Un niño permanece junto a una bomba de agua instalada por una empresa minera china en Masumbiri, Sierra Leona, el 26 de julio de 2019. Nellie Peyton Thomson Reuters Foundation

Los pueblos colindantes a una mina quieren un hospital, un colegio y agua potable, pero de momento ni los han obtenido ni han dejado de ser pobres

Cuando los mineros chinos llegaron al pueblo de Masumbiri, en el norte de Sierra Leona, en busca de oro, todo el mundo se puso a la cola para conseguir un empleo. Los adolescentes mentían acerca de su edad, y las mujeres y las niñas iban a cocinar y limpiar el campamento de los trabajadores, un complejo cerrado situado en la ladera de una montaña cercana que da a los campos de arroz.

Dayu, una empresa privada que empezó a operar en Sierra Leona en 2018, no era más que la última de una serie de compañías chinas en busca de oro atraídas por la riqueza mineral del subsuelo del distrito sierraleonés de Tonkoili. "Al principio la gente estaba muy contenta con los empleos", cuenta Hasan Tholley, el envejecido jefe de Masumbiri, sentado en su porche junto a los ancianos del lugar en este pueblo de calles de tierra. Pronto, cientos de jóvenes con casco empezaron a llevar un sueldo a casa, y la población, con sus 5.000 habitantes, tuvo por primera vez cobertura móvil y bombas de agua, todo cortesía de Dayu.

Sin embargo, cuentan los lugareños, al cabo de 18 meses del comienzo del proyecto, cuyo valor asciende a miles de millones de dólares, el sueldo que ganaban no compensaba la pérdida de tierras, y la pobreza empeoró.

Al igual que muchos otros países africanos, Sierra Leona ha cortejado a las empresas extranjeras que pagan a los Gobiernos elevadas tasas por los derechos de extracción, mientras que la población local a menudo tiene la sensación de que no se le pide su opinión ni recibe ningún beneficio.

China es, con diferencia, el mayor exportador de minerales de África subsahariana. En la última década ha invertido alrededor de 30.000 millones de dólares en minería metálica en el continente, alrededor del 15% de ellos en Sierra Leona. Allí, la extracción de oro ha sido un sector relativamente pequeño comparado con el de los diamantes o el mineral de hierro, pero está aumentando con empresas como Dayu, que afirma tener la mayor mina de oro subterránea del país. Su explotación es el único proyecto de la compañía.

Varios equipos menores, algunos de los cuales operan ilegalmente, también extraen oro de la zona al mismo tiempo que las empresas grandes. "Considerando la actividad de extracción, las comunidades deberían estar experimentando un gran desarrollo", señala Mohamed Smooth Bagura, miembro del consejo del distrito de Tonkoili.

A lo largo de la pista embarrada y llena de baches que conduce a Masumbiri, los carteles oxidados anuncian las compañías mineras que llegaron y se fueron. Los únicos coches, edificios o carreteras nuevas en un radio de kilómetros estaban en el campamento chino.

Empleos

Desde su tienda de la calle principal de Masumbiri llena de cerraduras, camisetas y relojes, Ibrahim Thulleh cuenta que el negocio ha disminuido. "Desde que llegó Dayu, la gente tiene menos dinero para gastar", se lamenta durante una tarde calurosa, sentado en su choza descubierta.

Antes de Dayu, durante algunos años no hubo en el pueblo ninguna compañía minera grande. La gente acudía en masa a buscar pepitas de oro, a menudo con éxito, y luego iba a la tienda de Thulleh a gastar lo ganado. Dayu contrató a unos 350 lugareños, y los demás mineros se fueron porque la empresa se quedó con los yacimientos que ellos explotaban.

Thulleh cuenta que, cuando los trabajadores reciben la paga —cada uno cobra entre 50 y 150 dólares al mes—, la reparten entre la familia y los vecinos y la utilizan para liquidar sus deudas. "A final de mes no queda dinero", cuenta Abdulai Kargbo, un minero de 29 años que tiene uno de los empleos mejor pagados: ocuparse de las voladuras y la perforación de la montaña en busca de oro. Antes de Dayu, transportaba a gente en su moto y ganaba entre 10 y 15 dólares al día, más del doble de lo que gana ahora, cuenta el trabajador, que es padre de seis hijos. Las ventajas de un empleo estable no compensan la mengua de los ingresos, asegura. Dentro de unas semanas, cuando lleve un año trabajando en la mina, piensa dejarlo y volver a la moto.

A William Bangura, que tiene dos hijos trabajando para Dayu, no se le ocurre nada que la familia pueda comprar ahora que no pudiese permitirse ya antes. "Solo nos llega para ir tirando", se queja. Aún así, está agradecido por los empleos. "No teníamos elección", sentencia.

En vez de cribarlas a mano y venderlas en el sitio, ahora las partículas de oro se extraen triturando las rocas en una planta de procesamiento situada en la ladera de la montaña. En el suelo de la última sala se apilan grandes bolsas blancas llenas de polvo gris que contiene unos cuantos gramos de oro. En este estado se transporta en camiones al puerto donde se embarca rumbo a China.

Repartir la riqueza

Sierra Leona está "abierta a las empresas", anunciaba el presidente Julius Maada Bio, que ha pregonado su mensaje entre los inversores de China, Gran Bretaña y Emiratos Árabes Unidos desde que llegó al cargo el año pasado con el compromiso de garantizar que su país se beneficiaría de la minería. De acuerdo con el Código de Minería, las compañías como Dayu pagan medio millón de dólares anuales al Gobierno por una licencia de extracción a gran escala, y se les exige que dediquen el 0,01% de sus ingresos al desarrollo de las comunidades.

Pero las medidas para el desarrollo de las comunidades no están claras y el código no siempre se aplica, afirmaba el Gobierno el año pasado al anunciar una nueva política minera dirigida a poner en marcha una serie de reformas.

Dayu ha decidido aumentar su contribución al 1%, pero todavía está negociando las condiciones con la población local, informaba Mohamed Daffae, gestor encargado de relaciones con la comunidad. Los tres pueblos de la zona piden cosas diferentes. Uno quiere un colegio, otro un centro de salud, y el tercero necesita agua potable, explica el concejal Bangura. Hasta ahora solo se han instalado las bombas de agua, que llega directamente del río sin filtrar. "Hacemos todo lo que podemos para contribuir al desarrollo de la comunidad", declara Peng Hui Yao, director general de Dayu. "Queremos sinceramente que la gente de la zona sea feliz".

Según Daffae, la población está impaciente por que le lleguen los beneficios. "La principal dificultad es que entiendan la concesión", añade desde su oficina del complejo. Los lugareños creen que la tierra y los minerales son suyos, pero no tienen autorización, afirma.

El acuerdo de Dayu con el Gobierno da acceso a la empresa a 9,6 kilómetros cuadrados durante 25 años. Hace poco, Daffae se encontró con la resistencia de la gente del lugar que estaba extrayendo oro de la zona en la que la empresa china quería excavar. "Tuve que desplazarme hasta allí y explicarles que no pueden parar una explotación como esta, que es para todos nosotros", concluye.

Este artículo ha sido realizado gracias al apoyo de la Fundación Thomson Reuters, la sección sin ánimo de lucro de Thomson Reuters dedicada a informar sobre temas humanitarios, derechos de las mujeres y LGTB+, tráfico de personas, derechos de propiedad y cambio climático.

