Sábado, 07 Julio 2018 07:43

¿Qué diría Marx?

¿Qué diría Marx?

Las luchas de los trabajadores por sus condiciones laborales en 2018 en la República Popular China.

El pasado 4 de mayo el Partido Comunista Chino celebró el segundo centenario del nacimiento de Karl Marx en el Gran Salón del Pueblo, edificio situado en la plaza de Tian’anmen donde celebran sus multitudinarios congresos cada cinco años. Esto constituye todo un honor, pues rara vez una figura extranjera ha recibido este tipo de elogios, y más aún cuando el presidente de la República y secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, se refirió a él en los siguientes términos: “maestro de la revolución para el proletariado y los trabajadores de todo el mundo, el principal fundador del marxismo, creador de partidos marxistas, pionero del comunismo internacional y el más grande pensador de los tiempos modernos” . Luego apostilló que solo el socialismo con características chinas puede triunfar en China.

Este acto es uno más dentro de la campaña desarrollada por el PCCh para la revitalización del marxismo como pensamiento oficial, progresivamente abandonado desde los sucesos de Tian’anmen en 1989. El retorno a la retórica y la simbología marxista aumentan la desconfianza de los medios de comunicación internacionales sobre Xi, siempre bajo la sospecha de querer emular a Mao Zedong avanzando hacia una deriva “izquierdista” del país. Pero basta con observar la realidad social para comprobar que hasta el momento estos cambios siguen siendo meramente estéticos.


Un día después del homenaje, el China Labour Bulletin (CLB), observatorio independiente de los derechos laborales en la República Popular China situado en Hong Kong, daba cobertura a una protesta en Wugang, provincia de Hunan, donde miles de profesores realizaron una manifestación nocturna por las calles de la ciudad pidiendo aumentos salariales, seguridad social y una retribución variable anual. Según la página web Weiquanwang, la manifestación se desarrolló bajo una fuerte vigilancia policial y acabó frente al edificio de la Oficina Gubernamental de la ciudad, y fueron interpelados megáfono en mano por el propio director de la oficina que pedía a los representantes de la protesta que se identificaran bajo el pretexto de entablar negociaciones.


MAPA DE CONFLICTOS


Estas protestas no son una anomalía. En mayo, el CLB registra en su mapa de conflictos 190 protestas en todo el país. Si bien las cifras no son tan espectaculares como en 2015, con más de 2.774 protestas en todo el año, la movilización activa de los trabajadores se ha convertido en una herramienta habitual como método de presión a la patronal. Los conflictos laborales se producen principalmente dentro de las empresas privadas (88% de los casos) y generalmente en los sectores de la manufactura, transportes y la construcción. “Recomendamos mirar nuestras estadísticas como la punta del iceberg —nos contestan desde el propio observatorio—; por ende, los porcentajes en cuanto a demandas, sectores afectados, son indicadores importantes para todos aquellos que quieran entender mejor la naturaleza de las disputas laborales en China”.


¿Quién protesta? Hay dos perfiles fácilmente identificables: el primero, antiguos trabajadores de las empresas estatales que sufrieron la privatización de sus sectores durante los años 90 —cuando China se preparaba para entrar en la Organización Mundial del Comercio—, y en segundo lugar los nong min gong, población considerada administrativamente rural pero que reside en las áreas metropolitanas de los grandes centros fabriles y que por tanto no puede disfrutar de los privilegios del hukou urbano. Mientras que la primera proviene mayoritariamente del sector industrial pesado situado en el norte del país, tiene una media de edad avanzada y reclama principalmente acceso a la seguridad social y pensiones dignas, la segunda se centra más en aumentos salariales, bonificaciones extra y son la mano de obra de las empresas situadas en la sureña provincia de Guandong. Es aquí donde se registra un mayor número de protestas al tratarse del foco industrial más importante. Otras provincias en el centro y en el norte como Shangdong, Jiangsu y Hebei también son el epicentro de numerosos y multitudinarios conflictos.


En ambos casos se trata de mano de obra cualificada que se ve sometida a duras condiciones laborales no exentas de habituales accidentes mortales. Uno de los ejemplos más graves es el de la minería: se estima que alrededor de seis millones de trabajadores en China contrajeron la neumoconiosis debido a su trabajo en las minas, la construcción y las factorías metalúrgicas, pero solo el 10% de estos casos fue relacionado con el trabajo por las estadísticas oficiales debido a la utilización de obstáculos burocráticos.


Otro ejemplo tristemente conocido por las pésimas condiciones es la compañía de Foxconn y sus diferentes factorías, donde las condiciones laborales y el trato humillante por parte de superiores y supervisores han llevado al suicidio a varios trabajadores, provocado por el estrés, largas jornadas de trabajo, trato humillante de la gerencia, promesas incumplidas en cuanto a mejoras de las condiciones o multas por errores laborales. Esta dramática realidad no puede ser reducida a mera anécdota: Foxconn es el mayor empleador privado en China continental, con 1,3 millones de personas en nómina.


“El grueso de las protestas —declara a una entrevista un portavoz del China Labour Bulletin— sigue siendo por impagos salariales, y muchas veces los trabajadores han esperado varios meses antes de tomar medidas colectivas, abrigando esperanzas de que el empleador sea capaz de saldar su deuda. Creemos que los problemas que aquejan a la clase trabajadora en China no han sido resueltos: incumplimiento de contratos laborales por parte de la patronal, impago de salarios, impago de contribuciones al seguro nacional por parte de la patronal, despidos ilegales, etc. En China, tras 10 años de implementación de la ley de contrato laboral, solo un 35% de trabajadores migratorios (el grueso de la fuerza laboral) tiene contratos con sus empleadores, un porcentaje decreciente, lo que muestra que los beneficios económicos del crecimiento no han sido compartidos de manera satisfactoria con los trabajadores”.


La estrategia es básica pero efectiva: autoorganización de los trabajadores paralelamente al sindicato oficial negociando bilateralmente con la patronal. Los métodos de presión empleados van desde la denuncia pública, las concentraciones, las sentadas y manifestaciones hasta, aunque en menor medida, las huelgas, el bloqueo de carreteras, la ocupación de las fábricas y la destrucción de maquinaria. La utilización de nuevas tecnologías, como la red social WeChat, ha sido una herramienta muy efectiva para este movimiento a la hora de realizar convocatorias, aunque el cada vez mayor control del Gobierno de las redes supondría un problema para el actual modelo organizativo.


La protesta se hace siempre es sobre una serie de reclamaciones concretas y rara vez hay un planteamiento sistémico que busque mayores culpables que el empleador, por lo que no parece que este movimiento pueda afectar al estado de las cosas en China más allá de un mejor reparto de beneficios entre su población. De hecho, muchas veces estas protestas se enuncian en un tono patriótico; por ejemplo, la de los profesores en Wugang, donde los manifestantes gritaban: “Amamos al país, amamos la educación y amamos a los estudiantes. ¿Y a nosotros, quién nos ama?”. Aunque no siempre el subterfugio del patriotismo funciona y en numerosos casos existe una represión directa por parte del Estado, como el pasado 26 de mayo, cuando tres representantes de los huelguistas en la fábrica de la Wolskwagen en Changchun, provincia de Jilin, fueron detenidos por “convocar una multitud para el disturbio social”.


La actitud del Estado hacia este movimiento es la de la precaución calculando el rédito político de cada una de sus acciones y no interviniendo hasta que no es necesario, tratando de no quedar como la mano ejecutora de la represión empresarial pero buscando siempre ofrecer confianza y perspectivas de estabilidad a la patronal.


PERSPECTIVAS


¿Cuáles son las perspectivas del movimiento? En un vistazo superficial no parecen esperanzadoras. Este año, la prensa económica publicó varios titulares que parecen querer hacer soplar vientos de calma para Beijing con respecto al problema de la desigualdad económica: caída del coeficiente de Gini, aumento del índice de desarrollo humano, caída del índice de pobreza extrema... Si aplicamos la máxima de “cuanto mejor, peor”, el aumento de las mejora de las condiciones de vida supondría el fin de un souffle. El triunfo del “modelo chino” ya es celebrado tanto por el Partido Comunista como prueba del éxito de sus políticas así como por lobbies defensores de la total desregulación del mercado.


Sin embargo siguen llegando datos preocupantes. Según la OCDE, China es el país con más trabajadores pobres del mundo, con el 25% de los mismos por debajo del umbral de la pobreza, y paralelamente el segundo país, según Forbes, con más multimillonarios del mundo, y esto supone un fuerte viento que extiende las llamas del conflicto. La cada vez mayor y mejor coordinación entre los huelguistas chinos avalan esta tesis. “Este fin de semana —declara el CLB— se registró una huelga de camioneros a nivel nacional, afectando directamente el suministro alimenticio. Estamos en proceso de verificar la envergadura de la acción panprovincial. Pero se trata de un fenómeno recurrente, recientemente se han registrado varios incidentes similares, que potencialmente involucran a decenas de miles de trabajadores”.

Resulta difícil saber qué diría Karl Marx a 200 años de su nacimiento —efigie admirada en el Gran Salón del Pueblo Chino por un día— si pudiera analizar todo esto. En cualquier caso, recordamos al lector una de sus frases que hacen suponer el mantenimiento y consolidación del movimiento de los trabajadores en la República Popular China: “No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”. Es decir, en tanto que las desigualdades continúen, la lucha continuará.

PUBLICADO
2018-07-07 06:57:00

 

Publicado enSociedad
Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica

Compartimos el libro “Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica”, publicado por Oilwatch en 2018

El término energías extremas se refiere no sólo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales. La era de los hidrocarburos fáciles de extraer está llegando a su fin, si no lo ha hecho ya. Los objetivos de empresas y gobiernos para sostener la matriz fósil son las formaciones sedimentarias compactas, los crudos pesados y extrapesados, las arenas bituminosas e incluso la recuperación mejorada de hidrocarburos mediante la aplicación de desarrollos biotecnológicos en pozos agotados.


Como una segunda edición, este libro reúne 13 artículos de autores latinoamericanos, quienes analizan el carácter extremo no sólo de los proyectos energéticos sino también de las infraestructuras y finanzas que demanda la reproducción del capitalismo globalizado


Extracto:


Las fronteras extremas de América Latina


Si bien desde principios de la década y hasta entrado 2014 la mayoría de los países de la región, con más o menos intensidad y convicción, tenían a los hidrocarburos de lutitas y al fracking en sus agendas, esto no se ha plasmado en grandes avances en territorio. A nivel regional el fenómeno delshale sólo ha tenido impacto masivo, o relativamente masivo, en Argentina con Vaca Muerta, mientras que en México, el otro país estrella, ha sido menor, y en Colombia hay un firme interés de las autoridades en avanzar en esa dirección.


Sin embargo, tampoco significa que haya desaparecido el interés por las formaciones compactas, el desarrollo de camposde tight sands ha cobrado impulso tanto en Argentina, como en México y el extremo sur de Chile. Los costos de producción en arenas compactas son considerablemente menores que los del shale, lo que las vuelve particularmente atractivas para las empresas.


Por otra parte, una frontera que no cesa de ampliarse en la región es la off shore. Brasil desde el descubrimiento del presal (una formación geológica en la plataforma continental que está debajo de la capa de sal en el lecho marino), hace una década, apuesta fuertemente a su explotación, incluso las autoridades no le han dado mayor importancia a los bloques con potencial en crudo y gas de lutitas. Éstos tampoco despertaron el interés de las empresas en las últimas rondas de concesiones petroleras.


La impetuosa convicción de avanzar hacia el mar emerge también en el conflicto que se suscitó en 2015, cuando el gobierno federal de Brasil intentó flexibilizar los sistemas de licenciamiento ambiental para las explotaciones costa afuera, una reforma que fue resistida por los trabajadores de las agencias de control ambiental. Hay que tener en cuenta que en el caso del presal los hidrocarburos se alojan a una profundidad cercana a los 7.000 metros; allí se concentraría el 90 % de las reservas petrolíferas probadas y el 77 % de las gasíferas.


En el mismo sentido, la francesa Total perforó en 2016 un pozo en la plataforma marítima uruguaya, a 200 kilómetros de la costa. Si bien no se conoce la profundidad final, proyectaba atravesar 3400 metros de “columna de agua” y otros 3000 bajo el lecho oceánico en busca de hidrocarburos. Un proyecto extremo que marca un hito en la región, en un país que carece de antecedentes de explotación de hidrocarburos. También Colombia avanza sobre yacimientos en aguas profundas del Mar Caribe, al igual que Nicaragua y Honduras. Chile, por su parte, a raíz de perforaciones exitosas realizadas por la estatal ENAP, apunta a consolidar sus desarrollos offshore en el Estrecho de Magallanes, al igual que ampliar las explotaciones de bloques de tight gas en la isla de Tierra del Fuego.


En tanto los crudos pesados y extra pesados son centrales en países de la región como Venezuela, con la Faja del Orinoco, y Colombia, en la región de los llanos. Por otra parte, más allá de las características de los hidrocarburos y de las formaciones que los contienen, tanto la Amazonía como el Chaco Sudamericano constituyen la nueva frontera por excelencia para Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, avances que se concretan, en muchos casos, sobre territorios de pueblos indígenas, comunidades campesinas y áreas naturales protegidas.

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Dinero y comunidad: fantasía entre teoría e historia

En agosto de 1938, Cordell Hull, secretario de Estado en el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, estaba indignado con los mexicanos. El gobierno de Lázaro Cárdenas había expropiado a las compañías petroleras el 18 de marzo de ese año y se había comprometido a pagar la correspondiente indemnización conforme a las leyes mexicanas. Las compañías, sin embargo, se negaban a llegar a un acuerdo y a negociar la valuación y el monto a pagar y pedían la devolución de sus antiguas propiedades.

 

Uno de los puntos del complicado litigio consistía en que, mientras el gobierno mexicano consideraba que el petróleo del subsuelo era propiedad de la nación y no de las compañías, simples concesionarias de su explotación, éstas incluían a los yacimientos entre sus propiedades. El otro era el valor de las instalaciones mismas. Finalmente, las compañías –y en eso las más intransigentes eran las británicas– negaban el derecho mexicano de expropiar.

 

El gobierno de Estados Unidos, por su parte, reconocía el derecho del gobierno de México a expropiar dentro de los límites de su soberanía territorial y se separaba, en esto, de la postura de las compañías petroleras. Pero exigía pago inmediato de una justa indemnización. Los mexicanos no se negaban a pagar, pero reclamaban, primero, que las compañías permitieran una evaluación imparcial de sus bienes y, segundo, que se pagara en los plazos en que México estuviera en condiciones de hacerlo.

 

Esta polémica se entrecruzaba con la discusión casi idéntica sobre el pago de la indemnización por la expropiación de tierras mexicanas propiedad de ciudadanos de Estados Unidos en cumplimiento del programa de reforma agraria del gobierno del general Cárdenas. Y sobre estas expropiaciones agrarias se había entablado el litigio entre ambos gobiernos.

 

2

 

¿Por qué estaba especialmente enfurecido Cordell Hull en aquel verano de 1938? Es que el 21 de julio había hecho saber a los mexicanos, en una nota diplomática, que no se valía postergar el pago de las expropiaciones agrarias argumentando la urgencia de los programas sociales del gobierno, pues eso violaba “las normas universalmente reconocidas de derecho y equidad”. Escribía el secretario de Estado:

 

No podemos admitir que un gobierno extranjero pueda tomar la propiedad de ciudadanos estadunidenses violando la norma de indemnización conforme al derecho internacional. Tampoco podemos admitir que cualquier gobierno unilateralmente y mediante su legislación interna pueda, como sucede con el presente caso, anular este principio universalmente aceptado del derecho internacional, basado como está en la razón, la equidad y la justicia1.

 

Y se había molestado al extremo porque el gobierno mexicano, a esa comunicación, había respondido el 3 de agosto de 1938 en estos términos:

 

Mi gobierno sostiene, por el contrario, que no hay en derecho internacional ninguna regla universalmente aceptada en la teoría, ni realizada en la práctica, que obligue al pago de una compensación inmediata, ni siquiera diferida, por expropiaciones de carácter general o impersonal, como las que México ha realizado para procurar la redistribución de la tierra.


Las expropiaciones efectuadas en el proceso de nuestra reforma agraria tienen, en efecto, ese doble carácter que debe ser tomado muy en cuenta para entender la posición de México y justipreciar la aparente falta de cumplimiento de sus obligaciones.


Sin pretender refutar el punto de vista del gobierno norteamericano, deseo llamar de manera muy especial, su atención hacia el hecho de que la reforma agraria no es solamente uno de los aspectos de un programa de mejoramiento social intentado por un gobierno o un grupo político para experimentar nuevas doctrinas, sino que constituye el cumplimiento de la más trascendental de las demandas del pueblo mexicano que sacrificó para lograrla, en la lucha revolucionaria, la vida misma de sus hijos. La estabilidad política, social y económica, y la paz de México, dependen de que la tierra sea puesta nuevamente en manos de los campesinos que la trabajan; por lo tanto, su distribución, que venía a implicar la transformación del país, es decir, el futuro de la nación, no podía detenerse ante la imposibilidad de pagar inmediatamente el valor de las propiedades pertenecientes a un reducido número de extranjeros que solamente persiguen un fin lucrativo.


Por una parte, se aprecian las reivindicaciones de justicia y mejoramiento de todo un pueblo y, por otra, los intereses puramente pecuniarios de algunos individuos. La posición de México en desigual dilema no podía ser otra que la asumida y no se afirma esto como un atenuante de su proceder, sino como una verdadera justificación del mismo. […]


Sin embargo, México admite, en obediencia a sus propias leyes, que sí está obligado a indemnizar en forma adecuada, pero la doctrina que sustenta al respecto, que está apoyada en las más autorizadas opiniones de tratadistas de derecho internacional, es que el momento y la forma de hacer dicho pago deben ser determinados por sus propias leyes2.

