Sin el compromiso de las petroleras, es falso el diálogo social

El nombre de Puerto Gaitán gana resonancia en el país. Ahora se sabe que, además de ser un municipio del departamento del Meta, es una zona donde se extrae petróleo; y que los trabajadores que llevan a cabo tal trabajo sufren la violación de sus derechos laborales; pero además, que quienes habitan el municipio sobrellevan una vida cargada de inmensas penurias.

Esta realidad empezó a divulgarse desde comienzos de julio pasado, cuando los trabajadores de Montajes J.M. –contratista de Cepcolsa–, demandaron respeto a sus derechos. Las denuncias ganaron eco con la protesta de los trabajadores en Campo Rubiales durante los días 18 y 19 del mismo mes. Precisamente allí, cuando se entabló una negociación para levantar la protesta (en la cual medió la USO), se acordó para el 3 de agosto la realización de una Mesa de Diálogo Social en Puerto Gaitán.

Pese al acuerdo, la inconformidad siguió creciendo y el 27 de julio los trabajadores de la estación Corocora, de la empresa Morelco-Schrader Camargo, contratista de Oleoductos de los Llanos (O.D.L.E.), entraron en asamblea permanente. Para cumplir lo establecido entre las partes en litigio, el 3 de agosto a las 9 de la mañana, en la Catedral María Madre, del municipio, se instaló la Mesa, integrada por representantes de varios sectores sociales del casco urbano, por representantes de las comunidades indígenas, con Rodolfo Vecino como presidente de la USO (Unión Sindical Obrera); Tarcisio Mora, presidente de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), el vicepresidente Angelino Garzón con su comitiva, el Alcalde, el Gobernador, representantes de algunas embajadas, y autoridades religiosas, militares y de policía.

24 actas incumplidas


Al instalar la Mesa de Diálogo, el Vicepresidente de la República llamó a un frente común para que la riqueza petrolera beneficie a todas las partes. Angelino Garzón recordó que las empresas tienen todas las garantías, pero que los trabajadores tienen derechos. Por su parte, el gobernador del Meta, Darío Vásquez Sánchez, recordó que en diálogos con las petroleras en Puerto Gaitán se han levantado 24 actas que no trascienden y que la problemática departamental es explosiva. Resaltó, entre los asuntos que afectan al municipio, que allí hay personas que saben cocinar y manejar pero que no son tenidas en cuenta por las empresas petroleras, que traen de otros departamentos a tales operarios, situación que, según el gobernante, no se justifica. Criticó también el funcionario el tipo de contratación laboral de las empresas y reiteró la necesidad de una política justa de empleo.

El incumplimiento de las petroleras sigue siendo evidente, pues no hay presencia oficial en esta cita. Extraoficialmente, estuvieron dentro del público Federico Restrepo, vicepresidente de Pacific Rubiales, y Alejandro Jiménez Ramírez, gerente de Responsabilidad Social de la misma, entre otros. Las empresas enviaron como representante a Alejandro Martínez, quien dijo que aquéllas cumplen con las regalías pero no pueden responder por el uso que los políticos hagan de éstas. Su declaración propició la reacción del Gobernador, quien sentenció que no permitirá que se digan imprecisiones.
Es de resaltar que el representante del gremio petrolero nunca tocó el tema laboral, origen del conflicto que propició la instalación de la Mesa de Trabajo, pero dejó clara su posición antisindical al decir que no aceptan que alguien represente a las comunidades. El personero municipal dijo, con respecto a la intervención del representante gremial, que había quedado desinflado.

Más tensiones


En la cita del 3 de agosto se expresaron los diferentes puntos de vista que se expresaron en la convocatoria, pero además fueron contundentes los reiterados incumplimientos, y la tensión es creciente. Para los dirigentes de la USO, la reunión se inició con la noticia de que ellos a última hora habían sido sacados de la Mesa oficial. La tensión principal había sido evidenciada por el Vicepresidente, cuando al empezar el acto habló de los derechos de unos y otros.

Las intervenciones de los representantes de los trabajadores se hicieron con el beneplácito del Vicepresidente, pese a que los coordinadores de la Mesa no querían escuchar a la USO. Los dirigentes de los trabajadores hicieron énfasis en el problema laboral, y propusieron que el artículo 472 del Código Sustantivo del Trabajo se tenga como referente. Recordaron, además, su papel en este proceso, así como el de la patronal. Y denunciaron la pretensión de algunos sectores de hacerlos responsables por lo sucedido en las protestas.

Diferentes propuestas en espera


Los representantes de la comunidad, que desde días anteriores debatían su problemática en ocho mesas (social, laboral, bienes y servicios, indígenas, vivienda, medio ambiente, derechos humanos y vías), presentaron sus diagnósticos y sus propuestas (ver recuadros).

La cita de los primeros días de agosto concluyó con la propuesta gubernamental de crear un escenario para desarrollar el diálogo, encabezado por Mauricio Santamaría, ministro de la Protección Social, las petroleras, las empresas operadoras y contratistas, los sindicatos petroleros y las centrales sindicales. La propuesta es que Francisco Lloreda lidere lo relacionado con la política de responsabilidad social en Puerto Gaitán, teniendo en cuenta a las comunidades campesinas e indígenas, y que en un plazo de 15 días se haga la primera reunión; que la Alcaldía y la Gobernación hagan lo que les corresponde, y que, junto con el gobierno nacional, se revisen los documentos presentados por las ocho mesas de trabajo.

Lo de siempre


Pese a lo dicho en la Mesa de Trabajo, dos días después de la misma, el 5 de agosto, un grupo de trabajadores de la USO, acompañado por Rhett Doumitt, representante de AFL-CIO, la mayor central de trabajadores de Estados Unidos, tomaron la ruta a Campo Rubiales para entregarles a los trabajadores el informe de los últimos acontecimientos, pero en el kilómetro 100 la empresa obstruyó el paso con una retroexcavadora, apoyándose en su seguridad privada y en el ejército nacional. Vale la pena recordar que el 3 de agosto, cuando una caravana de solidaridad con las mesas de diálogo se desplazaba de Bogotá a Puerto Gaitán, aquélla fue detenida por el ejército durante una hora, sin causa justificada.

Trabajadores y comunidad ganan en consciencia


El nivel de conciencia logrado en este proceso no es sólo de los trabajadores sino igualmente de la población en general, que en diferentes momentos les presta apoyo a los trabajadores y se vincula a las protestas. El jueves 4 de agosto se realizó en Puerto Gaitán una asamblea obrero-popular con asistencia de aproximadamente 1.500 personas, y en ella se evalúo el evento del día anterior, enfatizando en que no se podían esperar resultados inmediatos del mismo, que se debe persistir en el trabajo y que las mesas constituidas tienen que mantener su dinámica. También se habló de la necesidad formativa en el campo de los derechos humanos y en continuar con el propósito de realizar una Caravana Internacional y Humanitaria a Campo Rubiales.

