“Lo personal fue transformado, pero no lo político”

La destacada investigadora feminista Rita Segato ha propuesto una nueva mirada teórica para entender la violencia contra las mujeres desde una perspectiva multidisciplinaria que combina los estudios de género y decoloniales, así como la antropología. Gracias al Fondo Cátedras para Profesores Visitantes de Posgrado 2018, llegó a la PUCP a realizar diversas actividades.

 

¿Cuáles son los vínculos entre esta fase apocalíptica del capitalismo, que usted propone, y la violencia creciente contra las mujeres?

Este brote feminicida en nuestros países es un síntoma de la época. Por un lado, todas estas medidas que hemos conseguido que los Estados consideren para frenar el feminicidio y los crímenes de género no han sido eficaces: estas formas de violencia continúan ocurriendo, además están en aumento. Por otro lado, la concentración de la riqueza ha llegado a tal extremo que debemos empezar a hablar de un mundo de dueños y que provoca inevitablemente la falencia institucional. Hoy hay una hipertrofia de esta ‘dueñidad’, que precariza la vida de mucha gente. Y, en el caso de los hombres, vulnera lo que tienen que mostrar al mundo, específicamente a los ojos de otros hombres, como su potencia y carácter de dominio sobre los territorios que considera suyos (su casa, su mujer, su familia). La respuesta a esa vulneración es la violencia masculina. Para expresar su masculinidad, a muchos hombres hoy solo les queda la violencia y en su forma extrema.

Lo que usted dice se puede ver en Perú. En Madre de Dios, hay mucha explotación minera, sobre todo ilegal, y trata de personas.¿Por qué los lugares de explotación minera, de hidrocarburos o de grandes obras están acompañados siempre por la instalación de burdeles y trata?

La explicación del sentido común es que ahí hay muchos hombres solos, que necesitan remedios para su libido desatada. Yo no creo mucho en esto. Porque la prostitución no se puede comprender fuera del negocio de los dueños, tiene una dimensión económica. Pero no solo eso, el prostíbulo es una de las grandes escuelas, entre comillas, donde se ejerce la ‘pedagogía de la crueldad’ y donde el sujeto masculino se deshumaniza al deshumanizar a las mujeres como objetos consumibles. Hay un doble efecto. Y ese consumidor deshumanizado es la mano de obra que hoy las grandes empresas necesitan.

Usted dice que esta precarización, fruto del capitalismo, empuja a estos hombres a ser más violentos. ¿Podríamos decir que es a raíz de la colonialidad que estamos como estamos?

Mis análisis y resultados me llevan a decir que es imposible pensar en sociedades humanas sin algún nivel de asimetría patriarcal. Pero el patriarcado precolonial, o en medios comunales, es muy distinto al que hoy conocemos, moderno y poscolonial.Y como Aníbal Quijano, a quien considero mi maestro y el sociólogo más importante del mundo en el último cuarto del siglo pasado, pienso que la colonialidad establece un nuevo patrón de trabajo y de relaciones sociales, que funda nuestras ideas sobre progreso, desarrollo, modernidad, capital y subsiste hasta ahora. En esta época, se ha ido agravando y ha entrado en una de sus fases más destructivas.

Por un lado, se alcanzó el voto universal, y hoy se lucha por paridad y alternancia; por otro lado, las cifras de agresiones sexuales y feminicidios aumentan. ¿Qué piensa de estas políticas de igualdad dentro del sistema dominante?

Creo que la lucha es en todos los frentes. No es que debamos abandonar el campo estatal. Hasta ahora no hemos visto muchos frutos de esa tendencia del feminismo que pretende ocupar espacios de poder, pero no es para que desaparezca. Pensamos que entramos al Estado y lo capturamos, pero acaba capturándonos y nos masculiniza. Impone su patrón político. En los 60 y 70, dijimos que lo personal es político y transformamos completamente lo personal. Las mujeres intentamos, con mucha imaginación, transformar nuestros afectos, nuestra sexualidad, nos profesionalizamos, es decir nos transformamos a nosotras. Lo personal fue transformado, pero no lo político. Y creo que esa es la principal característica de nuestro tiempo: ahora comienza la transformación de lo político. ¿Es suficiente entrar al Estado?

Por Suny Sime
Punto.edu

 

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Con luz y sin tregua: 40 años en defensa de los Derechos Humanos

Eduardo Carreño, abogado integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) recorre. como testigo de excepción, la larga y ardua batalla por los Derechos Humanos (DH) en Colombia en la cual ha estado inmersa esta organización como actora de primer orden, a lo largo de los últimos 40 años de la historia nacional. Su memoria nos lleva de los juicios contra civiles regidos por militares, pasando por las torturas y las desapariciones como norma de Estado, con la sindicación como guerrilleros de miles de líderes sociales, a los Estatutos antiterrotirstas, y la relación de Estado y paramilitares, pasando por las masacres como método de control social y dominio territorial; un conjunto de prácticas de Estado que no pueden olvidarse, todas ellas confrontadas por los movimientos sociales y los defensores de los DH.

 

Eduardo, cuatro décadas en la lucha por los DH en un país como Colombia, donde la violencia no da tregua es todo un acontecimiento. Cómo dejar pasar esta ocasión, casi única, para que conversemos sobre las particularidades de esta disputa a lo largo de casi medio siglo de historia nacional, estableciendo los cambios vividos por tal divisa, así como la realidad de la misma en los actuales momentos.

 

Pregunta (P). Quisieramos conocer, entonces, ¿Cómo era la situación de los DH en Colombia en 1978, cuando nace el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar–?
Respuesta (R). Bueno, el tema es extenso, y corresponde primero hacer un recuento del escenario social vivido. Entonces, en aquel momento resaltaban varíos aspectos importantes de subrayar: 1) un movimiento popular que estaba en auge, con una lucha cívica reivindicativa por servicios públicos a nivel nacional. En ese tiempo aparecía como injustificable que en muchos barrios y veredas la gente careciera de servicios de alcantarillado, agua o luz. 2) El movimiento campesino también estaba movilizado reivindicando el derecho a la tierra. 3) El movimiento indígena estaba en una fase de afloramiento y exigía la recuperación de las tierras con base en el principio: la tierra es para el que la trabaja. Indígenas y campesinos lograron tierras en la Costa Caribe, en el Magdalena Medio, y en los Llanos. 4) El movimiento sindical independiente estaba en una fase de organización y movilización creciente, orientado por unos principios resumidos en lo que fue conocido como los cinco antis: antipatronal, antielectorero, antireeleccionista, anticapitalista y antiimperialista. 5) En las ciudades la gente sin casa, muchos de ellos desplazados por la violencia, plantearon también la recuperación de lotes de engorde para edificar viviendas.

 

Por otro lado, en aquel tiempo también era posible percibir un desarrollo germinal del movimiento guerrillero urbano. Sectores del Ejército Popular de Liberación (Epl), una fracción más radical de éste, el grupo Pedro León Arboleda (Pla), tomaba forma y se proyectaba en todo el país el M-19 y el Ejército de liberación nacional también accionaba en las ciudades.

 

P. Estamos hablando de finales de los años 70 del siglo XX, cuando también se llevó a cabo el famoso paro de 1977…
R. Sí, en ese contexto fue que germinó el paro cívico de septiembre de 1977. Un paro que desde la movilización ciudadana rebasó las expectativas de sus organizadores. Fue la primera vez que se logró congelar en el país, por seis meses, el valor de los artículos de primera necesidad.

 

P. ¿Cómo fue la reacción de parte del establecimiento ante todo esto?
R. Fue una reacción sin contemplaciones: expidieron el Estatuto de Seguridad, se amplió el juzgamiento de civiles por militares, fue legitimado el recorte a las garantías ciudadanas, autorizaron a la Fuerza Pública para reprimir la inconformidad social y castigar incluso el delito de opinión.

 

P. Negó el establecimiento el derecho a la libertad y otros derechos básicos.
R. Por todo el país. A lo largo y ancho de la geografia nacional se impuso la más brutal persecución a la crítica, a la protesta, a la organización social. Veníamos de un momento donde nosotros no hablábamos de DH y nuestra acción principal estaba orientada a la defensa de los presos políticos asociados al movimiento guerrillero.

 

Pero con el auge de la represión sobre el movimiento popular (se llegó a la detención masiva de dirigentes sindicales, indígenas, estudiantiles, campesinos, todos presos en brigadas militares), la detención sin justa causa –por simple sospecha, como dicen por ahí– entre uno y seis meses de cualquier ciudadano, el cercenamiento práctico de la libertad, de hecho la imposición de un ambiente de violencia sin límites por todo el país, en medio de lo cual los allanamientos y la tortura quedan institucionalizadas, y las instituciones políticas y jurídicas deformadas, hasta quebrar su propia sustancia democrática. En ese marco nuestras prioridades van cambiando, pero eso será pasado algunos años.

 

P. Se cuenta que los juicios de la época los dirigían militares.
R. Así era. En esos años tuvieron lugar los consejos verbales de guerra contra cientos de guerrilleros detenidos en las cárceles, el más notable de los cuales –por la cantidad de procesados– fue el de la cárcel La Picota, con más de 300 guerrilleros presos.


P. ¿Participó en la defensa de los enjuiciados el Cajar?
R. Sí. Allí estaban Eduardo Umaña, Luis Castro, Eduardo Salamanca, Rafael Vergara Navarro. Y también estábamos los que nos ocupábamos de los asuntos laborales y de la defensa de quienes ocupaban los lotes de engorde. Los que trabajábamos lo sindical nos tocó asumir la defensa penal militar en los consejos verbales de guerra de todos los sindicalistas detenidos como presos políticos. En esa materia nos capacitaron Eduardo Umaña Luna y Eduardo Umaña Mendoza, pues nosotros no teníamos estudios en esa materia.

 

Hay que recordar que entonces no existía una consagración expresa del Habeas Corpus, pero por sentencias de la Corte Suprema era posible acudir al mecanismo, no tanto para procurar la libertad del detenido, sino al menos para establecer el sitio donde lo tenían sometido y con ello salvaguardar su vida, evitar su tortura o desaparición. El Estatuto de Seguridad amparaba las detenciones sin límite, y sin reconocimiento de la detención y ubicación del preso.

 

En ese marco, la lucha cívica por la amnistía de miles de detenidos políticos alcanzó un triunfo cuando fue aprobada la ley 35 de 1982, que firmada por el gobierno de Belisario Betancourt abrió paso a un proceso de negociación con la insurgencia, para poner fin a la confrontación interna armada.

 

P. En ese marco de cientos y miles de dirigentes sociales detenidos, sindicados además como guerrilleros, superar tal manipulación era urgente, ¿cómo se logró tal propósito?
R. Los ochenta fueron años de una larga batalla por lograr que los civiles no fueran juzgados por militares, tanto por la ausencia de autonomía e imparcialidade de la justicia, cómo por la afectación de los principios del debido proceso. Esa victoria se alcanzará en 1987 cuando se determina legalmente que los civiles deben ser juzgados por civiles. Pero casi de inmediato expidieron el Estatuto de defensa de la justicia y el Estatuto de defensa de la democracia, mecanismos que permitieron que muchísimos jueces y funcionarios de instrucción militar pasaran al juzgamiento secreto de civiles, tal y como lo consagraban los estatutos antiterroristas.

 

P. Nos relataba un poco antes que el tema de los DH no estaba en el centro de la acción del Cajar, ¿cuándo cambia tal perspectiva?
R. Comienza a cambiar con el primer informe de Amnistía Internacional, en abril de 1980, sobre la situación de los presos políticos en Colombia; informe que estuvo precedido por la organización y realización del Primer Foro Nacional sobre DH en Colombia, realizado en 1979 y liderado por Alfredo Vázquez Carrizosa, quien estaba a la cabeza del Comité Permanente por la Defensa de los DH.

 

P. Al final de los años 80 e inicios de los 90 tenemos los procesos de negociación de la paz con las insurgencias urbanas y la expedición de la nueva Constitución, ¿cómo afecta aquello la situación de los DH?
R. Ambas realidades los afectan, pues de alguna manera la firma de los acuerdos de paz estimulan la citación a la misma Constituyente, con la cual es redactada una nueva Constitución. Y en ese proceso, gracias a la confluencia de varias organizaciones, entre ellas el Colectivo de Abogados, se logró elevar los DH a rango constitucional.

 

P. ¿Qué se reconoce como tales?
R. En lo fundamental se toma la Convención Interamericana de DH y se elevan a rango constitucional entre los artículos 11 y 93. Hay que dejar claro que estos Derechos estaban vigentes en Colombia desde los años 68 y 72, tanto para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cómo para los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. El avance consistió en un masivo conocimiento de los Derechos gracias al proceso de pedagogía constitucional que tuvo lugar en los primeros años, después de aprobada la nueva Constitución.