 

El gobierno mexicano estaba contraponiendo a los reclamos del gobierno de Estados Unidos no una situación de hecho ni una interpretación diferente de una misma norma de derecho, sino una doctrina jurídica diferente.

 

Era un conflicto entre dos derechos: uno, el de una comunidad originada en lazos anteriores al dinero; el otro, el de una comunidad donde el dinero como equivalente universal es medida de razón, equidad y justicia –en otras palabras, una comunidad natural regida por la costumbre y una comunidad mercantil regida por el dinero.

 

3

 

No es imaginable que esta distinción se presentara clara en las mentes de los protagonistas. Cordell Hull postulaba su idea de la justicia y el derecho como universal. Quien opusiera otra no planteaba para él un conflicto de derechos. Simplemente se colocaba fuera de la ley. Era un proscripto. El 22 de agosto, en una nota tajante, respondió al gobierno mexicano:

 

La aceptación universal de esta norma del derecho internacional que, en realidad, es simplemente una declaración de justicia común y trato justo, no admite, en opinión de este gobierno, ninguna divergencia de opinión. […]


La toma de propiedad sin indemnización no es expropiación. Es confiscación. No es menos confiscación porque pueda haber una declaración de intenciones de pagar en algún momento futuro3.


La respuesta del secretario de Estado tenía tonos sinceros de indignación moral. Sin embargo, para beneficio de la comprensión de los mexicanos y para fundamentación de su propia posición, Cordell Hull exponía en su documento una explicación histórica, a su criterio obvia, de los orígenes del derecho universal:
Dije que el gobierno de Estados Unidos no puede admitir que un gobierno extranjero pueda tomar la propiedad de los ciudadanos estadunidenses ignorando la norma de indemnización universalmente reconocida por el derecho internacional o admitir que la norma de compensación pueda ser anulada por cualquier país bajo su legislación interna.


Mi gobierno tenía presente que la doctrina de justa indemnización por propiedades tomadas tuvo origen mucho antes que el derecho internacional. Fuera de toda la duda, la cuestión se planteó por primera vez cuando una persona trató de apoderarse de la propiedad de la otra. La sociedad civilizada determinó que la justicia común exigía que se le pagara por eso. Una nación después de otra decidieron que era justo y razonable, equitativo y correcto, acompañar la toma de propiedad con el pago de justa compensación. A su debido tiempo, las naciones del mundo aceptaron esto como una sólida norma básica de juego limpio y trato justo. Hoy, está incorporado a las constituciones de la mayor parte de los países del mundo y de cada república del continente americano y ha sido aplicado como doctrina internacional en el derecho internacional universalmente reconocido. Es nada más que el reconocimiento entre las naciones de las reglas de trato justo y correcto, como funcionan habitualmente entre los individuos y que son esenciales para el intercambio amistoso4.


Todo esto, decía Cordell Hull, era “evidente por sí mismo” y la posición mexicana había sido recibida por su gobierno, “siento necesario decir con toda claridad, no sólo como sorpresa, sino con un profundo sentimiento de pena”:

 

La adopción por las naciones del mundo de una teoría como esa resultaría en la inmediata ruptura de la confianza y la credibilidad entre las naciones y en un de-terioro progresivo de las relaciones económicas y comerciales internacionales tal que pondrían en peligro los cimientos mismos de la civilización moderna. El progreso humano sería fatalmente hecho retroceder5.

 

4

 

La respuesta del gobierno mexicano fue igualmente severa. Vino el 1 de septiembre en el informe del presidente Cárdenas al Congreso de la Unión:

 

La reforma agraria representa la más urgente y trascendental de las medidas empleadas por México para lograr su estabilización social y económica y […] frente al deber imperativo e ineludible de cumplirla, el gobierno ha considerado obrar justificadamente al ocupar las tierras, reconociendo en favor de sus propietarios la obligación de indemnizarlos, si bien el pago respectivo haya tenido que ser demorado. Considerando México que los derechos de la colectividad deben prevalecer sobre los de-rechos individuales, no podía subordinar la aplicación de la ley a las posibilidades de un pago inmediato.


En las luchas sostenidas por los pueblos para lograr su transformación social se han lesionado los intereses de los inversionistas nacionales y extranjeros por actos inevitables del poder público, que en ocasiones no han traído aparejada la compensación inmediata, ni siquiera la posterior, y sin embargo su conducta ha sido lícita si se atiende a los intereses superiores que han tratado de servir6.

 

Dos concepciones del derecho se contraponían y cada una de las partes daba a al propio valor universal.

 

No ignoro la dificultad en dar el salto desde la teoría a la historia. Pero hay veces, cuando los conflictos tocan el fondo rocoso de los principios, que la historia tiene alas y el salto puede, si no eliminar sus riesgos, al menos aminorarlos.

 

5

 

Casi un siglo antes, en sus notas de lectura de 1844 conocidas hoy como los Cuadernos de París, Karl Marx se ocupaba del diferendo que oponía a Cárdenas y Hull. La explicación histórica del estadunidense sobre los orígenes del derecho a ser indemnizado: “fuera de toda duda, la cuestión se planteó por primera vez cuando una persona trató de apoderarse de la propiedad de otra”, presuponía que el primer atributo de la persona era precisamente la propiedad. Marx, tanto tiempo antes, se detenía en este presupuesto:

 

La economía política concibe a la comunidad de los hombres –es decir, a su esencia humana en acción, a su complementación en la vida genérica, en la verdadera vida humana– bajo la forma del intercambio y el comercio. La sociedad, dice Destutt de Tracy, es una serie de intercambios recíprocos. La sociedad, dice Adam Smith, es una sociedad de actividades comerciales. Cada uno de sus miembros es un comerciante.


Puede verse la manera como la economía política fija la forma enajenada del intercambio social como forma esencial y original, adecuada a la determinación humana.


La economía política, siguiendo el movimiento real, parte de la relación del hombre con el hombre como relación de propietario privado con propietario privado. Si se presupone al hombre como propietario privado, es decir, como poseedor exclusivo que afirma su personalidad, se diferencia de los otros hombres y está en referencia a ellos en virtud de esa posesión exclusiva –la propiedad privada es su existencia personal, distintiva, y por lo tanto esencial–, resulta entonces que la pérdida de la propiedad privada o la renuncia a ella es una enajenación del hombre en tanto que propiedad privada7.

 

La indignación moral con que Cordell Hull recibía doctrinas jurídicas mexicanas era real y sincera. Esas doctrinas estaban atentando contra la esencia humana misma tal como ésta había quedado definida allá en la noche de los tiempos, la primera vez que “una persona trató de apoderarse de la propiedad de otra”. Legitimaban, entonces, una “enajenación del hombre” y, en efecto, su difusión “pondría en peligro los cimientos mismos de la civilización moderna”.

 

Nada más que el gobierno mexicano estaba hablando de otra civilización o de otros fundamentos de la vida civilizada. Presuponía a la comunidad de los mexicanos y mexicanas como preexistente a la propiedad y al intercambio mediado por el dinero, ese dinero que se le exigía pagar como justa e inmediata reparación por las expropiaciones agrarias. No era éste, por supuesto, el lenguaje de la vida cotidiana en la sociedad mexicana, también regida por la propiedad y mediada por los intercambios y el dinero. Pero lo era cuando su gobierno era llevado a afirmarse en los fundamentos mismos de la comunidad nacional, que era lo que sucedía en los días culminantes del conflicto petrolero:


Considerando México que los derechos de la colectividad deben prevalecer sobre los derechos individuales, no podía subordinar la aplicación de la ley a las posibilidades de un pago inmediato. […] Esta teoría que parece al gobierno de Estados Unidos subversiva e insólita en el orden internacional, ha sido aplicada por Estados que figuran a la vanguardia de la civilización cuando ante la necesidad suprema del Estado y sin desconocer el derecho de propiedad, no han vacilado en tomarla sin indemnización correspondiente8.

 

Era, entonces, casi sin metáfora, un conflicto de civilizaciones y un conflicto de concepciones sobre el sustrato de la comunidad y sus relaciones con sus individuos. Sería injusto decir que sus protagonistas no tenían ninguna conciencia de ello, dado que el término “civilización” aparece en lugar central en la argumentación de cada uno.

 

6

 

Estas concepciones no provenían de influencias comunistas, como sospechaba y decía Cordell Hull9, sino de las antiguas fuentes del derecho hispánico y de las comunidades indígenas, ambas confluyentes en una idea de comunidad anterior a los individuos, idea perviviente en la herencia cultural y relacional mexicana y todavía no disuelta entonces por el dinamismo de los intercambios mercantiles y dinerarios10.

 

La reflexión sobre esa idea histórica de comunidad, que atraviesa la obra de Marx hasta las cartas a Vera Zasulich, aparece en los Cuadernos de París:

 

El intercambio, tanto de la actividad humana en el propio proceso de producción como de los productos humanos entre sí, equivale a la actividad genérica y al goce genérico, cuyo modo de existencia real, consciente y verdadero es la actividad social y el goce social. Por cuanto el verdadero ser comunitario es la esencia humana, los hombres, al poner en acción su esencia, crean, producen la comunidad humana, la entidad social, que no es un poder abstracto-universal, enfrentado al individuo singular, sino la esencia de cada individuo, su propia actividad, su propia vida, su propio goce, su propia riqueza. Por tanto, no es en virtud de la reflexión que aparece esta comunidad verdadera, sino en virtud de la necesidad y del egoísmo de cada individuo; es decir, es producida de manera inmediata en la realización de la existencia humana. La realidad de esta comunidad no depende de la voluntad humana; pero mientras el hombre no se reconozca como hombre y, por tanto, organice al mundo de manera humana, esta comunidad aparecerá bajo la forma de enajenación. Debido a que su sujeto, el hombre, es un ser enajenado de sí mismo11.

 

Aquella idea de comunidad no está mediada por el dinero, este “mediador ajeno”, como dice Marx en sus apuntes, cuando “el hombre mismo debería ser el mediador para los hombres”. Pero esa idea no existe ya en la realidad aparente. ¿Por qué aparece, entonces, una sombra o un reflejo de ella cuando en 1938 el poder que asume la representación de la comunidad de los mexicanos entra en conflicto, sobre el propio territorio donde ésta existe y se define, con el poder que asume la representación de la comunidad de los estadunidenses?

 

Porque el conflicto, a mi entender, toca las fibras más profundas de definición de la identidad comunitaria nacional en cada una de ellas. Y entonces, borrosa pero inconfundiblemente, toma la forma de dos de-finiciones nacionales diferentes, aquello que es un conflicto entre dos ideas de comunidad que atraviesa a todas las sociedades en tránsitos seculares desde sus formas naturales (comunitarias o precapitalistas, si se quiere) a sus formas capitalistas.

 

7

 

Si en la indignación de Cordell Hull se escuchan resonancias de la misma indignación que en los señores de la Inglaterra de los siglos xvii y xviii, en las razones morales de los mexicanos aparecen, bajo la forma de sentimiento nacional, las motivaciones de la economía moral que, como bien nos lo explicó Edward P. Thompson, inspiraban las rebeldías plebeyas contra aquellos señores en esos siglos12.

 

Se enfrentan dos indignaciones morales paralelas y verdaderas; en el fondo, dos visiones sobre la esencia humana, la comunidad y la propiedad privada. Sólo llevando el análisis a este terreno puede verse la profundidad del choque, entre una comunidad donde aún la economía moral dominaba las conciencias y otra donde se explayaba en toda su fuerza la economía de mercado del siglo xx.

 

No es forzar la analogía afirmar que el aprecio de aquellas motivaciones de los plebeyos anima la indignación moral que aparece aquí y allá en los Cuadernos de París y en la obra entera de Marx:

 

Mi trabajo sería expresión vital libre, por tanto goce de la vida. Bajo las condiciones de la propiedad privada es enajenamiento de la vida, pues yo trabajo para vivir, para conseguir un medio de vida. Mi trabajo no es vida13. […] Al negar […] toda importancia a la vida misma, la abstracción propia de la economía política alcanza el colmo de la infamia14.


Y unas páginas más allá:

 

Considérese la abyección que implica la valoración de un hombre en dinero, tal como tiene lugar en la relación crediticia. [...] El crédito es el juicio en términos económicos sobre la moralidad del hombre. [...] La individualidad humana, la moral humana se ha vuelto, por un lado, un artículo de comercio y, por otro, el material en que existe el dinero. La materia, el cuerpo del espíritu del dinero no es ya el dinero, o sus representantes en papel, sino mi propia existencia personal, mi carne y mi sangre, mi virtud y mi valía sociales15.

 

Tan real y hondo era el conflicto entre dos derechos y dos visiones del mundo que en esos acontecimientos se jugaba, que más allá de la conciencia de sus protagonistas aparecía, como debe ser, en las formas de su lenguaje.

 

8

 

A riesgo de aumentar los peligros de este vuelo entre historia y teoría, quiero agregar que en los Cuadernos de París encontré el hilo para salir del laberinto de un extraño diálogo que había hallado en las discusiones de aquellos días entre los dos gobiernos.

 

En diciembre de 1936, mucho antes de la expropiación petrolera y apenas iniciada la reforma agraria en el Valle del Yaqui, donde estaban siendo afectadas o iban a serlo propiedades de ciudadanos de Estados Unidos, el embajador de este país, Josephus Daniels, rooseveltiano y viejo populista agrario del estado sureño de North Carolina, tuvo una entrevista con el presidente mexicano. Entre otras cuestiones, le planteó la de las expropiaciones agrarias. Daniels tenía especial simpatía por los planes y la política de Cárdenas y éste lo sabía. Iba sin embargo en la entrevista a plantear las preocupaciones de su gobierno.

 

Después de reiterar que la ley agraria sería aplicada en el Yaqui, no afectando sin embargo a las propiedades de ciudadanos de Estados Unidos hasta 150 hectáreas según disponía la misma ley, el general Cárdenas hizo al embajador un pedido poco común, singularmente ajeno a los usos, costumbres y lenguajes de la diplomacia. Así lo registra el cronista de la reunión, Pierre Boal, consejero de la embajada:

 

El presidente Cárdenas dijo entonces que quería pedir un favor personal al embajador [subrayado en el original]. Dijo que su pueblo había vivido durante años en una situación de abrumadoras miseria y pobreza. La ambición de la gran masa de trabajadores agrarios pobres había sido poseer la tierra en la cual trabajaban, y él y su gobierno habían tratado fielmente de llevar adelante ese propósito. ¿No sería posible para el embajador lograr el apoyo del presidente Roosevelt y del gobierno de Estados Unidos para convencer a los propietarios estadunidenses en México de que cooperaran con el gobierno mexicano de modo que ese fin pudiera alcanzarse?16.

 

La crónica no dice qué cara puso el embajador –posiblemente, cara diplomática–, pero sí que respondió que transmitiría ese pedido en persona a Roosevelt y a Hull.

 

 

9

 

¿Pero por qué a mí, más de medio siglo después, me parecían tan extraños, y a la vez tan familiares, el pedido y sobre todo el tono del general? ¿Por qué me conmovía la anécdota, por qué veía una recóndita dignidad en donde otros tal vez hayan querido ver deferencia o dependencia?17.

 

Era el lenguaje lejano de la comunidad contra el lenguaje del dinero, el lenguaje humano contra el lenguaje de la propiedad. Era una voz que, en el distante mundo de la diplomacia y del poder, estaba dando al otro argumentos indiferentes a la lógica del “mediador ajeno” pero vivos todavía en la imaginación y en la razón de su comunidad nacional.


Es lo que encontré, con el riesgo que antes digo, en los Cuadernos de París:

 

El único lenguaje comprensible que hablamos entre nosotros son nuestros objetos en su relación entre sí. Un lenguaje humano nos resultaría incomprensible e inefectivo: el primero lo usaría como una petición, como un ruego, sabría por tanto que se degrada y se sentiría avergonzado, humillado; el otro lo escucharía teniéndolo por un atrevimiento, y lo rechazaría como a un desvarío. A tal punto estamos mutuamente enajenados de la esencia humana, que el lenguaje inmediato de esta esencia nos parece un atentado contra la dignidad humana, mientras el lenguaje enajenado de los valores cosificados se nos presenta como la realización adecuada de la dignidad humana en su autoconfianza y su autorreconocimiento18.

 

Dije al comienzo que esto era una fantasía de historiador dando saltos vedados sobre dominios entre los cuales es peligroso omitir las mediaciones. Fantasía, si bien entiendo, es la forma musical en que suele disolverse la construcción clásica de la sonata. Si esta metáfora me está permitida, quiero cerrar con una última variación sobre el mismo tema.

 

La liquidación del artículo 27 Constitucional, producto de la soberbia del poder y del dinero unida con la ignorancia sobre los sentimientos de esta nación, atentó contra los últimos pero reales vestigios de las razones, los modos y las promesas de una comunidad mexicana que se reconoce, finalmente, en la tierra. Fue, en términos escuetos, sintéticos y precisos, un asalto del dinero contra esa comunidad y contra su historia, su arraigo y su esencia.

 

En ese espacio entre comunidad y dinero, que no ha cesado hasta hoy de alimentar desde el fondo los conflictos de la mayoría de los habitantes de este mundo, se gestó, se jugó y encontró sus ideas y su razón de ser el levantamiento de los indígenas de Chiapas. Si tuvo resonancias y simpatías en todo el territorio nacional y aún más allá es porque ese nervio profundo sigue vivo y fue tocado. El futuro dirá por cuál camino nos iremos.

 

10

 

Hemos entrado en una nueva época del capital. Los regímenes de economía estatal, aquellos donde un estrato social burocrático, dueño del poder y del Estado, dominaba y regulaba la economía estatizada –Rusia, China, Vietnam, Europa del Este–, han dado origen desde los últimos años del siglo xx a poderosas economías y naciones donde una nueva clase poseedora, afirmada en las finanzas –tierra, industria, bancos– es dueña del Estado, la política, los medios de producción, el conocimiento científico y la investigación, la tecnología, la educación y, sobre todo, es dueña de las fuerzas armadas, concentrada síntesis del poder.

