Lunes, 26 Septiembre 2016 11:59

Agua sí, petróleo no

Agua sí, petróleo no

El pasado 3 de septiembre, un movimiento telúrico de 5,6 grados en la escala richter se sintió en Pawnee Oklahoma. La onda también fue percibida en el norte de Texas y de otras regiones de los Estados Unidos. Las noticias advertían que el evento sísmico podría estar asociado al fracking. Ya en marzo del presente año el estado de Oklahoma había anunciado un plan de medidas para reducir el elevado número de terremotos registrados en los últimos años, y que al parecer estarían asociados al empleo masivo de la técnica de fracturación hidráulica o "fracking", para extraer petróleo y gas de esquisto.

 

Un reporte del Servicio Geológico nacional estadounidense (USGS) de 2015, advirtió que la actividad sísmica inducida ha aumentado notablemente allí desde 2009, especialmente en el centro del país, por el auge de la fracturación hidráulica1.

 

No sólo tiembla. Las denuncias sobre los riesgos y daños ambientales y en la salud pública van en aumento en todo el mundo. De hecho esta técnica se ha prohibido en Francia, Bulgaria y el Estado de Nueva York, declarándose su moratoria en Escocia y Holanda, entre otros ejemplos. Recientemente el gobierno laborista de Daniel Andrew, en Victoria –Australia–, anunció una prohibición permanente a la exploración y desarrollo de todas las operaciones en tierra (onshore) de gas no convencional en el Estado de Victoria, incluyendo la fractura hidráulica (Fracking) y gas metano de carbón. Y en Brasil, durante lo corrido de septiembre, dos ciudades prohibieron el fracking para sumar así un total de 72 urbes desde que en 2013 inició la campaña No Fracking Brazil.

 

En Colombia, también existe testimonio. En San Martín Cesar, pobladores locales han realizado dos movilizaciones de rechazo, en el transcurso del año, luego de ser anunciado un proyecto de fractura hidráulica. La preocupación es tan grande que han convocado a una nueva movilización para el próximo 25 de septiembre, en el contexto de la Segunda jornada nacional contra el fracking. Ya antes en Guasca, una organización juvenil, junto con comunidades campesinas, denunciaron y se movilizaron para impedir el uso de esa técnica en su municipio.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo busca mostrar un panorama del fracking en Colombia y explicar la importancia de la Segunda jornada nacional, que contará con un importante respaldo internacional.

 

El fracking en Colombia

 

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha promovido una política minero-energética, que según él afirma, será la locomotora que impulse la economía nacional. Lo sustenta así en su Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018: en el período 2010-2013 el sector en mención aportó al Producto Interno Bruto (PIB) del país el 11,2 por ciento, la mayor parte (52,3%) provino de los hidrocarburos2. Esto ha significado una ampliación de las fronteras geográficas y tecnológicas en busca de hidrocarburos: gas y petróleo.

Estas políticas también fueron impulsadas por gobiernos como el de Uribe Vélez y Pastrana Arango, entre otros.

 

En esta lógica no es extraño, por tanto, que este Gobierno ofrezca desde hace varios años bloques que requieren la utilización de la técnica del fracking, en Santander, Norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca o Tolima3. De hecho, el Gobierno ya expidió un marco regulatorio que permite la explotación de hidrocarburos no convencionales en Colombia (Decreto 3004 de 2013 y Resolución 90341 de 2014), el cual fue orientado por asesores foráneos4, contradiciendo el discurso gubernamental que llama a enfrentar el cambio climático y a alcanzar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 

Aunque el Gobierno y las empresas insisten en negar los proyectos de fracking, para 2015 ya habían suscrito siete contratos de hidrocarburos no convencionales5, que se encuentran en etapa exploratoria6. Uno de los contratos más polémicos se firmó en diciembre de 2015, para explotación de hidrocarburos no convencionales en una zona ubicada entre los departamentos de Cesar y Santander, donde las petroleras Conoco Phillips y Canacol invertirán US$ 85 millones7. Este contrato es una primera adición a un contrato convencional de hidrocarburos8.

 

La conflictividad que provoca el fracking

 

En varias partes del mundo, el fracking es considerada como uno de los monstruos de la modernidad. Esta tecnología que recupera viejas técnicas de la industria petrolera, busca extraer los últimos vestigios fósiles, formados en el planeta hace millones de años, ante el agotamiento de los yacimientos de hidrocarburos convencionales.

 

Sin embargo, esta técnica tiene serios impactos ambientales y de salud pública. De una parte, requiere usos intensivos de agua y energía mayores que los usados en la extracción petrolera convencional. Y demanda una intensiva ocupación territorial.
En efecto, el fracking requiere grandes consumos de aguas superficiales y subterráneas, genera contaminación del aire, escapes de gas metano a la atmósfera, impactos de cambio climático, sismicidad inducida, entre otros impactos. Igualmente, se ha documentado que las comunidades vecinas a los puntos de fracking han enfrentado perjuicios en su salud pública, consecuencia de la contaminación en sus fuentes de agua y el aire que respiran9.

 

Ante el recrudecimiento en los territorios de los impactos ambientales y de salud pública, consecuencia de actividades extractivas, la Corte Constitucional ha protegido los derechos fundamentales de las comunidades colombianas. De esto da testimonio Sentencias ante explotación de hidrocarburos (T-652 de 2013), por explotación de minería (T-154 de 2013 o T-256 de 2015) o por falta de consulta previa (T-769 de 2009, T-693 de 2011 o C-273 de 2016). Incluso la Corte, mediante Sentencia C-035 de 2016, tuvo que proteger los ecosistemas de páramo, que proveen más del 70 por ciento del agua potable de Colombia. Es decir, con el fracking se desconoce el desarrollo jurisprudencial y las movilizaciones de la ciudadanía que así lo demandaron.

 

De hecho, las características y consecuencias nocivas de los hidrocarburos no convencionales propicia la emergencia de conflictos socio-ambientales en las regiones donde se están impulsando estos proyectos. El caso más reciente es San Martín (Cesar), donde la gente ha decidido organizarse y promover diversas acciones, como por ejemplo las movilizaciones, y una amplia divulgación de la problemática.

 

En este municipio se encuentra el proyecto más avanzado de fracking en Colombia. La Agencia Nacional de Hidrocarburos firmó el 2 de diciembre de 2015 contratos con las multinacionales Conocophillips y CNE OIL&GAS (filial de Canacol Energy) para la exploración y explotación del bloque Valle del Magdalena Medio 3. El área comprende los municipios de San Martín y Aguachica en el Cesar, y Rionegro en Santander. La primera empresa tiene una participación del 80 por ciento y la segunda del 20 restante. Posteriormente, la Conocophillips inició el proceso de socialización del proyecto en San Martín, la comunidad respondió con una movilización el pasado 17 de marzo, en la que participaron cerca de cuatro mil personas.

 

De esta manera, se consolidó el Comité en defensa del agua, el territorio y los ecosistemas (Cordatec). Desde la semana del 5 de septiembre, la población ha mantenido una movilización para impedir el ingreso de maquinarias de la empresa Conocophillips en el Pozo Pico Plata 1, límites de los corregimientos Cuatro Bocas y Pitalimon.

 

La situación se ha caracterizado por la intimidación del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y la expedición del Decreto No. 0120 de la alcaldía de San Martín, que impuso el toque de queda desde el 9 de septiembre y hasta que se resuelva la situación de orden público en el municipio. No obstante, la comunidad decidió mantener la protesta en contra de cualquier proyecto de fracking y sigue resistiendo el ingreso de la empresa Conocophillips a los pozos de exploración.

 

Cordatec ha estado vigilante, insiste en su demanda, y proyecta una marcha carnaval para el próximo 25 de septiembre. Para fortalecer su exigencia, esperan el acompañamiento de otras organizaciones regionales y nacionales. Cabe aclarar que la marcha carnaval será la actividad cierre de la Segunda jornada nacional contra el fracking.

 

La Segunda jornada nacional contra el fracking

 

Conscientes de esta realidad, para alertar sobre la misma, para denunciar los proyectos en marcha o ya aprobados, y para levantar un dique en defensa del territorio a nivel nacional, diversas organizaciones sociales, comunitarias, sindicales, ambientales y de derechos humanos, decidimos impulsar, entre el 20-25 de septiembre, la Segunda jornada nacional contra el fracking.

 

Ya entre el 29 de mayo y 6 de junio de 2013, algunas de las organizaciones ambientalistas y comunitarias habíamos convocado la Primera Jornada de este carácter, recorriendo diversos territorios, como Cundinamarca, Boyacá y Meta. Buscabamos visibilizar la amenaza que avizora el impulso de esta destructiva técnica.

 

De alguna manera, seguimos el camino marcado a nivel internacional y en diferentes latitudes por organizaciones ambientalistas y comunitarias. En el caso latinoamericano, se está construyendo un proceso de articulación llamado Alianza Latinoamericana frente al fracking, algunas de cuyas organizaciones impulsoras hacen parte de la preparación de la Jornada que concretaremos este mes.


La II Jornada contempla actividades en diferentes zonas del país. Sin embargo, su énfasis estará centrado en el Magdalena Medio, donde están localizados la mayoría de bloques de hidrocarburos no convencionales, para lo cual se promoverán foros, talleres, actividades culturales y movilizaciones. La Segunda jornada contra el fracking busca constituirse en un espacio formativo y de articulación en defensa de la vida, el agua y los territorios.

 

A modo de reflexión

 

Sin duda, el fracking es una amenaza que se cierne sobre las diferentes formas de vida en los territorios. Aún así, el gobierno colombiano promueve su uso, debido a la dependencia económica de los ingresos petroleros. Sin embargo, las organizaciones comunitarias, campesinas, indígenas, ambientalistas y sindicales, están dispuestas a enfrentar diferentes acciones pacíficas por la defensa de sus territorios. Agua sí, petróleo no. Es la consigna que hoy retumba en todos los rincones del país.

 

1 Agencia Efe, 2016
2 Departamento Nacional de Planeación (DNP). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf
3 Para información detallada sobre los bloques de hidrocarburos no convencionales ya otorgados puede consultar el portal Razón Pública: http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-y-sociedad/8983-%C2%BFen-qu%C3%A9-va-el-fracking-en-colombia-y-el-mundo.html
4 Para información detallada de este proceso puede consultar La Silla Vacía: http://lasillavacia.com/historia/asi-fue-se-aprobo-la-hoja-de-ruta-para-el-fracking-48615
5 Información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de 2015: Derecho de petición 20156240172362. W Radio. Primera perforación de petróleo con fracking en Colombia se haría en 2016. Disponible en: http://www.wradio.com.co/noticias/economia/primera-perforacion-de-petroleo-con-fracking-en-colombia-se-haria-en-2016/20150504/nota/2745707.aspx
6 Alianza Latinoamericana frente al fracking, Amigos de la Tierra Europa y Fundación Boll, Fotografía latinoamericana del Fracking, 2016, Buenos Aires, p. 65
7 http://www.elespectador.com/noticias/economia/conoco-phillips-hara-fracking-colombia-articulo-603063
8 Alianza Latinoamericana...op. cit., p. 65.
9 Para una relación detallada de los impactos ambientales y de salud pública del fracking puede consultar el informe: Principio de Precaución: Herramienta jurídica ante los impactos del fracking. Disponible en http://www.aida-americas.org/sites/default/files/featured_pubs/publicacion_fracking_aida_boell.pdf

 

Fuerza continental

 

Esta jornada contará con la presencia de varios líderes latinoamericanos que luchan contra el fracking, o la extracción petrolera, en sus países. Estarán, el argentino Hernán Escandizo, comunicador y especialista en temas petroleros, del Observatorio Petrolero del Sur –OPSur. La experiencia de lucha en su país dio como resultado la prohibición de fracking en 30 municipios, producto del esfuerzo de asambleas ciudadanas. El mexicano Héctor Colio Galindo, miembro de la Alianza en Defensa de la Cuenca del Río Bobos-Nautla y fundador de la Alianza Mexicana contra el fracking, quienes han posicionado y denunciado el tema de fracking en la opinión pública. Jorge Aguilar, director de la Región Sur para Food & Water Watch y responsable de las campañas de la región Sureste de EEUU. También estará Claudia Campero de Food & Water Watch (EE.UU) y Alianza Mexicana contra el fracking y Alberto Acosta, Presidente Asamblea Constituyente de Ecuador (Nov 2007–Junio 2008), académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales–Flacso y precursor de la obra de el Buen Vivir Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos.