Un primer resultado del esfuerzo organizativo en proceso es la posibilidad de constituir una subdirectiva del sindicato en Puerto Gaitán. Los signos son prometedores: las afiliaciones de los trabajadores continúan y hay un ambiente propicio para el debate de las diferentes mesas que involucran a la comunidad en general. La USO tiene ante sí un inmenso reto.

Estructura de enclave es el problema


Las voces traen y llevan ecos de la cotidianidad de los trabajadores petroleros. Es así como el país empieza a saber que las petroleras operan por encima de la legislación laboral y los derechos humanos. Es el caso de Pacific Rubiales, con su campo de exploración petrolera a seis horas de Puerto Gaitán, cuyas entradas y salidas requieren permiso y requisa estricta, y donde se vive en encierro y vigilancia permanentes por parte de la empresa y el ejército nacional, que tiene allí una base permanente. Estamos, pues, ante unas relaciones laborales militarizadas.

Un trabajador ha dicho que allí se vive en una cárcel con techo, que Campo Rubiales es un lugar que oculta la realidad de la explotación laboral, pero que ésta se puede ver en las calles de Puerto Gaitán, a plena luz del día: una realidad de enclave, con alto costo de vidas, corrupción desaforada, escasa infraestructura vial, juventud sin opciones de educación superior y técnica, desempleo, etcétera.


Propuestas y diagnósticos


Bienes y servicios (comerciantes)

  • Crear una plataforma única de contratación de bienes y servicios.
  • Establecer un porcentaje del pago de los trabajadores en bonos que sólo puedan ser consumidos en Puerto Gaitán.
  • Crear una seccional del Sena y una universidad, con becas, programas y apoyos enfocados al desarrollo del municipio.
  • Crear nuevos escenarios lúdicos, culturales, parques ecoturísticos, y promover la manufactura que demandan las compañías.
  • Crear una empresa legal de transporte, estandarizando las tarifas.
  • Crear una oficina de Responsabilidad Social Empresarial Interdisciplinaria.

Situación de los indígenas

  • Territorios insuficientes y amenazados, inseguridad alimentaria, inexistencia de proyectos de protección ambiental y productiva.
  • Falta de saneamiento básico y energía eléctrica.
  • Carencia de vías y de medios de transporte.
  • Inexistencia de servicios de salud.
  • Bajo nivel educativo: carencia de oportunidades para acceder al bachillerato, y mucho menos a un nivel técnico o profesional.
  • Inexistencia de un programa de etnoeducación.
  • Deterioro ambiental que impide la construcción de viviendas con elementos tradicionales.
  • El manejo de las transferencias del SIN, correspondientes a los resguardos indígenas, por parte de la alcaldía municipal, se realiza mediante procesos cada vez más complejos, lentos y desventajosos para las comunidades.


Principales impactos y problemas (en relación específica con las petroleras)

  • Desconocimiento de la consulta previa.
  • Contaminación de fuentes de agua y territorios próximos a los campos de explotación.
  • Amenaza para los territorios indígenas, tanto por la población foránea que atraen y que encuentra fácil invadir los terrenos de las comunidades, como por la ocupación de áreas de resguardo y territorios tradicionales, debido a las plataformas y campamentos petroleros.
  • Dificultades y conflictos en los resguardos y entre éstos, por manejos inadecuados de las empresas con relación a las autoridades indígenas, los líderes y las comunidades en general para lograr sus objetivos.
  • Inversión de los mal llamados recursos de “responsabilidad social”, con mucha propaganda para las empresas y poco beneficio para las comunidades.
  • Mínima vinculación de mano de obra indígena a los trabajos de las petroleras.


Ambiente. ¿Qué hacer?

  • Remplazar o restaurar a CorMacarena.
  • Crear una oficina de control ambiental en Puerto Gaitán.
  • En las licencias otorgadas a las multinacionales, limitar la deforestación, y prevenir la afectación de morichales y de caños.
  • Instaurar una legislación específica que equipare la protección de los morichales a la de páramos, humedales y ríos.
  • Establecer una veeduría para certificar el estado de las fuentes hídricas del municipio.
  • Instalar un comité de verificación que garantice la inversión del 1 por ciento del valor de cada proyecto petrolero en planes de compensación forestal e hídrica.


Social (educación, salud, deporte y cultura)

  • Dotar al centro de salud de Puerto Gaitán con los requerimientos de infraestructura, equipos técnicos y de personal para prestar los servicios, con actividades de un hospital de segundo nivel.
  • Construir puestos de salud en las áreas rurales aledañas a Puerto Gaitán.
  • Suministrar tres ambulancias medicalizadas que permitan prestarle servicio a toda la población sin discriminación, con sostenibilidad del ciento por ciento por parte de las empresas.
  • Atender y desarrollar políticas integrales que permitan reducir la mortalidad infantil indígena.
  • Ampliar los subsidios para el desarrollo social de la población, en especial aquella que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
  • Cobijar a los educadores del municipio con un estímulo porcentual entre el 15 y el 25 por ciento de su asignación básica mensual, en contraprestación por los altos costos en los servicios de arrendamiento, transportes y alimentación.
  • Ampliar la oferta de programas de capacitación técnica, tecnológica y profesional, que esté articulada con las realidades y las necesidades de la población.

Vías

  • Pavimentación de la vía Puerto Gaitán-Puerto Carreño hasta la frontera con el departamento de Vichada.
  • Pavimentación de la vía Puerto Gaitán-Campo Rubiales.
  • Mejoramiento de las vías terciarías.
  • Construcción de un aeropuerto.

Derechos humanos

  • Resolver los problemas de tierras entre indígenas y colonos.
  • Desarrollo por parte de las autoridades políticas y las empresas petroleras y agroindustriales de proyectos en conjunto para la población desplazada.
  • Implementar un efectivo acompañamiento psicosocial para los jóvenes, junto con una adecuada infraestructura para los hogares de Bienestar Familiar.
  • Eliminar la discriminación contra la mujer, y se le permita trabajar en las empresas agroindustriales y petroleras.
  • Investigar por qué el ejército nacional y los organismos de inteligencia se convirtieron en una fuerza militar privada, al servicio exclusivo de los intereses de las empresas multinacionales, hasta el extremo de darles tratamiento de guerra a los reclamos de los trabajadores, relativos al reconocimiento de sus derechos legales, a la luz de la Constitución y las normas legales, impidiendo el derecho de asociación sindical.


