Los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen

Los pasados 5 y 6 de septiembre sesionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá. En los dos días de labor revisó el estado de varios de los casos por los cuales ha condenado al Estado colombiano, entre ellos el Palacio de Justicia y sus desaparecidos, negados por el fiscal Jorge Hernán Díaz Soto en declaraciones previas a la sesión del organismo internacional, y declaraciones que no pudo defender en las sesiones en cuestión.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó el 14 noviembre de 2014 la existencia de desparecidos forzados en el Palacio de Justicia. La decisión no fue objeto de discusión en la audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia celebrada el pasado 6 de septiembre en Bogotá, porque este no es un escenario de “relitigio” del caso y la sentencia no está en discusión.

A la Corte no le corresponde revisar sus sentencias. Así lo ha sostenido en su jurisprudencia reiterada y reposada a lo largo de su existencia, como se vio en el caso de la Masacre de Mapiripán, con la resolución del 23 de noviembre de 2012, cuando el Estado pretendía que se revisara la sentencia del 15 de septiembre de 2005 por supuestos “falsos testigos”.

Luego de dar muchas vueltas y rodeos, el Fiscal Jorge Hernán Díaz Soto aceptó en la audiencia de supervisión de sentencia que sí hay desaparecidos forzados en el Palacio de Justicia, tras un juicioso, hábil e incisivo interrogatorio del juez ecuatoriano Patricio Pazmiño Freiri. Le costó y le dolió mucho al fiscal aceptar la realidad que todo el país conoce: que los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen.

 

Las líneas de investigación

 

El caso que se presentó ante la Corte en 2014 abarca también las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, y los tratos crueles inhumanos y degradantes. En esa entonces la Corte ordenó que en un plazo razonable se lleven a cabo las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, así como de determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de:

 

“las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas;

“las detenciones y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, José Vicente Rubiano Galvis y Orlando Quijano;

“determinar y esclarecer los hechos referentes a Norma Constanza Esguerra Forero y Ana Rosa Castiblanco Torres y,

“El Estado debe efectuar, a la mayor brevedad, una búsqueda rigurosa, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las once víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad”.

 

El Estado de Colombia no ha cumplido con las líneas de investigación de los primeros tres puntos, no pasó el exámen. Los familiares manifestaron a los medios, luego de terminada la audiencia de supervisión, que la fiscalía le dijo a los jueces que están avanzando en procesos de investigación para determinar quienes son los responsables. Pero en realidad no existe tal avance.

Dado los obtáculos expresados por los representantes sobre las investigaciones ordenadas por la Corte, le solicitamos a ésta que reafirme a la luz de su jurisprudencia que los hechos del caso son crimenes contra la humanidad, que se deben investigar a todos los responsables, y que añada que se trata de violaciones que no pueden estar sujetas a excluyentes de responsabilidad, como la prescripción y la cosa juzgada, según los criterios de su propia jurisprudencia en la sentencia del caso Barrios Altos vs Perú.

La fiscalía ha dicho en los medios que “no hubo personas desaparecidas, sino malas identificaciones y la entrega equivocada de cuerpos a los familiares de las víctimas”, aunque en la Corte no lo sostuvo. De seguir como lo viene haciendo con esa hipótesis investigativa, los investigados por crimenes de lesa humanidad podrían pedir su absolución en el Tribunal Superior de Bogotá, el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, director del B-2 de la Brigada XIII, y ante la Corte Suprema de Justicia el general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado en segunda instancia. Así ambos podrían demandar al Estado ante el Contencioso Administrativo para obtener jugosas indemnizaciones económicas.

Además de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH, existen al menos una decena que están inexploradas en lo interno, y mucho menos ha tomado ninguna determinación de fondo en los últimos años, como demostramos con dos ejemplos.

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 16 de diciembre de 2015, ordenó compulsarle copias a la fiscalía para investigar al coronel Luis Alfonso Plazas Vega por exceso de uso de la fuerza en la recuperación del Palacio, y el Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 28 de octubre de 2014, confirmó la sentencia de 28 de abril de 2011 del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, que ordenó la compulsa de copias a la fiscalia para investigar, entre otros, al general José Ignacio Posada Duarte, comandante de la Séptima Brigada de Villavicencio, a la que pertenecia el cabo del ejército Edgar Villamizar Espinel que acusó al coronel Plazas Vega de ordenar las desapariciones, y al abogado Pedro Capacho Pabón por el delito de fraude procesal.

Hasta ahora, la fiscalía no ha movido un dedo y mantiene engavetadas ambas investigaciones, lo cual se suma a la inactividad de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH.

 

La búsqueda de los cuerpos

 

Los hallazgos de los cuerpos de las personas desaparecidas, ha sido utilizada por la fiscalía como “cortina de humo” para tapar el déficit investigativo. Por ello, el Estado centró su intervención en la audiencia sobre la búsqueda de los cuerpos, medida que ha cumplido parcialmente.

No se ha establecido el paradero de Carlos Rodríguez, David Suspes, Irma Franco, Gloria Stella Lizarazo y Gloria Anzola. Sobre las seis víctimas identificadas por Medicina Legal, la búsqueda e identificación de los cuerpos es parcial, como en los casos de Cristina Guarin y Lucy Amparo Oviedo, y en otras hay indicios de la alteración de la escena del crimen, como en los casos de Bernardo y Héctor Beltrán.

El proceso de búsqueda e identificación de cuerpos que adelanta Medicina Legal es limitado. No se enmarca en la hipótesis investigativa de desaparición forzada, sino que se reduce a identificar restos óseos exhumados en cementerios, pero no en unidades militares, hospitales y otras fosas comunes. Así, su aporte es insuficiente para el esclarecimiento de los hechos.
Por los anteriores obstáculos los representantes de las víctimas le solicitamos a la Corte una estrategía de búsqueda con un plan y cronograma para establecer la verdad, encontrar el paradero de los desaparecidos y completar las osamentas parciales. La estrategia debe contar con instancias de coordinación y cooperación internacional, la participación de las víctimas, la realización de estudios y prospecciones en guarniciones del ejército o de inteligencia militar.

 

La relación de la Fiscalía y la JEP

 

La Corte le preguntó a las partes: Estado y Representantes al final de la audiencia, ¿cuál es la relación entre la Justicia Especial para la Paz, JEP y la Fiscalía? Lo anterior, con el fin que suministren por escrito su postura al Tribunal en un plazo razonable.

Por ahora, la posición de los representantes de las víctimas es la de que la fiscalía no puede excusarse de la existencia de la JEP para investigar. Pero esto amerita una reflexión más amplia y profunda entre nosotros y el universo de las víctimas del Palacio, por las razones que expongo a continuación.

El Acto Legislativo 01 de 2017 dice que la JEP tiene competencia respecto de los agentes del Estado, por acciones u omisiones cometidas en el marco y con ocasión del conflicto armado, norma de sentido amplio y que no está restringida a las Farc.


La JEP hace parte de Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación integral y No Repetición y es competente para conocer de los hechos delictivos que pudieran haber ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia. Los militares responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la retoma y después de terminada la misma, y que hacían parte del ejército nacional, deben ser investigados obligatoriamente por la JEP de acuerdo con la norma constitucional vigente.

El paramilitar Arturo Sarria Cobo, alias “el rambo criollo”, que actúo en el operativo con la aquiescencia de las fuerza pública (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo), hace parte de los llamados “terceros” –empresarios y agentes estatales que no pertenecen al ejército. Puede aparecer ante la JEP de manera voluntaria hasta el 6 de septiembre de 2019, plazo que ya venció.

El holocausto del Palacio de Justicia ocurrió en el marco y con ocasión del conflicto armado interno. Los agentes del Estado no solo estarían sometidos a la JEP sino que, adicionalmente, deberían concurrir ante la Comisión de Esclarecimiento y Verdad que mostró su disposición a colaborar con el caso de los desaparecidos de Palacio; al igual la Unidad de Búsqueda de los Desaparecidos, que en comunicado de prensa número 10 del 6 de septiembre de 2019 expresó su disposición a sumar esfuerzos para que las reclamaciones en materia de búsqueda de los desaparecidos sean abordadas de manera seria, adecuada y respetuosa. Lo anterior, abre la posibilidad de un espectro más amplio de que los hechos del Palacio sean valorados de manera integral.

Hasta la fecha, se han acogido a la JEP el general Jesús Armando Arias Cabrales (marzo 2017), que está condenado a 35 años de prisión por los desaparecidos del Palacio, y el general Iván Ramírez Quintero en octubre 2018, absuelto en primera instancia. Luego de presentada, Arias Cabrales retiró su solicitud a la espera de lo que pueda pasar con su caso en la Corte Suprema de Justicia. Ramírez Quintero queda pendiente de lo que decida el Tribunal Superior de Bogotá (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo).

Hasta el momento, los militares investigados y enjuiciados no le han dicho la verdad a las autoridades porque mantienen una solidaridad de cuerpo que pesa más que sus obligaciones morales y legales con el país en cuanto a la justicia. Y como vimos en los hechos recientes, tampoco hay voluntad política y jurídica de la Fiscalía General de la Nación para buscar la verdad y hacer justicia.

Ante este escenario, podría ser el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el que desenrede la pita. La consigna de los familiares de las víctimas en la audiencia de supervisión fue “Los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen”. Se necesita saber las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que las desapariciones ocurrieron y quiénes son los responsables.

 

Libro relacionado

El Pacto del Silencio, 2018

Publicado enEdición Nº261
Martes, 24 Septiembre 2019 06:07

La incoherencia de los otros

La incoherencia de los otros

No siempre pero, por lo general, las discusiones políticas no conducen a nada. Cada vez menos, porque la cultura del disenso civilizado se ha perdido casi completamente (probable efecto de sustituir las tertulias de café, cara a cara, por el barbarismo semianónimo y a distancia de las redes sociales) y la política se ha convertido en una pasión de fútbol, en un acto de fe religioso contra cualquier evidencia. En el hemisferio norte se ha deteriorado aún más rápido que en el sur y ya desde hace tiempo campea el tribalismo. Como todo, o casi todo, aquí siempre ocurre primero y se realiza más rápido. Pera peor, algunos andan a la búsqueda de (¿cómo decirlo?) un “tenis dialéctico” y no sé cómo hacen pero logran meterte en su juego.

Más o menos la cosa fue así:

—¿Vio que Daniel Martínez, el candidato socialista a la presidencia de Uruguay, tiene una hija estudiando aquí en Estados Unidos? —me dijo un visitante de Uruguay.

—No sabía. Pero muchos chinos son comunistas y tienen cientos de miles de hijos estudiando aquí. También nuestros estudiantes estadounidenses van a estudiar a Cuba, aunque el gobierno de aquí no les permite mucho tiempo. Por no hablar de los votantes de Trump que pasan sus vacaciones en Cancún o se jubilan y se van a vivir a Ajijic en México.

—Incoherencias. Como ese Rafael Correa, el expresidente de Ecuador. ¿Lo conoce? Se recibió de economista aquí en Estados Unidos… ¿Sabía?

—Sí, una buena parte de los yanquis dicen lo mismo: las universidades están infestadas de progresistas. Hace años, tal vez dos décadas, copié el artículo “¿Por qué el socialismo?” de Einstein, de cuando daba clases en Princeton University, y lo publiqué en un foro con otro nombre. El texto recibió una lluvia de insultos. “Idiota” y “Retardado mental” fue de lo más amable que escribieron los genios. Tal vez el hombre estaba equivocado, pero retardado mental… Las universidades se caracterizan por reclutar tontos de todas partes del mundo. Hice lo mismo con otro texto del Dr. Martin Luther King, sobre su socialismo y contra la guerra de Vietnam. “Traidor” y “antipatriota” fueron de las acusaciones favoritas…

—¿Es usted socialista?

—Nunca supe qué soy, exactamente, y no creo que sea importante. Cuando era niño los militares me arrastraron de un brazo por no obedecer órdenes y un par de profesores en la secundaria me expulsaron de clase por preguntar qué entendían ellos por democracia y derechos humanos. Pero rebelde sería un título muy grande. Inconformista, tal vez. Sí, suena menos pretencioso y no llega a ser un insulto.

—Yo no me avergüenzo de decir que yo sí siempre supe quién soy y sé quién es quién cuando lo escucho hablar.