 

Este orden fue engendrado en las entrañas de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tanto en la carrera militar, científica y tecnológica entre las potencias en guerra por la energía atómica y la bomba nuclear, como en la paralela carrera por la automatización y la digitalización. De las entrañas de la guerra mundial nació en las potencias ambos bandos –Estados Unidos, Gran Bretaña19, Rusia, Alemania– la revolución tecnológica que desembocó en la digitalización de nuestros días, germen de inmensas posibilidades de conocimiento y de disfrute y, al mismo tiempo, instrumento refinado de dominación, de control y de refinada destrucción de los recursos naturales y las solidaridades y comunidades de la especie humana.

 

En Capital y tecnología20, allá por la segunda mitad del siglo xix, Carlos Marx citaba un aforismo de Andrew Ure21, teórico y defensor del sistema fabril en expansión en Gran Bretaña: “Cuando el capital enrola la ciencia a su servicio, la mano rebelde del trabajo aprende siempre a ser dócil.” Cada revolución tecnológica en la era del capital: el vapor, la energía eléctrica, la automatización ha confirmado, época tras época, este aforismo.

 

La digitalización, que ha florecido y expandido sin cesar sus territorios en nuestras vidas desde las últimas décadas del siglo xx hasta el presente, es la cuarta revolución tecnológica en la era del capital. Ha sido vehículo e instrumento de la mundialización de la dominación del capital sobre toda la superficie del planeta y toda civilización humana bajo su forma abstracta, las finanzas; es decir, no amarrada a una forma material específica, llámese tierra, industria, comunicaciones o tecnología, pero dueña o dominante de todas ellas como propiedad material.

 

No estamos ante una nueva política –el neoliberalismo o como se le quiera llamar– ni se trata de un “modelo” económico, según una terminología obsoleta que ni en sus lejanos días de auge tuvo validez explicativa sobre la realidad. Estamos ante una nueva época de la civilización humana a la cual es posible denominar la unificación financiera y tecnológica del mundo22.

 

11

 

Los historiadores cuentan historias, no adivinan el porvenir. Su tarea es conocer y dar a conocer, no predecir futuros o diseñar proyectos. Pero en tanto mujeres y hombres cuyo oficio se ocupa de los seres humanos en el tiempo, no pueden evitar pensar en el futuro. Es cuanto Edward P. Thompson, hoy más nuestro que nunca, nos quiso decir en Costumbres en común cuando escribió sobre posibles futuros alternativos23:

 

Nunca regresaremos a la naturaleza humana precapitalista; sin embargo, un recuerdo de sus necesidades, esperanzas y códigos alternativos puede renovar nuestra idea de la amplitud de las posibilidades de nuestra naturaleza. Podría incluso prepararnos para un tiempo en el cual se descompongan tanto las necesidades y expectativas capitalistas como las comunistas estatistas y sea posible rehacer la naturaleza humana bajo nuevas formas. Esto es tal vez silbar en medio de un ciclón. Es invocar el redescubrimiento, en nuevas formas, de un tipo nuevo de “conciencia de costumbres”, en la cual otra vez generaciones sucesivas establezcan entre sí una relación de aprendizaje, en la cual las satisfacciones materiales se mantengan estables (aun estando más igualitariamente distribuidas) y sólo se amplíen las satisfacciones culturales, y en la cual las esperanzas y expectativas se vayan igualando en un estado estable de las costumbres.

 

“Silbar en medio de un ciclón”: tal vez este ciclón es aquella tempestad que sopla desde el Paraíso, de la cual nos decía Walter Benjamin, violenta e irresistible, lanzando hacia el futuro al ángel de la historia, esa tormenta cuyo nombre es Progreso. Pero silbar en la tormenta ¿no es acaso lo que Benjamin se proponía en sus tesis Sobre el concepto de historia, su legado desde Port Bou para todos nosotros?24.

 

Articular históricamente el pasado no significa conocerlo “como verdaderamente ha sido”. Significa adueñarse de un recuerdo tal como éste relampaguea en un instante de peligro […] Encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que sólo se encuentra en aquel historiador compenetrado con esto: tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer.

 

A este cambio de época lo hemos llamado “el tiempo del despojo”. Pero el despojo no es sólo de nuestros bienes terrenales, sino también de la entera naturaleza y de nuestra misma condición humana, que es naturaleza y a ella pertenece. ¿Entonces?

 

Como en aquel entonces también nos dijo Walter Benjamin:

 

Para Marx las revoluciones son las locomotoras de la historia. Pero tal vez las cosas sean diferentes. Tal vez las revoluciones sean la forma en que la humanidad, que viaja en ese tren, jala el freno de emergencia.

 


 

* Historiador. Profesor emérito de la Unam. Fuente: La Jornada Semanal, 6 de mayo 2018.
** Una versión inicial de los temas de este escrito fue presentada en el seminario “Karl Marx 1844-1994. A 150 años de los Manuscritos de París”, Facultad de Economía, Unam, 30 de junio de 1994. Un desarrollo extenso de las ideas aquí expuestas, en Adolfo Gilly, El cardenismo, una utopía mexicana, Era, México, 2010, 384 pp. Un antecedente inmediato, en Adolfo Gilly y Rhina Roux, El tiempo del despojo – Siete ensayos sobre un cambio de época, Ítaca, México, 2015, 191 pp. Una inspiración, en Bolívar Echeverría, Ziranda (inédito).
1. Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1938, Vol. v, pp. 674-678; Boletín de Información, Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, México, 22 de julio de 1938.
2. El Universal, 4 de agosto de 1938; Foreign Relations, 1938, Vol. v, pp. 679 -684.
3. Foreign Relations, 1938, Vol. v, pp. 685-696.
4. Ibíd.
5. Ibíd.
6. Lázaro Cárdenas, Palabras y documentos públicos, México, Siglo xxi Editores, 1978, Vol. 2, ps. 122-147. Es seguro que ambos interlocutores ignoraban que un antecedente lejano de esta divergencia había aparecido en 1842 en la “Rheinische Zeitung” en un escrito de Karl Marx, “En defensa de los ladrones de leña”. Una edición reciente en Karl Marx/Daniel Bensaid, Contra el expolio de nuestras vidas, errata naturae, Madrid, 2015, pp. 11-54. Completa esta edición Daniel Bensaid, “Karl Marx, los ladrones de leña y los derechos de los des-poseídos”, pp. 57-158.
7. Karl Marx, Cuadernos de París [notas de lectura de 1844], México, Ediciones Era, 1974, pp. 138-139.
8. Lázaro Cárdenas, op. cit.
9. El 10 de septiembre, en una conversación con el embajador mexicano en Washington, Francisco Castillo Nájera, el secretario de Estado le dijo que “un cuidadoso examen de todas las evidencias y la literatura sobre el tema indica que el gobierno mexicano se está aproximando al marxismo o a las bases del comunismo, ya sea conciente o inconcientemente”. Foreign Relations, 1938, Vol. v, pp. 705-707.
10. Sobre esta confluencia en la formación de la conciencia nacional mexicana, ver Jacques Lafaye, Mesías, cruzadas, utopías, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, en especial el capítulo v, “La utopía mexicana – Ensayo de intrahistoria”.
11. Karl Marx, Cuadernos..., op. cit., pp. 136-137.
12. E. P. Thompson, Tradición, revuelta y consciencia de clase, Barcelona, Editorial Crítica, 1979, “La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo xviii”, pp. 62-134. E. P. Thompson, Customs in Common – Studies in Traditional Popular Culture, The New Press, New York, 1993.
13. Karl Marx, Cuadernos..., op. cit., p. 156.
14. Ibíd., p. 117.
15. Ibíd., pp. 133-134.
16. Adolfo GilIy, El cardenismo - Una utopía mexicana, México, Ediciones Era, 2001, p. 234.
17 Por ejemplo José Vasconcelos, prólogo a Victoriano Anguiano, Lázaro Cárdenas, su feudo y la política nacional, México, Editorial Eréndira, 1951, p. 12.
18 Karl Marx, Cuadernos de París, cit., pp. 153-154.
19 Para Estados Unidos, ver David e. Noble, America By Design. Science, Technology and the Rise of Corporate Capitalism, New York, Knopf, 2013, 384 pp., y Forces ofProduction – A Social History of Industrial Automation, 2013, 409 pp. Para Gran Bretaña, ver entre otros Teresa Guerrero, “Alan Turing, el hombre que venció a los nazis con la ciencia”, El Mundo, Madrid, 27/6/2012.
20 Karl Marx, Capital y tecnología (Manuscritos inéditos, 1861-1863), México, Terra Nova, 1980, p.66.
21 Andrew Ure, The Philosophy of Manufactures, London, 1835.
22 “La unificación financiera del mundo”, en Adolfo Gilly y Rhina Roux, El tiempo del despojo. Siete ensayos sobre un cambio de época, Ítaca, México, 2015, 191 pp., pp. 7-18. Tomamos la expresión de un ensayo famoso de Emmanuel Le Roy Ladurie, Un concept: l’unification microbienne du monde (xix-xvii siècles), 1973, Socieéé Générale Suisse d’Histoire, 70 pp.)
23 Edward P. Thompson, Customs in Common, The New Press, Nueva York, 1993, p. 14. En este apartado retomo, como conclusión, ideas expuestas en Adolfo Gilly, Historia a contrapelo –Una constelación, México, Era, 2006, 147 pp., iii. “Economía moral y modernidad”, pp. 59-77.
24 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, en Écrits français, Gallimard, París, 1991, pp. 339-56.

 

Persisten en extraer el oro de Santurbán, a cualquier costo

El proyecto Soto Norte es un plan de la empresa Minera de Santander (Minesa) que lleva más de diez años de discusión en el país, convirtiéndose en uno de los proyectos mineros que más polémica ha causado en Colombia en los últimos años; pretende extraer 9 millones de onzas1 de oro durante 23 años en las inmediaciones de la montaña que surte de agua a la capital de Santander y a varios municipios de esa región del oriente del país. Actualmente la empresa viene jugando sus últimas cartas para conseguir la licencia de explotación, y tanto las próximas elecciones presidenciales, como el mundial de fútbol que se avecina pueden ser un gran agente de distracción para lograr su cometido.

 

Minesa no es más que un apéndice criollo de la casa matriz Mubadala Develop Company de Emiratos Arabes unidos, un fondo de estado del gobierno de Abudabi. Entre otras cosas, reportes del New York Times, the Guardian y de Amnistía internacional la acusan por acciones en otros países a la forma y la estructura en que la empresa trata a sus empleados, denunciando persecución por huelgas, difíciles condiciones de trabajo y excesos de parte de los empresarios sobre los trabajadores, sobre todo inmigrantes.

 

El proyecto de Minesa y su impacto en el territorio:

 

Los páramos en Colombia cubren apenas el 2% del área continental, pero el 70% de los colombianos dependemos de ellos. El complejo del páramo de Santurbán se ubica entre los departamentos de Norte de Santander y Santander, con una extensión aproximada de 142.000 hectáreas, entre los 2.800 y 4.290 m.s.n.m; alrededor de 72% del terreno se encuentran en el Territorio de Norte de Santander y un 28% dentro del Territorio de Santander. Los páramos como éste sirven como reguladores del ecosistema en todo el país, pues recogen el agua en invierno y lentamente la dejan salir en épocas de sequía, por eso el 60% del agua que viene del páramo es subterránea, y la explotación minera a través de túneles como la que pretende Minesa es sumamente peligrosa para mantener la calidad y cantidad del agua bajo la montaña.

 

Uno de los debates que ha suscitado el proyecto es la línea de definición del páramo, pues en su determinación nunca fueron consultadas las comunidades. Para el instituto Alexander Von Humbolt2, en el concepto técnico con relación a la definición del páramo, es una unidad biogeográfica y socioeconómica, que en el caso de Santurbán arranca en las partes altas del Alto del Viejo en las cumbres del municipio de California, y baja hacia la zona de sub paramo, bosque alto andino y la zona de amortiguación. Para el instituto no hay una actividad aislada que no trascienda a los demás componentes de todo el cuerpo que encarna la montaña de lo que se deriva que el páramo al ser una unidad, no es una línea, y eso es totalmente comprobable desde la hidrogeología, que es el estudio de las aguas subterráneas.

 

Como lo explica el Profesor Gonzalo Peña Ortiz, de la UIS3 cuando los túneles tanto de suministros como de explotación rompen la roca del macizo están rompiendo todos los acuíferos alrededor, contaminando con arsénico y diversos metales pesados todas las aguas subterráneas, generando aguas acidificas en las fuentes, justo como sucede en todos los demás proyectos mineros a gran escala que hay en el mundo, como en la mina de carbón Privenow en Boyacá, donde los compuestos arceno-pirita, arcenio, hierro y azufre que son liberados en el rompimiento, con la exposición al medio ambiente se convierten en ácido sulfúrico, provocando incluso combustión espontánea en las minas de carbón.

 

El agua ácida en esta mina tiene un ph de 1.48, lo cual la hace sumamente toxica e impide que la vida exista, tanto animal como vegetal, salvo algunas bacterias ferruginosas, un ph de este nivel es 6 veces más potentes de lo recomendado para la vida. Ante esto la mina propone tratar la contaminación con algo de soda caustica o cal, lo cual no resulta tan fácil y es sumamente costoso. La experiencia del estado de Montana en los EEUU, es bastante ilustrativa pues en el valle de biterot la descontaminación de 20 mil minas abandonas cuesta entre 20 y 100 millones de dólares el año de tratamiento de las aguas ácidas.

 

Otro de los aspectos que preocupan es la integridad del acueducto de Bucaramanga. Las aguas de Bucaramanga se nutren en un 73% del rio Tona y en un 37% del rio Suratá, sin embargo, según el profesor ambientalista, Luis José Abaunse, ingeniero químico y de petróleos4 en algunos periodos del año, el rio Suratá puede aportar hasta el 50%; cosa a tener en cuenta pues el rio está en todo el ecosistema de influencia del proyecto. Se estima que el 60% del agua del rio Suratá, que está más cercana a la explotación proviene de las aguas subterráneas.

 

El embalse de Bucaramanga está a 800 metros de altura y el proyecto Soto Norte de Minesa o Mubadala -para darle su verdadero nombre- a 2640 metros, lo que demuestra que no solamente se va a contaminar el rio Suratá, sino que también el embalse de Bucaramanga. Lo que implica problemas de contaminación que duran cientos y miles de años. Por eso la explotación tal cual se plantea pone en riesgo la vida de los bumangueses.

 

Para terminar, en un estudio hecho por Eco-oro en una zona sensiblemente cercana, bajaron 800 metros en las perforaciones5 y encontraron un promedio de 39 gramos de Uranio por tonelada de material removido. Esto, si lo multiplicamos por los 70 millones de toneladas que se piensa extraer en el proyecto, daría como resultado elementos radioactivos con una vida media de 4.500 millones de años para su dispersión, lo cual transformaría toda la vida del departamento tal cual la conocemos. Además, se encontró un aproximado de 40 gramos de arsénico toxico por cada gramo de oro; desechos que para el ingeniero Gonzalo Peña podrían ser tratados por el agua que salga de la bocamina, pero imposible de evitar para el agua subterránea que sale hacia abajo y que se filtra entre las grietas de la roca. En lo que va corrido de los estudios ya son tres las quebradas que se han perdido por la perforación de Minesa.

 

El ingeniero recomienda, un principio de precaución de mínimo 10 años donde se hagan estudios serios, pues como hemos descrito está en juego la misma vida. Ninguna explotación minera se puede hacer a las carreras, mas sin embargo frente a todo esto, los últimos gobiernos han ido quitándole los recursos al sistema nacional de supervisión ambiental; solo al ministerio de ambiente le quitaron el 60% de los recursos para el año actual, por lo que cada vez son menos las personas disponibles para una obra de esta magnitud.

 

Frente al tema hablamos con el Tocayo Vargas, un carranguero campesino y líder ambiental de la zona para que nos diera sus impresiones sobre lo que se avecina en la lucha contra la multinacional árabe en defensa del páramo de Santurbán.

 

desdeabajo (da). ¿Cómo ve eso de que le den la concesión a Minesa de la explotación del páramo de Santurban, en época de mundial y elecciones?

Tocayo Vargas (TV). Tenemos un informe de la contraloría donde le negaron la licencia a una multinacional que se llama GreyStar en el mismo sitio donde hoy le quieren dar la licencia a Minesa, la diferencia es que la primera quería hacer minería a cielo abierto, en cambio la segunda subterránea. Con esta excusa el gobierno tiene todas las intenciones de feriar el proyecto y el territorio. Pues resulta que la delimitación que hicieron en el 2014 fue tumbada por una tutela interpuesta a la contraloría general de la nación. Pero como le digo por información cercana sabemos que el ministerio en estos momentos tiene el afán de entregarle la licencia a Minesa, aprovechando estos últimos meses que ya es cuando inicia el mundial y cuando el presidente se va, mejor dicho, mientras todo el mundo está entretenido. Para mi lo importante es que Colombia se entere de todo lo que está sucediendo, que tome consciencia de que van a cometer una gran masacre, pues el páramo bien cuidado nos da la vida, pero mal cuidado también nos da la muerte. Todos los páramos de Colombia tiene la misma morfología, en donde hay material represado y radioactivos como el uranio, el cadmio, el manganeso. Lo más peligroso es que los paramos están todos llenos de sulfuros que vuelven ácidas las aguas y deshacen todos los materiales radioactivos, desembocando en las bocatomas que abastecen las ciudades y las mangueras de los campesinos, los materiales radioactivos no hay quien los separe. Los materiales pesados si, pero son muy costosos y los campesinos no tiene plantas de tratamiento. Todos los informes y los soportes científicos de la gente que ya ha hecho el proceso de estudio lo demuestran, es un gran asesinato que podemos padecer si dejamos hacer la minería a gran escala en los páramos. Nosotros siempre hemos construido con los pequeños mineros artesanales que no nos van a contaminar tanto las aguas como lo harán las multinacionales.