Laboral. Consideraciones y denuncia

  • La modalidad y la forma de contratación son lesivos para los trabajadores de la región. Es frecuente que aquélla se realice con intermediación de empresas temporales de propiedad de las empresas contratistas de las obras, producto de lo cual cada una de éstas, cooperativas o bolsas de empleo, se queda con parte del salario de los trabajadores.
  • Los parámetros, los perfiles y el grado de experiencia exigidos para la mano de obra de Puerto Gaitán son manipulados para obstruir el acceso al empleo.
  • Es mínima la oportunidad de empleo para las mujeres, quienes son acosadas sexualmente por sus superiores. No se garantiza la estabilidad laboral de las embarazadas. A las personas de más de 45 años y aquellas con discapacidad funcional no se les garantiza el derecho al trabajo.
  • No hay una política salarial y prestacional acorde con la industria petrolera, ni para las actividades de servicios y soporte que requiere la misma.
  • El sector agroindustrial no cuenta con salarios y prestaciones dignas que permitan mejorar la calidad de vida a los trabajadores del sector.
  • Es indispensable una remuneración adicional para los trabajadores que, por efectos de sus labores, deban pernoctar en el campo petrolero.
Publicado enEdición 172
China está siendo sacudida por una espiral de protestas sociales, todas ellas distintas en su origen pero iguales en la base: el hartazgo de una población indignada por la explotación laboral, la marginación social o la corrupción oficial. Después de que la provincia de Mongolia Interior sufriera hace 15 días los peores disturbios interétnicos que vive el país desde las batallas callejeras de Xinjiang en 2009, ahora la chispa ha prendido en la sureña provincia de Guangdong, motor de la llamada "fábrica del mundo".

Miles de trabajadores inmigrantes llevan tres días seguidos protestando violentamente en las calles de la región de Zengcheng como respuesta al maltrato que sufrió una joven de 20 años embarazada, procedente de la provincia de Sichuan, a manos de varios guardias de seguridad. En la noche del viernes, la chica estableció su puesto de venta ambulante frente a un supermercado. Al no marcharse del lugar tras ser advertida, los guardas, contratados por el gobierno local, salieron a su caza y le dieron una paliza sin importarles su estado, según narraron testigos en varias webs chinas.

Casi al instante, miles de personas, sichuaneses en su mayoría, se lanzaron a la calle: tumbaron decenas coches de Policía, se enfrentaron a centenares de agentes y prendieron fuego a edificios gubernamentales, camiones y mobiliario urbano. Desde el sábado, algunos barrios de la ciudad viven sumidos en la anarquía, mientras decenas de tanquetas del Ejército y miles de agentes antidisturbios tratan de frenar el estallido de cólera popular. "La gente corre como si estuviera loca. Han atacado la oficina del Gobierno y le han prendido fuego", afirmó una mujer en la ciudad de Dadun.

La paliza a la joven fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los trabajadores inmigrantes en el sur de China, que se sienten laboralmente explotados y sistemáticamente humillados por los habitantes locales. Una sensación que se ha agravado este año debido a la fuerte inflación que sufre el país, que combinada con el descenso de la demanda por parte de Occidente ha puesto a miles de fábricas y millones de trabajadores al borde de la ruina.

Los esclavos se levantan

"Ya han tenido bastante de opresión, de ser esclavos, y quieren levantarse", indicaba un internauta en el portal Sina.com, tras ver alguno de los vídeos grabados con teléfono móvil que circulan por la red.

Los comentarios en internet a favor de la revuelta se multiplican mientras el Gobierno trata de poner paz. Incluso llevó al marido de la víctima al Ayuntamiento de Cantón, la capital provincial, para decir ante la prensa que tanto su esposa como el feto están sanos y salvos. Ni la prensa ni la televisión nacional se han hecho eco de los disturbios; sólo una nota de la agencia estatal Xinhua indicaba hoy que ha habido al menos 25 detenidos.

Esta protesta antigubernamental ha tomado el relevo de otra en la provincia de Hubei, en el centro del país. Allí, miles de personas atacaron la semana pasada la sede del Gobierno de Lichuan como protesta por la misteriosa muerte de Ran Jianxin, exdirector de un distrito de la ciudad. Ran fue arrestado el 26 de mayo, acusado de haber aceptado sobornos en varios casos de expropiaciones de terrenos y demoliciones forzosas. Murió diez días después. Según la familia, su cuerpo mostraba signos de haber sido gravemente torturado.

Los manifestantes expresaron toda su rabia contra el Gobierno y se enfrentaron a la Policía, ya que, según explicaron varios de ellos al diario Southern Metropolis News, Ran había luchado por los derechos de varias familias en al menos cinco distritos, siendo el único funcionario local dispuesto a defender a las víctimas de las expropiaciones forzosas y a denunciar la campaña oficial de confiscación de terrenos con fines especulativos.

Despliegues policiales ante las rebeliones

Cientos de policías antidisturbio han sido desplegados en los últimos días en diversas regiones de China para hacer frente a las rebeliones populares que han estallado a causa de la explotación de los trabajadores y la corrupción de las autoridades. Arriba, las fuerzas de seguridad tomaron hoy el centro de Zengcheng para hacer frente a la revuelta de trabajadores inmigrantes por la paliza que recibió una joven vendedora ambulante. A la izquierda, dos instantáneas de los disturbios de la semana pasada en la provincia de Hubei.

Por DAVID BRUNAT Corresponsal en Pekín 13/06/2011 20:30 Actualizado: 13/06/2011 20:54

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Martes, 15 Marzo 2011 07:19

Consorcios vs. pueblos

Cuando está uno en el Ártico, por lo menos hay que tratar bien al anfitrión. El gigantesco consorcio petrolero anglo-holandés Royal Dutch Shell recibió una dura lección al respecto cuando planeaba instalar dos pozos de perforación en el mar de Beaufort, en Alaska, hace un par de años. Había gastado 84 mdd en arrendamientos en la costa y satisfecho a las autoridades. Pero no había logrado granjearse a los inupiat, un grupo inuit (esquimal) al que le preocupaba que los rompehielos y los barcos perforadores lastimaran a las ballenas de Groenlandia, de las que ellos dependen. Sus líderes y grupos ambientalistas demandaron a las autoridades reguladoras estadunidenses por no acatar una ley de 1970 referente a impactos ambientales. Eso les permitió arrancar varias concesiones a Shell, entre ellas un compromiso de detener toda operación frente a la costa durante la temporada de migración y caza de los cetáceos en caso de que comiencen las perforaciones.

Mucho se ha dicho de los conflictos entre los estados del Ártico a causa del repliegue del casquete polar, que ha vuelto accesibles por primera vez muchos recursos naturales. Pero hasta ahora las disputas habían sido de un tipo diferente. La experiencia de Shell en Alaska se repite alrededor del Polo Norte. Y esos conflictos se volverán más comunes. Grupos indígenas consideran gran parte de la costa ártica como su territorio natural (ver mapa) y están dispuestos a defender sus derechos. A finales de febrero, representantes de los inuit se reunieron en Ottawa para definir una postura común en cuanto al desarrollo de recursos en el Alto Norte.

De hecho, los países que rodean el Ártico no tienen mucho por lo cual discutir. Los recursos en tierra yacen dentro de fronteras claramente delineadas, y los submarinos –estimados en 83 mil millones de barriles de petróleo, más de las reservas probadas actuales de Rusia– están en su mayoría en aguas poco profundas bajo jurisdicción de los estados costeros. "No hay competencia por los recursos del Ártico, ni apetito para el conflicto", señala Michael Byers, autor del libro Who owns the Arctic? (¿Quién es dueño del Ártico?). En vez de ponerse a pelear, dice, el año pasado Noruega y Rusia concluyeron el año pasado una disputa de décadas.

