Iván Márquez y Oscar Montero (El Paisa): Carta abierta a la Comisión de paz del Senado

Señores
COMISIÓN DE PAZ DEL SENADO
Congreso de la República
Bogotá

 

Pese a que el Acuerdo de Paz fue destrozado por depredadores sin alma, nuestro sueño sigue siendo la paz de Colombia.

 

Al menos tres actos de insensatez empujaron la esperanza tejida en La Habana al taciturno abismo de los procesos de paz fallidos: la inseguridad jurídica, las modificaciones al texto original de lo convenido y el incumplimiento de aspectos esenciales del Acuerdo.

 

Sin duda, la INSEGURIDAD JURÍDICA tocó techo con la detención de Jesús Santrich con fines de extradición mediante montaje judicial urdido por el Fiscal General, el embajador de los EEUU y la DEA. Esta decisión delirante concebida para sabotear la paz terminó ahuyentando la poca confianza que aún quedaba en los excombatientes. Debemos reconocer que la Fiscalía General de la Nación se ha convertido en una fábrica de mentiras para empapelar judicialmente a mucha gente, y en el caso que nos ocupa, a los principales negociadores de paz de la guerrilla, llegando hasta el asombro de elevar en el rollo de su montaje, la tentativa y el pensamiento mismo a la categoría de delito para justificar la extradición, buscando desesperadamente hundir sin remedio el anhelo colectivo de paz. Estamos frente a un descarado abuso en el ejercicio del poder, mezclado con una rendición inaceptable de nuestra soberanía jurídica a una potencia extranjera. No podemos dejar la Paz -que es el derecho más importante- en manos de personajes como Martínez y Whitaker. Carecen ellos de sentido común para trazar el destino de Colombia, que definitivamente no puede ser el de la guerra.


Pero, ¿qué gana EEUU aplastando la paz de Colombia? Muy poco ha contribuido a fortalecerla. Para reforzarla, por ejemplo, pudo haber liberado, luego de la firma del Acuerdo de La Habana, a Simón Trinidad, extraditado 14 años atrás a través de un montaje judicial del Gobierno de la época. John Kerry, ex Secretario del Departamento de Estado había abierto esta posibilidad en una reunión que sostuvimos
personalmente en la capital de la Isla. Esas buenas intenciones fueron arrastradas por el viento.

 

Por otra parte, las MODIFICACIONES AL TEXTO ORIGINAL DE LO CONVENIDO transfiguraron el Acuerdo de La Habana en un horroroso Frankenstein. Personajes que nunca fueron ungidos con el honor de ser plenipotenciarios de las partes, se dieron a la tarea de meterle mano para dañar lo construido con tanto esfuerzo y amor. Sucedió después de la entrega de las armas. Eso es perfidia, trampa y “conejo”. Mal hecho. No se puede traicionar la paz de esa manera. Los acuerdos, que fueron firmados solemnemente, son para cumplirlos.


¿En qué otra parte del mundo ha ocurrido algo semejante? El mismo Estado que firmó el Acuerdo, azuzó luego a su tronco y a sus extremidades a destruirlo aduciendo la independencia de poderes cuando tenía en sus manos el recurso constitucional de la colaboración armónica. Se produjo entonces el desconocimiento de una obligación internacional que descansa en el hecho notorio de que éste es un Acuerdo Especial del Artículo 3 de los Convenios de Ginebra y que ostenta al mismo tiempo el rango de Documento Oficial del Consejo de Seguridad de NNUU. A esto debe agregársele el fallo de la Corte Constitucional que estableció de manera clara y categórica que dicho Acuerdo no podía ser modificado por los próximos tres gobiernos. El ex Presidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, no tuvo ni el valor ni la convicción de hacer uso de las facultades que le otorgaba la Constitución para salvar el proceso. Prefirió no cruzar el Rubicón por temor a la jauría.

 

 "Finalmente, sin eufemismos y en lenguaje franco: lo esencial del Acuerdo de Paz de La Habana ha sido traicionado". 

 

Señores Senadores: la JEP no es la que aprobamos en La Habana, sino la que querían el Fiscal y los enemigos de la concordia; esta ya no es para todos los involucrados en el conflicto; sustrajeron de su jurisdicción a los terceros; rodearon de tinieblas la verdad, que es lo único que puede cerrar y sanar las profundas heridas causadas por el conflicto y generar al mismo tiempo un nuevo ambiente de convivencia. También ampliaron el universo de los aforados para asegurarle larga vida a la impunidad. Con sus propias manos el fiscal Martínez sembró en la Jurisdicción Especial para la Paz las minas de la reincidencia, el testaferrato y otras argucias para poder llevar encadenados a antiguos guerrilleros a la justicia ordinaria y saciar así su sed de odio y de venganza que comparte con ciertas élites del poder. Realmente el “fast track” legislativo fue aprovechado para destrozar a dentelladas rápidas aspectos sustanciales del Acuerdo de Paz con la bendición incoherente de la Corte. No debe olvidarse que la Ley de Procedimiento de la JEP fue aprobada unilateralmente sin tener en cuenta para nada la opinión de la CSIVI. Siempre quedamos con la impresión que la preocupación del Gobierno por las víctimas del conflicto fue una preocupación fingida adornada con palabras llenas de aire.

 

Finalmente, sin eufemismos y en lenguaje franco: lo esencial del Acuerdo de Paz de La Habana ha sido traicionado. El Congreso anterior hundió la Reforma Política y las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. No se aplicó plenamente la amnistía; todavía quedan guerrilleros presos. Cinco años después de lograr el primer Acuerdo Parcial no hay titulaciones de tierras, ni fondo de 3 millones de hectáreas para los que no la tienen, ni nada que signifique dignificación de la vida en el campo. La sustitución está empantanada porque el Fiscal no permite el tratamiento penal diferencial para los campesinos cultivadores y mujeres pobres, y porque no hay formalización de la propiedad de la tierra ni proyectos económicos alternativos. El mismo personaje ha saboteado el funcionamiento de la Unidad Especial de lucha contra el paramilitarismo imponiendo con ello que más de15 mil imputaciones de paramilitarismo y de apoyo económico a esas estructuras criminales, que según Memoria Histórica han asesinado a 100 mil colombianos, duerman engavetas en la Fiscalía el sosegado sueño de la impunidad.

 

El Acuerdo tuvo una falla estructural que pesa como pirámide egipcia que fue haber firmado, primero, la Dejación de las Armas, sin haber acordado antes los términos de la reincorporación económica y social de los guerrilleros. Esa es la causa de los problemas que hoy afrontan los ETCR por incumplimientos del Estado. Ingenuamente creímos en la palabra y la buena fe del Gobierno, a pesar de que Manuel Marulanda Vélez siempre nos había advertido que las armas eran la única garantía segura de cumplimiento de los eventuales acuerdos. Hoy a los guerrilleros los están matando uno a uno en medio de la indiferencia de las autoridades, e igual sucede con los líderes sociales cuyo sacrificio parece no tener fin. Tengan en cuenta que hasta el sol de hoy no se ha producido ningún desembolso para financiar proyectos productivos en los Espacios Territoriales. Que alguien nos diga a qué bolsillos fueron a parar los recursos del post conflicto colocados tan generosamente por los países donantes.

 

Señores y señoras congresistas: nuestra principal preocupación es cómo sacar la paz de Colombia del abismo de los acuerdos fallidos a la que fue arrojada con desprecio, y nos gustaría conocer al respecto sus valiosas apreciaciones. Vale la pena intentar lo imposible, porque de lo posible se ocupan los demás todos los días.

 

Reciban de nuestra parte un saludo cordial.

 

Iván Márquez                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Oscar Montero (El Paisa)

 

Septiembre 22 de 2018, Octavo aniversario del asesinato de comandante Jorge Briceño

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El 68 a medio siglo. "Es una profunda herida"

A 50 años de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) "mantiene una profunda consternación por lo sucedido y lamenta la ausencia de una adecuada investigación, así como de sanciones a los responsables de las graves violaciones a las garantías fundamentales cometidas en el contexto del movimiento estudiantil de 1968". El organismo internacional exhortó firmemente al Estado mexicano a garantizar los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral, como lo han hecho otras instancias globales.

En el mismo sentido se pronunció Amnistía Internacional. La directora ejecutiva de esa organización en México, Tania Reneaum Panszi, se refirió a los hechos de 1968 como una profunda herida. Representa la larga sombra de impunidad que empaña al sistema de justicia.

Respecto de la reciente apertura de los archivos del movimiento 68 por la Universidad Nacional Autónoma de México, Reneaum Panszi dijo que contribuye a la construcción de la memoria colectiva, pero no será suficiente. El caso no debe cerrarse hasta que se divulgue toda la información, se lleve a los responsables ante la justicia y sobre todo, se establezcan mecanismos para garantizar la no repetición de estos hechos.

