Viernes, 01 Noviembre 2013 08:17

El neocolonialismo desangra Guatemala

El neocolonialismo desangra Guatemala

En la misma Casa Comunal de Totonicapán donde fueron velados los seis indígenas asesinados el 4 de octubre de 2012, cuando protestaban contra el aumento de las tarifas eléctricas y una reforma constitucional que desaparece pueblos y tierras comunales, se debería celebrar el lunes 4 de noviembre un encuentro entre comuneras y comuneros con la feminista estadunidense Silvia Federici, escritora y activista en el movimiento Occupy Wall Street.

 

Debería, porque comuneros de la familia Tzul recibieron amenazas de muerte el 26 de octubre, días antes de un acto que estaba concitando el interés de una población que viene sufriendo agresiones militares y de las grandes empresas multinacionales vinculadas a la minería y a las hidroeléctricas. La familia Tzul, y en particular las hermanas Gladys y Jovita, son perseguidas por indígenas, por mujeres y porque están contribuyendo a revitalizar el tejido comunitario en los 48 cantones de Totonicapán.

 

Gladys realiza su doctorado de sociología en Puebla, bajo la dirección de Raquel Gutiérrez. En su libro Feminismos desde Abya Yala, Francesca Gargallo sostiene que "su presencia es doblemente agente de deconstrucción porque es a la vez k'iche' y feminista" (p. 256). Como sucede en toda América Latina las mujeres están en la primera fila de las resistencias al extractivismo (desde las Madres de Ituzaingó en Argentina hasta las integrantes de Conamuri en Paraguay), y combinan creatividad, combatividad y una gran capacidad para deconstruir el modelo extractivo.

 

Los indios guatemaltecos han mostrado, en los últimos años, una creciente capacidad para resistir el modelo de robo y conquista asentado en la minería a cielo abierto y en megaobras como las represas hidroeléctricas. Más de 30 municipios declararon desde mediados de la década de 2000 su oposición a la minería. Una de las acciones más notables fue la Marcha Indígena Campesina y Popular iniciada en Cobán el 19 de marzo de 2012, que llegó nueve días después a Ciudad de Guatemala luego de recorrer a pie más de 200 kilómetros.

 

La marcha no sólo reunió miles de personas de diversas pueblos, sino que logró agrupar las principales demandas, entre ellas que terminen los desalojos, la persecución y criminalización en contra de líderes y lideresas indígenas y campesinos, las falsas acusaciones, las actuaciones parcializadas de jueces y fiscales, las órdenes de captura y juicios amañados, la intimidación y ataques en contra de miembros, comunidades y organizaciones, así como los asesinatos y allanamientos.

 

En octubre de 2012 los comuneros de los 48 cantones de Totonicapán bloquearon cinco puntos de las carreteras que comunican la cabecera del departamento, en defensa de sus demandas. La represión militar causó seis muertos y más de treinta heridos graves. El antropólogo Kajkoj Maximo Ba Tiul sostiene que en Guatemala se desarrolla una nueva forma de contrainsurgencia impulsada por Estados Unidos y la alianza histórica oligárquico-burguesa-militar para la destrucción de los bienes de la naturaleza en territorios indígenas (Cetri, 11 de diciembre de 2012).

 

Para el modelo de desarrollo extractivo, señala Maximo, la nueva insurgencia son los pueblos que se oponen a la destrucción de sus territorios. Por eso se trata a pueblos enteros como terroristas, aplicando métodos muy similares a los del régimen de Efraín Ríos Montt (1982-1983) durante el genocidio que arrasó 400 aldeas, o sea la política de tierra arrasada.

 

En un trabajo sobre "la política k'iche'", Gladys Tzul sostiene que las comunidades indígenas son sistemas de gobierno, que administran y reproducen la vida cotidiana, que se organizan para la gestión colectiva del territorio comunal. Por lo tanto, su política no se organiza de la misma manera que la política liberal, recuperando en este sentido la mirada de Raquel Gutiérrez sobre la política comunitaria en Bolivia: es deliberativa y no representativa, está anclada en formas de producción familiares y en la propiedad colectiva de la tierra.

 

No son, pues, movimientos sociales o movimientos indígenas, sino sociedades otras, diferentes a la sociedad hegemónica. Y son, también, sociedades en movimiento. Luego de la masacre de octubre de 2012, mujeres y hombres jóvenes de Totonicapán, entre ellos Gladys y su hermana Jovita, analizaron en colectivo la reforma constitucional que promueve el gobierno de Otto Pérez Molina (kaibil durante la guerra), concluyendo que bajo el manto de la nación guatemalteca se busca el despojo de las tierras comunales y la desaparición de los pueblos indígenas, relegados a reliquias culturales.

 

Los comuneros de Totonicapán realizaron, como apunta Gladys, un potente trabajo analítico-práctico de investigación, lo socializaron y lo difundieron en las asambleas comunitarias. Luego empezaron a negociar con la empresa el uso de sus tierras, una negociación de propietarios comunales que se presentan a negociar en colectivo, algo que las multinacionales no están dispuestas a tolerar. Ese es, en este caso concreto, el escenario de fondo de la violencia y las amenazas.

 

La historia de los oprimidos, escribió Walter Benjamin en Tesis sobre la historia, nos enseña que el estado de excepción es la regla. Giorgio Agamben en Homo Sacer agrega algo más perturbador aún: El campo de concentración y no la ciudad es hoy el paradigma biopolítico de Occidente. Añade que desde los campos de concentración no hay retorno posible a la política clásica y que es desde estos terrenos inciertos donde debemos pensar las formas de una nueva política.

 

Los pueblos mayas, a un lado y otro de la frontera, están empujando los límites del campo, tentando la solidez de las alambradas y de las casamatas. Esa es su historia larga, de cinco siglos; y, en particular, la de los últimos cuarenta, cincuenta años. El desafío es doble y nos incluye, porque las murallas del campo sólo pueden ser derribadas presionando desde los dos lados, de adentro y de afuera.

Publicado enInternacional
La explotación petrolera amenaza al segundo pulmón de América

El Gobierno panameño sacará petróleo en el Tapón de Darién, fronterizo con Colombia. Los críticos alertan del riesgo medioambiental.

El Tapón de Darién, una muralla natural de casi 21.000 kilómetros cuadrados de tupida vegetación, jungla, pantanos, montañas y múltiples accidentes geográficos que comparten Colombia y Panamá y que impide que el sur y el norte de América se unan por la Carretera Interamericana, está ahora en la mira de empresas petroleras tras convertirse en base de narcotraficantes, 500 años después de ser descubierto y recorrido por el conquistador español Vasco Núñez de Balboa.

 

En la culminación de una secuencia de hechos que se remonta a 2010, la Asamblea Nacional de Panamá reformó el 27 de agosto una ley de 1987 para otorgar incentivos fiscales al sector privado para explorar y explotar petróleo en todo el territorio. En mayo de 2010, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, afirmó que "en Panamá hay petróleo en el área de Darién. Estamos haciendo los estudios y hemos confirmado que las mismas vetas de Colombia llegan a Panamá".

 

El 23 de agosto de 2011, la Secretaría de Energía de Panamá reveló que de acuerdo con un estudio contratado en 2010 a la compañía estadounidense OTS Latin America LLC, valorado en 400.000 dólares y financiado por la multinacional paraestatal Corporación Andina de Fomento (CAF), en Darién hay reservas por 900 millones de barriles de petróleo. El Estado panameño recibiría más de 20.000 de dólares millones en ganancias por los 90.000 millones que generaría la inversión de las petroleras, según los cálculos del informe. Petroleras de Estados Unidos, Colombia, Brasil, México y Europa han mostrado interés en participar en las posibles licitaciones.

 

 

El diputado Raúl Hernández, del gobernante Partido Cambio Democrático, ha afirmado que la nueva ley "prepara mejores condiciones" para que Panamá fomente y regule la exploración y explotación de yacimientos de petróleo. La meta, según el legislador, es que las empresas contratistas "paguen canon de arrendamientos en tierra firma como en aguas interiores y en el mar un cano superficial".

 

Los efectos ambientales son la cara B de la cuestión. "El riesgo de someter al Darién a la exploración y explotación de petróleo es muy grave", advirtió la ambientalista panameña Raisa Banfield, directora ejecutiva de la Fundación Panamá Sostenible, organización no estatal de ese país. "Los bosques del Darién representan un pulmón importante: son el segundo pulmón más importantes del continente después del Amazonas y junto con el de la Biosfera Maya, en El Petén en Guatemala", explicó Banfield a este diario.

 

"Justo en las costas donde se pretende explorar también hay una riqueza de biodiversidad enorme. De ahí depende la pesca en el Pacífico panameño. Es decir, los valores ecológicos en riesgo son muchísimos, sin mencionar a todo el desplazamiento a que serían sometidas las comunidades mayoritariamente humildes, campesinas e indígenas, por la exploración petrolera", añadió.