En contraste, el potencial de conflicto con pueblos originarios es muy alto. Los inuit en particular viven en zonas abundantes en recursos naturales, y si bien son una pequeña minoría –se estima que hay 160 mil esparcidos en el Ártico–, han logrado cierto grado de poder. Groenlandia, territorio de Dinamarca con preponderancia de población inuit, asumió autonomía en 2009, la cual le dio el control de sus recursos. Nunavut, vasto territorio del norte de Canadá, fue creado una década antes mediante un acuerdo con los inuit.

Más aún, los inuit están decididos a no dejarse hacer a un lado. Han ampliado su poder uniéndose en el Consejo Circumpolar Inuit (CCI), organismo creado en 1977. Han empleado su pertenencia a diversos órganos de Naciones Unidas para comparar notas con grupos indígenas de todo el mundo. Han hecho equipo con otros pobladores del Ártico, como los sami de Escandinavia y los dene del noroeste de Canadá, y han buscado asesoría legal experta para formular su postura común, la cual darán a conocer en mayo.

Los inuit no se oponen al desarrollo, pero quieren asegurarse de que ocurra en sus términos. Esto significa proteger el ambiente, pero también recibir la parte que les corresponde. "Durante siglos las tierras y aguas del Ártico han sido explotadas por todo mundo, excepto los inuit. Ahora es nuestro turno", expresó Kuupik Kleist, primer ministro de Groenlandia, en una reunión en Ottawa. El territorio cuenta con el petróleo y el gas que tiene frente a sus costas para acelerar su camino hacia la independencia. El año pasado permitió que continuara la exploración mientras otros se detenían luego del desastroso derrame de petróleo en el Golfo de México.

Otros delegados hablaron con desdén de compañías que hace algún tiempo indujeron a los inuit a firmar pactos leoninos. En un caso una empresa proveyó a comunidades pobres de Rusia con una caja de vodka y un poco de comida. En otro, una firma de Canadá trató de comprar acceso a un depósito de níquel en Quebec ofreciendo dinero en efectivo y dos removedores de hielo para la pista de patinaje local.

Sin embargo, fueron los relatos de éxito inuit los que más atrajeron a los delegados. Un ejemplo es la mina Red Dog, en el norte de Alaska. Creada como coinversión entre el operador, Teck Alaska, y los inupiat de la localidad, ha metido mucho dinero a las arcas de la etnia: 146 mdd tan sólo en 2010. Puede ser que tales acuerdos parezcan muy onerosos para el apetito de muchas compañías explotadoras de recursos naturales que tienen sueños árticos. Sin embargo, la creciente interconexión entre los inuit hace improbable que acepten menos en un país cuando saben lo que sus hermanos en otros lugares han recibido.

Los inuit saben que no siempre obtendrán lo que quieren, por ejemplo en Rusia, donde los derechos de los yupik, otro grupo inuit, están consagrados en la constitución, pero son erosionados por el gobierno. Por otra parte, los sucesos en Medio Oriente sólo elevarán la ambición por su petróleo y su gas. "Nos guste o no, el desarrollo va a ocurrir", señala Edward Itta, el líder inuit que arrancó las concesiones a Shell.

Fuente: EIU
Traducción de texto: Jorge Anaya

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Desde Cochabamba

Los encuentros sociales para proponer alternativas al fin del mundo concluyeron con planteos radicales y ambiciosos. El cumplimiento del Acuerdo de Cochabamba obligaría a los países, incluido Bolivia, a olvidarse de extraer recursos naturales de selvas y territorios indígenas. O al menos consultar a las comunidades, como dicen varios tratados internacionales intrascendentes para los estados adheridos. Además los llevaría a cambiar sus matrices energéticas por otras que no contaminen la atmósfera. Miles de personas dejaron esta ciudad persuadidas de que sus consensos se concretarán en algo. Según ellos, toca ahora a los gobiernos encargarse del reclamo o pagar también esas consecuencias. Como señal de que tomará en cuenta el texto elaborado por 35 mil personas, el gobierno boliviano anunció la creación del Ministerio de la Madre Tierra.

Los documentos de las 17 mesas de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (Cmpcc) no tienen grandes diferencias con la resolución de la Mesa 18, que sesionó también en Cochabamba sin el reconocimiento del gobierno. Muchas personas participaron en ambos espacios, muchas otras fueron con las mismas propuestas: detener las explotaciones forestales e hidrocarburíferas en las selvas, respetar el derecho a la consulta en estas comunidades y la titulación de tierras a favor de comunidades y pueblos indígenas.

“Este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la soberanía alimentaria y profundizando la crisis socioambiental”, denuncia el texto de la Cmpcc.

“Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y detener urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas”, dice el acuerdo cochabambino.

En este sentido, sostiene que “la mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios, considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales”.

También demanda “la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en todos los procesos de negociación, así como en el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio climático”.

Para ello, exigen que se respeten instrumentos de derecho internacional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en la mayoría de los países de las Naciones Unidas; o la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, elaborado por la ONU pero constitucionalizado sólo por Bolivia.

El documento final reflejó la preocupación de los acreditados, venidos de 140 países, por la explotación acelerada de los recursos de este mundo. “En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30 por ciento la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra, se necesitarían dos planetas para el 2030”, según el acuerdo.

Ese motivo, entre otros, justificó la propuesta de hacerle derechos a la Tierra. “En un sistema interdependiente, del cual los seres humanos somos uno de sus componentes, no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza, es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra”, dice el texto.

Algunos de los derechos propuestos para la Tierra son “a la vida y a existir”, “a ser respetada”, “a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas”, “al agua como fuente de vida”, “al aire limpio”, “a estar libre de la contaminación y polución de desechos tóxicos y radiactivos”.

De acuerdo con el Protocolo de Kioto, los 42 países más industrializados están obligados a disminuir sus emisiones de gases contaminantes en un cinco por ciento entre 2008 y 2012. En la Conferencia de Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 15) realizada en diciembre pasado en Copenhague, se propuso que de aquí en adelante cada país emitiera menos gases en forma voluntaria, según las necesidades de sus negocios.

En la Cmpcc definieron que entre 2013 y 2020 los 42 países del llamado Anexo 1 reduzcan sus emisiones en un 50 por ciento. Esa posición defenderá Bolivia en la COP 16, que será a fin de año en Cancún, México. Posiblemente, algunos de los 48 gobiernos que enviaron delegaciones oficiales a esta conferencia apoyen este reclamo.

Con una reducción del 50 por ciento se espera que el aumento de la temperatura del planeta no sobrepase los dos grados en el próximo siglo y se estabilice en 1,5. El Entendimiento de Copenhague, deplorado por la concurrencia, plantea una tolerancia de hasta dos grados. Sin embargo, varios científicos presentes en la Cmpcc destacaron que ese entendimiento llevaría a que la Tierra tuviera cuatro grados más y muchas poblaciones costeras menos.

