una estructura compartida (situación que fue demostrada por una comisión interinstitucional, cuyo informe dio inicio al proceso de caducidad contractual en junio del año 2007); además este contrato tendría causales de caducidad similares a las de la compañía Occidental (Oxy). También es de señalarse la contratación “a dedo” y en condiciones de dudoso beneficio para el Estado con la compañía Ivanhoe para extraer el crudo extrapesado de Pungarayaku. Igualmente hay varias denuncias por indebidas e inconvenientes negociaciones internacionales de crudo y derivados. Resultan cuestionables la licitación del Bloque Armadillo y la decisión de explotar el Bloque 31, en donde hay evidencias ciertas de la presencia de pueblos no contactados, situación que prohíbe cualquier tipo de actividad extractivista, tal como manda la Constitución del 2008.

Para completar esta información en el ámbito energético conviene señalar que en el país se inició sorpresivamente un nuevo período de racionamientos de energía a partir de 5 de noviembre del año 2009. Esta compleja situación sin duda que repercutió en la evolución de la economía nacional. De hecho, por efecto de estos racionamientos y su impacto sobre el aparato productivo se revisaron las estimaciones de crecimiento del PIB.

En todo caso es importante el esfuerzo que se realiza para construir una serie de plantas hidroeléctricas, postergadas desde la crisis de la deuda externa. Esta tarea, liderada por el Estado, ayudará a transformar la matriz energética.

La megaminería de la mano de Rafael Correa


El presidente Correa está decidido a imponer la megaminería. Lo ha dicho con claridad, que “no se puede recuperar el tiempo perdido, el factor más escaso en el país es tiempo. Hemos perdido demasiado tiempo para el desarrollo, no tenemos más ni un segundo que perder, (…) y los que nos hacen perder tiempo también son esos demagogos, no a la minería, no al petróleo, nos pasamos discutiendo tonterías. Oigan en Estados Unidos, que vayan con esa tontería, en Japón, los meten al manicomio.” (Macas, sabatina del 10.12.2011

En síntesis, “la megaminería va porque va”. Ese mensaje es conocido. Correa pretende plasmar las voluntades extractivistas de “la larga noche neoliberal”. Entonces los gobiernos apresuraban el paso extractivista, incluyendo la megaminería, atropellando cualquier cuestionamiento. Ya sucedió con la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, por citar un ejemplo. La intolerancia a la crítica era la norma. Esto no ha cambiado, en todo caso ha aumentado durante los últimos años. Triste conclusión, cuando la megaminería, si nos atenemos a la experiencia histórica y a la realidad que se vive en otras latitudes, nos conduce a profundizar más en la esquizofrenia del extractivismo de matriz colonial.

El extractivismo, si bien goza de buena salud, evoluciona. Hay cambios con relación al extractivismo anterior, sobre todo por el lado del interés nacional. Esta constatación no puede ocultar, sin embargo, el mantenimiento de las herencias de raigambre colonial. Es más, de alguna manera, este extractivismo del siglo XXI resulta recolonizador.

Entre sus puntos destacables aflora una mayor presencia y un papel más activo del Estado. Desde una postura nacionalista se busca un mayor control por parte del Estado sobre el petróleo. El objetivo es una mayor participación del Estado en la renta petrolera y minera. Parte significativa de esos recursos, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, en los que el grueso de dicha renta se destinaba al pago de la deuda externa, en la actualidad financia importantes y masivos programas sociales.

Si bien el accionar gubernamental genera un extractivismo de nuevo tipo, tanto por algunos de sus componentes como por la combinación de viejos y nuevos atributos, no se generan cambios sustantivos en la estructura de acumulación. Este neo-extractivismo sostiene una inserción internacional subordinada y funcional a la globalización del capitalismo transnacional. Caminar al socialismo, como reza el discurso oficial, alimentando las necesidades -incluyendo las demandas especulativas- del capitalismo global es, por decir lo menos, una incoherencia (14). 

Es más, en la medida que se amplia y profundiza el extractivismo se agrava la devastación social y ambiental. Los derechos colectivos de varias comunidades indígenas y campesinas son atropellados para ampliar aún más la frontera petrolera. Poco importa que en el Ecuador constitucionalmente la Naturaleza sea sujeto de derechos. En otro ámbito, no hay la intención de que las empresas contraigan la obligación de refinar el mineral en el país para romper con el círculo de país productor de materias primas que alimenta el subdesarrollo.

Al mantenerse inalterada la lógica de acumulación dominante, los grupos más acomodados de la sociedad, particularmente vinculados directa o indirectamente a los intereses de las empresas extractivistas, los cuales apenas han sufrido el embate de los “discursos revolucionarios”, no dejan de obtener cuantiosas utilidades aprovechándose justamente de este renovado y ampliado extractivismo.

El extractivismo asegura nuevas fuentes de legitimación social, posicionándose como indispensable para combatir la pobreza; esto porque no se considera la devastación ambiental y hasta social que el mismo extractivismo provoca. Estos pasivos ambientales y sociales normalmente no son contabilizados en los proyectos extractivistas, así como tampoco los subsidios ocultos, como son el suministro de electricidad y agua en condiciones ventajosas, la construcción por parte del Estado de carreteras y puertos, entre otros. A la postre, las economías industrializadas, en donde se refinan y procesan estos minerales, se llevan el grueso de las ganancias.

Cuestionar la megaminería, no pude confundirse con no hacer nada frente a las otras actividades mineras de menor volumen, que son perjudiciales para el ambiente y en donde las condiciones sociales son deplorables.

En síntesis, por la vía del neoextractivismo no se encontrará la salida a este complejo dilema de sociedades ricas en recursos naturales, pero a la vez empobrecidas.

Un comentario final preliminar


En síntesis, el gobierno del presidente Correa ha empezado a dar algunos pasos por una senda postneoliberal. La política macroeconómica contracíclica permitió enfrentar la peor crisis económica internacional de las últimas ocho décadas. La obra pública, en particular la vialidad y las plantas hidroeléctricas, para citar un par de casos, así como la inversión social son dignas de ser resaltadas.

Se ha mejorado la situación laboral en algunos ámbitos, sobre todo a través del Mandato constituyente que eliminó la tercerización. También cabe anotar el incremento del poder adquisitivo de los salarios. Se ha puesto en marcha un asistencialismo redistributivo de los excedentes.

Se modernizan algunos servicios públicos, gracias a un importante esfuerzo tecnocrático. Hay un proceso de relevo generacional en las filas de los servidores públicos, con el ingreso de una gran cantidad de jóvenes profesionales. La planificación del Estado ha sido restablecida. Se han recuperado espacios de soberanía nacional, por ejemplo con el cierre de la base militar norteamericana de Manta y la no dependencia del Consenso de Washington. Los aportes del gobierno de Correa para impulsar la integración regional no son menores, sobre todo en lo que atañe a la nueva arquitectura financiera regional; lamentablemente es poco lo que se avanza por falta de compromiso de los países más grandes, con Brasil a la cabeza. Si bien fue saludable que el gobierno se haya desmarcado tempranamente del TLC con los EEUU, preocupa su insistencia por suscribir un TLC con la Unión Europea.

A pesar de ser el gobierno con los mayores ingresos tributarios y petroleros de la historia reciente del Ecuador, en lo productivo sus resultados son pobres o inexistentes. No hay cambios estructurales en la producción, ni avances serios en la diversificación de las exportaciones. No hay afectaciones en la tenencia de la propiedad, en la distribución de la tierra y del agua. El desempleo y la dignificación del empleo siguen siendo tareas pendientes. Las deficiencias cualitativas y aún cuantitativas en los servicios de salud se mantienen; es más, para intentar solucionarlas, al cabo de cinco años de una mediocre gestión, varios servicios del sistema de salud público han sido prtivatizados (se hable de una externalización). La educación, con problemas todavía no resueltos en términos de calidad y de infraestructura, muestra inclusive algunos rasgos conservadores propios del autoritarismo presidencial.

Hay algunos casos gruesos de denuncias sobre el mal manejo de los recursos públicos que no han tenido mayor repercusión. A más de los casos anotados en el ámbito petrolero, como muestra cabe un botón: la venta del ingenio ECUDOS (antes AZTRA) a un grupo peruano en el año 2011, pagando apenas 13 millones de dólares en efectivo (que corresponde al 10% del valor ofertado) y 90% de financiamiento asegurado por el Estado, a una tasa de interés del 5%, ha sido duramente cuestionada. Este pago al contado resulta muy modesto si se toma en cuenta que ECUDOS obtenía importantes utilidades en años precedentes y que en caja, al momento de la venta, había 20 millones de dólares. No se puede dejar de mencionar las denuncias vinculadas a una serie de contratos con entidades del Estado por parte del hermano del presidente de la República, las cuales han tenido como única respuesta judicial la sanción a los periodistas que denunciaron tales hechos.

Tampoco se puede ocultar que, en algunos puntos relativos a los derechos laborales, en la Constitución se introdujeron algunos cambios que han sido interpretados como pérdida de las conquistas de los trabajadores, sobre todo de aquellos que laboran en entidades y empresas públicas. En este gobierno, especialmente luego de la Asamblea Constituyente, los golpes al derecho laboral, particularmente a los servidores públicos, son constantes, instaurándose un sistema de compra de renuncias obligatorias (Decreto 813), con el que se ha despedido a miles de funcionarios públicos y se mantiene atemorizada a la burocracia.