—Bueno, prefiero que no me lo diga. Para eso están los vómitos y comentarios a pie de página. Ahora, si le sirve de consuelo, en Estados Unidos hay más zurdos que en la mayoría de los países del Sur.

—A mí lo que me jode es la inconsistencia. Le repito, esa de Martínez…

—¿No es usted capitalista y neoliberal y vive en Uruguay, “gobernado por quince años por socialistas y tupamaros”, como dice usted mismo? A mí no me parece que eso sea una incoherencia. Sería sospechoso si todos pensaran como Mujica o como Tabaré Vázquez. Más que sospechoso, sería una secta de tres millones de individuos.

—No todos somos…

—Aquí tampoco somos todos… Mucho menos una secta de trescientos millones, aunque es lo que quisieran los autoproclamados patriotas, nacidos aquí o recién llegados, que se creen dueños de todo un país. ¿O también van a proponer una limpieza ideológica, país por país y comarca por comarca?

—Pero si se dicen socialistas deberían por lo menos vivir como Mujica, en una cueva. Al viejo tupamaro no lo trago, pero al menos vive en una cueva.

—Es lo que quisieran, que todos los que piensan diferente vivan en una cueva. Pero de verad no creo que el objetivo del socialismo sea la pobreza sino todo lo contrario. El hombre vive como quiere vivir no porque sea socialista sino porque es un poco hippie, medio Thoreau. Igual eso no lo salva de los insultos. En julio estuve en Uruguay y una señora, que hablaba igualito a Mujica, me quería convencer de “todo lo que se había robado Mujica”. Le faltó decir que por eso vive en un palacio.

—Socialistas ricos como Maradona hay muchos.

—No me interesa la vida privada de Maradona ni la ningún otro ejemplo particular, pero si es una incoherencia ser un socialista rico también lo es, y peor, ser un capitalista pobre, y de éstos no hay solo ejemplos y excepciones. Son la norma.

—Dele todas las vueltas que quiere darle al asunto. Pero al pan, pan y al vino, vino. Si uno es socialista no debería estudiar en Estados Unidos.

—Y todos deberían comer solo McDonald’s, mirar “beisbol” e ir a la iglesia los domingos por la mañana a lavar los trapos sucios…

—No caricaturice.

—¿Usted es capitalista y recurre al maldito Estado dos por tres? ¿Dónde está la coherencia, entonces?

—¿Yo? Yo pago mis impuestos. Es el Estado el que vive de mí.

—Pues muy bien, con toda esa plata que le paga de impuestos al Estado, intente pagar la policía que cuida de sus propiedades; las escuelas, la salud y la jubilación de sus hijos o de sus empleados; las ayuda a los más pobres para que no afeen la ciudad ni el frente de su casa ni las puertas de las iglesias; intente rescatar las grandes empresas capitalistas, generalmente insaciables, que cuando se hunden le van a llorar al gobierno de turno para que las salve… Haga cuentas y luego me dice si le alcanza.

—Si los privados invirtiésemos el dinero de los impuestos en fondos de inversión y nos organizáramos, podríamos hacer todo eso.

—Pues, justamente eso se llama Estado.

Publicado enCultura
Diez motivos para explicar la volatilidad del precio del petróleo 

El ataque con drones contra la refinería Abqaiq, la de mayor producción de crudo del planeta, que gestiona la petrolera estatal saudí Aramco, la empresa más poderosa del mundo, ha dejado una semana convulsa en el mercado del oro negro. El precio del barril de Brent subió por encima de los 69 dólares, un 20% más, su revalorización más alta en 28 años. El atentado terrorista vuelve a mostrar la alta sensibilidad del petróleo a los riesgos geoestratégicos.

 

El mercado del petróleo acostumbra a dejar jornadas negras en cada ejercicio. Es, sin duda, la plaza bursátil más propensa a vaivenes traumáticos en su cotización diaria, aunque también a medio y largo plazo para cerrar contratos a futuros –fórmulas para garantizar el abastecimiento en periodos de meses– motivados por una alargada lista de riesgos exógenos.

El último botón de muestra de esta susceptible sensibilidad del barril de crudo hacia la distorsión de la irritable ley de la oferta y la demanda que rige en estas transacciones mercantiles imprescindibles para nutrir la actividad económica de cualquier país se produjo el pasado fin de semana. El ataque mediante drones contra las instalaciones de Aramco en Abqaiq y Khurais, frenó en 5,7 millones de barriles diarios la capacidad extractiva de la mayor petrolera del mundo -y la empresa líder en ingresos y beneficios de todo el planeta- e hizo saltar por los aires el mercado de futuros.

Los contratos a dos meses del Brent, barril de referencia en Europa, se revalorizaron por encima del 15% –pese a que superaron por instantes el 19% el lunes, otro día trágico en el mercado–, tres puntos más que su cotización al cierre de la jornada, en la que superó los 69 dólares. La subida de más calibre desde que se iniciaron las operaciones contractuales de compraventa de crudo, en 1988.

El West Texas Intermediate (WTI) la bolsa que determina el precio del petróleo en EEUU también se unió a la escalada. Otro 15%, hasta los 62,90 dólares. Otro salto sin precedentes, en este caso desde 2008, al inicio de la crisis financiera, informa Bloomberg.Pero, ¿qué factores determinan el precio del mercado? Y, sobre todo, ¿por qué los riesgos tanto económicos como geopolíticos propician tanta volatilidad colateral a la cotización del oro negro? El régimen de Riad ha anunciado que restablecerá la producción de las refinerías dañadas por el ataque de los diez aviones no tripulados, cuya autoría señala, según acusaciones oficiales tanto de EEUU como de Arabia Saudí a la milicia huti, la más combativa en Yemen contra la alianza de fuerzas del Golfo Pérsico que sufraga mayoritariamente Riad, y a Irán, el rival geoestratégico del mayor productor de petróleo en Oriente Próximo y el país que ocupa el top-one de amenazas a la seguridad global a los ojos de la Administración Trump.

Las diez claves

Acusan a Teherán de patrocinar y de participar activamente en los atentados con drones. Las autoridades petrolíferas saudíes han prometido que tiene la capacidad de devolver, en varias jornadas, hasta el 70% de los daños de extracción ocasionados por el ataque. Pero, de no hacerlo, los analistas ya avanzan que el precio del barril sobrepasará de inmediato -si se supera un tiempo prudencial sin una oferta mínima de crudo en el mercado- los 80 dólares.

1.- La frágil frontera entre la oferta y la demanda. En el mundo del petróleo no es una relación directa que determine que una retirada del crudo en el mercado eleva las peticiones de compra. O a la inversa. En este juego de tronos entre productores y consumidores se opera con algunos ases en la manga. Los contratos de futuros -acuerdos que conceden el derecho de adquisición de un número de barriles de petróleo a un precio predefinido para entrega en fechas específicas- o los hedge funds vinculados a la energía, son dos de ellos. Son agentes especuladores con unos niveles de éxito fulgurantes en la cotización. La autoridad bursátil Chicago Mercantile Exchange (CME), la gran plaza de las materias primas, detrás de la mayoría del tráfico de futuros no está la mano que mece los mercados, sino la de especuladores que, en realidad, formalizan menos del 3% de las transacciones de compraventa de barriles.

Movimientos desde áreas de inversión de líneas aéreas que suscriben estos contratos en previsión de alzas del barril a medio plazo o, sencillamente, los que negocian al alza o a la baja en función de la trayectoria del mercado o de los episodios de volatilidad en una u otra dirección, pero sin intención alguna de adquisición. Su papel ficticio no le resta un ápice de trascendencia en el valor del crudo. Determinan el clima del mercado, el sentimiento inversor, la aversión al riesgo o la falsa calma psicológica a la hora de cerrar volúmenes de operaciones concretas a precios pactados. Y lo que es peor, abaratan o encarecen artificial e interesadamente, en no pocas ocasiones, equilibrios básicos. Como el de que el crudo descienda en época de vacas flacas como la actual -la OCDE acaba de augurar el crecimiento más débil del PIB mundial desde el credit crunch de 2008 en medio de proclamas de cada vez más analistas de que se avecina una recesión en las potencias industrializadas, casi todas altamente demandantes de combustibles fósiles-, o el que aumente en ciclos de negocios boyantes. También influyen sobremanera en episodios de extrema volatilidad como el actual.

2.- La dictadura del cártel de la OPEP. El flujo de crudo en el mercado tiene un incuestionable actor principal, la OPEP. Sus quince socios, capitaneados siempre por Arabia Saudí, controlan el 40% del crudo mundial y sus exportaciones suponen el 60% de las transacciones globales, según la Agencia Internacional de la Energía. La propia OPEP dice estar en posesión del 79,4% de las reservas de petróleo probadas. En 2019, han puesto en el mercado, de media, 80,6 millones de barriles diarios, pero en julio ya rebajaron, por sus políticas de ajuste de cuotas –han entrado en una fase agresiva de recortes por decisión de Riad– este flujo en más de 170.000 barriles por día. Los intentos de la Justicia, especialmente en EEUU, donde en el pasado se abrieron causas por competencia desleal y dumping de precios, en cumplimiento de las exigentes normas anti-trust americanas, han sido en balde.

Su muerte ha sido anunciada en demasiadas ocasiones, pero sus miembros mantienen una especie de hermandad de sangre. Por mucho que Irán amenace con alejarse del club cuyos destinos dirige su enemigo político, económico y religioso regional o que denuncie los acuerdos privados de producción entre Riad y Moscú, ajenos al cártel. Que Irak no se haya sentido cómoda con sus aliados energéticos bajo el yugo del bloqueo exportador que, durante décadas, le ha impuesto Occidente. O que Venezuela se salte soterradamente las cuotas asignadas por la organización o no las alcance por su elocuente déficit tecnológico de extracción y que Nigeria traslade sus constantes reticencias a rebajar su producción. Su decisión de agosto de perpetuar los recortes marcó el trigésimo segundo mes consecutivo de retirada de crudo. A los que hay que sumar el de los diez aliados de la OPEP, entre los que figuran Rusia, México, Omán o Malasia. Entre ambos bloques, sacaron en agosto de la actividad mercantil 1,2 millones de barriles diarios.

3.- Una cuestión de inventarios. Los países consumidores también tratan de controlar el precio. Y la nación más capacitada para ello es EEUU que ostenta, a la vez, el mayor demandante de crudo y, si la Casa Blanca desea abrir su grifo productor al máximo, el primer suministrador. La Administración Trump, más que ninguna otra en tiempos recientes y pretéritos, ha decidido usar el petróleo como brazo ejecutor de su política exterior. Irónicamente, el arma arrojadiza que la Casa Blanca ha lanzado contra Rusia o Arabia Saudí.

El fracking ha otorgado a Washington el cetro de primer productor global. Por su recuperada capacidad para extraer más de 10 millones de barriles diarios. Una ratio sólo comparable a Arabia Saudí y Rusia. Porque Venezuela, con una balsa de crudo que excede el 25% de las reservas probadas de toda la OCDE, por encima de las saudíes, carece de la capacidad técnica para operar a pleno rendimiento. La Administración de Información Energética americana (EIA) admite que la mayor economía del mundo fue también, en 2018, el mayor productor de crudo, con unos 14,86 millones de barriles al día, contabilizando el total de su producción, que incluye petróleo condensado, productos refinados, gas natural, carburantes sin tratamiento y combustibles licuados. Por delante de Arabia Saudí, con 12,39 millones de barriles y Rusia, con una capacidad de 11,24 millones.El grifo de regulación del crudo estadounidense podría activarse de inmediato, además, por los retrocesos de los inventarios, el stock acumulado de crudo adquirido por el país y sus petroleras y que, a finales de agosto, descendió en 4,7 millones de barriles respecto a la semana precedente en una clara tendencia de pérdida de avituallamiento.