 

P. ¿Y todo cambia por arte de la nueva Constitución?
R. Bueno, no tanto como eso, pues los Derechos Civiles y Políticos nacieron suspendidos, porque recuerde que los Estatutos para la Defensa de la Democracia y el de la Justicia, que habían creado los jueces secretos, las pruebas secretas, los testigos secretos, habían estructurado desde 1987, en la práctica, un Tribunal de la Inquisición. Este sistema de “justicia” duró hasta 1997, cuando fue desmontado gracias al trabajo de las organizaciones de DH, entre ellas el Colectivo, que denunciaron la violación de tales derechos, del debido proceso y las garantías procesales por parte de esos Estatutos, que lo único que garantizaban era la condena.

 

Aquí es importante recordar que los decretos de la justicia secreta, que eran de Estado de Sitio, fueron prolongados gracias a la Alianza Democrática M-19, pese a que ellos mismos habían sido objeto de juzgamiento con esos marcos normativos. Es importante recordar el juzgamiento de personas como el señor Hazbum, condenadas a cuarenta o cincuenta años de cárcel con esta justicia secreta por el asesinato de Luis Carlos Galán, y después se demostró en la jurisdicción ordinaria, en primera y segunda instancia, su absoluta inocencia.

 

Sucede entonces que los jueces y los funcionarios de instrucción de la justicia secreta pasan en grueso a la nueva justicia especializada, conservando la misma lógica represiva en la investigación y juzgamiento de lo que ellos consideran “el enemigo”.

 

P. Ya estamos en los años 90, y en estos aparece un nuevo actor en el escenario nacional, el paramilitarismo, ¿qué sucede entonces en este marco de los DH?
R. Para entonces ya se había desarrollado a una nueva escala el paramilitarismo, puesto en marcha a comienzos de los años ochenta. Durante años la Fuerza Pública había entregado armas y apoyo logístico a las autodefensas en el marco de normativas que así le autorizaban. La doctrina contrainsurgente, con el componente de la guerra sucia, se concentra entonces en la lucha contra el movimiento popular organizado. Campesinos, indígenas, activistas barriales, sectores progresistas de la iglesia, y sectores políticos de oposición fueron criminalizados; el Partido Comunista y la Unión Patriótica fueron objeto de exterminio entre 1985 y 1990.

 

P. El país había conocido la tortura, la desaparición, la violación de todo tipo de derechos, pero con el paramilitarismo entra a un nuevo escenario: las masacres, ¿es así?
R. Ese es un nuevo escenario. Durante los años noventa llevan a cabo grandes masacres como método de guerra. La Rochela, Caloto, Riofrío, Urabá, la Costa Norte, los Llanos, la Red 007 de la Armada en Barranca. En 1997 un fallo de la Corte Constitucional derogó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas entregaran armas de uso privativo a los civiles, y también derogó las normas que autorizaban a las Convivir, desarrolladas en especial en Antioquia con el gobierno de Uribe. El fallo ordenó a la Defensoría del Pueblo que garantizará que las armas entregadas regresaran a la Fuerza Pública. Esto, por supuesto, no se cumplió.

 

En 1999 y en el año 2000 se expiden dos nuevos códigos: Penal y de Procedimiento Penal, en el primero se tipifica como delito el desplazamiento forzado y la desaparición forzada de personas. El Colectivo, junto con otras organizaciones de DH, había convocado en agosto de 1986 el Primer Foro Nacional por los detenidos desaparecidos en Colombia. Después, y por presión internacional, se había logrado que el Estado colombiano suscribiera el Tratado internacional contra la desaparición forzada de personas. Pero desde siempre el Cajar ha sostenido que el hecho de que no estuviese tipificada en el Código una conducta no significaba en absoluto que no pudiese ser perseguida y castigada, porque otras normas permitían hacerlo, y si no se hacía era por un problema del aparato judicial y no por un vacío normativo.

 

P. Es indudable que la confrontación político-armada ha sido determinante en los recortes jurídicos a las garantías ciudadanas y la vulneración de Derechos de la ciudadanía por parte de agentes estatales o privados que han contado con el soporte de los oficiales. La solución política del conflicto aparece entonces como una dimensión central para cesar la dinámica de vulneración sistemática de los DH.
R. Sí. Sobre este particular vale la pena recordar la forma como los diálogos de paz en el Caguán sirvieron para poner en marcha el Plan Colombia, dirigido a realizar una reingeniería de las FF.AA. y dotarlas de nuevo armamento. Esto es revelador en la medida en que muestra cómo la impunidad absoluta entregada a los asesores y militares estadounidenses significó una renuncia por parte del Estado colombiano a ejercer su soberanía. El Estado colombiano renunció, en los convenios suscritos, a investigar y sancionar a cualquier militar o asesor estadounidense, o integrante de sus familias, que cometiesen crímenes en Colombia.

 

En el año 2002 esta renuncia se hizo extensiva a la Corte Penal Internacional. No se puede denunciar a un militar o asesor estadounidense ante la CPI porque se renunció a ello. Los convenios niegan incluso el derecho de conocer los nombres de quienes vienen porque entran por Catam, ni es posible conocer qué vienen a hacer y bajo las órdenes de quien actúan.

 

P. ¿Cuál otro momento es importante tener en cuenta para este ejercicio de contraste entre finales de los años setenta y el actual momento?
R. Creo que es necesario referir lo acontecido con el proceso de Justicia y Paz. De cuarenta mil paramilitares que se desmovilizaron con ese mecanismo de justicia transicional, solamente 860 fueron incorporados y han entregado información. Y los que más la entregaron fueron los jefes paramilitares extraditados, enviados a Estados Unidos porque habían comenzado a contar lo sucedido con los apoyos que tenían en sectores empresariales, políticos y de la Fuerza Pública.

 

P. ¿Y ustedes cómo actuaron ahí?
R. En este tema cabe una autocrítica porque el mecanismo de Justicia y Paz no fue valorado en su momento por parte nuestra, y llegamos tarde al proceso. Criticabamos las penas, los mecanismos de participación, y eso era válido, pero no captamos a tiempo todo lo que pudo aportar de verdad el proceso de Justicia y Paz. No previmos los procesos judiciales que desató sobre la clase política regional vinculada al paramilitarismo. Y lo que permitió saber acerca de muchas víctimas. Entonces, sólo pudimos conocer algunas cosas puntuales.

 

P. ¿Y la negociación-desmovilización fue real o ficticia?
R. En lo fundamental ficticia. Es necesario recordar que muchas estructuras paramilitares no negociaron. Los Butragueños, los Rastrojos, los Machos, los Urabeños no negociaron. Después también se ha demostrado que muchas de las estructuras supuestamente desmovilizadas siguieron intactas. Montaron una parodia: desmontaron el 20 por ciento de su estructura y para lo restante reclutaron gente de la delincuencia común, los entrenaron durante un mes, les dieron escopetas y revólveres, y pudieron entonces cobrar un sueldo durante dos años, con las estructuras supuestamente desmovilizadas para controlar a la población. Con ese mando silencioso, pero eficaz, la gente de las regiones en las que operan estas estructuras criminales permanece en una situación muy adversa en términos de DH.

 

P. Y la negociación con la Farc, ¿qué ha significado en términos de DH?
R. Si consideramos lo aprobado en los acuerdos, podríamos afirmar que generó una gran expectativa de verdad y justicia pendientes. Si detallamos la dinámica del desarrollo de los acuerdos de paz contemplamos la existencia de un proceso de recorte, limitación y cerco de lo aprobado con relación a los derechos de las víctimas.

 

P. ¿Cómo es esto?
R. Es un tema complejo pero real: los derechos de las víctimas a saber lo que pasó; el derecho a que se aplique justicia a todos los que participaron material o intelectualmente en el ejercicio violento, pero también los que financiaron o garantizaron impunidad; el derecho a que se repare integralmente el daño causado, así como el derecho a que se garantice la no repetición de los crímenes con el desmonte de las estructuras que causaron los daños, todos ellos quedaron contemplados en lo firmado, pero hasta ahí pues al momento de la implementación aparecido una correlación de fuerza política adversa que impide el cumplimiento pleno de lo acordado.

 

P. Es una correlación en la cual el sector más reaccionario del país tiene más iniciativa social y política…
R. Y de ello da cuenta, además, por ejemplo, lo sucedido en el 2016, cuando ese sector –que es el más ligado a la criminalidad de Estado– desplegó una campaña mediática en contra de los acuerdos, ambientando el resultado adverso del plebiscito y la revisión de los mismos, lo cual es aceptado por las Farc.


P. ¿Con esa revisión, qué aspectos quedan establecidos?
R. Por ejemplo, que los Presidentes no serán investigados sino por la Comisión de Acusaciones del Congreso, esa misma que nunca ha permitido un sólo juzgamiento en toda su historia.

 

Hoy están pretendiendo que los militares sólo puedan ser juzgados por salas militares especiales, lo que significa perder incluso lo logrado en la justicia ordinaria.

 

A todo lo anterior hay que agregar la desfinanciación. El Estado colombiano no está aportando los recursos necesarios para que la JEP funcione.

 

P. Estos son traspiés, pero también hay logros…
R. Y no de consolación. El hecho de que se haya aceptado que las víctimas puedan presentar sus casos desde 1964 hasta 2016, es un logro histórico que no se había alcanzado. No hay que olvidar tampoco que la restitución de tierras ha sido precaria.

 

P. ¿En el Cajar tienen confianza con lo que pueden arrojar estos acuerdos en materia de DH?
R. No somos muy optimistas frente al reconocimiento de lo sucedido por parte de los militares, pero es posible que algunos realmente confiesen lo ocurrido durante estos años, que confiesen quiénes eran los que trazaban los planes, quiénes daban las órdenes, quiénes revisaban las actuaciones, cómo se premiaba a los ejecutores de masacres y de falsos positivos. También debería operarse la marginación del Estado de quienes participaron en los crímenes. Esto es substancial a la garantía de no repetición.

 

P. ¿El país está ante el reto de quebrar la impunidad?
R. Vea, hay que tener claro que venimos de una impunidad histórica sobre crímenes de agentes estatales que ha fluctuado entre el 98 y el 100 por ciento. Hay que saber que la historia muestra que juzgar desde cierto nivel de mando hacia arriba ha sido excepcional, sino imposible. Y hay que saber que se autorizó legalmente la destrucción de archivos oficiales del año 88 hacia atrás. Allí estaban las ordenes de batalla, los nombres de los blancos civiles del “enemigo” y de sus familias, porque la represión no sólo fue sobre los “blancos”, sino sobre sus familias.

 

Pero en la JEP aspiramos a que por lo menos los llamen a declarar. Ya hay declaraciones de militares y de paramilitares que han confesado quienes daban las órdenes. Es el caso, por ejemplo, del general Mario Montoya. Don Berna confesó que la Operación Orión la dirigieron directamente: el coronel Leonardo Gallego, el general Mario Montoya, Comandante de la Brigada y el propio confesante.

 

También el coronel Borja de Montería, que confesó que los 57 crímenes por él cometidos fueron por órdenes del general Montoya.

 

El primer decreto de recompensas que condujo a los falsos positivos lo dictó el ministro Camilo Ospina. Y el segundo decreto lo complementa Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa de Uribe Vélez. El general Montoya pedía resultados a sus comandantes en todas las brigadas: “Necesitamos litros de sangre porque la guerra se mide en litros de sangre”. ¿El hecho de que no exista la orden escrita del general Montoya para que asesinasen a Pepito Pérez en Córdoba, significa que no tuvo responsabilidad en la actuación criminal de los oficiales bajo su mando?

 

P. ¿Ante cuáles debilidades y retos de los movimientos sociales nos encontramos para que la realidad de los DH no haya cuajado como lo requiere el país todo?
R. Una de las dinámicas que más ha afectado los DH, en el caso concreto de los movimientos populares, es su propio fraccionamiento. El hecho de que existan treinta organizaciones agrarias, cinco centrales sindicales, tres organizaciones políticas, etcétera, se torna en un debilitamiento de la capacidad de la organización popular para proteger los Derechos de la gente. Los protagonismos y los privilegios de las direcciones han impedido lo indispensable: lograr la unidad en la actuación en la defensa de los Derechos fundamentales. Pero eso es algo que nosotros observamos pero que no estamos en capacidad de variar.

 

Lo que también está claro es que en la larga y ardua tarea en el escenario de la lucha en favor del respeto a los DH, gracias a la labor de un amplio tejido de organizaciones de Derechos y a la actuación de la Comisión Interamericana y de la Corte Intermaericana de DH, ha sido posible obtener sanción para el Estado, teniendo este que reconocer la responsabilidad en la actuación criminal de sus agentes, y ha tenido que reparar a las víctimas. Pero esto no ha significado un cambio en la política real de DH, salvo en declaraciones.

