El asesinato sistemático de líderes, sí lo hace el régimen

En este 2019, han recrudecido la persecución contra las organizaciones sociales y políticas, que critican y protestan contra el régimen. En atentados perpetrados en todos los rincones de Colombia siguen cayendo asesinados o quedando gravemente heridos, numerosos líderes y lideresas sociales; hasta conseguir el régimen, la terrible meta de matar un líder cada día.

El patrón que se repite, es idéntico, porque:


1- Matan a los líderes de organizaciones que protestan y se oponen al régimen.


2- Los autores materiales, mayoritariamente son sicarios pertenecientes a mafias y bandas.


3- Quien determina los crímenes, son las Agencias de inteligencia policiales y militares, quienes deciden, a quién eliminar cada día.


4- El móvil de los crímenes es el despojo de la tierra, limpiar un territorio de oponentes a proyectos mineros y petroleros, hidroeléctricos y de agronegocios; también para imponer erradicación forzada de cultivos de coca mediante fumigaciones de Glifosato.


En conclusión este plan sistemático de exterminio de la dirigencia popular, contiene 4 elementos básicos que se repiten: la misma clase de víctima, un victimario único, el mismo tipo de agente o autor material y un móvil de crimen similar. Por esto, estamos ante un nuevo Genocidio político que perpetra este régimen.
Hay que recordar que:


A) Hasta la década de los 80 del siglo pasado, el descabezamiento de las organizaciones populares lo hacían de forma abierta con las Fuerzas Armadas.


B) En los 90, masificaron los escuadrones narco paramilitares, llamados AUC para hacer esta tarea.


C) En la primera década de este siglo, la matanza de líderes y gente humilde del pueblo, la hizo el régimen a través de Operaciones Encubiertas, con ejecuciones extrajudiciales denominadas “Falsos Positivos”.


D) El actual Genocidio es “gota a gota”, uno a uno, pero sin detenerse cada día.


Esta última, es la Cuarta Modalidad de exterminio que persigue matar en la cuna, todas las expresiones de oposición organizada, para no dejarlas convertir en una poderosa fuerza política alternativa, que saque del poder a la vieja élite dominante en Colombia.


Arrecian el plan de exterminio de dirigentes populares


1) Luis Ángel Peña, asesinado a machetazos el 1 de enero. Era Fiscal de la Junta Comunal los Naranjos en La Macarena, Meta.


2) Gilberto Valencia, asesinado el 1 de enero en Suárez, Cauca. Participaba en procesos sociales y promovía el cumplimiento del Acuerdo de Paz a través de la música.
3) Wilmer Antonio Miranda, de 34 años, asesinado el 4 de enero. Era un campesino cocalero y líder de la sustitución de cultivos del municipio de Cajibío, donde se firmó un acuerdo colectivo para sustituir la coca con el Gobierno. Era miembro de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), de la Coccam y de Marcha Patriótica..


4) José Rafael Solano, 58 años, asesinado el 4 de enero. Era el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Jobo, en Zaragoza, Antioquia; a 15 minutos del casco urbano del municipio de El Bagre. Había acompañado el día anterior a su muerte, la recuperación de un cadáver en una finca en Zaragoza.


5) Wilson Pérez, de 34 años, asesinado el 5 de enero. Fue miembro activo de la Junta de acción comunal de la vereda Los Cedros en el corregimiento Astilleros, municipio de Hacarí. Estuvo cuatro años en el Comité de deportes, dos más en el de obras y hace casi tres años se unió al Movimiento por la Constituyente Popular (MCP), integró la Asociación Campesina del Catatumbo.


6) Maritza Isabel Quiroz, 59 años, asesinada el cinco de enero, por dos sicarios que llegaron a su casa, en la vereda de San Isidro, del corregimiento Bonda en Santa Marta, Magdalena. Hacia 14 años había llegado desplazada de la vereda de Bajo Camagual, en el municipio de Ciénaga, cuando su esposo fue asesinado por narco paramilitares. Hacia parte de la Autoridad Nacional de Afrocolombianos (ANAFRO), donde era reconocida por su liderazgo con mujeres afro, víctimas del conflicto. Fue delegada de su comunidad en la construcción del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) del PDET de la Sierra Nevada y el Perijá.


7) Miguel Antonio Gutiérrez, de 40 años, asesinado en su residencia, el 7 de enero. Era Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Victoria, en Cartagena del Chairá. Fue asesinado el 7 de enero.


8) Faiber Manquillo, de 30 años de edad, fue reportado como desaparecido desde el 26 de diciembre pasado. El cuerpo sin vida del este dirigente de Mercaderes, Cauca, fue localizado el 4 de enero en zona rural del Departamento de Nariño, a dos horas de su lugar de residencia.


9) Dima Parada, de 40 años, resultó gravemente herido en un ataque de sicarios, el 4 de enero. Es un dirigente de Hacarí, en Norte de Santander, presidente de ASOJUNTAS. En el Catatumbo es reconocido por ser líder del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), de la Coordinadora Nacional Agraria y del Congreso de los Pueblos.


10) Alfamir Castillo Bermúdez, en la noche del 11 de enero, fue atacada por dos sicarios que se movilizaban en una moto, cuando se desplazaba en una camioneta blindada, entre Palmira y Pradera, en el Valle del Cauca. Ella es la madre de Darbey Mosquera Castillo, una de las víctimas de ejecución extrajudicial o Falsos Positivos, perpetrados por el Batallón de Contra Guerrilla 57 del Ejército estatal. La señora Castillo es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, desde el 17 de octubre de 2012.


11) Leonardo Nastacuas Rodríguez, de 36 años, asesinado el 12 de enero, líder indígena el Resguardo de Cuascuabi del pueblo Awá, del municipio de Ricaurte, en Nariño. Sicarios llegaron hasta su casa donde lo ultimaron con varios disparos. Este año van asesinados dos integrantes de esta misma etnia.
No dejarse nublar los ojos por las “Cortinas de humo”


La respuesta desde el Estado, para tapar su omisión, autoría o complicidad de esta persecución política, es poner “cortinas de humo”, tergiversando la realidad, menospreciando la gravedad de los hechos y acusando a otros de ser los principales autores de esta matanza de líderes.


En declaraciones irresponsables, el jefe de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asegura que las víctimas asesinadas “no habían reportado amenazas”. Cuando es una obligación constitucional del Estado preservar la seguridad e integridad de los colombianos y por ende de la paz.


Para los familiares de las víctimas estas explicaciones no tienen credibilidad y, por el contrario, acusan al Gobierno de querer esconder lo que consideran como un exterminio sistemático, comparable con el Genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica.


En este sentido, viendo la gravedad del caso, es necesario y urgente que desde la sociedad colombiana, siga el rechazo a cualquier tipo de agresión y persecución del movimiento social, que siga las movilizaciones y el desarrollo de medidas propias de protección, para que la vida de estas comunidades y sus líderes no corran más riesgo; así mismo, se debe llevar ante la comunidad internacional estas denuncias, para que desde allí se dirijan investigaciones y se presiones medidas efectivas que detengan este Genocidio.

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Con licencia abierta y blindada para matar

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de los paramilitares que actúan con plena libertad en nuestra región.


El control paramilitar que siempre nuestra Comunidad de Paz ha denunciado públicamente, sigue avanzando con gran fuerza, abarcando todo el territorio, pero las autoridades no hacen nada para enfrentar y erradicar este fenómeno criminal que anula los derechos y las libertades de la población. Por el contrario, su pasividad, tolerancia y connivencia con el mismo, revela que hace parte de las políticas y estrategias oficiales.


Nuestra Comunidad de Paz siempre ha dejado en evidencia los avances que muestran los paramilitares en el corregimiento de San José de Apartadó y en sus veredas, antes con otros nombres y desde hace un tiempo con el de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), pero la respuesta rutinaria de las autoridades es que nuestra Comunidad de Paz se inventa los hechos o los infla. Desde Rito Alejo del Río (mediados de los años 90) hasta el presente, NEGAR TODO ha sido la actitud de las instituciones del Estado, empezando por la más directamente responsable: la fuerza pública. Con ello se han desprestigiado hasta el extremo, pues han ido confirmando cada vez más que sus verdades son mentiras y que su principal afán es tapar y camuflar la realidad real y tratar de venderle al país y al mundo una realidad falsa.


Las amenazas a nuestra Comunidad de Paz y a los pobladores de la zona no cesan. Los grupos paramilitares que patrullan las veredas obligan a los campesinos a trabajar para ellos, a pagar vacunas, a servirles de puntos de información. La población civil no tiene más opciones que someterse o si no lo hacen tienen que desplazarse o entrar a formar parte de las listas negras, de donde se eligen los candidatos al asesinato, crímenes que van convenciendo a los pobladores que ellos “hablan en serio” y que además gozan de inmunidad, pues están blindados frente a la justicia. La rutinaria matanza de líderes sociales en el país, como política generalizada, nos está demostrando que quienes ordenan los crímenes son inmunes a todo proceso judicial. Ya el gobierno y las cabezas de sus instituciones mantienen el discurso preparado para “lamentar los hechos y prometer que las cosas no se quedarán así, que el peso de la ley caerá sobre los victimarios”, pero la rutina nacional nos ha enseñado hasta la saciedad que se trata de un mero discurso tranquilizador sin incidencia alguna en la realidad.


Durante todo el año 2018 dejamos constancia de todos los atropellos, amenazas y sometimiento de la población civil al paramilitarismo. El afán de controlarlo todo fue como una avalancha que fue inundando todas las veredas ante la mirada pasiva y complaciente de sus “primos” y de las demás autoridades locales y regionales. La consigna frente a nuestra Comunidad siguió siendo que nuestra Comunidad de Paz debe desaparecer, consigna adicionada con amenazas y anuncios persistentes de muerte para varios de nuestros líderes e integrantes y con agresiones audaces como tomas de tierra e incursiones armadas con fines aterradores.


Los hechos de los cuales dejamos constancia hoy son los siguientes:


* Por información de pobladores de la zona, se supo que durante la fiesta de fin de año, hubo en el caserío de San José una gran concentración de paramilitares quienes eligieron ese sitio para sus festejos. Subieron en lujosas camionetas y en multitud de motocicletas por nadie requisadas y se encontraron con numerosos colegas paramilitares. Nos preguntamos por qué lo hicieron allí, estando el caserío tan militarizado, pues hay una base militar y un búnker de la policía, establecimientos cuya ubicación contradice las normas y jurisprudencias de la Corte Constitucional. Muchos pobladores civiles que fueron esa noche a visitar a sus parientes, quedaron extrañados de la gran concentración paramilitar.


* El jueves 10 de enero 2019, veinte paramilitares con camuflados y armas largas, al mando de alias “Majute”, llegaron a la vereda Mulatos Medio, donde se quedaron por varias horas junto a uno de los espacios privados de nuestra Comunidad de Paz.


* El sábado 12 de enero de 2019, cinco paramilitares armados y montando en mulas llegaron al punto conocido como Chontalito, de San José de Apartadó, donde permanecieron algunas horas.


* El miércoles 16 de enero de 2018, en horas de la tarde fue asesinado el joven DEIMER ÚSUGA HOLGUÍN, a escasos 300 metros de la Base Militar del corregimiento de San José de Apartado. El hecho ocurrió en el camino real que sube por el río El Mariano y conduce para las veredas El Mariano, La Linda, Cristalina, Miramar, buenos Aires, Buena Vista, Alto Bonito, Mulatos, Resbaloza, entre otras, el hecho fue exactamente en el punto donde el pasado 16 de noviembre de 2017 intentaron asesinar al joven JUAN DE A CRUZ GUZMAN, hechos atribuidos a los paramilitares, pues su afán por controlar a la población los lleva a perpetrar asesinatos selectivos para producir impactos sobre todo aquel que no se someta a sus intereses. El contexto es, evidentemente, toda la tolerancia y aquiescencia de la fuerza pública con la cual el paramilitarismo ha contado en la zona, ya durante varias décadas, en las cuales han consolidado su accionar y su estrategia, lo cual hace recaer la responsabilidad, de manera evidente, en el gobierno y sus instituciones militares y policiales. Nuestra Comunidad de Paz ha dejado centenares de constancias, clamando permanentemente para que esta absurda situación se termine, pero la única respuesta del Estado es luchar para que no denunciemos, para que cerremos los ojos y la boca y dejemos actuar a sus anchas al paramilitarismo. Ese es el sentido de la Acción de Tutela que la Brigada XVII ha colocado contra nuestra Comunidad, pero que no puede ser acatada porque viola derechos constitucionales y universales intocables y porque de acatarla ahí sí tendrían el campo libre para continuar arrasando con todos los derechos de la población y las bases de la dignidad humana.


* El jueves 17 de enero de 2019, nuestra Comunidad de Paz fue informada de una lista de 8 persona que tienen los paramilitares para asesinar, entre los cuales estaba el joven asesinado el día anterior, Deimer Usuga Holguin. Entre los otros siete que están en la lista, algunos son miembros de nuestra Comunidad de Paz y el resto son pobladores de la zona. Responsabilizamos al Gobierno y a sus instituciones militares por lo que pueda pasarle a los miembros de nuestra Comunidad de Paz y/o a otros pobladores de la zona, pues ya se escuchan nombres de personas que asesinarán y bien lo tiene sabido El Estado, pues la situación que se vive en nuestro territorio es dramática y el Estado no ha querido hacer nada para enfrentarla. En el mismo corregimiento de San José de Apartadó se corren los rumores de una serie de panfletos que circulan los mismos paramilitares desde El Municipio de San José de Uré Córdoba con amenazas de muerte y sometimiento a la población civil si no se acoge a sus ideas perversas.


La Juez Segunda Promiscua de Apartadó se ha propuesto amordazar nuestras constancias públicas presionada por los militares, pero razón tuvimos desde hace ya muchos años, cuando descubrimos que el aparato judicial estaba hundido en la corrupción y sólo producía impunidad para un lado y arbitrariedad para el otro, algo tan opuesto a la mínima ética que debe inspirar el ejercicio de la justicia, que decidimos no relacionarnos más con ese aparato para poder salvar nuestra rectitud de conciencia, mientras hemos seguido clamando a las altas Cortes para que corrija tan perversos caminos y limpie los expedientes de tanta podredumbre, pero no han querido hacer caso.


Es un hecho de completa evidencia que nuestro territorio lo dominan los paramilitares y que la fuerza pública que está ahí, lo permite. Nos preguntamos ¿por qué un corregimiento tan militarizado es controlado por los paramilitares? Y lo más terrible: están matando al campesino a pocos metros de esas bases militares. ¿Hasta cuándo el gobierno va a permitir que el campesino siga siendo oprimido por el paramilitarismo? ¿Cómo es posible que un corregimiento donde hay una base miliar grande y una estación de policía con muchos hombres, los paramilitares ejerzan allí su control, vivan a sus anchas, se reúnan para hacer allí sus grandes fiestas, sin que nadie lo impida, y que además cobren impuestos ilegales, impongan sus normas, asesinen, amenacen, circulen listas de condenados a muerte y las vayan ejecutando y el gobierno siega fingiendo que es sordo y ciego?


Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo peor.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Enero 18 de 2019

 

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Viernes, 18 Enero 2019 06:32

Horizonte de vanguardias

Horizonte de vanguardias

Esta reflexión procura abordar el tema de los chalecos amarillos y el movimiento feminista en términos de vanguardias políticas como no se veían en décadas. La idea de que algo acaba de terminar sin que se advierta lo que está empezando es la clave de las incertidumbres que descorren los telones de la Historia. 

 

Por eso la mezcla ideológica que se percibe en las manifestaciones de Francia es potente e inquieta a los desprevenidos: hay “fachos” y ultraizquierdistas y también simples trabajadores entre los franceses que protestan … ¿Contra Macron? No sólo contra Macron sino, y sobre todo, contra el sistema, contra la “bancarización” de la política, contra la desnaturalización de la social democracia, contra las desigualdades sociales y tributarias e inclusive contra el funcionamiento formal de las actuales instituciones.


Hoy, la democracia liberal –con unos doscientos años de existencia– ya no parece responder a los mecanismos de representatividad que constituyen su naturaleza de origen: los representantes que legislan apenas nos representan cabalmente o, directamente, no lo hacen porque en su mayoría responden a los hilos del capitalismo tardío y a sus capitanes concentrados, por lo tanto no sería riesgoso decir que lo legal se está volviendo ilegítimo. Y sospecho que es ilegítimo todo aquello que no corresponde a una necesidad soberana.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre?


Las mujeres no dudan en salir a la calle para demandar la igualdad que siempre les fue negada, sobre todo por el poder de un patriarcado muy propio del capitalismo triunfante en la era moderna. En ese sentido, ellas son el verdadero “proletariado” de la Historia, han puesto el cuerpo y lo siguen poniendo simbólica y materialmente y lo hacen de manera tanto individual como colectiva.


Lo peculiar de estos dos imponentes movimientos es que no muestran líderes políticos ni partidos reconocibles, sino que son grandes oleadas en procura de una forma que sólo parece buscarse fuera del sistema para no acordar con él y es esto precisamente lo novedoso. Al principio se creía que los chalecos amarillos sólo reclamaban por el tema puntual del combustible para los vehículos.


Ahora se huele algo más inquietante y perturbador, algo también más épico y ese algo es la insurgencia, palabra que las clases medias (por lo regular burguesas y aspiracionales) no digieren con facilidad. Es además evidente que el feminismo como fuerza de choque va más allá de las discusiones sobre el aborto legal y la violencia de género sino que sacude los estamentos destinados a la mujer en el orden social consagrado. Y es esto precisamente, lo que “vanguardiza” y radicaliza al movimiento que, de la demanda puntual, trepa a las exigencias de un nuevo orden. Los chalecos amarillos, por su lado, no sólo quieren que Macron ablande sus políticas conservadoras, en realidad quieren que se vaya, sin más.
La crisis de la democracia liberal no sólo se observa en la débil representatividad que hoy muestra sino también en su capacidad para llevar al gobierno agentes francamente adversos a los intereses genuinos de los propios votantes, impulsados estos por las prédicas propagandística de los medios de comunicación ligados a los grandes capitales, sobre todo transnacionales. Por otro lado, y simultáneamente, una determinada elite del Poder Judicial opera a favor de los grupos políticos familiares a sus intereses y naturalmente en contra de aquellos llamados populistas o de izquierda.


Es interesante la operación de persistencia en la construcción de consignas etiquetadas que recortan la realidad atribuyendo y distribuyendo culpas, delitos o crímenes a quienes –y entre quienes– se sospecha o se sabe que no acompañarán a las minorías económicas hiperpoderosas, aplicando la técnica del infundio de manera reiterada, sin que importe en absoluto que haya o no pruebas verificables en un sentido o en otro.


Las concentraciones capitalistas apoyadas en las tecnologías comunicacionales más avanzadas quieren suponer que la política –una forma proactiva del humanismo– se hunde en el pasado. El gran capitalismo cree en la robotización sistemática y en la progresiva eliminación de la mano de obra humana, camino posible pero no todavía mayoritario. Los hombres y mujeres no alineados en esas creencias descalificadoras del trabajo, reaccionan. El análisis debe partir de ahí. Debe partir de las crisis del humanismo y de la falta de herramientas teóricas y prácticas para controlar, eventualmente, la aniquilación de la presencia humana en el ámbito de la producción. La hipótesis facilista de que habrá tiempo libre de sobra para desarrollar otras actividades que compensen la desocupación no sólo es fantasiosa sino de una frivolidad aplastante e irresponsable.


La sospecha central –retomando el eje temático de esta reflexión– es que ambos movimientos, feministas y chalecos amarillos, se tocan en algún punto tangencial: ambos, como ya dijimos, carecen de una filiciación política programática o partidista reconocible y también carecen de líderes definidos (por lo menos hasta ahora).


Sería apresurado asegurar que estas dos insurgencias se dearrollarán sin pausa hasta cambiar la realidad actual, pero no es insensato reconocerles un papel radical alentado por una furia combativa y disruptiva que ya no parece plegarse a la farsa del diálogo componedor, ni mucho menos a los autoritarismos “simpáticos” con que el neoliberalismo democrático enmascara su creciente embestida conformista.


Desde luego, el propósito derechizante conservador (no sé cómo llamarlo de otro modo) es de una gravedad incalculable porque la política es sinónimo de civilización y expresión cabal de la cultura convivencial ligada, precisamente, a la “polis”, a la ciudad, a la plataforma habitacional interactiva que dio lugar a la formación del pensamiento occidental en todas sus dimensiones.


Tal vez por eso, atentar contra la política es –para utilizar una marca platónica– empujar nuestra forma de ser esencial hasta los bordes de un abismo desconocido.


Al preguntarnos de qué modo y por qué está pasando esto, valdría la pena tener en cuenta que la propaganda mediática de los últimos treinta años ha ido convenciendo a los consumidores de información a adoptar una actitud individualista ligada a la noción de libertad personal (construcción meritocrática de un individualismo aislante) al margen en lo posible de la ingerencia del Estado.

Esta prédica tiende a destruir la política ya que la política entorpece la facilidad de los negocios y dificulta la velocidad de los mismos.


Nadie parece tomar en cuenta, ni recordar, de qué modo (cuantioso) fueron engañados millones de ciudadanos llevados a invertir sus ahorros en negocios imposibles por fraudulentos asesores financieros tanto en EE.UU. como en Europa y cómo, hundidos en la miseria, cuando estalló la crisis de 2008 tuvieron que ver cómo los Estados salvaron a los bancos de la ruina, y apenas condenaron con cárcel y multas a un puñado de responsables poderosos mientras ellos vivían sin trabajo, sin techo y sin ahorros.


Insisto en un punto difícil ¿Qué es hoy la democracia liberal representativa sino una dudosa plataforma de cálculos, estadísticas y oportunidades de negocios entre sectores públicos y privados? ¿Qué es hoy el Poder Judicial sino un sistema colegiado –directo heredero de la monarquía en la república– favorecido por privilegios económicos inamovibles y ocupado, sobre todo en los países terceros, de judicializar la política?


Para ir terminando, se diría que estamos asistiendo a uno de esos singulares momentos de la Historia en los que se dan numerosas –e inesperadas– condiciones para que se produzcan cambios más bien irreversibles y, en gran medida, de resultados desconocidos.


Si nos dejáramos llevar por una fantasía apocalítica cuyos componentes ficcionales se reconocieran en una confrontación de personas en procura de una libertad distinta y del otro lado dispositivos de inteligencia artificial cada vez más complejos, estaríamos asistiendo a una de las últimas asonadas del humanismo desplazado contra la tecnología reinante. Por ahora, sólo se trata quizás de una “ficción realista” donde una de las preguntas capitales podría ser ¿tiene límites la inteligencia artificial? Por ahora –una vez más– la preocupación orientadora sigue siendo la lucha contra la desigualdad, por la certeza de la alimentación y el pleno ejercicio de la libertad en medio de la vida política. Las mujeres, principalmente, y seguramente los chalecos amarillos se mueven en esa dirección.

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¿Regresa el sujeto histórico con los chalecos amarillos?

Si alguien me preguntara el significado de la política, diría que se refiere a la disputa por el poder; es decir, la política es agonista, incluso antagonista. Y si esto es así, la política lo que debe cuestionar es el equilibrio de poder entre los diferentes intereses de clase. Como Marx reconoció, el propósito subyacente de las instituciones sociales, políticas, económicas e incluso legales de la sociedad capitalista es preservar el monopolio del poder que goza la clase propietaria del capital. Y, en consecuencia, cualquier intento de desafiar ese monopolio, en cualquier esfera, será contrarrestado, como lo están experimentando actualmente los chalecos amarillos en las calles de París.

Señalo esto porque la naturaleza de la política parece haber cambiado radicalmente en las últimas dos décadas. Me atrevo a decir que la política se ha vuelto más bien apolítica. Hoy se preocupa más por aliviar los excesos del capitalismo que desafiar al sistema en sí. Las protestas contra el capitalismo global que marcaron el fin del siglo se han convertido en una tregua no incómoda, a medida que han surgido nuevos actores “transnacionales” para llenar y “despolitizar” el espacio radical anteriormente ocupado por la clase obrera. Estos nuevos actores comprenden una serie de ‘Movimientos de Justicia Social Global’ (‘GSJM’) y ‘Organizaciones No Gubernamentales’ (‘ONG’) que imponen su agenda a una sociedad civil incipiente en todo el mundo.


Si bien el rango de sus intereses particularistas es vasto, en general están relacionados con el rechazo a una política independiente de la clase trabajadora. Estos movimientos tienden a ser manejados por personal de clase media occidental [1] y que muy a menudo son financiados, directa o indirectamente, por intereses corporativos occidentales [2], evitan las demandas de la política de clase, proponiendo, en cambio, un agenda “individualista” porque esta acción ejercería una autoridad moral superior. A los ojos de estos nuevos actores globales, la política “colectiva”, con sus demandas de representación, constitución e incluso democracia, son artefactos desacreditados de un sistema, que debe ser reemplazado por una forma más moral de gobierno global.


La rápida multiplicación de estos actores globales, conocedores de los medios de comunicación, que actúan de manera muy parecida a los cabilderos, al negociar concesiones en las cumbres capitalistas, no es simplemente una manifestación cruda de un capitalismo global expandido. No es extraño, entonces, que el Banco Mundial involucre a las ONG en sus programas para promover el “desarrollo en el tercer mundo”. También tienen una justificación filosófica para apuntalar el surgimiento de estos movimientos pospolíticos y la consiguiente sustitución del sujeto colectivo centrado en la política de clase por un socio “apolítico” más complaciente.


Mientras los neoconservadores se han empeñado en hacer retroceder al Estado (acogiendo la influyente obra del filósofo neoliberal John Rawls, que anunció la primacía del individuo autónomo [3]) lo que parece más sorprendente es que los nuevos socios del capitalismo global son, en gran medida, una creación de la izquierda.


Fue el abrazo de la izquierda del pensamiento posmoderno con su despreciación de las narraciones históricas lo que ha llevado al abandono de la clase obrera como sujeto histórico o, en términos marxistas, cuando la clase trabajadora se emancipa debe a la vez liberar al conjunto de la sociedad de la opresión de las clases dominantes.


Un corolario de esta supuesta evolución moral en la ‘política’ trans-global, es la depreciación de los objetivos políticos conquistados por el trabajo organizado y sus imperativos asociados de solidaridad y comunidad: términos que están notablemente ausentes de los nuevos movimientos ‘corporativos’ y su léxico moral.


De hecho, la difamación de la clase trabajadora, convertido en un meme cultural desde los años 80, ha demostrado ser una ayuda inestimable para el nacimiento de esta nueva élite apolítica. La otra anatema posmoderna es que la clase trabajadora es irresponsable. Deslegitimar las demandas de la clase trabajadora calificándola como codiciosa y egoísta, ha sido relativamente fácil para los medios capitalistas. Lo que ahora se promociona, por estos medios, es un pluralismo de intereses sociales y culturales, ninguno de los cuales tiene el poder político, ni la voluntad de desafiar el status quo.


El geógrafo urbano, Mike Davis, discute la revolución de las ONG bajo el título “Imperialismo suave”, y considera que es responsable de ”hegemonizar el espacio tradicionalmente ocupado por la izquierda” y “desradicalizar los movimientos sociales urbanos“. El activista de la vivienda, PK Das sostiene que el objetivo de tales movimientos es “subvertir, desinformar y desidealizar a las personas para mantenerlas alejadas de la lucha de clases. Al mismo tiempo que alienta la gente a pedir “favores por motivos compasivos y humanos, en lugar de hacer que los oprimidos sean conscientes de sus derechos“. [4] David Chandler describe a estos actores políticos como “antipolíticos y elitistas” [5]. Para Chandler “sus acciones replican a sus antepasados misioneros: aplacar a los nativos y despejar el terreno para la expansión de la explotación”.


Sin embargo, una breve mirada a las políticas progresistas de los años 70 demuestra que el consumismo compensatorio lanzado por los gobiernos neoconservadores, en los desregulados años 80, que ha llevado a niveles de deuda privada sin precedentes, fue la antítesis a los proyectos socialistas surgidos una década antes, cuando los trabajadores habían tratado de fundar una sociedad alternativa más allá de un capitalismo destructivo y derrochador.


Un análisis más preciso de esos años de disputa no es que los programas de izquierda se agotaron, sino que sus políticas nunca se implementaron. Ciertamente, en el Reino Unido, los trabajadores en huelga fueron engañados por sus propios representantes, tanto dentro como fuera del gobierno, pero también por el propio sistema político, que utilizó medios antidemocráticos para bloquear la implementación de un cambio, necesario, irrevocable y fundamental del sistema económico. Lo que unió todas las fuerzas de la reacción contra los trabajadores fue la demanda de una democracia más directa y la participación en el proceso político y económico, porque este era un desafío inaceptable, tanto para el control capitalista como para el clientelismo burgués.


Lo que ahora parece ser la ética gobernante que determina la política “izquierdista” es un cambio cultural que ha pasado de luchar por el cambio del capitalismo a aceptarlo sin cambios reales. Por lo tanto, parece oportuno reflexionar sobre la era anterior, no hace mucho tiempo, cuando una política de contestación dominaba el espacio público y estar “a la izquierda” era una postura socialista, indiscutiblemente vinculada con las demandas de la clase trabajadora y la construcción de una nueva sociedad.