4.- Los tres tenores del mercado. Donald Trump, Vladimir Putin y el Mohamed Bin Salman. Son los grandes protagonistas del precio del crudo. Por diferentes intereses, obviamente. Dominan el flujo de crudo. El príncipe heredero saudí restableció una aparente relajación en junio de 2018 con su mandato de que la OPEP + (como se llama al consorcio con los grandes países productores ajenos al cartel y capitaneados por Rusia) bajara el ritmo de restricción de crudo, que empezó al inicio de 2017, lo que permitió activar el cauce de extracción hasta límites próximo a su récord. Era una acción de obediencia debida a la decisión del presidente de EEUU de elevar las sanciones económicas a Teherán. Los stocks de los socios de la OCDE volvieron a mostrar fuerza de nuevo. Hasta que Riad decidió recortar en otro medio millón de barriles diarios en octubre pasado. En este tránsito temporal, se ha ido retirando gradualmente crudo en el mercado, según consignas de la entente saudí-americana. El reto de Bin Salman era aproximar el precio a los 80 dólares, cota que ha logrado puntualmente, aunque se haya instalado en la banda de los 72-76 dólares por barril. Rusia también ha asumido este sacrificio. Asume recortes, pero su condición de país no miembro de la OPEP le permite superar cuotas para llegar a una cotización de 70 dólares que, según sus palabras, “le satisface plenamente”. Entretanto, la industria petrolera de Texas ya ha logrado un ritmo productivo similar al poder extractor de Nigeria (miembro de la OPEP, en doce meses.

5.- El delicado enclave de Ormuz. Este estrecho marítimo está bajo la jurisdicción de Irán, que ostenta la llave de entrada y salida de petroleros. Las tensiones geoestratégicas entre EEUU y la república islámica, que acaba de recibir una nueva amenaza de aumento de multas económicas de la Casa Blanca, sin aportar pruebas convincentes de que los drones contra la refinería suadí tenían el sello del régimen iraní. Ormuz es paso obligado del crudo de la península arábiga que inicia su travesía inicial por el Golfo Pérsico. Por este estrecho pasa la tercera parte del tránsito marítimo de crudo. A comienzos de verano hubo dos incidentes con petroleros, uno de bandera británica y otro con enseña japonesa, a los que siguieron la retención de otro iraní en Gibraltar por orden de Reino Unido. Tokio se desmarcó del tono beligerante de Washington. Pero el cruce de acusaciones entre EEUU, que ha enviado al portaviones Abraham Lincoln a la zona, e Irán, que traslada estar listo para unas hostilidades que dice no desear, ha ido en aumento, afirma la agencia Associated Press. El propósito de Trump de anular la actividad exportadora de crudo de Irán está en connivencia con los deseos de Rusia y Arabia Saudí de ocupar su nicho de mercado. Desde los 2,5 millones de barriles al día -una merma ya considerable de su capacidad- que le impone el bloqueo liderado por Washington, a casi cero, con el consiguiente deterioro de una economía, la iraní, ya bastante deteriorada. Al ritmo que EEUU, Arabia Saudí y Rusia consideren necesario.

6.- Resurge el impuesto terrorista. ¿Existe en el mundo una especie de impuesto revolucionario vinculado al terrorismo? Voces del mercado admiten que sí. Sobre todo, desde los atentados del 11-S. Se paga una especie de prima de riesgo por ataques a instalaciones petrolíferas. Riad ha logrado abortar varias decenas de atentados en el último decenio y medio. Sobre todo, en la de Abqaiq. Con el barril en torno a los 70 dólares, ese impuesto agregado -y casi nunca declarado por los agentes que intervienen en el mercado- es de 12 dólares, en torno al 18% del precio del barril. Pero se dispara tras acontecimientos como el de la pasada semana. Desde el Instituto Memorial para la Prevención del Terrorismo (MIPT, según sus siglas en inglés) se asegura que la factura global por esta tasa supera los 70.000 millones de dólares cada año. El Instituto para el Futuro de la Seguridad Energética Americana (SAFE) augura catástrofes, con distorsiones de flujo de crudo, de índole terrorista, por el resurgimiento de células de Al Qaeda, que podrían elevar la factura petrolífera al 8% del PIB mundial con un barril de nuevo por encima de los 120 dólares si resultan tener la firma de la Yihad.

7.- El polvorín de Oriente Próximo. El ex comandante de la Quinta Flota americana, John Miller, alerta en Foreign Policy de que los ataques a la refinería saudí desencadenan una “escalada más que significativa” de tensiones en esta convulsa región. Describe que el consenso en Washington es de creciente inclinación hacia una intervención militar contra Teherán. En una entrevista más que elocuente, afirma que, pese al respaldo sin fisuras de Arabia Saudí e Israel -en pleno vacío institucional por la incertidumbre postelectoral para formar gobierno y con Benjamin Netanyahu bajo serias acusaciones de corrupción y sin la autoridad de haber ganado en las urnas-, EEUU se encuentra “bloqueado y sin mucha capacidad de respuesta” para iniciar una incierta declaración bélica. Miller, que dirigió la flota de la Armada americana que navega por el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y la Península Arábiga entre 2012 y 2015, cree que “es demasiado pronto para conocer qué ocurrió realmente en el ataque y de dónde procedía o quién ha patrocinado el ataque con drones y misiles de crucero”, dando por hecho que la Casa Blanca ha podido precipitarse en su duro diagnóstico acusador.

8.- ¿Cuál es la posición de los aliados de EEUU? Japón se ha desmarcado de cualquier intento de conflicto contra Irán. Tampoco los socios europeos, partidarios de mantener, sin fisuras, el acuerdo nuclear de junio de 2015 con Irán. Incluso Reino Unido elude un apoyo oficial. Sólo Riad está decidido a forzar una vuelta de tuerca más. La financiación de la guerra de Yemen le ha ocasionado los primeros déficits presupuestarios al gran petro-Estado. Aun así, Trump cierra casi cualquier posibilidad de un entendimiento diplomático con Teherán: “dicen querer un acuerdo, pero no hacen lo más mínimo para lograrlo”, explica en un tweet el artífice de la salida unilateral de EEUU del pacto atómico con Irán y el inductor de las sanciones y el bloqueo económico hacia el país persa.

9.- Boicot americano al gaseoducto entre Rusia y Europa. El Nord Stream 2 no gusta a Trump. Es el canal por el que Alemania especialmente pretende garantizar el suministro del gas natural a su mercado nacional. Más de 1.200 kilómetros de infraestructura que conecta Vyborg, en la Península rusa de Jamal, con Greifswarld, ciudad del norte de Alemania a través de las aguas del Mar del Norte y el litoral báltico. La Casa Blanca ha amenazado con sanciones a Berlín si continúa apoyando su construcción con Moscú, hasta el punto de que asegura estar dispuesto a retirar las tropas americanas, bajo el paraguas de la OTAN, de suelo germano. EEUU no desea que haya nuevas redes de transporte que sirvan para reducir su capacidad de control del petróleo.

10.- Alza de carburantes en el espacio industrializado. El efecto inmediato es un encarecimiento de combustibles. En especial, en las economías de rentas altas, muy dependientes del consumo de crudo y que se adentran en escenarios de contracción. El G-7 se encuentra ya en la antesala de una probable recesión sincronizada. 2020 no será un buen año. En España, con incertidumbre política plena, nuevas elecciones el 10-N y un presupuesto que calcula sus partidas con un precio del petróleo instaurado por Cristóbal Montoro, el coste de la gasolina supondrá un incremento de cuatro euros -para llenar un depósito de 55 litros- y de tres en el caso del gasoil. Con carácter inminente. En Reino Unido, enfrascado en hacer acopio de provisiones de todo tipo para hacer frente a un Brexit duro, la factura energética le depara nuevos desembolsos. China, además, se podría convertir en el gran perdedor de los ataques contra Arabia Saudí. La retirada inicial de casi el 5% del crudo diario del mercado. Riad es el gran suministrador del combustible que Pekín necesita para mantener su ritmo industrial. El segundo mayor demandante de energía. En unos meses claves para espolear un PIB que ha renunciado a los dobles dígitos de dinamismo y ahora se instala en crecimientos del 6%. Con presiones añadidas por las guerras comerciales en curso.

madrid

23/09/2019 07:59 Actualizado: 23/09/2019 07:59

DIEGO HERRANZ

Publicado enEconomía
https://twitter.com/Contagioradio1/status/1170126719069630466/photo/1

Los pasados 5 y 6 de septiembre sesionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá. En los dos días de labor revisó el estado de varios de los casos por los cuales ha condenado al Estado colombiano, entre ellos el Palacio de Justicia y sus desaparecidos, negados por el fiscal Jorge Hernán Díaz Soto en declaraciones previas a la sesión del organismo internacional, y declaraciones que no pudo defender en las sesiones en cuestión.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó el 14 noviembre de 2014 la existencia de desparecidos forzados en el Palacio de Justicia. La decisión no fue objeto de discusión en la audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia celebrada el pasado 6 de septiembre en Bogotá, porque este no es un escenario de “relitigio” del caso y la sentencia no está en discusión.

A la Corte no le corresponde revisar sus sentencias. Así lo ha sostenido en su jurisprudencia reiterada y reposada a lo largo de su existencia, como se vio en el caso de la Masacre de Mapiripán, con la resolución del 23 de noviembre de 2012, cuando el Estado pretendía que se revisara la sentencia del 15 de septiembre de 2005 por supuestos “falsos testigos”.

Luego de dar muchas vueltas y rodeos, el Fiscal Jorge Hernán Díaz Soto aceptó en la audiencia de supervisión de sentencia que sí hay desaparecidos forzados en el Palacio de Justicia, tras un juicioso, hábil e incisivo interrogatorio del juez ecuatoriano Patricio Pazmiño Freiri. Le costó y le dolió mucho al fiscal aceptar la realidad que todo el país conoce: que los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen.

 

Las líneas de investigación

 

El caso que se presentó ante la Corte en 2014 abarca también las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, y los tratos crueles inhumanos y degradantes. En esa entonces la Corte ordenó que en un plazo razonable se lleven a cabo las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, así como de determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de:

 

“las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas;

“las detenciones y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, José Vicente Rubiano Galvis y Orlando Quijano;

“determinar y esclarecer los hechos referentes a Norma Constanza Esguerra Forero y Ana Rosa Castiblanco Torres y,

“El Estado debe efectuar, a la mayor brevedad, una búsqueda rigurosa, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las once víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad”.

 

El Estado de Colombia no ha cumplido con las líneas de investigación de los primeros tres puntos, no pasó el exámen. Los familiares manifestaron a los medios, luego de terminada la audiencia de supervisión, que la fiscalía le dijo a los jueces que están avanzando en procesos de investigación para determinar quienes son los responsables. Pero en realidad no existe tal avance.

Dado los obtáculos expresados por los representantes sobre las investigaciones ordenadas por la Corte, le solicitamos a ésta que reafirme a la luz de su jurisprudencia que los hechos del caso son crimenes contra la humanidad, que se deben investigar a todos los responsables, y que añada que se trata de violaciones que no pueden estar sujetas a excluyentes de responsabilidad, como la prescripción y la cosa juzgada, según los criterios de su propia jurisprudencia en la sentencia del caso Barrios Altos vs Perú.

La fiscalía ha dicho en los medios que “no hubo personas desaparecidas, sino malas identificaciones y la entrega equivocada de cuerpos a los familiares de las víctimas”, aunque en la Corte no lo sostuvo. De seguir como lo viene haciendo con esa hipótesis investigativa, los investigados por crimenes de lesa humanidad podrían pedir su absolución en el Tribunal Superior de Bogotá, el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, director del B-2 de la Brigada XIII, y ante la Corte Suprema de Justicia el general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado en segunda instancia. Así ambos podrían demandar al Estado ante el Contencioso Administrativo para obtener jugosas indemnizaciones económicas.

Además de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH, existen al menos una decena que están inexploradas en lo interno, y mucho menos ha tomado ninguna determinación de fondo en los últimos años, como demostramos con dos ejemplos.

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 16 de diciembre de 2015, ordenó compulsarle copias a la fiscalía para investigar al coronel Luis Alfonso Plazas Vega por exceso de uso de la fuerza en la recuperación del Palacio, y el Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 28 de octubre de 2014, confirmó la sentencia de 28 de abril de 2011 del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, que ordenó la compulsa de copias a la fiscalia para investigar, entre otros, al general José Ignacio Posada Duarte, comandante de la Séptima Brigada de Villavicencio, a la que pertenecia el cabo del ejército Edgar Villamizar Espinel que acusó al coronel Plazas Vega de ordenar las desapariciones, y al abogado Pedro Capacho Pabón por el delito de fraude procesal.

Hasta ahora, la fiscalía no ha movido un dedo y mantiene engavetadas ambas investigaciones, lo cual se suma a la inactividad de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH.