 

Un alegato es que Panamá debe reducir su dependencia de petróleo importado, recordó. El monto de la factura de petróleo de Panamá pasó de 447 millones en 2000 a 2.250 millones en 2012, según cifras oficiales.

 

 

Es contradictorio, insistió, que el gobierno impulse la producción y consumo de etanol para mejorar la calidad ambiental, pero con el plan del petrolero "somete al país a la vulnerabilidad de sus ecosistemas. Es mero interés comercial y no obedece a un desarrollo sostenible. Es más el daño que tendremos versus el beneficio". Este diario solicitó, sin éxito, una opinión de la Secretaría sobre los reiterados cuestionamientos ambientales.

 

Sin embargo, la panameña Renza Samudio, siendo directora de Hidrocarburos de la Secretaría, alegó el 13 de septiembre de 2011, citada por el diario La Prensa, de la capital panameña, que la explotación se realizaría "fuera de las zonas naturales protegidas" del Darién e identificó dos cuencas del Tapón en el Pacífico como objetivos del plan petrolero: Garachiné-Sambú y Bayano-Chucunaque-Atrato.

 

El área protegida del Darién es de 5.790 kilómetros cuadrados en el lado panameño. La cuenca de Garachiné-Sambú es de 7.410 kilómetros cuadrados y la de Bayano-Chucunaque-Atrato tiene 7.630 kilómetros cuadrados, según datos oficiales.

 

"Debió de existir una consulta pública, porque se afectarán derechos de terceros", adujo el abogado panameño Harley Mitchell, exdirector legal de la Autoridad del Ambiente de Panamá. "Las exploraciones petrolíferas vienen acompañadas de la necesidad de expropiaciones, de remover recursos naturales en el área superficial de los yacimientos, del uso de agua en proporciones que las poblaciones no están acostumbradas y otros asuntos que afectan la vida de la gente que está cerca de estos yacimientos", dijo Mitchell a EL PAÍS.

 

Colindante con los océanos Atlántico y Pacífico, el Tapón se extiende del norte de los departamentos colombianos del Chocó y Antioquia a la oriental provincia panameña del Darién y a comarcas indígenas y comunidades. La zona fue recorrida por Núñez de Balboa en la expedición que el 25 de septiembre de 1513 le permitió ser el primer europeo en avistar el Mar del Sur, hoy Océano Pacífico, en uno de los principales descubrimientos de la conquista española en el Nuevo Mundo.

 

Una grave amenaza que en los últimos años golpeó a la remota selva es que ha sido santuario de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y punto de acopio y pasadizo de droga transportada por mar y tierra de Colombia en ruta a México y Estados Unidos, vía Centroamérica. La primera plantación de hoja de coca en suelo centroamericano fue hallada en un operativo de soldados colombianos y policías panameños en junio anterior en el Darién, junto a un laboratorio artesanal para producir cocaína.

Publicado enInternacional
Viernes, 06 Septiembre 2013 08:56

Fracking progresista

Fracking progresista

La debacle ética siempre antecede a la material. Aunque no existe una relación mecánica entre ambas, la primera es condición de la segunda. Para las personas de izquierda la experiencia histórica podría servir de referencia e inspiración, pero sobre todo como impulso hacia la coherencia más allá de las conveniencias del momento, que de eso trata la ética.

 

Algo deberíamos haber aprendido de la dramática experiencia del socialismo real. Quienes nos opusimos en la calle a la invasión de Vietnam a menudo guardamos silencio ante la invasión a Checoeslovaquia, por la sencilla razón de que el antimperialismo (estadunidense) nos impedía cuestionar al expansionismo soviético porque lo consideramos (erróneamente) enemigo de aquél. Terrible lógica que tuvo trágicas consecuencias.

 

¿Cuántos de los que denunciaron vivamente los campos de exterminio nazis hicieron lo mismo ante los juicios de Moscú y la represión estalinista? Apenas un puñado, acusados de agentes del enemigo cuando en realidad eran troskistas y anarquistas, o comunistas disidentes, chivos expiatorios de una geopolítica del poder dispuesta a sacrificar la ética en el altar de las conveniencias del momento.

 

La justificación ideológica de las deserciones de la ética son las peores consejeras, porque ensucian las ideas que dicen defender. A tal punto que conceptos nobles como comunismo o dictadura del proletariado dejaron de imantar la energía y la imaginación de los oprimidos y las oprimidas del mundo. Por regla, suelen hacerse concesiones de principios (como se decía antes cuando no nos atrevíamos a pronunciar el vocablo ética) en aras de supuestas ventajas tácticas.

 

Algo similar está sucediendo en relación a iniciativas de los gobiernos progresistas. El domingo 1º de septiembre Página 12 publicó un artículo titulado "Fracking", en el que defiende la fractura hidráulica porque oponerse sería tanto como sintonizar con la oposición derechista. Acusa a los que se oponen a esa técnica de ser ecologistas, a los que define como reaccionarios que antes se opusieron a la megaminería, a los transgénicos y los agroquímicos.

 

El articulista, en un medio que supo ser crítico del poder neoliberal, señala que se trata de un pensamiento regresivo y asegura que "aún no aparecieron argumentos convincentes contra los supuestos efectos contaminantes del fracking". Va más lejos y postula que "no hay razones para pensar que el fracking será más riesgoso que otras actividades extractivas".

 

Luego de despotricar contra los críticos, el articulista detalla la trascendencia de las conveniencias del momento, ya que las reservas no convencionales en el sur argentino serían 67 veces las actuales reservas de gas y 11 veces las de petróleo. La magnitud de esta riqueza parece inconmensurable desde la perspectiva actual y tras la reaparición del déficit energético externo. Ese déficit apareció, por cierto, luego de la desastrosa política privatizadora de Carlos Menem en la década de 1990.

 

Sin embargo, Menem privatizó las empresas estatales, entre ellas YPF que era superavitaria, con argumentos muy similares a los que se esgrimen ahora: miradas de corto plazo asentadas en la riqueza real que se va a obtener. Recordemos que fue el político más popular de la década de 1990, al punto que fue relecto con 49.9 por ciento de los votos en 1995 luego de haber regalado medio país a las multinacionales.

 

Menem se convirtió en cadáver político porque en cierto periodo, hacia fines de la década en la que gobernó, las conveniencias del momento empezaron a jugarle en contra. No fue capaz de asumir las consecuencias de sus decisiones y su prestigio fue enterrado por un ciclo de luchas iniciado en 1997 que tuvo su clímax en el levantamiento popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, que expulsó de la presidencia a su sucesor, Fernando de la Rua.

 

Con el fracking, la megaminería y los monocultivos de soya sucede algo similar. Durante 10 años y gracias a los altos precios de las commodities la economía parece funcionar y hay dinero para pagar políticas sociales que aplacan la pobreza sin realizar cambios estructurales. Pero, ¿pueden los defensores del modelo mirar a la cara a las Madres de Ituzaingó, que vieron morir a sus hijos por los efectos de los plaguicidas, y decirles que son víctimas de un pensamiento regresivo y reaccionario?

 

Las Madres de Ituzaingó, un barrio obrero de la periferia de Córdoba rodeado de campos de soya, recorrieron el suburbio puerta por puerta cuando empezaron a ver morir a sus hijos y descubrieron que los índices de cáncer son 41 veces superiores al promedio nacional. Durante años ningún organismo del Estado acogió sus denuncias. En Ituzaingó hay 300 enfermos de cáncer, nacen niños con malformaciones, 80 por ciento de ellos tienen agroquímicos en la sangre y 33 por ciento de las muertes son por tumores, dijo Sofía Gatica en un reciente encuentro contra la minería en Buenos Aires, finalizado el mismo día que en Página 12 se defendía el fracking.

 

Con los años, Gatica, en nombre de las madres, recibió el Premio Goldman, uno de los galardones más importantes del mundo para luchadores por el medio ambiente. Los soyeros fueron condenados, la justicia reconoció la contaminación y el gobierno tomó cartas en el asunto. Entre tanto, un inmenso dolor atraviesa a las madres del barrio y de muchos otros pueblos de la Argentina soyera. Las Madres de Ituzaingó no son ecologistas ni pertenecen a ningún partido de izquierda ni apoyan a la derecha ni están contra el gobierno. Es otra lógica, la de la dignidad.

 

Entre los progresistas de la región se ha impuesto una lógica perversa: medir las cosas según beneficien a la derecha o al gobierno. Ese fue el argumento de algunos politólogos ante las masivas manifestaciones de junio en Brasil. La única brújula para no perderse es la ética. Hoy sus agujas enfilan contra la megaminería y el extractivismo, sin importarles quiénes estén en el gobierno.

Publicado enInternacional
Martes, 28 Mayo 2013 06:31

La industria y los derechos humanos

La semana pasada miles de dolientes se reunieron en lo que resta del complejo de fábricas denominado Rana Plaza para orar por las mil 127 personas que murieron cuando colapsó, el 24 de abril.