 

Los considerandos de los acuerdos en DH, y lo plasmado en la sentencia de la Corte Constitucional que avala los acuerdos, no son una realidad aún. Seguimos en las declaraciones. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. El Cajar persiste en esa tarea. Y lo hace en el marco de sus limitados recursos. Su método de trabajo asambleario, que privilegia la deliberación cuidadosa, afecta la capacidad de actuar con la celeridad que a veces se desearía para responder a las necesidades de las víctimas. Pero ese método también ha permitido una actuación más reflexiva indispensable en escenarios tan complejos. El equipo que actualmente integra al Colectivo es altamente calificado tanto por sus estudios, cómo por el acumulado de experiencias.

 

Tener en trámite 400 o 500 casos no significa mayor cosa, porque eso no representa ni siquiera el 0.1 por ciento de la criminalidad atribuible a agentes estatales. En Colombia hay diez millones de víctimas en acción social. Creo que el Cajar, como muchas otras organizaciones que favorecen a los sectores populares, debería existir en todos los departamentos. Pero eso es un ideal.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

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Con luz y sin tregua: 40 años en defensa de los Derechos Humanos

Eduardo Carreño, abogado integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) recorre. como testigo de excepción, la larga y ardua batalla por los Derechos Humanos (DH) en Colombia en la cual ha estado inmersa esta organización como actora de primer orden, a lo largo de los últimos 40 años de la historia nacional. Su memoria nos lleva de los juicios contra civiles regidos por militares, pasando por las torturas y las desapariciones como norma de Estado, con la sindicación como guerrilleros de miles de líderes sociales, a los Estatutos antiterrotirstas, y la relación de Estado y paramilitares, pasando por las masacres como método de control social y dominio territorial; un conjunto de prácticas de Estado que no pueden olvidarse, todas ellas confrontadas por los movimientos sociales y los defensores de los DH.

 

Eduardo, cuatro décadas en la lucha por los DH en un país como Colombia, donde la violencia no da tregua es todo un acontecimiento. Cómo dejar pasar esta ocasión, casi única, para que conversemos sobre las particularidades de esta disputa a lo largo de casi medio siglo de historia nacional, estableciendo los cambios vividos por tal divisa, así como la realidad de la misma en los actuales momentos.

 

Pregunta (P). Quisieramos conocer, entonces, ¿Cómo era la situación de los DH en Colombia en 1978, cuando nace el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar–?
Respuesta (R). Bueno, el tema es extenso, y corresponde primero hacer un recuento del escenario social vivido. Entonces, en aquel momento resaltaban varíos aspectos importantes de subrayar: 1) un movimiento popular que estaba en auge, con una lucha cívica reivindicativa por servicios públicos a nivel nacional. En ese tiempo aparecía como injustificable que en muchos barrios y veredas la gente careciera de servicios de alcantarillado, agua o luz. 2) El movimiento campesino también estaba movilizado reivindicando el derecho a la tierra. 3) El movimiento indígena estaba en una fase de afloramiento y exigía la recuperación de las tierras con base en el principio: la tierra es para el que la trabaja. Indígenas y campesinos lograron tierras en la Costa Caribe, en el Magdalena Medio, y en los Llanos. 4) El movimiento sindical independiente estaba en una fase de organización y movilización creciente, orientado por unos principios resumidos en lo que fue conocido como los cinco antis: antipatronal, antielectorero, antireeleccionista, anticapitalista y antiimperialista. 5) En las ciudades la gente sin casa, muchos de ellos desplazados por la violencia, plantearon también la recuperación de lotes de engorde para edificar viviendas.

 

Por otro lado, en aquel tiempo también era posible percibir un desarrollo germinal del movimiento guerrillero urbano. Sectores del Ejército Popular de Liberación (Epl), una fracción más radical de éste, el grupo Pedro León Arboleda (Pla), tomaba forma y se proyectaba en todo el país el M-19 y el Ejército de liberación nacional también accionaba en las ciudades.

 

P. Estamos hablando de finales de los años 70 del siglo XX, cuando también se llevó a cabo el famoso paro de 1977…
R. Sí, en ese contexto fue que germinó el paro cívico de septiembre de 1977. Un paro que desde la movilización ciudadana rebasó las expectativas de sus organizadores. Fue la primera vez que se logró congelar en el país, por seis meses, el valor de los artículos de primera necesidad.

 

P. ¿Cómo fue la reacción de parte del establecimiento ante todo esto?
R. Fue una reacción sin contemplaciones: expidieron el Estatuto de Seguridad, se amplió el juzgamiento de civiles por militares, fue legitimado el recorte a las garantías ciudadanas, autorizaron a la Fuerza Pública para reprimir la inconformidad social y castigar incluso el delito de opinión.

 

P. Negó el establecimiento el derecho a la libertad y otros derechos básicos.
R. Por todo el país. A lo largo y ancho de la geografia nacional se impuso la más brutal persecución a la crítica, a la protesta, a la organización social. Veníamos de un momento donde nosotros no hablábamos de DH y nuestra acción principal estaba orientada a la defensa de los presos políticos asociados al movimiento guerrillero.

 

Pero con el auge de la represión sobre el movimiento popular (se llegó a la detención masiva de dirigentes sindicales, indígenas, estudiantiles, campesinos, todos presos en brigadas militares), la detención sin justa causa –por simple sospecha, como dicen por ahí– entre uno y seis meses de cualquier ciudadano, el cercenamiento práctico de la libertad, de hecho la imposición de un ambiente de violencia sin límites por todo el país, en medio de lo cual los allanamientos y la tortura quedan institucionalizadas, y las instituciones políticas y jurídicas deformadas, hasta quebrar su propia sustancia democrática. En ese marco nuestras prioridades van cambiando, pero eso será pasado algunos años.

 

P. Se cuenta que los juicios de la época los dirigían militares.
R. Así era. En esos años tuvieron lugar los consejos verbales de guerra contra cientos de guerrilleros detenidos en las cárceles, el más notable de los cuales –por la cantidad de procesados– fue el de la cárcel La Picota, con más de 300 guerrilleros presos.


P. ¿Participó en la defensa de los enjuiciados el Cajar?
R. Sí. Allí estaban Eduardo Umaña, Luis Castro, Eduardo Salamanca, Rafael Vergara Navarro. Y también estábamos los que nos ocupábamos de los asuntos laborales y de la defensa de quienes ocupaban los lotes de engorde. Los que trabajábamos lo sindical nos tocó asumir la defensa penal militar en los consejos verbales de guerra de todos los sindicalistas detenidos como presos políticos. En esa materia nos capacitaron Eduardo Umaña Luna y Eduardo Umaña Mendoza, pues nosotros no teníamos estudios en esa materia.

 

Hay que recordar que entonces no existía una consagración expresa del Habeas Corpus, pero por sentencias de la Corte Suprema era posible acudir al mecanismo, no tanto para procurar la libertad del detenido, sino al menos para establecer el sitio donde lo tenían sometido y con ello salvaguardar su vida, evitar su tortura o desaparición. El Estatuto de Seguridad amparaba las detenciones sin límite, y sin reconocimiento de la detención y ubicación del preso.

 

En ese marco, la lucha cívica por la amnistía de miles de detenidos políticos alcanzó un triunfo cuando fue aprobada la ley 35 de 1982, que firmada por el gobierno de Belisario Betancourt abrió paso a un proceso de negociación con la insurgencia, para poner fin a la confrontación interna armada.

 

P. En ese marco de cientos y miles de dirigentes sociales detenidos, sindicados además como guerrilleros, superar tal manipulación era urgente, ¿cómo se logró tal propósito?
R. Los ochenta fueron años de una larga batalla por lograr que los civiles no fueran juzgados por militares, tanto por la ausencia de autonomía e imparcialidade de la justicia, cómo por la afectación de los principios del debido proceso. Esa victoria se alcanzará en 1987 cuando se determina legalmente que los civiles deben ser juzgados por civiles. Pero casi de inmediato expidieron el Estatuto de defensa de la justicia y el Estatuto de defensa de la democracia, mecanismos que permitieron que muchísimos jueces y funcionarios de instrucción militar pasaran al juzgamiento secreto de civiles, tal y como lo consagraban los estatutos antiterroristas.

 

P. Nos relataba un poco antes que el tema de los DH no estaba en el centro de la acción del Cajar, ¿cuándo cambia tal perspectiva?
R. Comienza a cambiar con el primer informe de Amnistía Internacional, en abril de 1980, sobre la situación de los presos políticos en Colombia; informe que estuvo precedido por la organización y realización del Primer Foro Nacional sobre DH en Colombia, realizado en 1979 y liderado por Alfredo Vázquez Carrizosa, quien estaba a la cabeza del Comité Permanente por la Defensa de los DH.

 

P. Al final de los años 80 e inicios de los 90 tenemos los procesos de negociación de la paz con las insurgencias urbanas y la expedición de la nueva Constitución, ¿cómo afecta aquello la situación de los DH?
R. Ambas realidades los afectan, pues de alguna manera la firma de los acuerdos de paz estimulan la citación a la misma Constituyente, con la cual es redactada una nueva Constitución. Y en ese proceso, gracias a la confluencia de varias organizaciones, entre ellas el Colectivo de Abogados, se logró elevar los DH a rango constitucional.

 

P. ¿Qué se reconoce como tales?
R. En lo fundamental se toma la Convención Interamericana de DH y se elevan a rango constitucional entre los artículos 11 y 93. Hay que dejar claro que estos Derechos estaban vigentes en Colombia desde los años 68 y 72, tanto para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cómo para los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. El avance consistió en un masivo conocimiento de los Derechos gracias al proceso de pedagogía constitucional que tuvo lugar en los primeros años, después de aprobada la nueva Constitución.

 

P. ¿Y todo cambia por arte de la nueva Constitución?
R. Bueno, no tanto como eso, pues los Derechos Civiles y Políticos nacieron suspendidos, porque recuerde que los Estatutos para la Defensa de la Democracia y el de la Justicia, que habían creado los jueces secretos, las pruebas secretas, los testigos secretos, habían estructurado desde 1987, en la práctica, un Tribunal de la Inquisición. Este sistema de “justicia” duró hasta 1997, cuando fue desmontado gracias al trabajo de las organizaciones de DH, entre ellas el Colectivo, que denunciaron la violación de tales derechos, del debido proceso y las garantías procesales por parte de esos Estatutos, que lo único que garantizaban era la condena.

 

Aquí es importante recordar que los decretos de la justicia secreta, que eran de Estado de Sitio, fueron prolongados gracias a la Alianza Democrática M-19, pese a que ellos mismos habían sido objeto de juzgamiento con esos marcos normativos. Es importante recordar el juzgamiento de personas como el señor Hazbum, condenadas a cuarenta o cincuenta años de cárcel con esta justicia secreta por el asesinato de Luis Carlos Galán, y después se demostró en la jurisdicción ordinaria, en primera y segunda instancia, su absoluta inocencia.

 

Sucede entonces que los jueces y los funcionarios de instrucción de la justicia secreta pasan en grueso a la nueva justicia especializada, conservando la misma lógica represiva en la investigación y juzgamiento de lo que ellos consideran “el enemigo”.

 

P. Ya estamos en los años 90, y en estos aparece un nuevo actor en el escenario nacional, el paramilitarismo, ¿qué sucede entonces en este marco de los DH?
R. Para entonces ya se había desarrollado a una nueva escala el paramilitarismo, puesto en marcha a comienzos de los años ochenta. Durante años la Fuerza Pública había entregado armas y apoyo logístico a las autodefensas en el marco de normativas que así le autorizaban. La doctrina contrainsurgente, con el componente de la guerra sucia, se concentra entonces en la lucha contra el movimiento popular organizado. Campesinos, indígenas, activistas barriales, sectores progresistas de la iglesia, y sectores políticos de oposición fueron criminalizados; el Partido Comunista y la Unión Patriótica fueron objeto de exterminio entre 1985 y 1990.

 

P. El país había conocido la tortura, la desaparición, la violación de todo tipo de derechos, pero con el paramilitarismo entra a un nuevo escenario: las masacres, ¿es así?
R. Ese es un nuevo escenario. Durante los años noventa llevan a cabo grandes masacres como método de guerra. La Rochela, Caloto, Riofrío, Urabá, la Costa Norte, los Llanos, la Red 007 de la Armada en Barranca. En 1997 un fallo de la Corte Constitucional derogó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas entregaran armas de uso privativo a los civiles, y también derogó las normas que autorizaban a las Convivir, desarrolladas en especial en Antioquia con el gobierno de Uribe. El fallo ordenó a la Defensoría del Pueblo que garantizará que las armas entregadas regresaran a la Fuerza Pública. Esto, por supuesto, no se cumplió.