 

La búsqueda de los cuerpos

 

Los hallazgos de los cuerpos de las personas desaparecidas, ha sido utilizada por la fiscalía como “cortina de humo” para tapar el déficit investigativo. Por ello, el Estado centró su intervención en la audiencia sobre la búsqueda de los cuerpos, medida que ha cumplido parcialmente.

No se ha establecido el paradero de Carlos Rodríguez, David Suspes, Irma Franco, Gloria Stella Lizarazo y Gloria Anzola. Sobre las seis víctimas identificadas por Medicina Legal, la búsqueda e identificación de los cuerpos es parcial, como en los casos de Cristina Guarin y Lucy Amparo Oviedo, y en otras hay indicios de la alteración de la escena del crimen, como en los casos de Bernardo y Héctor Beltrán.

El proceso de búsqueda e identificación de cuerpos que adelanta Medicina Legal es limitado. No se enmarca en la hipótesis investigativa de desaparición forzada, sino que se reduce a identificar restos óseos exhumados en cementerios, pero no en unidades militares, hospitales y otras fosas comunes. Así, su aporte es insuficiente para el esclarecimiento de los hechos.
Por los anteriores obstáculos los representantes de las víctimas le solicitamos a la Corte una estrategía de búsqueda con un plan y cronograma para establecer la verdad, encontrar el paradero de los desaparecidos y completar las osamentas parciales. La estrategia debe contar con instancias de coordinación y cooperación internacional, la participación de las víctimas, la realización de estudios y prospecciones en guarniciones del ejército o de inteligencia militar.

 

La relación de la Fiscalía y la JEP

 

La Corte le preguntó a las partes: Estado y Representantes al final de la audiencia, ¿cuál es la relación entre la Justicia Especial para la Paz, JEP y la Fiscalía? Lo anterior, con el fin que suministren por escrito su postura al Tribunal en un plazo razonable.

Por ahora, la posición de los representantes de las víctimas es la de que la fiscalía no puede excusarse de la existencia de la JEP para investigar. Pero esto amerita una reflexión más amplia y profunda entre nosotros y el universo de las víctimas del Palacio, por las razones que expongo a continuación.

El Acto Legislativo 01 de 2017 dice que la JEP tiene competencia respecto de los agentes del Estado, por acciones u omisiones cometidas en el marco y con ocasión del conflicto armado, norma de sentido amplio y que no está restringida a las Farc.


La JEP hace parte de Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación integral y No Repetición y es competente para conocer de los hechos delictivos que pudieran haber ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia. Los militares responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la retoma y después de terminada la misma, y que hacían parte del ejército nacional, deben ser investigados obligatoriamente por la JEP de acuerdo con la norma constitucional vigente.

El paramilitar Arturo Sarria Cobo, alias “el rambo criollo”, que actúo en el operativo con la aquiescencia de las fuerza pública (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo), hace parte de los llamados “terceros” –empresarios y agentes estatales que no pertenecen al ejército. Puede aparecer ante la JEP de manera voluntaria hasta el 6 de septiembre de 2019, plazo que ya venció.

El holocausto del Palacio de Justicia ocurrió en el marco y con ocasión del conflicto armado interno. Los agentes del Estado no solo estarían sometidos a la JEP sino que, adicionalmente, deberían concurrir ante la Comisión de Esclarecimiento y Verdad que mostró su disposición a colaborar con el caso de los desaparecidos de Palacio; al igual la Unidad de Búsqueda de los Desaparecidos, que en comunicado de prensa número 10 del 6 de septiembre de 2019 expresó su disposición a sumar esfuerzos para que las reclamaciones en materia de búsqueda de los desaparecidos sean abordadas de manera seria, adecuada y respetuosa. Lo anterior, abre la posibilidad de un espectro más amplio de que los hechos del Palacio sean valorados de manera integral.

Hasta la fecha, se han acogido a la JEP el general Jesús Armando Arias Cabrales (marzo 2017), que está condenado a 35 años de prisión por los desaparecidos del Palacio, y el general Iván Ramírez Quintero en octubre 2018, absuelto en primera instancia. Luego de presentada, Arias Cabrales retiró su solicitud a la espera de lo que pueda pasar con su caso en la Corte Suprema de Justicia. Ramírez Quintero queda pendiente de lo que decida el Tribunal Superior de Bogotá (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo).

Hasta el momento, los militares investigados y enjuiciados no le han dicho la verdad a las autoridades porque mantienen una solidaridad de cuerpo que pesa más que sus obligaciones morales y legales con el país en cuanto a la justicia. Y como vimos en los hechos recientes, tampoco hay voluntad política y jurídica de la Fiscalía General de la Nación para buscar la verdad y hacer justicia.

Ante este escenario, podría ser el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el que desenrede la pita. La consigna de los familiares de las víctimas en la audiencia de supervisión fue “Los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen”. Se necesita saber las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que las desapariciones ocurrieron y quiénes son los responsables.

 

Libro relacionado

El Pacto del Silencio, 2018

Publicado enColombia
La Zona Temporalmente Autónoma: el plan del Pentágono para la frontera colombo-venezolana

Jeff Cooper, el creador del código de colores con el que solemos asociar los niveles de amenaza, escribió en su libro Principios de Defensa Personal, que mucho más importantes que las armas o la experticia en el manejo de estas, es constituir una verdadera mentalidad de combate.

 

No hay otra manera, según el ex marine, de sobrevivir a un evento que amenace la seguridad de un individuo.

En la actual coyuntura venezolana, el presidente Nicolás Maduro, ha ordenado al Ministerio de Defensa en pleno, en especial al Comando Estratégico operacional, "elevar el nivel a alerta naranja" ante un posible ataque al territorio nacional por parte de Colombia.

Aunque los protocolos específicos que se corresponden con este nivel, sean confidenciales o restringidos, es posible avizorar las acciones que se corresponde a un estado que podríamos considerar de pre-bélico y abrir el debate en torno a cómo plantear una defensa integral de la nación.

Construir la Zona Temporalmente Autónoma

Estados Unidos aprendió de su fatal experiencia en Vietnam, importantes lecciones sobre el tipo de guerras que se lucharían en el futuro. En vez de satanizar la guerra de guerrillas y el combate asimétrico, los metabolizó y convirtió en parte de su doctrina militar, en especial, con la conocida guerra de cuarta generación.

Luego, bajo el gran paraguas de la estrategia no convencional, el teniente coronel de la marina Frank Hoffman, impulsó la noción de Guerra Híbrida para definir "...guerras polimorfas por su naturaleza…" que pueden ser conducidas y peleadas tanto por los Estados, así como por  "una variedad de actores no estatales, que incorporan una variedad de modos de guerra diferentes, incluyendo capacidades convencionales, tácticas y formaciones irregulares, actos terroristas incluyendo coerción, violencia indiscriminada y desorden criminal. Estas actividades multimodales pueden ser conducidas por unidades separadas o aún por la misma, pero son dirigidas operacional y tácticamente dentro del mismo campo de batalla para lograr los efectos sinérgicos en todos los niveles de la guerra...", resalta el militar estadounidense.

El general Váleri Guerásimov, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, diría a propósito de la perspectiva Híbrida que en el siglo XXI había una tendencia a "borrar las líneas entre el estado de guerra y paz".

Las guerras ya no se declararían y tampoco se desarrollarían siguiendo "un patrón habitual". Los métodos y tácticas no militares, además, serían más importantes que las propias armas, añade el militar ruso.

Hoffman ha declarado que el objetivo de una guerra híbrida sería avanzar en "la desintegración social interna y el quiebre de la voluntad política del adversario". No es una estrategia militar propiamente dicha, sino sociopolítica.

Es por esta razón que tomamos del ensayista Hakim Bey su noción de Zona Temporalmente Autónoma, para aplicarla a los terrenos sinuosos de la guerra híbrida.

Aunque Bey utiliza el concepto como un alegato en favor de nuevas formas de relación humana y de organización social donde no medie el control social de las instituciones erigidas bajo el modelo del Estado-Nación, las características que ofrece son clarificadoras en cuanto a lo que puede ocurrir en los próximos meses en los más de 2 mil kilómetros de frontera común entre Venezuela y Colombia, y quién sabe si en la zona Sur (Guayana) y este (Esequibo) del país bolivariano.

La zona temporalmente autónoma define un espacio dónde los límites del poder establecido por el Estado se han difuminado. El relacionamiento de los individuos se establece a partir de pautas locales y de una expectativa de la vida que no obedece a reglas supra individuales, sino que son tejidas a partir de la coyuntura que se impone.

Al fracturarse el Estado o la lógica societal, por no responder a la expectativas de los individuos, estos se rehacen en una cantidad de formas y mecanismos de interacción donde las nuevas éticas surgen y los territorios ya no siguen las coordenadas impuestas por las constituciones nacionales sino por las expectativas de entender la nueva circunstancia.

Para cualquiera que conozca la realidad de la frontera colombo venezolana, se le hará familiar estas consideraciones. La línea fronteriza no la determinan los Estados, sino las necesidades de las comunidades locales. Los colombianos pasan la frontera para atenderse en los hospitales gratuitos en Venezuela y muchos venezolanos cruzan para trabajar de manera temporal o hacer compras en Colombia. Se crean nuevas identidades fronterizas, donde es muy difícil para muchos decirse venezolanos o colombianos, simplemente se sienten como “gente de frontera”  con posibilidades de ser y pensar de acuerdo a lógicas mucho menos dicotómicas que las que les impone la nacionalidad en uno u otro lado del territorio.

Si a esto le sumamos la situación propia del lugar, con redes de bandas de narcotráfico, paramilitares y fuerzas guerrilleras, cada una con su agenda y objetivos particulares. La zona se complejiza y poco a poco se desapega del cuerpo nacional. Así como la economía de guerra, ha impulsado en Venezuela una variedad de islas sociales que no se adhieren a ninguna ley, ni ética o moral estatal, como los comerciantes que remarcan los precios esté o no el dólar a la baja, o funcionarios que tejen redes de corrupción para transar los bienes de la nación venezolana, de la misma forma, una escalada en el nivel de violencia en la frontera puede degenerar en la aparición de un nuevo tipo de territorio de facto, que no será ni venezolano, ni colombiano, sino que tendrá a la guerra como única identidad.

En la ZTA, convive el narco-paramilitarismo y las bandas criminales en lucha contra la guerrilla colombiana. La guerra planteada por Washington busca convertir dicho territorio en una zona desregulada, y por lo tanto correr la línea fronteriza desapareciendo la capacidad del Estado venezolano de actuar en dicho espacio. Pero el desplazamiento por la vía de hecho, de la línea territorial, intenta llevar el ataque contra la guerrilla hacia Venezuela. Una persecución en caliente, con esa excusa, es el falso positivo más probable. Obligaría a la FANB a pasar de alerta naranja, a roja.  No es descartable que el inicio de hostilidades en la frontera con Colombia, derive en otras ZTA al sur (Guayana) y al este (Esequibo)  de Venezuela.

Estudiar lo ocurrido en la frontera entre Ucrania y Rusia, especialmente en las zonas orientales de Donetsk y Lugansk, sería una tarea de primer orden para entender qué clase de conflicto se puede avecinar.

Tal y como lo consideramos en un artículo anterior, existen formas de balcanizar los países a través de la promoción de enclaves, que al multiplicarse terminan haciendo metástasis y sesionando amplios espacios de un territorio.  En la hipótesis planteada por el Pentágono, puede que no esté previsto una intervención militar directa sobre Venezuela, sino un deterioro de las condiciones de vida en la frontera. Washington demostraría así que no solo está en capacidad de vulnerar la economía de Venezuela, sino su integridad territorial.

Redes Híbridas de Información: Inteligencia social para la defensa territorial

El despliegue de los sistemas anti misilísticos decretado por el Presidente Maduro, sirve como un potente factor disuasivo para el caso de una agresión convencional. Los equipamientos rusos, ideales para la guerra electrónica en rangos mayores a los 300 kilómetros, como el Krasuja-4 y el Moskva-1, tienen capacidad de neutralizar "radares terrestres y de aviones, sistemas de autoguiado de bombas y misiles, crear interferencias en el funcionamiento de aviones no tripulados e incluso satélites espías", y además detectan y recopilan información "sobre las fuentes de ondas electromagnéticas de aviones, radares, dispositivos de autoguiado de misiles, transmisores de radio". Los S-300 completan la cúpula de hierro para la defensa de la nación suramericana.