También definieron la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, encargado de juzgar a los estados y empresas que contaminen. Para que esta instancia funcione, en la Cmpcc exigieron una “profunda reforma” en la estructura de la ONU. Y convocaron a la constitución de un movimiento global que vigile la aplicación del Acuerdo de Cochabamba, cuyo texto entero se encuentra en www.cmpcc.org.

Calcularon que el costo de la deuda climática de los países industrializados hacia los empobrecidos ascendería al seis por ciento anual de sus PBI. “Esto es viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa nacional y destinaron cinco veces más para rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política”, se lee en el acuerdo.

El gobierno de Evo Morales quiso dar el primer paso para ese lado y proclamó la creación del Ministerio de la Madre Tierra. El vicepresidente, Alvaro García Linera, dijo que la nueva cartera recogerá “buena parte de lo que hoy es el Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, pero también está claro que tendrá que asumir responsabilidades en función del documento de Cochabamba”.

Aprobar la ley de la Madre Tierra no debiera traer dificultades al actual gobierno, que controla dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Como país capitalista atrasado, Bolivia debería desistir en sus intenciones de extraer petróleo del selvático norte de La Paz, según denuncia el pueblo indígena Leco a la empresa Petroandina, conformada por YPFB (del Estado Plurinacional) y Pdvsa (de capitales venezolanos). También tendría que respetar el derecho a la consulta de los indígenas que viven cerca de emprendimientos mineros, como reclaman los quechuas y aymaras reunidos en el Consejo Nacional de Markas y Ayllus de Qullasuyu (Conamaq). Esta organización, aunque aliada al gobierno de Morales, promovió la creación de la Mesa 18.

Este espacio, que contó con más de tres mil inscriptos, sesionó a tres cuadras de la conferencia, en la localidad de Tiquipaya, Cochabamba. Allí se explayaron sobre casos puntuales de contaminación en poblaciones y quitaron un poco de romanticismo al “proceso de cambio” que por un lado pronuncia discursos en defensa de la Pachamama, pero por otro avala la operación de transnacionales que rechaza la población. Además de conflictos bolivianos, aquí trataron sobre la lucha por la propiedad colectiva de la tierra de campesinos de Córdoba y los perjuicios que ocasionan empresas mineras en Catamarca y San Juan, entre otros.

Por Sebastián Ochoa
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Tras la ficción de un largo periodo de estudio, la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló sobre el litigio entre Argentina y Uruguay por la instalación de papeleras altamente contaminantes sobre el lado oriental del río Uruguay. El mismo no sorprendió a nadie y su resultado estaba, incluso, anunciado días antes por el diario oficialista argentino Página 12, ya que era evidente que, por debajo de la mesa, había habido una intensa negociación entre los gobiernos de Buenos Aires y de Montevideo para pergeñar una solución puramente formal que dejase a salvo las políticas extractivistas de ambos y no asustase a los inversionistas y el capital financiero internacional, que en esas políticas han encontrado su gallina de los huevos de oro.

El fallo de los sesudos jueces de La Haya dio la razón a Argentina en lo que respecta a la violación por Uruguay de los tratados sobre la gestión conjunta por los dos países del río que los limita. O sea, fija un principio jurídico general y formula una condena verbal, casi moral, casi casi al mal comportamiento y la descortesía del niño Tabaré Vázquez, que violó groseramente los reglamentos escolares. Pero no dice una palabra sobre la defensa del ambiente. Y, sobre todo, asegura la permanencia de la planta papelera de la empresa finlandesa Botnia, la cual sigue trabajando (y contaminando) a pleno ritmo.

Quien recorra simplemente la carretera entre Colonia y Montevideo, en Uruguay, podrá ver las enormes plantaciones de eucaliptos que arruinan la tierra, chupan el agua y remplazan cultivos potenciales de alimentos. En ese país dichos cultivos extractivos de la industria forestal ocupan un tercio de las tierras arables, o sea, más de un millón de hectáreas. El gobierno finlandés, por supuesto, no derriba los bosques tradicionales de su país, que son de lento crecimiento. Facilita en cambio a sus trasnacionales madereras que arruinen otras tierras con cultivos de eucaliptos y las contaminen con fábricas de pasta de papel también son consumidoras de gran cantidad de agua dulce. Dado que Uruguay limita al oeste y al sur con dos enormes ríos –el Uruguay y el de La Plata–, no tiene grandes cauces interiores y del lado oriental está el Atlántico, que tiene el mal gusto de ser salado y turístico, ¿dónde cree usted que industrializará esas enormes plantaciones, con o sin fallo de La Haya? Es evidente que se perfilan nuevas papeleras en el horizonte.

El pleito en La Haya, por otra parte, fue el resultado de un corte durante tres años de los puentes sobre el río Uruguay por parte de los ambientalistas de la ciudad argentina de Gualeguaychú, frente a la fábrica de Botnia. Esa acción directa, que muestra cómo es sensible en todo el continente el tema de la protección del ambiente (pureza del agua y del aire, pero también del panorama turístico y de los pequeños balnearios, playas y hoteles arruinados por la planta), golpeó al turismo hacia Uruguay y al transporte por carretera de cargas hacia ese país. En un principio, el gobierno de Néstor Kirchner estuvo en contra de los cortes que, por último, terminó por tolerar para presionar al gobierno uruguayo, demasiado sensible al canto de sirena de Wall Street y que amenazaba con firmar un Tratado de Libre Comercio con Washington.
La presión de los cortes de los puentes determinó, pues, la movilización de los negociadores de los gobiernos argentino y uruguayo. Pero ambos países comparten una política extractivista nefasta: Argentina tolera minas a cielo abierto en los glaciares y en las fuentes acuíferas de la cordillera de los Andes, reprime violentamente a los pobladores de Andalgalá, provincia de Catamarca, que quieren defender su agua del arsénico que vuelca en ellas una enorme mina de oro a cielo abierto y, sobre todo, depende económicamente de la extensión brutal del cultivo soyero, a costa de los suelos, los campesinos, las especies vegetales y animales, los pueblos rurales, y Uruguay, como hemos dicho, remplaza vacas y ovejas por eucaliptos como opción productiva fundamental.

En ambos países, los gobiernos, los economistas y la academia siguen insistiendo en considerar que crecimiento económico y del producto interno bruto es sinónimo de desarrollo, lo cual es una falacia mil veces demostrada. Además, sugieren que las inversiones de las trasnacionales crean puestos de trabajo, cuando Botnia, por ejemplo, dio apenas trabajo a mil 800 obreros durante la construcción de la planta, pero ahora no emplea sino cerca de 300, mientras la ciudad donde se instaló perdió puestos de trabajo a granel y movimiento comercial debido al bloqueo del puente San Martín sobre el río Uruguay y, además, está contaminada y en ella todos los productos son más caros.