En el Reino Unido, en la década de 1970, las huelgas, las sentadas y las ocupaciones de fábricas eran eventos comunes. Hombres grises enojados, acurrucados alrededor de los braseros, eran las noticias de la noche y todos parecían estar atrapados en un debate sobre el futuro económico y político del país. Cuando Ted Heath, el primer ministro del gobierno Tory en el poder, convocó una elección en 1975, (después de declarar 5 estados de emergencia), preguntó a la gente “¿Quién gobierna Gran Bretaña?”, el electorado respondió con decisión que no era él y le devolvió el gobierno al partido laborista.


Fue, de hecho, un momento de cambio. Y hubo un sentido real que un cambio fundamental era posible. Esto parece increíble ahora en una era que los reality shows son lo más destacado de la televisión del sábado por la noche. Que la silla usualmente ocupada hoy por los tipos Hollywood hubieran albergado al carismático dirigente comunista, Jimmy Reid, para promover los intereses de la gente común parece ahora bastante extraordinario. Pero así fue.


Lo que no es tan sorprendente, es que los medios de comunicación de ese tiempo hayan apodado “el invierno del descontento” una época en que el país estaba al borde del colapso económico. [6] Ansiosos por impulsar a Margaret Thatcher en la escena política como la gran gurú neoliberal, la prensa conservadora denigró a los trabajadores en huelga y presentó sus demandas como codiciosas y egoístas.


Sin embargo, lo que los trabajadores estaban pidiendo principalmente no era dinero, era poder y más participación en el proceso productivo. [7] Dado que muchas industrias manufactureras se están cerrando, debido a una combinación de mala gestión y falta de inversión, a pesar de los considerables subsidios del gobierno, los trabajadores podrían avizorar un camino a través de la producción de bienes socialmente útiles, tales como máquinas de diálisis y sistemas de calefacción eficientes para jubilados


En sus demandas de mayor participación, los trabajadores, a través de los Consejos de Trabajadores, presentaron estrategias industriales que reconocieron la importancia de la diversificación, los bienes sociales, la energía verde, las limitaciones ambientales, la cooperación y la responsabilidad de los trabajadores. En ‘Socialism and the Environment’, publicado en 1972 [8], varios años antes de la aparición de ‘Green Politics’, se reconoció la conexión entre la expropiación del medio ambiente y la del trabajador, así como la necesidad de poner fin al consumismo destructivo y derrochador que contaminaba el planeta y amenazaba con hacerlo inhabitable.


Para los jóvenes de hoy, la pasividad de los “apolíticos” en lugar de la contestación rebelde es la norma. Después de divisiones de clase, que promovió el poder en la década de 1970, el sistema las ha institucionalizado y empaquetado con trayectorias profesionales para “clases medias solidarias” o han pasado a ser exigencias del mercado, fuera del alcance del gobierno, ya que gran parte lo que la sociedad civil fue en ese momento, ha sido destruida o privatizado.


Margaret Thatcher es recordada por su papel en la desregulación del sector financiero y la venta de activos estatales y viviendas sociales, en un intento por crear una clase media expandida, pero su principal objetivo siempre fue la destrucción de la mano de obra organizada que reconoció como el principal desafío al monopolio capitalista.


Como víctimas del culto al individualismo que comenzó a estrangular a la sociedad en la década de los ochenta (y del “cuidado del consumidor”) hoy es muy difícil para cualquier persona que crece en el capitalismo postindustrial apreciar que hace muy poco tiempo los trabajadores llamaban a la solidaridad, a la justicia, la cooperación y a una nueva visión de la capacidad productiva en torno a un debate por la democracia en la industria, razón por la cual hubo una organizada oposición por parte de los intereses corporativos, los medios de comunicación, la administración pública y de los servicios de seguridad.


Los temores que la mano de obra organizada fuera capaz de efectuar un cambio histórico eran reales. Y la única manera de terminar con ese desafío y asegurar su monopolio era destruir el poder colectivo de la clase trabajadora utilizando todos los medios posibles.


Estructuralmente, eso significaba domeñar a los sindicatos y erradicar aquellos elementos de la sociedad civil que inculcaban nociones de comunidad y solidaridad. Culturalmente, significaba efectuar un cambio radical en la percepción que la sociedad tenía de la clase trabajadora. Se impuso un visión tan negativa y dominante que pocos, independientemente de sus circunstancias económicas, desearon ser identificados con las ideas y valores de la clase trabajadora.


Caricaturizados por medios implacables y reaccionarios, ser integrante de la clase trabajadora pronto se convirtió en sinónimo de ser parte de una “casta de privilegiados” o un “scrounger”. También se les imputó tener puntos de vista racistas y sexistas y, con la etiqueta “subclase salvaje” los jóvenes trabajadores fueron eliminados de toda influencia en la política.


Con el retiro del estado y la promoción del mantra neoconservador de “responsabilidad individual”, se hizo fácil presentar la pobreza y el desempleo como fallas personales. De este modo, se aseguró que las etiquetas ‘irresponsable’ y “no aspiracional” se impusieran, logrando en la práctica hacer desaparecer a los trabajadores de la escena política.


En “La clase social en el siglo 21” de Mike Savage, publicado en 2015, se da a conocer los resultados de la mayor encuesta de clase jamás realizado en el Reino Unido. Un dato importante es que con 161.000 participantes, no respondió ni un solo limpiador o trabajador en los servicios elementales’. [9] De esta manera Savage reconoce que hay “patrones reveladores” en los resultados de la encuesta, particularmente porque hubo una “excesiva representación de hombres de negocios y profesionales de las finanzas”, y que las respuestas recibidas de los CEOs son más de 20 veces del número esperado.


Desafortunadamente, él no explica cuál es “la proporción de encuestados que no creen pertenecer a una clase en una jerarquía de clases que desciende“. Solo una cuarta parte del “precariado” reconocen su estado de clase baja. Mientras esto ocurre con el precariado, la mitad de la élite está orgullosa que pertenecen a su “clase”.


Savage sugiere que esta es una ”inversión fascinante de la tesis de Marx. A saber; la conciencia de clase crece entre los proletarios, porque no tienen nada que perder, sino sus cadenas. ”Al contrario, dice Savage; ”de hecho, los que están al final son los que menos piensan que pertenecen a la clase trabajadora”. [10]


Aparte del hecho obvio que lo que la gente piensa y lo que dice es a menudo muy diferente, hay que decir que nadie quiere ser parte del equipo perdedor; por tanto no hay ninguna milagrosa inversión de la tesis de Marx con esta encuesta.


Una mejor explicación del porqué el proletariado no rompe sus cadenas es qué hay pocas posibilidades de perderlas en un momento en que su encarcelamiento se ha normalizado, es decir, despolitizado. En este momento, todo lo que se logra es recordarle su lamentable estado de olvido. La observación de Lenin sobre la “esclavitud cultural” de la clase trabajadora parece más cierta que nunca. [11]


El trabajo de Savage también es instructivo pues pone en evidencia la vulnerabilidad social de las clases medias y cómo la propia palabra clase ha adquirido un significado cultural: un significante de valor moral e intelectual. Sin embargo, la división de la encuesta en 7 divisiones de clase separadas oculta un panorama más amplio de ganadores y perdedores, dejando a la vista la actual incapacidad dramática de una respuesta social organizada.


Un análisis menos confuso de esa tendencia es quizás provisto por la simple distinción social hecha por Thorstein Veblen en “Los intereses adquiridos y el hombre común”. En el estudio de Veblen, el grupo de “Interés adquirido” de la clase capitalista tiene ”un margen relativamente estrecho de ganancia neta”. Pero a cambio de ese beneficio moderado, afirma Veblen, se “manipulan los sentimientos y las aspiraciones” para aumentar las ganancias.


En todo caso, en un momento en que el capital social y cultural ha alcanzado nuevos niveles de valor de cambio (tras la colonización del capitalismo en la esfera cultural) el análisis de Veblen es esclarecedor. Porque, en la era del capitalismo transnacional y la expansión de los movimientos sociales y culturales apolíticos que la acompaña, hay muchos más márgenes de ganancia.


El abandono de la clase obrera como sujeto histórico generalmente se remonta al surgimiento del pensamiento posmarxiano / posmodernista en Francia en los años 70, con su negación de las narrativas históricas de carácter general. El trabajo que ha proporcionado autoridad moral y política para ese abandono del marxismo es “Hegemonía y estrategia socialista: hacia una política democrática radical”, de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, publicado en 1985.


En ese texto post-marxista, Mouffe y Laclau argumentan que la clase trabajadora ya no es el sujeto histórico, esencialmente porque no existe un sujeto histórico y, por lo tanto, no se le atribuye ningún privilegio ontológico como una fuerza histórica efectiva contra el capitalismo. En cambio, sugieren que una gama de grupos de interés social (por ejemplo, feminismo, antirracismo, ambientalismo, etc.) pueden, a través de un liderazgo “moral e intelectual”, (en oposición a un mero liderazgo “político”) combinarse para lograr tal reto.


Los trabajadores siguen siendo importantes en esa amalgama de grupos de interés, pero solo a través de su experiencia concreta y vivida, y no debido a la historicidad de su posición. Es en esta nueva ‘unidad de un conjunto de sectores’ que una ‘relación estructuralmente nueva, diferente de las relaciones de clase, debe ser forjada. Y tal conjunto, afirman, se logrará con una “democracia radical”. [12]


Esto es lo que Mouffe y Laclau llaman la “transición decisiva” del plano político al moral / intelectual y es donde tiene lugar un nuevo concepto de hegemonía “más allá de las alianzas de clase”. La razón por la que se piensa que es necesario alejarse de lo político es porque ellos perciben la necesidad que un conjunto de ideas y valores deben ser compartidos por diversos de sectores: “que ciertas posiciones de los sujetos atraviesan una serie de sectores de clase.”


Para Mouffe y Laclau sólo abandonando una política de clase inadecuada y que tenga una “coincidencia coyuntural de intereses”, se podrá establecer un nuevo movimiento singular. Parte del razonamiento es la suposición de que la clase trabajadora no puede pensar por el resto de la sociedad: que no puede ir más allá de la “defensa estrecha de sus intereses corporativos”. [13] Sin embargo, la historia no lo confirma.


Como se vio anteriormente, en los años 70 en el Reino Unido: una época en que el poder de la clase trabajadora estaba creciendo, fue una época muy ilustrada. Se aprobaron resoluciones antirracistas y antisexistas y también hubo una legislación progresiva que protegía los derechos de los homosexuales, legalizaba el aborto y facilitaba el divorcio. Los trabajadores se declararon en huelga para exigir más dinero para los jubilados. De hecho, es difícil pensar en un área de la vida social que no se consideraba parte del plan socialista de transformación.


Reflexionando sobre el hecho de que estudiantes e inmigrantes, así como los trabajadores participaron en las huelgas masivas que se desataron en Francia en 1968, Mouffe sugiere que “una vez que se rechaza la concepción de la clase trabajadora como una clase universal, es posible reconocer la pluralidad de los antagonismos que tienen lugar en el campo de lo que se agrupa arbitrariamente bajo la etiqueta de “luchas de los trabajadores“. [14] Sin embargo, ¿qué es exactamente “arbitrario” sobre esta etiqueta? y, ¿qué beneficio se deriva abandonarla en favor de una pluralidad de etiquetas diferentes que no tienen importancia política en el contexto de una lucha obrera? En realidad, la disolución de la solidez de la clase obrera en una multitud de antagonismos parece encaminada a destruir la solidaridad; También parece un suicidio político.


En la famosa huelga de Grunwick en 1976, iniciada por mujeres asiáticas no sindicalizadas que trabajaban por una miseria en condiciones extremadamente pobres, los trabajadores enviaron un poderoso mensaje de solidaridad acusando al gobierno laborista en el poder. Los problemas de etnicidad y género desaparecieron mientras se realizaba la mayor movilización de solidaridad obrera jamás vista en el Reino Unido y más de 20,000 trabajadores se presentaron en la línea de piquete para apoyar a los huelguistas. La huelga incluso fue internacional: participaron los trabajadores de los Puertos en Bélgica, Francia y los Países Bajos, boicoteando los productos de Grunwick.


Fue precisamente la solidaridad generalizada del movimiento lo que aterrorizó al gobierno, ya que lo que entonces se hizo evidente fue que la solidaridad de los trabajadores podía transformar la sociedad, por lo que el gobierno recurrió a la vigilancia policial para romper la huelga (la misma táctica que haría el gobierno de Thatcher un par de años más tarde contra los mineros.)


Por otra parte Mouffe afirma que el pluralismo solo puede ser radical si no existe un “principio de fundamento positivo y unitario”. Pero es difícil actuar como una fuerza unificadora en las luchas anticapitalistas si la lucha común olvida la explotación. ¿A quienes podían haber llamado las huelguistas recién llegadas del este de África, si no a sus compañeros trabajadores explotados? ¿Y qué tan efectivas habrían sido sus acciones en ausencia de esa solidaridad?


En su intento por justificar este dramático cambio de la política de clase y de los intereses históricos de la clase trabajadora, Mouffe y Laclau se basan en la noción de Gramsci de la “voluntad colectiva”. El consideraba que un movimiento nacional y popular debería ser capaz de expresar los intereses compartidos de las masas, y también debería reconocer la importancia de un liderazgo moral e intelectual.


Sin embargo, con respecto a estos dos aspectos de su estrategia política, el pensamiento de Gramsci se basa en la historicidad de la clase trabajadora. Porque si bien reconoce la necesidad de alianzas (no ve a la clase trabajadora resistiendo en solitario) sí la reconoce como la fuerza dirigente. El punto central de una voluntad colectiva es que se requiere una voluntad única, enfocada, y no una variedad dispar de tácticas y objetivos.


De hecho, Gramsci opinó que lo que había bloqueado la formación de tal voluntad en el pasado era una serie de grupos sociales específicos. ”Toda la historia, desde 1815 en adelante, muestra los esfuerzos de las clases tradicionales para prevenir la formación de una voluntad colectiva de este tipo y para mantener el poder ‘económico-corporativo’ en un sistema internacional de equilibrio pasivo“. [15]


El hecho de que Gramsci Identificara la necesidad de un liderazgo moral e intelectual en la formación de tal voluntad no significa que pierda su base política / económica. Por el contrario, es evidente que Gramsci proponía un movimiento liderado por un partido basado en la política. [16] También afirmaba que las políticas morales e intelectuales no son nada sin un cambio estructural: “La reforma intelectual y moral debe vincularse con un programa de reforma económica; de hecho, el programa de reforma económica es precisamente la forma concreta en que la reforma moral se presenta”. [17]


Al elevar un liderazgo moral espureo por encima de la política de clase, se ha creado una plataforma para una pluralidad abierta de causas apolíticas. El efecto ha sido despolitizar radicalmente la democracia al eliminar las cuestiones definitorias de la contestación de la clase trabajadora. Si bien Mouffe sugiere que una identidad muy fragmentada y separada de estos “antagonismos” específicos produce una ”profunda concepción pluralista de la democracia“, la realidad ha sido todo lo contrario.