Por Nellie Peyton y Richmond Tholley

MASUMBIRI (Sierra Leona) 20 SEP 2019 - 03:01 COT

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La OMS incluye en su clasificación de enfermedades el 'burnout' o síndrome del trabajador agotado

La Organización Mundial de la Salud ha declarado que esta enfermedad hace específicamente referencia a los fenómenos relacionados con el contexto profesional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido en su Clasificación Internacional de Enfermedades el síndrome del trabajador o también conocido como burnout.


Esta enfermedad se refiere a un estado de agotamiento y fatiga constante que implica una falta de eficacia y rendimiento en el trabajador poco motivado, según ha explicado Tarik Jaserevic, portavoz de la OMS. El burnout es un síndrome que se caracteriza por tres elementos: un sentimiento de agotamiento, cinismo o pensamientos negativos y menor rendimiento profesional.


La decisión de incluir el burnout en la clasificación de enfermedades ha sido tomada el sábado por los Estados miembros de la OMS. El listado, conocido como ICD-11, sirve de base para establecer tendencias y estadísticas sanitarias a nivel mundial.


La OMS ha declarado que esta enfermedad hace específicamente referencia a los fenómenos relacionados con el contexto profesional. La nueva clasificación entrará en vigor el 1 de enero de 2022.


Como novedad, la OMS saca de la lista de enfermedades mentales la transexualidad para clasificarla en el capítulo de disfunciones sexuales. También ha añadido los trastornos relacionados con los videojuegos en la sección de los desórdenes de dependencia, como informa El País.

madrid
27/05/2019 16:46 Actualizado: 27/05/2019 16:46

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 Un trabajador en la línea de producción de móviles de la fábrica de Huawei en Dongguan, el pasado mes de marzo. WANG ZHAO AFP

Empleados de empresas tecnológicas protestan contra jornadas de nueve a nueve, seis días a la semana, que apoyan empresas como Alibaba22


 Mi novia me lo advirtió: me estaba cambiando el carácter. Ya no me reía con los amigos. Estaba de peor humor, y siempre cansado”. Lenny Zhang, de 24 años y especialista en medios digitales, recuerda con horror su trabajo en una startup de realidad virtual en Pekín. “Al principio no estaba mal porque aún no había mucho que hacer. Pero cuando empezamos a tener clientes, eso cambió. Había que estar siempre en la oficina trabajando hasta tarde, y por supuesto sin más paga. Los fines de semana el jefe podía llamarte, si se daba alguna urgencia, y tú tenías que ir. Si te marchabas pronto, aunque no tuvieras nada que hacer, estaba mal visto: no estabas trabajando lo suficientemente duro”, relata.


Lo que Lenny Zhang (nombre supuesto) describe es lo que en China se conoce como la cultura del “9-9-6”. Trabajar todos los días de nueve a nueve, seis días por semana. Algo que en otros países puede sonar familiar; las críticas a las duras condiciones laborales han llegado incluso a Silicon Valley. Pero en la segunda potencia mundial, la insólita protesta de los trabajadores en empresas tecnológicas surgida en las últimas semanas tiene, como casi todo en este país, especiales “características chinas”.


Es insólita tanto por haber encontrado una vía para expresarse públicamente —la plataforma para desarrolladores de código GitHub— en un país donde impera la censura, como por el debate nacional que ha generado. Un debate que se ha puesto al rojo vivo después de que magnates como Jack Ma, el fundador del gigante del comercio electrónico Alibaba, hayan salido a defender ese régimen laboral.

El descontento empezó a palparse, según cuentan empleados del sector, el año pasado. No es que hasta entonces las largas jornadas laborales fueran algo raro. Pero a partir de entonces, a la intensísima competitividad de las empresas tecnológicas chinas empezó a sumársele la desaceleración generalizada de la economía. Las compañías empezaban a contratar menos. En enero, la oferta de trabajo en el sector había caído un 15% con respecto a 12 meses antes, según la página de anuncios de empleo Zhaopin. Había que producir más con menos y por el mismo sueldo, y cada uno debía arrimar —aún más— el hombro. O correría el riesgo de quedarse en la calle, por despido o por quiebra de la empresa.
Claro que nunca dicho explícitamente, o en público. La ley china prevé horarios de trabajo de 40 horas semanales. Si se sobrepasan, el empleado debe recibir una compensación, y en todo caso el número de horas extras no debe superar las 36 por mes.


Un proyecto viral


En marzo un grupo de desarrolladores anónimos creó en GitHub, una plataforma para compartir códigos de programación, una página irónica, 996.ICU. El nombre hacía referencia a un dicho entre los trabajadores del sector en China: “si trabajas 9-9-6, acabarás en la unidad de cuidados intensivos (ICU, en sus siglas inglesas)”.


La página incluye recomendaciones —“márchate a casa sin complejos a las seis”— y un listado de más de 150 empresas que aplican ese régimen de trabajo, incluidos gigantes tecnológicos como Alibaba, Huawei, o ByteDance, la empresa madre de la aplicación de vídeos cortos TikTok. La “licencia anti996”, que ya han adoptado más de 90 proyectos en GitHub, obliga a las firmas que quieran usar el software de esos proyectos a respetar las leyes laborales. El golpe de genio de la iniciativa es que la censura, por mucho que lo desee, no puede bloquear GitHub: las tecnológicas chinas necesitan esta plataforma para compartir código.


996.ICU inmediatamente se hizo viral, el proyecto más compartido de toda la plataforma. Claramente, mucha gente se sentía identificada. Pero quizá todo hubiera quedado en una anécdota puntual.


Hasta que la semana pasada hablaron Jack Ma y Richard Liu, el presidente del otro gigante logístico, JD.com. Y levantaron ampollas. En un comentario en redes sociales, Ma, uno de los hombres más ricos de China, opinaba que los trabajadores deben ver como una bendición poder trabajar 9-9-6. Sin ese régimen —que hizo posible que su empresa despegara—, la economía del país “muy probablemente perdería ímpetu y vitalidad”. “Si entras en Alibaba, tienes que estar dispuesto a trabajar 12 horas al día. Si no, ¿para qué vienes? No necesitamos a los que trabajan ocho horas cómodamente”.


Liu, por su parte, consideraba que su empresa se ha llenado de “vagos” por los que no puede sentir ninguna simpatía. Sus opiniones son tanto más hirientes por cuanto la compañía —en situación delicada y que según el digital especializado The Information se plantea despedir a 12.000 personas, el 8% de la plantilla— advertía en un correo interno filtrado que se deshará de los que no “luchen duramente”, con independencia de sus circunstancias personales.


Comentarios como estos han disparado aún más la indignación. “En las compañías de software de Shanghái estos días no se habla de otra cosa”, apunta un analista de datos. En opinión de varios empleados de compañías tecnológicas, si el debate ha calado tan hondo es porque, por primera vez, las empresas han defendido en público y a las claras unas prácticas que “hasta ahora nadie decía directamente que había que cumplir. La presión estaba ahí, pero funcionaba por insinuaciones, por sobreentendidos”.