 

El conmovedor recuerdo de las víctimas de esta tragedia atroz ocurrió en medio de una sucesión de acciones y reformas anunciadas por el gobierno de Bangladesh, los dueños de compañías locales y algunas cadenas internacionales de ropa cuyos productos eran manufacturados, en gran medida por mujeres que trabajaban hacinadas en cinco fábricas dentro del edificio Rana Plaza.

 

Las reformas anunciadas, hasta el momento, incluyen el cierre voluntario inmediato de otras fábricas que se consideran inseguras, la eliminación de restricciones a la creación de sindicatos en la mayoría de las industrias, el establecimiento de un nuevo mecanismo que garantice un salario mínimo razonable para los trabajadores de la industria del vestido. Así como la decisión tomada por gran número de compañías claves dentro de la industria internacional de la moda y del vestido, de firmar el 15 de mayo un acuerdo vinculante para mejorar las condiciones de seguridad en las contrucciones y las medidas contra incendios en los lugares de trabajo de sus maquiladores en Bangladesh.

 

Estas reformas son bienvenidas, sin embargo, nos hacen percatarnos demasiado tarde, tanto a nivel local como internacional, que esta catástrofe era completamente prevenible. Las normas de construcción y las reglas de seguridad en los lugares de trabajo y todo el entramado de medidas de protección han sido violados por el sector del vestido en Bangladesh, ello a pesar del conocimiento y del debate público sobre el tema.

 

Ha habido gran número de alertas anticipadas sobre la seguridad de los trabajadores de la industria del vestido en Bangladesh. Se han perdido más de 120 vidas tan sólo en los últimos seis meses, en distintos incendios de fábricas.

 

Todos los seres humanos, sin importar dónde vivan, cuentan con derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que son reconocidos y protegidos por los mecanismos internacionales en materia de derechos humanos, que incluyen, el derecho a la vida y a condiciones que propicien una vida digna.

 

También cuentan con una serie de derechos laborales que incluyen salarios justos, condiciones seguras y saludables, así como los derechos de asociarse para formar sindicatos y para estallar una huelga. Las medidas que se han tomado hasta el momento son alentadoras y pueden marcar un cambio decisivo para los trabajadores en la industria del vestido en Bangladesh. Sin embargo, deben ser observadas como el principio y no como el resultado final.

 

Es de vital importancia que se tomen medidas ágiles para empoderar a los sindicatos y reformar al sector del vestido con mejorías en las fábricas y una supervisión más estricta a prueba de corrupción. Si las medidas fueran sólo cambios cosméticos realizados únicamente para calmar la ira pública, o una estrategia para hacer tiempo hasta que el impacto del desastre se desvanezca y se retome el enfoque de producir de la manera más barata posible, entonces serán inevitables más desastres de esta magnitud.

 


Hacia la fecha límite, la media noche del 15 de mayo, 37 compañías internacionales, la mayoría de origen europeo, que emplean más de mil fábricas dedicadas a la industria del vestido, habían firmado el acuerdo de seguridad en los edificios y contra incendios en Bangladesh. Este es un acuerdo importante y sin precedente en muchos aspectos, que incluyen elementos como una gobernanza sólida y rendición de cuentas que permiten que éste pueda ser puesto en práctica en los países de origen de las compañías internacionales.

 

También provee mecanismos de supervisiones y medidas correctivas reglamentadas para que las fábricas cumplan con normas de construcción, de protección contra incendios y de seguridad eléctrica; se contemplan capacitaciones preventivas contra incendios, la formación de comités de salud y seguridad con representantes sindicales y la emisión de informes públicos.

 

Algunas tiendas claves, especialmente en Estados Unidos, han elegido no firmar el acuerdo, pero se han comprometido a realizar sus propias inspecciones. Los reflectores estarán puestos sobre ellos para verificar que cumplan sus promesas de forma creíble.

 

Estos problemas no solamente están relacionados con Bangladesh. Así lo puso de manifiesto el incidente en una fábrica de zapatos en Camboya en la que el techo colapsó ocasionando la muerte de tres empleados esta semana. Tampoco son exclusivos de la industria del vestido. Hace dos años Naciones Unidas acordó una serie de principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos que brindaba un marco claro de lo que las empresas y gobiernos en todas partes necesitan hacer. Los gobiernos tienen que seguir los pasos apropiados para prevenir, investigar, castigar y remediar las violaciones de los derechos de los trabajadores, mediante políticas efectivas, leyes, reglas y sentencias. Los corporativos, tienen la obligación de realizar las debidas diligencias para prevenir y abordar las violaciones a los derechos humanos. Las víctimas de abusos tienen que tener acceso a soluciones efectivas y los responsables deben ser sancionados. Los procesos de supervisión y control tienen que estar exentos de las prácticas poco saludables derivadas de los vínculos peligrosos con intereses especiales.

 

Lo que ocurrió en Bangladesh ha horrorizado al mundo hasta decir basta. La mejor manera de honrar a las víctimas del Rana Plaza es asegurar que una tragedia como esa jamás vuelva a ocurrir en ninguna industria del planeta.

 

Por Navi Pillay, Alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Publicado enInternacional
Viernes, 08 Marzo 2013 09:18

Guerra minera en los Andes peruanos

Guerra minera en los Andes peruanos

Cuando el remolino de los acontecimientos locales y globales tiende a convertir la cotidianeidad en caos, opacando los caminos, la resistencia de los abajos es el mejor norte para no perdernos en la turbulencia. Esas resistencias permiten comprender tanto las estrategias de las clases dominantes como los notables aprendizajes de los sectores populares, indígenas y campesinos, rurales y urbanos, y el modo como están resolviendo los errores del pasado y como están enrumbando la nave de los procesos emancipatorios.

 

Los guardianes de las lagunas, las rondas campesinas, los frentes de defensa, provinciales y departamentales y los comandos unitarios de lucha son algunas de las expresiones organizativas de estos movimientos. Los paros locales, las consultas comunales, los bloqueos de rutas para impedir la actividad de las trasnacionales mineras, las marchas y enfrentamientos directos con las fuerzas policiales y militares, son las formas de lucha empleadas por las comunidades y pueblos en la defensa de la vida contra los proyectos de muerte de empresas y gobiernos.

 

Los estados de excepción y la militarización de varias provincias se saldaron con 17 muertos entre diciembre de 2011 y septiembre de 2012 según la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). El gobierno de Ollanta Humala aplica el Decreto 1095 emitido por el anterior gobierno de Alan García que autoriza la intervención de las fuerzas armadas en el control del orden interno y califica a los que protestan como "grupo hostil", mientras las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas represivas son juzgadas en tribunales militares.

 

La justicia altera las jurisdicciones de los procesos contra los manifestantes, trasladando los juicios a otras provincias a las que los familiares tienen grandes dificultades para trasladarse. Las grandes mineras como Yanacocha y Antamina realizan convenios con el Estado para emplear efectivos policiales en labores de seguridad privada, mostrando cuál es el papel de los estados en este periodo de acumulación por robo, destrucción y guerra. En el distrito de Kañaris, en la norteña sierra de Lambayeque, en un solo día, el 25 de enero, la policía hirió a 24 campesinos durante un bloqueo de rutas para evitar que la canadiense Candente Copper siga adelante con su proyecto de explotar tres yacimientos de cobre.

 

Las estrategias represivas del arriba se combinan con políticas sociales que en las regiones en conflicto se denominan Mesas de Desarrollo a cargo de Ministerio de Energía y Minas. Hasta ahora se instalaron en los departamentos de Apurímac, Cusco y Lambayeque, donde existen proyectos mineros, "con la finalidad de llevar la presencia del Estado y mejorar la calidad de vida de la población y generar desarrollo y trabajo", según confesó el viceministro de esa cartera, Guillermo Shinno (Agencia Andina, 22 de enero de 2013). Pero el verdadero objetivo de estos programas "sociales", que no son exclusivos de los gobiernos progresistas es, en boca de Shinno, "evitar que estos elementos radicales sigan trabando las inversiones y el desarrollo del país".

 

El último informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú establece que 19 por ciento del territorio nacional fue concesionado a la minería y que "los conflictos sociales vinculados a la minería se han convertido en conflictos políticos de envergadura". El informe concluye que "la estrategia de abordaje de los conflictos desde el Estado no ha variado mucho: la principal hipótesis que se maneja desde el Estado y que intenta explicar los conflictos es la del complot, es decir, que todos los conflictos responderían a las mismas causas y desarrollan idénticas estrategias antimineras" (cooperaccion.org.pe, 17 de diciembre de 2012).