Publicado enEdición Nº228
“En Segovia y Remedios decimos: No queremos la multinacional”

Los habitantes de los municipios mineros de Segovia y Remedios padecen el yugo de una poderosa multinacional del oro. Por más de 150 años ambos municipios fueron exprimidos por la Frontino Gold Mine, instalada en 1852 en Segovia hasta el 2011, año en que luego de 35 años de déficits financieros fue liquidada para ceder sus títulos mineross. Una vez solventadas las deudas del pasivo pensional de cerca de 2 mil trabajadores, fue vendida a la multinacional minera Gran Colombia Gold por 380 mil millones de pesos. La empresa canadiense, representada por la Zandor Capital, amenaza con desaparecer a la clase trabajadora de ambos municipios de tradición y vocación minera.

 

Hablar de Segovia o de Remedios, municipios de nordeste antioqueño, es hablar de oro, de mineros y socavones, “[...] prácticamente su economía gira gracias al minero, al entable, a las compraventas, a los bares, discotecas, prostíbulos, generando así esa necesidad de tener el suficiente dinero para poder estar al ritmo de la cultura segoviana”1. También es hablar de “siglos de extracción que no han contribuido a un desarrollo real de esta subregión, donde alrededor del 38 por ciento de su población vive en pobreza y 45 por ciento en miseria”2.

 

La región, abandonada por décadas por el Estado, cuya presencia básica era la militar –para proteger los intereses foráneos y violentar a sus habitantes– ha sido objeto, en reiteradas ocasiones, de intensas olas de violencia y vulneración de los derechos humanos de sus pobladores, ya sea por parte de los paramilitares o de la guerrilla. Sin embargo, estos dos municipios han logrado superar estos baches para trasformar su situación. Organizados en cooperativas, impulsando la pequeña minería responsable con el medio ambiente, optimizando y racionalizando la extracción de los metales preciosos, generando mecanismos para la exploración técnica de los yacimientos mineros, ha mejorado la calidad del empleo del minero, brindándole seguridad social y oportunidades de capacitación. Pese a estos avances, la legalización de la minería aún es una tarea pendiente, pues apenas 35 minas han logrado formalizar sus operaciones, frente a las 160 que carecen de título minero.

 

Claro está, y es importante resaltarlo, que los problemas en la región responden, en gran medida, a la privatización y monopolización de los recursos del subsuelo (lo que no sólo sucede en el departamento de Antioquia sino en todo el país). Zandor Capital, filial de la multinacional Gran Colombia Gold, secundada por las instituciones estatales, imponen exterminio para una clase trabajadora que es perseguida y criminalizada.

 

Zandor Capital S.A.: El terror de los pequeños mineros

 

desdeabajo habló con Eliober Castañeda, líder minero y representante legal de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, y esto fue lo que nos contó respecto a la situación laboral de los mineros de la subregión, y los motivos por los cuales decidieron entrar en cese de actividades desde noviembre del año pasado. Los diálogos con la multinacional y el Gobierno del departamento se mantienen, así como la postura de los pequeños mineros.

 

“La problemática de Segovia y Remedios empieza cuando la multinacional Zandor Capital se asienta en la región a mediados de 2011, pretendiendo desplazar a todos los pequeños mineros. Ellos entraron diciendo que iban a invertir en obra social en los municipios, y hasta la fecha todo lo que dijeron resulta mentira. Nos vimos, por ello, ante la necesidad de realizar varias manifestaciones en los meses de septiembre y octubre, y decidimos al fin, el 5 de noviembre de 2015, con toda la comunidad segoviana y remediana unirnos y empezar formalmente el paro”.

 

Además el líder sindical explica. “Realizamos el paro porque estuvimos más de un año buscando acercamientos con la multinacional ya que la Agencia Nacional de Minerías, el mismo gobierno y la multinacional empezaron a emitir unas órdenes para los cierres de las minas más antiguas y más importantes de nuestro municipio”.

 

El Gobierno y la multinacional se burlan de nosotros

 

“Ante nuestra protesta, el 8 de noviembre nos citaron a Bogotá para una reunión con la procuradora Piedad Angarita, la multinacional en cabeza de la señora María Consuelo Araújo, la doctora María Isabel Ulloa, viceministra de Minas en ese entonces, y la doctora Mónica Grand por Formalización Minera. Obviamente, asistimos a esta reunión con la Comisión delegada, a la que también fueron invitados el Alcalde saliente del municipio y el Alcalde electo. Llegamos a la Procuraduría General de la Nación, a pesar de que nos dijeron que no nos iban a recibir”, cuenta don Eliober.

 

“Efectivamente no nos dejaron ingresar, sin embargo decidimos quedarnos en la entrada del edificio. Saludamos a la doctora María Isabel Ulloa que entró al edificio, pero tampoco nos dejó entrar. Pura burla” dice indignado.

 

Y continuó. “Decimos que es una burla porque nos quedamos allí hasta que empezó la reunión, casi a las 2:30 de la tarde, y que terminó a las 5:00 de la tarde; a última hora dejaron entrar a dos de nosotros: al compañero Dioni Ramírez, representante legal de Sociedad Mutual El Cogote, y quien habla, por ser el presidente de la Mesa Minera. Cuando ingresamos ya habían concluido la reunión y vimos con preocupación los halagos de los representantes del Gobierno hacia los representantes de la multinacional, es decir, totalmente parcializados. Cuando ingresamos, estaban buscando un responsable a la manifestación que estaban llevando a cabo en el municipio de Segovia; también querían que nosotros firmáramos el acta que ellos habían realizado; nosotros no la firmamos.

 

Buscando una solución

 

Tiempo perdido. “Nos devolvimos sin participar en esa reunión, informamos en nuestro municipio de lo sucedido; el paro, por ende, seguió su curso. La multinacional, desesperada por el cese de actividades, empezó a buscar personajes para intermediar entre el pueblo y la Zandor. Fue cuando hablamos con el coronel Arnulfo Traslaviña el 10 de noviembre, él hizo el puente y llamó al Gral. Leonardo Pinto Morales y organizaron una reunión para el 11 de noviembre a las 10:00 a.m. en el Batallón Especial Energético Vial No. 8. Allí presentamos un pliego de peticiones en el que exigíamos que la multinacional cesara los amparos administrativos en contra de todos los pequeños mineros, es decir, que no les cerraran las minas”, narra don Eliober.

 

Y agregó. “El Gral. Pinto habló con María Consuelo Araújo, quien se pronunció por medio de un correo confirmando que estaba dispuesta a sentarse a dialogar con los pequeños mineros. Se comprometieron a no ejecutar los amparos administrativos mientras estábamos en negociaciones, igualmente la procuradora Piedad Angarita expresó que no habría ninguna medida en cuanto a procedimientos disciplinarios en contra del Alcalde”.

 

La buena voluntad no es suficiente. “El 11 de noviembre empezamos a negociar, y mientras esto sucedía la multinacional empezó a atacar a nuestros pequeños mineros, tratando de judicializarlos. Nosotros radicamos las respectivas denuncias, sin embargo, ahí hemos estado: cumpliendo con el cronograma, distinto a la multinacional que en repetidas ocasiones ha faltado a las reuniones”.

 

Y denuncia. “Últimamente la empresa entrega unas propuestas dañinas que llevan a la quiebra al trabajador minero, por lo cual no las hemos aceptado. La misma Procuraduría nos ha presionado para que las firmemos. El 15 de junio, Piedad Angarita emitió una orden al Alcalde para que ejecute el cierre de la mina Asociación Mutual El Cogote –una de las minas más importantes del municipio– que lleva más de 40 años en funcionamiento, cumpliendo a cabalidad los requisitos de la ley referentes a obligaciones con parafiscales y de la que dependen más de 500 trabajadores a quienes les paga el sueldo, seguridad social y prestaciones. Además se encuentran las empresas Sociedad Minera San Nicolás, Sociedad Minera El Chocho, Sociedad Minera Pique Rubí, minas bien organizadas que cumplen con los requisitos que el Estado exige”.

 

¿Cuánto cuesta explotar oro?

 

En Segovia y Remedios la única economía existente desde siempre es la minería. “Cuando estaba la Frontino Gold Mine, esta tenía sus trabajadores, pero no tenían la capacidad (ni la Zandor la tiene hoy día) para emplear a toda la población minera del municipio. Esa población que no es contratada, se dedica a la minería informal, trabaja las vetillas, las explota, no había ningún problema”. Dijo, don Eliober, que el pequeño minero pagaba una cuota de arrendamiento a la Frontino Gold Mine, de entre 200 y 500 mil pesos cada mes; a cambio, esta prestaba asesoría al pequeño minero”.

 

¿Cuál es la problemática hoy día? “Llega una multinacional –que supuestamente quiere acabar con la minería tradicional–, ofreciéndoles a los pequeños mineros un contrato de operación para que puedan trabajar “legalmente”, y lo ofrecido es un contrato de operación a un año; para una mina que lleva más de 30 o 40 años produciendo, ofrecen contratos de un año sin garantía de renovarlo”. Uno de los puntos presentados en el pliego del paro del 5 de noviembre es que con estos contratos, el pequeño minero no alcanza a recuperar siquiera la inversión. “La minería es costosa, por eso exigimos que la Zandor Capital ofrezca mejores contratos o nos deje trabajar las minas, que haga concesiones con el pequeño minero”.

 

Aseguró, también, que la multinacional quiere llevarse el 60 o el 70 por ciento de lo que extrae el pequeño minero, sin inverter ni un solo peso; “[...] al pequeño minero le quedaría un 30 o 40 por ciento para pagar impuestos, salarios, etcétera, yendo, así, a la quiebra. Hemos desglosado completamente la tabla económica que presenta esta empresa y es un gana-gana pero solamente para ella, y un pierde total para el pequeño minero. Por eso en Segovia decimos: No queremos la multinacional. Tenemos entendido que hubo un acuerdo a nivel mundial, donde se precisó que las multinacionales deben estar sujetas a la licencia social que den las comunidades tradicionales, en los municipios que son netamente mineros, y es lo que estamos peleando”.

 

Tabla económica: pauperización del trabajo en la mina

 

La tabla a la que hace referencia la multinacional define los costos derivados de la extracción del oro. “Nosotros contamos con unos “estables” o “plantes de beneficio” –que es el dinero necesario para extraer la tierra de la mina y procesarla para obtener el oro–.” Según el señor Castañeda, “lo que quiere la multinacional es que todo el material extraído de los socavones por el pequeño minero –el 100 por ciento–, sea llevado a la empresa para procesarlo, pero no tenemos garantía de que la cantidad de oro obtenida en el procesamiento sea, realmente, la que nos dice la Zandor. Por ejemplo: si en 8 días, en un entable de la cadena de pequeños mineros del municipio, se consigue 10 millones de pesos al procesar nosotros mismos el oro, en esos mismos 8 días de trabajo, con la misma cantidad de material extraído, la multinacional nos estaría entregando apenas 3 o 4 millones de pesos”.

 

Ofuscado, don Eliober describió los abusos de Zandor Capital. “El pequeño minero tiene que invertir, para abrir un socavón, en dinamita, en máquinas de bombeo, taladros y maquinaria pesada, pagar la energía y con el 30 por ciento que ofrece la Zandor, no alcanza a cubrir todos esos gastos. Otras empresas mineras, por ejemplo, la Sociedad Minera Quintana –que también hacen contratos o subcontratos con los pequeños mineros, como dueña del título minero–, exige entre el 8 o 10 por ciento y el minero puede procesar el material en donde quiera, cosa que no se puede con la Zandor, quien impone su tabla económica que, en el mejor de los casos, exige el 60 por ciento del oro extraído por el pequeño minero. Así han quebrado varias asociaciones mineras del municipio”, concluyó.

 

Don Eliober mira con ojos que denotan inconformidad, su malestar es patente. Contiene su malestar y continúa: “Las asociaciones mineras, por lo general, están conformadas por 10 o 15 personas que invierten alrededor de 500 millones de pesos para empezar la explotación. Luego de 2 o 3 años de trabajo, tiempo que se demora el minero en alcanzar la veta, de trabajar sin que la multinacional se oponga a su labor. Una vez se encuentra el mineral, aparece la multinacional aplicando el amparo administrativo, con el único propósito de apoderarse de la mina ya trabajada por la pequeña asociación. Esta multinacional no hace propuestas de inversión, ni presta asesorías, ni realiza aportes de tecnología, al contrario, se aprovecha de nuestro trabajo”.

 

Contaminación

 

Una de las preocupaciones más importantes para la pequeña y mediana minería es la proyección de las fuentes hídricas de ambos municipios, a lo que se refirió don Eliober. “Mire, han contaminado nuestros municipios. Cargan volquetas doble troquel con lodo ya procesado y contaminado con cianuro y lo riegan en los ríos. Nosotros, con fotos y vídeos, hemos puesto las mismas denuncias ante Fiscalización Minera y no hacen nada, pero sí culpan al pequeño minero que, según ellos, es quien contamina, lo que es totalmente falso. Tenemos la evidencia de la contaminación ocasionada por esta multinacional a una quebrada del municipio que tiene por nombre La Cianurada, igualmente a la quebrada San Pedro, que queda en Remedios, en estas dos quebradas la Zandor Capital está vertiendo esos lodos con cianuro”.