Por separado, la ONU-DH resaltó: "El despertar cívico (del 68) que, encabezado por la juventud estudiantil, denunció la arbitrariedad gubernamental, apeló a la rendición de cuentas y luchó por construir un país democrático basado en un régimen de libertades mediante la acción pacífica y la reivindicación del diálogo".

Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, aseveró que "la causa de los derechos humanos en México no se puede explicar sin el amanecer de indignación y creatividad de hace cinco décadas. En una parte considerable, los ámbitos de libertad que hoy se respiran en el país son legatarios del movimiento estudiantil de 1968".

La ONU-DH alentó a la sociedad mexicana a mantener viva la memoria acerca de lo sucedido en 1968, reconocer en la gesta estudiantil un motivo permanente de inspiración para la causa de los derechos humanos y extraer las lecciones conducentes para evitar que nunca más vuelvan a repetirse hechos tan trágicos como los que entonces sacudieron a México.


A 50 años, no se olvida


Hoy hace medio siglo el movimiento estudiantil que había cimbrado durante más de dos meses a la sociedad y a la institucionalidad política mexicanas fue aplastado mediante una conspiración represiva, urdida en las más altas esferas del poder, que desembocó en una masacre y en una persecución política tan implacable como injustificable y cuya huella de dolor e indignación perdura hasta nuestros días. Vistas en retrospectiva, las reivindicaciones de los estudiantes movilizados resultaban de obvio cumplimiento en un entorno de normalidad democrática: liberación de los presos políticos, supresión de los apartados del Código Penal que legalizaban la persecución política, destitución de los mandos de la policía capitalina implicados en abusos de autoridad, indemnización a las víctimas, supresión del Cuerpo de Granaderos y castigo a los funcionarios responsables de la violencia en contra de los inconformes.


El pliego petitorio de 1968 era ilustrativo del círculo vicioso entre inconformidad y represión. En lugar de actuar con visión de Estado, sensibilidad política y apego a la legalidad, el régimen diazordacista optó por asesinar, herir, encarcelar, desaparecer, encarcelar y calumniar a jóvenes que ejercían su derecho a la libre manifestación, así como a varios de sus profesores y referentes políticos. La masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas fue el punto más alto de una insensatez que empezó por la violencia policial contra una marcha pacífica que conmemoraba la Revolución Cubana y siguió por ataques a balazos desde edificios públicos y privados a concentraciones estudiantiles y el allanamiento de las más importantes sedes de la educación media superior y superior, entre ellas la Preparatoria 1 en San Ildefonso, Ciudad Universitaria, el Casco de Santo Tomás y la Unidad Profesional Zacatenco.


En el colmo del extravío, el gobierno federal movilizó al Ejército Mexicano contra la población civil. Y no se detuvo: continuó, después de los sucesos de Tlatelolco, con la persecución, el encarcelamiento y la realización de remedos de juicios penales a líderes y participantes del movimiento estudiantil.


Éste fue aplastado, pero el presidencialismo priísta no logró recuperar nunca su credibilidad ni su autoridad moral. El descontento social por el autoritarismo, la cerrazón y el carácter antidemocrático del sistema político dio lugar al surgimiento de movimientos armados y a la guerra sucia que se desarrolló en los siguientes dos sexenios.
En forma paralela, los sucesos del año de los Juegos Olímpicos llevaron a diversos sectores de la sociedad a una reflexión política que se fue concretando en propuestas políticas de participación electoral, en proyectos de organización sindical y agraria al margen de las corporaciones oficiales y en la integración de proyectos informativos que buscaban romper el cascarón del discurso único y la verdad oficial repetida en todos los medios.


En suma, el movimiento estudiantil de 1968 y su trágico y bárbaro desenlace quedaron impresos en la conciencia nacional y fueron modelando un desarrollo político que llevó a la conquista de los primeros cargos de representación para partidos de izquierda en 1979 y 1982; a la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, en 1988; al triunfo de la oposición en los primeros comicios realizados en la capital del país, en 1997; a la victoria de Morena el primero de julio de este año, y al derrumbe del PRI.


A pesar de represiones, cooptaciones y mediatizaciones, en el medio siglo transcurrido desde la masacre de Tlatelolco tres generaciones han mantenido vivo el espíritu democratizador del movimiento estudiantil de 1968, precursor de las libertades conquistadas en ese periodo. Sin embargo, el poder político ha conseguido hasta ahora obstruir el esclarecimiento y la justicia para los sucesos de hace 50 años, cuyo saldo jurídico sigue siendo el de la más completa impunidad, un saldo en el que se originan los principales extravíos institucionales que aún persisten en el país y explica la necesidad de mantener viva la consigna: 2 de octubre no se olvida.

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Las riesgosas apuestas de Trump en el escenario mundial

Hay dos cosas relacionadas con Trump en las que todo mundo, amigos y enemigos, parecen estar de acuerdo. Nadie puede estar seguro de qué es lo que va a tuitear la siguiente vez. Y quiere mantenerse en el poder.

Trump ha hecho tres riesgosas apuestas geopolíticas: conseguirá que Corea del Norte se desnuclearice; será capaz de forzar a Irán a que renuncie a cualquier intento de tener armamento nuclear; desmantelará el TLCAN para beneficio de Estados Unidos.

Es totalmente improbable que él logre las dos primeras cosas. Y es apenas marginalmente posible que pueda reemplazar el TLCAN con algún arreglo más ventajoso para Estados Unidos.

Así que llega la segunda certeza. Quiere mantenerse en el poder. Si fallan todas sus apuestas, ¿qué hará para mantenerse en el poder? Aquí no hay ningún acuerdo, ni entre amigos ni entre enemigos. Un grupo piensa que está patológicamente loco y que arrastrará al mundo consigo. El otro grupo dice que podría modificar sus prioridades con tal de mantenerse en el poder.

Así que resulta que los riesgos son nuestros. ¿Le apostamos a su patología o a sus propios intereses? Si escogemos la opción incorrecta, perdemos y perdemos en grande. No podemos apostarle a ambas clases de respuesta con Trump. Es una o la otra.

Resumiendo: Trump fallará en sus riesgosas apuestas. Responderá de algún modo. ¿Pero cuál? Tiendo a favorecer la predicción de sus propios intereses. Pero me da miedo equivocarme.

Traducción: Ramón Vera-Herrera

 

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Costa Rica, atrapada en la mayor huelga en casi dos décadas

Los empleados públicos protestan desde hace 10 días contra la reforma fiscal propuesta por el Gobierno de Alvarado


La mayor huelga en Costa Rica en 18 años sigue adelante, sin visos de solución a corto plazo. El primer encuentro, este miércoles, entre el Gobierno costarricense y los representantes sindicales de los trabajadores del sector público resultó insuficiente y el movimiento de protesta cumple ya su décima jornada con efectos considerables sobre la prestación de servicios de salud, educación y transportes. Los trastornos también han sido importantes en la distribución de combustible y en la industria turística, motor de la economía costarricense y principal fuente de divisas.


Con los paros, los empleados públicos protestan contra la reforma fiscal propuesta por el Gobierno de Carlos Alvarado -que limita los beneficios que reciben estos trabajadores, recorta el gasto y aumenta la carga fiscal- y contra el manejo de la política económica, después de que el presidente, del progresista Partido Acción Ciudadana (PAC), lo dejase en manos de figuras conservadoras. Las medidas de presión sindical sobre el Ejecutivo de Alvarado, que solo lleva cuatro meses en el poder, incluye la paralización parcial de servicios públicos y bloqueos esporádicos en distintas carreteras del país centroamericano.


Ante el estancamiento del conflicto, el mandatario costarricense ha decidido este miércoles cancelar su asistencia a la Asamblea General de Naciones Unidas de la próxima semana para atender la crisis interna y mantenerse al mando del plan fiscal, gran responsable de las iras de los empleados del sector público. Alvarado no se ha movido ni un milímetro de su propuesta fiscal, que continúa su tramitación en el Legislativo. Las medidas son de urgencia: Costa Rica enfrenta su peor crisis tributaria en cuatro décadas y si nada cambia en los próximos meses, el déficit cerrará el año por encima del 7%.