 

Luego de más de un año de resistencia al proyecto aurífero Conga, el centro de la protesta se ha trasladado al distrito de San Juan de Kañaris, en el norteño departamento de Lambayeque, que tiene 96 por ciento de su superficie concesionada a la minería. Kañaris tiene 15 mil habitantes en 38 caseríos, dos tercios de los cuales sólo hablan quechua. El 30 de septiembre la población organizó una "consulta ciudadana" en la que 95 por ciento de la comunidad rechazó los proyectos mineros y el 20 de enero realizaron un paro regional con apoyo del Comando Unitario de Lucha de Lambayeque.

 

Cuatro elementos a tener en cuenta. El primero es que la "consulta" se ha convertido en método de lucha, pero no tiene ninguna relación con el sistema electoral: busca mostrar la cohesión comunitaria contra la minería, no es un mecanismo estatal sino comunitario y popular a través del cual se afianzan posiciones y aliados. El segundo es la aparición de nuevas formas de acción como las que encarnan los "guardianes de las lagunas", estrechamente vincu­lados a las rondas campesinas, quienes acampan por turnos a 4 mil metros de altura, desafían los vientos y el frío, la represión y a las empresas, para proteger las fuentes de agua y vida.

 

El tercero es que estos movimientos territoriales están formando una camada de dirigentes jóvenes, con elevada presencia femenina, fuerte ligazón comunitaria y sólido control de las bases. Por último, como apunta Hugo Blanco, "los grupos locales tienen ventajas porque son más representativos de las luchas reales y son los pasos iniciales para un reagrupamiento por abajo". Lo que el sistema político califica como "fragmentación" y "localismo" incapaces de modificar la "correlación de fuerzas" es un modo de eludir la burocratización y la cooptación propias de las grandes estructuras organizativas, porque los de abajo quieren controlar más y más a sus dirigentes.

 

La coordinación se da en las luchas, durante las que se abren espacios de interconexión para potenciar las acciones, que luego se disuelven para que no sean apropiadas por extraños. Son algunas de las lecciones aprendidas por los-de-abajo-en-movimiento en las dos últimas décadas, para garantizar la cohesión comunitaria, sin la cual no hay ni habrá cambios.

Publicado enInternacional
Jueves, 09 Agosto 2012 06:06

Se necesitan indocumentados

Se necesitan indocumentados
El señor Alan Schreiber, director ejecutivo de la Comisión de Espárragos en Eltopia, estado de Washington, estaba algo desesperado. Corría fines de junio y no había razones para ello: el tiempo favorecía la cantidad y calidad de la cosecha, la demanda seguía alta, los precios también. Pero había que recoger los espárragos y “no pudimos encontrar la gente para hacerlo”, declaró a The Seattle Times (//seattletimes.nwsource.com, 29-6-12). “Creo que estamos todos aterrorizados”, agregó B. J. Thurlby, presidente de la Comisión de Frutas del estado de Washington. Se refirió así a las plantaciones de cerezas: “¿Podremos levantar la cosecha? Es una cuestión de mil millones de dólares”.


Deberían quejarse a Obama, que en los dos primeros años de su gobierno deportó a un 30 por ciento más de inmigrantes indocumentados que su antecesor en el mismo período.


El 73 por ciento de ellos, mexicanos (www.pewhispanic.or, 23-4-12).


California y otros estados padecen el mismo mal: la falta de mano de obra rural, siempre, o casi, integrada por inmigrantes indocumentados, latinoamericanos en general y mexicanos en particular. Georgia aprobó el año pasado una ley que criminaliza al inmigrante sin papeles: la policía puede detener a cualquiera que le parezca sospechoso aunque no haya cometido delito alguno (//actualidad.rt.com, 4-3-11). Muchos se fueron del estado y a su gobernador, el republicano Nathan Deal, no se le ocurrió idea mejor que reemplazarlos con los presos. El plan no fue muy exitoso: no pocos preferían volver a la cárcel por la tarde y “los granjeros perdieron millones de dólares por lo no cosechado que se pudría en el campo” (//thinkprogress.org, 19-4-2012).


Impera en Carolina del Sur una ley que obliga a los empresarios a verificar la situación legal de los extranjeros que emplean, pero hay indocumentados que nada tienen que temer: la ley no se aplica a obreros rurales, amas de llave y nodrizas (//latino.foxnews.com, 19-3-12), en fin, lo que necesitan los amos.


La periodista Tracie McMillan investigó las condiciones del trabajo en el campo para su libro The American Way of Eating (Scribner, Nueva York, 2012) y cosechó duraznos y ajos en completo anonimato. Quería “entender la lógica interna que gobierna el movimiento de cada manzana y cada calabacín... hasta que terminan en los platos de nuestra cena”. Pagó la experiencia con meses de recuperación de la casi inmovilidad de un brazo.


Persiste en EE.UU., como en otros países, la misma queja: “Los inmigrantes se roban nuestros empleos”. La Unión de trabajadores agrícolas lanzó en el 2010 la campaña “Tomen nuestros trabajos” invitando a los ciudadanos estadounidenses a reemplazar a los indocumentados y conocer así las condiciones en que se desempeñan (www.ufw.org, 24-6-10). El actor y escritor Stephen Colbert fue uno de los 16 que aceptaron el reto. A pedido de la diputada demócrata Zoe Lofgren, rindió testimonio sobre lo que había experimentado ante el Subcomité jurídico de inmigración, ciudadanía y seguridad fronteriza de la Cámara de Representantes: “Por favor, que no me hagan hacer esto de nuevo. Es realmente duro, realmente. A estas alturas, cada vez que veo una ensalada me corre un sudor frío” (www.youtube.com, 24-9-10).


Colbert manejó la ironía que en su programa de TV habitualmente asesta a políticos e instituciones: “La solución sería que dejáramos de comer frutas y verduras... Esto es EE.UU., no quiero que un tomate sea cosechado por un mexicano, quiero que lo coseche un estadounidenses, que lo parta un guatemalteco y que lo sirva un venezolano en un spa donde un chileno me dé una brasileña”. Regresó a la seriedad solicitando que se otorguen más visas a los indocumentados.


Pareciera que el presidente Obama lo escuchó. Parcialmente. En pleno año electoral, y bajo una lluvia de críticas de los republicanos, anunció que no se deportará a los indocumentados menores de 30 años que entraron en EE.UU. antes de los 16, no han cometido delitos, estudian o estudiaron o sirvieron dos años en las fuerzas armadas. Deben probar que han vivido sin interrupción en el país durante cinco años (www.dhs.gov, 15-6-12), difícil para quienes ingresaron sin mostrar pasaporte. El Pew Hispanic Center (PHC) estima que la medida beneficiará a 1,4 millón de indocumentados, pero no es permanente, sólo posterga dos años la deportación.


¿Y los demás? Un estudio del PHC señala que en EE.UU. hay cuatro millones de niños “ilegales” que tiene un padre o una madre sin papeles y que nacieron en EE.UU., de manera que son o debieran ser considerados estadounidenses. Cuando deportan a sus padres tiene que elegir entre volver con ellos o quedarse. Julie Quiroz, a los 12 años, eligió lo último y vive separada de su madre mexicana. “Es muy duro abandonar a la familia”, declaró a CNN. Para la familia, también.
Publicado enInternacional
 La zona de consolidación del Catatumbo incrementa violencia paramilitar.
La ley 1450 de 2011 que adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, denominado "Prosperidad para todos" profundizó la institucionalización de las políticas de consolidación y recuperación territorial-PCRT, diseñadas durante la época de la mal llamada Seguridad Democrática. El artículo 195 dispuso que "el direccionamiento estratégico de la Política Nacional de Consolidación Territorial será responsabilidad del Consejo de Seguridad Nacional. El gobierno nacional determinará y revisará periódicamente las zonas de intervención y creará y fortalecerá los mecanismos institucionales de gerencia y coordinación civil del orden nacional y regional para su implementación, aprovechando y fortaleciendo las capacidades del Centro de Coordinación de Atención Integral de la Presidencia de la Republica (CCAI) y sus Centros de Coordinación Regionales (CCR)."
 
En aplicación de tal mandato, se creó, mediante el Decreto 4161 de diciembre de 2011, la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación y Recuperación Territorial, encargada de ejecutar la política y los planes correspondientes del gobierno central y la intervención militar imperialista norteamericana.
 
Por ahora, han sido focalizadas 7 zonas estratégicas de consolidación en la Macarena-Caguan, la Cordillera central, el Nudo de Paramillo, Tumaco, Montes de María, Putumayo y Catatumbo. En estas áreas está en plena ejecución la política establecida al respecto y su cobertura alcanza 54 municipios.
 
El Catatumbo fue oficializado en mes de agosto del año 2011, como una de las 7 zonas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo.
 
La región del Catatumbo comprende el territorio de los municipios localizados a lo largo del río del mismo nombre, que desemboca en el lago de Maracaibo. Allí viven 180 mil personas residenciadas en las localidades de Tibú, Sardinata, El Carmen, Convención, Hacari, Teorama, El Tarra, San Calixto y la Playa. La población, sumida en la miseria, tiene índices de necesidades básicas insatisfechas del 70% y 35% de analfabetismo.
 