Como señala Ellen Meiksins Wood en “La democracia como ideología del imperio”, es precisamente la desaparición de las relaciones de clase definidas políticamente lo que hace que esta versión de democracia “des-socializada” sea tan atractiva para el capitalismo global. Porque, al poner las preocupaciones sociales y políticas anteriores de la política de clase más allá del alcance de la responsabilidad democrática, la política se subordina fácilmente al mercado. [18]


Claus Offe también reconoce que el ”proyecto neoconservador de aislar lo político de lo no político” se basa en una redefinición restrictiva de lo que puede y debe considerarse político, lo que permite a los gobiernos eliminar las demandas sociales problemáticas de sus agendas. Al mismo tiempo, observa que el surgimiento de nuevos movimientos sociales, que operan en esferas de acción no políticas, sirve para justificar esa despolitización.


La protesta de los chalecos amarillos es una respuesta a una versión de democracia cada vez más “desocializada” y al poder de las élites, que solo ha aumentado bajo Macron. Lo que comenzó como una protesta contra el aumento del impuesto sobre el combustible es ahora mucho más. Alentados por la solidaridad generalizada, los trabajadores exigen el fin del elitismo y la corrupción del gobierno y notifican que la clase trabajadora NO quiere migajas.


¿El derrocamiento de Macron, el fin de la corrupción política, una nueva república, el surgimiento de un nuevo partido político de la clase obrera? Es imposible pronosticar cómo terminará la protesta. El movimiento no habría durado tanto si no hubiera sido por la solidaridad generalizada que los trabajadores han demostrado. La solidaridad se basa en el amor a la justicia, que es la sangre vital de la política de la clase trabajadora y, por lo tanto, hasta que se termine la injusticia, la disputa debe continuar. Porque, como reconoció el padre de la filosofía política, ”siempre son los más débiles quienes buscan la igualdad y la justicia, mientras que los más fuertes no les prestan atención“. [19)

 

Por Susan Roberts
Krítika

 

Notas
[1] Claus Offe, Nuevos movimientos sociales: desafiando los límites de la política institucional, investigación social 52: 4 (1985: invierno) 832

[2] James Heartfield, La Unión Europea y el fin de la política (Zero Books: Winchester 2013) 117

[3] John Rawls, Una teoría de la justicia (Oxford University Press: Oxford, 1972)

[4] PK Das, ‘ Manifiesto de un activista de la vivienda’ citado en Planet of Slums de Mike Davis, (Verso: Londres, 2006)

[5] David Chandler, Deconstruyendo la soberanía en la construcción de una sociedad civil global en Politics Without Sovereignty, (UCL Press: Londres 2007) 150

[6] John Medhurst, esa opción ya no existe – Gran Bretaña 1974-76, (Zero Books: Winchester, 2014)

[7] Intervención estatal en la industria: una investigación de los trabajadores (Russell Press Ltd .: Nottingham, 1980)

[8] Ken Coates, Socialismo y medio ambiente , (Portavoz: Nottingham, 1972)

[9] Mike Savage, clase social en la 21 st Century , (Pelican: Random House, 2012) 11

[10] Ibid., 367.

[11] VI Lenin Collected Works , vol. 27, (Moscú, 1965) 464

[12] Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, Hegemonía y estrategia socialista – Hacia una política democrática radical (Verso: Londres, 1985) 64

[13] Ibid., 66.

[14] Mouffe, ibid., 167.

[15] Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks , editado y traducido por Quintin Hoare y Geoffrey Nowell Smith, (Lawrence y Wishart: Londres, 2003) 132

[16] Gramsci, Ibid., 129.

[17] Ibid., 133.

[18] Ellen Meiksins Wood, La democracia como ideología del imperio en The New Imperialists (Publicaciones de Oneworld: Oxford, 2006) 9

[19] Aristóteles, Política, traducción, Joe Sachs (Focus Publishing: Newburyport, 2012) 1318b

Susan Roberts, historiadora británica.
Fuente original: https://kritica.info/regresa-el-sujeto-historico-con-los-chalecos-amarillos/

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La impune maquinaria del sicariato contra los dirigentes populares

El 11 de Enero, Alfamir Castillo, una emblemática luchadora popular del Valle del Cauca, fue víctima de un cobarde atentado mientras se desplazaba con su marido en la carretera de Pradera a Palmira. Hay que mencionar que esta carretera está altamente militarizada y tiene presencia policial permanente.

Alfamir Castillo ha vivido con un dolor muy grande: su hijo, Darbey Mosquera Castillo, fue asesinado por el Batallón de Contra Guerrilla No. 57 "Mártires de Puerres" del Ejército Nacional en Febrero del 2008, en una vereda de Caldas, donde el muchacho le habían ofrecido trabajo. Luego lo hicieron pasar por guerrillero muerto en combate, en el infame caso de los “falsos positivos”, cuando el “presidente de la paz”, Juan Manuel Santos, era ministro de defensa. Ese fue el asesinato sistemático de muchachos de escasos recursos, secuestrados por el ejército después de prometerles trabajo, para ser asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, a fin de que la soldadesca y los oficiales pudieran cobrar beneficios económicos, ser promovidos en la jerarquía castrense y obtener vacaciones, beneficios que les garantizaba el “pacificador” Santos en su política de conteo de cabezas. Estos no fueron casos aislados: la investigación “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002–2010: Obediencia ciega en campos de batalla ficticios” (2017), escrita por el ex policía y sociólogo Omar Eduardo Rojas y Fabián Benavides, presenta evidencia de que hubo más de 10.000 casos. Esto fue un genocidio sin proporciones en la historia colombiana, y las denuncias de que la práctica no han cesado siguen en pie.


Alfamir Castillo, sin embargo, no es una mera víctima. Es una luchadora popular excepcional que ha convertido el dolor ocasionado por el cobarde asesinato de su hijo, en ternura para todos los oprimidos. En cada movilización, ahí está ella. Patiana de nacimiento, de un pueblo cerca del Bordo, ha vivido muchos años en Pradera, Valle, junto a su marido, un cortero de caña que está lisiado, aquejado por enfermedades ocupacionales derivadas del corte, en una batalla legal contra los ingenios para que le reconozcan la afectación que ha sufrido y lo compensen. Cuando el paro de los corteros en el 2008, allá estuvo ella, organizando el Comité de Mujeres Corteras de Caña para apoyar a sus esposos en esa lucha contra el Goliat azucarero. Su liderazgo fue clave para mantener la movilización de los corteros, un punto de inflexión en la historia reciente de las luchas populares. En esas correrías fue que la conocí, y aprendí a admirarla y apreciarla. El atrevimiento de enfrentarse a los zares del azúcar, a los Caicedo, a los Ardilla Lulle, los Cabal, los Eder, les ha costado caro a los corteros: la mayoría de quienes lideraron ese paro, han debido enfrentar agresiones, atentados y el desempleo.


Alfamir no ha estado al margen de esta situación. Varias veces ha tenido que salir desplazada de Pradera por amenazas en su contra. En el 2012, incluso, recibió el “beneficio” de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) [1], pero no pasa nada. En Cali, desplazada, la atacaron una vez con una jeringa. Otras veces le han apuntado con pistolas. Ahora la cosa fue a tiros. Tres tiros en contra de la camioneta en que se desplazaba, ninguno de los cuales la alcanzó, afortunadamente. Ese día había recibido dos amenazas, en las que le decían, “no creas que estamos jugando. No creas que estamos mintiendo la muerte te ronda y tú no lo crees, ni tus escoltas van a poder salvarte vieja h.p. todo lo que nos ha pasado te lo vamos a cobrar… muere… muere… muere…” y “esto es un ultimátum vieja h.p. ya sabemos todo y tienes miedo pero ni por mil esquemas de seguridad te vas a salvar de nosotros, tu insolencia a mi comandante la vas a pagar con sangre y la salida de nuestros hombres son nuestra mejor arma…muere… muere… muere” [2]. Tu insolencia a “mi” comandante… más claro echarle agua.


Estuviera esto pasando en Venezuela, ya habría escándalo internacional, y los representantes colombianos, con espuma en la boca, estarían pidiendo sanciones en la OEA y la ONU. Pero como es Colombia, todo pasa de agache porque el asesinato de dirigentes sociales se ha vuelto un deporte: casi 300 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz el 24 de Noviembre del 2016. Es decir, en poco más de dos años. Asesinatos selectivos, la mayoría después de amenazas, los cuales buscan descabezar las organizaciones sociales. Un auténtico socialicidio, como lo he llamado en ocasiones anteriores [3]. Ante quienes plantean que “el conflicto es muy complejo para saber de dónde vienen los tiros”, que pueden ser muchos sospechosos, etc. recientemente, la Universidad del Rosario ha publicado una sistemática investigación en la cual demuestran: uno, que la mayoría de los asesinados es por disputas de tierra y que la mayoría de los asesinos son bandas paramilitares, las milicias privadas de ganaderos y terratenientes[4]. El mismo estudio abofetea al manoseado argumento, repetido por la socialbacanería hasta el cansancio antes del acuerdo de paz, de que “una vez acabadas las FARC-EP se le acabaría a la oligarquía la excusa para matar y se tendrían que volver demócratas”, demuestra que en las zonas donde existía las FARC-EP y éstas se desmovilizaron, es donde se concentra la mayor parte de los crímenes recientes.


Acá están claros los móviles de los asesinatos y los sectores sociales detrás de ellos: lo que no hay es voluntad política para coger al toro por las astas. Contrasta la ineficacia para encontrar a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes en contra de las organizaciones populares, y dirigentes sociales y de izquierda, con la asombrosa eficiencia demostrada por la policía para capturar y encerrar en la cárcel (¡en menos de 24 horas!) a un pobre muchacho que, de broma, comentó en Facebook que asesinaría a uno de los hijos de Uribe Vélez: sin ninguna intención de realizar el crimen, sin organización detrás, sin ningún arma, pasó varios meses en la cárcel mientras la Fiscalía pedía 15 años de cárcel [5] … por un comentario pendejo en las redes sociales. Pero a los líderes sociales se les estigmatiza por los medios, se les señala con el dedo, se les amenaza, se les asesina y nada. No pada nada.


El grado de podredumbre del régimen colombiano alcanza niveles realmente sórdidos… en las raras ocasiones en que la justicia medio afecta, así sea tibiamente, a sectores poderosos de la sociedad, inmediatamente comienza a moverse una maquinaria macabra que intimida y asesina a potenciales testigos en contra de sus “patrones”. El caso Odebrecht, que salpica a Uribe, a Santos y a todos los círculos del poder, ya ha tenido tres testigos claves del proceso muertos en extrañas circunstancias: José Pizano, su hijo Alejandro Pizano (ambos envenenados con cianuro) y Rafael Merchán, ex secretario de transparencia de Santos, que apareció muerto en un aparente suicidio. Ahora, el tema de los falsos positivos ha entrado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aun cuando esto debería ser materia de las cortes comunes y corrientes porque es un crimen que no puede justificarse de ningún modo en el marco del enfrentamiento del Estado con las FARC-EP. Gracias al proceso de paz, y al abuso que se está haciendo de la JEP, los militares que tanto esfuerzo habían sido castigados por los “falsos positivos” están saliendo de las cárceles. Pero así las cosas, este tribunal, sin dientes, es inaceptable para los altos estamentos castrenses porque en la JEP se sabrá que este no fue un tema de “manzanas podridas” entre los bajos y medios mandos. La JEP, hecha a la medida de la clase dominante, siendo muy difícil que ningún miembro del Estado reciba condena alguna, careciendo de dientes ante los poderosos, pero potencialmente con afilados colmillos para los exrebeldes, es demasiado para una oligarquía acostumbrada a la impunidad absoluta.


El general Mario Montoya hoy enfrenta cargos por los falsos positivos, y ya comienzan a llover amenazas y tiros contra los testigos. El abogado de Alfamir señala que “la JEP, pese a que en noviembre del año pasado se le solicitó estudiar la concesión de medidas cautelares, no ha hecho absolutamente nada, ha dejado abandonada a doña Alfamir (…). Creemos que existe un desprecio por parte de la JEP hacia las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como se vio en las audiencias de septiembre y octubre del año pasado” [6]. Por si queda dudas de qué círculo provienen las amenazas y las agresiones en contra de Alfamir, en Octubre, ella participó en una de las audiencias contra Montoya por el tema de los “falsos positivos”; ese mismo día la amenazaron y le dijeron que no se volviera a aparecer por las audiencias [7].


Si Alfamir, una mujer de una valentía realmente admirable, recibe este golpe… ¿quién se va a atrever a levantar el dedo contra Montoya? Si poderosos testigos del caso Odebrecht están muriendo, ¿qué misericordia de la máquina sicarial puede esperar una mujer negra, esposa de cortero, una mujer pobre como Alfamir? El sistema ha mostrado una crueldad espeluznante hacia Alfamir y su familia: asesinándole un hijo, amenazándola y atacándola constantemente, con los ricos del Valle negándole una miserable pensión a su marido. Negándoles sistemáticamente cualquier reparación, cualquier asomo de justicia. Pero ahí está pintado de cuerpo entero y sin afeites. Es increíble que después de tanto dolor, de tanta saña contra ella, no le hayan logrado silenciar ni amedrentar. Inmediatamente después del atentado su voz, esa voz que tanto han querido callar, volvió a hablar fuerte, claro, lozana, para decir lo que todos saben pero pocos se atreven a decir: “varios de los militares han salido en libertad por cuenta del Proceso de Paz y con nosotros, las víctimas, no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo quedamos y dónde quedamos? La JEP no nos ha tenido en cuenta como víctimas porque nos ha expuso a esto, a que nos asesinen (…) ¿Esta es la realidad que está viviendo Colombia? (…) Uno se queda sin pensar. Hasta el momento no sé qué hacer, pero lo que sí sé es que hay que seguir visibilizando esta situación. No podemos permitir que esto siga pasando” [8]. Con la porfía de Antígona, Alfamir no descansará hasta que haya justicia. Y todos a quienes nos palpita el corazón por la justicia social, por la libertad, tenemos que rodearla para que siga en su lucha que es nuestra lucha.


Alfamir, hermana, amiga, compañera… recibe nuestras manos solidarias abiertas para seguir tejiendo resistencias a la infamia.