La Unión Sindical, un conglomerado de asociaciones entre las que predominan maestros y trabajadores de los hospitales, ha aceptado sentarse a la mesa con la intercesión de la Conferencia Episcopal. Pero este miércoles por la tarde, el diálogo concluyó temporalmente con un único pacto de ambas partes: volver a reunirse 24 horas después. “Lo más importante es restablecer los canales de diálogo y de comunicación” dijo al acabar el encuentro del ministro de Trabajo, Steven Núñez, en medio de fuertes críticas del sector privado por la supuesta tolerancia del Gobierno ante las medidas de presión sindical y las pérdidas provocadas por la huelga. Las autoridades aún no han cuantificado el efecto económico global de los paros, pero la principal asociación de empresarios ha lamentado los perjuicios “millonarios” causados sobre los transportistas y el impacto en las reservas de hoteles. Las agencias de viajes han reportado hasta un 50% de cancelaciones.


Los mercados, al acecho


El Gobierno de Alvarado reconoce que este no es el proyecto fiscal que desearía, pero sí el que tiene más posibilidades de atender de manera urgente la emergencia fiscal de Costa Rica, a pesar de que solo aportaría una cantidad de dinero equivalente al 1,3% del PIB, un tercio de lo que necesitaría para reequilibrar las finanzas públicas. De no aprobarse, subrayan desde el Ministerio de Hacienda, peligra el pago oportuno de salarios de los funcionarios, la inversión de pública y, por tanto, el ritmo de una economía que se prevé crezca a una nada despreciable tasa del 3% este año.


El plan fiscal gubernamental amplía la cobertura de algunos impuestos y limita ventajas salariales de empleados públicos. El 80% de los efectos recae sobre el 20% más rico de la población, arguye el Gobierno de Alvarado. En esta batalla tiene el apoyo de un sector de la oposición, pero enfrenta el rechazo de otros, incluidos los diputados del Partido Restauración Nacional (PRN, de base evangélica), que alcanzó la segunda vuelta electoral en abril con el candidato predicador Fabricio Alvarado.


El PAC y sus aliados saben -y repiten- que los mercados financieros miran con lupa las finanzas públicas costarricenses. La deuda supera ya el 50% del PIB, una cifra elevada para la media de los países emergentes. De no tomar medidas, apuntan desde el Gobierno, se puede erosionar gravemente la calidad de vida media de los costarricenses, posicionada entre las mejores de América Latina.


En los 10 últimos días se han registrado brotes de violencia entre manifestantes y policías, incluida una intervención con gases lacrimógenos el martes para reabrir el paso a los puertos del Caribe, vitales para el normal funcionamiento de la economía costarricense. También se han producido intentos de sabotaje de las tuberías de la empresa estatal de combustibles, que han desembocado en el procesamiento judicial de uno de sus empleados. El fin de semana los costarricenses sufrieron desabastecimiento de gasolina en varios puntos del centro del país por el temor de los transportistas de quedar atrapados entre los bloqueos.


“Sabemos que muchos nos critican por los problemas que genera una huelga, pero el Gobierno solo nos ha dejado este recurso. Los empresarios pueden influir sobre los diputados o directamente sobre este Ejecutivo neoliberal. Sin embargo, a nosotros solo nos queda luchar en la calle”, decía, exaltado, el enfermero Marvin Jarquín en declaraciones a EL PAÍS. “Esto lo entienden bien en otros países”. Como él, miles de trabajadores estatales han tomado la calle para protestar por plan de ajustes fiscales que les impone una carga mayor que a otros sectores sociales.

San José (Costa Rica) 20 SEP 2018 - 08:48 COT

 

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Domingo, 16 Septiembre 2018 06:14

Necesitamos un nuevo contrato social

Necesitamos un nuevo contrato social

El pacto socioeconómico alcanzado tras la II Guerra Mundial en Occidente se ha roto. La democracia depende de su refundación
 

Al menos cuatro grandes transformaciones desarrolladas en las últimas décadas han alterado profundamente el contrato social que rubricaron implícitamente las fuerzas de la izquierda (socialdemócratas) y de la derecha (democristianos) tras la II Guerra Mundial, que formalizó las reglas del juego para la convivencia pacífica durante más de medio siglo. Se trata de la revolución tecnológica, que ha hecho circular al mundo de lo analógico a lo digital; la revolución demográfica, que convirtió a Europa, cuna de ese contrato social, en un espacio compartido de gente envejecida después de haber sido un continente joven; la globalización, que ha llegado a ser el marco de referencia de nuestra época desplazando al Estado-nación; y la revolución conservadora, hegemónica desde la década de los años ochenta del siglo pasado y que ha predicado las virtudes del individualismo y de que cada palo aguante su vela, olvidando los principios mínimos de solidaridad social. El conjunto de estas revoluciones —la tecnológica, la demográfica, la globalizadora y la política— ha dado lugar a una especie de refundación de lo que el gran pensador vienés Karl Polanyi denominó a mitad de los años cuarenta “la gran transformación”.


El concepto de contrato social pertenece en su inicio al pensador Jean-Jacques Rousseau, que a mediados del siglo XVIII escribió un libro del mismo título, considerado precursor de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre, y que trataba de la libertad y la igualdad de las personas bajo Estados instituidos por medio de un contrato social. Ese contrato era una suerte de acuerdo entre los miembros de un grupo determinado que definía tanto sus derechos como sus deberes, que eran las cláusulas de tal contrato. Esas cláusulas no son inmutables o naturales, sino que cambian dependiendo de las circunstancias y transformaciones de cada momento histórico y de las correlaciones de fuerzas entre los componentes de los grupos.


El contrato social que surge en Europa y se extiende por buena parte del planeta, a distintas velocidades, después de la II Guerra Mundial decía básicamente lo siguiente: quien cumple las reglas del juego, progresa, logra la estabilidad y la tranquilidad en su vida. Una buena formación intelectual, la mejor educación, el esfuerzo permanente, la honradez y ciertas dosis de suerte (que había que buscar) aseguraban el bienestar de los ciudadanos y sus familias. Con un empeño personal calvinista, el funcionamiento de las instituciones de la democracia y el progreso económico general, el nivel de vida mejoraría poco a poco y nuestros hijos vivirían mejor que nosotros. Unos, los más favorecidos, se quedarían con la parte más grande de la tarta, pero a cambio los otros, la mayoría, tendrían trabajo asegurado, cobrarían salarios crecientes, estarían protegidos frente a la adversidad y la debilidad, e irían poco a poco hacia arriba en la escala social. Un porcentaje de esa mayoría, incluso, traspasaría la frontera social imaginaria y llegaría a formar parte de los de arriba: la clase media ascendente.


Esto ya no es así. Ese contrato social ha sido sustituido, por efecto de las transformaciones citadas, por lo que el sociólogo Robert Merton ha denominado “el efecto Mateo”: “Al que más tiene, más se le dará, y al que menos tiene se le quitará para dárselo al que más tiene”. Se inaugura así la era de la desigualdad y se olvidan las principales lecciones que sacó la humanidad de ese periodo negro de tres décadas (1914-1945) en las que el mundo padeció tres crisis mayores perfectamente imbricadas: las dos guerras mundiales y, en el intervalo de ambas, la Gran Depresión.


El historiador Tony Judt, entre otros, ha descrito con exactitud (Postguerra) cómo a partir de lo acontecido en esos 30 años nació otro planeta con distintas normas, ya que parecía imposible —decenas de millones de muertos después— la vuelta a lo que habían sido las cosas antes. Se acordaron señas de identidad diferentes, basadas en la intervención estatal siempre que fuese precisa, y con una nueva arquitectura institucional que pretendía que nunca más se pudieran repetir las condiciones políticas, sociales y económicas que habían facilitado los conflictos generalizados. Hubo un consenso entre las élites políticas (los partidos), económicas (el empresariado) y sociales (los sindicatos) para alcanzar la combinación más adecuada entre el Estado y el mercado, con el objetivo final de que toda práctica política se basara en la búsqueda de la paz, el pleno empleo y la protección de los más débiles a través del Estado de bienestar.


Recuerda Judt que en una cosa todos estaban de acuerdo, aunque hoy sea un concepto obsoleto: la planificación. Los desastres de las décadas del periodo de entreguerras (las oportunidades perdidas a partir de 1918; los agujeros ocasionados por el desempleo, las desigualdades, injusticias e ineficacias generadas por el capitalismo de laissez-faire que habían hecho caer a muchos en la tentación del autoritarismo; la descarada indiferencia y arrogancia de la élite gobernante, y las inconsecuencias de una clase política inadecuada) parecían estar todos relacionados con el fracaso a la hora de organizar mejor la sociedad: “Para que la democracia funcionase”, escribe el historiador, “para que recuperase su atractivo, debía planificarse”. Así se amplió la fe ciudadana en la capacidad —y no solo en el deber de los Gobiernos— de resolver problemas a gran escala, movilizando y destinando personas y recursos a fines útiles para la colectividad.