La Zona de Consolidación ya tiene una Gerencia regional con enlaces militares y policiales y especialistas temáticos en desarrollo social y comunitario, desarrollo económico, desarrollo institucional y justicia, infraestructura y conectividad y ordenamiento territorial y derechos de propiedad.
 
Las políticas que se ejecutan implican un concepto de consolidación que supone el control institucional, la participación con reconstrucción del tejido social y la integración regional.
 
Sin embargo, como en el resto del país, las acciones gubernamentales no han traído beneficios para los habitantes de dicho territorio, lo que se observa es un resurgir del paramilitarismo y de la violencia de los poderosos dueños de la tierra  y de las multinacionales que se están adueñando de las riquezas mineras existentes en abundancia.
 
La militarización es el resultado neto de los programas de consolidación  y recuperación territorial del Catatumbo. 
 
No obstante que el Catatumbo fue objeto de la más feroz acción paramilitar desde principios de siglo, el cual ejecutó masacres, asesinatos, desapariciones y atropellos de la mano de generales y brigadas militares y policiales, las políticas anunciadas no tienen ninguna eficacia en el logro de la paz y el bienestar de los pobladores. Es importante recordar que entre 1997 y el 2009, hubo en la región 25 grandes masacres con 203 muertos y 72 mil desplazados, protagonizadas por los paramilitares de Mancuso, con la colaboración de varios oficiales del Ejército, entre los cuales está R. Matamoros, un General que apenas si está siendo tímidamente investigado por los órganos judiciales, a causa de su alto cargo en el Ministerio de Defensa como asesor del Comando General de Alejandro Navas. Para no olvidar, también, las más de 60 ejecuciones extradjudiciales que hicieron del Catatumbo el paraíso de los "falsos positivos", cuando Santos era Ministro de Defensa de Uribe Vélez, y se encontraron por allí los cadáveres de personas con enfermedades mentales, llevadas desde Bosa (Bogotá) para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate y poder cobrar así las recompensas otorgadas por el presupuesto central que se alimenta de los dineros del Plan Colombia.
 
La nefasta militarización del Catatumbo incorpora el ingreso de batallones en la Brigada Móvil 15 y la Brigada 23, que han fortalecido el poderoso Batallón Santander. Recientemente el señor Santos, anunció, como lo acaba de hacer en el Cauca para aplastar la revuelta indígena, que va a ingresar 5 nuevos batallones del Ejército y que se construirá una gran base militar (un Fuerte militar,como en tiempos de la colonia hispánica) en Tibu, donde operaran 7000 soldados que se integraran a la Fuerza de Tarea Conjunta-FTC-Vulcano. Hay, pues, una militarización de todos los componentes del control y la recuperación territorial. Todo lo cual ocurre bajo la estricta supervision del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Norteamericanas que a través de sus generales ha realizado visitas desde marzo del 2012 para incrustar en el territorio expertos contra insurgentes desplazados desde Iraq y Afganistán.
 
Un componente central de dicha militarización es el control estricto y dictatorial de la población con empadronamientos fotográficos, listas de datos, censos, redes de informantes y capturas masivas con órdenes judiciales espureas; en meses recientes se han dado más de 70 capturas ilegales por parte de fiscales y jueces manipulados por los poderes militares.
 
Un caso ilustra la agresiva militarización del Catatumbo. En el pequeño municipio del Tarra, donde habitan 1200 personas, hay batallones con 1200 militares que invaden las escuelas, los colegios, los centros de salud y los pasillos de las casas particulares. Cualquier parecido con el Norte del Cauca es pura coincidencia.
 
Todas las obras de ingeniería estan en manos de militares, los cuales adelantan la construcción de un embalse, un sistema integrado de transporte, varias vías, el levantamiento de viaductos, acueductos y el desarrollo de centros históricos. Igual ocurre con algunas obras sociales de fachada como jornadas culturales, jornadas de vacunación y construcción de megacolegios. Infraestructuras materiales y sociales que implican una inversión de 2,3 billones de pesos, que no se ven por ningún lado y que más bien son el foco de corrupción donde se enriquecen altos oficiales que manejan discrecionalmente tan descomunales partidas fiscales. 
 
En esos términos la región esta ante una estrategia de invasión cuyo propósito es cambiar de control paramilitar y una economía de coca, a un control neoparamiltar (con las Bacrim de los Rastrojos y Águilas Negras) y una economía de monocultivo y extracción.
 
En últimas, todo este Plan de Consolidación tiene como fin supremo adueñarse de las riquezas naturales de dicho territorio por parte de las multinacionales, pues se ha establecido que allí existen 350 millones de toneladas de carbón para explotar  a cielo abierto, son 25 mil hectáreas de carbón a cielo abierto. Además existen reservas de oro, materiales de construcción, níquel, cuarzo, esmeraldas, uranio y maderables. 
 
Otra estrategia de explotación es la implementación de monocultivos; ya en la parte baja de Tibú hay 12.000 hectáreas de palma africana, todo lo cual implica romper, con maniobras y sobornos a concejales, la zona de reserva forestal que ocupan el 70% del territorio.
 
En vista de todo este negativo cuadro se ha previsto realizar a finales del mes de agosto del año en curso una Audiencia Pública General con las autoridades municipales, departamentales y nacionales y las comunidades, para determinar alternativas que reorienten la inversión  y el papel de las autoridades civiles correspondientes.
Publicado enColombia
Lunes, 04 Junio 2012 06:25

La fiebre del gas de pizarra

La fiebre del gas de pizarra
Juzgando por la manera en que los políticos y la industria nos hablan del gas de pizarra (o de esquistos –shale gas), éste se vislumbra como una solución a todos los males: falta de crecimiento, desempleo, hasta el cambio climático.


Pero la “fiebre del gas” que contagia al mundo en realidad apunta a distraernos de los problemas reales como la crisis estructural del capitalismo y el calentamiento global que ya (¿casi?) se nos fue de las manos, pretende seguir con el business as usual y más que solucionar, genera una serie de problemas nuevos.


Las experiencias de su extracción mediante la destructiva fractura hidráulica (fracking) en Estados Unidos y la postura de Europa hacia sus reservas (tratadas ya en columnas pasadas: La Jornada, 18/12/11 y 29/12/11) son también de mayor relevancia para México.


Según las estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (AIE) de abril de 2011, México puede poseer unos 681 billones de pies cúbicos de este gas, cuartas reservas mundiales, detrás de China, Estados Unidos y Argentina. Sus depósitos están localizados en la región de Sabinas y Burgos, entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.


Aunque los pronósticos de Pemex son inferiores (entre 250 y 450 bpc), y aunque por ahora hay sólo dos pozos en operación (Reporte de Actividad Exploratoria de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, marzo de 2012) y para la extracción del gas pizarra en una región se necesitan cientos –o sea aún no hay pruebas físicas para respaldar las cifras estratosféricas, ni hablar de la rentabilidad, son estimaciones y cada uno puede hacer los suyos, me dice Antonio Gershenson– los funcionarios gubernamentales ya se contagiaron con la “fiebre”: su explotación que tal vez arrancará en unos dos o tres años, “atraerá inversiones de hasta 10 mil millones de dólares anuales”, “generará durante los próximos 15 años 1.5 millones de empleos”, “garantizará el suministro de gas durante 94 años” e “impulsará el crecimiento hasta en un punto porcentual del PIB” (La Jornada, 25/10/11, 18/11/11 y 16/05/12).


Conozco este discurso. Según los mismos cálculos de la AIE hechas, como en México, a base del análisis geológico, no de perforaciones, Polonia iba a tener unos 187 bpc del gas de pizarra, supuestamente las mayores reservas en Europa. Los políticos animados por Estados Unidos empezaron el cuento: “seremos segunda Noruega”, “reduciremos las emisiones de CO2” (cambiando el carbono por el gas natural), “tendremos combustible para el crecimiento”, “millones de empleos”, “gas por 300 años” y todas las maravillas del mundo, junto con la independencia energética de Rusia.


Pero a finales de marzo el Instituto Polaco de Geología publicó un estudio más detallado, diciendo que las reservas podrían ser entre 12 y 27 bpc, o sea 10 veces menores (sic) y los sueños de ser una potencia se esfumaron junto con los “empleos”. De la nube del gas estuvimos de vuelta otra vez en la tierra (en fin no es poco, pero es sólo otra estimación a verificar).


Mientras tanto Francia y Alemania dijeron que por ahora no tocarán sus reservas. Bulgaria, donde los campesinos y ecologistas temían que el fracking contaminara el suelo y el agua e invocaban la soberanía alimentaria por encima de la energética, anunció un moratorio al gas de pizarra. También Rumania.