 

Y agregó, “Hace dos años, cuando salieron esos estudios de que el mercurio era muy contaminante, uno de los compañeros mineros inventó un aparato que lo llamamos “retorta”; este aparato hace el proceso de secamiento de precipitados y recupera un 95 por ciento del mercurio utilizado para evitar que termine en los ríos. Entonces, somos los pequeños mineros los que hemos aportado, y empezado a trabajar con tecnologías limpias. Aquí la principal contaminante del medio ambiente es Zandor Capital”.

 

No hay apoyo al pequeño minero

 

El Estado cometió un error muy grande con los títulos mineros. “El título más grande lo tiene una compañía extranjera y no le han dado la oportunidad al pequeño minero para obtener un título minero. Hace aproximadamente 7 años quisieron formalizar las minas más antiguas, como me sucedió a mí con ‘Sociedad Minera Los Placitos’. Presentamos la documentación donde acreditamos la antigüedad de más de 30 años, nos prometieron una concesión que concluyó cuando los mismos funcionarios me dijeron “tiene que darme tantos millones para yo poder gestionarle esto aquí”. Hay un problema muy grande de corrupción en lo que tiene que ver con las titulaciones, permitida por el monopolio que tienen esas multinacionales, porque estas le pasan plata por debajo de cuerda a los funcionarios corruptos y eso es lo que ha sucedido.

 

En Segovia y en Remedios los mineros siempre han estado dispuestos a trabajar legalmente. “¿Cuál es nuestro dolor? Cuando el señor Presidente declaró la guerra a la minería criminal, prácticamente se la declaró al pueblo; no diferenció entre minería criminal y minería informal, porque cuando empezaron a atacar la minería criminal, empezaron a atacar a los pequeños mineros que, incluso, estábamos acá en el casco urbano. Y los delincuentes haciendo de las suyas y atropellando al pequeño minero; nos han matado la gente que quiera. El Gobierno dice querer acabar con la minería criminal pero hace todo lo contrario al atropellar al pueblo”.

 

“El pequeño minero no tiene la culpa de que llegue cualquier grupo armado, le ponga una escopeta en la cabeza y le diga “vea, tiene que darme tantos millones o si no lo mato”. ¿Qué hace el pequeño minero? Por obligación le toca. Hay mineros que han dicho: ‘yo no le voy a dar un peso a nadie’, y los han matado. ¿Qué ha hecho el Gobierno para protegernos?”, fue el interrogante que dejó en el aire.

 

Criminalización del trabajador minero

 

Zandor Capital, como dueño del título minero que abarca ambos municipios, se adjudica poderes que sobrepasan los estamentos legales. “El argumento de la Zandor Capital es que ellos le compraron a la Frontino Gold Mine y que son dueños del terreno y del subsuelo, y que se amparan en el RPP-140. No tenemos apoyo del Gobierno; la viceministra María Isabel Ulloa, y el gobierno departamental anterior, fueron muy descarados al decir que esta multinacional aquí se volvió un Estado. Lo que reprochamos es que el pueblo sí es Estado y que la formalización del trabajo minero en Segovia y Remedios debe estar a cargo del Estado, no de una multinacional; que es lo que ellos pretenden manejar acá”, dijo don Eliober.

 

Y enfatizó, además, “Hay que aclarar que los títulos que hay en ambos municipios no son todos propiedad de Zandor, también hay pequeños mineros que son propietarios, pero Zandor se apropia de esos títulos y extrae de minas que no le pertenecen. Colocamos las denuncias correspondientes y el Estado no hace nada. De igual manera, llega el Gobierno diciendo ‘usted es un pequeño minero, usted es un criminal’ y lo meten a la cárcel, lo persiguen y le quitan la mina. Los mineros de Segovia y Remedios somos trabajadores por tradición, aquí no se hace más nada, no hay ganadería, no hay café, no sabemos sembrar yuca; aquí sabemos abrir huecos, avanzar 30, 40, 100, 200 metros de profundidad en la tierra, extraer material y sacar oro; es lo que sabemos hacer”.

 

Aunque las organizaciones de pequeños mineros tienen clara la importancia de optar siempre por el diálogo y la vía política, don Eliober denuncia que “la autoridad no nos respeta, sino que nos atropella como nos ocurrió en noviembre, después de que llegamos de la reunión fallida en Bogotá, nos mandaron al Esmad a Segovia. Eran todos esos soldados y policías gritando que había llegado la guerra a Segovia, ¿cómo puede explicar que la fuerza pública llegue con esas cosas al municipio? Ese es el dolor que tienen los municipios de Segovia y Remedios, por eso ratificamos: estamos en pie de lucha y no vamos a permitir que nos quiten el pan de cada día, para entregarselo a una multinacional. No lo vamos a permitir, es lo que dice el pueblo”, concluyó.

 

Referencias

1 Segovia entre riqueza y pobreza. Claudia Yaneth Amézquita. Universidad de Antioquia. 2010


2 Socavón: Tierra adentro. Sostenible. Revista Semana. 2014

Publicado enEdición Nº227
Miércoles, 03 Agosto 2016 07:53

Descubren petróleo de alta calidad en Cuba

Descubren petróleo de alta calidad en Cuba

El yacimiento descubierto por MEO Australia cuenta con reservas capaces de producir probablemente 8.000 millones de barriles.

 

 

Cuba cuenta con una importante reserva de petróleo de alta calidad, según anunció la empresa MEO Australia, la cual encontró un yacimiento con reservas probables cercanas a los 8.000 millones de barriles. El descubrimiento se produjo en el Bloque 9, ubicado en tierra, en la zona norte de las provincias de Matanzas y Villa Clara. El yacimiento está entre los 2000 y los 3500 metros de profundidad.

 

La noticia fue publicada en la página web de la petrolera, donde se muestran muy optimistas: “Lean eso de nuevo. Sí. Dijimos 8,2 mil millones de barriles de petróleo en el lugar; no es un error tipográfico”. Agrega el comunicado de la empresa que en esa zona se encuentra el Campo Montebo, el primer campo petrolero comercial en Cuba con una producción histórica anual de alrededor de 6 millones de barriles de petróleo a 60 API. Curiosamente este lugar fue sellado en 1960.

 

El gobierno cubano aún no ha dado ninguna información al respecto pero es común que los medios oficiales sean los últimos en informar, incluso cuando se trata de una buena noticia. La aparición del yacimiento se produce justamente cuando se empiezan a reducir los envíos de crudo venezolano y se toman medidas de ahorro de hasta un 30%. El anuncio de restricciones energéticas revivió para muchos cubanos los recuerdos de la crisis de los años 90, aunque la situación económica hoy es muy diferente a la de entonces.

 

El director de MEO Australia, Peter Stickland, afirmó que “solo hay un puñado de lugares en el mundo donde las compañías de petróleo y gas pueden encontrar oportunidades de exploración en tierra de este tamaño en zonas petrolíferas probadas, próximas a infraestructura existente” y agregó que “algunas oportunidades de perforación pueden ser maduradas de forma rápida”, por lo que se espera que la extracción pueda comenzar en el año 2018.

 

En el mar

 

Cuando el presidente Barack Obama informó sobre el dialogo con Cuba, el 17 de diciembre del 2014, pocos comprendieron por qué el tema de la cooperación petrolera ocupó el primer lugar en su discurso. El mes pasado se aclaró el panorama con un comunicado de la cancillería mexicana en la que se anunciaba una primera ronda de consultas para “la definición de las fronteras del llamado Hoyo de la Dona Oriental del Golfo de México”, una zona con grandes reservas de crudo y de gas.

 

Cuba discute con México y EEUU, la explotación conjunta del yacimiento, ubicado justamente en la frontera marítima de las tres naciones. Allí las reservas de petróleo y gas son enormes pero requiere que los 3 estados se pongan de acuerdo. Es un área de 20 000 km², más allá de las respectivas 200 millas de zona económica exclusiva de los 3 países. Washington, La Habana y México volverán a discutir el asunto en los próximos meses para alcanzar acuerdos definitivos.

 

Las leyes de los EEUU han limitado la acción de las petroleras en el Caribe, prohibiendo realizar perforaciones en un perímetro de 100 millas alrededor de La Florida. La Dona Oriental podría transformarse en la plataforma para la prospección de toda la zona del Golfo de México, bajo el paraguas de un acuerdo entre los tres países.

 

A nivel político, la acción de las petroleras aumentaría la presión sobre el Congreso para levantar el embargo económico y poder hacer negocios con Cuba. Hasta ahora la prospecciones de La Habana en sus aguas territoriales se realizaron con plataformas especiales, que tienen menos de un 10% de piezas estadounidenses, tal y como exige el bloqueo. Incluso funcionarios de Washington realizaron inspecciones en la plataforma para asegurarse de que se cumplía tal exigencia.

 

Para Cuba estos proyectos son esenciales. En la actualidad extrae en su territorio unos 80 mil barriles diarios, apenas la mitad del petróleo que necesita y el crudo que obtiene es muy pesado, solo sirve para las termoeléctricas, que han sido adaptadas por los ingenieros cubanos. El resto llegaba desde Venezuela, con condiciones de pago preferenciales. Sin embargo, la caída de los precios internacionales obligó a Caracas a desviar hacia el mercado internacional parte de lo que entregaba a La Habana.

Publicado enMedio Ambiente
Ciencia deslocalizada: ensayos clínicos de la industria con los pobres de Latinoamérica

Ministros de Salud puestos por la industria sólo para aprobar leyes permisivas, médicos que engañan a los pobres e incultos para que participen en los ensayos y muertos escondidos bajo las alfombras, desvelados por una investigación de los académicos Antonio Ugalde y Nuria Homedes.

 

 

Un artículo de Antonio Ugalde y Nuria Homedes, dos académicos que realizan su labor en universidades norteamericanas e impulsores de la organización Salud y Fármacos, titulado “El impacto de los investigadores fieles a la industria farmacéutica en la ética y la calidad de los ensayos clínicos realizados en Latinoamérica“, nos ha impactado.

 

Sabemos desde hace años que las multinacionales farmacéuticas han derivado la realización de los ensayos clínicos a países con legislaciones menos desarrolladas. Sistemas menos garantistas facilitan la realización de los ensayos al simplificar trámites y controles.

 

Sin embargo, el texto de Ugalde y Homedes nos introduce en una corrupción mucho mayor de lo que imaginábamos, con ministros de salud puestos por la industria sólo para aprobar leyes permisivas, médicos que engañan a los pobres e incultos para que participen en los ensayos y muertos escondidos bajo las alfombras.

 

El texto es una descripción de un horror y una violencia que hasta ahora pensábamos estaba lejos de la institución de la medicina: una industria farmacéutica corruptora y médicos colaboradores “comprados” que parasitan la ya débil sanidad pública de algunos de los países analizados. Es una reproducción casi exacta de las tácticas industriales de las maquiladoras en la frontera mexicana: explotación del hombre por el hombre y, en este caso, además, el daño se multiplica ya que esta producción industrial de ensayos clínicos tiene un elevado riesgo de sesgos estructurales y fraude que contribuyan a sobre-estimar efectividad y seguridad.

 

Dos vacunas ahora utilizadas ampliamente fueron testadas en Latinoamerica en un contexto que, como relatan los autores, imposibilita garantizar unos mínimos criterios de calidad y rigor: Prevenar (pneumococo) y Cervarix (Papilomavirus).

 

En Argentina, un conocido pediatra y fiel colaborador de la industria, a través de su propia CRO (Contract Research Organization), reclutó 14.000 bebes para incluirlos en el ensayo Clinical Otitis Media & Pneumonia Study (COMPAS) llevado a cabo en cuatro provincias, entre las que se incluía la más pobre del país, Santiago del Estero. El objetivo, testar la vacuna anti-neumocócica, Prevenar, de GSK (que pagaba 350 dólares por bebé).

 

Las tácticas de este médico eran bien conocidas. “Entre 1996 y 2003, en el Hospital Infantil de la Municipalidad de Córdoba se llevaron a cabo 19 ensayos, la mayoría fase III, 16 de los cuales dirigidos por el mismo administrador: el jefe del departamento de pediatría. Los médicos de la municipalidad reclutaban pacientes en los centros públicos de los barrios más marginados. En diez años (1996-2006) las empresas pagaron unos 24 millones de dólares por los ensayos”.

 

Tras vacunar a más de 14.000 niños, la muerte de 12 bebes obligó a parar el ensayo. La investigación subsecuente demostró graves violaciones de los protocolos. El investigador principal fue suspendido pero rehabilitado rápidamente: "Demostró su poder político cuando el gobernador de la provincia le abrió las puertas a todos los hospitales provinciales después de que la municipalidad –por violaciones normativas– le prohibiera seguir administrando ensayos en sus instituciones”.