Quedó claro que la única estrategia con éxito era aquella que excluía cualquier retorno al estancamiento económico, la depresión, el proteccionismo y, por encima de todo, el desempleo. Algo parecido subyacía en la creación del welfare State: la polarización política había sido consecuencia directa de la depresión económica y de sus costes sociales. Tanto el fascismo como el comunismo habían proliferado con la desesperación social, con el enorme abismo de separación entre ricos y pobres. Para que la democracia se recuperase como tal era preciso abordar de una vez “la condición de personas” de los ciudadanos.


Estos elementos seminales del contrato social de la posguerra ya estaban de retirada antes de 2008. Entonces llegó como un tsunami de naturaleza humana la Gran Recesión, la cuarta crisis mayor del capitalismo, de la que estos días se cumplen los 10 primeros años. Sus consecuencias han exacerbado tal crisis y han regresado con fuerza las dudas entre muchos ciudadanos en la convivencia pacífica entre un sistema de gobierno democrático y un capitalismo fuertemente financiarizado: los mercados son ineficientes (el desiderátum de mercado ineficiente es el mercado de trabajo), y el sistema político, la democracia, que se legitima corrigiendo los fallos del mercado, no lo hace. Así surge la desafección respecto a la democracia (el sistema político) y el capitalismo (el sistema económico).
Una buena parte de la población ha salido de la Gran Recesión más pobre, más desigual, mucho más precaria, menos protegida socialmente, más desconfiada (lo que explica en buena parte la crisis de representación política que asola nuestras sociedades) y considerando la democracia como un sistema instrumental (somos demócratas siempre que la democracia resuelva nuestros problemas). Muchos ciudadanos expresan cotidianamente sus dudas de que los políticos, aquellos a los que eligen para que los representen en la vida pública, sean capaces de resolver los problemas colectivos. De cambiar la vida a mejor.


Además de la ruptura del contrato social tradicional, en la última década se ha aniquilado el pacto entre generaciones. No se cumple lo que hasta hace unas semanas decía un anuncio en la radio de una empresa privada de colocaciones: “Si estudias y te esfuerzas, podrás llegar a lo que quieras”. El historiador Niall Ferguson escribe que el mayor desafío que afrontan las democracias maduras es el de restaurar el contrato social entre generaciones, y Jed Bartlet, el presidente ficticio de EE UU en la serie televisiva El Ala Oeste de la Casa Blanca, comenta a su interlocutor: “Debemos dar a nuestros hijos más de lo que recibimos nosotros”. Este es el sentido progresista de la historia que se ha roto.


El estrago mayor que ha causado la Gran Recesión en nuestras sociedades ha sido el de truncar el futuro de una generación. O de más de una generación. Ha reducido brutalmente las expectativas materiales, y sobre todo emocionales, de muchos jóvenes que se sienten privados del futuro que se les había prometido. Se ha actualizado la llamada “curva del Gran Gatsby”, que explica que las oportunidades de los descendientes de una persona dependen mucho más de la situación socio¬económica de sus antecesores que del esfuerzo personal propio. Ello conlleva la transmisión de privilegios más que la igualdad de oportunidades.
Una joven envía un tuit que se hace viral, y que se pregunta: “¿Cómo hicieron nuestros padres para comprar una casa a los 30 años?, ¿eran narcos o qué?”. La Gran Recesión ha profundizado en los desequilibrios que ya existían antes de ella e introducido nuevas variables en el modelo; escenarios dominados por la inseguridad vital, que ya no es solo económica, sino cultural. Muchas personas, millennials o mayores de 45 años que se han quedado por el camino, sobreviven en la incertidumbre, la frustración y sin opciones laborales serias; no esperan grandes cosas del futuro, al que presuponen más amenazas que oportunidades, y que en buena medida no entienden. Estos jóvenes son los que han sido calificados como un “proletariado emocional” (José María Lasalle).


El nuevo contrato social habrá de tener en cuenta las transformaciones citadas y otros elementos que se han incorporado a las inquietudes centrales del planeta en que vivimos, como el cambio climático. El objetivo del mismo debería condensarse en la extensión de la democracia en una doble dirección: ampliar el perímetro de quienes participan en tomar las decisiones (ciudadanía política y civil) y extender el ámbito de decisión a los derechos económicos y sociales (ciudadanía económica) que determinan el bienestar ciudadano.

 

Por Joaquín Estefanía
15 SEP 2018 - 17:24 COT

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Arranca la gira del presidente de Venezuela por China

El presidente venezolano inició su agenda oficial en China rindiendo homenaje al fundador del régimen comunista, Mao Zedong, en el mausoleo donde el líder revolucionario está embalsamado en el centro de la plaza de Tiananmen.

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó acuerdos de cooperación estratégica con su par chino, Xi Jinping, en el marco de la 16° Comisión Mixta que mantienen los dos países. “Hoy se están firmando 28 acuerdos que ratifican el camino del desarrollo compartido de las inversiones para hacer realidad el desarrollo de nuestras empresas mixtas”, dijo Maduro en una intervención ante la comisión en Beijing, antes de reunirse con su homólogo.


El presidente venezolano inició su agenda oficial en China rindiendo homenaje al fundador del régimen comunista, Mao Zedong, en el mausoleo donde el líder revolucionario está embalsamado en el centro de la plaza de Tiananmen. Acompañado de su esposa, Cilia Flores, Maduro dedicó una reverencia en la entrada del recinto y firmó en el libro de visitantes ilustres del mausoleo. Más tarde y luego de la reunión en la sede del Legislativo chino, ambos mandatarios rubricaron un memorando de entendimiento por el que el país sudamericano se suma a la ambiciosa iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda, siendo el segundo paíssuramericano, luego de Uruguay, que realiza esta declaración oficial. Ese programa que los observadores comparan con el estadounidense Plan Marshall firmado post segunda guerra, descansa en millonarias inversiones chinas en obras de transportes y telecomunicaciones en todo el planeta. Por su parte, el presidente chino afirmó que su país siempre tiene en cuenta sus relaciones con Venezuela desde un punto de vista estratégico y de largo plazo, en un momento en el que alegó que existen factores de inestabilidad en el mundo. “Por esa inestabilidad, Beijing y Caracas tienen que promover su confianza y amistad”, evaluó Xi, y agregó que China es un gran apoyo para Venezuela en la búsqueda de una vía de desarrollo propia, adecuada a su situación.


Los mandatarios destacaron también la firma de un memorándum de entendimiento para el desarrollo de las empresas de hidrocarburos mixtas Petrourica y Petrozumano. En esa misma línea, concretaron un acuerdo para fortalecer la cooperación entre la Corporación Nacional de Explotación de Gas de China (Cnodc) y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), con el objetivo de explorar y explotar gas en el país caribeño. A su vez, firmaron otro tratado de explotación del sector aurífero con la empresa china Yankuang Group. Sumado a ello, las partes suscribieron un memorando de entendimiento entre la corporación tecnologica ZTE y el Ministerio del Poder Popular para la Salud.


El presidente de Venezuela recalcó que los acuerdos suscritos están alineados con el Programa venezolano de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, puesto en marcha el pasado 20 de agosto y señaló que las relaciones comerciales entre ambas naciones pasaron las pruebas de la crisis financiera mundial. “Me tocó transitar por medidas de sanciones económicas de los Estados Unidos y de Europa persiguiendo las cuentas bancarias de Venezuela, secuestrando miles de millones de dólares en cuentas internacionales y bloqueándonos el comercio”, denunció. Asimismo, se refirió a los desafíos económicos que tuvo la nación sudamericana como producto de lo consideró la guerra impuesta por países imperiales, y valoró el apoyo de China para solucionarlos. “Gracias a los acuerdos de la comisión mixta y a la sólida relación China-Venezuela, nuestro país pudo enfrentar esas circunstancias y les puedo decir que hoy Venezuela está de pie”, afirmó.


Por su parte, Wang Yi, canciller chino, indicó que, pese a las complejas circunstancias internacionales, China está dispuesta a trabajar con Venezuela para fortalecer los intercambios y la amistad entre ambos países, para lo cual consideró que será necesario optimizar los modelos de cooperación a fin de enriquecer la asociación estratégica. “Los mandatarios van a llegar a nuevos consensos, van a elevar la cantidad y la cantidad de la cooperación. Nuestra relación está en una importante etapa de desarrollo; queremos que siga siendo salida y que continúe avanzando”, subrayó Wang.


La visita de Maduro a la capital china se produce en un momento en el que el país vive graves dificultades económicas y poco después de la que realizó esta misma semana a China la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien se reunió con el presidente de la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC), Zhang Jianhua.