Cada país lo hizo según sus intereses energéticos (la UE no tiene una política común hacia el gas de pizarra). Pero también mirando a Estados Unidos, el único país que lo explota a escala industrial. Si bien los precios del gas natural cayeron bastante allá, el costo ambiental es alto, una realidad a menudo negada por las autoridades y el lobby pro-gas (fracking consume y contamina millones litros de agua, envenena los mantos acuíferos y el suelo y puede causar temblores).


¡Pero hay buenas noticias! Gracias al mayor uso del gas natural en generación de energía Estados Unidos lograron reducir sus emisiones de CO2 en este rubro (Financial Times, 23/05/12). Sólo quisiera ver los estudios de cuánto metano –más dañino que CO2– se liberó a la atmósfera de casi medio millón de pozos del gas de pizarra en todo el país. Ni hablar de que es justamente el gas barato que permite la extracción de petróleo de las arenas bituminosas, el hidrocarburo más sucio que hay.


Mike Davis haciendo una revista global en el contexto de la crisis, recordaba que Marx culpaba a la “fiebre del oro” de California por apaciguar el ciclo revolucionario de los 40 del siglo XIX, al ofrecer un extra estímulo monetario al comercio mundial. Según Davis hoy los BRICS, son una nueva California (New Left Review, noviembre-diciembre 2011).


El gas de pizarra se inscribe en esta ecuación. Sólo falta que China con sus reservas más grandes (1.275 bpc) y el resto de los países del grupo, cada uno con cantidades significantes, hagan sus apuestas (aunque con esto de las estimaciones sobre las reservas del gas nunca se sabe y que tan fuerte es China tampoco).


Pero la “fiebre del gas de pizarra” ya cumple un papel “contra-revolucionario”, creando una ilusión de una solución (falsa) a la crisis. (All we need is growth!) Además aprovecha su contexto para convencer a la ciudadanía a aceptar una tecnología sucia y riesgosa, lo que en otro momento resultaría mucho más difícil.


Por Maciek Wisniewski, periodista polaco

Publicado enInternacional
Jueves, 10 Mayo 2012 19:56

Doctrina de la Conquista

Doctrina de la Conquista
Para invadir un continente, apropiarse de sus riquezas, someter y diezmar a sus poblaciones, los conquistadores europeos necesitaban justificarse y para ello se valieron de dos instrumentos: la cruz y la espada. Su dios era el único dios, su rey el único rey, eso les daba derecho a imponer su dominio y a “civilizar” a los salvajes, herejes, seres inferiores sobre los cuales se llegó incluso a discutir si tenían o no alma. Porque si se les reconocía que tenían alma, tenían también libre albedrío. Y eso no era aceptable para sus afanes de saqueo. Para ello obtuvieron una bula papal que les otorgaba estas tierras con la condición de “evangelizar” (extirpar idolatrías). E inventaron el racismo, el criminal concepto de razas “superiores” e “inferiores”, sustento ideológico de ese y posteriores genocidios.

Pero la bula papal no bastaba. La Corona española convoca a sus juristas y redacta los “justos títulos” para justificar su presencia en América. Redacta también el célebre “Requerimiento”, un texto en el que se advertía en cada pueblo que conquistaban: sométanse a nuestro Dios y nuestro rey o serán esclavizados. La gente era arrastrada a la plaza, se les leía el texto, obviamente en español, y después de eso arrasaban.

Continuidad del colonialismo


En 1492, con la invasión al Abya Yala, se inaugura el capitalismo, pues es el período de acumulación de capital, y nace la idea de modernidad, de incorporar estas tierras, a los bárbaros, salvajes, infieles, a la civilización. Los procesos de colonización no terminaron en el siglo XVI. En el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX continuó en otros lugares del mundo. Mientras que en América las independencias lideradas por los criollos solo ocultaban las injusticias, pues aún hoy en el Abya Yala se mantienen las instituciones coloniales. Por eso los pueblos indígenas planteamos construir sociedades interculturales y Estados plurinacionales.

Ya en las dos últimas décadas del siglo pasado, tras la caída del campo socialista, se impone la globalización neoliberal, una nueva colonización que se traduce en nuestros países en privilegios para las actividades extractivas, siempre en nombre del desarrollo. Las multinacionales invaden con apoyo de los Estados los territorios indígenas y criminalizan la protesta ante esta violación sistemática de derechos. Ahora ya no son las carabelas sino las multinacionales.

Las múltiples crisis que azotan hoy el planeta: social, cultural, económica, ambiental, de paradigmas, evidencian los límites de este modelo, incapaz de sostenerse a sí mismo. Es una crisis de la civilización occidental.

Cumbres del Desarrollo


Pero esa idea de desarrollo ya había empezado a ser discutida en la propia Europa en los años setenta. La I Conferencia Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente se realiza en Estocolmo en 1972. Allí se introduce por primera vez en la agenda política global el tema ambiental, que antes era patrimonio exclusivo de los científicos. Como resultado de la Conferencia de Estocolmo se crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA. Pero, al mismo tiempo, se sigue enfatizando el crecimiento económico.

En 1989 se inicia la producción del documento central de Río’92: la Agenda 21, que comprende un diagnóstico de la situación y un programa de acción. El apartado 26 de la sección III reconoce a los pueblos indígenas y se compromete a fortalecer sus capacidades.

En Rio’92 se asocia por primera vez diversidad cultural y diversidad biológica. El Desarrollo sostenible se basa en tres pilares: ambiental, social y económico, De ella surgen dos instrumentos internacionales básicos: el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

En el 2002 se realiza la Cumbre de Johannesburgo, denominada Río+10. Su saldo es negativo, porque en esta conferencia se establece el mercado como principal mecanismo de solución. Se dice que las empresas incorporen en sus proyectos de gestión criterios voluntarios de Responsabilidad Social y ambiental Corporativa. No se establecen compromisos de los países industrializados. Todo esto porque es un período de auge del neoliberalismo, hay mayor presión por los recursos y más deterioro. Esto traba hasta hoy cualquier intento de cambio o solución.

En este contexto de globalización neoliberal, la nueva colonización, las Cumbres son espacios en los que los Estados del mundo se reúnen, pero son los países poderosos y sus multinacionales los que toman las decisiones y definen las políticas: prioridad del crecimiento económico, acuerdos comerciales, extracción de los bienes naturales. La crisis global es respondida acentuando las políticas que las provocaron. Y todo el avance en derechos humanos se estanca y en la práctica es avasallado por este afán de acumulación. En estas condiciones es que se llega a Río+20.

Conferencia Río+20 (junio 2012)


Los temas centrales de Río+20, son la economía verde, definida por la ONU como un sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resulta en mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin exponer a las generaciones futuras a riesgos ambientales. Y la creación de un marco institucional para el desarrollo sustentable, para reformar y reforzar la gobernanza a nivel local, nacional, regional y global, a fin de promover un desarrollo sostenible integral.

El concepto de desarrollo sostenible, nacido en Río’92, ya está en crisis. A nivel mundial, los poderosos insisten en un paradigma de desarrollo que sigue priorizando el crecimiento económico y la expansión de la mercantilización de los bienes, un modelo que está al servicio de las transnacionales. Por ello no solo no se han alcanzado los objetivos propuestos en la Cumbre de 1992, sino que, peor aún, la Madre Tierra continúa siendo herida.

Y la economía verde ya ha sido totalmente revisada en la reciente ronda de negociaciones del Borrador Cero realizada en esta ciudad. Porque es evidente que no ayudará a alcanzar los objetivos de Río+20 si insiste en mantener las ideas capitalistas de liberalización del mercado y el fomento de las relaciones comerciales Norte-Sur y sigue sustentándose en la lógica del crecimiento sostenido para ir solucionando los problemas ambientales y sociales del mundo.

¿Cómo nos encuentra esta discusión? El Abya Yala alberga las mayores zonas de biodiversidad y agua. En él habita también una de las mayores poblaciones indígenas del planeta: 50 millones de personas de más de 400 pueblos indígenas. En particular, en los Andes Centrales y Mesoamérica vive el 90% de los indígenas americanos. Y esta es una de las zonas más vulnerables a los impactos de la crisis climática. El 90% de todos los glaciares tropicales del mundo están en los Andes, lo cual hace indispensable protegerlos, porque solo el 2,5% del total de agua del planeta es agua dulce y el 68% de esa mínima cantidad está en los glaciares. En 25 años los glaciares andinos han retrocedido en 24% y los desastres naturales se han triplicado.

Los pueblos indígenas tenemos una milenaria experiencia en la adaptación a los fenómenos climáticos naturales. Y actualmente sabemos enfrentar las consecuencias de la crisis climática desde nuestros conocimientos tradicionales y las circunstancias que nos impone la modernidad. Cambiamos los pisos ecológicos, las fechas de siembra y cosecha, rotamos los cultivos.

Esta adaptación es posible porque para los pueblos indígenas todos los elementos de la naturaleza son seres vivientes y están asociados entre sí. Es un modo de ver y vivir el mundo opuesto a la racionalidad occidental que todo lo segmenta y concibe al ser humano como centro del universo, al servicio del cual están los “recursos” naturales.