 

En 1999 y en el año 2000 se expiden dos nuevos códigos: Penal y de Procedimiento Penal, en el primero se tipifica como delito el desplazamiento forzado y la desaparición forzada de personas. El Colectivo, junto con otras organizaciones de DH, había convocado en agosto de 1986 el Primer Foro Nacional por los detenidos desaparecidos en Colombia. Después, y por presión internacional, se había logrado que el Estado colombiano suscribiera el Tratado internacional contra la desaparición forzada de personas. Pero desde siempre el Cajar ha sostenido que el hecho de que no estuviese tipificada en el Código una conducta no significaba en absoluto que no pudiese ser perseguida y castigada, porque otras normas permitían hacerlo, y si no se hacía era por un problema del aparato judicial y no por un vacío normativo.

 

P. Es indudable que la confrontación político-armada ha sido determinante en los recortes jurídicos a las garantías ciudadanas y la vulneración de Derechos de la ciudadanía por parte de agentes estatales o privados que han contado con el soporte de los oficiales. La solución política del conflicto aparece entonces como una dimensión central para cesar la dinámica de vulneración sistemática de los DH.
R. Sí. Sobre este particular vale la pena recordar la forma como los diálogos de paz en el Caguán sirvieron para poner en marcha el Plan Colombia, dirigido a realizar una reingeniería de las FF.AA. y dotarlas de nuevo armamento. Esto es revelador en la medida en que muestra cómo la impunidad absoluta entregada a los asesores y militares estadounidenses significó una renuncia por parte del Estado colombiano a ejercer su soberanía. El Estado colombiano renunció, en los convenios suscritos, a investigar y sancionar a cualquier militar o asesor estadounidense, o integrante de sus familias, que cometiesen crímenes en Colombia.

 

En el año 2002 esta renuncia se hizo extensiva a la Corte Penal Internacional. No se puede denunciar a un militar o asesor estadounidense ante la CPI porque se renunció a ello. Los convenios niegan incluso el derecho de conocer los nombres de quienes vienen porque entran por Catam, ni es posible conocer qué vienen a hacer y bajo las órdenes de quien actúan.

 

P. ¿Cuál otro momento es importante tener en cuenta para este ejercicio de contraste entre finales de los años setenta y el actual momento?
R. Creo que es necesario referir lo acontecido con el proceso de Justicia y Paz. De cuarenta mil paramilitares que se desmovilizaron con ese mecanismo de justicia transicional, solamente 860 fueron incorporados y han entregado información. Y los que más la entregaron fueron los jefes paramilitares extraditados, enviados a Estados Unidos porque habían comenzado a contar lo sucedido con los apoyos que tenían en sectores empresariales, políticos y de la Fuerza Pública.

 

P. ¿Y ustedes cómo actuaron ahí?
R. En este tema cabe una autocrítica porque el mecanismo de Justicia y Paz no fue valorado en su momento por parte nuestra, y llegamos tarde al proceso. Criticabamos las penas, los mecanismos de participación, y eso era válido, pero no captamos a tiempo todo lo que pudo aportar de verdad el proceso de Justicia y Paz. No previmos los procesos judiciales que desató sobre la clase política regional vinculada al paramilitarismo. Y lo que permitió saber acerca de muchas víctimas. Entonces, sólo pudimos conocer algunas cosas puntuales.

 

P. ¿Y la negociación-desmovilización fue real o ficticia?
R. En lo fundamental ficticia. Es necesario recordar que muchas estructuras paramilitares no negociaron. Los Butragueños, los Rastrojos, los Machos, los Urabeños no negociaron. Después también se ha demostrado que muchas de las estructuras supuestamente desmovilizadas siguieron intactas. Montaron una parodia: desmontaron el 20 por ciento de su estructura y para lo restante reclutaron gente de la delincuencia común, los entrenaron durante un mes, les dieron escopetas y revólveres, y pudieron entonces cobrar un sueldo durante dos años, con las estructuras supuestamente desmovilizadas para controlar a la población. Con ese mando silencioso, pero eficaz, la gente de las regiones en las que operan estas estructuras criminales permanece en una situación muy adversa en términos de DH.

 

P. Y la negociación con la Farc, ¿qué ha significado en términos de DH?
R. Si consideramos lo aprobado en los acuerdos, podríamos afirmar que generó una gran expectativa de verdad y justicia pendientes. Si detallamos la dinámica del desarrollo de los acuerdos de paz contemplamos la existencia de un proceso de recorte, limitación y cerco de lo aprobado con relación a los derechos de las víctimas.

 

P. ¿Cómo es esto?
R. Es un tema complejo pero real: los derechos de las víctimas a saber lo que pasó; el derecho a que se aplique justicia a todos los que participaron material o intelectualmente en el ejercicio violento, pero también los que financiaron o garantizaron impunidad; el derecho a que se repare integralmente el daño causado, así como el derecho a que se garantice la no repetición de los crímenes con el desmonte de las estructuras que causaron los daños, todos ellos quedaron contemplados en lo firmado, pero hasta ahí pues al momento de la implementación aparecido una correlación de fuerza política adversa que impide el cumplimiento pleno de lo acordado.

 

P. Es una correlación en la cual el sector más reaccionario del país tiene más iniciativa social y política…
R. Y de ello da cuenta, además, por ejemplo, lo sucedido en el 2016, cuando ese sector –que es el más ligado a la criminalidad de Estado– desplegó una campaña mediática en contra de los acuerdos, ambientando el resultado adverso del plebiscito y la revisión de los mismos, lo cual es aceptado por las Farc.


P. ¿Con esa revisión, qué aspectos quedan establecidos?
R. Por ejemplo, que los Presidentes no serán investigados sino por la Comisión de Acusaciones del Congreso, esa misma que nunca ha permitido un sólo juzgamiento en toda su historia.

 

Hoy están pretendiendo que los militares sólo puedan ser juzgados por salas militares especiales, lo que significa perder incluso lo logrado en la justicia ordinaria.

 

A todo lo anterior hay que agregar la desfinanciación. El Estado colombiano no está aportando los recursos necesarios para que la JEP funcione.

 

P. Estos son traspiés, pero también hay logros…
R. Y no de consolación. El hecho de que se haya aceptado que las víctimas puedan presentar sus casos desde 1964 hasta 2016, es un logro histórico que no se había alcanzado. No hay que olvidar tampoco que la restitución de tierras ha sido precaria.

 

P. ¿En el Cajar tienen confianza con lo que pueden arrojar estos acuerdos en materia de DH?
R. No somos muy optimistas frente al reconocimiento de lo sucedido por parte de los militares, pero es posible que algunos realmente confiesen lo ocurrido durante estos años, que confiesen quiénes eran los que trazaban los planes, quiénes daban las órdenes, quiénes revisaban las actuaciones, cómo se premiaba a los ejecutores de masacres y de falsos positivos. También debería operarse la marginación del Estado de quienes participaron en los crímenes. Esto es substancial a la garantía de no repetición.

 

P. ¿El país está ante el reto de quebrar la impunidad?
R. Vea, hay que tener claro que venimos de una impunidad histórica sobre crímenes de agentes estatales que ha fluctuado entre el 98 y el 100 por ciento. Hay que saber que la historia muestra que juzgar desde cierto nivel de mando hacia arriba ha sido excepcional, sino imposible. Y hay que saber que se autorizó legalmente la destrucción de archivos oficiales del año 88 hacia atrás. Allí estaban las ordenes de batalla, los nombres de los blancos civiles del “enemigo” y de sus familias, porque la represión no sólo fue sobre los “blancos”, sino sobre sus familias.

 

Pero en la JEP aspiramos a que por lo menos los llamen a declarar. Ya hay declaraciones de militares y de paramilitares que han confesado quienes daban las órdenes. Es el caso, por ejemplo, del general Mario Montoya. Don Berna confesó que la Operación Orión la dirigieron directamente: el coronel Leonardo Gallego, el general Mario Montoya, Comandante de la Brigada y el propio confesante.

 

También el coronel Borja de Montería, que confesó que los 57 crímenes por él cometidos fueron por órdenes del general Montoya.

 

El primer decreto de recompensas que condujo a los falsos positivos lo dictó el ministro Camilo Ospina. Y el segundo decreto lo complementa Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa de Uribe Vélez. El general Montoya pedía resultados a sus comandantes en todas las brigadas: “Necesitamos litros de sangre porque la guerra se mide en litros de sangre”. ¿El hecho de que no exista la orden escrita del general Montoya para que asesinasen a Pepito Pérez en Córdoba, significa que no tuvo responsabilidad en la actuación criminal de los oficiales bajo su mando?

 

P. ¿Ante cuáles debilidades y retos de los movimientos sociales nos encontramos para que la realidad de los DH no haya cuajado como lo requiere el país todo?
R. Una de las dinámicas que más ha afectado los DH, en el caso concreto de los movimientos populares, es su propio fraccionamiento. El hecho de que existan treinta organizaciones agrarias, cinco centrales sindicales, tres organizaciones políticas, etcétera, se torna en un debilitamiento de la capacidad de la organización popular para proteger los Derechos de la gente. Los protagonismos y los privilegios de las direcciones han impedido lo indispensable: lograr la unidad en la actuación en la defensa de los Derechos fundamentales. Pero eso es algo que nosotros observamos pero que no estamos en capacidad de variar.

 

Lo que también está claro es que en la larga y ardua tarea en el escenario de la lucha en favor del respeto a los DH, gracias a la labor de un amplio tejido de organizaciones de Derechos y a la actuación de la Comisión Interamericana y de la Corte Intermaericana de DH, ha sido posible obtener sanción para el Estado, teniendo este que reconocer la responsabilidad en la actuación criminal de sus agentes, y ha tenido que reparar a las víctimas. Pero esto no ha significado un cambio en la política real de DH, salvo en declaraciones.

 

Los considerandos de los acuerdos en DH, y lo plasmado en la sentencia de la Corte Constitucional que avala los acuerdos, no son una realidad aún. Seguimos en las declaraciones. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. El Cajar persiste en esa tarea. Y lo hace en el marco de sus limitados recursos. Su método de trabajo asambleario, que privilegia la deliberación cuidadosa, afecta la capacidad de actuar con la celeridad que a veces se desearía para responder a las necesidades de las víctimas. Pero ese método también ha permitido una actuación más reflexiva indispensable en escenarios tan complejos. El equipo que actualmente integra al Colectivo es altamente calificado tanto por sus estudios, cómo por el acumulado de experiencias.

 

Tener en trámite 400 o 500 casos no significa mayor cosa, porque eso no representa ni siquiera el 0.1 por ciento de la criminalidad atribuible a agentes estatales. En Colombia hay diez millones de víctimas en acción social. Creo que el Cajar, como muchas otras organizaciones que favorecen a los sectores populares, debería existir en todos los departamentos. Pero eso es un ideal.

Publicado enEdición Nº251
“La clase media es el pueblo del Estado, el problema es que eso anula la política”

La configuración de los Estados como centros de concentración de poder entró en crisis en el último tercio del siglo XX. Muy avanzado el siglo XXI, el ensayista Emmanuel Rodríguez aborda el problema del Estado y la imposibilidad de una revolución con las mimbres de las experiencias históricas.

Vivimos en sociedades de clases. En los polos que se construyen sobre esa división se construye la “política de clase”. La “política de clase” es una política “de parte” (no aspira a serlo de un “todo”) y como tal no busca, es más, rechaza, la ficción unitaria y la reconciliación en los términos que plantean los Estados. Esa política de parte ha sido confundida con “el proceso de creación histórica” que llamamos revoluciones y es necesario revisar críticamente esa confusión para plantear el futuro inmediato de la política de clase.


Con esas cuatro ideas como punto de salida y de llegada, el historiador y sociólogo Emmanuel Rodríguez (Madrid, 1974) ha escrito La política contra el Estado. Sobre la política de parte(Traficantes de Sueños, 2018). Un ensayo que no pretende esquivar ninguna polémica pero que se presenta “por fuera” del debate coyuntural de la política realmente existente. Como Rodríguez comenta en la entrevista, La política contra el Estado puede ser un mapa para navegar el tiempo histórico en el que estamos inmersos.


¿Está en crisis la idea de los Estados tal y como los conocemos?


Para ser precisos no es una crisis de los Estados como institución, es una crisis de lo que identificamos como Estado históricamente, desde su conformación a partir del Estado moderno —tomando como posible inicio la Paz de Westfalia de mediados del siglo XVII— pero sobre todo de lo que entendemos como un Estado que es soberano, con lo que eso implica. Un Estado que tiene la capacidad de regular aquellas que son tres características fundamentales, que son el territorio, la población y la seguridad.


Eso, que son las atribuciones del Estado soberano, no está garantizado a día de hoy. No lo está desde hace bastante tiempo. El largo siglo XX es un continuo desengaño con lo que eran las atribuciones del Estado soberano.