 

da. ¿Frente a esto cómo han sido los procesos de resistencia frente a Minesa, que avances se han presentado y que desafíos encuentran?

TV. Pues en esto se está haciendo una convocatoria abierta a todo el campesino que habita en zonas de páramo y también a los que dependemos de los páramos, que somos el 70% de los colombianos. Por ejemplo, Bogotá subsiste gracias al páramo de Sumapaz, o de chingaza. Y todos los páramos tienes similitudes geomorfológicas, entonces ese informe de la contraloría no es únicamente Santurbán, ese informe se debe replicar a todos los páramos, todos tiene la misma composición, los mayores desafíos están en que el gobierno nacional no le interesa eso, y no ha hecho un estudio que informe sobre el impacto a la salud que la explotación minera tiene en esos espacios, en su lugar coopta y divide a las organizaciones que defendemos esto, y por eso es que tenemos que poner en alerta a toda Colombia. Yo hago una comparación con el presidente de Siria, él está matando a los habitantes de su país por medio de químicos y a nosotros nos vienen a matar las multinacionales con los químicos que utilizan en la explotación minera dentro de los páramos; esa es la situación. Nosotros convocamos a todos porque el páramo es una unidad con el sub-páramo, el bosque alto andino y los demás ecosistemas de nuestro país, todos dependemos del páramo. Abajo se va a contaminar con el fracking y arriba con la minería, entonces puede darse un problema de salud pública inmenso.

 

Invitamos a toda Colombia a movilizarse con resto de países y pueblos del mundo el próximo 5 de junio día mundial del medio ambiente y la madre tierra, para que juntos le pongamos un alto a este modelo y planteemos alternativas de economía sustentables y en armonía en todos los sentidos.

 

1 “Páramo de Santurbán será delimitado antes del 16 de noviembre”, Luis Gilberto Murillo: http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/paramo-de-santurban-sera-delimitado-antes-del-16-de-noviembre-murillo/39397
2 Definición de criterios para la delimitación de paramos en el país y de lineamientos para su conservación: ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von humboldt
3 https://www.youtube.com/watch?v=bOs-0mj7Geg&feature=youtu.be
4 https://www.youtube.com/watch?v=bOs-0mj7Geg&feature=youtu.be
5 Ibídem. Prof. Gonzalo video debates Unab

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Persisten en extraer el oro de Santurbán, a cualquier costo

El proyecto Soto Norte es un plan de la empresa Minera de Santander (Minesa) que lleva más de diez años de discusión en el país, convirtiéndose en uno de los proyectos mineros que más polémica ha causado en Colombia en los últimos años; pretende extraer 9 millones de onzas1 de oro durante 23 años en las inmediaciones de la montaña que surte de agua a la capital de Santander y a varios municipios de esa región del oriente del país. Actualmente la empresa viene jugando sus últimas cartas para conseguir la licencia de explotación, y tanto las próximas elecciones presidenciales, como el mundial de fútbol que se avecina pueden ser un gran agente de distracción para lograr su cometido.

 

Minesa no es más que un apéndice criollo de la casa matriz Mubadala Develop Company de Emiratos Arabes unidos, un fondo de estado del gobierno de Abudabi. Entre otras cosas, reportes del New York Times, the Guardian y de Amnistía internacional la acusan por acciones en otros países a la forma y la estructura en que la empresa trata a sus empleados, denunciando persecución por huelgas, difíciles condiciones de trabajo y excesos de parte de los empresarios sobre los trabajadores, sobre todo inmigrantes.

 

El proyecto de Minesa y su impacto en el territorio:

 

Los páramos en Colombia cubren apenas el 2% del área continental, pero el 70% de los colombianos dependemos de ellos. El complejo del páramo de Santurbán se ubica entre los departamentos de Norte de Santander y Santander, con una extensión aproximada de 142.000 hectáreas, entre los 2.800 y 4.290 m.s.n.m; alrededor de 72% del terreno se encuentran en el Territorio de Norte de Santander y un 28% dentro del Territorio de Santander. Los páramos como éste sirven como reguladores del ecosistema en todo el país, pues recogen el agua en invierno y lentamente la dejan salir en épocas de sequía, por eso el 60% del agua que viene del páramo es subterránea, y la explotación minera a través de túneles como la que pretende Minesa es sumamente peligrosa para mantener la calidad y cantidad del agua bajo la montaña.

 

Uno de los debates que ha suscitado el proyecto es la línea de definición del páramo, pues en su determinación nunca fueron consultadas las comunidades. Para el instituto Alexander Von Humbolt2, en el concepto técnico con relación a la definición del páramo, es una unidad biogeográfica y socioeconómica, que en el caso de Santurbán arranca en las partes altas del Alto del Viejo en las cumbres del municipio de California, y baja hacia la zona de sub paramo, bosque alto andino y la zona de amortiguación. Para el instituto no hay una actividad aislada que no trascienda a los demás componentes de todo el cuerpo que encarna la montaña de lo que se deriva que el páramo al ser una unidad, no es una línea, y eso es totalmente comprobable desde la hidrogeología, que es el estudio de las aguas subterráneas.

 

Como lo explica el Profesor Gonzalo Peña Ortiz, de la UIS3 cuando los túneles tanto de suministros como de explotación rompen la roca del macizo están rompiendo todos los acuíferos alrededor, contaminando con arsénico y diversos metales pesados todas las aguas subterráneas, generando aguas acidificas en las fuentes, justo como sucede en todos los demás proyectos mineros a gran escala que hay en el mundo, como en la mina de carbón Privenow en Boyacá, donde los compuestos arceno-pirita, arcenio, hierro y azufre que son liberados en el rompimiento, con la exposición al medio ambiente se convierten en ácido sulfúrico, provocando incluso combustión espontánea en las minas de carbón.

 

El agua ácida en esta mina tiene un ph de 1.48, lo cual la hace sumamente toxica e impide que la vida exista, tanto animal como vegetal, salvo algunas bacterias ferruginosas, un ph de este nivel es 6 veces más potentes de lo recomendado para la vida. Ante esto la mina propone tratar la contaminación con algo de soda caustica o cal, lo cual no resulta tan fácil y es sumamente costoso. La experiencia del estado de Montana en los EEUU, es bastante ilustrativa pues en el valle de biterot la descontaminación de 20 mil minas abandonas cuesta entre 20 y 100 millones de dólares el año de tratamiento de las aguas ácidas.

 

Otro de los aspectos que preocupan es la integridad del acueducto de Bucaramanga. Las aguas de Bucaramanga se nutren en un 73% del rio Tona y en un 37% del rio Suratá, sin embargo, según el profesor ambientalista, Luis José Abaunse, ingeniero químico y de petróleos4 en algunos periodos del año, el rio Suratá puede aportar hasta el 50%; cosa a tener en cuenta pues el rio está en todo el ecosistema de influencia del proyecto. Se estima que el 60% del agua del rio Suratá, que está más cercana a la explotación proviene de las aguas subterráneas.

 

El embalse de Bucaramanga está a 800 metros de altura y el proyecto Soto Norte de Minesa o Mubadala -para darle su verdadero nombre- a 2640 metros, lo que demuestra que no solamente se va a contaminar el rio Suratá, sino que también el embalse de Bucaramanga. Lo que implica problemas de contaminación que duran cientos y miles de años. Por eso la explotación tal cual se plantea pone en riesgo la vida de los bumangueses.

 

Para terminar, en un estudio hecho por Eco-oro en una zona sensiblemente cercana, bajaron 800 metros en las perforaciones5 y encontraron un promedio de 39 gramos de Uranio por tonelada de material removido. Esto, si lo multiplicamos por los 70 millones de toneladas que se piensa extraer en el proyecto, daría como resultado elementos radioactivos con una vida media de 4.500 millones de años para su dispersión, lo cual transformaría toda la vida del departamento tal cual la conocemos. Además, se encontró un aproximado de 40 gramos de arsénico toxico por cada gramo de oro; desechos que para el ingeniero Gonzalo Peña podrían ser tratados por el agua que salga de la bocamina, pero imposible de evitar para el agua subterránea que sale hacia abajo y que se filtra entre las grietas de la roca. En lo que va corrido de los estudios ya son tres las quebradas que se han perdido por la perforación de Minesa.

 

El ingeniero recomienda, un principio de precaución de mínimo 10 años donde se hagan estudios serios, pues como hemos descrito está en juego la misma vida. Ninguna explotación minera se puede hacer a las carreras, mas sin embargo frente a todo esto, los últimos gobiernos han ido quitándole los recursos al sistema nacional de supervisión ambiental; solo al ministerio de ambiente le quitaron el 60% de los recursos para el año actual, por lo que cada vez son menos las personas disponibles para una obra de esta magnitud.

 

Frente al tema hablamos con el Tocayo Vargas, un carranguero campesino y líder ambiental de la zona para que nos diera sus impresiones sobre lo que se avecina en la lucha contra la multinacional árabe en defensa del páramo de Santurbán.

 

desdeabajo (da). ¿Cómo ve eso de que le den la concesión a Minesa de la explotación del páramo de Santurban, en época de mundial y elecciones?

Tocayo Vargas (TV). Tenemos un informe de la contraloría donde le negaron la licencia a una multinacional que se llama GreyStar en el mismo sitio donde hoy le quieren dar la licencia a Minesa, la diferencia es que la primera quería hacer minería a cielo abierto, en cambio la segunda subterránea. Con esta excusa el gobierno tiene todas las intenciones de feriar el proyecto y el territorio. Pues resulta que la delimitación que hicieron en el 2014 fue tumbada por una tutela interpuesta a la contraloría general de la nación. Pero como le digo por información cercana sabemos que el ministerio en estos momentos tiene el afán de entregarle la licencia a Minesa, aprovechando estos últimos meses que ya es cuando inicia el mundial y cuando el presidente se va, mejor dicho, mientras todo el mundo está entretenido. Para mi lo importante es que Colombia se entere de todo lo que está sucediendo, que tome consciencia de que van a cometer una gran masacre, pues el páramo bien cuidado nos da la vida, pero mal cuidado también nos da la muerte. Todos los páramos de Colombia tiene la misma morfología, en donde hay material represado y radioactivos como el uranio, el cadmio, el manganeso. Lo más peligroso es que los paramos están todos llenos de sulfuros que vuelven ácidas las aguas y deshacen todos los materiales radioactivos, desembocando en las bocatomas que abastecen las ciudades y las mangueras de los campesinos, los materiales radioactivos no hay quien los separe. Los materiales pesados si, pero son muy costosos y los campesinos no tiene plantas de tratamiento. Todos los informes y los soportes científicos de la gente que ya ha hecho el proceso de estudio lo demuestran, es un gran asesinato que podemos padecer si dejamos hacer la minería a gran escala en los páramos. Nosotros siempre hemos construido con los pequeños mineros artesanales que no nos van a contaminar tanto las aguas como lo harán las multinacionales.

 

da. ¿Frente a esto cómo han sido los procesos de resistencia frente a Minesa, que avances se han presentado y que desafíos encuentran?

TV. Pues en esto se está haciendo una convocatoria abierta a todo el campesino que habita en zonas de páramo y también a los que dependemos de los páramos, que somos el 70% de los colombianos. Por ejemplo, Bogotá subsiste gracias al páramo de Sumapaz, o de chingaza. Y todos los páramos tienes similitudes geomorfológicas, entonces ese informe de la contraloría no es únicamente Santurbán, ese informe se debe replicar a todos los páramos, todos tiene la misma composición, los mayores desafíos están en que el gobierno nacional no le interesa eso, y no ha hecho un estudio que informe sobre el impacto a la salud que la explotación minera tiene en esos espacios, en su lugar coopta y divide a las organizaciones que defendemos esto, y por eso es que tenemos que poner en alerta a toda Colombia. Yo hago una comparación con el presidente de Siria, él está matando a los habitantes de su país por medio de químicos y a nosotros nos vienen a matar las multinacionales con los químicos que utilizan en la explotación minera dentro de los páramos; esa es la situación. Nosotros convocamos a todos porque el páramo es una unidad con el sub-páramo, el bosque alto andino y los demás ecosistemas de nuestro país, todos dependemos del páramo. Abajo se va a contaminar con el fracking y arriba con la minería, entonces puede darse un problema de salud pública inmenso.

 

Invitamos a toda Colombia a movilizarse con resto de países y pueblos del mundo el próximo 5 de junio día mundial del medio ambiente y la madre tierra, para que juntos le pongamos un alto a este modelo y planteemos alternativas de economía sustentables y en armonía en todos los sentidos.

 

1 “Páramo de Santurbán será delimitado antes del 16 de noviembre”, Luis Gilberto Murillo: http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/paramo-de-santurban-sera-delimitado-antes-del-16-de-noviembre-murillo/39397
2 Definición de criterios para la delimitación de paramos en el país y de lineamientos para su conservación: ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von humboldt
3 https://www.youtube.com/watch?v=bOs-0mj7Geg&feature=youtu.be
4 https://www.youtube.com/watch?v=bOs-0mj7Geg&feature=youtu.be
5 Ibídem. Prof. Gonzalo video debates Unab

Publicado enEdición Nº246
“Llegamos a esta situación cansados definitivamente de tanta explotación”
 

El pasado 13 de febrero, al cierre de esta edición, los trabajadores de Indupalma lograron su formalización laboral, propósito central de la huelga que ya sumaba 20 días, por lo cual la levantaron.

Según lo acordado con la patronal, para el 7 de septiembre del año en curso esta formalización laboral debe ser un hecho. Para que así sea, el sindicato recogerá el listado de todos los trabajadores tercerizados para presentarlo en la primera reunión de la comisión (“para la evaluación funcional”) establecida para tal fin, por reunirse los días 21 y 22 del mes en curso. La comisión tendrá que presentar sus conclusiones el 7 de marzo, en las cuales incluirá “el cronograma de la ejecución a la que hubiere lugar, que no podrá exceder 6 meses calendario a partir del 07 de marzo”, según el acta firmada para levantar la huelga.

 

Mientras muchos colombianos festejaban el mes de diciembre, en el municipio de San Alberto, Cesar, distante 520 kilómetros por carretera de Bogotá, cerca de mil doscientos trabajadores cooperativizados y que prestan servicios misionales a la Empresa Industrial Agraria La Palma Ltda. Indupalma estaban pensando en llamar a la huelga. El día 5 de diciembre entregaron a los directivos de la Empresa el pliego de peticiones y en la madrugada del pasado 25 de enero finalmente iniciaron la huelga general. Frente a las instalaciones de la sede empresarial, instalaron una carpa, cambuches y fogones, reeditando uno de los conflictos laborales más importantes del país y al cual, poca o nula atención le prestan a nivel nacional.

 

No aguantamos más…

 

El 11 de junio de 2017, un grupo de 248 trabajadores se reunieron en San Alberto y crearon la organización. “Desde entonces no han parado de recibir afiliados, al punto de que al día de hoy ya son más de 1.000 los trabajadores afiliados a Ugtta”. (Agencia de información Laboral Alai)

La huelga es liderada por la Unión General de Trabajadores Tercerizados de la Agroindustria Ugtta. En el pliego de peticiones se registran las siguientes exigencias: firmar por parte de la empresa, la convención colectiva de trabajo; reconocer los viáticos de los negociadores y el permiso sindical; reconocer el recién creado sindicato; la contratación directa de los trabajadores y el reintegro de Andrey Piñares Zapata, trabajador despedido sin justa causa.

El informativo Picalengua, que circula por WhatsApp, citaba en su edición número 1 que se trata de: “[…] trabajadores que prestan el servicio a Indupalma por medio de cooperativas […] tenemos un desconocimiento total por parte de los empresarios palmeros para con los trabajadores que estamos vinculados por medio de las cooperativas desde hace más de una década […] con la llamada tercerización no se nos reconoce las garantías legales laborales, pero tampoco se nos reconoce como trabajadores de la empresa, presentamos pliego de peticiones más de 1.200 trabajadores que sostienen la huelga y hasta el momento no tenemos respuesta, tampoco con la huelga los señores de Indupalma quieren reconocer a ninguna comisión negociadora para tratar de resolver este conflicto” (edición Nº. 1. enero de 2018).

Una trabajadora empleada de la Cooperativa indicaba que:


“…somos trabajadores de cooperativas, somos tercerizados […] trabajadores sin ningún beneficio laboral. La empresa donde prestamos los servicios no nos ha reconocido como trabajadores directos de Indupalma. Los oficios son oficios misionales que se hacen a diario: cosecha, guachapeo […], control de enfermedades que es sanidad, poda, mantenimiento, polinización […] en general prácticamente los trabajadores tercerizados de las cooperativas son los que realizan estas labores. Mujeres habemos bastantes trabajando, como el 30 o 40% […], la mayoría cabeza de hogar.


El ingreso mensual depende de los días laborados. A veces por la lluvia no trabajamos, pero a veces cerramos con 7 u 8 días de la quincena. La mayoría se queda en los descuentos de la cooperativa. Serían de $ 80.000 o $ 100.000 por mucho. La cooperativa se queda con el 12 o el 14% más los descuentos de la seguridad, de compensaciones y lo que descuente la cooperativa. De los $80.000 quedan unos $50.000 o unos $20.000, dependiendo de los días laborados y de los descuentos de la cooperativa. Si se labora toda la quincena 12 días más o menos, llegan por ahí $250.000 o $300.000 en jornadas de trabajo de 5 de la mañana a 1:30 o 2 […] y en cosecha de 5 am a 3 pm […]”.