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Viernes, 07 Septiembre 2018 07:26

La esposa del dictador

La esposa del dictador

Entre las ruinas de la revolución sandinista se levanta hoy desafiante y temible, la figura de la esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, que es también vicepresidenta, cargo al que fue elegida en 2016 cuando acompañó a su marido en la fórmula que ganó ese año las elecciones presidenciales. La primera dama de Nicaragua es ahora el personaje político más poderoso de su país con porcentajes de aprobación superiores a 70 por ciento, y ocupa una posición central en el gobierno. No sólo interviene con pleno derecho en el proceso de toma de decisiones; es mejor oradora que su marido al que suple frecuentemente en funciones de gobierno. Pero no se descuida. Viste de colores muy vivos; es tan derrochadora como lo han sido otras esposas de dictador antes que ella; y cuando interviene en público agita las manos cuajadas de anillos, como si quisiera seducir a su auditorio con su pelo largo y rizado, y con el brillo de la bisutería. Al igual que Eva Perón o Eleanor Roosevelt, Murillo ha asumido el papel de madre de los menesterosos, además de serlo de ocho hijos. Suficiente para fundar una dinastía. Los requisitos del liderazgo político son los mismos para hombres y mujeres, cuando se trata de mujeres hay que añadir los recursos tradicionales de la coquetería femenina. Thatcher no soltaba su collar de perlas de cuatro hilos y Teresa May insiste en ponerse minifalda.

Es tan fuerte la presencia de Rosario Murillo en los hogares nicaragüenses, en los que se instala por medio de la radio y la televisión, que cada vez se la ve menos como la esposa de Ortega y más como la mujer que muy probablemente será la próxima presidenta de Nicaragua. Sin embargo, para su disgusto, los opositores no dejan de recordar que es también la madre de Zoilamerica, la joven que denunció a su padrastro, Ortega, de abusar sexualmente de ella durante 10 años, desde que entró a la pubertad. También acusó a su madre de callar y condonar el abuso. La pareja Murillo-Ortega declaró loca a Zoilamerica, y resistió unida el vendaval del escándalo, por solidaridad o porque eran cómplices, lo cierto es que la hija ultrajada tuvo que abandonar su país, la forzaron a irse.


Al igual que Eva Perón, Rosario Murillo no se tienta el corazón cuando de sus adversarios se trata, y, me pregunto si no está detrás de los asesinatos y de la represión que en los pasados meses han convertido amplias zonas de Nicaragua en campos de batalla en los que han caído más de 300 nicaragüenses. (Jon Lee Anderson, Fake news and unrest in Nicaragua, The New Yorker, 3/9/18)


Murillo no es la primera esposa de dictador que ejerce un poder paralelo. Elena Ceausescu, la esposa de Nicolai Ceausescu, presidente de Rumania hasta 1989, pretendía ser una gran química. Tanto así que se mandó a hacer una enciclopedia de más de 40 volúmenes que presentaba como autora única. Pobre de aquél que pusiera en duda la autoría de los trabajos de investigación que firmaba y que todos sabían que ella no había escrito. Fue premiada y galardonada por los gobiernos de Filipinas, Portugal, Italia, Irán y Argentina, pero ni siquiera todos esos premios despertaron en ella compasión y generosidad para salvar a los niños huérfanos que crecieron abandonados en condiciones miserables en orfanatorios del Estado, y se volvieron locos o se murieron de hambre. En lugar de frenar la política natalista de su dictador, sólo aspiraba al premio Nobel de Química. Hasta viajó a Suecia con la esperanza de recibirlo, cuando ni el teléfono le contestaron, empacó furiosa su maleta y se regresó a Bucarest. Madame Ceausescu fue juzgada y sentenciada a muerte en 1989. Dicen que suscitaba tanto odio que el pelotón de fusilamiento se amontonó para que cada uno de sus miembros tuviera la satisfacción de haberle disparado. Recibió más de 100 tiros de fusil.


También podemos evocar a Imelda Marcos, a Jian Qing, la cuarta esposa de Mao, asociada a la sanguinaria Banda de los Cuatro. No todas las esposas de los dictadores son peores que ellos. Es cierto, no sabemos si Eva Braun, la esposa-hija de Hitler, Carmen Polo de Franco o Clara Petacci, la amante de Mussolini, le susurraban en las noches al oído al dictador que amaban, a la manera aterradora de la Lady MacBeth de Shakespeare, nombres de traidores, intrigas y sentencias de muerte. Tampoco sabemos si ellas sabían de los crímenes de su amado, o si se los aconsejaban al mismo tiempo que les prometían el perdón.


Y no va en esto misoginia, sino una simple denuncia de los excesos del poder que atacan a dictadores y dictadoras por igual.

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Colombia. Recordar el silencio, resistir al olvido. 20 años después de la masacre paramilitar en Monteloro

Silencio. Abandono. Soledad. Todas las palabras que fluyen y no fluyen están atravesadas por el dolor y la rabia. En la vereda de Monteloro, Barbosa (Antioquia), la tarde noche del 27 de junio de 1998 un grupo de paramilitares con confianza abusiva asesinó a seis personas. Destructiva crueldad. Dos décadas después no hay justicia en una vereda llena de ausencias. De dolores que carcomen. De nunca decir. Y de nunca ser escuchados.

Se habla de “paz” en Colombia por no decir guerra y apenas hay voces que salgan a decir lo contrario porque están silenciadas y las que no, son asesinadas. Muchos lugares están sometidos al silencio. Cada vez son más los lugares de los que no sabemos nada, de los que no sabemos qué ha pasado, qué está pasando. ¿Por qué será?

 

Escribir palabras, captar imágenes es quedarse largo rato adentro de ellas, buscando oír la voz de la experiencia vivida de la violencia. Una humilde resistencia al olvido. Un relato sobre un relato de lo real que resulta aterrador al mostrar la historia de las familias que sobreviven a la muerte con tal naturalidad.

La vereda de Monteloro a casi una hora de Barbosa, por caminos de tierra no transitables para la mayoría de coches, es un territorio donde se vive en una sensación generalizada de silencio. Silenciar es una estrategia militar de guerra, pero también el silencio es una forma de sobrevivir.

Silencio. Aquí no les gusta que uno hable. Que uno recuerde. La masacre de Monteloro sucedió hace 20 años. Nadie sabe. No quedó nada. Muchos se fueron. Apenas queda la coexistencia silenciosa de familiares y vecinos. Pues siempre habrá cosas que no se hablen, conversaciones que no se acaben y oídos sensibles al silencio.

 

"Esta herida: un hecho. Esta manera de quebrase y de caer: un lugar (Cristina Rivera)"

Abandono. El lugar. La casa donde ocurrió la masacre está desolada. Era una tienda de mercado, ahora cerrada. Abandonada. Tapiada. Una pared de ladrillos, apenas una cruz. Lejana. Encerrada en los acontecimientos de aquella noche.

Los hechos sucedieron allí, en esa casa, con seguridad pasmosa en lo que hacían y con la confianza abusiva infundada por la impunidad, llegó un grupo de paramilitares y asesinaron a Antonio Vanegas, Emilio Agudelo y sus hijos, Ricardo y Héctor. “Pongan guaro y prendan la música, que se prendió esto” les ordenaron antes de asesinarlos. Un guión frenético que invadió la casa, la intimidad. Su historia.

Previamente habían asesinado en su finca a Álvaro Sánchez y después a apenas 1 km por el camino mataron a Rodrigo Monsalve. Esa noche sabemos que seis vidas fueron arrebatadas por el paramilitarismo. El total de gente asesinada por estos grupos armados supera los cientos de miles y no deja de aumentar. Los vínculos y las conexiones entre el gobierno, el ejército y el paramilitarismo permiten esta impunidad y el no saber a cuánta gente han asesinado.

 

"Los vínculos y las conexiones entre el gobierno, el ejército y el paramilitarismo permiten esta impunidad y el no saber a cuánta gente han asesinado".

 

“Allí mataron a otro señor, aquí a mi papá, un tiro, mi hermano en esas piedritas de allí y otro hermano mío justo aquí.” “Aquí fueron cuatro, allá abajo para los lados de arriba otro y el otro allá lo colgaron y lo dejaron zarandeándose de la cabeza".

“Una se lastima recordando, pues todo lo que viene de la familia es dolor.” Al suceder esto, se gesta un silencio perpetuo. Una mirada evasiva. Una soledad asustada. Miedo. Que se complementa con los recuerdos. La gente no olvida. Recuerdan. Es horrible el irrastreable dolor de la muerte. Recuerdan al preguntarles y rememoran sin necesidad de preguntar.

¡Macabro! ¡Dolor!