Si consideramos el periodo de entreguerras, y lo que en cierta medida es una guerra civil global en términos de lucha de clases —con distintas matizaciones—, nos encontramos que el enfrentamiento en términos de dictaduras que son soberanas, no simplemente comisariales, como por ejemplo las que resultan de la revolución rusa o el fascismo y el nazismo, giran y se organizan en torno a esta idea del Estado soberano.
Desde los años 70 vemos que eso es cada vez menos operativo, y el Estado se convierte en una pieza que articula el proceso de desregulación financiera y lo que llamamos la globalización. Es decir, que se convierte en un gestor social y económico de una cadena de producción cada vez más globalizada y fragmentada. Por otra parte, también es un regulador, en este caso bastante subordinado, del capital financiero.


Esas son las funciones del Estado: conserva, por supuesto, la función prioritaria de regulador social sobre determinado territorio, pero cada vez es menos eficaz en ese terreno. Sencillamente, a día de hoy se ve cada vez más incapacitado para manejar las palancas que históricamente tuvo a la hora de organizar en términos intervencionistas un mercado propio. Incapacitado también en la función que tenía para desarrollar programas de desarrollo industrial y organizar el mercado de trabajo nacional.

¿Esa crisis es coyuntural o permanente?


Yo diría que es irreversible. No tiene solución. El Estado queda como un garante de cierto orden social, un regulador económico subordinado a fuerzas que se le escapan y progresivamente —en la medida en que es menos eficiente como gestor social del ciclo de acumulación, que se produce a escala global— nos encontramos con que queda relegado a atribuciones cada vez más represivas. Esa es la trampa que tienen las políticas que han abogado por el soberanismo, el hecho de que la única capacidad soberana, en términos clásicos, que le va a quedar, es aquella que se articula sobre la población en términos represivos.

¿Cómo funciona la UE en este contexto de crisis de los estados? ¿como un súper Estado o como otra cosa? ¿Estamos ante una futura sustitución de los Estados por esta estructura?


Más que vaya a venir a sustituirlos, hay que anotar que el Estado ha sido una pieza que ha funcionado y operado a favor del proceso de globalización. Esta no se entiende sin la colaboración de todos los Estados. Estos han permitido una regulación que precisamente destruía los viejos mecanismos de regulación, de control de capitales, de la organización de los mercados internos. Se han destruido ciertas dinámicas proteccionistas y los Estados han operado como mecanismos de liberación de flujos. No de todos, obviamente el del trabajo no.


Lo que nos encontramos en este momento es que hay distintos niveles que operan de forma bastante caótica, como ha investigado gente como Saskia Sassen, Bob Jessop, etc. Atribuciones que antes estarían en manos del Estado, como por ejemplo, la regulación del ciclo de acumulación, ya no dependen de ellos. En cierta medida, porque eso se produce a escala global y por medios financieros.


Es lo que ha hecho la UE, por ejemplo, a la hora de santificar y proteger políticamente sus propios mecanismos de funcionamiento; las famosas tres condiciones de Maastrich: el control de la deuda pública, el control del gasto público y el control de la inflación. Básicamente, las tres garantías para el funcionamiento del ciclo de extracción financiera.


A la vez, te encuentras con que hay una delegación de funciones por parte del Estado sobre las regiones y sobre las ciudades. En el sentido de que estas se vuelven piezas que compiten en esa cadena de producción global y no se pueden escapar de esa competición. De este modo, hay ciudades-empresa, ciudades cuasi-Estado como Londres y la City, que tienen a veces más poder que su propio Estado a la hora de imponer condiciones.

¿Cómo se explicita esa crisis de los Estados en España?


España, y creo que esta es una cuestión específica de aquí, ha sido durante el siglo XIX y buena parte del XX una potencia decadente, a diferencia de otros países con pasado imperial, como Francia, Inglaterra, y en menor medida Italia y Alemania (las potencias perdedores de la II Guerra Mundial y, en el caso alemán, también de la primera). El pasado glorioso de España se pierde definitivamente a principios del XIX y ya no se incorpora como una potencia imperialista nada más que como una de segundo o de tercer orden durante los repartos de África.


Siempre ha habido un complejo de inferioridad respecto a Europa y eso la sitúa histórica y culturalmente en una posición distinta respecto a las dinámicas continentales. Ha tenido también un retraso en términos de crecimiento económico —que el franquismo acentúa— y todo el proceso de incorporación a “Europa” se toma como la incorporación a la modernidad. El ingreso en la Comunidad Económica Europea, como pasa en buena medida en los países del Este con la UE, implica esa incorporación a la modernidad capitalista asociada a determinados valores y a determinada mecánica de intervención del Estado, que es lo que llamamos Estado del bienestar.


Esa crisis de los Estados, por estos motivos, no se vive con la agudeza de otros lugares porque no ha sido un Estado o un país que tenga una posición central. Sin embargo, sí se ve materialmente en cuestiones determinantes: España se ha incorporado a todo ese proceso con funciones muy específicas. La globalización no supone nuestra incorporación como un Estado de producción industrial y de tecnologías medias y avanzadas (salvo en segmentos muy determinados). Lo que va a producirse, en cambio, en esa dinámica de globalización financiera, es una nueva centralidad de las dinámicas territoriales que David Harvey llama el circuito secundario de acumulación. Eso hace que su posición competitiva esté ligada a las burbujas inmobiliarias.


¿Qué determina esto? Una posición frágil en los ciclos bajistas, sobre todo cuando son a nivel global, porque en cierta medida su posición, aunque es muy exitosa en esta globalización financiera —exitosa en términos relativos—, conlleva que a partir de 2007-2008 la crisis adquiera aquí perfiles mucho más agudos que en otros lugares.

¿En qué afecta esto a esas tres condiciones de territorio, población y seguridad?

En que el Estado no es capaz de regular la crisis social, o no tiene las competencias. Estas son, durante la crisis, derivadas a la Unión Europea. Por otra parte, el Estado no tiene capacidad de regular las luchas intestinas de las élites competitivas que se producen a nivel territorial. La crisis de la clase política la conduce a una situación agónica. Creo que eso es lo que expresa también Catalunya.

¿Cómo se refleja esa crisis en la clase media, que precisamente es el vector al que todos los partidos se apuntan por ser la plasmación de ese estado centralizador y aplanador de las diferencias entre clases?


Lo que se pretende en el libro es responder a eso mismo. Los Estados liberales no consiguen unificar completamente a sus sociedades. Es un conflicto que se plantea en términos de Guerra Civil después de la Revolución francesa y durante la propia constitución de los Estados liberales. Un conflicto en un primer momento con los viejos poderes —las aristocracias terratenientes, las lógicas del antiguo régimen— y, posteriormente, en la dinámica progresiva de industrialización, con la creación de una nueva plebe, con el movimiento obrero. Esa nueva plebe no está integrada en el “pueblo”, no está integrada en la nación.
Esa “otra” nación se corresponde básicamente con el propio movimiento obrero. Y va a adquirir expresiones muy radicalizadas, sobre todo en el siglo XIX, y posteriormente en la crisis de los años 10, 20 y 30 del siglo XX. Es a esa otra nación a lo que los marxismos y el anarquismo tratan de dar una articulación. Este pueblo se construye, en determinadas ocasiones, con una posición de completa unilateralidad, es decir, se decanta como política de parte y autodeterminación social independiente al propio Estado.


La autodeterminación obrera va a ser el gran problema del Estado liberal, del Estado como lo conocemos: ¿Cómo integrar eso? ¿Cómo se hace? El artilugio, que no se puede esbozar en tres palabras, básicamente pasa por un proceso de reformas sociales e integración política de ese cuerpo social. Pero también se adoptan salidas de corte autoritario: el Fascismo es un intento de convertir el Estado básicamente en el gran mecanismo de unificación, en el cual el pueblo carece de divisiones, y aquella parte heterogénea del pueblo va a ser incluso suprimida, se le va a declarar enemigo interno.


El mecanismo político después de la II Guerra Mundial consiste en una vuelta a una democracia liberal pero con Estados fuertemente intervencionistas, que tienen herencias fascistas y conserva tintes corporativos. Pero, por otra parte, hay toda una labor de ingeniería social destinada a convertir a esa clase que se había secesionado —el movimiento obrero— en algo distinto, que es eso que llamamos clases medias. Esta denominación es un constructo cultural pero tiene una base material articulada por el propio Estado a través de mecanismos de redistribución y a través de una integración en términos capitalistas en el consumo. Mediante el consumo, el salario se integra en el ciclo de acumulación de forma positiva, que es lo que llamamos fordismo.


Por medio de ese mecanismo, la clase media se va a convertir en el pueblo que el Estado, por lo menos el Estado occidental, es capaz de unificar. Y donde no sea capaz, el Estado tendrá límites evidentes. No conseguirá nunca superar una especie de estado de guerra civil permanente, que es lo que pasa en América Latina y en cierta medida en algunos países asiáticos.


El gran triunfo del Estado moderno es la capacidad de haber construido su propio pueblo. No es el resultado simplemente de operaciones de mercado, no es simplemente que se produzca la incorporación social al consumo, hay toda una tecnología, de tipo estatal, que también genera mecanismos de integración; a través de la educación, a través de los servicios públicos. Ese es el gran resultado: la clase media es el pueblo del Estado. El problema, y la paradoja del asunto, es que eso también anula la política. Detiene el motor dinámico de lo que es la política moderna. En la medida en que el Estado va progresivamente “engordando” y consumiendo los mecanismos de integración social, el Estado destruye o convierte la política en un mero espectáculo cada vez más impotente.

 

¿Desde dónde articular esa posibilidad comunitaria popular que se opondría o caminaría aparte del Estado? ¿Cómo hacerlo a partir de ahora?


Creo que hay reflexiones interesantes en América Latina. Hay un intento de repetir la hipótesis fundamental de lo que ha sido la izquierda occidental, con una variante latinoamericana, que es la de apoyar este propio proceso de integración social a través de mecanismos estatales. En el caso de América Latina eso implicaba construir Estados propiamente dichos, Estados con capacidad fiscal, con capacidad redistributiva, presentes en la vida social y capaces de organizarla en el sentido de incluir, sino a la totalidad de la población, sí a una parte significativa.


Hay toda una reflexión sobre lo que es la izquierda latinoamericana, sobre cómo se construye. Y hay una decepción de buena parte de los sujetos que han operado. En el caso de Bolivia es muy claro. El propio Proceso Constituyente ya empieza a manifestar insuficiencias manifiestas en el reconocimiento de comunidades, pues tienes sociedades indígenas y comunitarias que viven prácticamente al margen del Estado.


En la medida en que la Constitución no reconoce buena parte de esas demandas —que se basan en la no integración en el Estado sino que piden jurisdicción propia, capacidad de autogobierno territorial— y tras la estabilización de los gobiernos progresistas —cuando se ven dinámicas de corrupción, de autoritarismo, inercias del Estado muy fuertes— se plantea la necesidad de reconfigurar cómo se piensa políticamente el proyecto estratégico de la izquierda.


Surgen entonces toda una serie de definiciones, de posibilidades. Una de ellas es esta de los horizontes comunitarios populares, que lanza Raquel Gutiérrez y Huascar Salazar en Bolivia. Lo que plantean básicamente es que el horizonte político está ligado a la construcción de dinámicas de autodeterminación que son dinámicas de parte, que no son integrables en estos procesos de captura estatal. Consiste en fomentar iniciativas de carácter cooperativo, con capacidad de autosustentar la vida. Se plantea una comunidad de lucha, que se construye en el conflicto, que es protagonista y sujeto directo de la acción y dibuja esos horizontes como las posibilidades de la política hoy.


Traducido en términos más propios, se trataría de la construcción de contrapoderes. Contrapoder es algo que no simplemente se opone al Estado, sino que es la constitución de un poder propio. Cada vez más vivimos en un régimen que puede reconocerse en la metáfora de la poliarquía —en la condición de que la política está organizada a partir de instancias que tienen soberanías limitadas y superpuestas, y por tanto no son soberanías en estricto sentido—. La cuestión es cómo construyes poderes propios, que tengan la capacidad de intervenir y organizar la vida, y de sostener comunidades que tienen la capacidad de fundarse a sí mismas y mantener una posición propia. Esa es la clave. En sociedades tan estatalizadas como la nuestra eso es difícil de imaginar, porque apenas queda la memoria, los restos y embriones de cosas parecidas. Memorias como la del sindicalismo revolucionario, la del sindicalismo que no estaba integrado en el Estado.

Denuncias también una incomparecencia de los partidos en ese conflicto, en esa tensión contra el Estado o en el funcionamiento al margen del Estado.


El partido es una máquina que está organizada siempre para la conquista del Estado. Históricamente, se puede pensar que esas máquinas partidarias tenían capacidad de organizar un Estado distinto, de reformarlo radicalmente. Ese era el proyecto, por ejemplo, de los partidos comunistas; lo era también de los partidos fascistas; en términos reformistas, lo era de los partidos socialdemócratas.