 

En la provincia de Córdoba, controlada por este individuo, se realizan un tercio de todos los ensayos de Argentina. El Comité de Ética de Investigación Clínica (CEIC) del Hospital Infantil, según una auditoría realizada a petición de la Municipalidad de Córdoba, permitió que el investigador (el jefe de pediatría) y el co-investigador principales estuvieran presentes en la reunión en que se discutió su protocolo.

 

En esta misma provincia, en 2005, un periodista investigador analizó las actas de la Comisión Provincial de Investigación en Seres Humanos, una de cuyas funciones era el control de los CEICs. Descubrió que en 34 de las 75 reuniones que ese año mantuvo la Comisión había conflictos de interés. La Comisión sólo tenía cuatro miembros y ocasionalmente las decisiones las tomaban una o dos personas.

 

Los investigadores y el promotor del ensayo COMPAS, tras una investigación del organismo regulador (ANMAT), tuvieron una multa administrativa por incumplimiento de los criterios de inclusión y violaciones durante la obtención del consentimiento informado. Poco después, el director de la ANMAT, que había sido criticado por la industria farmacéutica por ser demasiado exigente, fue cesado sin explicación alguna y la norma sobre consentimiento informado cambiada para facilitarlo (“consentimiento exprés”).

 

En Costa Rica la situación es parecida. Desde 1986 tres ejecutores de ensayos clínicos han ocupado el cargo de ministro de Sanidad. El Ministerio de Salud ha aprobado en este tiempo normas favorables a la industria.

 

En Costa Rica unos pocos médicos realizan el grueso de los ensayos clínicos. Entre 1993 y 2004, un miembro de la junta directiva de una CRO local dirigió 50 ensayos clínicos, que representaban el 27% de todos los ensayos que se realizaron en el país, y el director de otra CRO dirigió 24 (el 12% del total). En 2004, un informe de la unidad de investigación y bioética de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS), que cubre la atención a la salud del 90% de la población costarricense, informó que el 53% de los 83 ensayos que se realizaron en la institución tenían lugar en el Hospital Nacional del Niño. La falta de garantías quedó demostrada cuando en 2010, a raíz de una demanda iniciada por la sociedad civil, la Sala Constitucional prohibió las investigaciones biomédicas hasta que hubiera una ley que las regulara.

 

Una de las razones para organizar una universidad privada en Costa Rica fue ejecutar ensayos. Un médico fiel, tras pedir un permiso de ausencia de un puesto importante en la CCSS, tomó el cargo de decano de Medicina de la nueva universidad, y seis años después ya se habían realizado 216 ensayos.

 

Esta universidad privada y las CRO del país han organizado su propio CEIC para aprobar con más facilidad los ensayos que gestionan (los autores les llaman CEIC privados).

 

En Costa Rica se han desarrollado los ensayo clínicos más importantes para testar la vacuna del papiloma de GSK Cevarix. Empezaron en 1985 y continúan hasta hoy, con un presupuesto de más de 20 millones de dólares. Una buena parte de lo que se conoce sobre el VPH proviene de allí. La investigación sobre factores de riesgo empezó en 1985 en Guanacaste, por entonces, la región más pobre del país. La dirección de la empresa que administraba el cuantioso contrato del ensayo de la vacuna para el VPH, estaba en manos de altos cargos del Ministerio.

 

En el ensayo iniciado en 2004, ni la auditoría interna de la CCSS pudo acceder a los consentimientos informados. Un informe de la Junta Directiva del Colegio de Médicos cuestionó las imprecisiones del consentimiento, las contradicciones en el texto, las omisiones y las manifestaciones que se podrían considerar engañosas. No se mencionaba que uno de los objetivos era monitorizar la aparición de efectos adversos, ni que se estudiaba la efectividad de la vacuna en mujeres infectadas con VPH. Se daba a entender que la vacuna evitaría la infección por VPH pero no mencionaba que había una elevada probabilidad de que ya tuvieran la infección o la hubieran tenido. Aunque la ejecutora del ensayo era una empresa local privada, en el formulario del consentimiento informado aparecía el nombre de la CCSS, dando a entender a las participantes que la CCSS, una institución en la que los ciudadanos confían, era la ejecutora. Hay evidencia de que muchas de las mujeres no entendieron el consentimiento. También se daba a entender que el ensayo era de interés público cuando los mayores beneficiarios han sido las empresas privadas, en particular, la patrocinadora GSK.

 

Los autores concluyen que “la numerosa bibliografía sobre el cumplimiento de las recomendaciones médicas confirma que muchos pacientes no las entienden y no las cumplen, situación que es más frecuente en pacientes con niveles educativos bajos, como la gran mayoría de los sujetos de investigación en América Latina. Si un sujeto no ha entendido las recomendaciones médicas y además no se ha enterado de que participa en un experimento y que la validez del mismo requiere cumplir estrictamente las recomendaciones que recibe, es muy probable, a no ser que se lo supervise de cerca, que no las cumpla. Si se enferma, puede acudir a otro médico que desconoce su participación en el ensayo o automedicarse, sin que sienta que debe comunicarlo al personal del ensayo".

 

Además de las consecuencias que pueda tener en la salud del sujeto, la falta de seguimiento a las recomendaciones tiene un impacto importante en la validez de los resultados del ensayo. Otros comportamientos de los administradores fieles en América Latina, consecuencia de las presiones para acelerar su ejecución, que ponen en entredicho la validez de los datos y violan principios éticos y normativos incluyen: 1) utilizar equipos en malas condiciones; 2) falsificar resultados analíticos; 3) no reportar efectos adversos; y 4) retener en el experimento sujetos que, por sus condiciones de salud, debieran ser retirados.

 

"Los investigadores principales no temen las consecuencias civiles o criminales de las violaciones normativas porque cuentan con la protección de poderosísimas empresas transnacionales, conocen la lentitud y debilidad de los sistemas que, con excepciones, caracterizan a los sistemas jurídicos latinoamericanos y saben que si el caso llegara a juicio puede prescribir antes de que se prueben las irregularidades", añaden.

 

Además, "en los pocos casos en los que ha habido sanciones económicas en América Latina, han sido tan pequeñas que no son disuasivas. Como se ha indicado, algunos investigadores/administradores fieles han sido despedidos por violaciones normativas o éticas, pero en ocasiones siguen trabajando en su práctica privada, reciben apoyo y recursos de las innovadoras o han vuelto a sus cargos".

 

Por último, "la falta de controles durante la implementación del ensayo pone en peligro la validez de los resultados. La posibilidad de que se aprueben medicamentos que no son seguros o eficaces aumenta”.

 

Fraude científico y explotación humana. ¿Dónde está la indignación?

 


Abel Novoa, Médico de familia y presidente de la organización NoGracias

 

 

 

El artículo ha sido originalmente publicado por NoGracias, organización civil independiente por la transparencia, la integridad y la equidad en las políticas de salud, la asistencia sanitaria y la investigación biomédica.

 

 

 

 

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Jueves, 06 Agosto 2015 06:42

Esclavos de la tecnología

Esclavos de la tecnología

Es difícil imaginar la coexistencia de una edad de piedra y una edad digital en nuestros tiempos, pero en algunas partes de la República Democrática del Congo (RDC) ni siquiera se conoce el papel, como si ahí el mundo siguiera siendo de piedra, mientras que en Estonia el papel es parte de la historia del siglo XX. Piensa en un niño que sobrevive cavando la tierra con sus manos para sacar piedras y después compáralo con una niña que ya no utiliza el papel porque su vida se lleva a cabo en línea. La segunda parece más cercana a nuestra realidad, ¿o no? Pues no.


La RDC es uno de los países más necesitados, pero con uno de los subsuelos más ricos del planeta. Sus minerales, en especial el coltan, son vitales para el progreso y la maduración de la edad digital. Analistas de seguridad ya advierten que el coltan es un mineral estratégico. Y 80 por ciento de las reservas mundiales se encuentran en la RDC.


Para extraer el coltan en la RDC se emplean hombres, mujeres y niños. Un ser humano tiene que abrir los ojos con el alba y, sin desayunar, subir un monte fangoso para llegar a una mina abierta y con sus manos desenterrar ese mineral.


Al anochecer estos mineros, que son en realidad lugareños, regresan a su aldea con las manos y bolsas llenas de coltan. Reciben su recompensa de casi 10 pesos, que apenas les alcanzan para alimentarse con cerveza, arroz y sakasaka. Este es su único alimento del día, todos los días de la vida.


Las propiedades del coltan, la piedrita negra que a diario se extrae en la RDC, han mejorado la superconductividad, el efecto ultrarrefractario (soporta temperaturas muy elevadas), la capacidad de almacenar y liberar energía eléctrica y resistir la corrosión y la alteración en general de los aparatos electrónicos: celulares, GPS, satélites, pantallas de plasma, armas teledirigidas, consolas, drones, laptops, etcétera. En pocas palabras, el coltan está en todos los aparatos que nos conectan con el mundo y también en los robots, satélites y naves espaciales que nos pretenden conectar a otros. Pero en la RDC desconocen estos avances.


En contraste, Estonia, un país que se independizó en 1992 y con contados recursos naturales, decidió invertir tanto en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que para 1996 todas las escuelas tenían computadoras; para 2000, los impuestos se pagaban en línea; en 2002, el gobierno introdujo la tarjeta de identidad electrónica (e-ID), versión digital de cada ciudadano; en 2007, todas las e-ID estaban vinculadas a celulares, y para 2014 los estonios votaron vía celular o computadora por los miembros del Parlamento Europeo.


Hoy Estonia es considerada la primera sociedad digital. La única en el universo. En este país, las personas tienen una identidad virtual gracias a dos ingredientes cruciales en su infraestructura digital: la llamada X-Road y la e-ID. La X-Road es un sistema cerrado que conecta todos los componentes descentralizados de Internet. O sea, es el conducto que permite a las bases de datos de los sectores público y privado interactuar y operar en armonía. La e-ID contiene toda la información del ciudadano que instituciones de gobierno y privadas (hospitales, bancos, gimnasios, escuelas, etcétera) hayan acumulado. Es un sistema nacional para verificar la identidad de una persona en línea.


En la RDC la existencia rudimentaria destina al minero a una vida desconectada del resto del mundo al esclavizarlo a la necesidad del progreso y, en el mismo huso horario, en Estonia la gente no puede vivir fuera de la tecnología, como si estuviera esclavizada a los beneficios del progreso.


Esta brecha digital cada vez se extiende más, distanciando de tal manera a sociedades y comunidades que sus propios fundamentos se vuelven ajenos e irreconocibles. Europa ya determinó que Internet es un derecho humano, mientras en algunos lugares de África ver a niños trabajar en minas es normal. ¿Cómo conciliar esto? Es imposible. Ni siquiera hemos resuelto eso de la lucha de clases sociales y ya se nos viene otra lucha encima, la de las clases digitales.

 

Por Alexander Naime Sánchez-Henke, sociólogo

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Viernes, 24 Julio 2015 11:07

Galerazamba: de la sal al gas

Galerazamba: de la sal al gas

Galerazamba es un corregimiento costero del municipio de Santa Catalina de Alejandría, en el departamento de Bolívar, límites con el departamento de Atlántico, en la costa Caribe colombiana. En el casco urbano viven, o mejor sobreviven, unas 1.000 personas. Quien viaja entre Cartagena y Barranquilla, suele no darse por enterado de lo que ocurre en esta parte del país.

La situación actual del territorio y de la gente de Galerazamba, que hace parte del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de este corregimiento, está dominada por el deterioro de la infraestructura física y social, el desempleo, la precarización y la pobreza, realidad que, lejos de ser producto del "olvido" del Estado, es más bien consecuencia de su presencia como articulador de la lógica del capital, quien territorializa su inversión, maximiza la ganancia y construye o destruye el capital fijo, acorde a las exigencias del mercado. Para esto, con ayuda del Estado, tiende a desconectar el espacio creado para la acumulación, del espacio vivido por las comunidades que lo habitan. La relación entre capital, territorio, comunidad y despojo, en una perspectiva histórica, es la clave para entender lo que pasa en este rincón del país.

El sabor amargo de la sal

Galerazamba tiene una reconocida trayectoria en la producción de sal. Allí, desde tiempos prehispánicos, las comunidades indígenas extraían la sal marina de sus costas. En el lapso colonial, Galerazamba surtió de sal a las ciudades costeras, principalmente a Cartagena. Al comenzar el siglo XX el Estado nacionalizó la producción de sal marina (Galerazamba y Manaure), y la sal de mina (Zipaquirá, Nemocón, Upía). La explotación de sal quedó a cargo del Banco de la República en 1942, como recurso estratégico del Estado. Es conocido, por ejemplo, que con la sal el gobierno financió los créditos para sostener el episodio de la guerra con el Perú en 1928.