El gobierno argentino está contento pues seguramente ha conseguido en negociaciones secretas concesiones de Uruguay (¿el apoyo a la candidatura de Néstor Kircher a la Unasur?), pero los ambientalistas de Gualeguaychú siguen y seguirán movilizados. ¿Los reprimirá, como hizo con los de Andalgalá? Será difícil. Recientemente un juez en segunda instancia echó abajo un fallo a favor de una mina a cielo abierto que en Tilcara, en el norte argentino, ocupaba dos comunidades indígenas y, gracias a la movilización de éstas, estableció que el derecho al agua para cultivar y beber tiene precedencia sobre el uso minero, y la tierra es para producir alimentos, no para destriparla en busca de minerales…

Guillermo Almeyra
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En una Asamblea histórica e inédita, convocada por el Consejo de Gobierno del Pueblo Kichwa de Rukullakta, este viernes 16 de abril del 2010, los casi 1 000 asistentes provenientes de sus 17 comunidades, fueron participes de la ratificación contundente de no permitir la actividad petrolera en su territorio que cubre poco más de 40 000 ha y se ubica en la Provincia de Napo, en el centro de la amazonia ecuatoriana.
 
En efecto, con la presencia de Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador (CONAIE), de Tito Puanchir, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía ecuatoriana (CONFENIAE) y de Sharimiat Shiguango, presidente del Consejo de la Nacionalidad Kichwa del Napo (CONAKINO), todo un pueblo alzó su voz y sus lanzas como señal de lucha en defensa de su territorio, de su selva, del Sumak Kawsay o Buen Vivir y como alerta a la presencia de la empresa petrolera canadiense Ivanhoe.
Hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos, todos y todas manifestaron su deseo de vivir en un ambiente sano y de continuar caminando en paz y con tranquilidad y de no querer una actividad como la petrolera que les traerá problemas, destrucción, contaminación y pobreza. Una anciana manifestó que ella sabe muy bien que el Sumak Kawsay no es compatible con el petróleo, que son dos caminos que nunca llegarán a cruzarse y que este pueblo no es ignorante. Y otro anciano decía: “nos quieren hacer creer que nuestro territorio tiene precio en dólares, sólo nosotros sabemos y entendemos cual es el verdadero valor que tiene”.
 
Luego de varias horas de compartir la palabra y algo de comida en el coliseo de la comunidad, los asistentes decidieron ir hacia la ciudad de Archidona en una marcha pacífica y tomarse simbólicamente el municipio de esa ciudad. Una vez ahí, luego de caminar por casi una hora, logran que las autoridades del gobierno local les reciban.
En un auditorio repleto y con un calor sofocante, José Toapanta, alcalde de Archidona estuvo presto a escuchar. Marlon Santi agradeció y tomó la palabra manifestando que: “los derechos de los pueblos indígenas y los de la Pacha Mama tienen que ser transverzalidos por los gobiernos locales” y exigió al alcalde un pronunciamiento en torno a la presencia de la compañía canadiense en un cantón declarado ecológico hace ya varios años.
Luego de varias intervenciones tanto por parte de las respectivas autoridades tanto por los participantes exigiendo una posición por parte del gobierno local, Toapanta supo manifestar: “Tengan la seguridad y la certeza de que el alcalde de Archidona no va a dudar en darle al Pueblo de Rukullakta su respaldo.” Y continuó diciendo; “y si es que hay que coger una lanza y ponerse al frente junto a ustedes, les aseguro que no me acobardo por nada”
 
Fueron tres las resoluciones más importantes tomadas en este día tan importante para el pueblo Kichwa de esta región:
 
  1. Rechazar rotundamente las actividades petroleras en su territorio, especialmente al pozo de Pitayaku y otros planificados por la compañía canadiense IVANHOE Energy en el bloque 20 sin el consentimiento de las comunidades,
  2. Castigar según la justicia indígena a quienes no respeten la resolución de la Asamblea Suprema y
  3. Apoyar al levantamiento convocado por la CONAIE.
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La compañía minera Massey Energy opera la mina de carbón Upper Big Branch (UBB, por sus siglas en inglés) de Virginia Occidental en la que veintinueve mineros murieron la semana pasada. Perder la vida es trágico, pero la explosión en UBB es más que una tragedia, es un crimen. Sin embargo, cuando una corporación es culpable de algún crimen no va a la cárcel, ni pierde su libertad, solamente paga una multa –lo que con frecuencia equivale a un tirón de orejas, el precio a pagar por hacer negocios. Nadie ha demostrado esto con tanta claridad como el Director General de Massey Energy, Don Blankenship. Durante años, Blankenship ha sido el dolor de cabeza de los activistas contra el cambio climático y los defensores de la seguridad en las minas. Este último desastre minero, como mínimo, debería servir para atraer la atención sobre el tema de las grandes inversiones destructivas que pisotean a las comunidades y los derechos del medio ambiente y los trabajadores.

Días después de la explosión de Massey, Blankenship admitió durante una entrevista en la radio que: “Las violaciones e infracciones de seguridad son, desafortunadamente, una parte normal del proceso minero. Se realizan inspecciones a diario y a veces es difícil distinguir entre el total y las cifras cuando se trata de infracciones, es decir, establecer su gravedad y tipo. En verdad, se producen violaciones a la seguridad en cada mina de carbón de Estados Unidos y UBB era una mina que tenía una serie de infracciones.” El periódico de Virginia Occidental The Charleston Gazette ha publicado sistemáticamente cuestionamientos a Massey Energy y a Blankenship, lo que llevó a este último a atacar a los editores del periódico en noviembre de 2008 durante un discurso en el que afirmó: “Es un gran placer para mí ser criticado por los comunistas y ateos del Gazette, al igual que lo es ser aplaudido por mis mejores amigos. Sé que están equivocados. Me refiero a que cuando hay un editor que admite ser ateo y personas que claramente pertenecen al comunismo de extrema izquierda, ¿querríamos que hablaran bien de nosotros? Si uno piensa en esto, ve que en realidad no tiene sentido, y lo digo una y otra vez porque hay personas que temen ser criticadas por nuestros enemigos, es decir: ¿nos ofendería ser criticados por Osama bin Laden? Creo que no.”

Según las especulaciones iniciales, la causa de la explosión habría sido la presencia de gas metano en la mina. La mina UBB de Massey ha recibido cientos de citaciones por violaciones a la seguridad, entre ellas, algunas por no evacuar el metano por medio de ventilación. Otra causa pudo haber sido la proximidad de esta mina a las operaciones de extracción en superficie que lleva adelante Massey en minas cercanas. La extracción en superficie implica la voladura de las cumbres de las montañas mediante explosiones, lo que proporciona acceso a las vetas de carbón pero causa una extensa destrucción del medio ambiente. El periódico Wall Street Journal informó el lunes que el Estado de Virginia Occidental llevará a cabo una investigación sobre la explosión que incluirá el posible impacto de las operaciones cercanas de minería a cielo abierto. El 1º de abril, pocos días antes de la explosión de Massey, la Administradora de la Agencia de Protección Ambiental, Lisa Jackson, había presentado una nueva reglamentación que restringe las operaciones de extracción en superficie. Massey es el blanco principal de una creciente campaña de los movimientos de base contra la minería a cielo abierto. Entre quienes han sido arrestados durante las manifestaciones de protesta se encuentran el conocido climatólogo James Hansen, director del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA, y la actriz Daryl Hannah.