Tomando la imagen de Gramsci, cada partido es la prefiguración de una forma de Estado. A medida que transcurre el siglo XX, y —sobre todo en los países occidentales— la sociedad se homogeneiza, los partidos acaban configurados como prolongaciones de la Administración. Es lo que ha señalado muchas veces Nicos Poulantzas. En el sentido de que los partidos modernos dependen de las subvenciones y de las prebendas que concede el Estado. Se forman como los únicos canales de representación y básicamente viven solamente a partir de los presupuestos públicos. Es muy difícil que tengan autonomía.


Eso los hace completamente distintos a la dinámica de los años 20 o 30. Los partidos, incluso de ultraderecha, se forman como organizaciones funcionales a la propia operativa del Estado, aunque promuevan determinadas transformaciones del Estado. Pero la virulencia que conocimos, la capacidad de refundar el orden político creo que ahora mismo está fuera de la posibilidad de ese tipo de articulaciones. Otra cosa es que el partido sea una mera función de un movimiento de masas, eso es lo que originalmente era el fascismo y también los partidos obreros. A día de hoy realmente los partidos concentran la capacidad, las funciones decisivas, y es muy complicado que ese tipo de políticas produzca transformaciones, ya venga desde ámbitos emancipatorios como desde ámbitos si quieres de ultraderecha o conservadores.

¿Desde qué lugares plantear la transformación en un momento en el que multinacionales de la información como Google adquieren más poder que los viejos Estados?


Creo que, por un lado, lo que necesitamos son mapas. Son guías, en el sentido más figurado del término. Diagnósticos. Una topografía de cuál es el mundo en el que vivimos, y ese mundo, como señalas, no es un mundo hecho exclusivamente de Estados. Muchas veces no son éstas las instancias decisivas y no parece que lo vayan a seguir siendo, lo cual no quiere decir que desaparezcan y que no tengan poder.
Luego están los instrumentos, las herramientas, las armas que tú utilizas en esa travesía. Y eso creo que pasa por una reinterpretación de tres instituciones que fueron clásicas de esa “política de parte” en el siglo XIX y la primera mitad del XX: el Sindicato, la Cooperativa y el Ateneo. En los últimos 30 o 40 años los movimientos sociales han sido un permanente intento de reinvención de esas instituciones.


Cooperativa entendida como organización de redes económicas, de carácter autogestionado —y utilizaría esa denominación antes que economía social y solidaria—. No hablo del tercer sector o de la economía que ocupa los nichos que el Estado de bienestar va dejando sino de producción y consumo, socialmente significativo y necesario. Se puede considerar que esto ha llegado a resultados modestos pero, donde el tejido social es más fuerte, existen ese tipo de redes económicas.


Por otra parte, el Sindicato —todas las organizaciones de defensa de derechos—, que a menudo son reclamativas del propio Estado pero que a la vez generan comunidad y son capaces de gestionar una parte de la vida. Ahí se encuadra el sindicalismo social: relativo al movimiento de vivienda, a la cuestión de los derechos de salud, todas las organizaciones de precarios, etc. Son movimientos que tienen ciertas semejanzas con el viejo sindicalismo.


La tercera es el Ateneo, que es el espacio donde uno produce una instancia cultural propia, cultural en el sentido más denso de la palabra. Una forma de vida, al fin y al cabo. Esos son los centros sociales, en parte, y otro tipo infinito de organizaciones o de especializaciones de este tipo de dinámicas: desde los huertos urbanos, en el sentido más naif, hasta espacios productivos como las librerías.


Esto es completamente insuficiente, pero es la materia viva sobre la que se puede generar espacios comunitarios que luego operen como contrapoderes propiamente dichos.


Sin eso, lo que hay es una política que es siempre delegativa respecto a la política profesional, al partido, al Estado. Y es una política que cada día es más impotente. También es un terreno en el que tú juegas siempre en campo enemigo, en el sentido de que el Estado va a quedar más reducido a actuaciones de corte represivo. Eso no quiere decir que en el Estado no se pueda intervenir a determinados niveles, pero eso ya es otra cuestión.


En la introducción hablas de una especie de revolución permanente, que pierde de forma definitiva el componente de momento fundacional en el que se basó la idea de la conquista del poder, un mito que sigue vigente.


El mito de la revolución opera sobre lo que sería en términos latos una fundación absoluta. Una fundación social, pero sobre todo estatal. Una nueva forma de Estado que articula, a partir del triunfo del sujeto “clase victoriosa” —podía ser la clase obrera, el movimiento obrero— un Estado nuevo que es el Estado socialista. Aunque en las visiones más audaces y más interesantes era un Estado condenado a la extinción, un Estado puramente transicional, luego este se acababa fundado sobre lo que son los principios del Estado soberano.


La idea de revolución está sometida, y creo que eso es algo que observamos todos. No puedes concebir que en un mundo tan complejo se vaya a producir un proceso de fundación absoluta. Lo que hay son crisis y esas crisis se resuelven de una manera o de otra. Como mito, que está siempre fundando en la ordenación absoluta de un nuevo Estado, creo que lo tenemos, no solamente que desechar, porque en la práctica está desechado, si no que pensar y criticar a partir de lo que ha sido la experiencia histórica del mismo.


La cuestión no está tanto en que seamos capaces de fundar la sociedad como un todo a través del Estado, como en que seamos capaces de construir poderes propios, contrapoderes, a partir de las comunidades que ya existen, que son vivas, que tienen que proliferar y crecer. Eso es lo que estaría en el centro de la política de parte. Es una política de fundación de ciudades —en el sentido figurado y metafórico de la palabra, nuevas polis— y no tanto de fundación de un orden social absoluto que está al margen de las posibilidades históricas y de lo que a día de hoy es posible.


PABLO ELORDUY
@PELORDUY

PUBLICADO
2018-10-21 05:53:00

Publicado enPolítica
Domingo, 21 Octubre 2018 07:36

¿Derechos humanos, alguien?

¿Derechos humanos, alguien?

Es en extremo difícil hallar un país o alguna otra estructura política que no haya violado derechos humanos de algún modo.

Algunas veces, la violación implica asesinar a un disidente.

Algunas veces la acción es menos severa, sin embargo tiene un efecto muy negativo sobre la vida y las actividades de la víctima de la violación.

Con raras excepciones, la estructura política acusada de violar los derechos humanos niega haberlo hecho.

La evidencia dura de una violación es difícil de obtener y circular. La entidad acusada de violar derechos humanos tiende, en la mayoría de los casos, a ignorar protestas, y como tal mantiene intacta la supuesta violación.

Algunas instancias actuales sometidas a discusión pública son: Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, Nicaragua, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Holanda, Suecia, Latvia, Polonia, Hungría, la República Checa, Turquía, Arabia Saudita, Israel, Palestina, Egipto, Sudán, Sudán del Sur, Kenya, Sudáfrica, Yemen, Irak, Irán, Pakistán, India, Myanmar, Indonesia, Australia, China, Corea del Sur, Corea del Norte y Japón.

Cualquier país en esta lista tiene algunos defensores que se escandalizan por la acusación mientras otras personas lo ponen hasta arriba de su lista acusatoria.

Esta ya muy enorme lista no incluye a entidades dentro de los llamados Estados soberanos. Enlistarlas habría alargado la lista tremendamente.

¿Qué podemos concluir de esta totalmente poco clara discusión acerca de los derechos humanos? Concluyo que no podemos utilizar la categoría de derechos humanos en sí misma. Puede ser útil tal vez si la situamos en un contexto complejo de la situación en una entidad política dada, pero ciertamente no puede sostenerse en sí misma.

Mi segunda conclusión es que, hasta ahora, la categoría ha permitido lograr muy poco. A como la usa la mayoría de los activistas, se ha alejado del análisis del sistema capitalista y por tanto de la lucha central de nuestros tiempos.

Traducción: Ramón Vera-Herrer

 

Publicado enSociedad
Domingo, 21 Octubre 2018 07:20

Temer prepara la mano dura de Bolsonaro

Temer prepara la mano dura de Bolsonaro

Por decreto, fundó una “fuerza de tareas de inteligencia” que reúne a todas las policías, a las tres fuerzas armadas y a los agentes civiles. Un mandato convenientemente difuso.

 En el ocaso de un gobierno que desde hace mucho parece moribundo e inerte, Michel Temer, el más impopular presidente de la historia de los períodos democráticos brasileño, avanzó y mucho en la apertura de espacios de poder para las fuerzas armadas, ampliando el camino para un cada vez menos tenue vuelco hacia los cuarteles. El lunes 15, en medio al torbellino provocado por la disputa electoral, Temer bajó un decreto que poco o casi nada llamó la atención en un primer momento. El objetivo es la creación de una “fuerza de tareas de inteligencia” contra las organizaciones criminales.

El problema, dicen analistas, es que ya está sentada por ley la competencia de la Policía Federal para tratar de crímenes, valga la redundancia, federales, como el narcotráfico o el lavado de dinero. Otro punto que llamó la atención es que, en términos de jerarquía, la “fuerza de tareas” obedece en primer lugar al “gabinete de seguridad nacional” de la presidencia, institución abolida en los gobiernos del PT y que Temer trajo de vuelta. Y el otro punto que creó alarma en las organizaciones sociales se refiere a la vaguedad del tema: “organizaciones que atenten contra el Estado o sus instituciones”. Desde luego tanto el lavado de dinero como el narcotráfico atentan contra las instituciones y el Estado. Pero ¿qué más? ¿Sindicatos que llaman a la huelga general? ¿El Movimiento de los Sin Tierra que ocupa áreas ilegales o improductivas?


Muchos analistas señalan una especie de preparación de terreno para que el ultraderechista Jair Bolsonaro y su grupo de generales retirados, caso efectivamente lleguen al poder, puedan desatar una ola de control y represión contra lo que consideran una extemporánea “amenaza comunista”.


Desde que llegó al sillón presidencial gracias a un golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, no son pocos los pasos de Temer en dirección a abrir espacio a militares en la estructura del gobierno. Por primera vez desde su creación, todavía bajo la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, el ministerio de Defensa fue entregado a un general. La intervención militar en el estado de Rio de Janeiro, decretada el pasado febrero, fue otro paso: bajo el mando de un general quedó toda la estructura policial, desde la investigativa hasta la ostensiva, pasando por el sistema carcelario. Por si fuera poco, Temer también bajó un decreto determinando que cualquier caso de violencia cometido por un militar que participe de la intervención en Río será juzgado por la justicia militar, y no la civil, como determinaba la legislación anterior.

También llamó la atención que el nuevo presidente del Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, un magistrado que no logró ser aprobado en un concurso público para ser juez de primera instancia pero llegó a la corte máxima, haya convocado para ser una especie de súper-asesor a un general retirado, muy cercano a Bolsonaro. Para inquietar aún más al campo progresista brasileño, el nuevo decreto creó concretamente un núcleo duro de inteligencia, reuniendo el todopoderoso Gabinete de Seguridad Nacional y la Agencia Brasileña de Inteligencia, y también los servicios de la Marina, Fuerza Aérea y Ejército, además del sector de control de actividades financieras del ministerio de la Hacienda, la Receta Federal, y todas las policías, inclusive la responsable por carreteras.


Resumiendo: caso realmente llegue a la presidencia de la República, Bolsonaro contará con instrumentos ilimitados y en manos de generales en actividad para controlar la vida de cada brasileño, teniendo como blanco primordial asegurar que no ocurran atentados “contra el Estado y las instituciones”. Le tocará al núcleo duro del eventual gobierno de ultraderecha decidir qué atenta o no.

Publicado enInternacional
Impunidad, corrupción, objeción de conciencia, ruptura y constancias históricas

Ante las últimas agresiones del Estado contra nuestra Comunidad de Paz, consideramos importante reafirmar realidades y principios que fundamentan nuestras búsquedas de justicia y dignidad.


Los sectores conscientes del país y de la comunidad internacional conocen las formas de genocidio a que hemos sido sometidos desde que nos atrevimos a decirle NO la guerra y a la violencia. Los esfuerzos de muchos años para intentar que lo que en Colombia se llama “justicia” actuara eficazmente, fueron siempre frustrados. Centenares de denunciantes y declarantes de nuestra Comunidad eran inmediatamente amenazados, no pocos asesinados y otros obligados a desplazarse o estigmatizados o judicializados mediante horribles montajes. Todo nos fue mostrando que el victimario salía siempre triunfante, protegido por una impunidad a toda prueba que contaba con el aporte activo o pasivo de las diversas instituciones del Estado y que la víctima entraba forzosamente a un camino de re-victimizaciones sin fin. Esa experiencia de muchos años nos llevó a la Objeción de Conciencia y a la ruptura con ese tipo de “justicia” que de justicia nada tenía. Ante semejante desprotección y conscientes de que el silencio y la resignación equivalían a nuestra destrucción total, acudimos al sistema de las constancias históricas y públicas, como un clamor a las franjas verdaderamente humanas del país y del mundo, para que con su solidaridad y su protesta protegieran nuestra vida y dignidad, ya que el Estado no la protegía sino que buscaba a toda costa destruirla.