 

 

En 1946 el Banco de la República construyó el pueblo de Galerazamba, como una operación estatal de explotación de la sal. Según los pobladores que viven en el corregimiento, hasta antes de la privatización en la década de 1990, vivieron décadas de bonanza, contando con excelentes servicios públicos, dos escuelas de primaria, colegio de bachillerato, oficina de Telecom, acueducto, casino para los trabajadores de la compañía, hospital con buen equipamento, viviendas obreras modernas, teatro, balneario. Algunas de estas instalaciones aún existen, mientras que otras han desaparecido o están profundamente deterioradas. Cuando Rojas Pinilla estuvo detenido en 1958, fue la Casa de Huéspedes una de esas magníficas residencias la que sirvió para su reclusión. Además, mediante Decreto 0623 de 1951 el Gobierno Nacional estableció una Reserva minera estatal que no podía entregarse a particulares. Hasta la década de 1990 la industria de la Sal y la población de Galerazamba tuvieron cierta reciprocidad en el manejo de las crecientes utilidades. Por ejemplo los trabajadores organizados en un poderoso sindicato tenían una convención colectiva bastante favorable, aunque como lo denuncian hoy algunos extrabajadores que siguen buscando una pensión-indemnización, la dirección sindical hizo parte de redes de clientelismo y control de la empresa estatal sobre los trabajadores.

Entre 1970 y 1991 la explotación de la sal pasó a cargo del Instituto de Fomento Industrial –IFI Concesión salinas, quien inició el proceso de neoliberalización de la sal, que culminó en 2008 cuando el IFI fue liquidado definitivamente. Los efectos de la privatización de la sal, significaron para Galerazamba, la desvinculación entre explotación minera y desarrollo local. En ese mismo año, también fue derogado el Decreto 0623 de 1951 que permitió la venta del territorio a empresarios privados, quienes no asumen ningún compromiso con el fomento social y económico de la comunidad. Es así como llega a su fin el colegio de bachillerato y una de las escuelas, el hospital es desmantelado, así como los escenarios sociales existentes, incluso la antigua carretera que comunicaba al municipio de Santa Catalina con el corregimiento, convertida en una trocha que dificulta la comunicación terrestre. Mientras Galerazamba se convierte cada vez más en un pueblo fantasma, el negocio de la sal continúa su pujanza. Hoy la empresa que usufructúa allí la explotación de sal es Salinas de Galeras S.A.S. de capitalistas cartageneros. Y no es que el negocio de la sal haya dejado de ser rentable, según datos de la Agencia nacional de Minería, su producción durante el 2014 fue la siguiente:


La sal, como otros recursos naturales está controlada por grupos monopólicos. El principal de éstos es el grupo Brinsa S.A. (dueño de la marca Refisal) con el 70 por ciento de la producción nacional. El precio de la sal en 2014 era de 80 mil pesos la tonelada de sal marina, mientras la sal terrestre, tenía un precio de 50 mil pesos. Vendida al menudeo, actualmente el kilo de sal marina está en cerca de 3 mil pesos (tres millones la tonelada al menudeo), mientras que el kilo de sal terrestre está en mil pesos. No obstante estos precios, a un trabajador a destajo le pagan, por tonelada de sal, la pírrica suma de 1.000 pesos.

Mientras el negocio nacional de sal muestra excelentes utilidades, comunidades como las de Galerazamba y Manaure se extinguen. Hoy los trabajadores de la sal en Galerazamba hacen parte de la clase obrera precarizada que trabaja a destajo, sin garantías laborales y sin ningún tipo de seguridad industrial. Enfermedades por exposición al sol, a las evaporaciones del yodo marino, son más frecuentes ahora, pues a diferencia de los tiempos del monopolio estatal, cuando contaban con uniformes de dotación adecuados y prevención y atención a la salud de manera permanente, ahora no cuentan con ningún programa de seguridad laboral. Además, afecciones en la columna y en las vías respiratorias, son ahora comunes en los trabajadores de la sal en esta región.

Ahora viene la amenaza del gas

Uno de los atractivos turísticos del gigantesco negocio privado de las empresas de Cartagena, es la visita al volcán de lodo de El Totumo. La presencia de éste y otros volcanes de lodo llamó la atención de las empresas de hidrocarburos. En 2011 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo concedió licencia ambiental a la empresa Equion Energia Limited, alianza de Ecopetrol y la española Repsol, para buscar gas en el Caribe colombiano. En 2007 la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) le otorgó a esta empresa dos bloques exploratorios de gas, Mapalé 1 y 2. El proceso de exploración inició en 2012 y ahora se proyecta el inició de la explotación.

Los efectos de la exploración en la plataforma marítima empezaron a afectar la estructura de las viviendas de Galerazamba, debido a las vibraciones implicadas en el proceso. Agrietamientos, derrumbes de paredes y de cielo rasos en las casas de habitación, ahora completan al ya deteriorado casco urbano.

Además de la afectación de las viviendas, los habitantes de este corregimiento temen que la exploración y la explotación de gas, incremente el "diapirismo de lodo", aparición de nuevos volcanes de lodo que pueden producir fuertes erupciones. Si bien esto está contemplado entre los efectos colaterales de la explotación de hidrocarburos en zonas marítimas, la comunidad de Galerazamba denuncia la desinformación sobre el riesgo al que están expuestos.

Las secuelas de la explotación capitalista de la sal, y ahora posiblemente del gas en esta parte del país, se convierten en un caso ejemplarizante de la relación entre capitalismo y despojo. Galerazamba, y su gente, contribuyen a elevar los indicadores de crecimiento económico por concepto de sal y gas, simultáneamente la afectación al territorio, la expoliación de sus trabajadores y el deterioro de su memoria y patrimonio, parecieran ser una revancha del orden neoliberal contra una de las huellas del tránsito pasajero del Estado intervencionista a mediados del siglo XX.

 

Publicado enEdición Nº 215
Siete pasos para lavar la cara de tu multinacional

Con motivo del segundo aniversario del derrumbamiento del edificio de Rana Plaza, donde murieron 1.127 personas que trabajaban fabricando ropa para empresas como Benetton, Children's Place, Mango, Primark o El Corte Inglés, las autoras analizan las estrategias de las multinacionales del sector textil para mejorar su imagen


Tras el derrumbe del Rana Plaza, al igual que en anteriores escándalos de la industria textil de los últimos 30 años, las grandes firmas de moda que producen en Bangladesh anunciaron cambios drásticos en el nivel de exigencia hacia sus proveedores y compromisos propios. Las muertes de Rana Plaza no son casos aislados, tampoco las medidas propuestas por las grandes empresas. Repasamos las 5 técnicas de maquillaje más habituales de las empresas transnacionales del textil tras verse implicadas en algún escándalo medioambiental o social.


1. La fábrica no es nuestra, no lo sabíamos, nos han engañado.


Desde el comienzo de la deslocalización industrial, cuando las empresas empezaron a cambiar sus sedes de producción a países en donde les sale más barato producir, cada vez es más difícil saber el origen de los productos textiles que compramos, ya que en la mayoría de los casos se subcontrata. En ese argumento se amparan las multinacionales del sector cuando sale a la luz un escándalo, que eso lo hacen otras empresas y que en absoluto están vinculadas.


Así fue el caso de Levi´s. En 1991 se destapó la situación de los trabajadores inmigrantes chinos que trabajaban para Tan Holdings Corporation en las Islas Marianas (estado libre asociado a EE UU). El Departamento de trabajo de EE UU que fue quien descubrió la situación, definió las condiciones laborales como de semi-esclavitud. La marca de vaqueros reaccionó cortando relaciones comerciales y argumentando que ellos no sabían nada y que de alguna manera habían sido engañados.

Irónicamente, aunque la producción en estas islas del Pacífico ya era deslocalizada, fue de las últimas fabricas de Levi´s con la etiqueta "Made in USA". Por lo que Levi´s no volvió a tener problemas con las autoridades estadounidenses. Tan Holdings Corporation, por su parte, tuvo que pagar la mayor indemnización por motivos laborales de la historia de EE UU.


Las respuesta de Levi´s hoy, en día, ya no resultaría convincente. Hoy está más aceptado que las empresas tienen responsabilidad sobre a quién contratan. Ya no es que la empresa sepa y no actué, sino que no haga los esfuerzos necesarios para que se cumplan las condiciones mínimas exigidas por su supuesto código ético. Ahora las peores condiciones no se dan en en las fábricas subcontratadas por las marcas, sino en las que éstas a su vez subcontratan. Las marcas así se eximen de su su responsabilidad y lo denominan como un "problema de trazabilidad".


2. Elabora un código de conducta.


Prácticamente ya no quedan empresas multinacionales que no tengan uno. Pero en su momento, publicar un código de conducta fue la respuesta más típica de las marcas de ropa frente a los escándalos laborales y medioambientales. Se trataba de una declaración pública de intenciones que hasta entonces no existía.


En un código de conducta de los años '90 encontraríamos cuestiones como el compromiso de vigilar que en las empresas contratadas se pagara el salario mínimo, que no hubiera explotación infantil, que la duración de la jornada laboral fuera la estipulada en dicho país, que se respetara el derecho de asociación sindical, que no se envenenaran los acuíferos locales y un largo etcétera. En líneas generales, el código recogía el compromiso de vigilar que se cumpla la ley del país en el que se lleva a cabo la producción. Sin embargo, hay bastantes prácticas censurables y que son legales, como por ejemplo, el caso de China, donde no se reconocen derechos sindicales.


Pese a todo, los códigos de conducta no resultaron ser por sí solos garantía de su propio cumplimiento. Nike, publicó el suyo en 1991 y eso no impidió que surgieran casos de explotación infantil en Pakistán en 1996. Inditex por su parte publicó el suyo 2001 lo que tampoco evitó que en 2011 se encontraran una treintena de talleres clandestinos con mano de obra coaccionada produciendo para la marca en Brasil. Sólo después la empresa terminó por aceptar que el monitoreo de sus contratas lo realizara un organismo externo, la federación sindical "International Textile, Garment and Leather Workers' Federation", integrada en "IndustriALL Global Union".


3. Si los retos no son asumibles, márcate los tuyos propios.


Hay otros muchos casos de empresas que optan por marcar sus propios objetivos para atacar tangencialmente un determinado problema. Un ejemplo aún más vergonzoso que el anterior lo encontramos en relación al desastre del Rana Plaza.


Tras el colapso del edificio del Rana Plaza en 2013 se promueve un acuerdo vinculante firmado por fábricas bangladesíes, grupos textiles internacionales y sindicatos locales, internacionales y ONG. El tratado básicamente establece que en las fábricas se ha de cumplir con los estándares de seguridad laboral y que las marcas de ropa deben pagar un sobre coste en el producto para implementar las medidas necesarias para que no se repita una tragedia similar. Es el Acuerdo de Bangladesh.


Las cadenas de moda presentes en Bangladesh han ido firmando el acuerdo con mayor o menor premura, pero a día de hoy casi todas han terminado firmando. Aquellas empresas que decidieron no firmar el tratado, Wallmart, Gap y una quincena de empresas norteamericanas más, elaboraron un acuerdo alternativo llamado Alliance for Bangladesh Worker Safety el cual tiene el mismo objetivo pero plantea planes de acción mucho más modestos y no es vinculante. Las empresas no se comprometen legalmente a pagar más a una fábrica por cuestiones de seguridad.


4. Si no convences a las asociaciones y organizaciones de referencia, crea las tuyas propias.


En 1999 Nike llevaba una década en la que su imagen se había visto bastante erosionada. Se lanzaron distintas denuncias por las condiciones laborales en las que se fabricaban sus productos, siendo especialmente graves las acusaciones documentadas de explotación infantil. Tanto es así que la empresa era para mucha gente el ejemplo paradigmático de los costes humanos de la globalización. A pesar de que el nivel de ventas no empeoraba, la situación era bastante critica.


A lo largo de esa década la empresa había argumentado que no sabía lo que pasaba en sus fábricas y había publicado un código de conducta; aún así seguía transmitiendo una clara imagen de esclavitud. Ese año, Phil Knight, anunció que la entrada en el nuevo milenio no sería igual, que se había alcanzado un punto de inflexión y que era momento de tomar medidas contundentes. La garantía ahora era que sus proveedores tendrían que someterse a auditorías realizadas por una asociación independiente y sin conflictos de intereses. Y para ello promovió conjuntamente con el gobierno estadounidense la creación de la Fair Labor Association (FLA, por sus siglas en inglés).


La FLA es una organización sin animo de lucro que tiene por objetivo la mejora de las condiciones laborales en el mundo. Su funcionamiento es a través de afiliaciones, es decir las empresas a las que vigila son sus afiliadas, y estas pagan una cuota de afiliación que es la fuente de financiación de la FLA. Así pues la asociación independiente que les vigila había sido creada por iniciativa suya y su único conflicto de intereses es que sus sueldos se pagan con el dinero que Nike pone.