Por José Antonio Gutiérrez D.
Rebelión

Notas
[1] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/denuncian-amenaza-de-muerte-contra-de-madre-de-victima-articulo-380721
[2] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-podemos-permitir-que-esto-siga-pasando-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra-articulo-833759
[3] http://anarkismo.net/article/30859
[4] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=251112&titular=%93a-los-l%EDderes-sociales-no-los-han-matado-tanto-por-miner%EDa-o-coca-como-por-
[5] https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6735011https://www.semana.com/nacion/articulo/absuelto-nicolas-castro-acusado-amenazar-hijo-del-expresidente-uribe/246349-3
[6] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-podemos-permitir-que-esto-siga-pasando-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra-articulo-833759
[7] https://colombia2020.elespectador.com/jep/jep-solicita-con-urgencia-proteccion-para-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra
[8] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-podemos-permitir-que-esto-siga-pasando-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra-articulo-83375

 

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 Carteles de Rosa Luxemburgo y Lenin en una manifestación en Berlín contra la guerra de Vietnam, el 18 de febrero de 1968. Rogge/ ullstein bild Getty Images

Antimilitarista, defensora de la democracia en el seno de la revolución, está considerada como la dirigente marxista más importante de la historia. Se cumple un siglo de su asesinato, pero su vasta producción teórica sigue viva

En el hotel Eden de Berlín, el soldado Runge le destroza el cráneo y la cara a culatazos; otro militar, también al servicio del capitán Pabst, la remata de un tiro en la nuca. Atan su cadáver a unos sacos con piedras para que pese y no flote, y es arrojado a uno de los canales del río Spree, cerca del puente Cornelio. No aparecerá hasta dos semanas después. El Gobierno del socialdemócrata Friedrich Ebert acababa así con la vida de Rosa Luxemburgo (RL), la más importante dirigente marxista de la historia, antigua militante del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), la líder más significativa de la Liga Espartaquista y fundadora del Partido Comunista de Alemania.


Unos minutos antes, los mismos personajes habían asesinado al principal compañero de RL en su larga marcha. Karl Liebknecht, el único parlamentario que en primera instancia (año 1914) votó en el Reichstag (Parlamento) en contra de los créditos de guerra para financiar la presencia de Alemania en la Primera Guerra Mundial, iba a ser trasladado a la cárcel desde el mismo hotel, pero antes de abandonar el local donde había sido interrogado le dan dos culatazos que lo dejan aturdido y se desmaya; arrastrado hasta un automóvil, es trasladado al Tiergarten, el gran parque berlinés, donde es rematado a sangre fría con disparos de pistola y abandonado en el suelo hasta que alguien lo encuentra. “Intento de fuga”, dirá la nota oficial; la de Luxemburgo rezará: “Linchada por las masas”.


Era la noche del 15 de enero de 1919. Este martes se cumplirá el centenario de la detención y asesinato de los principales líderes de la Liga Espartaquista e iconos históricos de la revolución alemana de 1918-1919, que estalla inmediatamente después de que el Ejército germano fuese derrotado y humillado en la Gran Guerra. RL había pasado los cuatro años largos de la guerra en prisión, después de que en un mitin, en Fráncfort, hubiera pedido a los soldados, con su arrolladora oratoria, que se negasen a combatir, hermanos contra hermanos, y a los trabajadores de su país, que iniciasen una huelga general que se debía contagiar a los trabajadores de los otros países en el bando contrario, para que todos confluyesen bajo la misma bandera más allá de las patrias. Sale de la cárcel a principios de noviembre de 1918 y se une a la oleada revolucionaria que inunda las calles de las principales ciudades y, sobre todo, de Berlín. Dos años antes, en otro mitin, el 1 de mayo de 1916, en medio de la conflagración, Liebknecht finaliza su arenga al grito de “¡Abajo la guerra, abajo el Gobierno!”. También es detenido y pasa en prisión dos años y medio. Sale el 23 de octubre de 1918.


A partir de ese momento, a los dos dirigentes espartaquistas les quedaban apenas dos meses de vida, y dedican sus fuerzas a publicar un periódico (La Bandera Roja) y a fundar el Partido Comunista de Alemania (KPD). Se convierten en objeto del desprecio y del odio de sus antiguos compañeros de la socialdemocracia, que gobernaban en Alemania desde unas semanas antes. Odio mortal. El historiador Sebastian Haffner (La revolución alemana de 1918-1919; Historia Iné¬dita) escribe que el asesinato de RL y de Liebknecht se planeó, como tarde, a principios de diciembre de 1918 y se ejecutó de forma sistemática. Aparecieron carteles en los postes de las calles que decían: “¡Obreros, ciudadanos! ¡A la patria se le acerca el final! ¡Salvadla! Se encuentra amenazada y no desde fuera, sino desde el interior, por la Liga Espartaquista. ¡Matad a sus líderes! ¡Matad a Liebknecht! ¡Entonces tendréis paz, trabajo y pan!”. Firmado: “Los soldados del frente”. A pesar de las generalizadas amenazas, ninguno de los dos abandonó Berlín ni llevaba guardaespaldas; simplemente cambiaban de domicilio.


¿Quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato? El protagonista material fue el capitán Pabst (quien décadas más tarde, en 1962, protegido por la prescripción del delito, habló abiertamente de lo sucedido) y su escuadrón de la muerte, pero —según el historiador Haffner— no actuaron como simples ejecutores que obedecían con indiferencia una orden, sino como autores voluntarios y convencidos de lo que hacían. La prensa burguesa y socialdemócrata difundió sin pudor sucesivas incitaciones al asesinato, mientras que los responsables socialdemócratas —Ebert, Noske, Scheidemann…— miraban hacia otro lado y permanecían callados.


Cuando RL y ¬Liebknecht salen de la cárcel, los frentes alemanes de la guerra se van desmoronando y se extiende la desmoralización en las trincheras. El káiser Guillermo II se refugia en Holanda. El mismo día en que RL es liberada, el socialdemócrata Scheidemann proclama la república alemana desde un balcón del Reichstag. Ebert ocupa la presidencia, forma un Consejo de Ministros socialdemócratas moderados y pide al pueblo que abandone las calles y vuelva a la normalidad. El ala mayoritaria del SPD quería la república y las libertades, mientras que los espartaquistas pretendían la revolución proletaria, como indican las proclamas: “Ha pasado la hora de los manifiestos varios, de las resoluciones platónicas y las palabras tonantes. Para la Internacional ha sonado la hora de la acción”. Ambas facciones, reformistas y revolucionarios, lucharán encarnizadamente en las calles de Berlín, a veces edificio por edificio. El Gobierno de Ebert confía la represión de los insurrectos al socialdemócrata moderado Noske, que organiza una fuerza militar en la que permite la integración de los oficiales del antiguo Ejército monárquico. El 13 de enero había sido sofocada la insurrección espartaquista. Dos días después, acaban violentamente con la vida de sus principales líderes.


RL no llegó a cumplir los 50 años. Nacida en la Polonia rusa en el año 1871 en el seno de una familia judía, pronto se dio cuenta de que la lucha por su ideario marxista sería muy reducida si se quedaba en su país y que para tener influencia debía traspasar la frontera de Alemania, donde existía el Partido Socialdemócrata (SPD) más fuerte del mundo. Para ser ciudadana alemana legal, firmó un matrimonio de conveniencia con un socialista alemán, lo que le dio derecho a la nacionalidad de ese país. A partir de ese momento, Alemania fue su principal campo de acción. En el seno de la socialdemocracia y de la Segunda Internacional, aunó teoría (multitud de artículos y libros muy importantes) y praxis (intervención en congresos, debates con muchos de los popes del marxismo —su amigo Franz Mehring la definió como “la mejor cabeza después de Marx”—, clases en la escuela de formación del partido…). En cambio, no tenía dotes organizativas. Su presencia física era una mezcla de fuerza y de ternura, de decisión y de prudencia, dicen sus biógrafos. Un dirigente judío la describe del siguiente modo: “Rosa era pequeña, con una cabeza grande y rasgos típicamente judíos, con una gran nariz, un andar difícil, a veces irregular debido a una ligera cojera. La primera impresión era poco favorable, pero bastaba pasar un momento con ella para comprobar qué vida y qué energía había en esa mujer, qué gran inteligencia poseía, cuál era su nivel intelectual”.


De su vasta producción teórica destacan los temas que forman parte de su legado y que constituyen lo que, una vez muerta Rosa, se denominó “luxemburguismo”, una escuela marxista de características propias: su pacifismo, su lucha contra el revisionismo y la defensa de la democracia en el seno de la revolución. Sus posiciones, a veces intransigentes, le hicieron polemizar con las figuras más relevantes del socialismo marxista, como Lenin, Trotski, Bernstein, Kautsky…


Reivindicándose del mejor marxismo (aunque también polemizó con algunas de las ideas del Marx economista en el libro La acumulación de capital), argumentó en favor del internacionalismo como forma de pensar y de vivir. El Manifiesto comunista terminaba con la célebre fórmula de “¡Proletarios de todos los países, uníos!”, y RL y Liebknecht la hicieron suya relacionándola con la Gran Guerra. Los partidos socialdemócratas habían defendido tradicionalmente que en caso de conflicto bélico entre potencias capitalistas, los trabajadores se negarían a combatir y llamarían a la huelga general (la “huelga de masas” en la terminología luxemburguista). Pero en el momento decisivo, el SPD, el partido más grande y más influyente de la Segunda Internacional (más de un millón de afiliados), votó a favor de los empréstitos de guerra, y el resto de los partidos socialistas siguió sus pasos. Cada uno de ellos se puso detrás de sus Gobiernos. Prevaleció la patria sobre la clase social.


Ya a principios del siglo XX, en un congreso de la Internacional en París, RL presentó una ponencia de convicciones profundamente antimilitaristas, las que mantendría hasta el final de sus días. En ella se defendía que los ataques armados entre potencias imperialistas devendrían en formidables coyunturas revolucionarias. Diecisiete años después, la revolución bolchevique fue un testimonio irrefutable de esta tesis. RL recomendaba no solo una crítica abierta al imperialismo, sino que se preparase a las masas con vistas a aprovechar las crisis internacionales y las eventuales crisis nacionales generadas por aquellas para asaltar el poder. Consideraba imprescindible intensificar la acción de todos los partidos socialistas contra el militarismo.


Siete años después, en otro congreso de la Internacional, RL presenta una enmienda firmada conjuntamente con Lenin y Mártov (que luego sería el líder menchevique) que sostiene que, si existe la amenaza de que la guerra estalle, es obligación de la clase trabajadora y de los representantes parlamentarios, con la ayuda de la Internacional como poder coordinador, hacer todos los esfuerzos por evitar los enfrentamientos violentos; en el caso de que a pesar de ello se multiplicase el conflicto armado, era su obligación intervenir a fin de ponerle fin enseguida y aprovechar la crisis creada por la guerra para agitar los estratos más profundos del pueblo para “precipitar la caída de la dominación capitalista”. Estas palabras suponían una llamada a la insurrección, que fue lo que hicieron los espartaquistas en 1919, con la participación de RL.


Esa Rosa Luxemburgo, asesinada por los soldados prusianos, más que posiblemente con la complicidad activa o pasiva de sus antiguos compañeros socialdemócratas, fue despedida en su entierro por su amiga Clara Zetkin (otra espartaquista) con las siguientes palabras: “En Rosa Luxemburgo, la idea socialista fue una pasión dominante y poderosa del corazón y del cerebro; una pasión verdaderamente creativa que ardía incesantemente. (…) Rosa fue la afilada espada, la llama viviente de la revolución”.



LENIN, STALIN Y LOS MARXISMOS

J. E.


El núcleo de aliados políticos de Rosa Luxemburgo fue siempre muy pequeño. Todo lo contrario que el de sus adversarios, entre los que se encontraron muchos de los dirigentes del ala derecha de la socialdemocracia y los sindicalistas burocratizados, a los que atacó sin piedad. Pero ambos núcleos fueron blancos móviles: dependían de los momentos y de los temas. Lenin, Trotski, Kautsky, Jaurès, etcétera, fueron algunos de los marxistas legendarios que compartieron y disintieron del ideario y la práctica política de la alemana. Un ejemplo de ello fue la relación con Lenin, el líder soviético; ambos se admiraron y pactaron, pero también se criticaron.


En 1918, apenas unos meses después del triunfo de la revolución bolchevique, RL publica un folleto titulado La revolución rusa que reivindica los acontecimientos de Leningrado y Moscú, pero que critica algunos aspectos que pueden torcer su futuro, sobre todo los relacionados con el terror revolucionario (que protagonizaría en buena parte un amigo polaco de RL, que dirigiría la Cheka y la sede de la Lubianka, el sangriento Félix Dzerzhinski) y la supresión de la democracia.


En el folleto citado, RL escribe que sólo la libertad de los que apoyan al Gobierno, sólo la libertad para los miembros de un partido, “no es libertad en absoluto. La libertad es siempre libertad para el que piensa de manera diferente”. Creía que el socialismo sólo puede ser resultado del desarrollo de la sociedad que lo construye, y para ello se requiere la más amplia libertad entre el pueblo (lo que no quiere decir que no sea necesario el control político). Si se sofoca la vida política, la parálisis acabará afectando a la vida de los sóviets; sin elecciones generales, sin libertad de prensa y de reunión, sin la libre confrontación de las opiniones, la vida de cualquier institución política perecerá, se convertirá en una vida aparente en la que la burocracia será el único elemento vivo.


En su libro sobre la revolución rusa, la revolucionaria RL acierta premonitoriamente con lo que iba a suceder en la Unión Soviética, sobre todo a partir del momento en que se inicia el futuro estalinista. Algunas decenas de dirigentes del Partido, animados por una energía inagotable y por un idealismo sin límites, dirigirán y gobernarán; el poder real se encontrará en manos de unos pocos de ellos, dotados de una inteligencia singular. La aristocracia obrera será invitada de cuando en cuando a asistir a las reuniones para aplaudir los discursos de los dirigentes y votar por unanimidad las resoluciones propuestas; en el fondo será un gobierno de camarillas, una dictadura en verdad, pero no la dictadura del proletariado, sino una dictadura de un puñado de políticos. En muchos casos la realidad superó a los pronósticos luxemburguistas.


A pesar de este severo cuestionamiento, reivindica el papel histórico del partido de Lenin, siempre en contraposición con sus camaradas alemanes: “Por eso los bolcheviques representaron todo el honor y la capacidad revolucionaria de la que carecía la socialdemocracia occidental. Su insurrección de octubre no sólo salvó la revolución rusa; también salvó el honor del socialismo internacional”.


Con esta idea de la democracia se explica que Stalin no subiese nunca a Rosa Luxemburgo al altar de la iconografía máxima del socialismo. Fue una heterodoxa hasta el final de su vida.

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Daniel Prado: “Los paramilitares llegaron a tener un presidente”

Daniel Prado es abogado de la parte civil en el caso Los 12 Apóstoles y defensor de los Derechos Humanos en Colombia.

 Entre los días 3 y 7 de diciembre, se celebraron en Colombia las audiencias finales del caso de Los 12 Apóstoles. Si Daniel Prado obtiene el fallo favorable del juez, a principios de 2019 Santiago Uribe, el hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe, podría pasar 40 años en prisión tras un juicio sin precedentes en la historia colombiana. Un proceso que se remonta a 1997 y a crímenes que tuvieron lugar en la década de los 80 que podría demostrar, por vez primera, las relaciones entre los grupos paramilitares con la alta clase política y con las fuerzas de seguridad en Colombia.