No obstante, aunque tenga la capacidad, puede que no sea con aviones y misiles que Estados Unidos estime desestabilizar Venezuela. El gobierno bolivariano hace bien en desplegar el sistema, pero no se puede usar un misil para defenderse de un ataque de abejas. El conflicto planteado es de otro tenor, por lo que la estrategia debe contemplar otros aspectos.

Freddy Bernal, enviado especial de Miraflores para la zona fronteriza, relató hace algunos meses que la única manera en que logró atrapar al líder de los Rastrojos, fue a través de la utilización de una "estrategia de carácter social". Es decir, entendió, luego del análisis situacional in situ, que a la guerra híbrida se le derrota con acciones híbridas.

Venezuela avanza bien en este aspecto, posee una doctrina de defensa integral que es la "guerra popular prolongada o guerra de todo el pueblo" soportada en lo que se llama el Método Táctico de Resistencia Revolucionaria. Sin embargo, bastaría algo más. Posiblemente acompañar estas acciones con el despliegue de un conjunto de medidas para desarrollar la prospectiva o intuición estratégica de la amenaza, con el uso de la inteligencia social o como algunos expertos llaman "las redes híbridas de información multidimensional de amplio espectro".

Todos los organismos de seguridad, así como los ciudadanos del país, deben estar en alerta para detectar cualquier individuo y cualquier actividad que vaya en contra de la seguridad del Estado. Si la defensa territorial se hace con el despliegue de armamento, también debe existir la capacidad de análisis y prospectiva defensiva, una inteligencia colectiva o también podríamos llamarla, apoyándonos en la doctrina militar venezolana: “la inteligencia de todo el pueblo”. 

Mary Kaldor, experta en nuevas guerras, consideraba que en la actualidad "la victoria ya no se basa en la capacidad de infligir una destrucción masiva, sino en la capacidad de luchar contra el apoyo popular de los oponentes". Por ello, si Venezuela está inmersa en una guerra donde se ataca todo el espectro social para debilitar la moral y el apoyo al gobierno nacional, cualquier crítica o señalamiento dirigido a atacar los múltiples flancos, deben verse como insumos para la lucha contra el enemigo real que es, en última instancia, el imperialismo estadounidense.

Redes hibridas de amplio espectro que detecten posibles sabotajes, acciones terroristas, movimientos inusuales de actores considerados potencialmente perjudiciales. Podría ser una descripción perfecta para los llamados de la población a lograr una acción más eficiente por parte del Estado en la prestación de servicios públicos, en la mejora de salarios y en la protección de la calidad de vida de la población venezolana. Para un analista estratégico, para un Ministro de Defensa, para un jefe de Estado no debería haber diferencia. Son, en resumidas cuentas, lo mismo.

Nadie parece objetar el poder de unos S-300, tampoco se les acusa de traición o de querer desertar del proyecto político. Lo mismo debería pasar con quienes desde la legítima preocupación y deseo de preservar la integridad de la nación, apuntan hacia las vulnerabilidades que existen en el tejido social. Asumir y actuar sobre la necesaria crítica popular, es desarrollar una verdadera mentalidad de combate, posiblemente la única que garantiza la legitimidad gubernamental y la cohesión social. Si la estrategia que se aplica contra Venezuela no es tradicional, ¿por qué debe serlo su esquema de análisis y defensa?

19:00 07.09.2019(actualizada a las 19:02 07.09.2019) URL corto

Por José Negrón Valera

Publicado enInternacional
Nasrin Sotoudeh, abogada por los derechos humanos

La explotación sexual de la mujer tiene mil caras. El vídeo de una boda celebrada en la provincia de Kohguiluye, en Irán –una de las más discriminadas y empobrecidas del país–, y la presión social ejercida vía redes sociales (pues cualquier manifestación no gubernamental en un espacio físico está prohibida)-, ha conseguido por primera vez que la teocracia islámica iraní se eche para atrás y haya anulado el matrimonio de una niña de 9 años. La edad de él carece absolutamente de importancia: aunque fuese joven y el más guapo del mundo, se trata de una violación de una niña basada en el poder físico, económico e incluso religioso.

La abogada Nasrin Sotudé ha sido condenada a a 38 años de prisión y 148 latigazos por pedir que la República Islámica de Irán cumpla con la Declaración de los Derechos del Niño (1959) e ilegalice este tipo de uniones por atentar gravemente contra los derechos de las niñas. Que Aisha, una de las esposas del profeta del islam, tuviese 6 o 8 años, es el argumento preferido esgrimido por quienes también defienden la Lapidación y la Ley de Talión prehistóricas.

El poderoso movimiento progresista de Irán, que ha tenido a numerosas mujeres entre sus principales líderes (como la profesora Mohtaram Eskandari, fundadora de la Sociedad Patriótica de Mujeres, arrestada en 1922 y su casa incendiada), consiguió, a pesar de las persecuciones, que en 1934 el Código Civil estableciera la edad nupcial femenina en 15 años. Sólo la autorización especial de un juzgado permitía bajarla a 13 años. Un año más tarde, en 1935, gracias también a la presión de Eskandari, se prohibió el velo, bandera de la extremaderecha religiosa, como símbolo del estatus de subgénero de la mujer. Fue entonces cuando millones de niñas pudieron estudiar gratis hasta terminar una carrera universitaria y entrar así en el mercado de trabajo.

Además, en 1964 las mujeres pudieron votar, elegir y ser elegidas; se restringió la poliginia, ampliando los derechos de la esposa en el divorcio y en la custodia de los hijos. La doctora Farrojru Parsa fue designada en 1969 ministra de Educación (fue ejecutada en 1980, por la Revolución Isalámica acusada de «iniciación a la prostitución»). En la judicatura hubo varias juezas, entre las que se encontraba en 1969 la premio nobel de la Paz Shirin Ebadi. Se creó un ministerio para Asuntos de la Mujer en 1970 y cuatro años después la Ley de Familia elevó la edad mínima para casarse a los 18 años.

Tras el secuestro de la revolución iraní de 1978 por la extremaderecha islámica y la G4, y en paralelo a la ilegalización de todas las organizaciones progresistas del país y la detención de decenas de miles de sus simpatizantes, la primera medida de Jomeini no fue repartir la renta del petróleo entre la población «desheredada» del país, sino abolir aquella Ley de Familia y aprobar una nueva «islámica» en la que bajó la edad nupcial de las niñas a los ocho años. Incluso autorizó al padre casar a sus hijas si eran menores de esta edad. La segunda medida tampoco estuvo dirigida a paliar las desigualdades, todo lo contrario: impuso el uso del velo a todas las mujeres y niñas mayores de 7 años. De hecho, el velo judeo-islámico marca la edad fértil de la niña, que se establece en torno a esta edad: ya es una mujer y tendrá las obligaciones de las adultas, que no derechos, como el voto o conducir. Se instaló un sistema de apartheid a la mitad femenina de la sociedad, prohibiendo su acceso a ciertos espacios, trabajos, cargos, recursos, etcétera.

En 2000, la presión social obligó a la Revolución Islámica a incrementar la edad del matrimonio a los 13 años, aunque la legislación mantuvo la facultad del padre para casar a sus hijas incluso antes de cumplir los ocho años: estas bodas no serán registradas, pero serán mashru, o sea legitimas desde un punto de vista religioso. Esa ley prevé dos años de prisión para la mujer aun si teniendo 50 años y en posesión de tres títulos universitarios se casa sin el permiso de su tutor varón. Según la religión, la mujer carece de capacidad mental porque Dios las creó así. En 2017, el parlamento iraní rechazó la petición de unos diputados en establecer los 16 años como la edad nupcial para las menores. En realidad, en esta teocracia no hay ningún límite de edad para el matrimonio.

Motivos de este atentado de adultos contra niñas

Económico. En las religiones semitas, gestadas en las regiones desérticas, dos factores contribuyeron a legitimar esta práctica:

1) La falta de recursos que provocaron guerras y también el imperio de la ley del más fuerte, causando la muerte de las niñas y mujeres. La escasez de ellas –en parte también debida a que muchas fueron amontonadas en los harenes de los ricos–, dio lugar a la costumbre, aún existente, de apalabrar una recién nacida a un hombre del clan para entregarla después de unos años como esposa. Obviamente, un bien escaso tiene un precio, que dependerá del estatus de la familia, la edad de las niñas, su belleza, si es de primera mano o ya ha perdido la virginidad, etcétera. ¿Significa eso una forma de prostituirla?

2) La propia economía comercial, que requería recorrer largos e inseguros caminos para vender los productos, convertía a las mujeres, a ojos de los hombres, en un ser improductivo, en una carga. Las madres que daban luz a niñas eran repudiadas y las bebes perdían su vida en el llamado «infanticidio femenino», que aún hoy se practica a través del feticidio. Esta falta de valor de las niñas se refleja en el relato de Sodoma y Gomorra donde los pecadores son los hombres supuestamente homosexuales y no Lot, un hombre que para proteger a sus invitados masculinos ofrece a aquellos individuos de terribles intenciones llevarse a sus propias hijas vírgenes (y por lo tanto menores dada la época): «Mis hijas serían más puras para vosotros», dice Lot, incitándoles. El matrimonio de niñas es la continuidad del infanticidio y del feticidio frustrado o no realizado.

En las regiones prósperas de Oriente Próximo estas prácticas no existían. De hecho, la edad nupcial en el mazdeísmo iraní, la religión de Zaratustra (XII a.C.) es de 15 años para ambos sexos. En este Irán preislámico, los niños nacidos fuera del matrimonio eran llamados «los hijos del cielo», para así darles legitimidad social y jurídica y salvar la reputación de la familia. Hoy, el asalto del neoliberalismo a las economías familiares es una de las causas modernas de la propagación de este mal social.

Social. Es una solución macabra para las sociedades sexualmente desequilibradas y reprimidas, en las que los chicos difícilmente pueden experimentar el sexo fuera del matrimonio y las chicas deben guardar la virginidad.

La cultura del maldito «honor». El hombre que ha colocado su honor no en su propio cuerpo sino en el de las mujeres de la familia, lo considera manchado si la niña perdiese la virginidad (¡aun cayendo de un árbol!), si es manoseada, violada y se queda embarazada.  Por lo que antes de llegar a la adolescencia, para no tener que sufrir estas preocupaciones, la sacrifica deshaciéndose de ella: la estupidez humana no tiene límite: crea normas y cuando se queda atrapado entre sus redes, elimina la “consecuencia” en vez de cambiar la norma.

Tener una «virgen integral«. Poseer una esposa sumisa e ignorante garantiza el dominio de la nueva familia sobre la pequeña. A corta edad ella no podrá rebelarse, por lo que mejor una de siete años que de 15.

Saldar deudas con otras familias entregándoles una o varias hijas.

Las guerras. Se trata de una estrategia de supervivencia de la familia que ve amenazas del secuestro y violación de su hija en un entorno tan hostil. Dándole en matrimonio le dará la oportunidad de que alguien la cuide, pero ignoran que muchos son falsos maridos y traficantes de niñas que casándose con ellas podrán cruzar las fronteras sin problema, para después venderlas en el mercado de prostitución infantil o del tráfico de órganos.

Los mercaderes de la carne fresca humana con tantas guerras están haciendo su agosto.

Rasgos del síndrome niña-esposa

  1. Desconocer el significado de la infancia: en vez de hacer travesuras, bailar y jugar, las niñas serán la esclava sexual de un hombre, criarán a los hijos de éste, y serán su criada hasta que la muerte les separe.
  2. Ignorar lo que se siente al resolver una ecuación de álgebra, ni la lectura de una poesía. Incluso, si el marido les deja estudiar, en la mayoría de los países musulmanes es el Estado (siempre machista) quien impide el ingreso de las niñas casadas en las escuelas, temiendo que ellas cuenten a sus compañeras los secretos del cuerpo masculino y las induzcan a la perversidad.
  3. No poder vivir la pasión de enamorarse y construir una vida basada en la libertad.
  4. No poder pactar las prácticas sexuales, ni las medidas de protección y estará desprotegida ante el riesgo de enfermedades de transmisión sexual.
  5. La posibilidad de morir la misma noche de bodas, por la hemorragia de la violación y la violencia que sufren al patalear aterrorizadas. Si consiguen sobrevivir a las continuas agresiones sexuales, podrán morir en el parto, de hecho es fue la principal causa de la muerte de 70.000 niñas entre los 15 y 19 años en 2017.
  6. Perder sus bebés por el aborto espontáneo, o en el momento de extraerlos de su pequeño cuerpo de madre al mundo. Superando esta fase, sus hijos tienen un 60% más de probabilidades de morir en el primer año de vida que los nacidos de madres adultas.
  7. Padecer lesiones como la fístula obstétrica, que les provocará incontinencia urinaria y/o fecal, y por consiguiente ser repudiada por el esposo y la familia.
  8. Tener el alma destrozada, sufriendo trastornos psíquicos y emocionales.