 

 

Ariel Arango

 

La memoria de lo que sucedió se presenta como la entrada a ese pasado que llevó a Monteloro a ser lo que es. Los ecos de ese pasado construyen la complejidad del silencio y la impunidad de las masacres.

"Mi suergro, Emilio, les gritaba no vayan a dejar huérfanos a estos niños. Mi marido y yo en el suelo. Llorana. Mi hijo mayor tenía entonces dos años. Lloraba. Se llevaron a mis hijos dentro de la casa, los encerreron. A mi me pusieron en el balcón para que viera cómo los maltrataban... Perdí la conciencia".

 

"Murieron en el exceso de las miradas. Murieron frente a las familias. Después de asesinarlos, decapitaron a dos de ellos. A continuación, les obligaron a mirar mientras ellos jugaban al fútbol con sus cabezas".

 

Una forma extrema de crueldad ejercida sobre los cuerpos. Entre risas y patadas, la crueldad de los perpetradores agregó una intención de hacer sufrir todavía más. Cuerpos descuartizados. Profanados.

 


Ariel Arango
 

No volver nunca a la muerte. Quedarse en la muerte. Soledad impuesta por la muerte. Ellos ya no están.

“Mi papa era lo más querido que hay en esta vida.” La muerte ronda con fuerza. Y los imaginarios se insertan en la cartografía del terror, confundiéndose los relatos que parecen pesadillas en vida. La línea difusa entre lo real y lo que creemos que es fantasía desaparece, los sueños son parte del mundo real. “Una hermana mía estaba en embarazo y soñó cómo asesinaban a nuestro papá y perdió al muchacho… nunca se me olvidará eso, se despertó gritando.”

La gente tiene terror a soñar. Pero es en el único momento en el que pueden volver a verles. Un psicólogo llegó tras la masacre y les dijo que las fotografías, los retratos, todo eso siempre escondido. Cómo si por no verles desapareciera el dolor. Cómo si por no verles ya no hubiera sucedido.

Algo así como la impunidad. Tan sólo una mujer, ya mayor, se negó a esconder la fotografía de su hijo. Está colgada en la pared de su cocina, donde todo está envuelto en bolsas de plástico. Apenas pasa tiempo en Monteloro puesto que se desplazaron a la ciudad. Una hija de ella le repite que quite esa fotografía. Y ella siempre responde, no. Resistencias al olvido.

 

Ariel Arango

 

La Fiscalía no indaga. Las caras de los asesinos - de los paramilitares - estuvieron visibles todo el tiempo. Podrían ser descritos. Localizados. Quién sabe. Nunca ocultaron sus rostros. Podría hacerse un retrato de cada uno de ellos. Pero la Fiscalía no indaga. No pregunta. No quieren saber quiénes fueron. Y pareciera que ya no importarse más porqué los mataron. Pero así matan aquí: por nada.

En la tienda de abajo había un teléfono, el único por aquel entonces en toda la vereda. Empresas Públicas de Medellín lo trajo. La Junta de Acción Comunal se encargaba de su manejo. Antonio era el presidente. Ese fue el motivo. La excusa. La razón. El tema. El fundamento. El pretexto. Aludieron a que ellos lo habían prestado a la guerrilla.

 

"En la tienda de abajo había un teléfono, el único por aquel entonces en toda la vereda. Empresas Públicas de Medellín lo trajo. La Junta de Acción Comunal se encargaba de su manejo. Antonio era el presidente. Ese fue el motivo. La excusa. La razón. El tema. El fundamento. El pretexto. Aludieron a que ellos lo habían prestado a la guerrilla".

 

Si no hay cadáver no hay muerto. Si no hay muerto no hay víctima. Si no hay víctima no hay victimario. Si no hay victimario no hay delito. Así dice la teoría penal.

Aquí sí hay cadáveres, hay muertos. Sí hay muertos y hay víctimas. Sí hay víctimas y hay victimarios. Sí hay victimarios pero parece ser que en ambos caso no hay delito que se busque juzgar.

“Que si fue Mancuso, que si algún otro.” “Que mataron a seis pero que iban a matar a quince.” No sabemos nada. No quedó nada. Muchos se fueron. Pasaron 20 años. No hay nadie imputado. No hay sospechosos. No hay acusados. No hay nombres. Sólo una palabra: Impunidad. Y Mancuso extraditado a EEUU para que siga el olvido.

Ese día no terminó con la masacre. Con la muerte. Las familias y vecinos tuvieron que velar los cuerpos en el mismo lugar donde fueron asesinados. Descuartizados. Pasaron las horas. Amaneció. Pasaron las horas. Y nadie acudió. Ninguna fuerza pública encargada de protegerles. Hasta las cuatro de la tarde del día siguiente no aparecieron. Por fin subieron a levantar los cadáveres. Los cuerpos. A tomar testimonios. A recoger pruebas. A hacer lo que se supone que debieran de hacer pero que tampoco hicieron.

“Todo ocurrió en la noche y al día siguiente recuerdo dos soldados cagados de miedo. Les dijimos: ¿por qué les da a ustedes tanto miedo? ustedes pueden creer que si la guerrilla está allí arriba va a venir a sacarnos a nosotros para tirarles a ustedes. A nosotros nos da igual, no hay miedo en nosotros. No contestaban. Mudos. Casi que no vienen a recogerlos del miedo.”

Un acto como este cambia el curso de la vida. Por eso muchas casas están abandonadas. Las puertas tienen candados pero adentro aún hay dolor. Tuvieron que irse algunos. Desvanecerse.

 

Ariel Arango

 

La masacre de Monteloro no es conocida. No es una masacre mediática como otras. No salió en los titulares de prensa, apenas un par de noticias sin apenas información de lo que pasó, de quienes perpetraron la masacre. Estos hechos no acapararon la atención de ninguna audiencia. Se trata “sólo” de seis hombres que fueron asesinados. Que no se volvieron a ver. ¿Por qué? ¿Quién decide qué masacre será silenciada y cuál pertenecerá al relato de la Verdad en Colombia? ¿Por qué?

 

Ariel Arango

 

Alimentado por el silencio, el terror que domina los espacios de muerte, como la tienda cerrada en la vereda de Monteloro, nos paraliza. Este horror es otra cosa. ¿Quién puede sobrevivir a tanto dolor? ¿Y cual es su razón de ser?

Las estructuras paramilitares responden a una política de saqueo del territorio. Allí donde se implantó el terror y la violencia, las familias se desplazaron. Huyeron. Sus tierras, sus fincas, sus casas tuvieron que ser vendidas a muy bajo precio. ¿Quiénes son ahora los dueños de estos paisajes? ¿Qué han hecho con estos territorios?

Caminar las veredas es llenarse de preguntas, de conocer las historias. De subvertir el estado de silencio generalizado. De resistir al olvido. De reclamar justicia.

 


Laura Langa
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“El fenómeno de la esclavitud moderna está documentadísimo”

De “estados capturados” por las presiones del capital corporativo internacional, del “asalto a las democracias” perpetrado por las empresas trasnacionales que subvierten el orden a través de los tratados de inversión o comercio, asegurándose más poder que los propios gobiernos y generando una verdadera “arquitectura de la impunidad” para maximizar ganancias y eludir sus responsabilidades cuando violan los derechos humanos, habla esta jurista española1 que participó el martes de la conferencia “El camino hacia un tratado vinculante para proteger los derechos humanos”. Lo que sigue es un resumen de la charla que tuvo Brecha con esta experta que vive entre Europa y Ecuador, y aún cree que “hay que volver a inventar el qué queremos”

—Es fundamental que el derecho internacional vaya evolucionando para dar respuesta a las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas trasnacionales con total impunidad. Los estados están en una encrucijada: actuar frente a esto o mantener y seguir construyendo la estructura de impunidad que implican los tratados de libre comercio o inversión. Durante muchos años el derecho internacional se ocupó de los estados que cometen crímenes contra los derechos humanos. Pero las empresas trasnacionales, que, conforme han ido creciendo, aumentaron su poder económico y político mediante la captura corporativa, han tenido una mayor posibilidad de violar los derechos humanos y lo que es peor, van consiguiendo que esas violaciones sean impunes. Esto ha sido denunciado por el activismo, por los sindicatos, por la izquierda en todo el mundo y por los organismos internacionales como Naciones Unidas, que cada año presentan informes de cómo se producen estas violaciones. El fenómeno de la esclavitud moderna está documentadísimo en las cadenas de suministro, en las maquilas, en la industria textil. Está claro que hay una estrategia empresarial basada en la reducción de costes mediante el dumping social. Esto implica que las empresas se puedan mover por todo el mundo buscando el costo más bajo y eso va provocando en los países del sur una carrera a la baja para atraer la inversión extranjera. Entonces, si no paramos e intentamos establecer marcos jurídicos para impedir que las empresas sigan compitiendo entre ellas para ver cuál viola más los derechos humanos, estaremos en una caída sin frenos hacia una realidad en la que las empresas aumentan sus ganancias a costa de la vida de mucha gente.