El grupo contrainsurgente Los 12 Apóstoles toma su nombre de uno de sus integrantes, que era u sacerdote. En el juicio, se le atribuye a Santiago Uribe, de manera directa, el asesinato del conducto de autobús Camilo Barrientos, aunque también se le acusa de estar al mando de este escuadrón de la muerte. Los 12 Apóstoles cometieron centenares de asesinatos contra todos aquellos que consideraron como delincuentes, cómplices de la guerrilla, agitadores sociales o consumidores de drogas. Fue la llamada limpieza social de las personas políticamente incómodas en Colombia.


Daniel Prado responde sin prisa en una cafetería del centro de Madrid. Llama la atención su lenguaje llano. Se aleja lo máximo posible de lo que se esperaría de un hombre “de derecho”: pocos tecnicismos, opiniones políticas y un lenguaje que se aleja de lo intrincado. Responde a todo, pero, cuando escucha la pregunta sobre las amenazas a defensores de los derechos humanos, le cambia la cara. Se deduce por su gesto que ha sufrido la pérdida de alguien cercano, y eso le invita a no responder. Hay un largo silencio. La pregunta cambia. Sigue contestando con total normalidad, como si no hubiera existido ese momento incómodo.


¿Cuál es la vinculación de Santiago Uribe en el caso de Los 12 Apóstoles?


Se le vincula con la muerte de Carlos Barriento en 1994, un conductor de lo que en Colombia se conoce como una “chiva”, que es un transporte público que lleva personas por las veredas a los mercados. Y también se le acusa de la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. De haberlo creado, de haberlo financiado y ser parte de la estructura del grupo. Es el delito de concierto para delinquir con fines para financiamiento de grupos paramilitares.


¿Está relacionado el presidente Álvaro Uribe en el caso de Los 12 Apóstoles , al igual que su hermano?


Cuando Álvaro Uribe llega a la presidencia, legaliza estos grupos de vigilancia privada. Aunque pasan a ser legales, unos años después tiene que ilegalizarlos por la cantidad de abusos a los derechos humanos que cometen las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia]. En el año 94 se eligió a Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia y, para finales de los 80, en la región del sureste antioqueño, tienen gran presencia los grupos de vigilancia privada. Son los que comienzan a hacer las campañas de limpieza social en Colombia. Este es el proceso de cómo surge el paramilitarismo y de cómo el paramilitarismo llegó a tener una incidencia grande en la política colombiana.


Podemos plantear que Álvaro Uribe llegó a la presidencia gracias a toda la actividad del paramilitarismo que se origina a finales de los 80 y de los cuales su hermano hacía parte, como ha dado cuenta el proceso que adelantamos. Igualmente, los bienes donde se hicieron estas actividades son de propiedad tanto de Álvaro Uribe, como de su hermano.


¿Está diciendo que la casa donde se reunían Los Doce Apóstoles pertenece a los dos hermanos y no solo a Santiago?


Sí, son haciendas que son de propiedad de los dos, del grupo familiar. Hay otros procesos que hablan de paramilitares que prestaron seguridad a los hijos de Álvaro Uribe Vélez desde esta época. La incidencia del paramilitarismo en la política colombiana en los últimos años ha sido impresionante, llegaron a tener presidente.


La CIA archivó unos documentos que vinculan a Uribe con Pablo Escobar. ¿Cuál era esa relación?


Se habla de que hay una lista que dice que Uribe era del Cartel número 82. No sería rara esta relación con el mundo del narcotráfico porque la familia de Uribe está ligada por vínculos de sangre con los Ochoa. En esta familia hay una línea de descendencia que corresponde a los narcotraficantes integrados en el cartel de Medellín, liderados por Escobar. Era de público conocimiento la relación de su padre con el mundo del narco y específicamente con esa dinastía. Hay una foto en un libro escrito por Fabio Ochoa Vázquez en la que se ve al hermano de Álvaro Uribe en compañía de Fabio Ochoa Vázquez [Prado muestra en su teléfono móvil la portada]. Ambos tenían un primo en común: Mario Vélez Ochoa. Lamentablemente, el mundo económico de Colombia pasa por el narcotráfico. Es una actividad que es notoria.


¿Era estrecha la relación entre la policía, el ejército y los grupos paramilitares?


Las investigaciones que se han hecho sobre la permanencia de estos grupos en las haciendas de la familia Uribe Vélez establecen que contaban con la colaboración de las fuerzas públicas; es más, en la hacienda de la Carolina había una base de hombres del ejército colombiano que permaneció allí por más de 20 años. En 1989 la vendieron a la gobernación de Antioquia para hacer una base de entrenamiento. Eso implicó que el hermano y el presidente tuvieran guardia de la fuerza pública en su casa, lo que supone la utilización corrupta del ejercicio de la administración pública.


Eran soldados pagados por toda la ciudadanía colombiana. Eso es una forma soterrada de generar corrupción, donde el Estado presta seguridad a un político en sus propiedades particulares. Es comprensible que un expresidente tenga seguridad propia hacia su persona, pero no en otro ámbitos. Sin embargo, Álvaro Uribe presentaba la seguridad privada como la mejor arma contra los grupos insurgentes. Claro, contra los grupos insurgentes y contra la sociedad civil organizada. En la medida en que el paramilitarismo tuvo como estrategia, para ganarse el apoyo de la ciudadanía, las campañas de limpieza social. Eso generaba políticas criminales que buscaban eliminar a aquellas personas que, por su condición social, pudieran atentar contra la propiedad privada y la moralidad. Y así, las políticas de seguridad comienzan a eliminar a personas incómodas y se centran en el control social. En atemorizar a la sociedad.


¿Cuáles han sido las amenazas que ha sufrido usted por su trabajo como defensor de los derechos humanos en Colombia?


Se pueden dar circunstancias de amedrentamiento como son la presencia de hombres armados, algún tipo de acoso, seguimientos, llamadas, etcétera. En otro momento me aflojaron las cuatro llantas de mi vehículo particular, pero es algo a lo que los colombianos que hacemos este tipo de cosas estamos acostumbrados.


Para la comunidad internacional es difícil poder entenderlo, pero nosotros sabemos que si nos dejamos amedrentar por esto, nos toca salir al exilio. Es una forma de sacarlo a uno de su entorno, de su arraigo, y hay que luchar contra eso. Los pueblos tienen que tener la dignidad suficiente para denunciar este tipo de delitos independientemente del poder que tengan quienes los cometen. ES parte de la dignidad del ser humano.


¿Está usted acogido a algún servicio de seguridad o vigilancia por parte del Estado?


Tras unos estudios de riesgo, consideraron que mi nivel de riesgo era extraordinario. Como medidas de protección, me ofrecían un celular, un hombre a pie y un chaleco antibalas. Nunca las acepté. A raíz de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le ordenan al Estado colombiano blindarme unas condiciones de seguridad y, en este momento, tengo un esquema que consta de dos hombres y un vehículo blindado. Este tipo de medidas no te van a salvar la vida si quieren asesinarte. Lo que en algún momento puede ejercer es algún tipo de presión; es que la comunidad internacional le exija al Estado colombiano el respeto por la vida de los defensores de los derechos humanos, en este caso por la mía también.


¿El paramilitarismo sigue siendo uno de los grandes problemas a los que se enfrenta Colombia en nuestros días?


El paramilitarismo, que sigue existiendo en Colombia, ha mutado a pequeños actores. El problema para Colombia es la actitud que han asumido Uribe y su partido político frente a esos acuerdos. [El anterior Gobierno] tuvo como única finalidad ocultar las actuaciones que cometieron, específicamente su relación con el apoyo y financiación de grupos paramilitares.


En el gobierno de Álvaro Uribe, se dio una de las campañas de limpieza social más conocidas bajo el nombre de los 'Falsos Positivos'. Se establecía un sistema de recogida de personas que estuvieran en situación de calle, jóvenes desempleados o incómodos por su participación política para confinarlos en camiones, vestirlos de guerrilleros y después ejecutarlos. Le vendían la idea a la sociedad colombiana de estar combatiendo a las FARC, cuando realmente ejecutaban civiles. Buscaban reforzar esa imagen del presidente como hombre fuerte que prometía seguridad al país mejorando las estadísticas del combate de los militares contra los grupos armados.


¿Iván Duque supone un cambio como sucesor del ahora senador Uribe respecto a estas políticas de seguridad nacional?


Duque es la representación de Álvaro Uribe Vélez. Podríamos decir que Álvaro Uribe gobierna el cuerpo de Iván Duque. Fue quien lo eligió, el que hizo la campaña electoral, es todo. Tú no puedes desligar a Iván Duque de Álvaro Uribe: hay una relación muy estrecha entre los dos. Duque hace lo que Uribe quiere que se haga en el país.

¿Cómo actúa la comunidad internacional ante eso?


Parte de la sociedad europea sigue recibiendo al expresidente como si fuera un hombre de mucho honor y eso, de una u otra forma, es olvidar estos delitos. Se privilegia la necesidad de comercializar con un país, se pierde la dignidad y se sienta uno en la mesa con un hombre que tiene sus manos untadas de sangre. Habría que plantearse si es válido que esa persona entre al territorio de otros países hasta que no se den los resultados de esas investigaciones. El mundo debe en algún momento cerrarle la puerta a todo aquel que tiene delitos de lesa humanidad hasta que se resuelva su situación judicial, hasta que las autoridades digan si fue o no responsable. Son miles los campesinos que han tenido que salir de Colombia, son miles los muertos a manos de paramilitares como en la masacre de La Granja. ¿Cuántos falsos positivos se dieron en su gobierno? ¿Cuántos funcionarios de su gobierno no están en la cárcel por corrupción? El periodista colombiano Guillermo Cano decía: “Nadie puede estar en una piscina sin mojarse”.

Por OSEBA TORRONTERAS / ÁLVARO BRAVO

PUBLICADO
2018-12-12 06:06:00

Publicado enColombia
Omar Rojas: “Hay evidencias de la colaboración entre el Estado y los paramilitares en el caso de los falsos positivos”

Ex teniente coronel de la policía colombiana, sociólogo e investigador, Omar Rojas Bolaños documenta la ejecución de más de 10.000 “falsos positivos” por parte del Estado en tiempos de Álvaro Uribe.

 

El sociólogo Omar Rojas Bolaños ha conducido junto con el historiador Fabián Leonardo Benavides un trabajo de investigación que es, al mismo tiempo, una denuncia implacable. El resultado final: un libro que documenta más 10.000 crímenes de Estado perpetrados durante los mandatos presidenciales de Álvaro Uribe en el marco de la época de la llamada “Seguridad Democrática”.

Rojas había desarrollado su carrera en la Policía Nacional colombiana, donde sirvió desde 1981 a 2011, acumulando ascensos hasta llegar a teniente coronel. Hombre de una profunda ética, mamada en casa desde que apenas era un niño, la indignación no le impide mantener con serenidad un compromiso firme por la justicia y la memoria. Un compromiso que se plasma no solo en su investigación, sino en la gira que ha emprendido para divulgar los resultados de su trabajo.

El libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios (Universidad Santo Tomas, 2018) analiza el fenómeno de los “falsos positivos”, presentados como bajas producidas por combates con la guerrilla. En realidad, se trataban de cadáveres de supuestos guerrilleros que, de acuerdo con la estrategia del “conteo de cuerpos”, el Ejército colombiano utilizaba para afirmar ante los medios que estaba ganando la guerra.

¿De dónde surge la idea de hacer una investigación sobre los “falsos positivos”?

Como sociólogo, siempre me ha interesado investigar cómo repercuten los problemas más actuales en la sociedad colombiana. Durante la década de los 90 realicé un trabajo acerca del asesinato de policías por parte del narcotráfico y de la guerrilla, que también analizaba su impacto en las familias de las víctimas.

Ya en el año 2008 iniciamos el estudio de los “falsos positivos” como fenómeno que afecta a toda la sociedad, por más que la opinión pública lo ignorase todo acerca de ellos.

Casualmente, encontramos a una persona que se entregó a un grupo de policías diciendo que había sido contactado por alguien del Ejército para hacer un trabajo, y esa era la información que manejé por aquel entonces. Más o menos a los tres meses aparecieron los casos de los “falsos positivos” de Soacha, una población en el departamento de Cundinamarca, muy cercana a Bogotá, donde unos 18 jóvenes fueron reclutados por el Ejército con el propósito que se fueran de esa zona. Los muchachos fueron trasladados al departamento de Santander, a varios kilómetros de distancia de Bogotá, y allí fueron asesinados. Posteriormente, el Ejército presentó sus cuerpos como los de guerrilleros caídos en combate.

A partir de aquí fuimos acumulando información, que contrastamos con estudios universitarios que iban apareciendo y con sentencias judiciales que se iban emitiendo sobre casos concretos de falsos positivos, que no son sino asesinatos del Estado, perpetrados por agentes del Estado en servicio activo contra personas personas pertenecientes a los estratos más bajos de la sociedad, pero no militantes de ningún partido político ni comprometidas con ninguna agrupación armada.

En vuestro trabajo explicáis que los “falsos positivos” no surgen de la noche a la mañana, sino que son consecuencia de una estrategia meditada. ¿Fue esta fruto de la política de Álvaro Uribe o se dio ya con anterioridad?

En la forma de “falsos positivos” podemos decir que aparece con la Política de Seguridad Democrática, pero ya antes de 2002 se habían dado casos judiciales, presentados bajo la etiqueta de ejecuciones extrajudiciales. Estas implicaban que la persona asesinada había sido previamente señalada y perseguida; evidentemente, de ahí el nombre, su muerte se producía sin ningún tipo de juicio previo.

Desde 1994 hasta 2002 tenemos conocimiento de unas 664 ejecuciones extrajudiciales; sin embargo, en los 80 también encontramos casos.

En el periodo comprendido entre 2002 a 2010, los asesinatos calificados como falsos positivos responden a la estrategia enmarcada en la Política de Seguridad Democrática, que evaluaba a los oficiales y a las unidades militares por el número de guerrilleros que mataban. Estas evaluaciones eran conocidas como Política de Resultados.

Cuando Álvaro Uribe llegó al poder en el 2002 la población no podía ir de una ciudad a otra por temor a que la guerrilla saliera y les hiciera lo que llamaban “una pesca milagrosa”: cobrar por permitirles el paso o directamente secuestrarlas. Uribe impuso la presencia de la Policía y del Ejército en las principales vías y las cabeceras municipales más importantes del país. La guerrilla se vio obligada a replegarse a zonas rurales apartadas, allí donde el Ejército no podía intervenir contra ella. Es entonces cuando apareció la evaluación por resultados, combinada con las recompensas y sobresueldos que asignaba el Estado a aquellos militares y policías que “dieran de baja a esos terroristas”.

Las ganancias eran altas: por poner un ejemplo, por cada supuesto terrorista asesinado les daban hasta tres millones de pesos y cuando la unidad militar asesinaba a más de seis, les daban adicionalmente hasta treinta millones de pesos. Todo esto significaba que con capturar guerrilleros no ganaban nada.