Alrededor de 650 millones de mujeres fueron casadas de niñas: el matrimonio infantil siempre es forzado y concertado. 15 millones de ellas viven en la India. En Estados Unidos, cada año alrededor de 13.000 son casadas, algunas incluso de 10 años, denuncia La Organización Unchained at last (Desencadenado al fin). Las niñas-esposa nepalíes, que suelen ser casadas con hombres mayores con un pie en la tumba, al quedarse viudas son marginadas por «ser portadoras de mala suerte».

Ya ven, no se trata de culturas y tradiciones a las que «hay que respetar»: despolitizar las desigualdades no las legitima ni las hace desaparecer. Los derechos de la infancia son universales y deben estar por encima de cualquier consideración, credo y sistema político.

Por Nazanín Armanian

7 septiembre 2019

Publicado enInternacional
Irán anuncia la detención de 17 supuestos “espías” de la CIA

Un responsable del contraespionaje asegura que algunos de ellos han sido condenados a muerte

 

 

Irán ha anunciado este lunes la detención 17 ciudadanos iraníes y la condena a muerte de varios de ellos, como resultado del desmantelamiento de una célula de supuestos espías al servicio de la CIA de la que ya informó el pasado junio. No es la primera vez que Teherán asegura haber desarticulado una red de espionaje, pero la coincidencia con las actuales tensiones con Estados Unidos hace temer que se trate de un mensaje contra aquellos que disienten de la línea oficial.

“Los espías identificados trabajaban en centros sensibles y vitales del sector privado [que se ocupan] vinculadas con la economía, las [investigaciones] nucleares, las infraestructuras, el campo militar o la cibernética… donde recogían información reservada”, afirma un comunicado del Ministerio de Inteligencia citado por PressTV, pero del que también se han hecho eco otros medios iraníes (todos bajo control estatal).

Un responsable del contra espionaje iraní, cuyo nombre no se ha facilitado, ha explicado a los periodistas que las 17 detenciones se llevaron a cabo a lo largo del año pasado (del calendario iraní, que concluyó el 21 de marzo) y que varios de ellos han sido condenados a muerte. Otros, que cooperaron con los servicios secretos iraníes para conseguir información sobre EE. UU., han recibido largas penas de cárcel. La investigación sigue abierta.

El funcionario ha declarado que los implicados fueron entrenados por agentes estadounidenses. No obstante, ha asegurado que entre ellos no había ningún funcionario, sino que se trataba de expertos y técnicos que trabajaban en “lugares sensibles”, entre ellos sitios nucleares y militares, pero no lograron llevar a cabo ningún sabotaje. Según la fuente, las operaciones de espionaje de EE. UU. dentro de Irán se han incrementado bajo la presidencia de Donald Trump.

Poco después de su intervención, los medios iraníes han empezado a difundir imágenes de supuestos “agentes de la CIA” que habrían estado en contacto con los 17 detenidos. De ser genuinas, estarían revelando la identidad de agentes encubiertos, algo que no sólo sería un golpe para Estados Unidos, sino que podría poner en peligro sus vidas.

El anuncio se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán y al tiempo que crece la crisis de los petroleros, tras la captura el pasado 4 de julio de un carguero de crudo en Gibraltar por las autoridades del Peñón y la respuesta del Gobierno iraní apresando un buque cisterna británico en el estrecho de Ormuz.

Por Ángeles Espinosa

Dubái 22 JUL 2019 - 03:54 COT

Publicado enInternacional
“¡Los ricos no deben existir!”. Entrevista a Julie Wark

Julie Wark nació en Australia en 1945. Es politóloga y antropóloga y autora de Indonesia: Law, Propaganda and Terror (1983) y de The Human Rights Manifesto (Ediciones Barataria, 2013). Es corresponsal en Europea de la revista CounterPunch y forma parte del consejo editorial de Sin Permiso. Recientemente, junto a Daniel Raventós, ha publicado Contra la caridad. En defensa de la renta básica, también en Icaria. Responde a las preguntas de Sato Díaz para cuartopoder.es.

 

– ¿Por qué se manifiesta «contra la caridad»?

– Por su propia naturaleza, la caridad representa una relación desigual en la que una persona con recursos da tanto o tan poco como quiere, cuando quiere, donde quiere, a quien quiere, y el destinatario, ya entrado en una relación de dependencia sin posibilidad de decidir nada en el asunto, queda deshumanizado, sobretodo porque no puede corresponder. La humillación es inherente a esta relación que viola los tres principios básicos de los derechos humanos: libertad, justicia y dignidad. La caridad no existiría sin la desigualdad y no solo la desigualdad económica sino también de género. Es un fenómeno social dominado por los hombres que se llaman Bill, Mark, Tony, George, Amancio, etcétera y muchos de ellos ejercen un poder no democrático en los ámbitos en los que deciden actuar caritativamente. Basta pensar en la enorme influencia de los caritativos habituales de Davos y sobretodo Bill Gates en la OMS.

Además, muchas organizaciones benéficas se establecen como una forma de evasión fiscal. Como resultado de la evasión fiscal de los ricos, hay menos dinero para los servicios públicos esenciales como la salud, la educación, la vivienda y un aumento concomitante de la pobreza y la desigualdad. Y si los servicios públicos se subcontratan a empresas privadas que excluyen a los más pobres, estamos hablando de un grave problema de derechos humanos, literalmente una cuestión de vida o muerte: las personas de las comunidades pobres tienden a morir diez o veinte años antes que las de las zonas ricas. Y hay otro aspecto del tema de género. Cuando se recortan los servicios públicos, las mujeres y las niñas suelen pagar el precio más alto. A las niñas se las sacan de la escuela cuando no hay dinero para pagar las cuotas, y las mujeres tienen que pasar más horas cuidando a los niños y a los parientes enfermos cuando se les excluye de los sistemas de atención de la salud. De hecho, el trabajo de cuidado no remunerado realizado por las mujeres se estima en 10 billones de dólares (sí, 18 ceros).

– ¿Deben los ricos no colaborar con donaciones destinadas a los pobres?

– ¡Los ricos no deben existir! Me refiero a personas que son tan ricas que unas veinte de ellas controlan tanta riqueza como la mitad del mundo. Este hecho es realmente obsceno cuando cerca de mil millones de personas en el mundo no tienen suficiente comida para llevar una vida activa. Y los ricos y su caridad o filantropía son en parte responsables de esto. Tomemos, por ejemplo, el apoyo de la Fundación Gates a la “revolución verde” en África. Se trata de un paquete tecnológico caro que los pequeños agricultores no pueden permitirse. Los beneficios van a empresas como Monsanto para semillas y agroquímicos y todo el proyecto es una forma de racismo neocolonial porque los agricultores del país no pueden decidir por sí mismos.

Mucha de la caridad de las celebridades ricas es altamente conspicua y les encanta publicitarla con galas enormemente extravagantes donde pueden lucir sus joyas y ropa de alta costura. Dicen que hacen caridad para disminuir la tragedia de la desigualdad y la pobreza pero en realidad están realizando un espectáculo que de alguna manera intenta normalizar o justificar el enorme abismo que existe entre ellos y las personas que se supone que son beneficiarios de su magnanimidad.

Ya en el S.XVIII, Adam Smith no solamente señaló el deterioro moral de la idolatría por estas celebridades, sino que también apuntó directamente al meollo de la economía política. Las celebridades juegan un papel necesario en la creación y mantenimiento de la estratificación social: “[La] propensión a admirar, y casi adorar, a los ricos y a los poderosos, y despreciar o, al menos, ignorar a las personas de condición pobre y sencilla, aunque es necesaria tanto para establecer como para mantener el orden social es, al mismo tiempo, la causa mayor y más universal de corrupción de nuestros sentimientos morales”.

¿Qué es exactamente lo que dan los ricos a los pobres? Dan más pobreza, más daño ambiental y más humillación. Hacen su papel caritativo dentro del marco de neoliberalismo y lo sostienen haciéndolo. Así que, por lo general, mi respuesta a tu pregunta es no: los ricos tan ricos no deben colaborar con donaciones destinadas a los pobres porque no deben existir. Su munificencia es liberticida. La explotación de unos humanos por otros es algo espantoso y aún peor cuando se tapa con las finas ropas de la caridad.

– El empresario Amancio Ortega donando a la sanidad pública para combatir el cáncer. ¿Qué opina sobre esta imagen?

– Lo encuentro horrible. Uno de los hombres más ricos del mundo puede obtener un beneficio fiscal de entre 108 y 123 millones de euros, gracias a la normativa tributaria que permite desgravar en el IRPF y el Impuesto de Sociedades, respectivamente, el 35% de las aportaciones empresariales y el 40% de las societarias a las fundaciones que realizan donaciones de este tipo. “Una buena parte de ese dinero lo pone la Administración a través del beneficio fiscal,” explica Carlos Cruzado presidente de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda. Además, los 300 millones que Ortega ha donado a través de su fundación a la sanidad pública representan tan sólo la mitad de los casi 600 millones en impuestos que su empresa Zara ha eludido con ingeniería fiscal, según un informe presentado por Los Verdes en el Parlamento Europeo en 2016. En todo caso, la sanidad pública deber tener presupuesto propio. Una persona ajena del sistema no debe decidir cuánto dinero se invierte y donde (como lo hace Bill Gates con la OMS).

En general, el filantrocapitalismo (un oxímoron) tipo Ortega tiene cinco características inaceptables: 1) Utiliza un enfoque del desarrollo basado en el mercado y hace hincapié en la medición de los resultados y el impacto: algoritmos y no indicadores humanos; 2) Las fundaciones filantrópicas pueden tener una influencia despótica en las agendas políticas; 3) La gobernanza mundial se ve debilitada por la influencia antidemocrática de entidades caritativas que, en su calidad de principales financiadores, toman las decisiones en las asociaciones internacionales, devalúan los órganos públicos e ignoran las necesidades locales; 4) Hay una ausencia general de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas: y 5) El filantrocapitalismo es una relación de poder y los receptores tienen poco o nada que decir sobre cómo deben ser «ayudados», incluso cuando saben que la ayuda es realmente perjudicial para ellos y su forma de vida.

– ¿Cómo valora el sistema fiscal español?

– No soy economista, así que no puedo dar una respuesta técnica. Según un artículo en El País, España sufre una pérdida anual de ingresos fiscales de entre 50.000 y 60.000 millones de euros, que principalmente se debe al fraude y a la elusión fiscal realizadas por las grandes empresas a través de los paraísos fiscales. Hay consecuencias graves. Debilita al Estado y afecta a la calidad de los servicios públicos y sus recursos. Aumenta el esfuerzo fiscal que deben soportar los ciudadanos: el fraude fiscal le cuesta a cada contribuyente español 2.000 euros anuales para tapar el agujero que provocan los defraudadores. Y perjudica los objetivos de redistribución de la riqueza previstos por la legislación.

El fraude fiscal es un problema grave por todas partes y va ligado con el hecho de que hay ricos muy poderosos que actúan con impunidad, a menudo escondiéndose detrás de las organizaciones benéficas. Aquí citaría las declaraciones que hizo el historiador holandés Rutger Bregman en el último Foro de Davos: “La industria debería dejar de hablar de filantropía y comenzar a hablar de impuestos. Eso es: impuestos, impuestos e impuestos. He visto cómo 1.500 personas han viajado a Davos en un jet privado para escuchar a David Attenborough hablar sobre el cambio climático, pero nadie para conversar sobre aumentar el impuesto de los ricos o luchar contra el fraude fiscal”.

– Su apuesta es en favor de una renta básica universal. ¿Se puede financiar hoy en día? ¿Qué ejemplos hay de ello?

– Mi coautor, Daniel Raventós, y sus colegas han realizado estudios detallados que muestran cómo se puede financiar una renta básica universal en España con un modelo de aplicación universal. Citaré algunos de los resultados tal como aparecen en nuestro libro. A partir de una enorme base de datos sobre el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) del Reino de España, se ha demostrado que es posible financiar una renta básica equivalente al umbral de la pobreza para todas las personas que viven en él.