La huelga fue votada en Asamblea General efectuada el día 5 de enero del 2018. La misma trabajadora indicaba que:

“Hoy estamos realizando la asamblea para presentar el pliego de peticiones a Indupalma para ver si se sienta con nosotros, para que […] nos reconozca como trabajadores directos. A parte de eso, que nos reconozca como sindicato. (hay) mayoría de hombres que han dedicado prácticamente toda la vida trabajando en Indupalma y lamentablemente nosotros no tenemos ningún beneficio a largo tiempo.  
 
La verdad llegamos a esta situación cansados definitivamente de tanta explotación, es muy verraco cuando uno tiene hijos, tiene familia y la verdad que uno trabaja los días y la plata no le alcanza a uno para sostener la familia”.

 

Desde hace mucho tiempo, ya se veía venir…

 

Según el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social (Mintrabajo) en evidencias consignadas en la resolución número 4259 del 27 de octubre de 2017, desde septiembre de 2013 se venía desarrollando una indagación preliminar por parte de la territorial del Cesar contra las empresas Indupalma, Agrocampo, Certiagros, Agrosanalberto y 26 empresas cooperativas más, constituidas en la región para la prestación de servicios de distinta naturaleza a la agroindustria de la palma de aceite. La indagación se establecía por:

“[…] presunta conducta de intermediación laboral, incumplimiento de las normas del sistema de seguridad social y riesgos laborales, ordenándose la práctica de pruebas” (Mintrabajo, 2017. pp. 2 y ss.).

El 27 de noviembre del 2013 el Ministerio del trabajo consideró que existían méritos para sancionar a Indupalma

“[…] por presunta conducta irregular de intermediación laboral con Cooperativas de Trabajo Asociado, Empresas Asociativas de Trabajo y Sociedades por Acciones Simplificadas” (Mintrabajo, 2017. pp. 2 y ss.).

Igual pliego de cargos fue formulado contra las empresas cooperativas y sociedades por acciones simplificadas. Algunas de las empresas, cooperativas y sociedades por acciones, nombraron una sola apoderada al parecer impuesta por Indupalma, la cual solicitó la anulación del auto de formulación de cargos. Dicha solicitud fue negada en febrero 5 de 2014 por la Dirección Territorial del Mintrabajo. Mediante solicitudes efectuadas por los apoderados de las cooperativas y de Indupalma directamente al viceministerio del trabajo fue suspendida la actuación de la territorial del Cesar, siendo asumido el caso por la Unidad de Investigaciones Especiales de la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial, retrotrayendo el proceso al estado de averiguación preliminar. En abril y mayo de 2014, los funcionarios del ministerio visitaron las instalaciones de algunas de las empresas, principalmente de Indupalma. El 3 de julio del 2014 se formularon cargos contra las empresas antes referidas por parte del Mintrabajo, instando a las empresas a corregir actuaciones que debían ser resueltas, las cuales fueron señaladas en los distintos momentos del proceso. Entre septiembre y octubre del 2014 se efectuaron visitas administrativo–laborales a distintas empresas cooperativas. Estas diligencias cubrieron las plantaciones e instalaciones localizadas en los municipios de San Alberto y algunas de Puerto Wilches y Sabana de Torres. En los siguientes años se recibieron testimonios de los distintos directivos cooperativos como de funcionarios de Indupalma.

 

Negando la realidad…

 

En el caso de Indupalma, el Mintrabajo identificó los siguientes procesos misionales: Innovación y Mercadeo; Gestión Comercial; Gestión Agronómica, Implementación y aseguramiento de negocios; Servicio al Cliente; Gestión de la producción1; Gestión de la cadena de abastecimiento. (Mintrabajo, Resolución 4259, página 11). El cargo formulado por el Mintrabajo a Indupalma fue:

“[…] presunta contratación de procesos o actividades misionales permanentes a través de cooperativas, contrario a lo señalado en el artículo 2 del decreto 2025 de 2011 que establece que a partir de la entrada en vigencia del artículo 63 de la ley 1429 de 2010, las instituciones o empresas públicas y/o privadas no podrán contratar procesos o actividades misionales con Cooperativas o Precoperativas de trabajo Asociado” (Mintrabajo, 2017. p. 4).

Este modelo de contratación, a juicio de los funcionarios del Ministerio afecta los derechos constitucionales, legales y prestacionales vigentes.

Para otras Cooperativas2 el cargo único fue el de:

“[…] proveer presuntamente servicios que corresponden a procesos o actividades misionales permanentes de la EMPRESA INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA–INDUPALMA LTDA. Contrario a lo previsto a lo señalado en el artículo 2 del Decreto 2025 de 2011…” (Mintrabajo, 2017. p. 5)

Para las Empresas Asociativas de Trabajo y las Sociedades por Acciones Simplificadas3 el cargo único fue el de:

“[…] presunta violación a lo señalado en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 que a la letra reza: CONTRATACIÓN DE PERSONAL A TRAVÉS DE COOPERATVAS DE TRABAJO ASOCIADO. El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas o Precoperativas de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes (Mintrabajo, 2017. p. 5.)

Indupalma presentó descargo el 7 de julio de 2016. El mismo día lo hizo la apoderada de las otras empresas. Indupalma argumentó que desarrollaba proyectos económicos bajo la lógica de la economía solidaria, soportándose en la Constitución Política y otra serie de normas reglamentarias del trabajo en Colombia. Afirmaba su apoderado, que, si una cooperativa no hacía intermediación laboral, podría desarrollar actividades misionales para terceros, y que muchas de estas cooperativas se trataban de:

“[…] verdaderas Unidades Autónomas Empresariales, es decir C.T.A. que no hacen intermediación laboral […] no hay sustento fáctico y jurídico alguno para afirmar que hay mérito para iniciar procedimiento administrativo sancionatorio contra una empresa que contrata tales CTA en actividades misionales permanentes” (Mintrabajo, 2017. p. 7).

Afirmaba Indupalma que ellos le:

“[…] apuestan a una visión social del capital mediante programas de valor compartido, generando un desarrollo social en el campo” (Mintrabajo, 2017. p. 7).

EL 11 de febrero de 2015, la dirección del Viceministerio de Trabajo, notificó a las partes interesadas de la existencia de méritos para adelantar proceso administrativo sancionatorio, formulándo cargos en mayo de 2016 contra Industrial Agraria La Palma Ltda Indupalma, Agrocampo, Sertiagros, Agrosanalberto y 22 empresas cooperativas y Sociedades por Acciones Simplificadas.

El modelo empresarial y productivo genera la tempestad…

Indupalama lleva más de 20 aplicando este modelo de “emprendimiento social”, y argumenta en su defensa que los modelos cooperativos y solidarios.

“[…] han sido avalados por la OIT como un elemento importante en la construcción de trabajo digno” (Mintrabajo, 2017).

La apoderada de las otras empresas argumentó que no existía intermediación laboral alguna, ni mucho menos tercerización, afirmando que lo que se da es la prestación de servicios cooperativos agrícolas de una parte de la cadena productiva de la agroindustria de Indupalma sin que llegue a ser la totalidad del proceso ni mucho menos lleguen a reemplazar a personal de planta de Indupalma.

De hecho, indicaba la abogada que en la empresa Indupalma no existía personal calificado para el desarrollo de tales actividades y que, por tal motivo, debían contratar los servicios con las Empresas Cooperativas. Esta lógica de venta de servicios opera no solamente con Indupalma. Para esta abogada, todas estas relaciones laborales están reguladas por la normatividad mercantil, sin que se llegue a probar la vulneración de derechos laborales, prestacionales o de otra índole a los trabajadores. Otro elemento fundamental argumentado por la representación legal de estas empresas indica que no se constituye relación laboral con Indupalma puesto que:

“[…] no confluyen los elementos propios que la ley laboral exige para hablar de un contrato realidad” (Mintrabajo, 2017. p. 9).

Igualmente arguyen los empresarios cooperativos que:

“[…] el objeto que desarrollan no puede estar atado al requisito de ser dueños de la tierra, puesto que si ellos fueran los propietarios pasarían a ser empresarios que producen y no necesitan de terceros” (Mintrabajo, 2017. p. 9).

Enfatizan, que las empresas Cooperativas y empresas Asociativas de Trabajo se constituyeron por voluntad de los asociados y que los trabajadores gozan de total autonomía en la realización de sus labores. Igualmente, que los medios de producción y herramientas son de propiedad de las cooperativas siendo utilizados algunos de ellos bajo la modalidad de comodato. Dicen, además, que en la realización de los contratos no hubo injerencia alguna de la empresa contratante, por ejemplo, de Indupalma, a pesar de ser esta la principal empresa demandante de los servicios prestados por las cooperativas y los trabajadores afiliados a ellas.

Sin embargo, el único cliente de todas las Empresas, Cooperativas y Sociedades es Indupalma. En otras palabras, esta empresa tiene el monopolio del mercado laboral en San Alberto y posiblemente en Puerto Wilches y Sabana de Torres. Así estén constituidas otras empresas, estas le venden servicios o la materia prima a Indupalma. Por ejemplo, Cootrapalma le presta servicios a Indupalma desde el año 2000, es decir hace 17 años. Otras cooperativas como CooSanalberto y Siglo XXI trabajan con Indupalma desde 1997 y 1998 respectivamente. Es decir, cerca de 20 años, coincidiendo con la transformación productiva y empresarial liderada por el entonces gerente de la empresa Rubén Darío Lizarralde, exministro de agricultura y líder empresarial.

Otras empresas fueron fundadas a mediados de la década del 2000. Sin embargo, la creación de nuevas empresas obedece en muchos, casos como lo han denunciado los trabajadores, a fraudes cometidos por los gerentes, quienes se apropian del dinero recaudado y para no responderle a los trabajadores, liquidan la empresa. En otros casos, el cierre y creación obedece a los reclamos de los trabajadores. En cualquier caso, el objetivo es no cumplir con las obligaciones laborales que exige la ley o que fueron conquistadas por los trabajadores mediante acciones colectivas y jurídicas.

Cuando los trabajadores reclaman, no solo cierran o liquidan las empresas y cooperativas. También les cierran el mercado laboral evitando que sean contratados por otras empresas. Esto sucede en virtud del monopolio que tienen del mercado laboral. También opera el despido injustificado o sencillamente, la no renovación del contrato. Se han dado casos en que personas no pueden volver a trabajar en la agroindustria de la palma en virtud de las reclamaciones realizadas contra las empresas. En otros casos, como es sabido por la opinión pública, recurren a la violencia: amenazas e intimidación; desplazamiento forzado e incluso, asesinato selectivo hacen parte del repertorio que han empleado contra los trabajadores sindicalizados y cooperativizados.

Claro está, que también se crean nuevas cooperativas y empresas en la medida en que se expande el cultivo de la palma de aceite. Este es el caso de la Cooperativa Cooyire, creada en 2005 y quien amplió su trabajo a la localidad de Minas

“[…] para ofrecer servicios en los proyectos Coosabana y Coopalmag, en los que están involucrados pequeños productores de palma que a su vez le venden la materia prima a INDUPALMA (Mintrabajo, 2017. p. 14).
O Serviagro, que lleva un año de ser fundada y vende servicios a seis clientes

“[…] todos representados por INDUPALMA […]” (Mintrabajo, 2017).

Es decir que, a pesar de existir varias empresas, el apoderado de todo el proceso es una sola persona jurídica, que a la vez es el operador logístico de todo. Al parecer las cooperativas y las otras empresas han sido especializadas para la prestación de servicios correspondientes a las distintas tareas misionales de Indupalma. En este sentido, no se contratan las mismas actividades con todas las cooperativas, ya que ofrecen servicios distintos funcionales a las necesidades productivas y empresariales del modelo productivo. En esta lógica no solo ordenan el mercado de trabajo. También inciden necesariamente sobre el uso y propiedad del suelo, el acceso a bienes de uso común como el agua; la infraestructura productiva y de transporte y la prestación de otra serie de servicios. En su conjunto, todos estos aspectos hacen parte del ordenamiento territorial. En otras palabras, Indupalma a voluntad empresarial, incide en el ordenamiento territorial.

Esta acción empresarial, afecta igualmente la realización de derechos como el de Asociación. Bajo la fachada de la economía solidaria y el bien común, se esconde el monopolio del proceso productivo y la acumulación de ganancia particular. Cuando no se cumplen los requisitos de la empresa o se intenta ampliar la contratación con otros oferentes, Indupalma toma acciones y no renueva el contrato de prestación de servicios con la cooperativa en cuestión. Este fue el caso de la cooperativa Agrocampo J.S. S.A.S. quien vio suspendido su contrato con Indupalma desde el año 2014, tres años después no tenía ningún otro contrato con tal empresa. Según la denuncia interpuesta ante el Ministerio de Trabajo por el representante legal, a propósito del proceso sancionado por el Mintrabajo en 2017:

“… nos cerraron la puerta por habernos presentado en la Dirección Territorial de Valledupar con un apoderado diferente al que INDUPALMA nos quería imponer” (Mintrabajo, 2017. p. 21).

En otros casos no solo se sanciona a la empresa sino al trabajador. Esto en relación con el proceso productivo. Uno de los gerentes cooperativos denunciaba que:

“[…] En la ficha técnica dice los términos de referencia de cómo se debe realizar la labor, mas no que hay una sanción o penalización llamada sanción que consiste en que si corto un gajo verde hay un descuento monetario equivalente a 35.000 pesos y en los extractos que envía INDUPALMA aparece el código de la empresa y el código asignado a cada trabajador para realizar el respectivo descuento, en el caso nuestro no podíamos descontárselo al trabajador y lo asumíamos, mientras que en las cooperativas si se lo descuentan a cada asociado, igualmente sucedía por el reguero de pepas, por hoja picada, por no colocar la malla en la posición adecuada, la decisión de sancionar al trabajador la tomaba INDUPALMA, no el gerente de la SAS e igualmente las COOPERATIVAS” (Mintrabajo, 2017. p. 21) De hecho Agrocampo va a entrar en liquidación por no encontrar ofertas laborales de contratación y por el hecho de que sus afiliados o están laborando en otras partes o se encuentran desempleados.

Para el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,

“[…] es la contratante quien lleva acabo la planificación, implantación y el control de las actividades desarrolladas por estas Cooperativas dentro de sus propios terrenos y plantaciones. Segundo, que las cooperativas de trabajo sí realizan labores de intermediación laboral para la empresa INDUPALMA, la cual, a su vez, representa distintas empresas del Sector” (Mintrabajo, 2017).

Es de cierta forma un símil de la santísima trinidad: tres personas distintas y un solo dios verdadero. Esto se logra, además, en la medida en que Indupalma es el único contratante de los servicios que prestan los trabajadores por medio de las Cooperativas, Sociedades y Empresas. Las cuales, al no cumplir con las expectativas de Indupalma, se ven en la obligación de ser liquidadas y los trabajadores trasladados a otros predios, sean o no propiedad de Indupalma. En otros casos, los trabajadores que reclaman o que son sancionados pueden quedar vetados para trabajar por cuatro meses o de por vida en las distintas empresas controladas por este emporio.

El tiempo de contratación es por 4 meses. Al terminar se contrata otra cooperativa. De cierta forma, el proceso productivo no para, pero la oferta de trabajo sí para ciertas cooperativas, empresas y sociedades. En otras palabras, se recrea de forma permanente un ejército de reserva laboral, el cual se rota durante el año para el desarrollo de todo el proceso productivo, con la pretensión de no generar relación laboral de subordinación alguna entre la Indupalma y los trabajadores. La oferta mercantil a 4 meses la hace Indupalma. Es decir que esta empresa determina las condiciones del mercado laboral a nivel regional. También operan con contratos de prestación de servicios.
El Ministerio concluyó que Indupalma incurrió en la violación de los derechos a la estabilidad laboral, la Asociación y la Libertad Sindical,

“[…] pues al ser trabajadores asociados o independientes e indirectos con respecto a la Empresa INDUPALMA no pueden ejercer libremente sus derechos” (Mintrabajo, 2017. p. 25.).

También concluye el Ministerio que Indupalma

“[…] ha sido negligente y con falta de voluntad de solucionar la problemática que se presenta con el personal que desarrolla actividades misionales permanentes […]” (Mintrabajo, 2017. p. 25).

Violando la normatividad laboral existente desde el año 2010 –sin hablar de la vulneración y violación de derechos constitucionalmente y del conjunto de la legislación nacional–, Indupalma ha podido desarrollar su modelo productivo. Por esta razón, el Ministerio la multó a pagar 4.000 salarios mínimos legales vigentes del año 2017, equivalentes a $2.950.868.000, los cuales se destinaran al Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. En el caso de las Cooperativas de Trabajo Asociado y de las Sociedades tambien se evidencia la violación de derechos y garantías laborales. Por tal razón las multó a pagar 1.000 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a $737.717.000 millones de pesos, destinados igualmente al Sena. Es muy probable que con el músculo financiero y político que tienen los empresarios de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia, impugnen la sanción o, sencillamente, sigan violentando la ley y a la población.