Los medios de comunicación oficiales, que reflejan la opinión del Gobierno chino, han participado también en el debate, ahora centrado en lo adecuado —o no— del equilibrio entre trabajo y vida personal que ofrecen las empresas chinas. El Diario del Pueblo, el periódico del Partido Comunista, aseguraba conciliador en un editorial el domingo pasado que “los trabajadores que critican el 9-9-6 no pueden ser acusados de vagos o pusilánimes. Hay que tener en cuenta sus verdaderas necesidades”.


“El problema es que el mercado chino es realmente intenso y competitivo”, opina Lenny. “A la mayor parte de la gente no se le pasa por la cabeza que no hace falta estar tantas horas. Nos han inculcado que para tener éxito y para ganar dinero hay que trabajar muy, muy duro”.


Al joven desarrollador le parece una buena noticia la movilización, aunque se declara escéptico sobre sus posibilidades de éxito. “Esto había que haberlo hecho hace 10, 20 años, cuando el sector tecnológico empezaba. Ahora es demasiado tarde, ya está todo demasiado consolidado”. Él piensa votar con los pies y marcharse a Europa a ampliar estudios en dos o tres meses. "Si puedo, me quedaré allí. No quiero volver al 9-9-6".


No todos están en contra

M.V.L.


Aunque las críticas han tenido un amplio eco, no todos los trabajadores del sector, ni mucho menos, se consideran explotados o están en contra de echar todas las horas posibles, día tras día. Amber Qi, de “veintipocos años” y empleada en una empresa de robótica en Cantón, es una de ellos. Trabaja cada día de diez a diez, seis días a la semana. A veces, siete. Pero no considera que sea algo exagerado: “Hay casos peores”, asegura.


En el suyo, “no me importa trabajar tantas horas —dice—. Me gusta el equipo que formamos en la empresa. Es útil trabajar todo este tiempo: si estamos cansados, podemos irnos a casa a descansar un rato, no somos de los que estamos en la oficina perdiendo el tiempo sin ser productivos”.


La joven resta importancia a las declaraciones de Ma: “hay que ponerlas en el contexto del típico jefe chino, que pretende adoctrinar a sus empleados. Eso puede funcionar para la gente de 30, 40 años. Pero a los más jóvenes no nos hace falta que nos lo diga el jefe. Si nos motiva el proyecto, le echaremos las horas que haga falta. Si no, nos iremos”. ¿Se ve pudiendo mantener este ritmo siempre? Cuando sea mayor —asegura—, “cambiaré de trabajo, a uno donde se hagan menos horas”.

 

Por Macarena Vidal Liy
Pekín 20 ABR 2019 - 10:56 COT

 

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El empresario modelo de Macri quiere una jornada laboral de 12 horas

El empresario modelo del presidente Mauricio Macri, el fundador de Alibaba Jack Ma, es también el impulsor de un esquema de trabajo que obliga a sus empleados a trabajar a destajo desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche durante seis días a la semana. El llamado “sistema 996” fue calificado por el empresario como una “bendición”. Pero Ma, el emprendedor con el que Macri compartió más de una vez risas en Olivos y celebró pactos económicos, fue por más: destacó que en su compañía de tecnología “cualquiera debería estar preparado para trabajar 12 horas al día si quiere tener éxito”, en contra de todos los derechos laborales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo.


Para sostener su postura, Ma afirmó que el crecimiento económico de China provocó un incremento de "vagos" en el país. En esa línea, intentó instalar su defensa a la extensión de la jornada laboral como si fuera una gran oportunidad para los jóvenes. “Personalmente, creo que ser capaz de trabajar 996 es un gran golpe”, señaló en comentarios publicados en la cuenta de la compañía en WeChat. “Muchas empresas y muchas personas no tienen la oportunidad de trabajar 996. Si no trabajas 996 cuando eres joven, ¿cuándo puedes trabajar 996?”, indicó.


Para Ma es “inhumano” obligar a los empleados a trabajar horas agotadoras, aunque indicó que hay otros que quieren hacerlo y resaltó que esos trabajadores son los que él más valora. "Los que pueden seguir un horario 996 son aquellos que han encontrado en la industria tecnológica su pasión más allá de las ganancias monetarias", escribió Ma.


Jack Ma, de 54 años, es una de las figuras más reconocidas del espectro empresarial chino, con una fortuna superior a los 35.000 millones de dólares. El empresario es un asiduo visitante de la Quinta de Olivos. Las redes sociales oficiales de Macri retrataron cada uno de sus encuentros. En el primero de ellos, en 2017, Ma suscribió un Memorando de Entendimiento con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional para que los productos argentinos se comercialicen en Alibaba. Luego, en 2018, acordó con la multinacional que Argentina tenga un espacio especial dentro de la oferta de viajes de la plataforma.


Las polémicas declaraciones de Ma llegaron en medio de duras críticas hacia la cultura laboral de los gigantes tecnológicos en el gigante asiático, que se habían desatado luego de que el empresario dijera no tener en cuenta para sus puestos a las personas que esperan un estilo de vida de oficina "típico de ocho horas". Los trabajadores protestaron en las redes con el Hashtag #996.ICU, en referencia a la “Unidad de Cuidados Intensivos” en las que terminan los que trabajan a este ritmo.

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Marx para mí (y ojalá también para otros)

La desigualdad no es un fenómeno individual ('mis ingresos son bajos'), sino un fenómeno social que afecta a amplios sectores de la población ('mis ingresos son bajos porque las mujeres están discriminadas')

Ayer mantuve una conversación acerca de mi trabajo, acerca de cómo y por qué, hace más de 30 años, comencé a estudiar la desigualdad, qué fue lo que me motivó a hacerlo, cómo era ocuparse de la desigualdad de ingresos en una sociedad oficialmente sin clases (y no democrática), si el Banco Mundial se preocupa por la desigualdad etc. De esta forma, el entrevistador y yo tratamos algunas cuestiones metodológicas y la ineludible influencia de Marx en mi trabajo. Me gustaría exponerla de un modo más sistemático en este post.

La influencia más importante de Marx en las personas que trabajan en ciencias sociales es, creo, su interpretación económica de la historia. Esta ha entrado a formar parte de la corriente dominante de tal modo que ya no la asociamos mucho con Marx. Y ciertamente no fue el único y ni siquiera el primero en definirla; sin embargo, fue el que la aplicó de un modo más coherente y creativo.


Incluso cuando creemos que dicha interpretación de la historia es hoy en día un lugar común, no es del todo así. Examinemos la actual controversia sobre las razones que llevaron a Trump al poder. Algunos (principalmente los que creen que todo lo que ocurría previamente estaba bien) culpan a una repentina oleada de xenofobia, odio y misoginia. Otros (como es mi caso) consideran que esos estallidos han sido motivados por un largo período de estancamiento económico de los ingresos de las clases medias y un aumento de la inseguridad (de los empleos, del gasto en atención médica, la imposibilidad de pagar la educación de los hijos). Por lo tanto, este último grupo tiende a dar prioridad a los factores económicos y a explicar cómo estos derivaron en racismo y en todo lo demás. Hay una gran diferencia entre los dos enfoques, no solo en el diagnóstico de las causas, sino, sobre todo, en su opinión de lo que debe hacerse.