Un tipo impositivo único del 49% puede financiar una renta básica para alrededor de 34,3 millones de personas (casi 28 millones de adultos y más de 6,5 millones de menores), mientras que los niveles preexistentes de ingresos fiscales quedarían garantizados. Además, incluye a los 9,4 millones de personas no detectadas en los datos del IRPF, lo que significa que 43,7 millones de ciudadanos y residentes acreditados en el Reino de España podrían recibir una renta básica. Con una renta básica, la situación del 61,7 % de declarantes mejoraría. Esta cifra asciende al 75%, cuando se incluye a las personas dependientes de los contribuyentes, ya que la renta básica se paga a individuos. Por consiguiente, las cifras para los que pierden son del 38,3 y del 25%, respectivamente.

Es posible financiar una renta básica igual al umbral de pobreza sin tocar ni un solo céntimo de los ingresos fiscales anteriores a la reforma que proponemos, lo que significa que el gasto social actualmente financiado con el IRPF, básicamente sanidad y educación, permanecería intacto. Además, si los ricos declararan sus fortunas como es debido, no cabe duda de que sería aún más fácil financiar la renta básica. Hay proyectos piloto en otras partes del mundo pero, que yo sepa, el estudio de Raventós y sus colegas economistas es el único que se ha llevado a cabo con tanto detalle y, en particular, con vistas a financiar una renta básica universal e incondicional por encima del umbral de la pobreza y a dejar intactos, e incluso mejorados, los servicios públicos.

– Los principales sindicatos no incluyen una renta básica entre sus reivindicaciones cotidianas. ¿Cómo les convencería de que lo hicieran?

– Aquí citaré un artículo de Daniel Raventós en Sin Permiso que resume las objeciones principales de los sindicatos y responde a ellas. 1) «La renta básica socavaría la capacidad de los sindicatos de acción colectiva porque aumenta el poder de negociación individual de los trabajadores, creando así una situación de supervivencia de los más espabilados»Es cierto que los trabajadores que reciben una renta básica tendrían más margen para decidir como individuos cuando sus condiciones de trabajo son intolerables, pero esto no significa que el poder colectivo del sindicato se debilite. De hecho, una renta básica funcionaría como un fondo de resistencia en huelgas prolongadas, que de otra manera serían muy difíciles de sostener.

2) «La mayor parte de la afiliación sindical, constituida por trabajadores a tiempo completo con contratos estables y bastante bien remunerados, piensan que podrían salir perdiendo económicamente debido a las reformas fiscales necesarias para financiar la Renta Básica». Los contratos estables a tiempo completo ya son una rareza. A diferencia del conservadurismo de unos pocos trabajadores relativamente bien pagados hay un gran número de personas que trabajan en condiciones precarias y que se beneficiarían mucho de una renta básica.

3) «La Renta Básica es un pretexto para desmantelar el estado de bienestar, un mero “cheque” a cambio de la privatización y degradación de lo que antes eran buenos servicios públicos». El reclamo erróneo sobre la destrucción de los servicios de bienestar se ha vuelto tan generalizado que en el Congreso Internacional de la BIEN (Basic Income Earth Network, Seúl 2016), la mayoría de los miembros acordaron apoyar un Ingreso Básico que se opone a la sustitución de los servicios o derechos sociales, si esta sustitución empeora la situación de las personas relativamente desfavorecidas, vulnerables o de bajos ingresos. Una Renta Básica financiada a través de la tributación progresiva mantendría y fortalecería el Estado del bienestar, que sería mucho más ágil sin el engorroso aparato intrusivo que requieren las subvenciones condicionadas.

4) «Los empresarios harían presión para reducir los salarios ya que con la renta básica argumentarían que parte de los salarios estarían cubiertos». Es el mismo argumento que se ha dado por parte de los sindicatos en Italia, por ejemplo, para impedir que se instaure un salario mínimo interprofesional. Opinión que los sindicatos de los Estados en donde existe un salario mínimo interprofesional no solamente no comparten sino que la discrepan fuertemente.

5) «Siendo una propuesta que desvincula la existencia material del empleo y de los derechos a él relacionados, la renta básica se opone a la cultura del empleo y la idea predominante según la cual el trabajo remunerado da dignidad a la gente y lo demás son paliativos». Sin discutir los efectos que la robotización tendrá en el trabajo, se puede afirmar que la renta básica no es incompatible ni se opone al empleo. Aporta una forma flexible de compartirlo. Este argumento ignora completamente el valor del trabajo voluntario y doméstico. El suelo firme que proporciona la renta básica permite un movimiento más fluido entre empleo, formación y familia y el reparto del tiempo de trabajo se vería incentivado porque personas que en algún momento de su vida precisasen de mayor tiempo por distintas razones (cuidado de alguna persona, estudios, descanso…) tendrían mayores posibilidades de elegir.

6) «La renta básica podría adormecer o apaciguar la capacidad de lucha de la clase trabajadora al asegurarle una mínima existencia y ello comportaría que los empresarios puedan hacer y deshacer sus proyectos con mayor tranquilidad». La situación provocada por la crisis económica y las políticas económicas que se han puesto en funcionamiento en consecuencia, ha provocado una situación de miedo a perder el puesto de trabajo y a aceptar cada vez condiciones de trabajo peores. El efecto disciplinador que supone una cantidad muy elevada de trabajadores en paro actúa de forma implacable. Una renta básica destrozaría este efecto disciplinador contra la población trabajadora. Algo que los sindicatos deberían valorar muy seriamente.

– Los partidos políticos de izquierdas, tampoco. ¿A qué cree que es debido?

– No lo sé. Cuesta entenderlo. Una de las razones es que no se entiende bien la renta básica, quizá sobre todo porque lo crean, equivocadamente, una forma de desmantelar los servicios públicos. Luego, varios observadores influyentes de la izquierda lo tildan de estafa de los oligarcas. O puede ser que los partidos lo temen por la reacción que esperan de los poderes fácticos, de los banqueros, de los ciudadanos más ricos y de los medios de comunicación. O incluso quizá porque, en última instancia, al potenciar la base de la sociedad, podría ser una medida altamente democratizadora, especialmente para las mujeres.

Hoy en día, los nuevos estudios están demostrando que sería una medida muy feminista. Pero, históricamente hablando, los partidos políticos de izquierdas, principalmente liderados por hombres, no han sido muy audaces (o de izquierdas) cuando se trata de reformas radicalmente democráticas. O cuando se trata del feminismo.

– En definitiva, ¿es hoy una renta básica una utopía?

– No. Porque no se puede hacer una sociedad perfecta (de humanos muy imperfectos). Tal vez sería más pertinente preguntar: ¿es revolucionario el ingreso básico? No lo es, pero tampoco lo son reformas como los aumentos salariales, más poder para los sindicatos, sistemas generosos de salud pública, educación y vivienda, el gobierno responsable, transparente y ético, los derechos de mujeres y de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales…

El capitalismo es un problema grave para cualquiera que quiera una sociedad decente. Ha causado la extinción de unas 550 especies en los últimos 100 años, y ha llevado a todo el planeta a los terrores de la era antropocena. Necesitamos respuestas muy radicales para llevar a cabo un cambio total. La renta básica es “reformista” en el sentido clásico de la palabra, aunque podría representar un paso revolucionario hacia una sociedad más libre, más justa y más decente, precisamente porque es una medida universal que seguramente reforzaría los derechos humanos universales. Y, en el fondo y políticamente hablando, «universal» es una categoría muy radical. De todas formas, ¿quién tiene ahora mismo una idea mejor para derrotar definitivamente al sistema capitalista, que es un asunto de gran urgencia para todo el planeta?

 

08/07/2019

 

Julie Wark, autora del “Manifiesto de derechos humanos” (Barataria, 2011) y miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso. En enero de 2018 se publicó su último libro, “Against Charity” (Counterpunch, 2018), en colaboración con Daniel Raventós, recientemente editado en castellano (Icaria) y catalán (Arcadia).

Publicado enSociedad
Kyriakos Mitsotakis, ex banquero graduado en Harvard.

El “voto bronca” contra Syriza que el 39,9 % de la población griega depositó en las urnas el domingo 7 de julio devolvió al poder al partido conservador que, junto a la otra gran fuerza tradicional, Pasok, llevó al país a la severa crisis económica que ya se extiende por más de diez años. Las promesas incumplidas del centro-izquierda Alexis Tsipras en cuanto a las políticas de austeridad que estaba encomendado a eliminar o, al menos, suavizar se tradujeron en una diferencia de más de 8 puntos con el líder de Nueva Democracia (ND), Kyriakos Mitsotakis, en los recientes comicios generales. Este giro de 180 grados en el parlamento heleno- los conservadores tienen ahora la mayoría absoluta con 158 escaños de 300- no solo significa la reorientación del país hacia un rumbo netamente neoliberal sino también la recuperación del mando por parte de una de las dinastías griegas más influyentes. El nuevo primer ministro es hijo del ex mandatario Kostas Mitsotakis, hermano de la ex ministra y alcaldesa de Atenas, y tío del recién electo intendente de la capital, Kostas Bakoyannis. Oriunda de la isla de Creta, esta familia se reparte el poder con otros dos clanes: los Karamanlis, de donde proviene el fundador de ND, y los Papandreu, familia de cuyo origen son tres ex primeros ministros del partido socialista Pasok. Después de que en 2015 una formación independiente como Syriza irrumpiera por primera vez en esta dinámica “hereditaria” del gobierno, el peso de la tradición y quizás el miedo a nuevos “experimentos” volvieron a ubicar al Ejecutivo heleno dentro de su marco archiconocido.

El discurso de un dirigente como Mitsotakis- formado en Harvard, con larga carrera política y experiencia en la banca- al apostar por la estabilidad económica, la atracción de inversiones extranjeras y una drástica reducción de impuestos logró convencer al casi el 40 % de los votantes, que esta vez no creyeron en las promesas de Tsipras ni en sus últimas medidas a contrarreloj para revertir los efectos devastadores de la austeridad pactada con Europa. Si bien durante el mandato de Syriza la economía registró el primer repunte en diez años de profunda y continuada recesión- el PIB creció un promedio anual del 2% y el desempleo pasó del 27,5% en 2013 al 18,5 % según datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat)- Grecia sigue estando a la cola de Europa en condiciones laborales y salarios. En un país con una deuda del 180% del PIB y tres rescates de la “Troika”- Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI- por la suma total de 290 mil millones de euros a sus espaldas, los pocos beneficios que a nivel macroeconómico pueden vislumbrarse no llegan todavía a la vida cotidiana de la gente. “Se ha creado un mercado negro de trabajadores en el cual la gente cobra 300 o 400 euros por mes por un empleo a jornada completa sin ningún tipo de contrato. Estamos hablando de esclavitud”, exclama el economista Leonidas Vatikiotis, uno de los fundadores de la Comisión por la Auditoría de la Deuda Griega y asesor del reconocido documental Debtocracy (Deudocracia).

“Grecia está bajo control hasta el 2060, no saben cómo admiramos lo que hicieron en Argentina al echar al FMI y cancelar la deuda”, afirma, por su parte, Dionisios Eleutheratos, politólogo, periodista y co-autor de un libro dedicado al análisis de la era “post memorándum”. Los objetivos económicos pactados con Europa por el gobierno de Syriza- un superávit primario del 3,5% hasta 2022 y del 2% hasta 2060- son considerados por derecha e izquierda como algo asumible solo a costa de nuevos recortes en el, ya de por sí exiguo, gasto público. Kyriakos Mitsotakis insistió durante la campaña en que, gracias a su programa económico, reconquistaría la confianza de los mercados y podría renegociar esas duras condiciones con los acreedores. “El lunes hubo reunión del Eurogrupo y su primera reacción ante el cambio de gobierno en Grecia fue recordarle que las cifras de superávit son y seguirán siendo las pautadas. Veo muy difícil que Alemania o Francia aflojen. Habrá que esperar, de todos modos, qué pasa también en el marco internacional porque Europa está ahora en guerra económica con Trump y eso puede derivar en nuevas líneas de acción”, reflexiona Eleutheratos.