Dieciséis mineros murieron en minas de Massey entre los años 2000 y 2007. Elvis Hatfield de 46 años y Don Bragg, de 33, murieron en enero de 2006 en el incendio de la mina Aracoma. Sus viudas demandaron a Massey Energy y a Blankenship. Durante el juicio, sus abogados presentaron un memo escrito por Blankenship meses antes del fatal incendio. En ese memo, Blankenship daba instrucciones a los encargados de minería profunda de concentrarse en extraer carbón antes que en los proyectos de seguridad. Blankenship escribió: “Si a alguno de ustedes los superiores de su grupo, supervisores, ingenieros o cualquier otra persona le ha pedido que haga otra cosa que no sea extraer carbón (por ejemplo: construir canales de ventilación, hacer trabajos de construcción o cosas así) es necesario que los ignoren y se dediquen a extraer carbón. Este memo es necesario únicamente porque parece que no estamos entendiendo que es el carbón el que paga las facturas.”

El carbón paga las facturas y paga además el salario de Blankenship, que según estima la agencia de noticias Associated Press asciende a 19.7 millones de dólares y sería el más alto de la industria minera del carbón. Blankenship es miembro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, es feroz opositor de la sindicalización de los trabajadores, implacable negador del cambio climático y firme opositor de la regulación. El pasado Día de los Trabajadores, Blankenship se refirió a los reguladores del gobierno durante una manifestación anti sindicalista y dijo: “El gobierno y los políticos estatales no saben cómo mejorar la seguridad en la minería. La sola idea de que ellos se preocupan más que nosotros por la seguridad en las minas de carbón es tan ridícula como el calentamiento global.”

El Director General de Massey, Don Blankenship, aportó tres millones de dólares a la campaña de un candidato a la Suprema Corte de Virginia Occidental. Su objetivo era reemplazar a un juez actuante de quien Blankenship temía pudiera expedirse contra Massey en la apelación del fallo de un tribunal por 50 millones de dólares. El candidato al que apoyó, Brent Benjamin, obtuvo el cargo y votó para dejar sin efecto el fallo. La Suprema Corte de Estados Unidos dejó luego sin efecto esta decisión haciendo referencia al hecho de que Blankenship había financiado la elección del nuevo juez y, finalmente, el caso sirvió de base a la novela legal de suspenso que publicara John Grisham en 2008: “La Apelación”.

Los fondos de pensiones y otros grandes inversores institucionales están exigiendo a Massey el despido de Blankenship. El último de los 29 cuerpos de los mineros que perdieron su vida en la mina de Massey la semana pasada ha sido recuperado. Sus muertes no deberían ser computadas por Don Blankenship como parte del precio a pagar por hacer negocios, sino que deberían encabezar la lista de delitos por los que debe ser procesado.
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Publicado el 14 de abril de 2010
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
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Sábado, 22 Agosto 2009 17:07

Los pobres también lloran

San Sebastián Nopalera, un pequeño pueblo de la Sierra de Oaxaca, sur de México, tiene cinco mil habitantes registrados pero allí sólo viven la mitad. Las tierras que antes daban café ahora a duras penas dan maíz y no hay brazos para sacarles más. Sus habitantes, casi todos mujeres y niños, sobreviven de la ayuda que envían sus hombres de las plantaciones de Estados Unidos.

Como en una guerra entre dos países, cada año cien o doscientos migrantes vuelvan a Oaxaca en cofres funerarios. Los trabajos para los cuales están destinados son casi tan mortales como el cruce de la frontera.

Pero no son mujeres todas las que se quedan ni son hombres todos los que se van. Como su hermano, un día María Isabel Vásquez Jiménez decidió irse al otro lado con la promesa de ayudar a su madre viuda y volver en tres años con el capital suficiente para iniciar un pequeño negocio.

El 11 de febrero de 2009 la joven de 17 años salió de su pueblo y contactó un coyote en Putla de Guerrero que la ayudó a cruzar la frontera norte. Tres meses después, el 11 de mayo, encontró trabajo en un viñedo de la *West Coast Grape Farming Company*, cerca de Modesto, Califorina.

Como María, los indígenas mexicanos que casi no hablan español en California son los hispanos que se dedican a la pizca, a pizcar, palabras que, como tantas otras miles del spanglish, fueron creadas con el material sustantivo del inglés —*pick up*, recoger— y moldeadas por la conjugación del castellano.

 Quizás nunca podamos imaginar los miedos de María al dejar su pueblo con tan pocos años y tan poco conocimiento del mundo exterior, sus nervios al llegar a Putla para contactar a un coyote, el vértigo y el cansancio de su paso por la ilegalidad. Quizás fue feliz alguno de los tres días que trabajó en la pizca. Casi sin dudas debió ser feliz descansando al lado de su novio, Florentino Bautista, otro inmigrante sin papeles con quien vivía y planeaba casarse antes de regresar a México en tres años.

Pero algo salió mal. El 14 de mayo el termómetro marcó casi cuarenta grados centígrados a la sombra. Después de nueve horas bajo el sol despiojando retoños de las vides, María se sintió mareada. Tambaleándose, caminó hacia su novio y antes de llegar se desplomó.

Florentino pidió ayuda y trató de reanimarla. El encargado le dijo que no se preocupara. Esos desmayos eran algo normal.
—Aplícale un poco de alcohol y se le pasa—, le dijo.

Pero María seguía inconsciente.

La pusieron en la camioneta que llevaba a la cuadrilla a sus casas y
esperaron la hora de salida.

Los paños de agua fría y las fricciones de alcohol no dieron resultado y el conductor de la camioneta decidió llevarla a un médico. María hervía de fiebre en los brazos asustados de su compañero. En el camino, Florentino recibió la llamada del encargado del viñedo, Raúl Martínez, recordándole que su novia era menor de edad, por lo cual en su declaración debía decir que se había desmayado haciendo ejercicio para mantenerse en forma.

Llegaron a la clínica a las 5:15. Cuando los médicos contactaron que María tenía más temperatura de la que puede soportar un ser humano, la derivaron de urgencia al Lodi Memorial Hospital.

Dos días después, María y su hijo de dos meses en el vientre murieron de insolación. El informe médico menciona un paro cardíaco.

Su novio, Florentino, no ha vuelto a trabajar. Tampoco ha recibido ninguna llamada en su celular. Pero el fiscal de distrito, James Willett, ha acusado a María De Los Ángeles Colunga, propietaria de la compañía de trabajo, a Elías Armenta, director de seguridad y al supervisor Raúl Martínez por no haber provisto a los trabajadores de sombra y agua, por no poseer asistencia en caso de insolación y por mentir en el proceso.

El gobierno de México, como es su costumbre, manifestó su preocupación por las injustas condiciones en que trabajan los mexicanos en Estados Unidos. También el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, lamentó la muerte de María.