El segundo punto de vista de Marx que considero absolutamente indispensable del trabajo en materia de desigualdad de ingresos y riqueza es entender que los poderes económicos ejercen su influencia en los procesos históricos a través de "grandes grupos de personas con diferentes posiciones en el proceso de producción", a saber, a través de las clases sociales. Las clases se pueden definir por la diferencia de acceso a los medios de producción, tal y como Marx insistió, pero no solo por eso. Volviendo a mi trabajo en las economías socialistas, desde la izquierda se vertieron críticas muy influyentes hacia los sistemas socialistas que sostenían que las clases sociales de dicho sistema se formaron sobre la base de un acceso diferente al poder estatal. La burocracia, ciertamente, puede considerarse una clase social. Y no solo bajo el socialismo, sino también en formaciones precapitalistas en las que el papel del Estado como "extractor de la plusvalía" era importante, desde el antiguo Egipto a la Rusia medieval. En la actualidad, muchos países africanos pueden analizarse provechosamente desde esa perspectiva en particular. En mi próximo libro Capitalism, alone utilizo el mismo criterio respecto a los países con capitalismo político, especialmente China.

Para hacer hincapié: el análisis de clase es absolutamente crucial para todos aquellos que estudian la desigualdad precisamente porque la desigualdad, antes de convertirse en un fenómeno individual ("mis ingresos son bajos"), es un fenómeno social que afecta a amplios sectores de la población ("mis ingresos son bajos porque las mujeres están discriminadas" o porque los afroamericanos están discriminados o porque los pobres no tienen acceso a una buena educación, etc.). Un par de ejemplos de lo que tengo en mente: el trabajo de Piketty, especialmente en Los altos ingresos en Francia, y el libro de Rodríguez Weber sobre la distribución de la renta en Chile a muy largo plazo Desarrollo y desigualdad en Chile (1850–2009): historia de su economía política. Por otra parte, creo que el trabajo de Tony Atkinson sobre la distribución de la renta y la riqueza británicas y de varios países más no logró integrar suficientemente el análisis político y de clase.


Aquí también es donde el trabajo sobre la desigualdad toma distancia con una de las lacras de la microeconomía y de la macroeconomía moderna: el agente representativo. El papel del agente representativo era eliminar todas las distinciones significativas entre grandes grupos de población con diferentes posiciones sociales, centrándose en la constatación de que todo el mundo es un “agente” que trata de elevar al máximo los ingresos bajo una serie de condicionantes. Esto es, en efecto, trivialmente cierto. Y al ser trivialmente cierto ignora la multitud de características que hacen que estos "agentes" sean verdaderamente diferentes: su riqueza, antecedentes, poder, capacidad para ahorrar, género, raza, propiedad de capital o la necesidad de vender mano de obra, el acceso al Estado, etc. Por consiguiente, diría que cualquier trabajo serio sobre desigualdad debe rechazar el empleo del agente representativo como una forma de abordar la realidad. Soy muy optimista al pensar que esto sucederá porque la figura del agente representativo fue el resultado de dos novedades, ambas actualmente en retroceso: un deseo ideológico, especialmente marcado en los Estados Unidos debido a las presiones similares a las de McCarthy para negar la existencia de clases sociales, y la ausencia de datos heterogéneos. Por ejemplo, era difícil calcular el ingreso medio o ingreso por decil, sin embargo, era fácil obtener el PIB per cápita.


La tercera contribución metodológica fundamental de Marx es la conciencia de que las categorías económicas dependen de las formaciones sociales. Lo que son meros medios de producción (herramientas) en una economía compuesta de pequeños productores de productos básicos se convierte en capital en una economía capitalista. Pero va más allá. El precio del equilibrio (normal) en una economía feudal o en un sistema gremial en el que no se permite que el capital se mueva entre sectores, será diferente de los precios de equilibrio en una economía capitalista con libre movimiento de capital. Para muchos economistas esto sigue sin ser obvio. Emplean las categorías capitalistas actuales para el Imperio Romano, donde el trabajo asalariado era (y cito a Moses Finley) “espasmódico, ocasional y marginal”.


Sin embargo, aunque no lleguen a ser plenamente conscientes, reconocen de facto la importancia del establecimiento institucional de una sociedad que determine los precios no solo de los bienes, sino también de los factores de producción. De nuevo, lo vemos a diario. Supongamos que el mundo produce exactamente el mismo conjunto de mercancías y la demanda es exactamente la misma, pero lo hace dentro de las economías domésticas que no permiten el movimiento de capital y mano de obra, y después lo hace en una economía totalmente globalizada donde no existen las fronteras. Obviamente, los precios del capital y el trabajo (beneficio y salario) serán diferentes en esta última, la distribución entre los dueños del capital y los trabajadores será diferente, los precios cambiarán en función de los cambios de los beneficios y salarios, los ingresos también cambiarán, así como los patrones de consumo y, en última instancia, incluso la estructura de producción se verá alterada. De hecho, esto es lo que hoy en día está haciendo la globalización.


El hecho de que las relaciones patrimoniales determinen los precios y la estructura de producción y consumo es una visión sumamente importante. De este modo, se subraya el carácter histórico de cualquier ordenamiento institucional.


La última contribución de Marx que me gustaría destacar –quizás la más importante y grandiosa– es que la sucesión de formaciones socio-económicas (o más restrictivamente, de los modos de producción) está en sí misma “regulada” por las fuerzas económicas, incluida la lucha por la distribución del excedente económico. El cometido de la economía es nada menos que histórico y global: para explicar el auge y la caída no solo de los países, sino de las diferentes formas de organizar la producción cabe preguntarse por qué los nómadas fueron sustituidos por poblaciones sedentarias, por qué el Imperio Romano de Occidente se dividió en unas pocas heredades grandes y siervos de tipo feudal, mientras que el Imperio Romano de Oriente permaneció poblado por pequeños terratenientes, y cuestiones similares. Quien estudia a Marx nunca olvida la grandiosidad de las preguntas que se plantean. Para un estudiante así, emplear las curvas de la oferta y la demanda para determinar el coste de la pizza en su ciudad será ciertamente admisible, pero jamás será considerado el papel principal o más importante de la economía como ciencia social.

Por BRANKO MILANOVIĆ


9 DE ENERO DE 2019


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Este artículo se publicó en inglés. originalmente en el blog del autor.
Traducción de Paloma Farré.

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“El capital viene al mundo chorreando sangre”

Dice Marx en el capítulo 14 de El capital. Es cierto: no hay lugar del mundo donde el capitalismo no haya surgido así. Lo curioso es que sus actuales defensores, quienes creen que debe permanecer para siempre y que es el fin de la historia, porque corresponde a la naturaleza humana, no sólo olvidan eso: olvidan que a cada nuevo ciclo, vuelve a imponerse “chorreando sangre y lodo”, y que a más de 500 años de depredar las riquezas del orbe, sigue siendo un modelo que excluye a las mayorías y las condena a la pobreza.


Cada nuevo ciclo: la llamada por sus propagandistas “bella época”, construyó un aparente bienestar y una democracia de aparador en Europa y Estados Unidos… montado sobre el saqueo despiadado de los recursos de las colonias y las naciones periféricas, de la misma manera que hoy se intenta poner muros a 70 por ciento de la humanidad que vive en las regiones del mundo sistemáticamente expoliadas.