Según el politólogo, la senda propuesta por ND se parecerá mucho a la del presidente argentino Mauricio Macri. “Mitsotakis habla de un nuevo programa de privatizaciones, incluso más de las que ya hubo a lo largo de todos estos años debido a los acuerdos con el FMI y otros acreedores internacionales. Anuncia además la reducción de impuestos para las empresas, pero ¿de dónde saldrá ese dinero que ya no va a entrar en el Estado? Muchos tememos que de la salud y la educación pública, como se hizo durante toda esta década de austeridad”, advierte Eleutheratos.

El neoliberalismo no es el único pilar del nuevo Ejecutivo heleno, también lo son el nacionalismo y la religión. En su toma de posesión el lunes 8 de julio, Kyriakos Mitsotakis juró sobre la biblia- y no sobre la Constitución como lo hizo en 2015 Alexis Tsipras- en una ceremonia presidida por las máximas autoridades de la Iglesia ortodoxa griega y a la que los 51 ministros- de los cuales solo 5 son mujeres- asistieron rodeados de sus familias. “Grecia es uno de los pocos países de Europa donde la religión y el Estado no están separados. La Iglesia participa en la política exterior, en la educación, en todo… Y ahora con el nuevo gabinete puede estar tranquila”, asegura el politólogo Eleutheratos, remarcando que tampoco Syriza se atrevió a limitar el dominio eclesiástico.

El fervor patriótico está presente en cada palabra de Mitsotakis, sobre todo, desde que en junio del 2018 Tsipras y el primer ministro de Macedonia del Norte, Zoran Zaev, firmaran el acuerdo que puso fin a una disputa entre los dos estados durante más de 30 años por el nombre de Macedonia. A la cabeza de multitudinarias manifestaciones en Atenas y Salónica- capital de la región griega Macedonia que protagoniza el conflicto por el topónimo- Mitsotakis aseguró que, al llegar al poder, procuraría vetar el acceso de Macedonia del Norte a la Unión Europea “si los intereses nacionales [de Grecia] no se garantizan”. En la misma línea se pronunció el flamante mandatario con respecto a las tensiones con Turquía por sus recientes incursiones en las aguas territoriales de Chipre a causa de posibles yacimientos de hidrocarburos. “Bruselas deberá sancionar a Turquía por su violación de la soberanía chipriota y el pueblo griego, a su vez, tendrá que demostrar unidad nacional y determinación para hacer frente a la amenaza”, proclamó Mitsotakis en su último acto de campaña.

La derecha radical ocupa también un lugar destacado dentro del nuevo gabinete que asumió el martes 9 de julio. El jefe de Gobierno nombró como ministro de Desarrollo a Adonis Georgiadis y ministro de Agricultura a Makis Voridis, dos representantes del partido nacionalista de extrema derecha LAOS que en 2012 se quedó fuera del parlamento y luego fue parcialmente absorbido por la formación de Mitsotakis. Uno de ellos, Georgiadis, está acusado de comentarios antisemitas y propuso en 2013, como ministro de Sanidad del anterior gobierno de ND, someter obligatoriamente a la prueba del sida a prostitutas, indigentes y personas sin papeles. “La extrema derecha siempre estuvo dentro de ND. En 1977 había en Grecia un partido nostálgico de la dictadura- recuerda Dionisios Eleutheratos- que tenía un porcentaje muy parecido al de los neonazis de Aurora Dorada y después desapareció ¿por qué? Porque sus integrantes se fueron a Nueva Democracia”.

Publicado enInternacional
Delincuencia política estatal con máscara de delincuencia común

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

La muerte lenta sigue siendo el mayor incentivo de terror para someter a la población, pues cada rincón de la zona está cubierto por paramilitares que controlan las salidas y las entradas. El caso del Corregimiento de San José es preocupante pues desde allí los paramilitares controlan todas sus veredas y lo hacen en presencia de un puesto de la policía y de una base del ejército que hacen presencia permanente en el caserío, allí mismo donde los jefes paramilitares se coordinan con sus tropas y organizan festejos sin ser molestados por nadie.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

  • El mes de mayo de 2019, en la  vereda La Unión del corregimiento de San José el reconocido paramilitar alias “Ramiro” quien llegó allí haces unos meses a controlar y someter a la población civil al paramilitarismo, amenazó de muerte a su padrastro el señor Emilio el cual tuvo que desplazarse a otros lugares por seguridad. 
  • El martes 25 de junio de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz recibió información sobre la ocurrencia de un posible asesinato en el sitio conocido como Caño Seco, en límites con la vereda La Unión- Carepa. Según dichas informaciones, ninguna persona podía denunciar el hecho y mucho menos venir a informar sobre el caso a nuestra Comunidad de Paz. Ese mismo día el programa Familias en su Tierra se reunía en la vereda Mulatos-Cabecera con las juntas de acción comunal de las veredas Mulatos, Resbalosa, La Esperanza, La Hoz, entre otras, en un evento que ocultó el asesinato mencionado, del cual no se tuvo más información.  
  • El sábado 29 de junio de 2019 llegaron informaciones a nuestra Comunidad según las cuales en el caserío de San José de Apartadó el reconocido comandante paramilitar alias René, quien ha sido el encargado de controlar y someter a la población civil a sus proyectos de muerte, realizó una fiesta en la cual participaron muchos paramilitares; allí lanzó serias amenazas de muerte contra pobladores de la zona, algunos de los cuales se encontraban allí mismo. La policía y el ejército que hacen presencia permanente en ese centro urbano conocen muy bien el accionar de los paramilitares y son totalmente permisivos frente a este fenómeno, el cual sigue evidenciando  la complicidad de la fuerza pública con el paramilitarismo, innegable durante varias décadas. El mismo día 29 de junio de 2019, según algunos pobladores, los paramilitares habían planeado asesinar a una familia de la región, razón por la cual esa familia tuvo que desplazarse a otros lugares.
  • El martes  2 de julio de 2019,  en horas de la mañana, el señor Elkin Ortiz y su hijo Wilson Ortiz conocido como “Morochito” quien está integrado al paramilitarismo y quienes desde hace casi dos años viven en el centro urbano de San José, dañaron una de las plantaciones de cacao certificado y productos de  pan coger que se ha cultivado en grupos de trabajo de nuestra Comunidad de Paz en la finca la Roncona, allí cortaron y dañaron los alambrados y de esta manera lo han venido haciendo desde hace más de 6 meses. Nuestra comunidad se desplazó al lugar y tomó evidencias, las cuales el joven paramilitar Wilson Ortiz rechazó y trató de impedir. La finca la Roncona es una propiedad que nuestra Comunidad de Paz ocupa en posesión legal desde hace más de 22 años y donde tenemos nuestras plantaciones de cacao certificado y cultivos de pan coger. El 11 de septiembre del 2018 sufrimos una invasión allí en La Roncona por parte de más de 100 personas, entre las cuales se encontraban el señor Elkin Ortiz y sus hijos paramilitares; en esa ocasión dañaron muchas plantaciones de cacao y pan coger. Ahora el Señor Elkin Ortiz, quien ha buscado apropiarse de un espacio de La Roncona, supuestamente por órdenes de los antiguos dueños y además utiliza a sus hijos paramilitares para amenazar a nuestra Comunidad de Paz. Este caso lo ha puesto la Comunidad en conocimiento de la Defensoría del Pueblo desde hace 6 meses pero no se ha generado ninguna solución para que el señor Elkin Ortiz deje de perjudicar a nuestra Comunidad de Paz.
  • El sábado 6 de julio de 2019, en horas de la tarde, el paramilitar Wilson Ortiz, junto a su padre  Elkin Ortiz, interceptó en la salida de San José a Sirly Cerpa, integrante del Consejo Interno de  nuestra Comunidad y feligrés de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para enviar amenazas a nuestra Comunidad, manifestando: “no me gustó ni poquito que me tomaran fotos y videos allá abajo en La Roncona y no voy a permitir que eso vuelva a pasar porque la próxima vez voy a reventarles esas cámaras”.
  • El domingo 7 de julio de 2019, en horas de la tarde, fue asesinado por varios impactos de arma de fuego, en la vereda La Balsa, del corregimiento de San José de Apartadó, el joven YEMINSON BORJA JARAMILLO, en hechos atribuidos a los paramilitares que controlan la zona, pues la carretera que conduce del corregimiento de San José hasta el área urbana de Apartadó está totalmente controlada por paramilitares que se movilizan permanentemente en motocicletas. Las razones o justificaciones que dan para matar es que “son ladrones o marihuaneros”. La verdadera razón de estas muertes es el sometimiento forzado de la población al paramilitarismo; quien no se someta, simplemente es asesinado y así el terror les sirve de instrumento de sumisión. Ya hemos dejado muchas constancias públicas sobre el avanzado reclutamiento de jóvenes que son entrenados por paramilitares para matar; sobre el expendio de drogas; sobre los hurtos y el cobro de vacunas a los campesinos. La nula respuesta del Estado y sus instituciones las hace responsables de que los paramilitares terminen con la vida de personas inocentes, pues los verdaderos ladrones son los integrantes de toda esta estructura paramilitar que recluta y roba los sueños a nuestros jóvenes y los somete al imperio de las drogas y demás formas de degradación de la vida. Nos solidarizamos con la familia de Yeminson y pedimos a Dios que lo tenga disfrutando de la vida en plenitud.
  • El lunes 8 de julio de 2019, nuestra Comunidad partió hacia la vereda La Unión donde se realizó la conmemoración de los 19 años de la masacre de 6 líderes de nuestra Comunidad de Paz, perpetrada por paramilitares y militares el 8 de julio de 2000. Al regresar de allí en horas de la tarde, al pasar por el caserío de San José, el paramilitar Wilson Ortiz alias “Morochito” amenazó de muerte a dos miembros de nuestra Comunidad, manifestando: “Ahí vienen  esos hp para llenarles la cabeza de plomo; me los quiero encontrar solitos”. El lugar donde este paramilitar profirió estas amenazas fue desde una casa de balcón propiedad del señor Darío Tuberquia, en la entrada al casco urbano de San José. Desde hace ya más de un año reconocidos paramilitares han tenido concentraciones allí junto a esta vivienda, a plena vista de la fuerza pública –ejército y policía- quienes patrullan día y noche el minúsculo caserío y donde muchas veces han amenazado a miembros de nuestra Comunidad de Paz.

El gobierno nacional sigue negando la existencia del paramilitarismo mientras su copamiento territorial sigue avanzando intensamente en todo el país. Nadie ignora que el partido político del Presidente actual tiene vínculos históricos y estrechos con las formas más atrevidas de paramilitarismo, incluyendo las “Convivir”, de las cuales ha sido intenso defensor y usuario el ex presidente Uribe, cerebro, ídolo y guía del partido y de la política gobernante. Las formas de relación entre el Estado y el ParaEstado se han ido remodelando y hoy predomina la combinación entre el anonimato progresivo de los pistoleros y la tolerancia pasiva de las instituciones, fórmula exitosa que le permite al país posar de “democracia” ante la comunidad internacional mientras el asesinato de líderes sociales y de excombatientes desmovilizados supera los estándares mundiales de criminalidad política. El Senador Petro acaba de destapar los vínculos entre las “Águilas Negras”, calificadas por muchos años por el establecimiento como “bandas criminales”, y la inteligencia militar. Al mismo tiempo el Presidente Duque, al regular el porte de armas mediante el decreto 2362 del 24 de diciembre de 2018, volvió a legalizar el boquete que siempre ha permitido el paso de las armas oficiales a los criminales privados (art. 1, parágrafo) y al mismo tiempo volvió a canonizar el principio eje del paramilitarismo, o sea la vinculación de los civiles a la guerra, al anunciar en Tolemaida, el 6 de febrero de 2019, que ya llegaba a un millón el número de civiles preparados para asumir tareas militares. Todo esto se camufla como “política de seguridad nacional” y se implementa a través de las estrategias de “vista gorda” y de “brazos caídos” de la fuerza pública y de las demás instituciones, gracias a las cuales nuestras veredas caen todas bajo el dominio paramilitar sin que nadie pueda defender a las víctimas y ni siquiera reconocer la invasión paramilitar.

Una vez más nuestra Comunidad de Paz agradece a la multitud de personas en el país y en el mundo que se solidarizan con nuestra resistencia y que condenan con plena convicción ética y moral la criminalidad del Estado colombiano. A todas ellas nuestra sincera gratitud.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Julio 12 de 2019

Publicado enColombia