La Política de Seguridad Democrática, con sus estrategias de guerra no convencional, obedece en el fondo a una doctrina que señala que el mayor peligro para Colombia es el enemigo interno, y enemigo interno lo puede ser cualquiera: el castrochavismo, la izquierda, los comunistas... Todo ellos son susceptibles de ser eliminados. Pero, a partir de esta Política, cuando los agentes del Estado no encontraban guerrilleros, se dedicaron a asesinar a personas de bajos recursos para presentarlos como tales y pasar así la evaluación por resultados.

Hay un perfil dominante de víctima de “falsos positivos”: hombres, habitantes de zonas rurales y de familias con escasos recursos. Personas procedentes de entornos marginales y excluidas de la sociedad. ¿A qué se debe?

El 70% de los que fueron por los falsos positivos fueron campesinos y otro 13%, indígenas. Esto quiere decir que el 83% de las víctimas no contaban con dolientes [familiares] cuya voz fuera a ser escuchada.

Por otro lado, si bien no se puede asegurar que los falsos positivos estuvieran relacionados con la expropiación de tierras, sí que existió una alianza entre los paramilitares y el Ejército para asesinar a personas que protegían los derechos humanos o personas que estaban sindicadas.

Otro de los aspectos más llamativos del estudio es la logística y los recursos que posibilitaron que las ejecuciones se llevaran a cabo en espacios alejados de las comunidades de las víctimas. ¿No probaría esto cierta complicidad de las autoridades civiles?

Claro que hubo esa complicidad de las autoridades civiles y de otras instituciones. Lo que pasa es que la investigación de los falsos positivos en mi país únicamente se está dirigiendo hacia los que jalaron [apretaron] el gatillo. No se está investigando a quienes crearon la estrategia ni a quien dio las órdenes.

Los militares utilizaron para las operaciones de “falsos positivos” tanto dinero procedente de los fondos reservados como del rubro especial que creó Uribe mediante el sistema de recompensas, pero otros recursos procedían del aporte “voluntario” de los propios soldados. Conocemos casos de comandantes que exigían a los militares, a los soldados el desembolso de diez mil pesos.

En todo caso, hay muchas más personas comprometidas en los “falsos positivos”, no solo militares y policías. También hay que sospechar de la complicidad el personal que cuida las cárceles y las penitenciarias, además de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, que son los que hacían las investigaciones judiciales, y del cuerpo técnico de Medicina Legal, cuyos miembros tenían que certificar cómo se habían producido los disparos que acabaron con la vida de los guerrilleros. Podemos decir que fueron muchos los sectores de la sociedad responsables.

“La alianza consistió en que los paramilitares entregaron a aquellos que eran indisciplinados en sus filas para que el Ejército los asesinara y pudiera presentarlos como falsos positivos”

A este respecto, el estudio documenta también las denominadas “alianzas macabras” entre el ejército colombiano y estructuras paramilitares. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consistían y cómo se beneficiaban ambas partes?

Desde los años 90 se estableció una alianza tácita entre los paramilitares y las Fuerzas Armadas de Colombia. Un tema que, si bien es cierto ha sido investigado por diferentes actores, al Estado no le ha merecido ninguna atención.

Esto permitió a los paramilitares disciplinar a sus hombres y cumplir con la cuota que les pedía el Ejército. También se les exigía armas, que eran las que después aparecían en los cadáveres señalados como pertenecientes a guerrilleros. Tuvimos acceso a informes dónde se comprueba que los comandantes militares llamaban a los comandantes de los paramilitares y les exigían la entrega de cuerpos en X tiempo; en caso contrario se les podía hacer la vida imposible.

¿Cómo producirse todo esto sin que la comunidad internacional se enterara?

Algunos oficiales dicen que los militares estadounidenses llegaron a pedir resultados bajo el programa del Plan Colombia [un acuerdo bilateral suscrito entre Colombia y Estados Unidos en 1999 con los objetivos de combatir las guerrillas y establecer estrategias contra el narcotráfico, entre otros] y solo les interesaban las cifras que les daban. De lo que sí hay evidencias es de que alguna unidad utilizó los fondos del Plan Colombia para comprar armamento y uniformes que serían utilizados de los “falsos positivos”.

Creo que sí que hubo países que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya con anterioridad al 2006, cuando los “falsos positivos” eran mínimos. Después, las cifras alcanzaron unas proporciones impresionantes. Cuando Álvaro Uribe terminó su mandato, ofreció una especie de parte de guerra sobre sus años de gobierno donde decía que 19.405 “terroristas” habían sido dados de baja en combate, aunque posteriormente trató de acortar el número en algo menos de la mitad. Nosotros hemos encontrado referencias que en conjunto suman más de 10.000 casos.


Hay evidencias de que la ONU y otras entidades tuvieron conocimiento de ello cuando militares de bajo rango se acercaron al Ejército para dar a conocer los “falsos positivos” y después al Ministerio de Defensa e incluso a presidencia, aunque nadie hizo nada.

¿Qué papel han tenido para vuestra investigación los testigos y los familiares de las víctimas?

Hay una fuerte insensibilidad de cierta parte de la sociedad ante los “falsos positivos”. De hecho, actualmente todavía siguen siendo muchos los que niegan los casos y tratan de desprestigiar las denuncias que se han hecho. Algunos dicen que los “falsos positivos” respondieron a un plan para acabar con las “manzanas podridas” [drogadictos, ladrones, personas con antecedentes judiciales…] En ese sentido consideran que es una limpieza social que se hizo porque había muchos vagos y, tal y como dijo el presidente de turno de esa época, “los asesinados no lo fueron por recoger café”.

Al realizar la investigación nos dimos cuenta de lo siguiente: cuando entrevistábamos a familiares de militares comprometidos con los “falsos positivos”, nos decían invariablemente que estos victimarios eran los mejores padres, los mejores hijos, los mejores hermanos y, por supuesto, los mejores militares. ¡Y habían ejecutado unas 10.000 personas!

En cuanto a los otros familiares, los de las víctimas, se encuentran especialmente dolidos con la JEP [Jurisdicción Especial para la Paz, que se estableció en los Diálogos de La Habana entre el Estado colombiano y la guerrilla para tratar de los crímenes de guerra y de los delitos de lesa humanidad] porque no entienden cómo alguien que ha cometido unos 40 asesinatos solo va a pagar con ocho años de cárcel como máximo. Y, además, durante este tiempo el militar puede obtener una pensión e incluso puede reclamar para que le paguen por todo ese tiempo que estuvo sin recibir sus honorarios. Personalmente, creo que la JEP tiene el imperativo ético de ir más allá de lo que está haciendo, pues al fin y al cabo simplemente cuentan con el relato de los victimarios, a quienes además se les ha creado una oficina destinada expresamente a asesorarles.

El caso del coronel Hernán Mejía hizo saltar las alarmas por todo el país acerca de los “falsos positivos”. Hoy por hoy, y gracias a la JEP, está en la calle. ¿Qué confianza te merece la justicia colombiana? ¿Por qué no actúa ya la Corte Penal Internacional, a donde también ha llegado este asunto?

En Colombia hay un alto grado de impunidad frente a los delitos cometidos por los militares y por los policiales. Un estudio al respecto dio un porcentaje de un 98%.

El [partido] Centro Democrático de Álvaro Uribe intenta evitar que se conozca la verdad sobre los casos de falsos positivos a través de dos jugadas maestras. En primer lugar, nombró a nueve magistrados de su entera confianza para que investigasen los delitos en los que hubiera militares involucrados. Posteriormente, con la JEP, a la que se han acogido más de 2.000 militares, crearon una oficina especial con el mismo cometido, que hizo lo que venía haciendo con anterioridad la justicia penal militar, por lo que los involucrados no terminaron respondiendo por sus delitos. Pero debemos tener en cuenta que la Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar los asuntos que está tratando la JEP y está presionando al Estado colombiano a que investigue los casos que no están esclarecidos.


Lo interesante de la sentencia contra el coronel Mejía es que demuestra que existió una alianza estratégica entre el Ejército y los paramilitares para que se produjeran los “falsos positivos”, aunque esta alianza no se ha investigado con profundidad. Por esa razón, aunque Hernán Mejía haya sido condenado, su unidad es responsable de más asesinatos que ni siquiera se han investigado.

Colombia está actualmente presidida por un acérrimo uribista, Iván Duque, que tiene precisamente como vicepresidenta a Marta Lucía Ramírez, quien fuera ministra de Defensa Nacional cuando se produjeron los hechos estudiados en el libro. ¿Explica este hecho que se sigan documentando casos con otro nombre: “errores militares”?

Marta Lucía fue la que estuvo al principio como ministra y abrió el camino a los falsos positivos, aunque las mayores cifras corresponden al periodo comprendido entre los años 2006 y 2008, cuando ella ya no estaba.

Hace tres semanas se supo que ocho miembros del Ejército habían sido detenidos acusados de lo que se conocen como “errores militares”. En la actualidad, la estrategia pasa por no comprometer a las unidades del Ejército, cometiendo asesinatos a escala más reducida.
El haber elaborado este estudio sociológico hizo que la inteligencia militar me señalara como un traidor, divulgando por las redes sociales mi fotografía con mi nombre completo

¿Cómo ha afectado esta denuncia a tu vida? ¿Tienes garantizada la seguridad en Colombia?

En mi país hay un grave problema: los académicos y aquellos en general que nos atrevemos a investigar esta clase de fenómenos somos estigmatizados y relacionados con los movimientos subversivos.

Personalmente, el haber elaborado este estudio sociológico hizo que la inteligencia militar me señalara como un traidor, divulgando por las redes sociales mi fotografía con mi nombre completo, lo que puede llevar a que cualquier involucrado en los falsos positivos, o un agente de la extrema derecha, pueda identificarme fácilmente y asesinarme. En este momento no existen las condiciones de seguridad necesarias para regresar a mi país, a pesar de haber solicitado ayuda a la Unidad Nacional de Protección, la cual se negó a hacer nada aduciendo que no era un problema de su incumbencia.

publicado
2018-12-07 06:00:00

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Es inmoral e ilegítimo acatar mordazas criminales

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo de las agresiones y violaciones graves de sus derechos perpetradas en las últimas semanas:


En este momento son muchos los comentarios que se escuchan en la zona sobre la lucha por el control armado de nuestro territorio, el cual estaría siendo disputado entre paramilitares reconocidos de vieja data, guerrillas o armados recién llegados, algunos con brazaletes del ELN, supuestas disidencias de las FARC y unidades de fuerza pública. Es muy preocupante que una región tan golpeada por muchos años de violencia tenga seguir sometida a una guerra despiadada en la total desprotección del Estado.


En las últimas semanas se ha hablado de enfrentamientos por la zona del río Manso en el Sinú, Córdoba. Al parecer, hay disputas entre paramilitares de las AGC y grupos armados que afirman ser del ELN; buscan controlar el corredor entre el río Sinú y Dabeiba, Antioquia, y el Nudo de Paramillo.


El control paramilitar en las veredas de San José de Apartadó sigue siendo dominante, pues es notable la intensa presencia paramilitar en puntos muy estratégicos. En algunas veredas donde tienen sus grandes campamentos y donde permanecen todo el tiempo armados sin ser molestados, la fuerza pública, que debería enfrentarlos, desmantelar sus campamentos y proteger a la población civil, no hace nada para impedir su presencia y accionar, a pesar de que llevan allí muchísimos años y se han elevado muchísimas súplicas apremiantes a sus comandantes en jefe para que hagan algo y no han querido hacer nada. Esto es demasiado preocupante y repugnante y revela un Estado que no es Estado. Ahora hay una serie de nombres que son reconocidos por las veredas por ser puntos de información o mandos, como son: alias Caballo, Majute, Pantera, Peña, Darío, Cementerio, Nueve, Chiquito Malo, Pueblito, Alfredo, Alcadio, Elías Giraldo, Pollo, entre otros.

Nuestra comunidad siempre ha podido comprobar la presencia del paramilitarismo en las veredas e incluso en el casco urbano de San José. Hace unos días realizamos una peregrinación por algunas veredas, entre ellas Mulatos, La Resbalosa y La Esperanza, en la cual participaron periodistas y acompañantes internacionales. En el recorrido pudimos ver hombres de camuflado y armados en los caminos y además una fuerte presencia de “puntos” o informantes al servicio del paramilitarismo, los cuales se encuentran en las casas de los civiles portando radios de comunicación y armas cortas. En dos fincas donde había concentración de paramilitares, ya la habíamos comprobado el 30 de marzo pasado (Viernes Santo) cuando pasamos por allí en el recorrido del Via-Crucis; en ese momento hicimos la denuncia a nivel nacional e internacional mostrando testimonios fílmicos de su presencia criminal por las redes sociales, pero ni el gobierno ni su fuerza pública ni los órganos de control del Estado hicieron absolutamente nada: ocho meses después se encuentran concentrados exactamente en los mismos sitios. ¿Puede darse más evidencia de la complicidad del Estado con esos grupos criminales? ¿Dónde quedan la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, los derechos humanos y la dignidad humana? Nada les importa. Sólo les importa amordazar a quien pretenda revelarle esa verdad a la sociedad y al mundo. Por eso la han emprendido contra nuestra Comunidad de Paz, poniendo tutelas para silenciarnos, para que no revelemos lo que estamos viendo y sufriendo, para que le ocultemos al país y al mundo sus crímenes.


Los hechos de los cuales dejamos constancia son:


• El sábado 24 noviembre de 2018 a las 10:40 horas, cuando nuestra Comunidad de Paz se encontraba en una peregrinación por las veredas Mulatos, La Resbalosa y La Esperanza, con acompañamiento Internacional y periodistas de radio y televisión, se pudo notar la presencia de un grupo de paramilitares acantonado en las propiedades privadas del Señor Aníbal (en Mulatos Medio) y el Señor Muñoz (en la Esperanza) los cuales se encontraban armados y con uniformes camuflados. Estaban en los mismos sitios donde los encontramos el 30 de marzo de este año, lo que muestra que nos les importan las denuncias, y si no les importan es porque se sienten protegidos por el Estado.

• El lunes 26 de noviembre de 2018, en horas de la mañana, llegaron informaciones de algunos pobladores manifestando que en la vereda Mulatos, tropas de la Brigada XVII del ejército abrían retenido a un paramilitar, el cual habría entregado una caleta con implementos de guerra. Aún no hay informaciones confirmadas sobre este hecho, Hay absoluto silencio.

• El miércoles 28 de noviembre de 2018, en horas del día se escuchó una fuerte explosión en el sector conocido como El Barro, de la vereda Mulatos Medio. Al parecer habría sido una mina anti persona detonada por militares de la Brigada XVII.