Propuestas indígenas


En el proceso hacia Río+20, se está discutiendo el Borrador Cero del documento que aprobarán los Estados en la Conferencia. Los pueblos indígenas hemos consensuado propuestas y aportes para este documento, entre los que destacan:

Pilar cultural: Reconocimiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible. La diversidad natural y la diversidad cultural están íntimamente ligadas y deben ser igualmente protegidas. Exigimos un enfoque holístico del desarrollo sostenible que guiará a la humanidad para vivir en armonía con la naturaleza. Esto significa reconocer y profundizar la visión holística del Buen Vivir como un modelo que respeta todas las formas de vida.

Estándares de derechos: Reconocimiento de la Declaración ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT como estándares de derechos para la implementación del desarrollo sostenible a todos los niveles. El consentimiento previo, libre e informado es el estándar aplicable en el proceso de desarrollo que afecte a los pueblos indígenas.

Derecho al territorio; Salvaguardar los territorios. Reconocimiento de la gestión tradicional de los pueblos indígenas de las cabeceras de cuencas, bosques, glaciares, zonas de alta biodiversidad. Compromiso de implementar medidas efectivas para la conservación de las fuentes hídricas, glaciares, páramos y cabeceras de cuenca.

Conocimientos tradicionales: Reconocimiento y compromiso de proteger los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y a proteger sus sitios sagrados. Los saberes ancestrales colectivos de los pueblos indígenas deben contar con salvaguardas y patentes especiales. Estos saberes no podrán ser violentados por ningún acuerdo normativo de protección de la propiedad intelectual a favor de empresas privadas.

Educación; Recuperación de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y compromiso de incorporarlos en el sistema educativo, para que formen parte de los currículos en todos los niveles educativos y avanzar en una educación intercultural que acerque a todos los sectores sociales, reivindique las identidades y promueva una relación armoniosa entre todas las culturas.

Derechos de la Madre Tierra: Compromiso de trabajar para que la Asamblea General de las Naciones Unidas debata y adopte una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra. Esto debe ser vinculado a la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática que sancione las violaciones a los Derechos de la Madre Tierra.

Mujeres indígenas: Incorporar la visión de mujeres, de la infancia y de la juventud de forma transversal en todos los programas de desarrollo sostenible y economía verde. Incluir el reconocimiento de la mujer indígena como transmisora de los saberes indígenas a través de la lengua materna. Hacer explícitos los efectos del cambio climático para la mujer (migraciones, más responsabilidades) y acordar medidas para afrontar estos problemas.

Buen Vivir: Albert Einstein decía que no es posible crear nuevas idea aferrándonos a las viejas. Y Leonardo Boff plantea regresar a la raíz del problema, desencantar al mundo de la modernidad y que caiga la confianza ciega en la ciencia y la tecnología. No es un problema técnico sino ético y político. Hay que volver los ojos a la Madre Tierra, verla como algo sagrado, tratarla con respeto. Ese es el aporte fundamental de los pueblos indígenas y sus organizaciones: la profundización del Buen Vivir como alternativa al cambio climático y la crisis de civilización.

- Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI. Ponencia presentada side event Alternativas de los Pueblos Indígenas frente a la Doctrina del Descubrimiento, organizado por la CAOI, COICA y Oxfam, Nueva York, 10 mayo 2012.
Publicado enInternacional
Sin el compromiso de las petroleras, es falso el diálogo social

El nombre de Puerto Gaitán gana resonancia en el país. Ahora se sabe que, además de ser un municipio del departamento del Meta, es una zona donde se extrae petróleo; y que los trabajadores que llevan a cabo tal trabajo sufren la violación de sus derechos laborales; pero además, que quienes habitan el municipio sobrellevan una vida cargada de inmensas penurias.

Esta realidad empezó a divulgarse desde comienzos de julio pasado, cuando los trabajadores de Montajes J.M. –contratista de Cepcolsa–, demandaron respeto a sus derechos. Las denuncias ganaron eco con la protesta de los trabajadores en Campo Rubiales durante los días 18 y 19 del mismo mes. Precisamente allí, cuando se entabló una negociación para levantar la protesta (en la cual medió la USO), se acordó para el 3 de agosto la realización de una Mesa de Diálogo Social en Puerto Gaitán.

Pese al acuerdo, la inconformidad siguió creciendo y el 27 de julio los trabajadores de la estación Corocora, de la empresa Morelco-Schrader Camargo, contratista de Oleoductos de los Llanos (O.D.L.E.), entraron en asamblea permanente. Para cumplir lo establecido entre las partes en litigio, el 3 de agosto a las 9 de la mañana, en la Catedral María Madre, del municipio, se instaló la Mesa, integrada por representantes de varios sectores sociales del casco urbano, por representantes de las comunidades indígenas, con Rodolfo Vecino como presidente de la USO (Unión Sindical Obrera); Tarcisio Mora, presidente de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), el vicepresidente Angelino Garzón con su comitiva, el Alcalde, el Gobernador, representantes de algunas embajadas, y autoridades religiosas, militares y de policía.

24 actas incumplidas


Al instalar la Mesa de Diálogo, el Vicepresidente de la República llamó a un frente común para que la riqueza petrolera beneficie a todas las partes. Angelino Garzón recordó que las empresas tienen todas las garantías, pero que los trabajadores tienen derechos. Por su parte, el gobernador del Meta, Darío Vásquez Sánchez, recordó que en diálogos con las petroleras en Puerto Gaitán se han levantado 24 actas que no trascienden y que la problemática departamental es explosiva. Resaltó, entre los asuntos que afectan al municipio, que allí hay personas que saben cocinar y manejar pero que no son tenidas en cuenta por las empresas petroleras, que traen de otros departamentos a tales operarios, situación que, según el gobernante, no se justifica. Criticó también el funcionario el tipo de contratación laboral de las empresas y reiteró la necesidad de una política justa de empleo.

El incumplimiento de las petroleras sigue siendo evidente, pues no hay presencia oficial en esta cita. Extraoficialmente, estuvieron dentro del público Federico Restrepo, vicepresidente de Pacific Rubiales, y Alejandro Jiménez Ramírez, gerente de Responsabilidad Social de la misma, entre otros. Las empresas enviaron como representante a Alejandro Martínez, quien dijo que aquéllas cumplen con las regalías pero no pueden responder por el uso que los políticos hagan de éstas. Su declaración propició la reacción del Gobernador, quien sentenció que no permitirá que se digan imprecisiones.
Es de resaltar que el representante del gremio petrolero nunca tocó el tema laboral, origen del conflicto que propició la instalación de la Mesa de Trabajo, pero dejó clara su posición antisindical al decir que no aceptan que alguien represente a las comunidades. El personero municipal dijo, con respecto a la intervención del representante gremial, que había quedado desinflado.

Más tensiones


En la cita del 3 de agosto se expresaron los diferentes puntos de vista que se expresaron en la convocatoria, pero además fueron contundentes los reiterados incumplimientos, y la tensión es creciente. Para los dirigentes de la USO, la reunión se inició con la noticia de que ellos a última hora habían sido sacados de la Mesa oficial. La tensión principal había sido evidenciada por el Vicepresidente, cuando al empezar el acto habló de los derechos de unos y otros.

Las intervenciones de los representantes de los trabajadores se hicieron con el beneplácito del Vicepresidente, pese a que los coordinadores de la Mesa no querían escuchar a la USO. Los dirigentes de los trabajadores hicieron énfasis en el problema laboral, y propusieron que el artículo 472 del Código Sustantivo del Trabajo se tenga como referente. Recordaron, además, su papel en este proceso, así como el de la patronal. Y denunciaron la pretensión de algunos sectores de hacerlos responsables por lo sucedido en las protestas.

Diferentes propuestas en espera


Los representantes de la comunidad, que desde días anteriores debatían su problemática en ocho mesas (social, laboral, bienes y servicios, indígenas, vivienda, medio ambiente, derechos humanos y vías), presentaron sus diagnósticos y sus propuestas (ver recuadros).

La cita de los primeros días de agosto concluyó con la propuesta gubernamental de crear un escenario para desarrollar el diálogo, encabezado por Mauricio Santamaría, ministro de la Protección Social, las petroleras, las empresas operadoras y contratistas, los sindicatos petroleros y las centrales sindicales. La propuesta es que Francisco Lloreda lidere lo relacionado con la política de responsabilidad social en Puerto Gaitán, teniendo en cuenta a las comunidades campesinas e indígenas, y que en un plazo de 15 días se haga la primera reunión; que la Alcaldía y la Gobernación hagan lo que les corresponde, y que, junto con el gobierno nacional, se revisen los documentos presentados por las ocho mesas de trabajo.