5. Si no te certifican, certifícate tú mismo.


También a raíz del hundimiento del Rana Plaza, Inditex plantea toda una estrategia de cambio de imagen. Es de las primeras empresas en firmar el Acuerdo de Bangladesh y aprovechando los esfuerzos e inversiones que implica el acuerdo, sacan lo mejor de la situación y crean el 'sello' Wright to Wear, es decir, una certificación que se otorga a empresas que cumplan con un conjunto de iniciativas divididas en distintos ejes: social, ecológico, seguridad laboral, reducción de químicos, control de calidad y seguimiento del proceso. Debido a todas las medidas de seguridad laboral implementadas, al terminar 2013 Inditex presenta la memoria anual de Ready to Wear, a pesar de que esta solo existía desde hacia unos pocos meses. Es difícil saber si es algo anterior a la tragedia bangladesí o una iniciativa creada a contrarreloj para que parezca desvinculada del derrumbe.
La estética que la iniciativa presenta recuerda poderosamente a una certificación externa como pudiera ser por ejemplo la de comercio justo. De hecho el término 'sello' parece implicar un control de calidad, casi la suposición de que puedes decidir pasar o no los controles pertinentes porque te puedes crear los tuyos propios: no deja de ser una auto certificación.
6. Con un toque de verde, mejora lo que sea.


El termino Green Wash designa a este tipo de acciones de lavado de imagen a través la ecología en marcas con poco o ningún compromiso ecológico en su forma de funcionar.


Como ejemplo, pongamos el documental Home. Estrenado en 2009, se trata de una reflexión sobre la fragilidad del planeta desde una mirada cósmica, narrado todo en imágenes aéreas en un estilo que podría recordar a la trilogía qatsi; la voz en off nos hace reflexionar sobre nuestro exceso y voracidad como especie. Sin embargo, resulta un tanto desconcertante que un documental de concienciación ecológica, empiece con los logos de distintas empresas, principalmente de moda, como Puma, Gucci o Yves Saint Laurent, entre otras. Básicamente el grupo empresarial PPR, formado por multinacionales francesas entre las que se encuentran las antes mencionadas, financió la producción del documental con 10 millones de euros, a cambio de lo que se agradece a las empresas su ayuda en los títulos de crédito.


Otro iniciativa que presentó H&M era su programa Garment Collecting, por el cual ponía contenedores de ropa usada, como los que pone Cáritas o Humana en las calles, para que reciclaras tu ropa vieja, entendiendo, por supuesto, que en el mismo viaje vas a comprar más ropa. De hecho, se promueve tu buena acción con cupones de descuento. Merece la pena ver el vídeo que publicita programa y analizar el trasfondo del mensaje: "no tienes porque sentirte culpable por tirar tanta ropa, si la traes aquí el planeta te lo agradecerá". Además no hay que olvidar que la gestión de ropa usada es un negocio rentable.


7. Crea una Fundación.


Todas y todos hemos oído hablar la fundación Amancio Ortega y de lo filántropo que es el dueño de Inditex. Pero también tenemos la Nike Foundation, Levi Straus Foundation, Walmart Foundation, Be What´s Possible (Gap Inc.), PPR foundation y la H&M Foundation. Todas marcas mencionadas tienen su fundación. No es que estas fundaciones no realicen una labor positiva. Pero es necesario no confundir las prácticas de una empresa en el ejercicio de su actividad, con el las causas que decidan abanderar sus accionistas con sus beneficios. Y también es importante que no nos patinen las cifras. En el año 2012 Amancio Ortega dono 20 millones de euros a Cáritas. 20 millones es mucho dinero, de hecho es la mayor donación que ha recibido Cáritas en su historia. Pero en 2013 en beneficio neto del Grupo Inditex era de 2.382 millones de euros. Simplemente deberían mantenerse las dos cifras es sus respectivos contextos. Y no considerar que cuando se habla del modelo de producción de Zara los 20 millones de Cáritas aportan algo al entendimiento del conjunto.


Bangladesh, dos años después


A pesar de todo lo dicho, la industria textil es sensible a la opinión pública que cada vez está más informada. Tras cada crisis que afrontan las marcas se intenta maquillar la realidad, pero también la realidad le supera y se adapta. En Bangladesh, en los dos últimos años, se han firmado las indemnizaciones de las víctimas del Rana Plaza, se ha alcanzado el Acuerdo Bangladesh por el que los salarios han subido un 70% (de 38$ a 67$, todavía por debajo de el coste de vida del país).


También la persecución a sindicalistas y activistas se ha relajado. Un ejemplo es la recuperación de estatus legal de Centro de Solidaridad con los Trabajadores de Bangladesh (BCWS por sus siglas en inglés) que se le fue denegado en 2010. En parte por la presión de departamento de estado de los EE. UU y la Unión Europea, y en parte también por la presión de los consumidores occidentales. Pero gracias sobretodo a los propias luchas y a los propios esfuerzos de las trabajadoras, sindicalistas y activistas que les toca día a día afrontar la cara mas fea de la industria de la moda completamente desmaquillada.

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El bienestar del pueblo vs. la avaricia aurífera

Un fallo proferido por el Consejo de Estado en septiembre de 2014, y conocido en enero de este año, parece colocar fin a la lucha que los habitantes de Ataco adelantan desde hace más de 20 años. El resultado les da tranquilidad, pero están a la espera de que Mineros S.A. vuelva con más maniobras para adueñarse del oro de Ataco.

Desde 1991 se empezó a hablar del proyecto de Mineros El Dorado que pretendía realizar una explotación aurífera en el río Saldaña, exactamente en el municipio de Ataco (Tolima). Vale la pena aclarar, que artículos de esa fecha afirman que tal proyecto aurífero estaba planeado desde once años atrás.

Esta pretensión fue pregonada resaltando beneficios económicos y sociales para el desarrollo de la región, pero, como muchos de los proyectos de este tipo, no resaltaba que su implementación colocaría en riesgo la vocación agrícola del municipio, además de las consecuencias ambientales.

César Gaviria era el presidente para ese entonces y junto a su ministro de minas y energía –Juan Fernando Rico– defendían el proyecto minero, pues según los cálculos de la empresa generaría 13 millones de pesos anuales para el país.

"La Nación obtendría regalías por 195 millones de pesos. La misma cifra llegaría al municipio de Ataco, mediante los impuestos de explotación. Además, calculan que los ingresos laborales para la gente de la región alcanzarían los 419 millones de pesos anuales y se generarían 200 empleos directos", decía el periódico El Tiempo.

El diario no solo mencionaba esos beneficios, también hablaba sobre el compromiso de ofrecer a los inversionistas el 20 por ciento del capital comprometido en el desarrollo del proyecto. Incluso, Mineros El Dorado, llegó a afirmar que electrificaría los municipios de Ataco y Chaparral.

Pero, a pesar de las virtudes que según unos y otros tenía el proyecto, la comunidad se expreso con un rotundo No. Y es gracias a que ese No se mantuvo firme durante mucho tiempo que el Consejo de Estado evitó por medio de un fallo expedido en septiembre de 2014 la implementación del proyecto.

Sin embargo, esta es una historia de persistencia, en la que por un lado, varios sectores se han unido por un objetivo: defender el ambiente y la calidad de vida de los atacunos. Mientras que por el otro, la empresa Mineros S.A., sigue buscando la manera de apropiarse del oro de la zona.

Primer round: No a la draga

El río Saldaña es reconocido por ser, prácticamente, la columna vertebral del Tolima. Brota en la parte alta de la cordillera central y desemboca en el río Magdalena recorriendo así el 40 por ciento de este departamento. Es la fuente de los acueductos de Coyaima, Ataco y Saldaña que benefician a 55 mil tolimenses. También, suele ser la base de la economía familiar de los atacunos, pues los habitantes del municipio dependen de la minería artesanal, de la pesca, y del agua del caudal para sacar adelante sus cultivos de arroz.

Ante la importancia que representa el río, la comunidad no podía pasar por alto las acciones e intereses de la empresa Mineros El Dorado, y mucho menos después de tener los referentes de lo sucedió en varios municipios antioqueños, sobre el río Nechí. Por el ejemplo, en el caso de El Bagre, donde la misma compañía adelantó proyectos de explotación minera, solo les quedó el "piedredro" y los problemas ambientales.

Por eso, para contener las pretensiones de la empresa minera, los habitantes de Ataco realizaron un paro cívico y, en consecuencia, el 19 de febrero de 1991 el tema se hizo visible en periódicos como El Tiempo. Para ese momento Jorge Ancízar Cabrera, presidente del concejo del municipio era uno de los que lideraba la iniciativa de crear una comisión científica que evaluara los riesgos y daños que podría producir la explotación minera.

La idea era que varios expertos analizaran las consecuencias ambientales, y bajo esos dictámenes, el Ministerio de Minas decidiera si entregar o no la concesión a la empresa solicitante.

Sin embargo, y pese a la oposición ciudadana, en julio de 1994 fue entregada la concesión gracias a que el Ministro de Minas Guido Nule Amín –padre de uno de los tres protagonistas del Carrusel de la Contratación en Bogotá– firmó un acuerdo con Mineros El Dorado, pacto que ignoró "todos los conceptos ambientales negativos del Himat, Cortolima, Inderena, Universidad Nacional, Contraloría Departamental, Fedearroz y 500 científicos ambientales de todo el mundo", decía el diario El Tiempo.

De hecho, en el mes de noviembre de ese año, ya habían iniciado el montaje de la draga, la cual tendría "una capacidad de remoción de 10.000 metros cúbicos diarios y un peso de 3.000 toneladas, con un tonelaje mínimo anual de explotación de 2.500.000 metros cúbicos de material aurífero, equivalente a 440.000 gramos de oro", agregaba el diario.

Esto alertó al Comité prodefensa del río Saldaña –creado por los habitantes de varios sectores del Tolima, con la pretensión de defender al río de la minería a gran escala–, por lo que le expusieron a la entonces Ministra de Ambiente Cecilia López Montaño y al gobernador Ramiro Lozano Neira, todas las razones a tener en cuenta para acabar con el proyecto.

A raíz de dicha reunión, se le ordenó a la empresa realizar un diagnóstico ambiental de alternativas y un estudio de impacto ambiental para socializarlo en una audiencia pública. En el encuentro la misma Ministra enfatizó en que la última decisión la tenía el Ministerio de Ambiente.

En 1997 fue realizada la audiencia. Asistieron cerca de cinco mil personas, según medios de comunicación, pero también asistió el Procurador General Jaime Bernal Cuellar y el viceprocurador Eduardo Montealegre porque las comunidades indígenas lo exigieron.

"Cerca de 47 mil indígenas de la Federación Indígena de Cabildos Autónomos, el Consejo Regional Indígena y la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima, (Acit), están dispuestos a ir hasta el fin para impedir la instalación de la draga [...] El presidente del Comité de Gremios Económicos del Tolima, Leonidas López Herrán, dijo que los 20 gremios y asociaciones del departamento le dejaron en claro al Ministerio que no están de acuerdo", citaba el diario capitalino.

Todos parecían estar en contra, sobre todo por la intervención1 directa que Mineros El Dorado quería realizar en la cuenca, pues las consecuencias ambientales serían más desastrosas.

La draga sedimentaría más el río, impactando cerca de 28 mil hectáreas sembradas con cultivos de arroz, los 45 mil millones de pesos que generaban al año y, de paso, a 50 mil empleos. También afectaría a las 500 familias que viven de la pesca –con los residuos de la sedimentación, lo más probable era la muerte de los peces por el taponamiento de sus vías branquiales–. Y, además, el ecosistema cambiaría junto con la salud del río, incluso, afectaría la producción de leche y de carne.

"Lo anterior sin medir el impacto de la obra en el distrito de riego de Usosaldaña –decía el periódico El Nuevo Día–del que dependen más de 1.700 usuarios", así como del Triángulo del Tolima.

Sin embargo, los representantes de Mineros El Dorado, aseguraban que eso no sucedería, pues disponían de lo último en tecnología minera, y los sedimentos serían transportados hidráulicamente a pozos por fuera del río, sin usar mercurio. Resaltaban, además, que era de vital importancia sacar las ocho toneladas de oro, que estimaban, estarían en 194 hectáreas en las riberas del río Saldaña. Contra tal pretensión también se pronunció la guerrilla, al destruir la maquinaria de la empresa.

El Gobernador fue claro, dijo que no apoyaba el proyecto y que no estaba de acuerdo en poner como objetivo guerrillero el oro de Ataco, pues los únicos afectados serían los habitantes.
Finalmente, el Ministerio de Ambiente tomó la decisión de no otorgarle la licencia ambiental. El "maravilloso" proyecto minero no podía realizarse.