Pero no se trata sólo de saqueo: de 1870 a 1914 se impuso el capitalismo mediante la sangre. Las masacres que impusieron la “civilización” no son menores que los que siempre recordamos: los de Hitler y Stalin. ¿Por qué se tiende a olvidar o minimizar aquellos? Porque los perpetraron las prístinas democracias occidentales…


Lo recuerdo porque cayó en mis manos un estudio ya clásico sobre el colonialismo: Adam Hochschild, El fantasma del rey Leopoldo, una historia devastadora que detalla el saqueo imperialista de Congo, particularmente entre 1885 y 1908, pero que nos permite una mirada de largo alcance… Afirmo arriba que cada ciclo del capitalismo nace chorreando sangre y lodo. Congo es un ejemplo: a raíz de la primera globalización, traficantes europeos esclavizaron a cientos de miles de congoleños, arrastrados a las plantaciones del continente americano y provocaron la ruina política y económica de la región. A ese ciclo del capitalismo corresponde, en México, la catástrofe demográfica y social provocada por la irrupción española iniciada en 1519.


El inicio del capitalismo industrial no afectó particularmente a Congo, pero sí el del imperialismo: según los cálculos de Hochschild, de 1890 a 1910 el territorio bajo control personal del rey Leopoldo pasó de 20 a 10 millones de habitantes. Los cálculos más bajos ofrecen la cifra de no menos de 3 millones de personas fallecidas de muerte no natural. ¿Causas de esa mortandad? a) los asesinatos y masacres; b) hambruna, agotamiento y abandono (de niños y ancianos, cuando las comunidades huían y se refugiaban en la selva); c) enfermedades agravadas por desnutrición, agotamiento, desesperanza y falta de atención, y d) el descenso del índice de natalidad por la ausencia de varones y rechazo al embarazo en esas condiciones.


¿La causa? Según los pocos africanos cuyo testimonio pudo recogerse, es una: el caucho. Es decir, la expoliación inmisericorde de los recursos, en beneficio de los oligopolios imperialistas. Y el autor no comete el error de creer que Congo es un caso aislado: muestra también que en las regiones caucheras bajo dominio francés, alemán y portugués, los porcentajes de muertos eran similares a los de Congo. Muestra también el silencio británico an¬te las peculiaridades inhumanas de su imperio. A ese ciclo del capitalismo corresponde, en México, la esclavitud real y descarnada en las plantaciones y monterías del sureste (documentadas por Armando Bartra en El México bárbaro) y las guerras de exterminio contra los apaches, comanches, mayas y yaquis: el porfiriato.


Tras la Segunda Guerra Mundial, el ca¬pi¬talismo entró en otro periodo y las poten¬cias se vieron obligadas a reconocer la In¬de¬pendencia de sus colonias, tras previo trabajo que garantizara la continuidad de su dependencia económica. Cuando el recién electo primer ministro de Congo Patricio Lumumba amenazó poner límites a esa dependencia casi total, la CIA, con la anuencia (documentada) del presidente Eisenhower, ordenó su asesinato. Luego fue impuesto, con beneplácito y apoyo de Washington y París, Desiré Mobuto, quien gobernó en pro de las trasnacionales. Al dejar el poder (1997), su fortuna y extravagancia eran parecidas a las de Leopoldo. Sus métodos preceden y luego son parte integral de los esquemas neoliberales de saqueo. Hoy día, según datos relativamente fiables, 10 por ciento de la población de Congo busca refugio económico y humano, huyendo de un país devastado. Son parte de la nueva tragedia humanitaria del capitalismo: la de los migrantes.


Pd 1: El libro documenta también la campaña de ocultamiento que hizo de Leopoldo un filántropo y un benefactor; un rey demócrata y liberal.
Pd 2: Leopoldo respaldó cuanto pudo la experiencia imperialista de su hermana y su cuñado Maximiliano, un príncipe “filántropo y benefactor; demócrata y liberal”.


Twitter: @HistoriaPedro
Blog: lacabezadevilla.wordpress.com

 

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Consulta popular legítima del municipio de San Lorenzo –Nariño–

Tras un prologando y participativo proceso comunitario, el próximo 25 de noviembre quienes habitan el municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño se pronunciarían, Sí o No, sobre la explotación minera en su territorio. La consulta va pese a lo decidido en días anteriores por la Corte Constitucional sobre este tipo de consultas, y al bloqueo que desde el ministerio de Hacienda y el organo electoral le han interpuesto a esta iniciativa colectiva, expresión del constituyente primario.

 

San Lorenzo es un Municipio con una inmensa riqueza ambiental, se encuentra ubicado en el norte de Nariño, con numerosos nacimientos de arroyos y quebradas que alimentan los ríos Mayo y Juanambú, el agua que brota de las montañas surte acueductos y distritos de riego no solo dentro de San Lorenzo, también benéfica a los municipios vecinos de la Unión, Taminango, Arboleda y Cartago. La vocación del municipio históricamente ha sido agropecuaria, donde se destaca la producción de café de alta calidad, frutales, pequeña ganadería y una producción diversa de alimentos.

 

En el año 2008 sin consultar a las comunidades se entregaron títulos mineros a grandes empresas multinacionales y en el 2010, inicia exploración la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en el municipio de San Lorenzo y las Veredas Olaya y El Volador en el municipio de Arboleda; al poco tiempo los campesinos de la zona vieron los efectos ambientales, sociales y de violencia que ocasiona la gran minería; las comunidades alarmadas por los estragos que se venían desencadenando deciden tomar acciones de hecho para liberar el territorio y expulsan a esta multinacional, este fue el inicio de una lucha constante para proteger el agua y el territorio, y continuamente han creado conciencia en todos los otros corregimientos, esto, gracias al incansable trabajo de organizaciones campesinas locales; a pesar de que se hizo respetar la decisión de las comunidades, los conflictos con las empresas multinacionales siguieron, generando incluso hechos de violencia.

 

Las organizaciones campesinas comenzaron a buscar alternativas para hacerle frente a la amenaza inminente de la megaminería, e incluso fueron más allá del mismo municipio; acciones como la Construcción del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y sur del Cauca –Tcam– que es una estrategia de protección del territorio y el ejercicio de los derechos campesinos, la realización de foros mineros locales, regionales y departamentales entre otras; es precisamente en el foro de “Agua y minería” realizado el 2 de julio de 2017 en Berruecos (Nariño) que se decide adelantar procesos de consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria y cafetera de estos municipios.

 

De inmediato inicia el proceso de consulta popular minera en cinco municipios del Tcam; en San Lorenzo, la comunidad y las organizaciones campesinas con el apoyo de la alcaldía logran que el Concejo Municipal dé el concepto de conveniencia, y que el tribunal contencioso administrativo de Nariño emita un concepto de constitucionalidad, pero el Ministerio de Hacienda, la Registraduria Nacional y últimamente la Corte Constitucional, han puesto obstáculos para la realización de la consulta con los argumentos que no hay recursos para su financiación y la existencia de un conflicto de competencias entre el estado nacional y los entes territoriales, y en última instancia la decisión de la Corte Constitucional de que las comunidades no pueden decidir sobre el uso del subsuelo a través de mecanismos de participación, en especial las consultas populares, así como la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral de acatar la determinación de la Corte y ordenar suspender todos los proceso de consulta para frenar proyectos megamineros hasta que el legislativo se pronuncie frente al tema, en una clara negación al derecho fundamental a la participación y a la vida misma.