Al cabo de cinco años, se mantiene una elevada dependencia del petróleo en la economía nacional. Este es un tema en extremo preocupante si se sabe que las reservas petroleras demuestran claros síntomas de agotamiento y no se visualiza una estrategia clara enfocada a construir una economía postpetrolera y menos aún postextractivista. Todo lo contrario, el gobierno promociona activamente la megaminería. Es decir, alienta e impone una modalidad de acumulación pasadista, lo cual no conlleva reducir la dependencia y la disminución de la vulnerabilidad externa.

Las respuestas intolerantes del gobierno son cada vez mayores. En base a leyes de los anteriores gobiernos oligárquicos, para poder sostener y aún ampliar el modelo extractivista, se recurre a la criminalización de la protesta social persiguiendo por lo pronto a casi 200 líderes populares defensores de la vida y la Naturaleza, a los que se acusa de terrorismo y sabotaje (15). Mientras que, por otro lado, con políticas sociales clientelares se pretende dividir o al menos debilitar a los movimientos sociales, particularmente indígenas. A esto se suma un sostenido ataque político en contra de dichos movimientos. Detrás de esta estrategia de destrucción del tejido social organizado se consolida un poder cada vez más autoritario, vertical y centralista. Incluso se atropella o se subordina las otras funciones del estado.

El indispensable reposicionamiento del Estado, al no abrir los espacios de participación e inclusión ciudadana, frena las tendencias descentralizadoras que incluso se plasmaron en la Constitución de Montecristi. Se ha dado paso a nuevas prácticas centralizadoras, que tarde o temprano volverán a exacerbar la cuestión regional. De hecho, en cinco años de gobierno, el correismo no ha avanzado nada en la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, más bien parece empeñado en reeditar una suerte de Estado de bienestar de corte socialdemócrata clientelar, con innegables rasgos autoritarios.

El abuso de los proyectos de ley de carácter económico urgente y el repetido veto legislativo presidencial recuerdan las épocas más autoritarias del pasado neoliberal. La democracia, que se fortaleció con el proceso constituyente de Montecristi, se debilita aceleradamente, mientras se consolida, no hay duda, un nuevo caudillo en la historia nacional.

En resumen, de lo que se ha hecho hasta ahora no se puede desprender un cambio revolucionario. Más allá de los discursos grandilocuentes y de los ofrecimientos de cambios radicales, no hay una transformación de la modalidad de acumulación, se mantiene la esencia extractivista y no se quiere afectar la concentración de la riqueza.

Está en juego la reconstrucción o readecuación del modelo económico neocolonial, esta vez más alineado al eje de China, en medio de un proceso de disputa hegemónica mundial. A partir de esa readecuación se articula a la financiarización transnacional del país, permitiendo la configuración de un nuevo esquema de dominación en el que participan viejas y nuevas oligarquías. El Estado emerge como palanca de esta lógica de acumulación extractivista.

Este esfuerzo representa, en realidad, una modernización periférica del capitalismo ecuatoriano, en los términos concebidos por el gran pensador ecuatoriano Agustín Cueva. No está en marcha una transición que afecte las estructuras coloniales y oligárquicas, como punto de partida para una gran transformación.

El propio presidente Correa reconoce esta realidad. Al cumplir 5 años de su gestión, en entrevista al diario gobiernista El Telégrafo, el 15 de enero del 2012, Correa dijo que “básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa.”

20 de abril del 2012

*Una versión anterior de este artículo fue publicada en la revista La Tendencia Nº 13, Quito, abril-mayo, 2012. 
1 Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Ministro de Energía y Minas enero-junio 2007. Presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta noviembre 2007-julio 2008. 
2 Habría que revisar el Plan de Gobierno del Movimiento País 2007-2011, elaborado colectivamente en el 2006, en donde se propusieron los elementos básicos de una agenda para superar el neoliberalismo y el extractivismo, como parte de la construcción democrática de una sociedad democrática. 
3 Una lectura más completa del tema debería confrontar este proceso a la luz de las recetas del Consenso de Washington: austeridad y disciplina fiscal; reestructuración del gasto público para priorizar el servicio de la deuda; reforma tributaria sin criterios de equidad y progresivos; privatización de las empresas públicas; establecimiento de un manejo cambiario competitivo; liberalización comercial; desregulación del mercado financiero y apertura de la cuenta de capitales; apertura sin restricciones a la inversión extranjera directa; flexibilización de las relaciones económicas y laborales; garantía y cumplimiento de los derechos de propiedad privada. 
4 Hay, sin embargo, dudas sobre esta cifra que pudo haber sido maquillada, pues, en realidad, habría existido un decrecimiento 
5 Pabel L. Muñoz; ¿Cómo caminamos al Socialismo del Buen Vivir? – Cinco años de Revolución Ciudadana desde el Plan Nacional del Buen Vivir, en la revista Corriente Alterna, Quito, febrero 2012. 
6 http://www.elcomercio.com/politica/Resumen-enlace-ciudadano-Rafael-Correa_0_628137195.html 
7 http://www4.elcomercio.com/politica/Correa-logica-consumista-entraria-crisis_0_661134016.html 
8 El impuesto a la renta de los grupos económicos en el 2010 fue de 457,6 millones de dólares, si se considera que el impuesto a la renta es la cuarta parte de las utilidades, entonces las utilidades obtenidas en dicho años serían de por lo menos 1830,4 millones de dólares. 
9 También habría que considerar significativas compras en armamentos.  
10 Ante la reiteradas ineficiencias de la empresa Triple Oro en Machala, a inicio del 2012 se resolvió dar por concluida la concesión. 
11 Entre los puntos críticos que cabe anotar de la gestión del actual gobierno es la solicitud presidencial que dio paso a la amnistía a ciertos personajes encausados por la justicia, que lideraron procesos económicos nocivos para el país, como fueron el ex-presidente Gustavo Noboa Bejarano y el ex-vicepresidente Alberto Dahik. Inclusive Jorge Gallardo Zavala, otro de los responsables del manejo económico neoliberal, quien recibió sentencia de 5 años en el 2008 por cargos de incremento no justificado de su patrimonio personal, durante el gobierno de Rafael Correa retornó al país. El mismo juez que anularía el juicio a Alberto Dahik, sustituyó la prisión preventiva de Gallardo y poco después le dio la libertad. 
12 Título de un libro escrito en España por varios autores, La larga noche neoliberal-Políticas económicas de los 80, Instituto Sindical de estudios e Icaria, Barcelona, 1993. 
13http://www.ecuadorenvivo.com/2012021786631/economia/el_endeudamiento_con_china_no_tiene_limite_y_es_necesario_para_el_pais_dice_correa.html
14 También resulta incoherente es afirmar, como lo hace el presidente Correa, que el socialismo del siglo XXI ya no tiene nada que ver con la lucha de clases…Ver en http://www.youtube.com/watch?v=7LlY1tyqY3E 
15 http://www.accionecologica.org/criminalizados/informes/1536-informe-de-criminalizacion-a-defensores-de-derechos-humanos-y-de-la-naturaleza  
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El desarrollo tecnológico transformó por completo la economía, la ciencia, los medios de comunicación e incluso la política. Actualmente el poder sobre la información se define en la red, a través de la fibra óptica. Por su parte, los Estados encontraron nuevas posibilidades para aprovechar estas tecnologías generando nuevas estrategias de comunicación, o bien nuevos métodos de control. La posición política de cada gobierno determina el uso de estas tecnologías como una herramienta pública o en función de intereses privados. Desde su militancia, Sebastián Lorenzo comenzó a indagar sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la política, particularmente en la relación entre administración pública y ciudadanía. Fundó el PJ digital (primera agrupación política en Latinoamérica en nacer y desarrollarse íntegramente en Internet), el Foro Internacional de las Sociedades Digitales y el Observatorio Iberoamericano de Gobierno Abierto. Se desempeñó como director de la Escuela Nacional de Gobierno desde donde ha impulsado el “Gobierno Abierto”, formalizando el uso que los gobiernos hacen de Internet como una herramienta fundamental para la política y la administración. El proyecto se desarrolla junto con políticas públicas como Conectar Igualdad y Argentina Conectada.
 

–¿Cómo impacta la tecnología en la participación ciudadana?