Segundo round: El camaleón y la falta de sostenibilidad

Ante el fallo, Mineros El Dorado no cruzó sus brazos, demandaron al Ministerio de Ambiente por no otorgar la licencia ambiental, y exigieron 11 millones de dólares por el dinero que dejaban de percibir.

Mientras este pleito se tramitaba en el Tribunal Superior de Cundinamarca, para el 2004 otra compañía apareció: Mineros de Antioquia S.A., la cual, quizás de manera oportuna, cambió su denominación por Mineros S.A. Además, modificó su mecanismo para adentrarse en la zona pues, le propuso a la gobernación y a los municipios crear una empresa de categoría mixta para extraer el oro de Ataco.

Lo curioso de la propuesta, que en su momento señaló Ángel María Caballero, presidente del Comité Prodefensa del río Saldaña en el periódico El Nuevo Día, es que Mineros de Antioquia era dueño del 80 por ciento de Mineros El Dorado. Es decir, la "nueva" empresa que pretendía adelantar un proyecto calificado como nocivo para la región, era la dueña de la compañía que demandó al Ministerio de Ambiente. La diferencia en la forma que explotaría el oro radicaba en que la "nueva" empresa utilizaría retroexcavadora, y que ya no sería a cargo de Mineros El Dorado, ni Mineros de Antioquia, sino Mineros S.A.

Este cambio de nombres, parte sustancial de la estrategia camaleón de Mineros S.A, no era lo más preocupante que denunciaba el presidente del Comité Prodefensa del río Saldaña. Caballero dijo que la empresa ayudó con la financiación de la campaña electoral de Jorge García Orejuela, quien para la fecha ya era el gobernador del Tolima, por lo cual creía que él era el que estaba apalancando el proyecto.

Dos años después, el 7 de septiembre de 2006 se conoció el fallo del Tribunal. La empresa demandaba al Ministerio de Ambiente por fallas en procesos, darle mucha trascendencia a la posición negativa de los atacunos y por tener en cuenta la posibilidad de que el proyecto no fuera sostenible.

Para ese momento, el apoderado de la sociedad Mineros S.A., titular de los derechos litigiosos de Mineros El Dorado S.A., argumentaba que el Ministerio se había extralimitado en sus funciones por tener en cuenta la sostenibilidad.

La respuesta fue concreta: para el Tribunal, sí se habían presentado demoras en trámites pero no correspondían a vicios graves y el Ministerio había cumplido con sus funciones pues, aunque mencionaba la sostenibilidad, no hacía alusión exactamente a si los socios ganarían o no dinero, sino a cómo responderían con los daños ambientales que causarían en la zona.

De nuevo, los atacunos ganaron.

Tercer round:
¿Se acabó la pelea?

Mineros S.A. llevaba dos rounds perdidos y cada vez era más factible la posibilidad de perder el proyecto que desde años atrás querían realizar. La única carta que ahora les quedaba era la apelación, la que, en efecto, fue presentada al Consejo de Estado, para que según ellos, les restablecieran los derechos y anularan el fallo proferido por el Tribunal Superior de Cundinamarca.

Tras algunos años de espera, finalmente el 18 de septiembre de 2014 el alto tribunal falló, pero solo hasta el inicio del 2015 fue conocido por los medios de comunicación.

La decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca, proferida por la Subdirección A, Sección Primera, fue ratificada. La sentencia decía que no había suficientes argumentos que implicaran la nulidad de lo fallado, por lo cual Mineros S.A, no podía adelantar el pretendido proyecto minero.

Así pues, cierta calma ronda a los atacunos. Después de defender su territorio por más de 20 años, durante los cuales no ahorraron ningún mecanismo de protesta y deliberación colectiva, el Consejo de Estado les confirmó que tenían razón. Pero, como la persistencia no solo es una cualidad de los habitantes sino también de la compañía, crearon otra empresa que está a la espera de una licencia ambiental y de la aprobación por parte de Cortolima de su Plan de Manejo Ambiental.

El nombre de la "nueva" empresa es Mineros de Ataco S.A.S2., constituida en el 2012. Fue creada en el Tolima para la exploración y explotación minera aurífera en Ataco y Chaparral bajo dos contratos de concesión según el último informe financiero de Mineros S.A., con fecha del 2013.

Mineros S.A. no confirma en su página oficial que haya recibido la licencia, y mucho menos menciona los fallos del Consejo de Estado y del Tribunal de Cundinamarca, pero sí alude a la firma de contratos de concesión que realizó el Ministerio de Minas cuando Guido Nule Amín era el jefe de la cartera en 1994.

Así, la pregunta que queda es si esta larga lucha finalmente terminó. Por ahora es claro que los atacunos tienen 10 puntos y que Mineros S.A. está a la espera de la revancha.

No sobra preguntar: ¿bastará con procedimientos jurídicos para contener el ansia insaciable de oro de los leguleyos que están detrás de las empresas mineras, que como la Santísima Trinidad, son un solo ser?

 

1 Minería aluvial: "El material se obtiene excavando los lechos de los ríos y los terrenos adyacentes; después es llevado por encima de un tapiz donde las piedritas se quedan atascadas. Después sigue el mismo procedimiento de amalgamación con mercurio", dice la revista Ideele.

2 Durante el 2008, 2009 y 2010, Ataco fue explotado ilegalmente, curiosamente en dos predios donde Mineros S.A. tenía títulos mineros. Incluso fue la misma compañía la que los denunció, dice el Nuevo Día

Publicado enEdición 211
Lunes, 27 Octubre 2014 07:33

Cómo se llega a ser super rico

Cómo se llega a ser super rico

La característica definitoria de los tiempos que vivimos es la enorme concentración de la riqueza y de las rentas, consecuencia, en gran parte, de las políticas públicas aplicadas a la mayoría de la población por gobiernos de sensibilidad neoliberal a los dos lados del Atlántico Norte (Norteamérica y Europa Occidental) desde los años ochenta. El Presidente Regan en EEUU y la Sra. Thatcher en el Reino Unido iniciaron estas políticas, extendidas desde entonces a la mayoría de países de aquellos continentes. Estas políticas fueron la respuesta de las clases dominantes a las conquistas políticas, sociales y laborales conseguidas predominantemente por el mundo del trabajo. De ahí que un elemento común de aquellas políticas públicas neoliberales fuera un ataque frontal al bienestar social de las clases populares de aquellos países, a fin de recuperar los privilegios que habían visto disminuidos durante el periodo anterior 1945-1980. El objetivo de tales políticas era favorecer al capital, cuyas rentas eran la fuente de riqueza de esas clases sociales dominantes. Las políticas de los Estados durante este periodo 1980-2012 facilitaron, así pues, una enorme concentración de la riqueza y de las rentas, lo que se presentó, para justificarlo, como resultado de un sistema meritocrático en el que los que estaban arriba, en la cúspide de la sociedad, lo estaban como consecuencia de su mayor capacidad, mérito y productividad. En esta ideología –reproducida en los mayores medios de difusión y persuasión-, las desigualdades eran consecuencia de las diferencias naturales (e incluso biológicas) existentes dentro de la población, ocultándose la gran importancia que el Estado había tenido en el desarrollo de esa concentración de la riqueza y de las rentas, concentración que no se debía al mérito de los individuos que estaban en la cúspide, sino a sus conexiones, en gran parte de las ocasiones, con el Estado. Un caso claro es el de Bill Gates, una de las personas más ricas del mundo.


El caso Bill Gates, ¿cómo consiguió su riqueza?


Este personaje es considerado como el fundador de Microsoft, establecida como consecuencia de su gran creatividad. Conocido por su filantropía, Bill Gates es un hombre ampliamente conocido, que se presenta como el gran emprendedor que debe su riqueza a sus capacidades y méritos. El economista Dean Baker, Director del Center for Economic and Policy Research, en un breve artículo ("World's Richest Man Tries to Defend Wealth Inequality") publicado en el blog de este centro, donde describe una breve biografía de Bill Gates, muestra, sin embargo, hasta qué punto el Estado federal de EEUU configuró y ayudó a que estableciera su riqueza, riqueza que se debió a la enorme monopolización en la producción y venta de sus productos, con prácticas claramente deshonestas en sus formas de operar. La tolerancia, cuando no ayuda, del Estado federal con tales prácticas, ha sido una constante en la vida empresarial de Gates y su Microsoft. Dichas prácticas dificultaron el desarrollo de la tecnología de los ordenadores, como han concluido varios Tribunales de Justicia cuando aquellas prácticas fueron juzgadas.


Esta situación, en la que el Estado favorece la monopolización, es conocida en el caso de la industria farmacéutica, donde las patentes otorgadas por el Estado a la industria crean una situación de monopolio, que es la base de su enorme riqueza. El último caso es el caso del fármaco para tratar los casos de hepatitis C, que cuesta 84.000 dólares (unos 66.000 euros) para un tratamiento de 12 semanas, cuando la versión genérica cuesta solo 900 dólares (unos 700 euros). Dean Baker, por cierto, cita la paradoja que representa que la fundación filantrópica que lleva su nombre, la Fundación Bill & Melinda Gates, no haya dicho nada sobre el abuso de las patentes en los países subdesarrollados, a los cuales la Fundación intenta ayudar dándoles dinero para comprar fármacos (cuyos precios podrían reducirse especialmente si no hubiera tal abuso de las patentes).


Otro caso semejante es el de los banqueros –el mayor grupo de los super-ricos, es decir, el 1% de la población-, que están en la cúspide no como resultado de su brillantez, sino de sus prácticas especulativas facilitadas por los Estados, que perjudican enormemente a las actividades de la economía productiva, habiendo comprado la complicidad de sus reguladores públicos. El caso español es de los más claros, habiendo sido el Estado el que les ha ayudado a salvarse y evitar su colapso, cuando lo más lógico, eficiente y equitativo hubiera sido su sustitución por bancas públicas que garantizaran el crédito.


Y, por último, otro grupo del 1% de renta superior de los países, que Dean Baker señala, es el de las empresas, tanto manufactureras como de servicios comerciales, que han hecho su fortuna a base de una enorme explotación de sus empleados y trabajadores. El caso más claro es el de los dueños de la cadena de mercados Walmart, conocida por los altos niveles de explotación a su fuerza laboral. En base a esta evidencia, es difícil asumir que los personajes que componen la mayoría del 1% de renta superior de los países –los super-ricos- hayan alcanzado el nivel de riqueza y renta que tienen debido a sus propios méritos. En realidad, la complicidad con los Estados donde se sitúa su riqueza y/o la deshonestidad de sus prácticas, incluidas la monopolización del comercio y/o la explotación de sus empleados, explican su supuesto éxito.

Publicado enEconomía
Lunes, 25 Agosto 2014 00:00

Gases que huelen muy mal

La promulgación el lunes 11 de agosto de la nueva ley energética mexicana, que abre las puertas a la privatización de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la explotación de hidrocarburos no convencionales, el fracaso de la ronda de subastas de bloques petroleros que el gobierno colombiano realizó el pasado 23 de julio, y la violencia generalizada que se ha desatado en el Cercano y Medio Oriente pueden tener una relación más estrecha de lo que cualquiera pudiera estar dispuesto a conceder.

 

Ese punto en común, curiosamente, podría estar relacionado con un hecho que tan sólo fue noticia en los medios especializados en hidrocarburos: el fiasco técnico y económico en que se convirtió el campo petrolero de Kashagan. Con reservas estimadas en 13 mil millones de barriles y una inversión quintuplicada en relación con lo presupuestado, en los últimos diecisiete años se han enterrado 50 mil millones de dólares en ese yacimiento para producir tan sólo 320 mil barriles de crudo, menos de lo que se esperaba produjera tan sólo cada día. La reserva petrolera se encuentra en aguas de Kazajistán, en el mar Caspio, y es considerado el descubrimiento petrolero más grande de los últimos treinta años, sin embargo, por las dificultades técnicas, debidas a las difíciles condiciones climatológicas de la región, se ha convertido en el fracaso económico, también más grande de los últimos tiempos.


Ese descalabro comienza a borrar las dudas que algunos aún guardaban acerca de que hemos entrado definitivamente en la "era del petróleo difícil", como la denomina el experto Michel T. Klare, es decir, de hidrocarburos obtenidos en lugares cuyas condiciones meteorológicas y de accesibilidad son complejas, o de fuentes que hacen engorrosa su extracción. Se recurre cada vez más a exploraciones y explotaciones en profundas fosas marinas, áreas sujetas a la congelación en invierno (que es el caso de Kashagan) o muy alejadas de las costas. También a hidrocarburos contenidos en las lutitas bituminosas, las arenas asfálticas o los gases de esquisto. El creciente peso de este tipo de combustibles, es lo que Klare ha denominado la tercera era del carbono, que se constituye en una seria amenaza, pues además de acelerar el calentamiento global también parece tener graves consecuencias contaminantes sobre las aguas aledañas a las áreas explotadas y ser causa del aumento en la frecuencia y tamaño de la actividad sísmica.