• El miércoles 28 de Noviembre de 2018, militares de la Brigada XVII del ejército violaron la propiedad privada de un miembro de nuestra Comunidad de Paz en el punto conocido como El Barro, de la vereda Mulatos Medio, allí colocaron celulares a cargar sin permiso de los propietarios de la vivienda y cuando el propietario de la finca exigió que se retiraran de su propiedad, la respuesta fue que tenía que presentar las escrituras para ellos poderse retirar, lo cual obligó al miembro de nuestra Comunidad a irse para donde un familiar, para no estar entre los militares ya que se encontraban en su casa y lo ponían en alto riesgo frente a la alta presencia de armados de otros grupos que de repente podrían llegar haciendo daño.

• El viernes 30 de noviembre de 2018, en horas del día, se percibió un fuerte enfrentamiento en la vereda La Miranda. Si bien aún no se han dado informaciones más precisas, se sabe que por las veredas La Miranda, Miramar y La Cristalina se mueven reconocidos paramilitares los cuales controlan el territorio y amenazan a los pobladores para implantar su poder.

• El lunes 3 de diciembre de 2018, la Juez Segunda Promiscua de Apartadó, MARIELA GÓMEZ CARVAJAL, ordenó el arresto de nuestro Representante Legal GERMÁN GRACIANO POSSO, además de imponerle una multa pecuniaria, por no acatar una Acción de Tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército contra nuestra Comunidad de Paz, en la cual le ordenaba retractarse y retirar de la página web las constancias históricas que como Comunidad hemos puesto a conocimiento del país y del mundo, denunciando las agresiones, atropellos, violaciones de nuestros derechos y de nuestra dignidad humana.

Si la Comunidad recurrió al medio de las CONSTANCIAS HISTÓRICAS, fue porque los otros medios de defensa de la vida y de la dignidad resultaron totalmente ineficaces y contraproducentes. La Comunidad tuvo que invocar la Objeción de Conciencia, fundada en el Artículo 18 de la Constitución de Colombia, cuando después de 8 años de recurrir a lo que en Colombia llaman “justicia”, no solamente no logró ninguna justicia sino que se encontró cara a cara con la más horrenda corrupción e impunidad. Acudió también al Derecho de

Petición previsto en la Constitución para exigirle a los Presidentes que cumplan con su obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos (artículo 188) y tampoco los Presidentes quisieron dar garantías a nuestras vidas, dignidad y derechos: se hicieron los sordos y los ciegos y sus secretarias jurídicas (como la hoy “magistrada constitucional” Cristina Pardo) alegaron que brindar garantías no era de la competencia del Presidente. Acudimos también a tribunales internacionales, pero allí pasan décadas y décadas en trámites sin solucionar nada. Lo único que nos quedó como protección fue acudir a las Constancias Históricas para que el país y el mundo conocieran lo que estamos sufriendo día a día como violación de nuestros derechos y dignidad. Ahora los militares, quienes han estado detrás de la mayoría de los más de mil crímenes de lesa humanidad que hemos sufrido, quieren taparnos la boca, silenciarnos, amordazarnos; quieren que el mundo no se entere de sus horrores y complicidades; dicen que eso “daña su imagen”, pero no es nuestro clamor el que daña su imagen sino los hechos que ellos cometen que nos hacen pedir a gritos compasión y solidaridad. Son sus hechos y conductas los que dañan su imagen y no nuestros gritos de dolor.

Los militares quieren castigarnos por “desacato” a una orden de mordaza que no sólo es antiética sino criminal y que en conciencia no podemos acatar. Acatarla sería ser cómplices de los victimarios que nos hostigan, persiguen y pisotean nuestros derechos; sería convertirnos en masoquistas, en personas que aceptan dejarse destruir y exterminar sin protesta ninguna. Las personas sensatas saben que esa actitud sería absurda de nuestra parte. En conciencia no podemos acatar la mordaza, la complicidad con el encubrimiento de los crímenes, el silencio frente a los horrores. Nadie, con un mínimo de sensatez y de humanidad puede acatar esa absurda tutela.

Pero además: ¡qué ironía! Esos militares que hoy nos acusan de no acatar la mordaza infame con que quieren silenciar nuestro derecho a exigir respeto a la vida y a nuestra dignidad, ellos mismos son campeones del desacato: han desacatado por más de 10 años las órdenes de la Corte Constitucional (teóricamente la más alta Corte del Estado) que les ha ordenado entregar los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de todos los oficiales, suboficiales, soldados y policías que estaban presentes en los sitios, fechas y horas en que fueron perpetrados centenares de crímenes de lesa humanidad contra nuestra Comunidad de Paz. No le han obedecido a la más alta Corte (Sentencia T-1025/07; Auto 164/12 y Auto 693/17) incluso cuando la Corte les ha reiterado sus órdenes y les ha dado plazos perentorios, ellos no han obedecido; es un desacato persistente, contumaz y desafiante, y, sin embargo, siguen creyendo que son “legales”, que están cubiertos por la “legalidad”. ¡Qué ceguera!


Hay ironías torturantes: a nuestro Representante Legal GERMÁN GRACIANO POSSO, a quien ahora ordenan arrestar por “desacato” a semejante inmoralidad, le han asesinado 17 familiares, entre ellos su padre, sus hermanos, tíos, primos y otros parientes; el pasado 29 de diciembre llegaron a matarlo y, gracias a Dios, miembros de nuestra Comunidad lograron inmovilizar y desarmar a los asesinos, pero el mismo juzgado que hoy lo quiere arrestar, dejó libres a los asesinos alegando que se habían violado sus derechos (sólo pudo ser violado “su derecho a matar”) y al tiempo abrió un proceso contra nuestra Comunidad por “secuestrar” a los asesinos. No cabe duda, pues, que, para la juez, a los asesinos se les debió permitir matar y nuestra Comunidad debió dejar matar a nuestro Representante Legal. ¿Qué otra interpretación cabe allí? Pero a Germán lo tienen amenazado de muerte de manera insistente: familiares de los asesinos de diciembre han acudido a pobladores de San José para insistirles en que antes de terminar este año Germán tiene que haber muerto. Quizás la Juez quiere ahora arrestarlo en un sitio donde más fácilmente lo puedan matar. Todos esos crímenes están en absoluta impunidad ya que el Estado colombiano ha desacatado los clamores por justicia, no solo de nuestra Comunidad de Paz, sino de organismos y tribunales internacionales, de parlamentos e instituciones humanitarias mundiales, de personalidades y comunidades solidarias de numerosos países. Nuestro Estado desacata todos los clamores por la justicia; basta ver el horror que vivimos ahora: centenares de líderes sociales asesinados y el Estado se desentiende de esa criminalidad galopante; no quiere actuar; la única respuesta a todo este horror es la impunidad. Sólo le interesa amordazar a los que clamamos por algo de justicia y protección. Nuestras últimas peregrinaciones nos han evidenciado que el Estado no quiere actuar ni de lejos para proteger a nuestra Comunidad: los paramilitares han estado armados y uniformados en la mismas fincas donde los encontramos hace 8 meses, protegidos por una fuerza pública que los llama “primos” y departe con ellos y sólo quiere destruir a quienes señalan la aberración de su control social y territorial.


Con esta orden de arresto y de multa la Juez Mariela Gómez Carvajal se inscribe en la larga lista de operadores judiciales que persiguen a las víctimas y defienden a los victimarios, digna de ocupar un sitial en la vergonzosa galería incluida en nuestro derecho de petición a las altas Cortes del Estado (19 de enero de 2009) donde demostramos cómo ningún principio rector del procedimiento penal es respetado sino vergonzosamente pisoteado. ¡Qué dolor de país!


Por todas estas razones no callaremos ante los atropellos a los cuales somos sometidos cada día que pasa y todo por querer ser un modelo de vida y de comunidad donde no se toleren armas letales ni convivencia alguna con quienes las manejan para destruir vidas humanas, sean las nuestras o las de los campesinos de nuestro entorno.


Agradecemos una vez más a todas las personas que han escuchado nuestros clamores desde nuestra impotencia, ya que lo único que nos queda es dejar constancia de nuestros sufrimientos ante el país y el mundo, en este océano infinito de impunidad y corrupción, pero también de eso nos quieren despojar y reducirnos al silencio con tan absurdas tutelas.


Por Comunidad de Paz de San José de Apartadó


Diciembre 5 de 2018

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Nos hemos conformado con una concepción superficial de la democracia. Y eso es peligroso

A lo largo de los últimos decenios, muchos en Occidente han llegado a aceptar una concepción notablemente estrecha de para qué sirven la economía y una democracia. La economía existe para enriquecernos, o al menos para pagar las facturas. Se cree que funciona cuando suben la bolsa y el PIB. Democracia es votar por alguno de que esté “de tu lado”. Ambas están vinculadas cuando votas por alguien que promete que te hará rico, o al menos que te bajará los impuestos.

A riesgo de afirmar algo que se ha vuelto obvio en años recientes, esta visión materialista de la economía y la democracia es, en el mejor de los casos, pobre; y en el peor, es peligrosa. La insatisfacción económica prolongada y nuestra concepción de la democracia poco consistente han abierto un agujero espiritual que ha empujado a los votantes de Estados Unidos, Europa y Sudamérica a los abrazos de populistas irritados y nacionalistas, que ofrecen un nuevo espiritualismo basado en la nación.


Pero hay otra tradición democrática, prácticamente perdida, en la que los objetivos de una democracia y una civilización digna están irreduciblemente ligados al vigoroso desarrollo de sus ciudadanos en dimensiones sociales, intelectuales y espirituales. En esta vieja concepción, una democracia excelente es aquella que sirve de crisol para la forja del buen carácter y la búsqueda de una vida digna: una que incluye la seguridad material, pero que también va más allá.


Esta versión de la democracia no pone el acento en las urnas o en los valores bursátiles, sino en la calidad de la vidas de los ciudadanos tal y como son vividas. Reconoce, de este modo, que el crecimiento personal saludable no ocurre por sí solo: requiere de libertades y seguridad con las que el florecimiento humano sea posible.


Según esta noción, todos los ciudadanos deberían tener la seguridad como para trascender una brutal refriega por la supervivencia y sentirse a salvo, y la libertad para aspirar a hacer algo más con sus vidas. Como una vez lo expresó el jurista estadounidense Louis Brandeis: “el ‘derecho a la vida’ garantizado por nuestra Constitución” debería ser entendido como “el derecho a vivir, y no meramente a existir”.


La opinión de Brandeis tiene implicaciones radicales respecto a cómo deberían ser un país y su economía. En particular, exige que reconozcamos, limitemos y equilibremos sendos peligros sobre nuestras vidas: tanto el de la opresión gubernamental como el de la coerción privada. Eso significa, claro está, la protección ante la censura y la represión del gobierno. Pero también significa libertad ante la dominación industrial, la explotación o tanta inseguridad económica como para que uno tema constantemente al desempleo o a la pobreza. Como escribió Brandeis, nadie es realmente libre “si depende, en el terreno laboral, de la voluntad arbitraria de otro”.


Desde la revolución industrial, hemos tenido que contar con el crecimiento del poder privado: antes en forma de trust o cártel, ahora en la forma de la gran corporación, el monopolio y la multinacional. El poderío y la riqueza de estas instituciones puede exceder incluso el de los gobiernos. Especialmente en los Estados Unidos, estas empresas también han reivindicado para sí mismas muchos de los derechos políticos de la ciudadanía: el derecho a la libertad de expresión, a gastar dinero para influir en la política y a la libertad de culto corporativo –hasta ahora, prácticamente todo excepto el derecho a votar–.


Para la mayoría de las personas en los países industrializados hoy en día, nuestro sentido de la autonomía y la seguridad está igual o más influenciado por fuerzas privadas y estructuras económicas que por el gobierno. Las condiciones de trabajo –desde la cantidad de nuestro salario y la duración de la jornada, hasta los riesgos de ser despedido, acosado o maltratado por los jefes, e incluso la seguridad personal– determinan hoy qué parte de nuestras vidas es realmente vivida.


Fuera del trabajo, nuestras vidas diarias están también profundamente determinadas por cuestiones económicas como el alquiler, el acceso al transporte o la compra diaria de alimentos, así como el seguro médico, incluso mucho más que cualquier otra libertad abstracta. Es por eso que la libertad real debe ser comprendida como ausencia de coerciones públicas y privadas: un aspecto que ha sido completamente olvidado por los denominados libertarianos, conservadores e incluso la mayoría de neoliberales.


Esto dirige a otra intuición crucial ulterior: que el “gigantismo” –la dominación de la economía y la política por parte de empresas gigantes– es una calamidad.


Desde la perspectiva de la libertad individual hay una diferencia fundamental entre una economía dominada por multinacionales gigantes y una que abarque intereses más pequeños en condiciones de competición. Cuando el poder privado está concentrado, los ciudadanos corporativos [las empresas] pueden desplazar con sus exigencias a los humanos. Emerge cierta inhumanidad, y perdemos de vista que el florecimiento humano debería ser el objetivo.


Las condiciones de trabajo hacen esta dinámica particularmente clara. En los Estados Unidos, los empleados están sujetos regularmente a infracciones que van desde lo invasivo hasta lo abiertamente tiránico. A los trabajadores poco cualificados se les prohíben regularmente las conversaciones casuales o demorarse en la tarea (a lo que Walmart llama “robo de tiempo”), se les deniega el acceso al baño (Tyson Foods), son cacheados al salir del trabajo (Amazon), o sujetos a controles antidroga masivos sin sospecha alguna, incluso para trabajos rutinarios (en muchas industrias).


Más en general, el crecimiento de empleos inestables a tiempo parcial y su otra cara, la sobrecarga de trabajo, ha tenido un efecto corruptor y corrosivo sobre cómo la vida es realmente vivida. Tal vez más perniciosamente, el poder privado, tal y como se experimenta en la forma de un puesto de trabajo pleno de dominación, puede destruir la vida familiar. Esto tiene efectos intergeneracionales profundos, obstaculizando el desarrollo y limitando las oportunidades futuras de los hijos cuyos padres no pueden dedicarles el tiempo y la atención que necesitan.


Proteger la libertad humana y proveer de la seguridad consistente con la prosperidad humana no requiere solo de regulaciones humanas de las condiciones de trabajo, sino también de una economía abierta, compuesta de pequeñas empresas que realmente obedezcan las leyes. Para lograrlo, necesitamos poner fin, o al menos limitar radicalmente, el poder de los monopolios.


Como Brandeis entendió, la verdadera libertad implica una suspicacia contra las corporaciones enormes y los gobiernos enormes. El principio unificador es este: el poder concentrado en cualquiera de sus formas puede ser peligroso; las instituciones deben construirse a escala humana, y necesitamos, por encima de todo, perseguir metas humanas.

 

Por Tim Wu. Es profesor de derecho en la Universidad de Columbia. Su especialidad es la legislación contra los monopolios, especialmente en el ámbito de las telecomunicaciones. Se le atribuye la creación del concepto de “neutralidad en la red”. Es el autor de "El interruptor principal: Auge y caída de los imperios de la información" (Fondo de Cultura Económica, 2016). Acaba de publicar su último libro, del cual este texto es una adaptación, "The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age" (Columbia Global Reports, 2018).

 

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