–Lo principal es que vivimos en un sistema de representación democrático y que eso implica que tenemos un representante que toma determinadas decisiones y que en cierto tiempo nosotros, los representados, expresamos nuestra conformidad o disconformidad a través del voto. En el medio, distintas formas de protesta pueden ser la expresión de aprobación o de rechazo de determinadas decisiones. Lo que sucede con la irrupción de las nuevas tecnologías es que operan como un voto cotidiano. La ciudadanía consigue manifestarse todos los días. Esto es posible, básicamente, por el soporte: sencillo, económico y de uso cotidiano. No requiere un andamiaje institucional costoso, ni se trata de un recurso finito, sino que responde a la opinión cotidiana de los ciudadanos. Siempre uso el mismo ejemplo: si yo tengo un libro y te lo doy, me quedo sin el objeto libro, en cambio si lo tengo digitalizado, en pdf por ejemplo, y te lo doy, ambos tenemos el libro. Esto que es tan simple ofrece al ciudadano la posibilidad de acceder a ciertos datos que antes resultaban escasos. De manera que puede exigir la apertura de esos datos, opinar sobre alguna actividad del gobierno, sobre algún decreto, etcétera. Si esta intervención se vuelve numerosa, puede llegar a influir en la agenda de algún funcionario, por ejemplo. La cuestión está en que esa manifestación permanece escrita, sobre la que muchos otros pueden opinar. Sus dos rasgos principales son que no responde a la lógica de la finitud y que trasciende barreras físicas (de distancia, por ejemplo). Por lo tanto, modifica profundamente la participación ciudadana.
 

–Aun así, una gran porción de la población no puede acceder a estos medios tecnológicos, sea por barreras culturales o económicas.

–Exacto, lo que aparenta ser muy democrático, hasta que no se logra una conectividad total y una cultura que pueda aprovecharlo, puede tener el efecto contrario: una porción mínima de la ciudadanía definiendo la agenda de todo el resto. Hoy Argentina es un ejemplo para América latina en materia de políticas públicas para el desarrollo de la conectividad. La primera es la Televisión Digital Terrestre (TDT), que pasó de una onda analógica a una onda digital, con lo cual a las casas llegan ondas digitales. Junto con esto se están entregando un millón seiscientos mil decodificadores de forma gratuita en la base de la pirámide. Se trata de una tecnología de punta que estará llegando primero a una familia pobre, antes que al resto de la sociedad. La segunda implementación clave se llama Conectar Igualdad, que apunta a entregar tres millones de netbooks. Son tres millones de computadoras en un país con once millones de familias. Es muchísimo, es un golpe directo a la brecha digital. Y por último, una medida poco conocida, porque se está empezando a implementar, es el programa Argentina Conectada. Es un cableado de fibra óptica en todo el país para dotar de acceso a Internet a todos los rincones del país. Esto es clave, porque el Estado opera como garante de que Internet se vuelva accesible para todos y de que llegue a los lugares que no son rentables para los privados. Entonces son tres políticas públicas que, por primera vez en la historia de nuestro país, están a la altura de las revoluciones tecnológicas, a la altura de la época. Y por primera vez la política está un paso adelantada respecto del sector privado.
 

–¿Cómo se define la noción de Gobierno Abierto?

–El Gobierno Abierto es un concepto norteamericano que viene a englobar una serie de buenas prácticas a la hora de trabajar desde la administración pública para sacarle provecho a este momento histórico a nivel tecnológico. Hay grupos de intelectuales, grupos de trabajadores de las redes digitales, grupos de funcionarios públicos y grupos de militantes que empiezan a pensar cómo aprovechar de la mejor manera este cambio de paradigma para lograr una gestión más participativa, más colaborativa y más transparente. Son los tres ejes que lo definen, las tres características que propuso Obama para el Gobierno Abierto. Habrá que ver cómo avanzaremos nosotros en el proceso y cuáles serán los fundamentos cuando armemos nuestro propio modelo.
 

–¿Cómo llegó la idea de Gobierno Abierto a nuestro país?

–Había países en el mundo que tenían mayor conectividad que nosotros. Por una cuestión de cercanía, nosotros nos vinculamos con los desarrollos que tenían lugar en España. Europa tenía más conectividad que Argentina y ya se comenzaban a ver estos procesos. Cuando explota el tren de Atocha, crece rápidamente el fenómeno de redes. El gobierno en aquel entonces indicó que el atentado había sido realizado por ETA. Entonces, frente a las contradicciones del gobierno, comienza a circular el mensaje de texto “No fue ETA. Fue Al Qaida. Pásalo”. Este mensaje fue la evidencia de cómo redes tecnológicas pueden modificar cuestiones políticas concretas. Impulsó el voto de los jóvenes, que en España no es obligatorio. La relación con este acontecimiento incrementó el interés de Argentina. Yo ingresé en un colectivo llamado “Colectivo de las ideas”, que era un grupo de bloggeros liderado por Rafael Estrella, que es ahora embajador de España aquí. Cuando era diputado publicó su sueldo en la web y se armó un lío bárbaro, todos se vieron obligados a publicar sus sueldos. En este espacio se comienza a pensar la posibilidad de un Gobierno Abierto en español. España generó la primera plataforma, específicamente el País Vasco creó Irekia, que es la primera en español. Fue cedida con software libre para que podamos implementar este sistema evitando el gran costo que significó construirla en su momento. Y vamos a implementar este modelo en Berisso, el primer municipio que va a poner en práctica la plataforma de Gobierno Abierto en Argentina.
 

–Conociendo la procedencia de esta idea, ¿cuál es la particularidad para Argentina?

–Nosotros estamos en un momento muy distinto respecto de Europa, donde la participación ciudadana va por un lado y la política va por otro. Aquí los gobiernos responden y dialogan permanentemente con la ciudadanía. Partiendo de esa base, la mecánica de trabajo será otra para llegar a determinado objetivo. Pero, además, tiene que ver con la capacidad de escucha y de aprovechamiento que los gobiernos tienen sobre las redes. Hay dos cuestiones: la cuestión técnica y el contenido. Sin técnica, no hay gobierno abierto, y no hay gobierno abierto sin una buena escucha sobre las redes. El componente cultural es el componente fundamental que marca la diferencia.
 

–¿Existe además una diferencia a nivel económico? Es decir, estamos hablando de países del primer mundo frente a países emergentes.

–Justamente desde el Conicet se está investigando esta cuestión porque, aunque presenten una mayor conectividad, eso no implica que se orienten a cuestiones políticas. En cambio, en Argentina se perciben más intervenciones políticas en la red. Tiene que ver con este momento histórico, donde en Europa no hay compromiso político y en Argentina la política se convirtió en parte de la agenda diaria de la gente. Aunque ellos tengan mayor nivel de conectividad, eso no implica mayor participación.
 

–¿Cuáles son las posibilidades que se abren para las relaciones internacionales?

–Cuando se pasó de la TV blanco y negro al color, cada país de América latina adoptó una norma diferente. Y eso fue totalmente predeterminado, de manera que el contenido de Argentina no podía ser visto por los chilenos y el contenido de Brasil era inaccesible para nosotros. Los principales productores audiovisuales no podían estar interconectados. Ahora, antes de que se aplique cualquier sistema, se juntan Dilma y Cristina y firman un convenio para usar, por ejemplo, la misma norma de televisión. Así, un codificador fabricado en Tierra del Fuego se puede vender en Costa Rica y contar con piezas fabricadas en Bolivia. A su vez, los televidentes van a poder acceder a cualquier contenido de la región. Creo que en esto hay una clave concreta de políticas orientadas a las nuevas tecnologías.
 

–¿Qué se espera de la ciudadanía para el buen funcionamiento de un Gobierno Abierto?

–Para el Gobierno Abierto la idea es no perturbar a la ciudadanía. Esta tiene que poder proporcionar mayor información para mejorar la gestión del gobierno. La colaboración que mencionamos antes, que caracteriza uno de los ejes fundamentales del Gobierno Abierto, responde a la idea de que un ciudadano además de participar naturalmente en la vida política puede colaborar con el gobierno. Al circular mayor información, el ciudadano puede formar parte activamente de determinadas reformas, puede ofrecer su cuerpo, sus servicios y todo lo que facilita la tarea pública. La participación y la colaboración están muy vinculadas.
 

–¿Algún ejemplo de transformación real?

–El canon digital es un ejemplo concreto. Sucedió hace algunos meses: la gente comenzó a manifestarse en Twitter con la consigna “no al canon”. Respondía a la implementación de un canon a todos los artículos digitales. La idea de poner un impuesto a los artículos digitales para proteger a la industria cultural de la copia digital. Con esto, todos los artículos tecnológicos se iban a ver encarecidos. El proyecto estaba a punto de ser aprobado, pero por la manifestación de varios usuarios en la red se detuvo. Los funcionarios pudieron percibir esta apreciación de los usuarios y evitar la implementación del canon que produjo tanto descontento. De todas formas, hay que pensar que el tema que se discutió concernía a la clase media, no a la clase más baja.
 

–Llevar a cabo estos modelos, ¿responde a la época en la que vivimos o a una decisión política?

–El Gobierno Abierto responde a un momento histórico y no es posible prescindir del mismo. No hay posibilidad de evitar el avance tecnológico, amolda las prácticas contemporáneas en general y la política no está exenta de esto. Es decir, hay una realidad respecto de los cambios tecnológicos y de prácticas políticas que obligan a los gobiernos a actualizarse. La decisión política reside en que el Estado puede actuar como garante del desarrollo tecnológico y tener una posición activa en la vida política mediada por la tecnología o puede hacerse a un lado y dejar el campo libre al sector privado. El cambio va a realizarse, la cuestión es el lugar que ocupe el Estado en este cambio.
 

–¿Cuál es la ventaja de que el Estado sea el tutor del cambio?