 

De Spindletop a Kashagan pasando por Ghawar

 

Luego de la era del carbón, que acompañó la primera etapa de la revolución industrial, apareció el petróleo, que se ha constituido en la columna vertebral del capitalismo tardío. Se asocia el inicio de la explotación petrolera de gran escala al descubrimiento y explotación en 1901 del pozo Spindletop, –Beaumont, Texas– cuyo flujo inicial fue de tal magnitud, que literalmente brotó como un chorro que hizo volar la torre de perforación. La extracción, con un rendimiento diario promedio de 75 mil barriles dio inicio a niveles de producción desconocidos en ese momento y que fueron la base del desarrollo tecnológico y el predominio militar y económico de los Estados Unidos.

 

El autoabastecimiento de la poderosa nación del norte duró 70 años, pues, tal y como lo predijo Marion King Hubbert en 1956, la producción petrolera de ese país llegó a su cenit en 1969, y a partir de ahí comenzó de forma acelerada la fase de declinación. Las importaciones en gran escala de hidrocarburos han solucionado temporalmente el problema a EU, y ha dado el perfil a la estructura mundial del capital, pues no se puede negar la relación que existe entre las importaciones energéticas de Estados Unidos, su déficit comercial permanente, su alto nivel de endeudamiento y la altísima liquidez mundial (por la enorme cantidad de dólares lanzados al mercado mundial como efecto del déficit comercial crónico de ese país) que hoy ya predibuja una burbuja de activos que amenaza con hacer estallar el mundo financiero en una crisis de efectos aún más devastadores que la de 2008.

 

El modelo de Hubbert se ha utilizado para proyectar las tendencias de las reservas mundiales, teniendo en cuenta las existencias probadas y el comportamiento de los nuevos descubrimientos, estimándose que el mundo alcanzará el cenit de su producción alrededor del 2030. Los análisis de la asociación para el estudio del pico del petróleo (más conocida como Aspo por sus siglas en inglés), que inicialmente fueron recibidos con escepticismo, hoy son aceptados por la mayor parte de la comunidad académica internacional, si bien aún tal reconocimiento no tiene efecto en lo político. Y es que no solamente se trata de que los nuevos yacimientos sean cada vez más difíciles de explotar, sino que las fuentes convencionales de abasto más importantes, como es el caso del yacimiento Ghawar, en Arabia Saudita, comienzan a generar dudas. Dicho yacimiento que ha estado en producción desde 1951, tiene un área aproximada de 8400 kilómetros cuadrados, y actualmente produce en promedio cinco millones de barriles diarios (6,25% de la producción del mundo). Sin embargo, depende cada vez más de la inyección gigantesca de agua salada (aproximadamente 7 millones de barriles diarios), por lo que se estima que su rendimiento ha entrado en fuerte declinación.

 

La compañía británica British Petroleum (BP), que con seguridad no es clasificada como escéptica o catastrofista, afirmó en un estudio reciente que las reservas de petróleo probadas del planeta suman 1,68 billones de barriles y que al ritmo de producción actual durarán sólo 53 años. Pero, más allá de lo que pensemos de su pronóstico, por lo menos debería inspirarnos precaución, por venir de quien viene.

 

Del consumo total mundial de petróleo, el 59% es apropiado a través de intercambios internacionales. La producción se concentra en los países del llamado Medio Oriente que extraen el 31,5% del total mundial, siguiendo en importancia Rusia (y las áreas que fueron de su influencia) y Norteamérica, cada una con el 15% de las extracciones. Sin embargo, las asimetrías entre producción y consumo son marcadas, pues América del Norte quema el 26% de lo producido en el mundo, mientras que el Oriente Medio tan sólo usa para sí mismo el 8,6%. En el caso de África la desigual es aún mayor, pues su producción representa el 12% mundial y su consumo tan sólo el 3,5% (América del Sur produce el 9,4% y consume 7%).

 

La extracción también está altamente concentrada, pues de los aproximadamente 70 mil yacimientos que están siendo explotados actualmente en el mundo, tan sólo de 120 (el 0,17%) se extrae el 50% de lo producido, dando una idea clara de la vulnerabilidad a la que estamos sometidos. La solución, entonces, ha sido la de recurrir a los llamados combustibles fósiles no convencionales que parecen entrar en escena sumando nuevos problemas.

 

Fracturando el futuro

 

Inyectar agua a presión en los pozos, cuando el petróleo no fluye de forma natural, es un recurso usado desde hace muchas décadas, pero tan sólo recientemente se ha generalizado para fracturar rocas que encierran gas o petróleo. Las técnicas de fractura hidráulica (más conocidas como fracking) empezaron a ser aplicadas comercialmente desde 1949 por la empresa Stanolind Oil, pero fue tan sólo a partir de 2002 que las inyecciones son realizadas con la mezcla de agua, arena y aditivos (que pueden contener hasta 500 productos químicos), que ha sido tan controvertida por sus innegables consecuencias ambientales. Las recientes explotaciones de gas y petróleo de esquisto (rocas sedimentarias que contienen hidrocarburos), consisten en perforaciones verticales que alcanzan en promedio cinco kilómetros de profundidad, a partir de los cuales se hacen perforaciones horizontales por las que se inyecta, a altas presiones la mezcla líquida que fractura las lutitas.

 

El procedimiento requiere no sólo de alta tecnología sino de un gasto energético significativo, que se traduce en que la tasa de retorno energético (TRE), es decir el cociente entre lo que se obtiene de energía y lo que de ésta se gasta en la obtención, es muy baja. El TRE del gas de esquisto se estima entre dos y cinco (es decir que por cada unidad invertida de energía se obtienen entre dos y cinco) según diferentes investigaciones, cuando el gas y el petróleo convencional es cercano a 15, y el de energías alternativas como la solar y la eólica puede calcularse entre 7 y 15 respectivamente.


Eso significa que la concentración de energía de los gases de esquisto y petróleo, en relación con la unidad superficiaria en la que están contenidos es también baja, por lo que la extensión de los territorios utilizados para producir una cantidad determinada de producto es mucho mayor que en el caso de los productos convencionales. El agotamiento acelerado de este tipo de pozos hace que en promedio el 80% del producto útil sea extraído en el primer año, obligando a una explotación nómade que tiene que moverse rápidamente afectando grandes extensiones geográficas.

 

Los Estados Unidos han sido pioneros en la técnica de la fractura hidráulica y son los principales productores de gases de esquisto, hasta el punto que, de acuerdo con proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, en el año 2035, en ese país, más de la mitad de la producción de gas será obtenida mediante la aplicación de técnicas de fracturación hidráulica, permitiéndole no sólo sustituir las importaciones sino en un futuro un poco más lejano convertirse en exportador neto. Se entiende, entonces, que EU busque que el precio del gas en el mercado sea el determinado por los costos de la producción de gas de esquisto, y promueva que los países más afines a su política y sus dictados, impulsen este tipo de explotación. El actual suministro de gas ruso con el que se abastece una buena parte de Europa es contrario a los intereses estadounidenses, en la medida que en un costo de producción menor y un flujo seguro hacía el viejo continente los percibe como una amenaza a su competitividad. No se necesita, entonces, hilar muy delgado para entender que una parte no pequeña del conflicto ucraniano tiene como propósito alejar Rusia de la Comunidad Europea.

 

Tanto la Cámara de Representantes como el senado norteamericano agilizan la aprobación de proyectos directamente relacionados con gas licuado, buscando facilitar su exportación futura, así como la de otros productos energéticos. Se ha llegado incluso a plantear el reinicio de las exportaciones de crudo, en una muestra del afán que el gobierno estadounidense muestra por querer sustituir la relación económica que Rusia y Europa mantienen en el sector energético.

 

Las amenazas son reales

 

El alto impacto físico de la explotación de hidrocarburos a través de la fractura hidráulica, y las consecuencias para la salud humana, no son asuntos de enemigos del progreso ni de fundamentalistas de la ecología. La población de Dimock, en Pennsylvania, es icónica de las consecuencias de la explotación de gases no convencionales. La ciudad se ubica sobre la formación de esquisto llamada Marcellus, y en el año 2008, la compañía Cabot Oil and Gas inicio perforaciones en su territorio. Los habitantes han visto prender fuego en el agua que emana de sus grifos y a comienzos del 2009 el sistema de agua de una residencia explotó literalmente por el alto contenido de metano.
El 22 de abril de este año, en Decatur, Texas (EU), un tribunal falló a favor de la familia de la joven Lisa Parr, y condenó a la empresa petrolera Aruba Petroleum a pagar 2,9 millones de dólares por daños presentes a la salud, la alta probabilidad de afectaciones futuras y la pérdida de valor de su propiedad, pues consideró que los efectos eran consecuencia del uso de las técnicas de la fractura hidráulica. El llamado "caso castor", en Castellón, España; el de la localidad inglesa de Blackpool y el de Ohio, en EU, en los que se ha probado la relación entre las inyecciones para fractura hidráulica y sismos de diferentes magnitudes, muestran otra dimensión de los riesgos de esta forma de extracción de hidrocarburos. La alta posibilidad que las sustancias que libera ésta técnica sean cancerígenas y la afirmación que son también disruptores endocrinos obscurece aún más el panorama.

 

Las dudas sobre la viabilidad económica de este tipo de explotación también han sido ampliamente difundidas, afirmándose que su expansión en los Estados Unidos obedece a que las empresas del sector basan sus inversiones en una cadena de préstamos, de la que se va honrando cada vez una parte más pequeña, dando lugar a una verdadera pirámide financiera (esquema Ponzi) que en cualquier momento puede colapsar.

 

Pero, independientemente de eso, de lo que no se puede dudar es que en términos de recursos energéticos, las grandes potencias han empezado a "raspar la olla", para utilizar una expresión coloquial, y que esto trae como consecuencia un aumento en las tensiones mundiales y grandes riesgos de que se escalen los conflictos. La era del petróleo difícil, de continuar las lógicas actuales del consumo, será también una era de conflictos agudos.

 

Colombia, buscando estar en el lugar equivocado

 

El primer semestre de 2014 la producción diaria de petróleo colombiano mostró una reducción de 2,4%. En ese mismo período, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el aviso de descubrimientos se redujo en 70 % y el número de pozos exploratorios que resultaron secos y tuvieron que taparse y abandonarse aumentó el 68,7 por ciento, al pasar su número de 16 a 27. Si bien es cierto que las reservas han aumentado en el último quinquenio, no es menos cierto que aún no alcanzan a ser el 1% de las que se contabilizan en Suramérica. Cusiana, el último gran descubrimiento petrolero en Colombia, tuvo lugar hace 23 años, y en ese período no se ha hallado un yacimiento que pueda llamarse al menos mediano.

 

No es de extrañar, entonces, que de los 95 bloques de hidrocarburos subastados por el Estado colombiano, a fines de julio de este año, se hayan recibido ofertas tan sólo para 27. Del total de los subastados, 19 eran ofrecidos para explotación no convencional, de los que tan sólo uno recibió ofertas. Lo que podría calificarse como de relativamente buena noticia, en la medida que parece que nuestras reservas de esquistos no son abundantes, y por tanto las consecuencias de su explotación van a ser menores, lo que no significa aceptar la técnica de la fractura hidráulica sin más, o descuidar los efectos que ésta tenga en las zonas donde se desarrollen los proyectos. Si países como Francia y Bulgaria la han prohibido totalmente, y otros como Alemania y Suiza han dilatado una aprobación que incluye fuertes restricciones es porque el asunto no es de dudas sobre si existen los impactos negativos, sino sobre su tamaño.

 

La ley 1715 de 2014, por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional, en el artículo primero dice textualmente "La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, [...]", donde la expresión "principalmente" abre la puerta a que se puedan también promover fuentes no convencionales de energía no renovables, es decir, energías como los gases y petróleos de esquisto, que habían sido materia de discusión y de objeción.

 

Que esta ley, y la reglamentación para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales haya tenido lugar entre finales de 2013 y principios de 2014, es señal que en un nuevo acto de lambonería internacional, el gobierno colombiano se ha querido mostrar nuevamente solícito con las multinacionales y con gobiernos como el de Estados Unidos, en un momento en el que la resistencia a la fractura hidráulica se hace fuerte en el mundo y la gente, mejor informada, rechaza que le den una vuelta más al nudo que aprieta su garganta.

 

Exigir que se reconozca la existencia del "pico del petróleo", tal y como se ha terminado aceptando de forma oficial el calentamiento global, es un primer paso que permite denunciar el derroche energético en los llamados países desarrollados. Igualmente, eso debe llevar a la aceptación que el "mercado" es totalmente inoperante en la asignación de este tipo de recursos, y que la lógica de la "eficiencia" económica es contraproducente en la producción y distribución de los bienes fundamentales para la vida humana.

Publicado enEdición Nº 205