Lo de siempre


Pese a lo dicho en la Mesa de Trabajo, dos días después de la misma, el 5 de agosto, un grupo de trabajadores de la USO, acompañado por Rhett Doumitt, representante de AFL-CIO, la mayor central de trabajadores de Estados Unidos, tomaron la ruta a Campo Rubiales para entregarles a los trabajadores el informe de los últimos acontecimientos, pero en el kilómetro 100 la empresa obstruyó el paso con una retroexcavadora, apoyándose en su seguridad privada y en el ejército nacional. Vale la pena recordar que el 3 de agosto, cuando una caravana de solidaridad con las mesas de diálogo se desplazaba de Bogotá a Puerto Gaitán, aquélla fue detenida por el ejército durante una hora, sin causa justificada.

Trabajadores y comunidad ganan en consciencia


El nivel de conciencia logrado en este proceso no es sólo de los trabajadores sino igualmente de la población en general, que en diferentes momentos les presta apoyo a los trabajadores y se vincula a las protestas. El jueves 4 de agosto se realizó en Puerto Gaitán una asamblea obrero-popular con asistencia de aproximadamente 1.500 personas, y en ella se evalúo el evento del día anterior, enfatizando en que no se podían esperar resultados inmediatos del mismo, que se debe persistir en el trabajo y que las mesas constituidas tienen que mantener su dinámica. También se habló de la necesidad formativa en el campo de los derechos humanos y en continuar con el propósito de realizar una Caravana Internacional y Humanitaria a Campo Rubiales.

Un primer resultado del esfuerzo organizativo en proceso es la posibilidad de constituir una subdirectiva del sindicato en Puerto Gaitán. Los signos son prometedores: las afiliaciones de los trabajadores continúan y hay un ambiente propicio para el debate de las diferentes mesas que involucran a la comunidad en general. La USO tiene ante sí un inmenso reto.

Estructura de enclave es el problema


Las voces traen y llevan ecos de la cotidianidad de los trabajadores petroleros. Es así como el país empieza a saber que las petroleras operan por encima de la legislación laboral y los derechos humanos. Es el caso de Pacific Rubiales, con su campo de exploración petrolera a seis horas de Puerto Gaitán, cuyas entradas y salidas requieren permiso y requisa estricta, y donde se vive en encierro y vigilancia permanentes por parte de la empresa y el ejército nacional, que tiene allí una base permanente. Estamos, pues, ante unas relaciones laborales militarizadas.

Un trabajador ha dicho que allí se vive en una cárcel con techo, que Campo Rubiales es un lugar que oculta la realidad de la explotación laboral, pero que ésta se puede ver en las calles de Puerto Gaitán, a plena luz del día: una realidad de enclave, con alto costo de vidas, corrupción desaforada, escasa infraestructura vial, juventud sin opciones de educación superior y técnica, desempleo, etcétera.


Propuestas y diagnósticos


Bienes y servicios (comerciantes)

  • Crear una plataforma única de contratación de bienes y servicios.
  • Establecer un porcentaje del pago de los trabajadores en bonos que sólo puedan ser consumidos en Puerto Gaitán.
  • Crear una seccional del Sena y una universidad, con becas, programas y apoyos enfocados al desarrollo del municipio.
  • Crear nuevos escenarios lúdicos, culturales, parques ecoturísticos, y promover la manufactura que demandan las compañías.
  • Crear una empresa legal de transporte, estandarizando las tarifas.
  • Crear una oficina de Responsabilidad Social Empresarial Interdisciplinaria.

Situación de los indígenas

  • Territorios insuficientes y amenazados, inseguridad alimentaria, inexistencia de proyectos de protección ambiental y productiva.
  • Falta de saneamiento básico y energía eléctrica.
  • Carencia de vías y de medios de transporte.
  • Inexistencia de servicios de salud.
  • Bajo nivel educativo: carencia de oportunidades para acceder al bachillerato, y mucho menos a un nivel técnico o profesional.
  • Inexistencia de un programa de etnoeducación.
  • Deterioro ambiental que impide la construcción de viviendas con elementos tradicionales.
  • El manejo de las transferencias del SIN, correspondientes a los resguardos indígenas, por parte de la alcaldía municipal, se realiza mediante procesos cada vez más complejos, lentos y desventajosos para las comunidades.


Principales impactos y problemas (en relación específica con las petroleras)

  • Desconocimiento de la consulta previa.
  • Contaminación de fuentes de agua y territorios próximos a los campos de explotación.
  • Amenaza para los territorios indígenas, tanto por la población foránea que atraen y que encuentra fácil invadir los terrenos de las comunidades, como por la ocupación de áreas de resguardo y territorios tradicionales, debido a las plataformas y campamentos petroleros.
  • Dificultades y conflictos en los resguardos y entre éstos, por manejos inadecuados de las empresas con relación a las autoridades indígenas, los líderes y las comunidades en general para lograr sus objetivos.
  • Inversión de los mal llamados recursos de “responsabilidad social”, con mucha propaganda para las empresas y poco beneficio para las comunidades.
  • Mínima vinculación de mano de obra indígena a los trabajos de las petroleras.


Ambiente. ¿Qué hacer?

  • Remplazar o restaurar a CorMacarena.
  • Crear una oficina de control ambiental en Puerto Gaitán.
  • En las licencias otorgadas a las multinacionales, limitar la deforestación, y prevenir la afectación de morichales y de caños.
  • Instaurar una legislación específica que equipare la protección de los morichales a la de páramos, humedales y ríos.
  • Establecer una veeduría para certificar el estado de las fuentes hídricas del municipio.
  • Instalar un comité de verificación que garantice la inversión del 1 por ciento del valor de cada proyecto petrolero en planes de compensación forestal e hídrica.


Social (educación, salud, deporte y cultura)

  • Dotar al centro de salud de Puerto Gaitán con los requerimientos de infraestructura, equipos técnicos y de personal para prestar los servicios, con actividades de un hospital de segundo nivel.
  • Construir puestos de salud en las áreas rurales aledañas a Puerto Gaitán.
  • Suministrar tres ambulancias medicalizadas que permitan prestarle servicio a toda la población sin discriminación, con sostenibilidad del ciento por ciento por parte de las empresas.
  • Atender y desarrollar políticas integrales que permitan reducir la mortalidad infantil indígena.
  • Ampliar los subsidios para el desarrollo social de la población, en especial aquella que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
  • Cobijar a los educadores del municipio con un estímulo porcentual entre el 15 y el 25 por ciento de su asignación básica mensual, en contraprestación por los altos costos en los servicios de arrendamiento, transportes y alimentación.
  • Ampliar la oferta de programas de capacitación técnica, tecnológica y profesional, que esté articulada con las realidades y las necesidades de la población.

Vías

  • Pavimentación de la vía Puerto Gaitán-Puerto Carreño hasta la frontera con el departamento de Vichada.
  • Pavimentación de la vía Puerto Gaitán-Campo Rubiales.
  • Mejoramiento de las vías terciarías.
  • Construcción de un aeropuerto.

Derechos humanos

  • Resolver los problemas de tierras entre indígenas y colonos.
  • Desarrollo por parte de las autoridades políticas y las empresas petroleras y agroindustriales de proyectos en conjunto para la población desplazada.
  • Implementar un efectivo acompañamiento psicosocial para los jóvenes, junto con una adecuada infraestructura para los hogares de Bienestar Familiar.
  • Eliminar la discriminación contra la mujer, y se le permita trabajar en las empresas agroindustriales y petroleras.
  • Investigar por qué el ejército nacional y los organismos de inteligencia se convirtieron en una fuerza militar privada, al servicio exclusivo de los intereses de las empresas multinacionales, hasta el extremo de darles tratamiento de guerra a los reclamos de los trabajadores, relativos al reconocimiento de sus derechos legales, a la luz de la Constitución y las normas legales, impidiendo el derecho de asociación sindical.


Laboral. Consideraciones y denuncia

  • La modalidad y la forma de contratación son lesivos para los trabajadores de la región. Es frecuente que aquélla se realice con intermediación de empresas temporales de propiedad de las empresas contratistas de las obras, producto de lo cual cada una de éstas, cooperativas o bolsas de empleo, se queda con parte del salario de los trabajadores.
  • Los parámetros, los perfiles y el grado de experiencia exigidos para la mano de obra de Puerto Gaitán son manipulados para obstruir el acceso al empleo.
  • Es mínima la oportunidad de empleo para las mujeres, quienes son acosadas sexualmente por sus superiores. No se garantiza la estabilidad laboral de las embarazadas. A las personas de más de 45 años y aquellas con discapacidad funcional no se les garantiza el derecho al trabajo.
  • No hay una política salarial y prestacional acorde con la industria petrolera, ni para las actividades de servicios y soporte que requiere la misma.
  • El sector agroindustrial no cuenta con salarios y prestaciones dignas que permitan mejorar la calidad de vida a los trabajadores del sector.
  • Es indispensable una remuneración adicional para los trabajadores que, por efectos de sus labores, deban pernoctar en el campo petrolero.
Publicado enEdición 172