Trabajadores misionales y sin derechos alguno, pero con dignidad. Sus razones para declararse en huelga son muchas, su resistencia siembra esperanza, así como han sembrado vida con sus manos a través del trabajo cotidiano con la tierra. Su huelga recuerda que la explotación laboral, y la estrecha relación patrón-Estado no es una imagen del pasado sino que es un cuerpo vivo en el presente colombiano.
* “A la memoria de Chucho Peña y los demás compañeros”. Febrero 7 de 2018
1 En este aspecto, el Ministerio identifica que de esta labor misional hacen parte las siguientes actividades: nutrición vegetal, sanidad vegetal, polinización asistida, cosecha, aplicación de subproductos; labores agronómicas que son contratadas mediante ofertas mercantiles con C.T.A; S.A.A. o E.A.T- y que las labores de mantenimiento de la palma africana tales como cosecha, guachapeo, círculos mecánicos, químicos, fertilización, aplicación de abonos, siembra, poda de la palma, reconstrucción de drenajes, labores de siembra de palma, limpieza de terreno, limpieza de círculos, drenajes, cercas entre otros, se realizan mediante la figura de oferta mercantil o constituyen sin lugar a dudas labores misionales de la empresa, las cuales sub contrata de forma indirecta con las Cooperativas, Sociedades y Empresas de Trabajo Asociado.
2 Cooperativa de Trabajo Asociado de Trabajadores de la Palma Asopalma; Bonanza, Coofuturagro C.T.A.; Cooporvenir; Coopreservir C.T.A.; Cooptecpal; Coopnorte; Copptraasopal; Cooreforespal; Cooservittec C.T.A.; Cootracos C.T.A.; Cootrapalma; Cooyirec; Cotraces; El Edén C.T.A.; El Palmar; Mujeres Mano Amiga; Palmares C.T.A.; Palmesan; Serviagro C&C C.T.A.; Siglo XXI; Vellasan y Cooperativa de Trabajo Asociado SC&C C.T.A.
3 San Bernado Abad; Trapalsac; y las Sociedades por Acciones Simplificadas Agrocampo S.A; Sertiagros S.A.S

Referencias:
- Acta de acuerdo de 1977 Indupalma–Sintraproaceites.
- Informativo digital Picalengua, Nº. 1.
- Fundesvic-Minga-Sintraproaceites. (2016) Las familias trabajadoras de La Palma contamos nuestra historia. ¡Quién ganó? ¡Quién perdió? Cartilla Nº. 3.
- Revista Semana. (2000) El antidoto de la violencia. En: Http://www.semana.com/especiales/articulo/el-antidoto-de-la-violencia/51934-3

- Revista Semana. (1988). ¿Qué quiere el M-19?. Recuperado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/que-quiere-el-m-19/10434-3
- (Agencia de información Laboral Alai). Arrancó la huelga de trabajadores tercerizados en Indupalma. Recuperado en: http://ail.ens.org.co/movilizaciones/arranco-la-huelga-en-indupalma/

- Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. (2017) Resolución 4259 del 27 de octubre de 2017. Recuperada de http://ail.ens.org.co/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/Resolucion4259de2017.pdf.

 


Recuadro


A sangre y fuego

 

La lucha de los trabajadores de Indupalma tiene historia. El 12 de septiembre de 1977, en el marco de una huelga general que habían declarado, se firmó la convención colectiva que rigió las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios, hasta la década del 90. La contratación directa de cerca de 1.000 trabajadores indirectos, fue el principal de los logros alcanzados con esta firma. Muchos de ellos habían sido incorporados con edades entre los 14 y 15 años, sin experiencia sindical ni formación académica ni política.

En la década del 90 fue modificada la convención colectiva de trabajadores en virtud de la presión empresarial ejercida por las directivas de Indupalma, Simultáneamente fueron liquidados laboralmente gran número de trabajadores y creada la figura de la cooperativa para el desarrollo de labores misionales. Para muchos trabajadores que en su momento se encontraban amenazados de muerte y que de alguna u otra forma fueron intimidados principalmente por paramilitares, esto se trató de un retiro forzoso. La otra estrategia fue motivar a los trabajadores afiliados al sindicato y a otros, a convertirse en socios del proceso productivo agroindustrial de la palma de aceite.

Desde los años setenta los trabajadores denunciaban el desarrollo de prácticas violentas para la apropiación de las tierras sobre las cuales creció el cultivo de palma y se expandió. Esta situación se fue agudizando con el tiempo, a la voluntad de los capataces y mayordomos de las plantaciones. En los años noventa, la violencia entró, según sus palabras, a ser empleada como un instrumento de intervención para la solución de conflictos laborales, siendo favorecida en este proceso la Empresa cultivadora de Palma, principalmente al llegar a establecerse un batallón militar dentro de la plantación y, posteriormente, con la creación del Bloque Sur del Cesar de los paramilitares.

La reforma laboral y del modelo empresarial coincidió con el fortalecimiento de la acción paramilitar en la región y en el municipio. Los trabajadores fueron intimidados, amenazados, desaparecidos, obligados a renunciar y a desplazarse forzadamente.

Al finalizar la década del 2000, algunas investigaciones realizadas en la región indican que 93 trabajadores y 5 de sus familiares habían sido víctimas de asesinato; 16 directivos y afiliados al sindicato lo fueron de secuestro; 115 integrantes de la organización fueron víctimas de desplazamiento forzado, algunos de ellos previamente habían sido amenazados o tuvieron intentos de asesinato. 7 trabajadores fueron exiliados.

Publicado enEdición Nº243

La minería, a pesar de todo el costo ambiental que acarrea para quienes habitan los territorios bajo explotación, así como para la misma naturaleza y las otras especies que la habitan, es defendida desde el Estado por el dinero que pagan las mineras al fisco nacional. En el caso de Cerrejón, ¿cuánto cancela este grupo minero por estos rubros y cuánto ahorra por exenciones de distinto orden? Las sumas y restas arrojan muchas preocupaciones y revelan algunas verdades que ponen en duda las pretendidas ventajas para el país de ampliar la explotación de carbón en La Guajira.

 


El pasado mes de noviembre la Corte Constitucional tomó la decisión de suspender el desvío del arroyo Bruno en La Guajira que pretendía hacer la empresa Cerrejón para extraer el carbón localizado en el cauce de este arroyo. La Corte argumenta que el proyecto de expandir esta mina puede atentar contra derechos fundamentales de la población local, tales como el agua, la seguridad alimentaria y la salud. Por su parte, la empresa sostiene que las obras de este proyecto fueron aprobadas desde 1998 por el Ministerio de Ambiente e incluidas en el Plan de Manejo Ambiental vigente desde 2005 y aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla)1. La solicitud específica de desviar este arroyo fue aprobada por la Anla mediante la Resolución 759 del 14 de julio de 2014.


¿Cuánto gana el Estado, en lo económico, por una decisión como la tomada por la Anla?

 

Sin entrar en una discusión jurídica, es bueno tener en cuenta diversos aspectos abordados explícitamente por la Constitución Política y que son relevantes para un análisis económico de la explotación minera:

 

  • Como propietario de los recursos del subsuelo, el Estado debe velar porque los resultados de su explotación deben cumplir con principios de eficiencia, economía, equidad y valoración de costos ambientales (Art. 267). Esto implica realizar análisis económicos de las condiciones en que se lleva a cabo la explotación de estos recursos, para evaluar si el Estado obtiene una contraprestación adecuada por dicha explotación, garantizando una distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano, orientado todo ello al cumplimiento de los objetivos del Estado Social de Derecho (Art. 334).
  • Las regalías constituyen la contraprestación que recibe el Estado por otorgar el derecho a la explotación de los recursos del subsuelo a los particulares (Art. 360).
  • Además de recibir las regalías como contraprestación por la explotación de un recurso del subsuelo, el Estado debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Es este sentido, las regalías no pueden destinarse para cubrir los costos de dichas obligaciones, ya que ellas deben ser asumidas de manera obligatoria por quienes realizan la explotación de los recursos del subsuelo (Art. 80).
  • Las empresas que participan en la actividad económica no solo tienen derechos, sino que tienen deberes constitucionales que deben cumplir (Art. 333).
  • Todo lo anterior, en cumplimiento del derecho de las personas a un ambiente sano, garantizando su participación en las decisiones que las afecten y protegiendo la integridad ambiental (art. 79).

 

En este contexto, para una evaluación económica de la concordancia de la intervención del cauce natural del arroyo Bruno con los postulados constitucionales enunciados, debemos tener en cuenta el análisis de dos insumos fundamentales:

 

La valoración económica de los costos ambientales, tomando como punto de partida inicial las referencias a este aspecto contenidas en los actos administrativos de la Anla.

 

La contraprestación económica que recibiría el Estado a través de las regalías, tomando como referencia las contraprestaciones que el respectivo operador ha transferido al Estado.

 

Consideraciones que nos obligan a: 1) una reflexión sobre la valoración económica de los costos ambientales; y 2) un análisis de las regalías pagadas por la empresa al Estado.

 

Valoración económica de los costos ambientales

 

Proceder con esta valoración prevista en los estudios de impacto ambiental y en sus respectivos planes de manejo, obliga a evaluar dos componentes centrales: la magnitud de los impactos sociales y ambientales que se generarían como resultado de la actividad propuesta; y los recursos económicos que tiene que invertir el operador de la extracción minera para cubrir los costos requeridos para prevenir, mitigar, reparar o compensar los impactos negativos identificados.

 

Pues bien, al revisar la Resolución Nº 759 emitida por la Anla el 14 de julio de 2014, no se encuentra referencia alguna a la valoración económica de los impactos ambientales y sociales que se generarían con la intervención del cauce del arroyo Bruno. Tampoco hay referencia a cuáles son los recursos comprometidos por parte del operador para implementar el plan de manejo a que se refiere la mencionada Resolución.

 

En relación con el primer aspecto, esta valoración es imprescindible al menos en dos componentes básicos de un plan de manejo: 1) hay ciertos impactos negativos que, por exigente que sea un plan de manejo, no logran ser prevenidos, mitigados ni reparados. En consecuencia, debe recurrirse a una compensación de los mismos. 2) como su nombre lo indica, mitigar un impacto implica que se atenúa su efecto, pero que una porción del mismo prevalece y por tanto también debe ser compensado2.

 

La valoración económica de los impactos a ser compensados, así como de la porción de los impactos mitigados que prevalece, se requiere para determinar si las compensaciones incluidas en el plan de manejo guardan correspondencia con los impactos a compensar. La valoración económica es entonces el procedimiento para adelantar este análisis.

 

Por otra parte, un plan de manejo es una obligación contractual acordada entre el Estado (representado en este caso por la Anla) y el operador (la empresa Cerrejón), donde se fijan las inversiones y los costos de operación requeridos para implementar este plan. Como en cualquier relación contractual de esta naturaleza, la cual implica una inversión a cargo del particular, el acto administrativo debería aludir tanto a los montos a ser asignados, como a la correspondencia entre estos montos y las acciones propuestas.

 

Adicionalmente, el Código de Minas (Ley 685 de 2001) establece en su artículo 280 que la empresa minera debe suscribir una póliza de garantía de cumplimiento minero-ambiental, la cual debe ser aprobada por la respectiva autoridad y que, entre otras, ampare el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales. Es decir, que ampare el cumplimiento del plan de manejo ambiental, lo cual supone una cuidadosa revisión de los costos de implementación de dicho plan. Nuevamente, los actos administrativos aquí referidos no hacen mención alguna al cumplimiento de esta obligación.

 

La ausencia en el acto administrativo de la Anla de estos componentes de valoración de costos ambientales, llevan a emitir como concepto que es conveniente mantener la suspensión de la intervención del cauce natural del arroyo Bruno ordenada por la Corte Constitucional. Suspensión que debe mantenerse, por lo menos, hasta tanto la Anla como representante del Estado, demuestre, además de otros requisitos imprescindibles, que se está cumpliendo a cabalidad con una adecuada valoración de los costos ambientales que permita tener certeza económica del cumplimento de las obligaciones constitucionales a cargo del operador.

 

 

21

 

 

Las regalías como contraprestación económica a favor del Estado

 

Además de cumplir con todas las obligaciones sociales, ambientales y tributarias que son connaturales a cualquier agente que realice una actividad económica, en el caso de la explotación de recursos del subsuelo existe una obligación adicional, establecida en la propia Constitución Política: el pago de las regalías a favor del Estado, como contraprestación económica por explotación del recurso del subsuelo de su propiedad. Estas regalías, que representan conceptualmente la participación del Estado como propietario de los recursos del subsuelo en las utilidades de su explotación, no deberían excluir el pago de ningún tipo de impuestos. Sin embargo, esto no sucede en el marco de la legislación vigente en el país. En efecto, el Código de Minas prohíbe expresamente (artículo 231) que los departamentos y municipios cobren impuestos directos o indirectos a la actividad minera que se desarrolle en su territorio.

 

En relación con las regalías, uno de los argumentos recurrentes de las autoridades nacionales para impulsar el sector minero es la importancia que ellas tienen para generar ingresos para el Estado. Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 plantea la estrategia de consolidar el sector minero como impulsor del desarrollo sostenible del país, con responsabilidad social y ambiental, con el siguiente argumento3:

 

El sector minero es una importante fuente de recursos para la inversión pública y el desarrollo económico del país. Con el fin de aprovechar esta oportunidad de recursos de manera ordenada, aportando al desarrollo social, en armonía con el medio ambiente y con otras actividades productivas, el Gobierno nacional incentivará la inversión privada a través del establecimiento de un esquema regulatorio organizado y transparente, y de la dotación de bienes públicos al servicio del sector, desde una visión territorial y ambientalmente responsable.

 

En esta misma dirección, el Ministerio de Minas y Energía en su Política Minera 2016-2025 plantea que este sector es una fuente de ingresos importante a nivel nacional y local y resalta que “solo con los recursos obtenidos por regalías entre 2010-2015, que ascienden a $9.7 billones, se pueden financiar dos años completos del programa social Familias en Acción”4.

 

Teniendo en cuenta estos argumentos, ¿cómo se han aplicado las regalías al grupo Cerrejón en los últimos años?


Para mirar la evolución de las regalías causadas a favor del Estado por la extracción de carbón por el grupo Cerrejón, se cuantifica el volumen de carbón extraído entre 2002 y 2015, en cuatro contratos reportados a nombre de este grupo (tabla 1); información que se complementa con el valor de las regalías anuales pagadas por el grupo Cerrejón al Estado (tabla 2), para poder analizar el valor pagado por tonelada de carbón extraído, en cada uno de los contratos (tabla 3).

 

 

tablas

 

 

Las cifras indican que efectivamente la empresa ha pagado por regalías sumas importantes, superando en muchos años los 300 mil millones de pesos. No hay duda en ello, pero sí amerita un análisis complementario. En primer lugar, para identificar si esta actividad sí está generando recursos adecuados al Estado es bueno revisar el valor pagado por las regalías correspondientes al denominado contrato Comunidad. Como se observa en la tabla 3, en casi todos los años por este carbón se pagaron regalías apenas simbólicas, de menos de mil pesos por tonelada, mientras que en los otros contratos se pagaron casi siempre por encima de 10 mil pesos e incluso en algunos años por encima de 30 mil pesos por tonelada extraída. Situación originada en el hecho que dicho contrato opera en lo que se denominan “títulos de propiedad privada”, los cuales por decisión de las autoridades nacionales pagan una tarifa apenas simbólica por concepto de regalías. Esta situación tiene serias repercusiones sobre la participación del Estado en las regalías, toda vez que este contrato tiene un peso significativo en la extracción total de carbón en La Guajira, especialmente entre los años 2010 y 2014 cuando alcanzó a representar una quinta parte del total del carbón explotado por este grupo empresarial.

 

Por otra parte, esta empresa se vio favorecida desde el año 2005 por un concepto de la Dian que les permitió a las empresas mineras deducir las regalías como un costo de producción en la liquidación del impuesto a la renta. Concepto que significó importantes ahorros en el pago de impuestos y que recientemente fue declarado nulo por el Consejo de Estado.

 

Estos privilegios para una empresa como el grupo Cerrejón no paran allí. En efecto, entre los años 2002-2011 la empresa se benefició de una norma que estaba especialmente orientada a favorecer las empresas emergentes que operaban en la frontera: la exención del pago de impuestos a los combustibles en las áreas de frontera. Durante este período, los ahorros en costos de combustible le pudieron significar a la empresa sumas que representaron más de tres veces las regalías pagadas en el mismo período de tiempo.

 

Para una síntesis de estos beneficios para una empresa como Cerrejón, y los consecuentes costos para las finanzas del Estado, la siguiente gráfica muestra unas cifras que ilustran esta situación. Por una parte, las barras positivas muestran lo efectivamente pagado por la empresa por concepto de regalías. Y sin contabilizar lo que dejaron de recibir los municipios y el departamento de La Guajira por la exoneración del pago de impuestos territoriales, las barras negativas muestran los tres tipos de beneficios empresariales otorgados a la empresa, en contravía de los intereses colectivos del país: las regalías omitidas en el contrato Comunidad; el impuesto a la renta dejado de recibirse por la deducción de las regalías como costo de producción; y las ventajas que durante muchos años tuvieron de no pagar ningún impuesto sobre los combustibles.

 

En conclusión, como se observa en el gráfico, las ventajas económicas recibidas por la empresa durante muchos años, todas ellas a costa del interés colectivo expresado en las finanzas del Estado, prácticamente han anulado las regalías causadas. De allí que la suspensión de la ampliación de las actividades extractivas que se pretendían realizar en el cauce del arroyo Bruno es más que justificada, por lo menos y entre otras cosas, hasta tanto no se evalúe si esta explotación sí deja algún beneficio para el país. Y por supuesto, que se tengan en cuenta antes de cualquier decisión al respecto, los intereses de las comunidades locales.

 

* Economista. Integrante del Comité Académico del Foro Nacional Ambiental.
1 Cerrejón. Decisión de la Corte Constitucional afecta plan minero de Cerrejón. 19 de diciembre de 2017 (www.cerrejon.com)
2 Como lo expresa el Diccionario de la Real Academia Española, mitigar significa “moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o áspero”.
3 Departamento Nacional de Planeación, DNP. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país. Bogotá, D.C., 2015, p. 238.
4 Ministerio de Minas y Energía. Política Minera de Colombia. Bases para la minería del futuro. Bogotá D.C., abril de 2016, p. 9.