—Los estados saben que cuando firman estos tratados de inversión renuncian a una parte de su soberanía o por lo menos a la legitimidad que tienen de regular en el orden interno para allanarle el camino a las empresas. ¿Por qué se siguen firmando si la mayoría de las veces ni siquiera detrás de los tratados obtienen la anunciada inversión?


—Esa es la otra cara de la moneda. Nosotros enfocamos esta lucha en un sentido propositivo. Queremos construir un marco normativo protector de los derechos humanos. Desde la academia crítica, los sindicatos y las Ong denunciamos y criticamos los tratados bilaterales de inversión, que también son normas internacionales. Curiosamente estas normas tienen mayor eficacia y se aplican de una manera mucho más clara y con sanciones más rigurosas que las que defienden los derechos humanos. Los estados saben que esto ocurre, que el compromiso por estos derechos es menos vinculante que los tratados de libre comercio o inversión. Lo que dice la ortodoxia económica es que los tratados producen riqueza. Pero sabemos que eso ha sido muy criticado. La inversión extranjera puede producir riqueza sí, pero para unos pocos, porque sobre todo produce acumulación y concentración. Jamás redistribución, crecimiento o desarrollo humano. Además la inversión no llega sólo por los tratados. Trae más inversión una buena red de carreteras o una tecnología determinada que un tratado de inversión (Tdi). Lo que sí sucede es que algunas personas se enriquecen por haber firmado un Tdi o por ser amigas de quien lo ha firmado. Y ahí vemos el fenómeno de la captura corporativa o la capacidad que tienen las empresas de conseguir que los estados hagan lo que ellas necesitan que se haga, construyendo una arquitectura jurídica de la impunidad. Hemos llegado a un punto en el que las normas constitucionales protectoras o guardianas de la ciudadanía están siendo desbordadas por este tipo de tratados que sortean los diques constitucionales a favor de las empresas. El poder económico es tan potente que el poder político se pliega o se repliega.


—¿A eso se refiere cuando dice que “hay un lobby geopolítico sin precedentes” que le resta peso a los parlamentos y aleja el poder de la ciudadanía?


—Esto no es sólo una cuestión económica, es un tema de democracia contra los mercados. Hay una red dispuesta por los tratados bilaterales de inversión o de libre comercio que permite que las empresas mejoren sus ganancias y su capacidad de defenderse o sortear las herramientas de control de los estados. Estamos asistiendo a una expansión similar a lo que se dio en el Consenso de Washington, pero más global. El capital financiero trasnacionalizado tiene el poder de capturar a los gobiernos. Para asegurar esta captura y que no haya vuelta atrás, los tratados son una herramienta jurídica perfecta. Los nuevos tratados, los que ha firmado la Unión Europea con Canadá, los que está negociando con el Mercosur, incluyen una materia que se llama “cooperación reguladora”. Se establece una suerte de comité para determinar las líneas de una legislación adecuada para el comercio. Aceptar esa “cooperación” de por sí implica una subversión a la democracia. Los gobiernos fueron elegidos por la ciudadanía de acuerdo a un programa, y no deberían renunciar a sus potestades ni compartirlas con las empresas. Pero lamentablemente el objetivo es que la seguridad del inversor pase por delante de cualquier objetivo de bienestar y desarrollo de las ciudadanías.

Estas reglas implican un candado jurídico que está por encima del orden local. Los estados elevan competencias que ya no podrán volver a tener, se eliminan ámbitos de decisión y la marcha atrás será muy complicada. El asalto a las instituciones democráticas es tal que –mediante una serie de normas cuyo contenido desconocemos cuando se aprueban, porque todos estos procesos son parcial o totalmente secretos– están eliminando nuestra capacidad como ciudadanos de decidir nuestro futuro.


—Teniendo en cuenta esto que dice, ¿qué tan intocables son las empresas trasnacionales?


—Se creen intocables, pero no lo son. Hay que seguir la ruta del dinero y ver quién recibe las ganancias. ¿Quién se beneficia de la venta de pantalones fabricados casi sin luz durante 18 horas al día de trabajo de 500 mujeres? ¿Es una empresa de Alemania, de España? Hay casos de empresas que están siendo juzgadas en distintas partes del mundo y existe algún resquicio de temor a perder la impunidad. Esto está provocando que nuestra lucha por un tratado vinculante para que estas empresas no sean impunes sea atacada cada vez con más dureza. Nunca pensamos que iba a ser un camino fácil, pero las empresas se están poniendo muy a la defensiva. Es que estamos aprendiendo a utilizar el derecho como arma contrahegemónica. Tenemos que encontrar las formas para vincular, por ejemplo, un incendio que sucede en una fábrica en Pakistán donde mueren 250 mujeres que estaban cosiendo ropa para una empresa alemana con la responsabilidad de esa empresa. Hoy todavía es difícil rastrear esa responsabilidad. Creo que la única manera de revertir esa impunidad es consiguiendo que las empresas tengan miedo de ser sancionadas y se cuiden. Que tengan que controlar todo su proceso de producción, que hasta la última mujer que teje o cose tenga derecho a la jornada laboral de ocho horas, y si no es así, que la empresa como figura jurídica y sus directivos puedan ser procesados. Que se le puedan aplicar sancionas jurídicas, administrativas, penales y civiles.


Hoy las empresas dicen que el compromiso con los derechos humanos es de los estados, que no les corresponde a ellos garantizarlos. Nosotros preguntamos en las reu-niones de trabajo ¿si las empresas tienen derechos otorgados por los distintos tratados comerciales, por qué no quieren tener responsabilidades? Ellos responden: “No es lo mismo, nosotros invertimos para que haya riqueza en el mundo”.


—¿Cree que hay chances a nivel mundial para avanzar en esta materia?


—En 2014 se aprobó una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a propuesta de Ecuador y de Sudáfrica, que decidió el establecimiento de un grupo intergubernamental de composición abierta con el mandato de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas trasnacionales. La coyuntura geopolítica de 2014 no era mala. Teníamos dos estados liderando esta voluntad y teníamos una serie de aliados (el G-77 estaba a favor, Argentina y Brasil se abstuvieron, pero no se opusieron, India y Rusia votaron a favor). Todos los países de la UE, así como Japón y Estados Unidos, votaron en contra. La sociedad civil, los sindicatos, el parlamento europeo, distintas redes de parlamentarios y la doctrina académica nos hemos enfocado en hacer cosas como esto que hicimos el martes aquí, de presentar el proyecto a los legisladores y decirles que Uruguay puede tener un papel importantísimo como defensor de los derechos humanos (véase recuadro). Ahora tenemos un proyecto, un borrador cero, y podemos decir a los países que se lancen a discutir esto junto con la sociedad civil y la academia y los sindicatos. Por ahí podemos hablar de la tensión positiva. La tensión negativa es la evidente. Nadie pensó que los empresarios se iban a quedar tranquilitos y no iban a reaccionar.


—Y el poder que tienen no es frágil…


—Claro, y han capturado actores importantísimos. La UE ha participado en todas la reuniones y ha sido el principal opositor a este proceso. Estados Unidos sólo participó una vez para decir que el proceso no iba a continuar, pero ha mandado a estados fáciles de convencer a boicotearlo. El tema es que la coyuntura política ha cambiado para peor. Los cambios en el gobierno de Ecuador y sus giros de timón en la política internacional también implican un retroceso. Yo prefiero un proceso peleado hasta el final y no aprobado que la aprobación de una norma que supone un retroceso de lo que ya hay, que son normas no vinculantes.

—¿Cómo sería en la práctica el control a las empresas, cómo se fiscalizaría?


—Es uno de los puntos rojos del tratado que fue eliminado en la última versión de Ecuador. Lo que se proponía hace dos años era un ámbito de control supranacional que tenía dos propuestas: una de máxima, que era una corte internacional penal sobre empresas y derechos humanos, y la otra, más tradicional, que era un comité donde estuvieran representadas las víctimas y la sociedad civil. La propuesta de máxima es difícil que salga. De todas formas, tenemos que pensar y luchar por un camino alternativo que implique un cambio de paradigma. Y en ese sentido, independientemente de lo que le pase al proceso con las amenazas y los obstáculos que se le ponen, ya llevamos ganancia, porque hemos puesto en el centro de la discusión a nivel mundial la necesidad de actuar para un efectivo respeto a los derechos humanos. Aunque hoy la coyuntura no dé, este proceso será imparable.