–En las redes sociales los ciudadanos pueden opinar, pero como no fueron pensadas para una participación política carecen de legitimidad como espacio de discusión. Una plataforma que proporcione el Estado va a tener la ventaja de ser un espacio virtual de discusión de temas fundamentales de la vida política evitando la mezcla y la contaminación de temas, permitiendo a los funcionarios una expresión amplia y clara de sus objetivos. Muchas redes sociales impiden discutir temas importantes de manera completa porque están pensadas con otros fines. La información que circula en esas plataformas es valiosa y si un día la misma no funciona más, desaparece un contenido de valor. El Gobierno Abierto viene a plantear la necesidad de un espacio donde se materialicen las demandas de los ciudadanos. Esto necesita un rol activo por parte del gobierno. La cuestión es que todo esto va desarrollarse de todas maneras. El problema es que si no hay iniciativa por parte del gobierno, no se va a poder aprovechar esta herramienta de comunicación fundamental para mejorar una gestión y atender a las demandas ciudadanas.
 

–Uno de los puntos centrales que se discuten a la hora de hablar de un Gobierno Abierto es la apertura de datos, ¿a qué se refiere esta idea?

–Voy a proponer una consecuencia directa de lo que implica hoy en día la falta de apertura de los datos, que muchas veces se asocia con la falta de transparencia. Por ejemplo, cuando Das Neves no subió los resultados de las votaciones se lo acusó de fraudulento. Aunque no existe ninguna ley que indique que deben ser subidos los resultados a la red, existe una cultura y una exigencia por parte de la ciudadanía que lleva a reclamar la transparencia de las maniobras políticas. Esta exigencia se vuelve legítima porque el soporte la habilita, si consistiera en una demanda materialmente imposible no habría legitimidad alguna. Pero es más amplio, se resume en la siguiente frase: “si los datos fueron realizados con fondos públicos, salvo que afecten la integridad de la persona o cuestiones de seguridad nacional, deben ser abiertos a la ciudadanía”. El soporte facilita el acceso a esta información teniendo en cuenta que existen ciertos datos que aún no han sido digitalizados. Pero en lo referente a las elecciones no hay excusa. El proceso se realiza por medio de computadoras, entonces es imprescindible publicarlo.
 

–La centralización de la información puede ser un problema.

–Esta discusión tiene que ver con la idea de transparencia que caracteriza al Gobierno Abierto. La idea no es que se centralice la información sino que exista un control sobre la información que brinda el Estado. Al contrario, cuanto mayor cantidad de formatos circulen, es mejor para la ciudadanía y si esa información llega de forma descentralizada, buenísimo. El asunto es que el Estado debe brindar los dispositivos para garantizarle al ciudadano que esa información sea realmente brindada por el gobierno. Frente a ese riesgo, se tiende a resguardar la información para que no circule contenido equivocado. El problema no es la centralización de la información sino la validez de la misma, las licencias que la legitiman.
 

–Este cambio implica a la sociedad, a la educación, a la cultura, al desarrollo técnico y a la infraestructura. ¿Cuáles son los límites políticos y económicos para su realización?

–Esto obviamente depende de cuestiones presupuestarias, de decisiones políticas, de modificaciones culturales, de difundir información, de militar el tema. Me refiero a que el proyecto político que primero lo haga, más rédito político tendrá. Porque, si no se realiza, los ciudadanos lo van a reclamar.
 

–¿Los partidos políticos que se adecuaron a estas tecnologías modificaron sus estructuras?

–Está en proceso, en todos los partidos comienza a haber cuadros que discuten estas cuestiones. Se comienza a ver la intención de debatir estos temas. La derecha, por ejemplo, comienza a pensar modelos de Gobierno Abierto acercados a las corporaciones: buscando empresas que se hagan cargo del desarrollo, consultoras que lo organicen, etc. El peronismo lo empezó a hacer desde las bases: hay talleres de formación, cuadros familiarizados con el tema, blogs, etc. Esto es una bomba de tiempo porque al tener tanta masa crítica interesada en estos temas comienzan a surgir tareas y oficios relacionados con el desarrollo y la producción del modelo: el funcionario que lo aprovecha, el politólogo que lo investiga, el programador que diseña el software... Nosotros damos talleres de Gobierno Abierto en la Escuela de Gobierno y es increíble la cantidad de gente que viene, escucha, propone. En esta instancia, Gobierno Abierto puede ser un blog en un pueblo donde uno de los concejales presenta sus proyectos y espera una respuesta de sus habitantes. En esta última etapa comenzó a haber una decisión del gobierno nacional de apostar fuertemente a temas de Gobierno Abierto. SIGA fue un ejemplo de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
 

–¿Qué lugar ocupan las corporaciones en esta nueva dinámica comunicativa?

–Las corporaciones van a intentar determinar por dónde va a correr la información de todo esto. Hoy en día, si yo te mando un mail, la información se ve mediada por Google, pasa por Estados Unidos y luego te llega. Esa es una cuestión fundamental y el Ministerio de Planificación está jugando un rol clave en Argentina Conectada. Va a ser una gran lucha porque los que hoy prestan servicio de conectividad no quieren cambiar el sistema. Las corporaciones van por dos lados: primero por donde va la información y luego la manipulación de los contenidos. La de los contenidos ya la perdieron porque el usuario ha logrado manipular y seleccionar la información. Las corporaciones apuntan a obtener el monopolio de los canales por donde corre Internet y el monopolio de los contenidos que se difunden. Se transforman en pulpos donde todos los contenidos pasan por ese canal y eso puede traer como consecuencia un filtro informativo o directamente su censura.
 

–Se supone que Internet es un canal paralelo independiente de los discursos monopólicos.

–Claro, imaginemos qué puede pasar cuando el discurso dominante pasa por las plataformas manipuladas por las corporaciones. Ese es el campo de batalla a futuro. La manipulación del contenido se evidencia en los buscadores más comunes filtrando cierto tipo de información. El otro tema es el lugar por donde pasa la información, la infraestructura que sostiene la web. Algunos países, como el nuestro, la empiezan a pensar a nivel nacional: el Estado es el garante, el que se hace cargo de brindar el andamiaje (Argentina Conectada). Es una cuestión de soberanía: la información nacional va a circular exclusivamente dentro del país. Esta cuestión responde a la falta de neutralidad de la red, que es un tema enorme a debatir. La red nunca es neutra y las corporaciones quieren aprovechar esto. Los grandes monopolios brindan hoy acceso a Internet, no es casual, son empresas que deciden a quién brindarle conectividad y a quién no, porque desde ciertos lugares se pueden contar cosas, se puede hacer circular información en la red que no conviene que se conozca. Es una situación de exclusión muy grave, de silenciamiento a un sector de la sociedad. De esta manera regulan la información que transita de forma totalmente impune.
 

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Jueves, 09 Febrero 2012 18:23

Las dos caras del Estado

En momentos en que los Estados europeos abandonan su soberanía presupuestaria en manos de instancias supranacionales, este texto de Pierre Bourdieu, fallecido hace 10 años, recuerda que las dinámicas de integración comportan violencia: “la universalización tiene como revés un desposeimiento y una monopolización”.

Describir la génesis del Estado es describir la génesis de un campo social, de un microcosmos social relativamente autónomo dentro del mundo social que lo engloba, en el que se juega un juego particular, el juego político legítimo. Tomemos como ejemplo la invención del Parlamento, lugar donde se debate sobre cuestiones que oponen a grupos de interés, reglamentariamente, siguiendo reglas, públicamente. Marx sólo había visto las bambalinas del asunto: el uso de la metáfora del teatro, de la teatralización del consenso, oculta el hecho de que hay personas que mueven los hilos y de que los verdaderos problemas, los verdaderos poderes estarían en otra parte. Hacer la génesis del Estado es hacer la génesis de un campo donde lo político va a actuarse, a simbolizarse, a dramatizarse reglamentariamente.

Entrar en este juego de lo político legalizado, legítimo, es tener acceso a ese recurso gradualmente acumulado que es “lo universal”, en la palabra universal, en las posiciones universales a partir de las cuales se puede hablar en nombre de todos, del universum, de la totalidad de un grupo. Se puede hablar en nombre del bien público, de lo que es bueno para el público y, al mismo tiempo, apropiárselo. Esto está en el principio del “efecto Jano”: hay personas que tienen el privilegio de lo universal, pero no se puede tener lo universal sin monopolizar al mismo tiempo lo universal. Hay un capital de lo universal. El proceso según el cual se constituye esta instancia de gestión de lo universal es inseparable de un proceso de constitución de una categoría de agentes cuya propiedad es apropiarse de lo universal.

La cultura garantizada


Tomo un ejemplo del campo de la cultura. La génesis del Estado es un proceso durante el cual se opera toda una serie de concentraciones de diferentes formas de recursos: concentración de los recursos de la información (la estadística a través de las encuestas, los informes), de capital lingüístico (oficialización de un dialecto que es erigido como lengua dominante, de modo que todas las demás hablas son sus formas depravadas, descarriadas o inferiores). Este proceso de concentración va de la mano con un proceso de desposeimiento: constituir una ciudad como capital, como lugar donde se concentran todas esas formas de capital (1), es constituir la provincia como desposeimiento del capital; constituir la lengua legítima es constituir todas las demás lenguas como dialectos (2).