 

A la fecha, según la Agencia Nacional de Minas, no se tiene títulos vigentes ya que en el 2017 y en el mes de septiembre de 2018 se presentaron renuncias por parte de las multinacionales a los títulos otorgados, sin embargo en los datos publicados por la misma agencia aparecen 20 solicitudes para realizar exploración y explotación minera a gran escala en el municipio, por lo cual la comunidad no baja la guardia y se ve en la obligación de tomar acciones para proteger el legado de las futuras generaciones.

 

Las organizaciones sociales y comunitarias, con el apoyo de la institucionalidad local articuladas en el “Comité por la protección de agua, la vida y el territorio”, como ente promotor de la consulta, decide continuar el proceso democrático de la consulta minera de manera legítima y convoca su realización para el 25 de noviembre de 2018, para que jóvenes y adultos participen activamente y tomen una decisión cuantificable del querer frente a la implementación de proyectos megamineros en el Municipio de San Lorenzo.

 

La pregunta aprobada por el concejo Municipal y el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, y que se pone a consideración de la comunidad lorenceña es la siguiente:

 

“Está usted de acuerdo SI o NO con que en el municipio de San Lorenzo (Nariño) se realice exploración y explotación minera de metales e hidrocarburos”?

 

El proceso de la consulta legítima, siguiendo lo estipulado en el Código electoral de Colombia, camina con paso firme, teniendo a la juventud como actor principal, a líderes y lideresas comunitarias trabajando de manera mancomunada e incansable en cada vereda, yendo a cada casa a promover la protección del agua y la vida.

 

Es un hecho la realización y ejercicio de esta práctica democrática, y serán los lorenceños quienes se encargarán de hacer respetar el mandato que emane de la consulta; pero además, organismos internacionales, universidades, instituciones de orden regional y nacional han expresado su apoyo y servirán como garantes de transparencia de la acción a realizarse en el mes de noviembre. Finalmente, cabe rescatar que la financiación y logística, tanto del día de votación como del proceso de campaña, fue asumido por parte de las mismas comunidades integradas en el comité.

 

* Vocero comité por la protección del agua, la vida y el territorio.

 

Publicado enColombia
Consulta popular legítima del municipio de San Lorenzo –Nariño–

Tras un prologando y participativo proceso comunitario, el próximo 25 de noviembre quienes habitan el municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño se pronunciarían, Sí o No, sobre la explotación minera en su territorio. La consulta va pese a lo decidido en días anteriores por la Corte Constitucional sobre este tipo de consultas, y al bloqueo que desde el ministerio de Hacienda y el organo electoral le han interpuesto a esta iniciativa colectiva, expresión del constituyente primario.

 

San Lorenzo es un Municipio con una inmensa riqueza ambiental, se encuentra ubicado en el norte de Nariño, con numerosos nacimientos de arroyos y quebradas que alimentan los ríos Mayo y Juanambú, el agua que brota de las montañas surte acueductos y distritos de riego no solo dentro de San Lorenzo, también benéfica a los municipios vecinos de la Unión, Taminango, Arboleda y Cartago. La vocación del municipio históricamente ha sido agropecuaria, donde se destaca la producción de café de alta calidad, frutales, pequeña ganadería y una producción diversa de alimentos.

 

En el año 2008 sin consultar a las comunidades se entregaron títulos mineros a grandes empresas multinacionales y en el 2010, inicia exploración la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en el municipio de San Lorenzo y las Veredas Olaya y El Volador en el municipio de Arboleda; al poco tiempo los campesinos de la zona vieron los efectos ambientales, sociales y de violencia que ocasiona la gran minería; las comunidades alarmadas por los estragos que se venían desencadenando deciden tomar acciones de hecho para liberar el territorio y expulsan a esta multinacional, este fue el inicio de una lucha constante para proteger el agua y el territorio, y continuamente han creado conciencia en todos los otros corregimientos, esto, gracias al incansable trabajo de organizaciones campesinas locales; a pesar de que se hizo respetar la decisión de las comunidades, los conflictos con las empresas multinacionales siguieron, generando incluso hechos de violencia.

 

Las organizaciones campesinas comenzaron a buscar alternativas para hacerle frente a la amenaza inminente de la megaminería, e incluso fueron más allá del mismo municipio; acciones como la Construcción del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y sur del Cauca –Tcam– que es una estrategia de protección del territorio y el ejercicio de los derechos campesinos, la realización de foros mineros locales, regionales y departamentales entre otras; es precisamente en el foro de “Agua y minería” realizado el 2 de julio de 2017 en Berruecos (Nariño) que se decide adelantar procesos de consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria y cafetera de estos municipios.

 

De inmediato inicia el proceso de consulta popular minera en cinco municipios del Tcam; en San Lorenzo, la comunidad y las organizaciones campesinas con el apoyo de la alcaldía logran que el Concejo Municipal dé el concepto de conveniencia, y que el tribunal contencioso administrativo de Nariño emita un concepto de constitucionalidad, pero el Ministerio de Hacienda, la Registraduria Nacional y últimamente la Corte Constitucional, han puesto obstáculos para la realización de la consulta con los argumentos que no hay recursos para su financiación y la existencia de un conflicto de competencias entre el estado nacional y los entes territoriales, y en última instancia la decisión de la Corte Constitucional de que las comunidades no pueden decidir sobre el uso del subsuelo a través de mecanismos de participación, en especial las consultas populares, así como la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral de acatar la determinación de la Corte y ordenar suspender todos los proceso de consulta para frenar proyectos megamineros hasta que el legislativo se pronuncie frente al tema, en una clara negación al derecho fundamental a la participación y a la vida misma.

 

A la fecha, según la Agencia Nacional de Minas, no se tiene títulos vigentes ya que en el 2017 y en el mes de septiembre de 2018 se presentaron renuncias por parte de las multinacionales a los títulos otorgados, sin embargo en los datos publicados por la misma agencia aparecen 20 solicitudes para realizar exploración y explotación minera a gran escala en el municipio, por lo cual la comunidad no baja la guardia y se ve en la obligación de tomar acciones para proteger el legado de las futuras generaciones.

 

Las organizaciones sociales y comunitarias, con el apoyo de la institucionalidad local articuladas en el “Comité por la protección de agua, la vida y el territorio”, como ente promotor de la consulta, decide continuar el proceso democrático de la consulta minera de manera legítima y convoca su realización para el 25 de noviembre de 2018, para que jóvenes y adultos participen activamente y tomen una decisión cuantificable del querer frente a la implementación de proyectos megamineros en el Municipio de San Lorenzo.

 

La pregunta aprobada por el concejo Municipal y el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, y que se pone a consideración de la comunidad lorenceña es la siguiente:

 

“Está usted de acuerdo SI o NO con que en el municipio de San Lorenzo (Nariño) se realice exploración y explotación minera de metales e hidrocarburos”?

 

El proceso de la consulta legítima, siguiendo lo estipulado en el Código electoral de Colombia, camina con paso firme, teniendo a la juventud como actor principal, a líderes y lideresas comunitarias trabajando de manera mancomunada e incansable en cada vereda, yendo a cada casa a promover la protección del agua y la vida.