Publicado enEdición Nº242
Sábado, 25 Noviembre 2017 08:33

Al pueblo wayúu se le agota el tiempo

Al pueblo wayúu se le agota el tiempo

La falta de agua y alimentos, los químicos tóxicos que inunda el aire, la precaria o ausencia evidente de atención médica, la privatización de diversas fuentes naturales de agua, la ocupación del territorio que siempre les dio albergue, todo esto es mucho más hace parte de la realidad que vive el pueblo wayúu desde tres décadas y media, cuando Cerrejón Limited, como maldición, llegó a este territorio. Evidencias de esta realidad.

 

“[...] afirman que lo único que se da bien, y ya ni siquiera, en La Wajira, es la marimba, que lo único que este territorio da con generosidad es el carbón, ese sí lo aprecian”1.

Difícil imaginar pero es realidad. La Wuajira, territorio norte de Colombia, que en muchas estampas aparece como territorio turístico y por gozar, según ciertos estudios pierde su categoría de departamento para registrar como un complejo minero, el cual al 2016, según la Agencia Nacional de Minas, cuenta con 63 títulos mineros de los cuales 53 están vigentes y 10 son autorizaciones temporales. A la espera hay 151 solicitudes de contratos para concesiones y autorizaciones temporales, además de 47 solicitudes de legalización, mientras que solo hay 8 áreas de reserva especial en trámite y 0 declaradas. Las consecuencias de esta realidad, acumuladas en 36 años de presencia de la multinacional Cerrejón Limited están a la vista:

De acuerdo con los informes epidemiológicos presentados cada semana por la Secretaría de Salud y la Administración Temporal del Sector Salud de La Guajira, las cifras de niños muertos por desnutrición aguda en el 2017 van así: 32 del 1 de enero al 7 de octubre de 2017 (Ver imagen 1), y 26 del 1 de enero al 28 de octubre2 (Ver imagen 2). ¿Por qué esto? Por la constante alteración de las cifras, a conveniencia de un Estado ausente y de la insaciable, expansiva y voraz multinacional Cerrejón Limited, responsables de la miseria que desde hace 36 años ahoga a la capital indígena del país.

Estas cifras despiertan una pregunta aún más acuciante, ¿cuántos niños han muerto en los últimos años por desnutrición? Al respecto las cifras tampoco son claras. De acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental para La Guajira 2016-2019, durante el año 2014 se reportaron 48 casos, 37 en el 2015 y para abril de 2016 la cuenta iba en 19 casos reportados ante el Instituto Nacional de Salud, sumando un total de 109 decesos en estos tres años. Mientras las cifras de 2017 oscilan según la conveniencia de las instituciones responsables.

La desnutrición es solo una de las causas de estas muertes; enfermedades respiratorias y diarreicas agudas y ETA (Enfermedades transmitidas por alimentos o agua), son otras de las causas, pero las cifras de casos reportados ante alguna IPS-EPS no alcanzan a dimensionar la realidad del pueblo wayúu. La Secretaría de Salud del departamento aún no es clara en sus informes al momento de diferenciar las cifras y las causas de las muertes, de los casos que pueden ser tratados.

Lo más grave del asunto es la sospecha de que las cifras de muertes de niños, mujeres, hombres y ancianos son muchísimo más altas. Para las instituciones encargadas de esta tragedia, al parecer, todo se reduce a una cifra, sin reparar en que sus causas son predecibles y reversibles, muertes que no solo afectan a personas y sus familias, sino a todo un pueblo, el cual languidece, muere lenta pero continuamente.

Prueba de lo anotado son los mapas adjuntos: el Nº 1 hace referencia a los puestos de salud (verde), a los centros de salud (rojo) y a las zonas donde no hay ningún tipo de cobertura médica (azul). El Nº 2, muestra las zonas pobladas del departamento (puntos negros).

Precariedad evidente. Si las cifras oficiales de muertes y casos de enfermedades graves son alarmantes, no hay duda de que la realidad es mucho peor, mucho más cuando las instituciones encargadas no logran dar cuenta de los casos de muertes por desnutrición, nacidos con bajo peso, madres que mueren durante el parto, abortos espontáneos y demás, porque estas personas no tienen la capacidad económica para llegar a una IPS-EPS, para ser atendidos y así ser identificados y, por tanto, reportados.

 

A esto se suma que la muerte de niñas y niños, la falta de agua y alimentos y las precarias condiciones de vida de los wayúu no sea una novedad para el país mediático. El cubrimiento de los medios oficiosos de comunicación, reduce esta realidad a causas como las fuertes temperaturas, la “invasión” por parte de los venezolanos e incluso a los hábitos de vida de los indígenas. En el mejor de los casos, medios como Semana, cuestionan la actividad carbonífera de Cerrejón y sus consecuencias ambientales, culturales y sociales, para al final celebrar los beneficios para la economía colombiana gracias a la explotación y exportación de este mineral.

 

Ahora bien, ¿por qué la incoherencia de los informes presentados hasta la fecha? El Estado colombiano, la gobernación y las alcaldías de los municipios guajiros, bastante temor tienen de que el país haga consciente de lo que ya es un secreto a voces. Además, este departamento no es importante por ser la cuna indígena del país o por ser uno de los territorios más áridos de Colombia, sino por lo que durante siglos ha preservado su subsuelo: una gran riqueza carbonífera, desde hace casi 4 décadas en manos de una multinacional, que con el silencio cómplice del Estado criollo, poco o nada se preocupan por la calidad de vida de las comunidades indígenas vecinas a la décima mina a cielo abierto más grande del mundo, Cerrejón Limited.

Esta multinacional llegó con la promesa de llevar desarrollo y progreso a todo el departamento de La Guajira, con el ideal que una vez Colombia ingresara a la lista de países exportadores de carbón, por fin la pobreza y la falta de oportunidades serían cosa del pasado. Se encontraron con comunidades indígenas dispersas a lo largo y ancho del territorio, con grandes cantidades de chivos que corrían por todas partes, y con arroyos de agua grandes y pequeños, nacientes del río Ranchería; de donde tomaban el agua sin ningún control; estas y demás tradiciones indígenas iban en contravía de la mina.

Pero tal como lo dicta el cliché de colono, Cerrejón llegó despojando, bloqueando, cercando, usurpando y generando terror con las fuertes detonaciones y el movimiento de las maquinarias, en el territorio que el gobierno nacional le puso en bandeja de plata. Todo el proceso de instalación fue una mala sorpresa para los wayúu: en ningún momento les consultaron si estaban de acuerdo con que su territorio fuera explorado y sucesivamente explotado. Fue este el más claro ejemplo de las garantías que brinda el Estado colombiano a las comunidades indígenas, afro, campesinas y demás, reafirmando por vía directa que todo aquello existente en el subsuelo es propiedad del Estado, quien define cómo, cuándo y qué hacer. Una política que atenta contra la vida de cualquier connacional.
Hoy, más de 30 años después, los wayúu mueren lentamente como consecuencia del fenómeno extractivista, proceso que está por encima de cualquier costumbre, tradición y forma de vida. Oficialmente, Cerrejón cuenta con 69,364 mil hectáreas donde puede llevar a cabo sus exploraciones y explotaciones, empero la realidad da la idea de que son más. Desde que está presente en el departamento, muchas comunidades del norte, sur, oriente y occidente del departamento, fueron y están siendo reasentadas, porque en sus territorios ancestrales se halla el carbón que con tanta sed persigue Cerrejón Limited.

La cuna del gran socavón. Maicao, Barrancas, Hatonuevo y Albania son los municipios donde Cerrejón tiene más comprometido el subsuelo–donde al menos existen 60 mil habitantes–, de donde extrajo 32,4 millones de toneladas de carbón3, de las 49.000 toneladas que Colombia exportó en el 2016 (Ver imagen 3).

Para algunos, el empresariado, las clases dominantes y los políticos de oficio, estas cifras son motivo de orgullo y satisfacción, pero para los wayúu son de tragedia, las comunidades reasentadas así lo testimonian. El turno llega para el resguardo Tamaquitos II, cuyos integrantes se enfrentaban a un reasentamiento obligado.

Según estándares internacionales esto es de mostrar (¡?). El pasado 23 de octubre el ranking Merco Talento 20174 ascendió a la multinacional del puesto 62, que ocupó en el 2016, al puesto 27. A su vez, con respecto a ranking de Merco Empresas 2017, la multinacional pasó de ocupar el puesto 79 al 77 en igual periodo de tiempo. Ambos rankings dan por hecho que Cerrejón Limited ha mejorado su reputación e implementación de “buenas prácticas” en el territorio intervenido.(Ver imagen 4).

“Hemos estado por más de tres décadas en La Guajira bajo la premisa de construir relaciones transparentes con nuestros grupos de interés, ser un buen empleador, cumplir con la ley y aplicar los más altos estándares sociales y ambientales. Al tiempo de posicionarnos como un productor y exportador de carbón líder a nivel mundial, estamos enfocados en continuar siendo un aliado clave para el progreso y desarrollo sostenible de La Guajira, fortaleciendo las capacidades entre sus autoridades y comunidades para que lideren las transformaciones sociales de su territorio” dijo, ante la noticia del ranking, la vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones, Lina Echeverri.

Los boletines de prensa de la multinacional, sin descanso y reflejando su lejana percepción de lo indígena, enfatizan el compromiso que tienen con el pueblo wayúu y el medio ambiente. Noticias como la reducción en un 69 por ciento del consumo de agua potable desde el 2009, evidencia un supuesto compromiso serio con el territorio que tanta riqueza le ha dado. Aseguran que el 93 por ciento del agua que utilizan proviene de las aguas lluvias, siendo de mala calidad y no apta para el consumo humano, animal o para el riego de cultivos; aclarando que esta nunca tiene contacto con los acuíferos de los ríos y, por ende, no se contamina el agua que consumen quienes habitan los resguardos.

La cuestión es que esta lluvia de la que habla Cerrejón no es exclusiva para ellos, cae sobre todo el territorio guajiro, contaminando no solo cada cuerpo de agua existente, sino también el aire, situación que enferma a niños, adultos y ancianos; sin contar con los daños colaterales que surte en los pocos cultivos que actualmente pueden sembrar las comunidades. Es esta una razón más por lo que los informes de morbilidad y mortalidad en el departamento son tan imprecisos.

 

La disputa por el agua

 

“–Entre las formas de exterminar un pueblo la más indigna es ahogarlo en su sed. Cuando se quita la única fuente de agua, la conexión con la vida, ¿qué se hace?”5.


Lo que hace décadas fue el descubrimiento del más grande tesoro en Colombia, es hoy para el pueblo wayúu su sentencia de muerte. Así lo certifica la intervención de sus territorios, el despojo de la tierra que les brindaba la vida, la afectación de sus fuentes de agua, el reasentamiento de los pobladores de varios resguardos –llevados a vivir en condiciones que no dan cuenta de sus tradiciones–, la contaminación ambiental que les propicia diversidad de enfermedades, las presiones psicológicas a las que son sometidos, las que llevan a no pocos de sus jóvenes y adultos al suicidio.
En estas circunstancias, los wayúu viven como un pueblo copado, presos dentro de lo que antes era su territorio, sometidos a los dictámenes e intereses de una multinacional que obra con total amparo del Estado central y regional. Es así como Cerrejón no solo es dueño de cada piedra, cactus y gramo de arena que hay dentro y alrededor de la mina, sino que también se siente con el derecho sobre cada gota de agua que se da en el territorio.

Para la muestra más de un botón. Para el 2016, la multinacional había desviado más de 17 cuerpos de agua, y además inició estudios y obras para la desviación de uno de los arroyos más importantes para el norte de La Wajira: el arroyo Bruno. Las comunidades afectadas realizaron diversas acciones en defensa de su fuente de vida, una de ellas, la recolección de 35.000 firmas en contra del desvío, lo que logró eco a nivel nacional e internacional; firmas que fueron entregadas el 1 de diciembre de 2016 ante la Corte Constitucional quien falló a favor de más de 12.000 indígenas que se verían afectados por tal acción. Sin embargo, Cerrejón continúa con sus labores de desvío, porque los 35 millones de toneladas de carbón que guarda el arroyo bajo su lecho es una de sus más grandes excavaciones, mientras la justicia colombiana se hace la de la vista y oídos sordos.

La Wajira como territorio de enclave

De acuerdo al censo del 2005, quienes se reconocen como pertenecientes al pueblo wayúu suman 270.413, de ellas 132.180 hombres y 138.233 mujeres, decidiéndolos como el pueblo indígena más numeroso del país. Sin embargo, el Plan de Desarrollo para La Guajira 2016-2019 reconoce que los wayúu integran 800.000 personas, lo que sugiere que hay 520.000 indígenas no reconocidos por el Estado colombiano.

Hoy por hoy no es Cerrejón quien invade el territorio de La Guajira, según el crecimiento de la multinacional, son los wayúu, mestizos y afro que están en las zonas donde la multinacional pretende ingresar, con lo cual el patrimonio cultural y espiritual prosigue e incrementa su inminente riesgo de desaparecer bajo los intereses privados. La Guajira pierde su categoría de departamento para registrar como un complejo minero, el cual al 2016, según la Agencia Nacional de Minas, cuenta con 63 títulos mineros de los cuales 53 están vigentes y 10 son autorizaciones temporales. A la espera hay 151 solicitudes de contratos para concesiones y autorizaciones temporales, además de 47 solicitudes de legalización, mientras que solo hay 8 áreas de reserva especial en trámite y 0 declaradas. (Ver imagen 6).

Rezan las políticas de producción y de “buenas prácticas” de Cerrejón Limited, que una vez terminadas las 3 etapas para la extracción del carbón, avanzan en un proceso de rehabilitación de tierras, el cual promete conformar y estabilizar un nuevo suelo, con el objetivo de que en “unos pocos” años nazcan bosques similares a los existentes. Esta política les ha merecido reconocimientos a nivel mundial, por ser pioneros en tal iniciativa.

“Cuando la actividad minera concluya en el futuro, quisiéramos ver este laboratorio de bosque seco tropical desarrollado por Cerrejón, convertido en elemento fundamental dentro de la estructura ecológica principal de La Guajira, que garantice la provisión de servicios ecosistémicos y sustente la prosperidad de este noble departamento”, dijo León Teicher Grauman, expresidente de Cerrejón Limited. En caso de que esto sea real, ni una sola hectárea será habitada por el pueblo wayúu, será territorio privado.

Al gobierno colombiano le basta con que Cerrejón se quede en el decir y no hacer. Existen estudios mundiales que comprueban científicamente que una vez concluyen las actividades mineras en un suelo, éste no queda saludable, en pocas palabras, muere. La deforestación, la contaminación del agua y el aire, el exterminio de fauna y flora y pueblos originarios, no son costos que justifican las miles y miles de toneladas de mineral –en este caso carbón– exportadas.

Un S.O.S por La Wajira

Desde hace años el pueblo wayúu dijo ¡basta!, entendieron que la minería los está matando y que si Cerrejón sigue en su territorio hasta el 2034, como está previsto, entonces el pueblo wayúu habrá desaparecido y la tierra será un gran hueco que, producto del calentamiento global, se convertirá en una gran laguna.
La realidad que sobrelleva el pueblo wayúu, la invasión de su territorio y la violación de sus derechos, exige voces de lucha que denuncien la complicidad del gobierno nacional en este genocidio; voces que exijan que se reconozca la grave situación que viven miles de personas, seres humanos ahogados en su sed y en su hambre, usurpados de su territorio e identidad más profunda, aprisionados y controlados para que no alteren el orden minero.

Tras más de 30 años de este criminal proceder, donde están unidos capital privado y un Estado que no prioriza a los suyos, es el momento de trascender las denuncias y poner en marcha acciones que realmente obliguen a las instituciones responsables a dejar a un lado su pasividad, mediocridad e intereses espurios, y detengan el etnocidio que está en marcha en esta parte del país.

 

1 El Palabrero. Philip Potdevin.
2 http://salud-laguajira.gov.co/apc-aa-files/34386462396137383366373566323165/boletin-epidemiologico-semanal-no.-42-la-guajira-2017.pdf
3 Exportaciones de carbón del Cerrejón superaron 32 millones toneladas: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/balance-de-las-exportaciones-de-carbon-del-cerrejon-en-el-2016-35297
4 http://www.merco.info/co/ranking-merco-talento
5 El Palabrero, Philip Potdevin.

 

Edición completa periódico desdeabajo N°241

noviembre 20 - diciembre 20 de 2017

Publicado enColombia
Martes, 03 Octubre 2017 06:28

Lo que podemos aprender de Avon

Lo que podemos aprender de Avon

Avon y su instrumentalización de la mujer, una muestra más de cómo opera hoy el patriarcado capitalista.

 

Ver televisión se ha convertido para mí, con el paso del tiempo, en una experiencia extraña, de extrañamiento. No solo porque sucede ocasionalmente, ya que vivo (o he aprendido a vivir) sin televisor, sino porque, justamente estando rara vez sometido a su influencia, siempre que me topo con una pantalla ocurre una suerte de cortocircuito. Hay que esforzarse por rehacer el propio nicho ecológico en las urbes contemporáneas para percatarse, afectivamente hablando, de hasta qué punto es modificada nuestra percepción en la dinámica de existir-con las máquinas. Uno de los choques que con mayor fuerza me impacta tiene que ver con las temáticas fitness que atraviesan innumerables comerciales. “Aclara tus axilas”, “elimina barros y espinillas”, “luce un cabello sedoso”, “enriquecido con vitaminas”, “recomendado por expertos” o “dos de cada tres médicos lo recomiendan”, “estrena sonrisa”, “toma X y mantente activo”, “toma Y para sentirte bien/mejor”, “edúcate, no te quedes atrás”, son algunas de las consignas más recurrentes. Y si son consignas es en razón de que ordenan, dan órdenes, así el efecto para el “consumidor” sea el de la libertad de elección.