La cultura legítima es la cultura garantizada por el Estado, garantizada por esta institución que garantiza los títulos de cultura, que emite los certificados que garantizan la posesión de una cultura garantizada. El Estado se encarga de los programas escolares. Cambiar un programa es cambiar la estructura de la distribución del capital, es hacer que se deterioren algunas formas de capital. Por ejemplo, eliminar el latín y el griego de la enseñanza es condenar al poujadismo a toda una categoría de pequeños portadores de capital lingüístico. Yo mismo, en todos mis trabajos anteriores sobre la escuela, había olvidado por completo que la cultura legítima es la cultura del Estado...

Al mismo tiempo, esta concentración es una unificación y una forma de universalización. Allí donde estaba lo diverso, lo disperso, lo local, está lo único. En un trabajo que realicé con Germaine Tillion, comparamos las unidades de medida en diferentes pueblos cabilas en un área de treinta kilómetros: encontramos tantas unidades de medida como pueblos. La creación de un patrón nacional y estatal de unidades de medida es un progreso hacia la universalización: el sistema métrico es un patrón universal que supone un consenso, un acuerdo sobre el sentido. Este proceso de concentración, de unificación, de integración es acompañado por un proceso de desposeimiento, ya que todos esos saberes, esas competencias que se asocian a estas medidas locales, son descalificados.

En otras palabras, el propio proceso por el que se gana en universalidad es acompañado por una concentración de la universalidad. Hay quienes quieren el sistema métrico (los matemáticos) y quienes son remitidos a lo local. El propio proceso de constitución de recursos comunes es inseparable de la constitución de esos recursos comunes como capital monopolizado por parte de quienes poseen el monopolio de la lucha por el monopolio de lo universal. Todo este proceso –constitución de un campo; autonomización de ese campo respecto de otras necesidades; constitución de una necesidad específica respecto de la necesidad económica y doméstica; constitución de una reproducción específica de tipo burocrático, específico respecto de la reproducción doméstica, familiar; constitución de una necesidad específica respecto de la necesidad religiosa– es inseparable de un proceso de concentración y de constitución de una nueva forma de recursos que pasan a pertenecer a lo universal, en todo caso a un grado de universalización superior a los que existían antes. Se pasa de un pequeño mercado local al mercado nacional, ya sea a nivel económico o simbólico. En el fondo, la génesis del Estado es inseparable de la constitución de un monopolio de lo universal, cuyo ejemplo por excelencia es la cultura.

Todos mis trabajos previos pueden resumirse del siguiente modo: esta cultura es legítima porque se presenta como universal, como disponible para todos, porque, en nombre de esta universalidad, se puede eliminar sin temor a quienes no la poseen. Esta cultura, que aparentemente une, pero en realidad divide, es uno de los grandes instrumentos de dominación, porque están aquellos que tienen el monopolio de esta cultura, monopolio terrible puesto que no se puede reprochar a esta cultura ser particular. Incluso la cultura científica no hace más que empujar la paradoja a su límite. Las condiciones de la constitución de este universal, de su acumulación, son inseparables de las condiciones de la constitución de una casta, de una nobleza de Estado, de “monopolizadores” de lo universal. A partir de este análisis, podemos proponernos como proyecto universalizar las condiciones de acceso a lo universal. Por ende, es preciso saber cómo: ¿hay que desposeer a los “monopolizadores” para lograrlo? Claramente, no es por allí donde hay que buscar.

Intercambios simbólicos


Para ilustrar lo que he dicho sobre el método y el contenido, terminaré con una parábola. Hará unos treinta años, en una noche de Navidad, fui a un pequeño pueblo del interior de la región de Béarn para ver un baile de campo (3). Algunos bailaban, otros no. Algunas personas, de más edad que el resto y con un estilo campesino, no bailaban, hablaban entre sí, disimulaban para justificar el hecho de estar ahí sin bailar, para justificar su insólita presencia. Deberían haber estado casados, ya que cuando uno está casado, ya no baila. El baile es uno de los lugares de intercambios matrimoniales: es el mercado de bienes simbólicos matrimoniales. Había un alto porcentaje de solteros: 50% en el rango de edad de 25-35 años.

Intenté encontrar un sistema explicativo de este fenómeno: antes había un mercado local protegido, no unificado. Cuando se constituye lo que llamamos “Estado”, hay una unificación del mercado económico a la que el Estado contribuye con su política y una unificación del mercado de los intercambios simbólicos, es decir, el mercado de la compostura, de los modales, de la ropa, de la persona, de la identidad, de la presentación. Estas personas tenían un mercado protegido, con base local, en el que tenían un control, lo cual permitía una especie de endogamia organizada por las familias. Los productos del modo de reproducción campesino tenían sus chances en ese mercado: seguían siendo vendibles y encontraban jovencitas.

En la lógica del modelo que he mencionado, lo que sucedía en ese baile era el resultado de la unificación del mercado de intercambios simbólicos: el paracaidista de la pequeña ciudad vecina que llegaba comportándose con arrogancia era un producto descalificante, que quitaba su valor a ese competidor que es el campesino. Dicho de otro modo, la unificación del mercado, que se puede presentar como un progreso, al menos para las personas que emigran, es decir, las mujeres y todos los dominados, puede tener un efecto liberador. La escuela transmite una postura corporal diferente, formas de vestir, etc., y el estudiante tiene un valor matrimonial en ese nuevo mercado unificado, mientras que los campesinos son desclasados. Allí se encuentra toda la ambigüedad del proceso de universalización. En el caso de las jóvenes del campo que parten a la ciudad, que se casan con un cartero, etc., hay un acceso a lo universal.

Pero este grado de universalización superior es inseparable del efecto de dominación. Hace poco publiqué un artículo, especie de relectura de mi estudio sobre la soltería en Béarn, de lo que había dicho en aquel momento, que para divertirme titulé “Reproduction interdite” [“Reproducción prohibida”] (4). Allí demuestro que esta unificación del mercado tiene como efecto prohibir de facto la reproducción biológica y social a toda una categoría de personas. En esa misma época, había estado trabajando con un material hallado por casualidad: los registros de las deliberaciones comunales de doscientos habitantes durante la Revolución Francesa. En esa región, los hombres votaban por unanimidad. Llegan decretos que dicen que hay que votar por mayoría. Deliberan, hay resistencias, hay un bando y otro bando. Poco a poco, gana la mayoría: tiene tras de sí lo universal.

Hubo grandes discusiones en torno a este problema planteado por Tocqueville en una lógica de continuidad/discontinuidad de la Revolución. Sigue habiendo un verdadero problema histórico: ¿cuál es la fuerza específica de lo universal? Los procedimientos políticos de esos campesinos de tradiciones milenarias muy coherentes fueron arrastrados por la fuerza de lo universal, como si se hubieran inclinado ante algo más fuerte lógicamente: procedente de la ciudad, una puesta en discurso explícita, metódica y no práctica. Se han convertido en provincianos, en locales. Las actas de las deliberaciones se transforman: “Habiendo decidido el prefecto...”, “El Ayuntamiento se ha reunido....”. La universalización tiene como revés un desposeimiento y una monopolización. La génesis del Estado es la génesis de un lugar de gestión de lo universal y a la vez de un monopolio de lo universal y de un conjunto de agentes que participan del monopolio de hecho de esa cosa que, por definición, pertenece a lo universal.

1 Este vínculo entre el capital y la capital será desarrollado posteriormente por Pierre Bourdieu en “Effets de lieu”, La Misère du monde, Le Seuil, París, 1993, pp. 159-167 [trad. esp.: La miseria del mundo, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007].
2 Sobre la lengua legítima y el correlativo proceso de desposeimiento, véase la primera parte de Pierre Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, Seuil, París, 2001, pp. 59-131.
3 Véase la descripción de esta “escena inicial” en el comienzo de Pierre Bourdieu, Le Bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn, Seuil, 2002, pp. 7-14 [trad. esp.: El baile de los solteros, Anagrama, Barcelona, 2004].
4 Pierre Bourdieu, “Reproduction interdite. La dimension symbolique de la domination économique”, Études rurales, N° 113-114, 1989, pp. 15-36, reeditado en Le Bal des célibataires, op. cit., pp. 211-247.

Publicado en la edición francesa, enero de 2012.

*Sociólogo.
Traducción: Gabriela Villalba


Pierre Bourdieu (1930-2002)


Fundador de la revista Actes de la Recherche en Sciences Sociales (“Actas de investigación en ciencias sociales”, 1975), titular de la cátedra de Sociología en el Collège de France entre 1981 y 2001, intelectual comprometido con las luchas de su época, Pierre Bourdieu es autor de una obra mundialmente reconocida.

El texto que aquí se presenta ha sido extraído de los cursos sobre el Estado que dictó en el Collège de France entre 1989 y 1992, hoy reunidos en un volumen* del cual publicamos en exclusividad un adelanto. Esta obra ofrece una faceta desconocida de la actividad del sociólogo desaparecido hace diez años: la del docente-investigador, confrontado a una audiencia en la que conviven profanos y especialistas, que mezcla el rigor del análisis con las licencias que la expresión oral autoriza.