Si en esas constancias públicas aparece de manera casi permanente un victimario de varias cabezas, es porque así lo hemos conocido, experimentado y sufrido en carne propia, en vivo y en directo. Los varios millares de crímenes de lesa humanidad de los que hemos sido víctimas y que hemos relacionado ante tribunales internacionales, han sido perpetrados por la alianza entre fuerza pública y paramilitares, una alianza que cubre al menos las dos décadas de nuestra existencia comunitaria y no ha habido poder humano que obligue a ese victimario de varias cabezas a dejar de violar nuestros derechos. El paramilitarismo, como su mismo nombre lo indica, es una entidad incrustada de una u otra manera en las prácticas militares y policiales, y si bien en el pasado y hasta hace muy poco se caracterizaba más por políticas activas de conjunción, en el último período ha dado primacía al apoyo pasivo y omisivo, no menos grave que el activo, y quizás más grave al darle más campo de acción a la franja ilegal que se sitúa fuera de todo control, de toda legalidad y de toda ética.


Hubo fiscales, vice-fiscales, directores de fiscalías y fiscales delegados quienes recibieron centenares de denuncias de crímenes horrendos bien documentadas y las engavetaron inmediatamente sin darles ningún trámite. Uno de ellos, el Sr. Luis González, aún hoy ocupa un alto puesto en la Fiscalía General de la Nación. Hubo procuradores, como el reelegido fraudulentamente, Ordóñez Valderrama, quien jamás quiso darle trámite a denuncias de nuestra Comunidad, alegando que no tenían los mínimos elementos de circunstancias de tiempo, modo y lugar, a pesar de que siempre aportábamos nombres, fechas, horas, y sitios precisos de los crímenes. Ha sido de plena evidencia que el Estado protege con la omisión de todas sus instituciones la impunidad de ese victimario de varias cabezas incrustado en su propia institucionalidad.


Cuando tuvimos acceso a los expedientes concretos, descubrimos que los que se llamaban “agentes judiciales” desconocían numerosos principios de la Constitución y principios rectores del procedimiento judicial, como los principios de legalidad, de imparcialidad, de igualdad ante la ley, de separación de poderes, de independencia, de habeas data, de debido proceso, de consistencia probatoria etc. Todo esto, plenamente documentado y con los nombres de numerosos funcionarios corruptos, se lo presentamos a todas las altas Cortes del Estado el 19 de enero de 2009 en una amplio derecho de petición, para que se hiciera una depuración y corrección a fondo, pero no fuimos escuchados y creemos que en los magistrados predominó el miedo a represalias de quienes detentan los poderes de facto.


En toda esta búsqueda hemos sido presionados para que volvamos a llevar los casos al aparato judicial o disciplinario del Estado, presentando denuncias, rindiendo declaraciones y aportando pruebas. Sin embargo, fuera de la experiencia de dos décadas que nos siembra profunda desconfianza porque no vemos sensibilidad alguna en los funcionarios frente a los crímenes que nos destruyen ni voluntad alguna de hacer justicia, hemos comprobado además que la “justicia” vigente se apoya exclusivamente en testimonios y que el testimonio ha llegado a ser, en lugar de prueba judicial, una mercancía. Es manipulado, comprado o vendido con gran facilidad.


¿Cómo podemos probar que los paramilitares trabajan unidos con los militares? En nuestra terrible realidad, todas las semanas y por todas las veredas, los paramilitares nos están repitiendo que todo lo tienen arreglado y coordinado con el ejército para destruirnos y muchos soldados están afirmando al mismo tiempo por las veredas que ellos tienen orden de no perseguir a los paramilitares porque son sus amigos y colaboradores. Pero si esto lo declaramos en una fiscalía o en un juzgado, sabemos de sobra que, en lugar de servir para frenar la persecución va a servir para todo lo contrario: para que estigmaticen y amenacen al denunciante o declarante. Le van a exigir que “compruebe” lo que está diciendo; que muestre un video o una grabación o dé el nombre concreto y el código militar del soldado que lo dijo y presente a muchos testigos de que lo dijo, todo lo cual, en nuestras circunstancias, es imposible. Los militares ocultan sus códigos y nombres y decomisan enfurecidos las cámaras o celulares que pretenden registrar sus delitos. Entonces lo que ocurre es que el fiscal archiva el caso inmediatamente por “ausencia de pruebas” y el declarante queda en la “lista negra” de amenazados. Y a pesar de todo ello, la Comunidad amontona semana tras semana multitud de amenazas “que no se pueden probar”; multitud de agresiones y atropellos “que no se pueden probar”. Nunca autoridad alguna accede a verificar las denuncias “in situ” y con técnicas que no prevengan a los victimarios. En el mejor de los casos le piden al mismo ejército que haga un operativo en la zona de la denuncia, pero lo hace con todas las precauciones para que ya los victimarios se hayan ido o escondido, sin tener en cuenta que pedirle a la institución victimaria que investigue el crimen es algo no sólo inútil sino algo anti-jurídico y anti-ético. Lo máximo que se hace es un show mediático, como los que se han hecho en los últimos meses en Rodoxalí y en la Cristalina, donde los victimarios van en helicópteros con autoridades civiles y periodistas para entrevistar a campesinos cooptados o amedrentados de antemano que declaren ante las pantallas que las denuncias son falsas.


Nuestra Comunidad se ha visto ante el dilema de dejarse aplastar por la inviabilidad de la “justicia” institucional o apoyarse en el valor tradicional de transparencia de la palabra campesina y buscar articularla con la transparencia de aquellos que nos conocen directa o indirectamente a través de nuestros sufrimientos y nuestros sueños y se solidarizan con nosotros en el clamor ético por una justicia elemental. De allí que hayamos recurrido a la CONSTANCIA HISTÓRICA ANTE EL PAÍS Y EL MUNDO, haciendo caso omiso de una “justicia” que se nos ha revelado inaccesible y corrupta en 22 años de búsqueda.


La constancia histórica se funda en el derecho primario y democrático a la comunicación; está refrendada por las declaraciones universales y regionales de los derechos humanos; reforzada por documentos de las Naciones Unidas, como la Resolución de la Asamblea General del 8 de marzo de 1999 (A/RES/53/144), y representa el clamor más elemental de las víctimas al país y al mundo para no dejarse destruir, frente a acciones sistemáticas que se han prolongado durante 22 años y que son violatorias de todos los tratados internacionales de derechos humanos y de la más elemental dignidad humana.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Octubre 14 de 2018

 

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Comunidad de Paza de San José de Apratadó. Ensañamiento hasta el fondo de lo absurdo

8 de cotubre de 2018

Publicado enColombia
Miércoles, 10 Octubre 2018 05:55

Doce años prendidos a la vida

Doce años prendidos a la vida

Prohibida la boca, hablaban por los dedos. Hablaban el lenguaje verdadero, que es el que nace de la necesidad de decir.

Eduardo Galeano

 

La historia que cuenta La noche de doce años es la historia de lo absoluto de la potencia humana: la capacidad sin límite del hombre para hacer daño, pero sobre todo, para sobrevivir y alzarse sobre ese daño. Es lo que pasó con Pepe Mujica, Mauricio Rosencof, Eleuterio Fernández Huidobro y otros seis líderes tupamaros, entre 1973 y 1985. Doce años —se dice tan fácil— en los que fueron tomados como rehenes por la dictadura uruguaya, y así sometidos a condiciones aún más extremas que el resto de los presos políticos. Pasaron años enteros sin ver el sol, sin pronunciar palabra y casi sin escucharla, ya que los soldados que estaban a cargo de su “cuidado” tenían prohibido hablarles. Encapuchados y esposados en prisiones de dimensiones mínimas, húmedas tumbas en las que faltaba el aire al punto de afectar la irrigación sanguínea. Sin comida y sin agua. Visitados por ratas a las que decidían no comer porque prevalecía la necesidad de algún contacto con lo vivo. Constantemente castigados física y psicológicamente, trasladados para que perdiesen la noción de tiempo y espacio. Como no habían podido matarlos, buscaban volverlos locos, y así se los dijeron. Y para eso los fueron despojando de toda dignidad: cagar y mear tranquilos, por ejemplo. “Nos hicieron cagar once años esposados y encapuchados”, cae en la cuenta Rosencof en Memorias del calabozo.


Que es el libro en el que se basa la brillante, conmovedora, reveladora película de Alvaro Brechner. Un texto que puede recibir los mismos adjetivos, y que lleva más de treinta años desde su primera edición. El libro fue escrito por Rosencof y Fernández Huidobro como un largo diálogo que puede leerse con tonada uruguaya, un relato en primera persona del horror no exento de luminosos momentos de humor y de celebración. Capaz de transmitir el grado de complicidad, conocimiento e intimidad al que llegaron estos tres rehenes, sin poder dirigirse la palabra entre sí durante años. Comunicándose a través de los muros a golpes de nudillos, con un código que inventaron y perfeccionaron. Imponiéndose una meta y una batalla cotidiana: Resistir. Sobrevivir.


El libro fue pensado explícitamente con el fin de dejar testimonio de ese horror, y de ese sobrevivir. Es la historia de ellos tres y no de los otros seis —con los que se reencontrarán en el penal al final de la peregrinación, y que también lograrán sobrevivir, a excepción de Nepo, Adolfo Wasem, que muere ya en ese último año de presidio, después de haber pasado por lo peor— porque, como dicen los autores, es única e intransferible: cada quien vivió su propia historia, física y mental. Mujica no forma parte de la larga charla de Memorias del calabozo, pero leyó las pruebas e hizo comentarios, explican sus compañeros en el libro, “porque está muy ocupado con su tarea política”. Vaya. Después de vivir todo esto, estos tres hombres hicieron el Frente Amplio. Uno llegó a ser presidente de su país, el otro fue senador y ministro de Defensa, el tercero director de Cultura de la ciudad capital. Eso sí que es una película.


Pero no es allí donde se enfoca La noche de doce años. El film se mete –y mete al espectador–en ese viaje que está al borde de la condición humana, pero que es al mismo tiempo lo más intrínseco y profundo de ella. Pone en acto esa potencia absoluta y creadora que Cornelius Castoriadis postula como “imaginación radical”: el ser humano puede todo lo que quiere. Y lo quiere todo. Estos hombres quisieron lo imposible. Quisieron vivir. Para poder hacerlo, necesitaron inventarse la certeza, la firme convicción, de que tal utopía era posible. Y hurgar en la asombrosa materia de la que finalmente estamos hechos, como lo descubren algunos que viven situaciones límite como estos tupamaros, como revela la película y también el libro.


“Estábamos prendidos a la vida como la hiedra al muro. Prendidos de tal manera que disfrutábamos los menores indicios de una naturaleza que nos estaba vedada. El pelechaje de una arañita, la impresión fugaz de una abeja en el calabozo, el voceo lejano de un niño, eran grandes acontecimientos del día, que disfrutábamos con intensidad”, analiza Rosencof mientras charla con su amigo. Y así prendidos a la vida, los rehenes libran sus batallas: La obsesión por orinar y defecar “con autonomía táctica” los lleva a pelear a brazo partido por hacerse de “la lata”. O por defender ingeniosamente la pelela de plástico rosa que le trajo su madre en una visita, en el caso de Mujica. “Nos sacaban una vez por día al excusado. A veces, ninguna. Pero hay que reconocer que hubo días en que nos sacaron dos veces”, observa sin perder el humor Fernández Huidobro. “Era un acontecimiento. El día que nos sacaban de mañana y después de noche, uno volvía con la sensación de que había cambiado la situación política”, completa Rosencof.


Seguir este diálogo después de ver la película –todavía inmersa allí, en esa claustrofobia, ese naufragio mental sin embargo lúcido que traspasa la pantalla– ofrece una doble revelación. No se preocupe el lector, no voy a espoilear, solo cuento que hay momentos muy graciosos en la película, sobre todo los dedicados a mostrar cuán brutos eran los milicos (uruguayos). Una piensa que se trata de licencias humorístico poéticas, porque no, no puede haber pasado eso de ese modo. Pero sí. En el libro está contado tal cual, también con mucho humor (y tonada uruguaya). “Para los que vengan, lavemos los platos”, canta increíblemente Celia Pérez Cruz, en una de las escenas finales. Después de todo lo vivido, les avisan que los van a soltar cuando Fernández Huidobro está lavando los platos, ya en la “tranquilidad” del presidio. Pero él sigue fregando con esmero. ¿Y para qué los lava?, le pregunta el guardia. “Para los que vengan”, contesta él. “Yo saldría rajando”, corona el carcelero. Así pasó. Y está la pelela rosa (“la escupidera”, dicen ellos) en la que el Pepe logra sembrar y hacer florecer caléndulas, y con la que sale abrazado, por toda pertenencia en el mundo, el día final de su liberación. Y así pasó. Porque el ser humano puede todo lo que quiere. Y lo quiere todo.