 

El patriarcado

 

Quizá estemos acostumbrados a asociar lo fitness con aquello que, contribuyendo a la buena salud, nos hace “lucir bien” o “conservar la línea, la figura”. No obstante, lo fitness puede devenir en modelo o paradigma para comprender un vasto conjunto de dinámicas ligadas al trabajo sobre el cuerpo, y al “mejoramiento” mental-corporal en general. Este tema, por supuesto, no es nuevo: en los escenarios filosóficos, sociológicos y antropológicos, pero también en los de las artes y las ciencias naturales, muchas teóricas feministas, hace décadas, han puesto en circulación el concepto “patriarcado” para hacer referencia a la manera en que, en Occidente, y por ende en el mundo entero, pues vivimos en un mundo caracterizado por la hegemonía occidental, ha primado una tendencia al control y la explotación de los cuerpos, en especial del de las mujeres, pero también del gran cuerpo de la naturaleza y de todos los seres fuertemente naturalizados: niños, “locos”, indígenas, personas racializadas como negras, animales, plantas, ríos, etcétera.

 

Control y explotación de la naturaleza que ha requerido establecer la primacía de la mente sobre el cuerpo (tan apreciada por Platón y Aristóteles), de lo divino frente a lo terrenal (tan apreciada en el medioevo cristiano) y del “racional” hombre blanco (“moderno”, “civilizado”, etc.) sobre su propio cuerpo, sobre los cuerpos de las mujeres y sobre las formas de vida no occidentales y no humanas en general (incluyendo esa hermosa dimensión inorgánica de la Vida que poco se suele mencionar). Así, actualmente el patriarcado llegó a convertirse, específicamente, en uno de corte capitalista y colonial, en el que se recrudece la explotación y se refinan las técnicas de gobierno sobre la Vida. Ahora bien, ¿en qué consiste la última reconfiguración del patriarcado capitalista occidental (es decir, colonial o imperial)? Aquí entra a jugar aquello que podemos aprender de Avon, pero también de los comerciales fitness que últimamente resultan increíblemente chocantes.

 

Los ataques con ácido como técnica política patriarcal

 

Esta historia comienza con Natalia Ponce de León, reconocida activista colombiana que, tras sufrir un ataque con ácido propinado por un hombre, creó una fundación que lleva su propio nombre, cuyo objetivo es “defender, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de ataques con químicos”, según se puede leer en su página de Internet. Los ataques con ácido, en los que Colombia desafortunadamente ocupa el tercer puesto a nivel mundial, son una famosa técnica política patriarcal de control sobre los cuerpos de las mujeres. El ácido destroza los cuerpos de aquellas que se niegan a ocupar los lugares esperados por el patriarcado, o, en otras palabras, es cuando los hombres perciben su dominio menguado que ponen en funcionamiento esta técnica de control, deseando demostrar con ello, espantosa y radicalmente, que las mujeres no son “dueñas de sus vidas”. Por supuesto, es recurrente, parte del funcionamiento de tal técnica política, que cada vez que ocurre un ataque con ácido éste se reduzca a una cuestión “psicológica” o “individual”, sea a causa de los “celos”, la “locura del amor”, la “obsesión”, etcétera.

 

Natalia Ponce, a pesar de saber que la violencia del ácido está asociada a formas de violencia patriarcales mucho más imperceptibles, es decir, a otras técnicas de control, recientemente inició una campaña con la Fundación Avon para la Mujer.

 

Como parte de la campaña vemos que a lo largo y ancho de la ciudad de Bogotá se han desplegado afiches donde aparece la propia Natalia Ponce, maquillada y sonriente, junto con mensajes como: “¿Te hace sentir culpable? Es violencia” o “¿Te maltrata verbalmente? Es violencia”. Como es de esperarse, para muchas personas resulta inmediatamente chocante, aunque “conmovedor” e “inspirador”, el contraste entre el “desfigurado” rostro y el maquillaje. Y es que la historia de Natalia no puede sino despertarnos pasiones encontradas en un mundo donde la imagen y su circulación juegan un rol central. Sea como fuere, en esto coincido con parte del “sentido común”, creo que Natalia verdaderamente nos enseña cosas valiosas, pues, al contrario de lo que se espera con el despliegue de las técnicas de control patriarcales (sea el ataque con ácido, la culpa, el interrumpir al hablar o no escuchar, la violación, etc.), ella ha emprendido una ardua lucha por “reapropiarse” de su cuerpo, de su imagen, de su vida, e incentivar a otras mujeres para que lo hagan, lo cual no es nada fácil. De ella admiramos su increíble fuerza vital. Sin embargo, para nuestro pesar, parece que Avon, a su vez y de manera tremendamente refinada, ha logrado capturar parte de esa fuerza vital con la finalidad de ponerla al servicio del (reconfigurado) patriarcado capitalista occidental una vez más.

 

La biorregulación, o Avon y el patriarcado capitalista fitness

 

La Fundación Avon para la Mujer pertenece a Avon Products Inc., una empresa multinacional, con presencia en más de 120 países, dedicada al negocio de los cosméticos y otros productos como perfumes y joyas. Su mercado se instala en la zona fronteriza de la “salud” y la “belleza”. Aunque parezca baladí recordarlo, Avon es una empresa, una de tamaños colosales, cuya principal preocupación, como sucede con toda empresa colosal, es la obtención y acumulación indefinida de capital, lo cual implica, necesariamente, la explotación y el control de las energías de las trabajadoras y trabajadores, y de la naturaleza, que es de donde proceden sus productos. Avon es, igualmente, un caso paradigmático de lo que líneas atrás llamé fitness, a saber, ese vasto conjunto de dinámicas ligadas al trabajo sobre el cuerpo y al “mejoramiento” mental-corporal en general. De ahí que “salud” y “belleza” se crucen con el discurso del “empoderamiento” de las mujeres, del ser cada vez “más bellas”, “más fuertes”, “más independientes” y “más sanas”. Que la publicidad emplee los cuerpos de las mujeres, con el objetivo de incrementar las ganancias de las empresas, no es una novedad, esto sucede tanto con empresas que venden productos para las mujeres mismas como con empresas que no, lo cual, en efecto, es una de las múltiples maneras en que el patriarcado capitalista usa, vende, intercambia, expone, explota y consume los cuerpos femeninos, pero el caso de Avon va más allá.

 

Avon no solo pone en circulación los cuerpos de las mujeres de la manera ya mencionada, sino que, al tiempo, regula y modela los cuerpos de sus propias trabajadoras y consumidoras. Michel Foucault, el conocido intelectual francés, propuso en su curso Defender la sociedad dos conceptos que nos ayudan a comprender mejor este fenómeno. Según él, en determinados momentos del desarrollo capitalista, aparecieron un par de tecnologías políticas que permiten regular, gobernar y explotar los cuerpos y las energías, las fuerzas, de los sujetos: la biorregulación (o biopolítica) y la organodisciplina (o anatomopolítica). Mientras la organodisciplina se pone en marcha en espacios cerrados y sobre sujetos precisos (por ejemplo en la escuela, el hospital (mental), etc.), la biorregulación se ejerce sobre poblaciones enteras a través, por ejemplo, de programas de salud pública, y está relacionada con el gobierno de los grandes fenómenos vitales de cualquier viviente: nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, etcétera. Por cierto, tanto la biorregulación como la organodisciplina son necesarias en un contexto donde se requieren trabajadores con unos mínimos vitales, o incluso con una vida cualificada, para desempeñar ciertas labores y además consumir ciertos productos. El Estado-mercado capitalista patriarcal, evidentemente, no se ocupa de la vida de la población y de la naturaleza por motivos “altruistas”. Adicionalmente, estas tecnologías presuponen una adaptación conveniente de la jerga de la biología evolutiva, en donde los problemas son los de la “adaptación del más sano y fuerte”, el “mejoramiento”, la “lucha por la supervivencia”, etcétera. Toda una competencia por la vida entre individuos y grupos que, como sabemos desde la escuela, el capitalismo no cesa de incentivar.

 

Pues bien, la novedad acá radica en que el patriarcado capitalista fitness, en el marco de un ambiente tamizado jurídica y militarmente por el Estado, promueve formas de biorregulación donde la cuestión “salud” y el “mejoramiento” mental-corporal en general las delega a las empresas privadas. Avon es una gran prueba de ello, su interés en las mujeres no es un interés feminista por echar abajo al patriarcado capitalista occidental, simplemente necesita invertir un mínimo para que existan ciertas mujeres que consuman sus propios productos y a su vez los vendan. Recordemos que Avon “emplea” a innumerables mujeres en todo el mundo.

 

En síntesis, Avon necesita con vida, e incluso con unos mínimos de vida “saludable”, a las mujeres de las que extrae todas sus energías y ganancias. Eso explica en gran medida su Fundación y sus campañas en pro del “empoderamiento”, contra el cáncer de seno y contra la “violencia doméstica”, como la campaña realizada en alianza con la Fundación Natalia Ponce de León.

 

No obstante, como es bien sabido, en la lucha capitalista por la vida no todas las mujeres pueden comprar y usar los productos de Avon, ni todas pueden si quiera tener unos mínimos vitales. ¡Pero claro! Si de ingresos se trata, Avon “empodera” a las mujeres con trabajos precarios que consisten en vender productos voz a voz y, de paso, fagocitar las capacidades relacionales y afectivas que pueden darse entre ellas. Y se atreve a llamarlas “empresarias” y “emprendedoras”. En sentido estricto, ni si quiera las reconoce como obreras. Y, ¡vaya sorpresa!, las más afectadas son siempre las mujeres que se alejan del ideal occidental: las pobres, las indígenas, las ancianas, las de los países “periféricos”, las que no cumplen con determinadas “capacidades” y estándares corporales, etcétera. Esto, aunado al uso de las imágenes de sus cuerpos para el incremento de ganancias (así se trate de “diferentes formas de ser mujer”) y al estimulado hiperconsumo que está devastando nuestro planeta, hace de Avon una muestra más de cómo opera hoy el patriarcado capitalista. Por ello, el presente texto es escrito, al tiempo, en complicidad con mujeres como Natalia y contra empresas como Avon.

Publicado enColombia
Martes, 26 Septiembre 2017 15:31

Con licencia para explotar y matar

Con licencia para explotar y matar

A medida que el negocio de explotación de la naturaleza aumenta, el asesinato de quienes se oponen a esta realidad se expande por todo el mundo. Un modelo que no se detiene ante sus efectos sobre el medio ambiente ni ante los intereses y derechos de comunidades locales. Una fórmula que se repite en varios países. Promesas inversionistas, gobiernos corruptos, criminalización de la defensa local del territroio y el ambiente, y la muerte de líderes sociales. Este es el modelo de desarrollo que nos quieren imponer.

“Defender la tierra”, así se titula el más reciente informe de Global Witness, una Ong dedicada a sistematizar las agresiones sufridas por los defensores del medio ambiente y de tierras comunitarias. Allí confirma que “el año pasado en el mundo, al menos 200 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados, siendo el año con mayores muertes registradas [...]. Esta tendencia no está sólo creciendo, se expande, con asesinatos diseminados en 24 países, mientras que los registrados en 2015 fueron en 16 países”1. Sus estadísticas relacionan que desde 2010 y hasta el 2017, casi se completan 1.000 asesinatos.

 

Entre los países más peligrosos para quienes legítimamente se empoderan para oponerse a los grandes megaproyectos y monocultivos aparecen Brasil, Honduras, Nicaragua, Filipinas, India, República del Congo y, obviamente, Colombia.

 

Violencia soterrada y abierta

 

El capitalismo es un modelo depredador, su afán de lucro no mide consecuencias ante la explotación. Desarrollo que mata, ese es el rostro que siempre ha tenido. Ahora que no funciona la eterna e incumplida promesa del “desarrollo” y el “bienestar colectivo”, es cada vez más común el uso de la fuerza para imponer proyectos extractivos, saltándose el derecho comunitario y colectivo a la consulta previa.

 

Uso de la fuerza y desconocimiento de derechos que no pasa impune; las comunidades, conscientes del peligro que corren sus territorios activa su legítima defensa, se movilizan, denuncian, encontrando como respuesta gubernamental la criminalización de sus liderazgos locales y de la misma protesta. Caen sobre ella, entonces, arbitrariedades, abusos y homicidios por parte del capital voraz. La metáfora histórica colonial de civilizado vs salvaje, sigue viva. El 60 por ciento de estos homicidios recaen sobre comunidades indígenas, hermanos mayores que luchan contra la idea de progreso.


Es una lucha desigual. La “incapacidad” estatal para garantizar los derechos y bienestar colectivo, se pasa por la faja la soberanía local, facilitando así que empresas nacionales y extranjeras impongan sus intereses. Lo que ilustran las estadísticas, es que son numerosos los procesos anómalos de consulta, que no son libres, ni previas, ni suficientemente informadas, ni logran el consentimiento colectivo. Los gobiernos presentan, cada vez más, acusaciones penales falsas contra activistas, sometiéndolos, a padecer allanamientos policiales, detenciones ilícitas, multas y encarcelamientos. La resistencia social termina convertida en delito penal.

 

Periscopio

 

Los Estados Unidos no registran muertes de defensores, pero su tarea cada vez es más obstaculizada y criminalizada, como denuncian sus comunidades indígenas, opuestas al fracking, a la construcción de oleoductos y a los monocultivos. Las leyes van en contra de la protesta, ilegalizándola; así lo constata el informe en cuestión, el mismo que registra alarmantes casos en África (República del Congo), donde los asesinatos afectan de manera notable a los guardabosques. En Asia (India), con grandes proyectos mineros y de tala de bosques, el mecanismo de violencia procede a través de una policía cada vez más vendida, lo cual la convierte en el cuarto lugar más mortal para los defensores del planeta.

 

En América Latina, en el 60 por ciento de los asesinatos de estos líderes están implicados los bancos, por ser inversionistas en las explotaciones de bosques, aguas y similares. Las muertes registradas durante el 2014 –con un promedio de dos a la semana– sumaron las tres cuartas partes de todos los asesinatos registrados en todo el mundo. Para el 2015, con un total de 122 asesinatos2, la región registró el peor de los años.

 

Resalta de manera preocupante en este informe, los casos de Nicaragua, donde 11 defensores fueron asesinados, convertido así en el país, percapita, más peligroso del mundo. Sólo una de estas muertes no pertenecía a comunidades indígenas centroamericanas. Un genocidio selectivo producto del interés por el canal interoceánico, bajo el dominio de la empresa china Hong Kong Canal Development Group (Hknd), con una concesión de 100 años de operación de un megaproyecto tres veces más grande que el Canal de Panamá, el que implicará el desplazamiento de 120.000 indígenas.

 

En Honduras, los asesinatos ejecutados durante el 2016 se elevaron a 14, crímenes que sumados desde el 2007, y hasta la fecha, alcanzan a 127. Desde el asesinato de Berta Cáceres –3 de marzo de 2016– han consumado otros siete homicidios, transformando a éste en el país más peligroso para el activismo ambiental. Ante estas acusaciones el gobierno presentó acciones legales en contra de Global Witness, apoyado para ello en los voceros de las industrias, básicamente criticando y cuestionando su labor por frenar el desarrollo del país y tener fines conspirativos.

 

mapa p7

 

 

Grafico p6

 

Colombia

 

Datos escandalosos los de estos países vecinos, pero el nuestro no rompe con el crimen en contra de este tipo de activistas sociales: acá el número de asesinados durante el 2016 creció en un 40 por ciento. Los 37 casos conocidos y documentados superan los registrados en Honduras y Nicaragua. Global Witness se pregunta por semejante cifra en tiempos de acuerdos de paz. La “debilidad” estatal es cómplice del poder de grupos locales; 22 de estas muertes son atribuidas a los paramilitares. Y el gobierno insiste en que no existe un fenómeno sistemático.

 

Entre los homicidios más recientes, es necesario recordar que el pasado 17 de enero fue encontrada muerta, apuñalada y baleada, con su esposo, la lideresa de Red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios –Conpaz– Emilse Manyona, que denunciaba a paramilitares e intereses internacionales mineros y agroindustriales en el Valle del Cauca, en especial en territorio correspondiente al municipio de Buenaventura. Las presiones sobre las comunidades continúan: hace unos meses Jakeline Romero, lideresa de la comunidad Wayuú, comenzó a recibir amenazas por oponerse a la solicitud de las empresas del Cerrejón Glencore BHD Biliton y Anglo American para desviar el río Ranchería.


El capital no atenúa su voracidad. Ahora las comunidades ya no comen el cuento del “desarrollo”, que cual espejo busca deslumbrar. Y entonces, ahora el capital pretende desconocer los mecanismos de participación autónoma local, activando un modelo estatal que busca la criminalización de quienes asumen la legítima defensa de sus territorios. ¡Qué escenario de impunidad para el asesinato sistemático y selectivo de docenas de personas!


Nuestro futuro, colectivo, sin naturaleza ni defensa alguna, es incierto. Futuro envolatado ante un supuesto “desarrollo” que en realidad es destrucción ambiental, violencia contra las comunidades, desplazamiento de miles, sometimiento de los negados de siempre.

 

Estamos ante mundo civilizado que muestra su verdadero y salvaje rostro.

 

1 Global, Witness. (2017) “Defender la tierra. Asesintaos globales a defensores/as de la tierra y el medio ambiente en 2016” Paág. 6 disponible: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defender-la-tierra/.
2 Global Witness. (2016) “Entreno peligroso” disponible https://www.globalwitness.org/en/reports/terreno-peligroso/

 


Recuadro


¿Cuál es la causa de los ataques?

 

La lucha entre los gobiernos, las empresas y las comunidades locales por el uso de la tierra y los recursos naturales son la base de la mayoría de los asesinatos documentados por Global Witness. En algunos casos, identificamos a los sectores específicos que las personas defensoras habían o a los que se habían opuesto antes de su asesinato:

 

Sector Total
Minería y petróleo33
Explotación forestal 23
Agroindustria 23
Caza ilegal18
Agua y represas 7
Otros 4

 

 

Publicado enEdición Nº239