De la sociología de Argelia a la sociología de la cultura y de la educación pasando por los trabajos sobre las formas de dominación, la cuestión del Estado atraviesa la obra de Bourdieu. Sin embargo, no había sido objeto en su obra de una formalización teórica. Tal es el desafío de este curso que reconstituye la génesis del Estado, el lugar adonde confluyen todas las luchas de interés.

Al confrontar su enfoque con el de historiadores de distintas tradiciones, apoyándose en ejemplos extraídos de las sociedades europea, japonesa y china, Bourdieu describe la dinámica de concentración de las formas de poder. Explica así cómo se distingue –al margen de la familia real y de su lógica dinástica– un círculo de juristas, de expertos, de ministros que reciben su autoridad de sus competencias académicas antes que por nacimiento: el “campo burocrático”.
Este retorno a la génesis pone en cuestión numerosas evidencias. Porque, al avanzar, “la historia elimina posibles, los hace olvidar como posibles y los vuelve impensables”.

* Pierre Bourdieu, Sur l’Etat. Cours au Collège de France 1989-1992, Raison d’Agir – Seuil, París, 2012.



Cien contra uno


por Pierre Rimbert



“Tuve la alegría de ser atacado, a veces de modo muy violento, por todos los grandes periodistas franceses –explicaba Pierre Bourdieu en 1998 a la cineasta Barbro Schultz-Lundestam–. Porque esas personas que creían ser sujetos no soportaron descubrir que eran marionetas” (1).

Diez años después de la desaparición del sociólogo francés más citado del mundo, el tiempo y el reposicionamiento ideológico de los editorialistas han borrado el recuerdo de las batallas y la identidad de los protagonistas. La “globalización feliz” ya sólo se canta a media voz, el lamento de las desigualdades moviliza hasta a algunos banqueros y se releen con curiosidad los ataques lanzados contra el autor de La miseria del mundo.

Sus errores fueron hacer que los avances de su disciplina participaran en las luchas que marcaron la renovación de la crítica social en la segunda mitad de los años noventa, oponer una “izquierda de izquierda” a los gobiernos socioliberales mayoritarios en Europa a fines del siglo pasado, lanzar con éxito –y antes que los demás– una colección de pequeños libros a buen precio que proponían al gran público las herramientas intelectuales de “resistencia a la invasión neoliberal” (las ediciones Raisons d’agir). Por último, cometió la herejía suprema de “llamar a la prudencia a los ensayistas charlatanes e incompetentes que ocupan todo el tiempo los diarios, las radios y los televisores” (2). Entonces le levantaron una hoguera.

El filósofo Alain Finkielkraut lo acusó de llevar a cabo una “crítica totalitaria” (France Culture, 15 de julio de 1999) y el jefe de redacción de Le Monde, Edwy Plenel, condenó su “visión esquemática del universo mediático” (Le Monde diplomatique, febrero de 1998); el escritor Philippe Sollers lo tachó de “estalinista típico” y “mal escritor” (L’Année du Tigre. 1998, Seuil, París, 1999). “Produjo, bajo un manto de cientificidad, la vulgata que conforma el núcleo básico de las conversaciones en la pequeña burguesía de Estado”, zanjaron los filósofos Claude Lanzmann y Robert Redeker (Le Monde, 18 de septiembre de 1998). Así como el director de la revista Esprit, Olivier Mongin, lo pintó como un “mono académico militante”, jefe de una “pillocracia intelectual que se da aires universitarios”, el politólogo Marc Lazar detectaba en los análisis “simplistas, profundamente regresivos y peligrosos” elaborados por ese “populista” la “vieja hostilidad de una parte de la izquierda hacia la democracia representativa y el reformismo” (Esprit, junio de 1998).

La periodista Françoise Giroud sólo había visto en sus textos “amargura y lugares comunes” (Le Nouvel Observateur, 30 de enero de 1997). “Bourdieu: de lo más trillado que nos deja la década de 1960”, había decretado Bernard-Henri Lévy (Le Point, 29 de junio de 1996), “Bourdieu, no hay nada, no hay un solo hecho. No hay un solo hecho, sólo diatribas, no hay un solo hecho”, se exasperaba Daniel Schneidermann, entonces crítico de televisión en Le Monde (France 2, 28 de mayo de 1999). El historiador Pierre Nora calificaba su sociología como “reduccionista, simplificadora, falsamente científica y... no verdadera” (LCI, 16 de julio de 1998). “Basó muchos de sus análisis en arcaísmos y errores históricos”, confirmaba el cronista Jean-Marc Sylvestre (LCI, 27 de enero de 2002). Por otra parte, en enero de 2001, Jean Daniel fundó el efímero Monde des débats, contra “el arcaísmo de las acusaciones de un Bourdieu”. Como la superficie de un número completo de Le Monde diplomatique no alcanzaría para recopilar los atropellos a veces burlescos sufridos por el profesor en el Collège de France, nos contentaremos con exponer algunos de sus ejemplares.

Alain Minc, ensayista, describe a Bourdieu como “lleno de orgullo, narcisista, manipulador, hipócrita, perverso, grandilocuente, ridículo, insoportable, y esta letanía a la condesa de Sévigné podría continuar indefinidamente. Este hombre se infiltró en las redes universitarias con la inteligencia de los bolcheviques. [...] Su hambre de poder es tan patológica como la fantasía del dinero en un magnate. Su deseo de influencia es tan exacerbado como el apetito de poder en un político. Su delirio manipulador es tan loco como el egotismo en una estrella mediática” (Le fracas du monde. Journal de l’année 2001, Seuil, París, 2002).

Laurent Joffrin, alternativamente director de Le Nouvel Observateur y Libération desde 1989, resume lo que entendió de la sociología de Bourdieu: “Los periodistas se desarrollan en un ‘campo’, según la jerga de los discípulos de Bourdieu, y, un poco como las papas, son productos pasivos e inconscientes de ese ‘campo’. (...) Tenemos ante nosotros un extraño cruce entre los X-Files y Maurice Thorez. Aquí es donde nos encontramos con la amenaza. Describir de este modo la democracia (que, por lo demás, tiene mucha necesidad de que la defiendan de los excesos del mercado) es participar de una visión fantasmagórica, desestructurante y paranoica del mundo, que se encuentra tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha” (Libération, París, 12 de mayo de 1998).

Nicolas Weill, periodista de Le Monde: “Con el pretexto de lanzar carradas de injurias contra los periodistas, acusados de ser los servidores de los poderosos, bien podría ser que, por tanto, lo que se esté poniendo en duda en esas críticas sea el orden mismo de la libertad. [...] El análisis no ha sido llevado hasta el punto en que la crítica del periodismo en el siglo XIX y a comienzos del XX se emparenta con otro fenómeno: el del antisemitismo, siendo el periodismo considerado por algunos como la profesión por excelencia de los judíos, supuestamente no aptos para los oficios ‘creativos’. Porque nada nos impide pensar que, también en este punto, el odio hacia el periodismo se emparenta con el de la democracia y la Ilustración, simbolizadas por la emancipación de las minorías” (Le Monde des livres, 2 de abril de 2004).

Jacques Julliard, entonces director adjunto de Le Nouvel Observateur, redactó este tributo una semana después del fallecimiento de Bourdieu: “Aquí comienzan la gloria y el ocaso de Pierre Bourdieu. Cuanto más se impone en los medios (comprendió que había que insultarlos), más simplificador, ingenuo y moralizador se vuelve su discurso populista, como el de un desvergonzado católico. En su malévolo panfleto sobre la televisión, sueña con un poder de los académicos al estilo de Auguste Comte, que reinaría soberanamente sobre la pantalla chica y el derecho a acceder a ella. Igual a sí misma, Francia sólo celebra la decadencia en sus grandes hombres. Adiós, Pierre Bourdieu” (Le Nouvel Observateur, París, 31 de enero de 2002).

Algunos detractores (y los diarios que los publican), ¿se colarán a favor del olvido dentro del coro de homenajes al investigador?

1 Entrevista filmada en el Collège de France, 26 de febrero de 1998.
2 Pierre Bourdieu, Contre-feux 2. Pour un mouvement social européen, Raisons d’agir, París, 2001.

Traducción: Gabriela Villalba
Las 4 variedades del "capitalismo de Estado": "petroestados", China, Brasil y "el Kremlin"
A juicio de The Economist (ver Bajo la Lupa, 25/1/12), portavoz del neoliberalismo global, el "capitalismo de Estado" exhibe "un tema con variaciones idiosincráticas".

Adrian Wooldridge considera que "lo más sorprendente de las empresas estatales es su pleno poder colectivo en el mundo emergente", que las ha hecho"más ricas" que en la década pasada: las 121 principales empresas estatales de China aumentaron sus activos totales de 360 mil millones de dólares en 2002 a casi 3 billones de dólares en 2010. Un año después a la crisis de 2008, 85 por ciento de 1.4 billones de dólares de préstamos bancarios fueron para las empresas estatales. No es por nada, pero es mi hipótesis sobre el éxito poco auscultado de China y Brasil, quienes conservaron su banca estatal (a diferencia de la mediocridad del "México neoliberal": ver Bajo la Lupa, 18 y 20/1/12).