 

Es un hecho la realización y ejercicio de esta práctica democrática, y serán los lorenceños quienes se encargarán de hacer respetar el mandato que emane de la consulta; pero además, organismos internacionales, universidades, instituciones de orden regional y nacional han expresado su apoyo y servirán como garantes de transparencia de la acción a realizarse en el mes de noviembre. Finalmente, cabe rescatar que la financiación y logística, tanto del día de votación como del proceso de campaña, fue asumido por parte de las mismas comunidades integradas en el comité.

 

* Vocero comité por la protección del agua, la vida y el territorio.

 

Publicado enEdición Nº251
De qué va el tratado de la ONU sobre empresas y derechos humanos

En Ginebra, países y organizaciones civiles están trabajando para acordar un tratado vinculante para que las empresas paguen por las violaciones a los derechos humanos de sus empresas filiales

 “Un tratado internacional para las grandes corporaciones en materia de derechos humanos no es necesario y genera inseguridad jurídica”. “Generar nuevas obligaciones para las empresas transnacionales socava la soberanía de los Estados”. “Con un acuerdo vinculante como el que se plantea, la inversión extranjera puede reducirse”. Intervenciones como estas se están volviendo a escuchar esta semana en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, donde se celebra la cuarta reunión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para obligar a las transnacionales a respetar los derechos humanos por todo el mundo. Y al igual que en anteriores reuniones, la Unión Europea (UE) y países como Rusia, Brasil, Perú, Chile o México insisten en rechazar la creación de nuevas normas para controlar a las grandes corporaciones. 

Por su parte, “las personas afectadas por las operaciones de las transnacionales han intentado durante décadas acceder a la justicia. Pero el sistema actual no nos lo permite y la impunidad persiste”. Pablo Fajardo, representante de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Chevron-Texaco (UDAPT), ha recalcado así la necesidad de un tratado que sirva para enfrentar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las multinacionales. Lo ha hecho junto a otras activistas sociales y también europarlamentarias, ante la sede de la ONU, en una rueda de prensa de la campaña global que aglutina a organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, de mujeres, de pueblos indígenas y de defensa de los derechos humanos que han llegado a Ginebra para reiterar la impunidad con que operan las empresas transnacionales.


Durante toda la semana, se están escenificando una vez más las relaciones de poder para tratar de impedir que un organismo internacional como Naciones Unidas pueda limitar el poder de las grandes corporaciones. Para eso, vuelven a ponerse sobre la mesa los mecanismos habituales para desactivar la presión de las organizaciones sociales: eternizar los procesos, incrementar la burocracia, fomentar la ambigüedad de los textos, centrar el debate en las cuestiones procedimentales.


Este año, la novedad es que ya hay un primer borrador del texto del tratado. Por eso, más allá de la necesidad de que el gobierno español y la UE —como así lo mandatan las resoluciones aprobadas en sus respectivos parlamentos— se comprometan a participar en el proceso de negociación del tratado vinculante, vale la pena centrarse en el análisis de sus contenidos. Veamos los que, a nuestro entender, son los seis elementos fundamentales.


1. NO ES ESPECÍFICO PARA LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES


Como dice el texto al principio, el objeto del instrumento internacional es el cumplimiento de los derechos humanos por parte de todas las personas físicas y jurídicas con actividades de carácter transnacional. Y eso desdibuja todo el tratado, porque este proceso nació justamente con el propósito de elaborar una herramienta que de manera específica enfrentara la impunidad de las multinacionales y de toda su cadena de valor. Hay que recordar que, a día de hoy, no existe ningún mecanismo eficaz a nivel global para controlar a unas corporaciones que pueden eludir con facilidad las legislaciones estatales a través de complejos entramados societarios.


“La mayoría de los Estados y partes interesadas tienen problemas con la nota a pie de página [en la resolución 26/9] que restringe el alcance a las empresas transnacionales”. En cada reunión, la UE y los lobbies empresariales han insistido en la “discriminación” que eso significa, defendiendo la necesidad de ampliar el alcance a todas las empresas con el fin de debilitar las medidas dirigidas a las multinacionales. Y parece que sus exigencias han acabado por tener eco en el borrador del tratado, pues se elimina uno de los elementos estratégicos que dotaban de identidad a este proceso: la búsqueda de una fiscalización jurídica efectiva de las grandes corporaciones, para cuyo control el derecho de los Estados no resulta suficiente. Es una de las principales renuncias del texto.


2. SITÚA EN EL CENTRO LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS

El texto del tratado se ha construido en base al desarrollo de normas estatales. Así, solo establece obligaciones para los Estados, ignorando que tanto los de origen como los que son destino de las inversiones no son neutrales: forman parte de los ejes que favorecen la arquitectura de la impunidad de las empresas transnacionales.


Los acuerdos y tratados de comercio e inversión que firman los Estados, los contratos que estos establecen con las compañías multinacionales y todas aquellas políticas que inciden en la desregulación de los derechos sociales —mientras regulan con fuerza los “derechos” de las grandes corporaciones— son las piezas fundamentales de la armadura jurídica que blinda los intereses de las empresas transnacionales. Dejar en manos de los Estados-nación la posibilidad de controlar a estas empresas significa básicamente continuar como hasta ahora; significa que no hay ningún avance en la creación de contrapesos suficientes para hacer responsables a las grandes corporaciones de la violación de derechos humanos.


3. NO INCORPORA MECANISMOS DE RESPONSABILIDAD LEGAL


Dado que las empresas transnacionales operan en un contexto global, parece necesario incorporar en el tratado tanto sus obligaciones directas como también las de sus directivos, independientemente de las normas reconocidas por los Estados donde localicen sus actividades. Se evitaría así que la responsabilidad de las grandes compañías se diluyera con la desregulación de las normas sobre derechos humanos, y se pondría freno a la deslocalización de las empresas hacia aquellos países con legislaciones más débiles en materia social, ambiental, fiscal o laboral.


“No queda claro que las violaciones solo corresponden a los Estados y puede parecer que hay obligaciones directas sobre las empresas”, declara sin embargo el representante de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) para rechazar cualquier atisbo de normas internacionales que pueda afectar a sus intereses de negocio. Pero, efectivamente, no se incorporan mecanismos de responsabilidad legal ni del cumplimiento de leyes. En su lugar el borrador plantea la “diligencia debida”, un mecanismo unilateral de las empresas para que ellas mismas vigilen sus actividades. Que, dicho sea de paso, también es rechazado por la OIE.


4. No clarifica la responsabilidad en la cadena de valor


En el borrador del tratado no se recoge con claridad otra cuestión central: la responsabilidad solidaria de las empresas transnacionales en las violaciones de los derechos humanos cometidas por sus filiales, subcontratistas y proveedoras. Las grandes corporaciones, aún con una enorme complejidad societaria, tienen un centro donde se establece el modelo de negocio y se toman las decisiones fundamentales. La vaguedad del texto para señalar este aspecto y obligar a clarificarlo favorece que las casas matrices se desliguen de la responsabilidad que tienen en relación a las actividades de todo su perímetro empresarial.