—Ha manifestado que en el tema de los tratados, las empresas trasnacionales y las democracias está presente la lucha de clases. ¿Podría explicar cuál es la relación?


—Estamos hablando de un capital trasnacional que acumula y se enriquece, y de unas mayorías subalternas que estamos forzadas a vender nuestro tiempo de trabajo para sobrevivir. El único enfoque que nos es útil para seguir acumulando poder de resistencia es uno transversal que nos integre a todos bajo la misma lucha, la de los gitanos, la de los obreros, la de las empleadas domésticas en España o los niños mineros en Colombia. Hay que buscar los enlaces sin perder de vista la diversidad. Pero la diversidad como un valor per se muchas veces lo que ha hecho es dividir luchas. Las personas que estamos siendo desposeídas por el fenómeno del capital global tenemos más cosas en común que las que nos diferencian. Y creo que otra cosa a favor es que el enemigo común de todos está más que claro. El otro día me preguntaron en una entrevista qué proponía yo para volver al Estado de bienestar. Y respondí que no quería volver a un estado de cosas que tiene lateralidades negativas a montones. Por ese Estado de bienestar mira cómo está el sur, y cómo están las mujeres, y cómo está el ambiente, y lo bien que les iba a las trasnacionales. Hay que volver a inventar el “qué queremos”.

1. Profesora titular de derecho de la Universidad de Valencia, España. Entre otras obras ha publicado, en solitario o en coautoría: La libertad de información de los trabajadores, Derecho del trabajo y defensa de la competencia, ¿Qué hacemos con la Universidad?, Educación pública, de [email protected] y para [email protected]: las claves de la marea verde, Lecciones sobre Estado social y derechos sociales, El huracán neoliberal. Una reforma laboral contra el trabajo, Derechos sociales, integración económica y medidas de austeridad: la UE contra el constitucionalismo social, Ttip. El asalto de las multinacionales a la democracia, El trabajo garantizado. Una propuesta necesaria frente al desempleo y la precarización, Los acuerdos comerciales como estrategia de dominación del capital. Las amenazas del Ceta y del Ttip, El Ceta al descubierto: las consecuencias del tratado entre la UE y Canadá sobre los derechos sociales, El fin de la impunidad. La lucha por un instrumento vinculante sobre empresas trasnacionales y derechos humanos.

 

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Cárcel a corruptos y prohibirles a volver a contratar con el Estado
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Pregunta 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado.

¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?

xx]

 Del dicho al hecho hay mucho trecho, y este también cuenta. Es cierto que en la confrontación de la corrupción hay que echar mano de todas las herramientas posibles, pero no sin ser realistas, sobre todo con respecto a la realidad del poder global, a la incidencia que en éste tienen las multinacionales y el marco jurídico creado por estas en el mundo que hoy habitamos. Realismo que debe extender su vista hasta visualizar la real pérdida de la soberanía jurídica por parte de la mayoría de Estados.

 

¿Cómo llegamos a esta nueva realidad? A esta nueva realidad de la geopolítica global llegamos como parte de un novísimo coloniaje, revestido de nuevas prendas. Para constituirlo, el capital internacional dedicó gran cantidad de años a tejer un nuevo andamiaje jurídico al cual han quedado supeditados los códigos jurídicos locales. La pretensión del capital internacional, al así proceder, no fue ni es sana, fue y sigue siendo la de proteger sus intereses y para ello le dieron paso, incluso, a los Acuerdos internacionales de inversiones, así como a los Tratados de Libre Comercio, en los cuales, y con letra menuda, las naciones otrora invadidas hoy son controladas por esta nueva vía, sin necesidad de tropas ni violencia directa.

 

No solo esto. En la senda del control de todo tipo de negocios y los capitales de ellos desprendidos, imperios como el de los Estados Unidos urdieron todo un tramado leguleyo que les permite infringir castigos económicos a todo aquel que consideren que rompió las leyes que ellos, solo ellos, han creado. Detrás, como soporte para su “legalidad”, está la fuerza económica –bloqueos comerciales, industriales, financieros, como los que hoy están en curso contra Irán, Turquía, Venezuela y otros países– o, de ser necesario, la misma fuerza directa.

 

Entonces, conscientes de esta realidad, a la hora de proponer acciones contra la corrupción hay que ser sensatos. Así nuestros códigos Penal y Comercial estipulen una u otra cosa, si de verdad se está por confrontar y colocarle diques a la corrupción en sus diversas manifestaciones, es obligatorio reparar con mucho cuidado los acuerdos y contratos firmados con multinacionales, las que blindadas con grandes departamentos jurídicos, redactan de acuerdo con sus intereses los contratos que firman con los “países soberanos”. No es casual que multinacionales que salen sancionadas de uno y otro país por incumplimientos, mala calidad de las obras, etcétera, lleven a los estrados judiciales internacionales a los Estados obligándolos, con el paso de los años a entregarles millones de dólares como indemnización por los contratos cancelados, de acuerdo a ellos, sin causa justa. Hay que recordar que las leyes favorecen, una y otra vez, a quienes las redactan.

 

¡Claro que debe penalizarse a todo tipo de contratistas por su fechorías que terminan por dilapidar los ahorros que son de todos, pero para que así sea lo primero que debe garantizarse es la soberanía jurídica de nuestros países, soberanía que no está ajena de la soberanía política, militar, alimentaria, geoespacial, comunicativa, cultural, etcétera.

 

Es decir, aquí también estamos ante un reto inmenso para los movimientos sociales, los cuales deben alimentar el voto de todos los suyos y de quienes viven en sus territorios de influencia para que salgan a votar las siete preguntas de la consulta del 26 de agosto, pero los cuales, al mismo tiempo, tienen el reto de explicarle a la sociedad lo limitado de esta iniciativa y los retos que la misma nos abre como proyectos que estamos por la convivencia pacífica entre naciones, lo que implica la igualdad, el hermanamiento como miembros de una misma especie y habitantes de un mismo territorio global, así como la efectiva soberanía de todos los países que integran el actual orden mundial.

 

Ahora, en el plano local es más fácil operar y sancionar a los empresarios y sus razones jurídicas o empresas, y ahí no debe haber contemplaciones, impidiéndoles que vuelvan a contratar con el Estado, pero lo que no tiene procedencia es pensar que la cárcel es la solución para resarcir a la sociedad. Aquí hay un error profundo, pues como dicen los presos: “La cárcel, a quien no mata lo deforma”, es decir, la cárcel no cumple el propósito para el cual fue diseñada, la cárcel no propicia la resocialización de ninguna persona y sí, por el contrario, potencia la formación y operatividad de miles de –nuevos– delincuentes.

 

En tanto no cumple con la misión que le encargaron, la cárcel debe llegar a su fin, y como reemplazo la sociedad, si de verdad piensa en la resocialización del condenado y no en su destrucción ni muerte, debe diseñar nuevos mecanismos sancionatorios o castigos. En este caso en particular, al haber robado a un conjunto humano llamado sociedad el o los implicados deben regresar lo hurtado a ese conjunto humano, para lo cual la justicia debe investigar hasta el rincón más profundo de cada uno de los implicados, los cuales por voluntad propia ni por convicción ni por arrepentimiento devolverán todo lo hurtado. La expropiación de todos sus bienes debe evitar la burla del fallo judicial. Es por ello que a la hora de firmar todo tipo de contratos, el Estado debe exigir que el contratista –persona natural y jurídica– presente su declaración de renta como la de su familia hasta último grado de consanguineidad, con lo cual se entienda que todo aquello no declarado y que aparezca años después como “legalmente” conseguido, pero que no logre demostrar plenamente su origen lícito, podrá asumirse como parte de lo hurtado y, por tanto, objeto de expropiación.

En este mismo sentido, y para evitar la fuga de capitales, hay que avanzar más allá de lo ya propuesto, actuando sobre los paraísos fiscales, los cuales deben ser objeto de control jurídico global, impidiendo su existencia y funcionamiento. Sin duda, esta banca y todas las redes que las protegen y potencian son parte del sumo de la corrupción, como lo es el neoliberalismo.

Como penas alternativas, la sociedad puede aplicar trabajos sociales por 10 o más años para quienes sean condenados, trabajos por realizar cada día por espacio de 8 o más horas, bajo vigilancia social y policial, sin poder salir de la ciudad origen de su delito. Cualquier burla de esta condena daría paso a trabajos ya no sociales sino físicos.

Estamos en nuevos tiempos y ante nuevos retos. Para hacer efectiva la lucha contra la corrupción hay que adentrarse en lo profundo del poder global dejando a un lado lo inmediato o lo más evidente. A no ser que la bandera anticorrupción sea una simple bandera para ganar imagen.

 

 

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