Aduce que los "gobiernos se han vuelto más sofisticados y prefieren ejercer el control a través de la propiedad de sus acciones" y "a veces poseen todas las acciones" (v.gr. Petronas de Malasia).

UNCTAD define a una empresa como estatal cuando el Estado posee más de 10 por ciento de las acciones. Varios gobiernos manejan el arte de controlar empresas por medio de participaciones minoritarias, como Rusia, donde el Estado retiene las acciones principales ("doradas") en 181 empresas con vocación internacional. ¡Pues sí!: nada más en el "México neoliberal" se regalan las empresas al peor postor y al mejor impostor (v.gr. desde el gas hasta los ferrocarriles).

Adrian Wooldridge, autor del "reporte especial" sobre el "capitalismo de Estado", cita el libro El partido, de Richard McGregor, quien apunta que los ejecutivos de las 50 principales empresas chinas tienen una "máquina roja" junto a sus terminales de Bloomberg (la agencia financiera neoyorkina), que los vincula en forma instantánea y encriptada al alto mando del Partido Comunista.

El "partido de Estado" ejerce "un gran control sobre la economía, sin paralelo en el resto del mundo capitalista-estatal". Su poder se ejerce por medio de dos instituciones: Comisión de Supervisión y Administración de los Activos Propiedad del Estado (SASAC) y el Departamento de Organización del Partido Comunista (DOPC).

SASAC, que detenta acciones en las principales empresas, "es el accionista controlador más grande del mundo" y su objetivo es implementar la "sociedad armónica". ¡Pues qué bueno!

Señala que el "núcleo duro del sector propiedad del Estado es el petrolero", lo que coincide con la tesis de mi libro La desnacionalización de Pemex (con el prólogo tonificante de AMLO; Jorale, 2009): "13 gigantes (¡súper sic!) controlan más de las tres cuartas partes del abasto mundial del petróleo".

El Estado chino posee 90 por ciento de las acciones de PetroChina (que cotiza en la bolsa neoyorquina) y 80 por ciento de Sinopec. No podían faltar las peores críticas a PDVSA y Pemex, los que todavía no sucumben a las garras depredadoras de las añejas Siete Hermanas anglosajonas.

Alaba a Petronas (Malasia) y Aramco (Arabia Saudita), a las que considera "tan bien (sic) manejadas como las petroleras privadas". ¡No se mordió la lengua después de la devastación ambiental de BP en el Golfo de México!

Las empresas estatales no se confinan al ámbito doméstico y han adquirido, como Gazprom, empresas en Europa y Asia, así como China que ha realizado acuerdos de todo género en África (en especial en Angola, donde el "México neoliberal panista" cerró absurdamente su embajada).

De las 15 petroleras que cita The Economist, medido por reservas probadas de petróleo y gas (2010), en mil millones de barriles de "petróleo equivalente", 13 (¡súper sic!) son estatales y solamente dos son privadas (en mediocres últimos lugares): ExxonMobil (Estados Unidos: 22 mil millones, lugar 11) y Lukoil (Rusia: último lugar, 8 mil millones).

Resplandecen en los primeros sitiales las estatales: 1) NIOC (Irán: 310 mil millones); 2) Saudi Aramco (305 mil millones); 3) PDVSA (¡Venezuela!: 225 mil millones); 4) Kuwait Petroleum (110 mil millones); 5) Gazprom (Rusia: 108 mil millones); 6) Qatar Petroleum (105 mil millones); 7) NOC, SOC, MOC (Irak: 90 mil millones); 8) ADNOC (Emiratos Árabes Unidos: 80 mil millones); 9) Turkmengaz (Turkmenistán: 48 mil millones); 10) Libia NOC (25 mil millones); 12) PetroChina (China: 30 mil millones); 13) NNPC (Nigeria: 20 mil millones); 14) Rosneft (Rusia: 10 mil millones).

Ahora se entiende perfectamente la razón por la cual la OTAN busca apoderarse de los hidrocarburos de Irán, ya no se diga de Venezuela.

Admite que en la pasada década "Rusia ha tenido un reforzamiento notable del poder del Estado", a diferencia de la "privatización salvaje" de Yeltsin. ¿No fue el caso similar a la privatización alocada del "México neoliberal"?

Ahora "el Estado ruso controla la cúpula de la economía por medio de la propiedad indirecta de las acciones", con las mayores tajadas de las principales y más estratégicas empresas: Transneft (oleoductos), Sukhoi (aviones), Unified Energy Systems (gigante eléctrico), etcétera.

Fustiga que los vilipendiados "oligarcas" del sector privado han sido sustituidos por anteriores funcionarios del espionaje soviético vinculados con el premier Putin, quien preside el consejo de Vnesheconombank, banco de desarrollo que controla los activos más lucrativos: petróleo, gas, energía nuclear, diamantes, metales, armas, aviación y transporte. ¡Todo lo contrario de Banobras! (que dirigió en forma mediocre Calderón).

Este "capitalismo del Kremlin" está "dominado por un puñado de firmas gigantescas controladas por un grupo de espías (sic), cuando dos empresas controladas por el Estado, Sberbank y Gazprom, representan más de la mitad de la rotación de la bolsa rusa". En forma relevante, los "fondos soberanos de riqueza" (WSF) del Estado ruso han comprado empresas foráneas.

Juzga que Brasil es el "miembro mas ambiguo (sic) del capitalismo estatal: una democracia que también adopta muchas de las características del capitalismo anglosajón". Después de su empuje privatizador en la década de los 90 ahora "se mueve en una nueva dirección": el gobierno ha colocado recursos en un puñado de campeones estatales: en recursos naturales y Telecom” mediante un "nuevo modelo de política industrial" que sustituye la propiedad gubernamental "directa" con la "indirecta" a través de su Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) y su subsidiaria de inversiones BNDESPAR (¡con activos de 53 mil millones de dólares!). Vuelve a relucir mi hipótesis sobre la posesión ineludible de una banca nacional como prerrequisito del éxito geoeconómico.

Arguye que a los "capitalistas estatales les gusta dar el ejemplo de los recientes éxitos de China frente los crecientes fracasos de Estados Unidos", cuando “es muy posible que el capitalismo estatal funcione bien en algunas áreas (v.gr. infraestructura) y muy mal en otras (v.gr. bienes de consumo)”.

Adrian Wooldridge sucumbe en una esquizofrenia profesional al pretender que las "variedades del capitalismo estatal tienen una cosa en común: los políticos tienen mucho más poder de lo que tienen en el capitalismo neoliberal".

A mi juicio, el grave problema del fracasado neoliberalismo global fue haberse olvidado de la política, "el arte de lo posible", mientras hizo de las finanzas y la contabilidad la alquimia de lo imposible.

http://alfredojalife.com

Publicado enInternacional
Pese al lenguage diplomático y respetuoso que usa el señor Alston para referirse a los agentes del Estado colombiano que le atendieron, en su mayoría duramente cuestionados por su descarada responsabilidad en crímenes horrendos, y también pese a la mención innecesaria que hace Alston sobre el accionar de la insurgencia, tal vez para imprimirle mayor tinte de neutralidad a su pre-informe, sus palabras constituyen un paso decisivo hacia la profundización de la denuncia e investigación del régimen para-uribista que azota llena de desgracia a la Colombia más pobre e ignorada.

Pre-Informe dePhilip Alston, relator de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales.


Declaración del Profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias. Misión a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009


He llevado a cabo una misión de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009. Estuve en Bogotá, Antioquia (Medellín), Santander (Bucaramanga) y Meta (Villavicencio).

Estoy muy agradecido con el gobierno de Colombia por haberme invitado, y por su cooperación plena y sostenida para con mi misión. Estoy particularmente agradecido con el Presidente Álvaro Uribe Vélez por haber tenido una discusión muy extensa y comprometida conmigo, acerca de algunos de los temas clave. También me reuní con el Vicepresidente y con los Ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, los Viceministros de Defensa y de Justicia. También celebré reuniones con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Me reuní con el Comandante del Ejército y con los Comandantes de la Segunda, Cuarta y Séptima divisiones, como también con asesores jurídicos militares y jueces militares. Asimismo me reuní con el gobernador de Antioquia, personeros provenientes de todas partes del país, varios senadores y congresistas, y numerosas organizaciones de la sociedad civil. Llevé a cabo más de 100 entrevistas con testigos, víctimas y supervivientes. Estoy particularmente agradecido con los oficiales tan competentes, dedicados y ponderados de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia por la ayudada brindada a mi misión. Sin embargo, éstos no tienen responsabilidad alguna por las conclusiones a las que yo he llegado.

Como experto independiente que presenta informes al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mi mandato consiste en investigar los homicidios cometidos en violación de los derechos humanos o del derecho humanitario; determinar la extensión y las causas de la impunidad de dichas matanzas; y proponer reformas específicas y constructivas para disminuir los homicidios y promover la rendición de cuentas. En Colombia me he centrado en los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad, paramilitares y otros agentes armados no estatales, y examiné la eficacia de los sistemas de justicia penal, civil y militar en relación a esos homicidios. Cabe destacar desde el principio, que las ejecuciones perpetuadas por estos actores repercuten de manera desproporcionada en las poblaciones rurales y pobres, pueblos indígenas, afrocolombianos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, y líderes comunitarios .