Publicado enCultura
Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Ensañamiento hasta el fondo de lo absurdo

Un juez de Apartadó le informó en estos días a nuestra Comunidad de Paz, que la Brigada XVII del ejército puso una Acción de Tutela contra nosotros, alegando que nuestras constancias lesionan su honra y buen nombre. El Juez, en lugar de ponerse en el lugar de las víctimas de los crímenes militares, prefirió jugar el juego que los armados le propusieron: hacer de cuenta que las víctimas son las escopetas y no las palomas. Y actuó en consecuencia, aceptando la tutela. ¿En qué país vivimos, Dios nuestro?


Puesto que se nos pide introducirnos en un proceso judicial, una vez más invocamos nuestra Objeción de Conciencia, apoyados en el Artículo 18 de la Constitución Nacional.


Durante los primeros 8 años de nuestro proceso creímos en las instituciones; acudimos a ellas intensamente; urgimos la apertura de investigaciones a montones frente a los centenares de crímenes que nos dejaban deshechos; rendimos declaraciones en fiscalías y juzgados por cantidades; acudimos a tribunales internacionales; inundamos de derechos de petición los despachos presidenciales clamando con urgencia medidas de protección. Nunca fuimos escuchados. Perdimos tres centenares de compañeros y compañeras abatidos por las muertes más crueles e ignominiosas y precisamente por meternos tan de lleno en la exigencia de justicia, conocimos a fondo la podredumbre que había en esas instituciones. Tuvimos en las manos las fotocopias de muchos procesos y comprobamos en directo los montajes que se urdían en la Brigada XVII, usurpando el poder judicial, inventándose falsas acusaciones a fuerza de torturas, chantajes y sobornos, todo tejido en purulentas redes de corrupción entre militares, policías, fiscales, jueces, procuradores, defensores, magistrados y detectives, lo cual nos produjo náuseas morales y la decisión irrevocable de no volver a colaborar con esa podredumbre que se hace llamar “justicia”. Lo que nos quedó totalmente claro era que nuestras conciencias no nos permitían seguir relacionándonos con esa perversidad. Por eso hicimos LA RUPTURA.


También recogimos procedimientos depravados y nombres de funcionarios envilecidos por la corrupción y, en un gigantesco derecho de petición, el 19 de enero de 2009 le presentamos todo eso a todas las altas Cortes del Estado para que declararan un “estado de cosas inconstitucional en Urabá”, pero desgraciadamente los magistrados de las altas Cortes se echaron para atrás, frente a una tarea que seguramente les habría acarreado multitud de venganzas y quizás atentados y muertes.


El Estado lo ha intentado todo para destruirnos: desde nuestro nacimiento como Comunidad de Paz, el 23 de marzo de 1997, lo primero que intentó fue eliminarnos físicamente. Asesinó a centenares de compañeros y compañeras; para ello echó mano de los “falsos positivos” con derroche de sevicia, y los militares que los ejecutaron no han sido tocados por la “justicia”. No les tembló la mano para descuartizar niños y mujeres. Planearon las masacres más horrendas y las camuflaron con informes, órdenes de operaciones y mapas adulterados, como los mismos oficiales lo confesaron bajo el peso de sus remordimientos. Violaron mujeres. Profanaron y ocultaron cadáveres. Aún nos deben a muchos desaparecidos –crímenes que no prescriben- y ojalá la JEP los obligue a devolver siquiera sus restos. Todo esto lo hicieron en una alianza a la luz del día con los paramilitares, cuyos lazos con ellos son de muy larga data. Recordamos haberlos visto muchas veces cocinando juntos el almuerzo y ellos mismos son los que hoy nos repiten, todas las semanas, en las veredas donde tratan de humillarnos, que todo está coordinado con sus “primos”: los militares.


Como no nos pudieron matar a todos porque varios gobiernos y comunidades internacionales se les pusieron de frente y los censuraron moral y políticamente, entonces buscaron degradarnos. Se aliaron con medios perversos de comunicación para que nos publicitaran a todos los vientos como aliados y colaboradores de la guerrilla. Con ese falso título, que contradecía en su núcleo lo que buscamos al alejarnos de toda colaboración con la guerra, encarcelaron a multitud de campesinos inocentes, llevándolos primero a la Brigada para confeccionar el montaje, el cual era aceptado de antemano por los corruptos fiscales y jueces. A otros con el mismo montaje los mataron en falsos combates y vistieron sus cadáveres con uniformes camuflados. Todos esos expedientes están por reabrir para sacar a la luz su podredumbre. La Corte Constitucional en un momento nos dio la razón y aceptó que se formara una Comisión de Evaluación de la Justicia (Auto 164 de 2012) pero los mismos delegados de otras instituciones participantes se encargaron de boicotear su desarrollo. Hay allí una tareahistórica ineludible y un deber sagrado para con la humanidad y para con la dignidad de las víctimas.


No les bastó eliminar a una parte importante de nuestra Comunidad. Como siempre han querido destruirnos radicalmente, se propusieron durante varios años matarnos por hambre. En los retenes nos robaban toda la comida que traíamos y a algunos los mataron en la misma carretera al quitarles sus mercaditos. Mataron a 4 conductores para aterrorizar a los demás conductores y lograr que nadie subiera alimentos. Luego mataron a los tenderos del caserío y a los tenderos de la carretera. Les quemaron los cultivos a las viudas y recorrieron fincas destruyendo cultivos y robando mercados y animales. Sin embargo, tampoco pudieron exterminarnos por hambre.


En un posterior esfuerzo, la Brigada ha tratado de cooptar a las organizaciones campesinas y meterles en su cabeza la idea de que nuestra Comunidad es enemiga del progreso y del desarrollo, por el hecho de no estar de acuerdo en que las carreteras las construyan los paramilitares y que todo el territorio se ponga al servicio de la minería y de la ganadería, empresas que acaban con la cultura campesina y arruinan el medio ambiente. Nos han estigmatizado y ahora impulsan el robo de nuestros predios donde hemos organizado nuestra subsistencia y la de la generación que se levanta. Ya no saben de qué nuevas estrategias echar mano para destruirnos.


Ahora buscan aliarse con el poder judicial para empujarlo a decisiones absurdas y perversas. Lograron que el 30 de diciembre pasado un juez dejara en libertad a quienes iban a asesinar a varios de nosotros, y si no lo hicieron, fue porque varios de nuestra Comunidad se lanzaron a tiempo a inmovilizarlos y desarmarlos. El juez juzgó que ese tipo de retención era ilegal y violatoria de sus derechos. Lo único que cabe pensar es que el juez les reconocía un extraño “derecho a matar” y a la Comunidad le exigía un extraño “deber de dejarse matar”.


Ahora ocurre algo muy similar: el juez cree que el buen nombre y la honra que hay que preservar es la de los victimarios y que a las víctimas hay que imponerles la obligación de callarse, de no denunciar, de dejarse exterminar. Ya hemos llegado, pues, al fondo del absurdo.


Comunidad de Paz de San José de Apartadó


Octubre 7 de 2018

Publicado enColombia
Dos modelos opuestos para un país en crisis

Uno propone al Estado como activador, el otro lo ve como el problema y propone un ajuste peor que el actual, con una fuerte quita de derechos laborales y una promesa clara de reprimir las protestas sociales.

En la víspera de estas elecciones, la economía brasileña sigue estancada. Luego de una de sus más fuertes recesiones de su historia, cuando cayó un diez por ciento entre fines de 2014 y mediados de 2016, y dejó una tasa de desempleo de más del doce por ciento, se espera que crezca poco más de uno por ciento este año, repitiendo el pobre desempeño de 2017. La situación fiscal es preocupante con un déficit nominal de 7,5 por ciento del PBI, y la deuda pública está en en 77 por ciento del PBI, en términos brutos. Así, los futuros presidente y gobernadores de los estados tendrán poco espacio para implementar políticas públicas. Positivo, sólo que la inflación parece estar controlada en alrededor del cuatro por ciento anual, y que el sector externo muestra un déficit en cuenta corriente del balance de pago del uno por ciento del PBI, combinado con un elevado monto de reservas internacionales.


Vistos aisladamente, sin embargo, estos datos macroeconómicos reflejan un cuadro difícil pero reversible en condiciones normales, si Brasil volviese a crecer. El gran problema es que el país dejó de funcionar de un modo normal. En el Congreso Nacional, las disputas partidarias parecen haber pulverizado la posibilidad de llegar a acuerdos que garanticen estabilidad en los mandatos. En un país que se ha polarizado como nunca,estos impactos se sienten en lass instituciones que deberían quedar al margen de estas disputas. El antiguo dicho popular “para los amigos, todo, para los enemigos la ley”, manifestándose en interpretaciones subjetivas de leyes y procesos judiciales, pareciera estar más vivo que nunca. Económicamente, esto impacta paralizando el funcionamiento del sector público e inhibe al privado en llevar adelante obras de infraestructura esenciales para el crecimiento.


Los dos candidatos que parecen que definirán el pleito electoral manifiestan visiones y soluciones para la economía diametralmente opuestas. Por un lado, el diputado nacional Jair Bolsonaro, ex capitán del ejército, expresa la insatisfacción popular con “todo eso que está ahí”. Asesorado por un financista ultraliberal, su programa de gobierno y sus declaraciones no dejan dudas: se trata de achicar drásticamente al Estado reduciendo su prestación de servicios públicos -en especial educación, salud y jubilaciones, áreas de rentabilidad potencial para el sector privado-, una masiva privatización de empresas estatales y reducción de costos para el sector privado. También en su agenda está la flexibilización laboral y el recorte de derechos del trabajo (aguinaldo, vacaciones), contener aumentos salariales y una reforma tributaria. En suma, sería la radicalización y profundización de las reformas promercado de los 90 que fueron retomadas por el actual gobierno Temer a partir de 2016.


Por otro lado, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), apunta a retornar las políticas de inclusión social de la época de Lula y de inversiones públicas. Considera que los problemas fiscales sólo se resolverán con nuevo crecimiento, a partir de estímulos a la demanda privada y del gasto público, financiada por los bancos públicos y el uso parcial de reservas internacionales. Además, pretende una nueva matriz tributaria que alcance a los segmentos más ricos y eliminar el “techo de gastos” implementado por Temer. Reformas estratégicas en las jubilaciones y leyes laborales demandadas por el sector privado, especialmente el mercado financiero, posiblemente se implementarían en forma atenuada y preservándose los derechos consagrados en la Constitución de 1988.


Detrás de estas agendas económicas se encuentran dos visiones de Brasil: Una sugiere que el Estado es la fuente de problemas como la corrupción y falta de crecimiento; la otra entiende que los problemas estructurales de pobreza, desigualdad y falta de dinamismo del sector privado sólo pueden ser resueltos a través de la actuación activa del Estado. De otra forma, también definen el interrogante histórico de Brasil sobre si será uno de los países con peor distribución de riqueza en el mundo, o si avanzará en convertirse en una sociedad con consumo de masa.


Ambos candidatos, caso triunfen, también abren interrogantes sobre si serían viables. Haddad puede sufrir un rápido desgaste si no consigue el retorno de los “buenos tiempos”, sobre todo ante un marco internacional desfavorable, un Congreso hostil y una sociedad dividida. Bolsonaro sugiere una trayectoria y retórica poco democrática y tendrá que enfrentar resistencias a la eliminación de derechos sociales y alteraciones tributarias. Además, aun lográndolo, tendría que lidiar con los efectos del crecimiento explosivo de pobreza y desigualdad.


Las medidas económicas de Bolsonaro parecen ser rechazadas por la mayor parte de la sociedad, ya que el gobierno Temer las viene adoptando no sin fuerte oposición y no han generado crecimiento. Sin embargo, no parece afectar su fuerza electoral. Por otro lado, el PT, pese a estar identificado con la protección de los derechos sociales y de los más pobres, sufre rechazo en todas las clases sociales. Esta paradoja podría explicarse por medio de encuestas de opinión, como una reciente de Datafolha, que reflejan que las personas parecen estar decidiendo su voto en base a una emoción –sobre todo, rabia, miedo y frustración– fuertemente impactada por redes sociales que difunden verdades, mentiras e dudosas interpretaciones. Bajo este contexto, el debate económico racional queda al margen de las discusiones políticas, y el debate de problemas reales ya no se debaten en torno a beneficios y costos de diferentes alternativas.


* Profesores de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil.

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