Un elemento que podría corregir este punto débil son las obligaciones extraterritoriales de los Estados. A través de ellas, por poner un ejemplo, los pueblos indígenas de México afectados por Iberdrola, Naturgy y Acciona podrían demandar a estas empresas ante tribunales españoles, ya que han incumplido el derecho internacional a una consulta previa, libre e informada sobre el uso de sus territorios. Esta cuestión de la extraterritorialidad sí está recogida en el borrador, aunque de una forma muy poco precisa. Se echa en falta el trabajo avanzado desde 2011 en los Principios de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales, un punto de referencia importante para avanzar en la responsabilidad del Estado en relación con las personas que viven en otros países.


5. NO SE SUBORDINA EL COMERCIO A LOS DERECHOS HUMANOS


El tratado no menciona la jerarquía normativa por la que los acuerdos y tratados de comercio e inversión tienen que estar subordinados al cumplimiento de los derechos humanos. En ese sentido, el texto no incluye obligaciones que garanticen esta prioridad y le den plena exigibilidad y justiciabilidad. Para eso bastaría con invocar la prioridad de una norma jerárquicamente superior a través del artículo 53 de la Convención de Viena, que establece la nulidad de todo aquel tratado que contravenga cualquier norma imperativa del Derecho Internacional —como las de derechos humanos, sin ir más lejos—.


Tampoco aparecen por ningún lado disposiciones en relación a las instituciones económico-financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cómplices y colaboradoras en numerosos casos de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas transnacionales. Ambas cuestiones se podrían incorporar sin mayor problema, como señala la campaña global Desmantelemos el Poder Corporativo. En su contribución escrita dirigida a la ONU, esta campaña propone partir del hecho de que “los Estados parte reconocen la supremacía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre todo otro instrumento jurídico, en particular los concernientes a comercio e inversión”. Tampoco parece nada demasiado revolucionario; de hecho, en el documento oficial previo al borrador se incluía.


6. FALTAN ÓRGANOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


En el borrador del tratado destaca la ausencia de las instancias necesarias para realizar un control jurídicamente vinculante. Como diría el jurista Alfred de Zayas, se trata de un instrumento “sin dientes”; por tanto, poco o nada efectivo. No se menciona la creación de un centro internacional para el seguimiento de la actividad empresarial y la recepción de las denuncias por parte de las comunidades afectadas. Ni tampoco la posibilidad de poner en marcha un tribunal internacional para juzgar a las compañías y sus directivos.


Según el texto, se crea un comité… que no tiene la capacidad de investigación ni la posibilidad de recibir denuncias. De forma que el acceso a la justicia de las comunidades afectadas queda únicamente en manos de los Estados, o sea como está actualmente. Es verdad que se propone la cooperación judicial entre Estados, pero hay una excesiva fe en su buena voluntad para perseguir la violación de los derechos humanos por parte de las multinacionales. Esta ausencia en parte podría haberse enmendado si en el protocolo de aplicación del tratado se hubiesen recogido estas instancias, en vez de establecer un mecanismo nacional que únicamente puede realizar recomendaciones y acompañar en la realización de acuerdos entre las partes —pero deja de actuar si las partes recurren a sistemas judiciales—.

OMAL
@OMAL_info

publicado
2018-10-19 05:01:00


*El artículo lo han escrito Erika González, Juan Hernández Zubizarreta, Gorka Martija y Pedro Ramiro, del Oservatorio de munti9nacionales en América Latina (OMAL) - Paz con dignidad

Publicado enInternacional
Informe denuncia patrón de violación de derechos humanos por empresas chinas en Latinoamérica

El jueves 11 se presentó en el Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra, un informe que revela un patrón de violaciones de derechos humanos y ambientales cometidas por empresas chinas en Latinoamérica.


El documento detalla 18 proyectos implementados por 15 consorcios chinos, formados por empresas privadas y/o estatales y por lo menos 6 bancos chinos, en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú.


El estudio concluye que las violaciones de los derechos humanos y ambientales no son incidentes aislados. Revelan un patrón recurrente de comportamiento marcado por una falta de respeto por los derechos fundamentales y los derechos económicos, sociales y culturales, así como por la impunidad de estas violaciones.


Muestra que las empresas chinas se han involucrado de manera continua y deliberada en comportamientos que violan el derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda adecuada; el derecho a vivir en un entorno saludable; el derecho a la libertad y la seguridad y los derechos de consulta y participación.


Indica además, que las autoridades chinas no han examinado con la debida diligencia los impactos de estos proyectos en los derechos humanos.


Finalmente, el informe también recuerda que el gobierno chino no ha adoptado e implementado medidas efectivas para cumplir con las obligaciones extraterritoriales de China en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).


El informe elaborado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) fue presentado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), una de las organizaciones miembros de la coalición.


Pedidos a China


A la luz de los hallazgos del informe, la FIDH, sus ligas y el CICDHA instan al gobierno chino a trabajar en cooperación con los organismos de derechos humanos e integrar los instrumentos de derechos humanos en sus políticas y proyectos de inversión en la región de ALC.


La FIDH y el CICDHA también le piden al gobierno chino que ratifique el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y que respete sus obligaciones extraterritoriales relacionadas con los derechos humanos y ambientales.


También la FIDH y el CICDHA le urge a China que renuncie a proyectos existentes en territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y se comprometa a no participar en ninguno otro proyecto en esos territorios.


Las autoridades chinas también deben realizar una evaluación comprehensiva y participativa de los proyectos donde intervienen bancos y empresas chinas en Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador y Perú en cuanto al cumplimiento de instrumentos internacionales de derechos humanos y de normas ambientales y suspender los proyectos que no cumplan con estas normas internacionales.


Compromisos y obligaciones de China


China ha reconocido internamente las obligaciones extraterritoriales de sus empresas, de respetar las leyes de los países anfitriones y las recomendaciones de las Naciones Unidas (ONU).


Ello consta en un documento de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China (CNDR) y del Ministerio de Comercio en las Opiniones Guía para el Fortalecimiento de la Construcción de un Sistema de Crédito en el Campo de la Cooperación Económica en el Extranjero.


En el documento se señala que las entidades y personas chinas que participan en cooperación económica en el extranjero deben respetar las leyes del país anfitrión, las resoluciones de la ONU, y proteger la buena imagen de China.


El 13 de junio de 2014, en sus Observaciones finales sobre la revisión del segundo informe periódico nacional de China en el marco del PIDESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) instó al gobierno chino a: adoptar un enfoque basado en los derechos humanos en el ámbito internacional de sus políticas de cooperación.


Asimismo, le pidió implementar evaluaciones de impacto y mecanismos de monitoreo; establecer vías para informar y remediar las violaciones; y adoptar medidas legislativas y administrativas para garantizar la responsabilidad legal de las empresas y sus filiales que violan los derechos humanos de forma extraterritorial.


La FIDH y CICDHA piden a los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) que realicen un evaluación completa, detallada y profunda acerca de las obligaciones extraterritoriales de China durante el tercer Examen Periódico Universal del próximo 6 de noviembre.


En particular, los Estados miembros de la ONU deberían preguntar si China ha tomado medidas específicas para implementar las recomendaciones del CESCR, ya que el patrón de violaciones documentado por el informe FIDH / CICDHA presenta evidencia de que las violaciones persisten.
12 octubre 2018

Publicado enMedio Ambiente
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