Los hallazgos que presento hoy son preliminares. Mi informe completo se publicará dentro de unos 4 a 5 meses, y tendrá en cuenta la información que el gobierno suministrará en el transcurso de aproximadamente un mes como parte de un diálogo continuo . Hoy me dedicaré a una gama limitada de temas.

Quiero comenzar reconociendo la mejora dramática en la situación de la seguridad desde el 2002. La cantidad total de homicidios ha disminuido mucho, y se han transformado los niveles de seguridad en muchas partes del país. Sin embargo queda mucho por hacer.

Ejecuciones extrajudiciales por los grupos de la guerrilla


Los guerrilleros de las FARC y del ELN siguen llevando a cabo cantidades significativas de homicidios ilegales, especialmente para controlar y sembrar el miedo en las poblaciones, rurales, intimidar a los oficiales elegidos, y castigar a aquellos que se supone colaboran con el gobierno, o para promover objetivos criminales. Su uso indiscriminado e inhumano de minas antipersonales también mata y atemoriza a numerosas personas.

Ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad


La preocupación más preponderante es la incidencia de los llamados “falsos positivos”, y los ejemplos que más publicidad han recibido, es decir, los homicidios de jóvenes de Soacha en 2008.

El fenómeno es muy conocido. Un “reclutador” engaña a la víctima con falsas pretensiones y la lleva a una localidad remota. Allá, al poco tiempo de llegar, miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes, y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla.

Sin embargo hay dos problemas con el relato que se centra en los falsos positivos y en Soacha. El primero se debe a que la expresión “falsos positivos” brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio. El segundo es que el enfoque en torno al caso de Soacha fomenta la percepción de que se trata de un fenómeno limitado, tanto geográficamente, como en el tiempo. Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg. He entrevistado a testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello.

Algunos funcionarios siguen afirmando que muchos de los casos son bajas legítimas de guerrilleros u otros. Pero las pruebas –incluyendo informes de balística y forenses, declaraciones de testigos oculares, y el testimonio de soldados- indican firmemente que ese no es el caso. Entre los “peligrosos guerrilleros” que fueron dados de baja hay adolescentes de 16 y 17 años, un hombre joven con una edad mental de 9 años, un padre de familia abnegado, cuyos dos cuñados están en servicio militar activo, y un joven soldado de licencia por vacaciones, que visitaba a su familia. No puedo descartar la posibilidad que algunos falsos positivos fueran de hecho, guerrilleros, pero aparte de afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido. Las pruebas que muestran a las víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada, o calzando botas de campo 4 tallas más grandes que su tamaño, o zurdos llevando una pistola en su mano derecha, u hombres con una única bala disparada en el cuello, menoscaban aún más la sugerencia de que se trata de guerrilleros muertos en combate.

Un problema adicional tiene que ver con el hostigamiento sistemático de los militares hacia los supervivientes. Una mujer de Soacha relató como en el 2008 unos de sus hijos había desaparecido y luego dado de baja en combate dos días después. Otro de sus hijos empezó a llevar adelante el caso con ahínco y recibió una serie de amenazas de muerte. Murió de un disparo hace unos meses. Desde entonces la madre también ha recibido amenazas de muerte, igualmente. Esto forma parte de un patrón común.

La pregunta clave es ¿quién es responsable de estas matanzas premeditadas? Por una parte, no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o de los sucesivos Ministros de Defensa. Por otra parte, la explicación que prefieren muchos en el gobierno – que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas “manzanas podridas” –es igualmente insostenible. Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidas militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército.

A partir del 2007, el gobierno ha tomado medidas importantes para parar y responder a estos homicidios. Entre ellas hay medidas disciplinarias, una mayor cooperación con el CICR y la ONU, la incorporación de asesores jurídicos operacionales para asesorar acerca de operaciones militares específicas, una mayor supervisión de los pagos efectuados a informantes, el nombramiento de la Comisión provisional Especial Suárez, el nombramiento de inspectores delegados a divisiones del ejército, la exigencia de que las bajas en combate sean investigadas primero por la policía judicial, la modificación de los criterios para premios, y la creación de una unidad especial en la Fiscalía.

Estas medidas alentadoras demuestran el esfuerzo de buena fe que despliega el gobierno para hacer frente a los homicidios del pasado y para prevenir que sucedan en el futuro. Sin embargo sigue habiendo una brecha preocupante entre las políticas y la práctica. La cantidad en enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja, aunque se espera que haya mejores resultados en el próximo año. Cabe destacar tres problemas. El primero es que la Fiscalía, y sobre todo su unidad de derechos humanos no tiene suficiente personal, recursos o formación. Es esencial aumentar sustancialmente sus recursos. El segundo es que en algunas zonas los jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional y hacen todo lo que está en su poder para impedir la transferencia de casos claros de derechos humanos al sistema de justicia ordinaria. Se demora u obstruye la transferencia de información, se arreglan los enfrentamientos de jurisdicción cada vez que se encuentra la oportunidad, y las tácticas de dilación son de uso común. Como resultado de todo esto hay demoras, que frecuentemente son de meses o años y ponen en peligro el valor de los testimonios y de las pruebas.

Hay una buena noticia: ha habido una reducción significativa en la cantidad de alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados por la justicia militar en los últimos 6 a 9 meses. Si se confirma esta tendencia supondría un cambio de rumbo, que cabría celebrar, aunque todavía tiene que abordarse el problema de la impunidad en relación a las matanzas del pasado.

Ejecuciones extrajudiciales por paramilitares y otros grupos armados ilegales


A pesar de las importantes medidas que el gobierno ha tomado para reducir la violencia paramilitar, las ejecuciones llevadas a cabo por esos grupos, que incluyen a paramilitares desmovilizados, continúan produciéndose en gran número a través del país. El gobierno tiene que abordar la resurgencia de estos grupos con políticas exhaustivas que se centren en el cumplimiento de la ley (incluyendo el fortalecimiento de las funciones de investigación y de persecución) y la protección y participación sostenida de las comunidades afectadas.

Según la posición del gobierno, estos grupos son bandas criminales y tienen que ser tratadas como tales. Aunque este enfoque sea el apropiado para ciertos lugares, no aborda plenamente la naturaleza y la amenaza que plantean estos actores no estatales en distintas regiones. Independiente del nombre que se les dé, el descuidar las razones por las cuales han surgido estos grupos y la medida en que se infiltran en las instituciones del Estado y aterrorizan a la población civil, amenaza con poner en peligro los importantes logros de seguridad alcanzados por el gobierno. Deben mejorarse de manera urgente los esfuerzos para investigar, enjuiciar y castigar las ejecuciones cometidas por estas fuerzas con eficacia y celeridad.

Según todos los indicios, los paramilitares desmovilizados forman una parte preponderante de los grupos armados ilegales. Las desmovilizaciones efectuadas después del 2003 y las políticas de reintegración no han logrado evitar que antiguos paramilitares maten y participen en otros actos criminales. Aunque han sido detenidos paramilitares de alto nivel, no parece ser que se hayan desmantelado completa y eficazmente las estructuras económicas, de mando y de control de los paramilitares. Además hay un nivel alarmante de impunidad en relación a antiguos paramilitares, y la investigación y enjuiciamiento de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por ex paramilitares dejan mucho que desear.

Las instituciones del Gobierno


La Fiscalía tiene un papel fundamental dentro de la compleja y sofisticada estructura jurídica de Colombia. La Corte Suprema de Justicia nombra al Fiscal General a partir de una terna que propone el Presidente. Es esencial, habida cuenta de la función central y clave de la Fiscalía, que el próximo Fiscal General sea una persona independiente, fuerte y de prestigio.

Defensores de derechos humanos


La sociedad civil colombiana es vibrante y diversa. Hace contribuciones de valor inconmensurable al discurso público y a la concientización en derechos humanos. Sin embargo, los defensores de derechos humanos suelen ser intimidados y amenazados, y a veces asesinados, a menudo por actores privados. Hay funcionarios de alto nivel que los acusan de ser guerrilleros o terroristas, o de ser cercanos a ellos. Estas declaraciones también se han hecho contra fiscales y jueces. Estas declaraciones estigmatizan a aquellos que trabajan para promover los derechos humanos, y propician un entorno en el que pueden llevarse a cabo actos específicos de amenazas o asesinatos por parte de actores privados. Es importante que los funcionarios de alto rango pongan fin a la estigmatización de estos grupos.

También es importante que se fomente un espacio constructivo para que en el mismo se puedan comunicar las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. Me llamó la atención la polarización que existe en Colombia en relación a las posiciones de las ONG y del gobierno.

Compensación a las víctimas


Tengo entendido que el actual proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas-que fue aprobado por la Comisión creada para reconciliar los textos en el Senado y en la Cámara de Representantes – contiene una definición de víctima que incluye a las víctimas de agentes estatales y en general las coloca en pie de igualdad con las víctimas de los paramilitares. Es imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley las víctimas tanto de actores estatales, como no estatales sigan siendo tratadas con igualdad.
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