Al igual que María, alguna vez en su juventud Schwarzenegger fue un inmigrante ilegal, aunque su esfuerzo y sudor lo dejó en un gimnasio de Santa Monica, no en los campos de producción agrícola. El mundo lo conoce como el actor que en 1984 dio vida al cyborg *The Terminator*, el hombre-máquina enviado por las máquinas inteligentes del 2029 al año 1984 con el objetivo de terminar con la resistencia de los humanos eliminando al
futuro líder guerrillero antes de nacer. En su remake hollywoodense de Herodes, la casi invencible máquina es derrotada por la pareja de humanos y la madre del futuro rebelde, Sarah —*Sarai*—, logra huir. Finalmente aparece meses después en México. En una gasolinera, un niño mexicano le toma la fotografía que viajará por el tiempo normal hasta las manos de su hijo y luego de su padre. John, el líder rebelde, podía haber sido un mexicano, hijo de una inmigrante ilegal huyendo de su propia tierra. Hoy tendría
veinticinco años y probablemente estaría cruzando la frontera. Pero si su madre hubiese sido una mexicana pobre, como María, quizás hubiese tenido que enfrentar una pesadilla peor que la del cyborg y el futuro rebelde jamás hubiese nacido.

El miércoles 27 de mayo de 2009, el cuerpo de María salió de la iglesia católica de St. Anne de Lodi, California. El viernes 29 pasó por AsunciónNochixtlán en un ataúd blanco y, después de seis horas de camino, llegó a su pueblo en la sierra. Su humilde dormitorio fue la capilla ardiente. En la cabecera pusieron esa foto que se la ve sonriendo, poco antes de partir. Más abajo, la corona de flores y una nueva deuda para la madre.

Sepultaron a María y a su retoño vestida de novia, de madre novia. No tuvo misa, porque el pueblo no tenía párroco y ninguno pudo llegar hasta la capilla del pueblo.

En el dormitorio vacío de María quedó Jovita Margarita Jiménez Bautista,mirando la fotografía sonriente de su hija. Su madre viuda, o como se llame.

Porque en español hay nombres para un hijo que pierde a una madre, para una madre que pierde a su esposo, pero no hay nombre para una madre que pierde a una hija. Seguramente en ningún idioma hay un nombre para tanto dolor y tanta injusticia.

Agosto, 2009.
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Una de las tácticas del presidente Santos para forjar su propuesta de ‘unidad nacional’ consiste en asumir algunas propuestas esbozadas por sus rivales en la anterior campaña electoral; una de tales iniciativas es la Ley de Primer Empleo, propuesta en su momento por el entonces candidato liberal Rafael Pardo. Tras la posesión de Santos, la ley surtió un rápido trámite en el Congreso para ser sancionada por el Presidente en febrero de 2011. Cabe preguntarse: ¿Qué hay detrás del aparente consenso en torno a la ley?
 
Los principales objetivos de la ley de primer empleo o Ley 1429 de 2010 son tres: 1. Reducir la informalidad laboral, facilitando la incorporación de grupos vulnerables al mercado de trabajo, especialmente personas en situación de desplazamiento, discapacitados, mujeres mayores de 40 años que no se han vinculado a una relación laboral en un año, y personas con jefaturas de hogar que se encuentren en los niveles 1 y 2 del Sisben; 2. Incentivar la creación de nuevas empresas impulsadas por jóvenes; 3. Prohibir las ‘cooperativas de trabajo asociado’ como mecanismo de intermediación laboral. Examinemos la ley siguiendo tales coordenadas.
 
1. Formalización laboral: exclusión económica y explotación a corto plazo.
 
De acuerdo con los datos del Dane, en enero de 2011 el índice de desempleo fue igual a 13,5 por ciento, el subempleo objetivo fue igual a 11,9 y el subempleo subjetivo igual a 30,3. Según el Dane, se encuentran en subempleo subjetivo aquellas personas que trabajan pero manifiestan el deseo de mejorar sus ingresos y el número de horas trabajadas, o tener una labor más propia de sus competencias. Se encuentran en subempleo objetivo quienes también manifiestan tal deseo pero además efectúan acciones para cambiar su situación laboral.
 
En el trimestre que comprende noviembre de 2010 a enero de 2011, la tasa de ocupación fue igual a 55,6 por ciento. Esta tasa se calcula mediante la relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar; valga anotar que, de acuerdo con el Dane, se encuentran “ocupadas” las personas que: a) trabajaron al menos una hora en la última semana previa a la encuesta; b) no trabajaron la semana de referencia pero tenían un trabajo; y c) los trabajadores sin remuneración que laboraron en la semana de referencia al menos una hora. En el mismo período, la rama económica que recogió la mayor ocupación fue la de comercio, restaurantes y hoteles, con un 26,6 por ciento; y la posición ocupacional que registró la mayor participación fue la de “trabajador por cuenta propia”, con 43,9%1. La tasa de informalidad se encontraría en 55,33, con un 53,94 para los hombres y un 56,98 para las mujeres2.
 
En Colombia, la pesadilla de la sociedad salarial sigue siendo un sueño frustrado. Los indicadores no sólo muestran altos niveles de desempleo y subempleo sino que además catalogan como ocupadas a personas en situación abierta de precarización laboral. Por otro lado, muestran que las ramas de la economía con mayores niveles de ocupación, bien coinciden con la ausencia de relaciones laborales (como quienes trabajan por cuenta propia) bien generan ocupaciones transitorias, como ocurre con el comercio y los hoteles a finales de año.
 
De acuerdo con Erik Olin Wright, una relación de explotación se define mediante tres condiciones: 1. El bienestar material del explotador depende de las privaciones del explotado; 2. Hay una exclusión asimétrica de los explotados del acceso y el control de los recursos productivos; y 3. Hay una apropiación de los frutos de trabajo de los explotados por parte de quienes controlan los recursos productivos. Es importante aclarar que, si se presentan 1 y 2 sin darse 3, tenemos una opresión económica no-explotadora, donde los frutos del trabajo no son apropiados por el explotador sino que el oprimido es excluido del acceso a los recursos clave3. Hacemos esta precisión porque la situación laboral en Colombia combina la opresión económica con la explotación, pues quienes quedan excluidos de las relaciones de trabajo sufren una forma de opresión económica que a la vez profundiza las condiciones de explotación de quienes sí obtienen un empleo. La informalidad laboral y el desempleo no son anomalías de una economía en crisis sino una condición de su funcionamiento, ya que permite abaratar los costos laborales, disminuir las garantías para quienes trabajan y generar niveles más profundos de explotación.
 
La ley de primer empleo busca generar 2,5 millones de puestos de trabajo y formalizar 500.000 empleos; el mecanismo para alcanzar tal fin es el descuento del impuesto de renta para aquellos que paguen parafiscales, y aportes al Fosyga y al Fondo de Garantía de Pensión mínima como resultado de la contratación laboral de las personas pertenecientes a los grupos antes mencionados. Consideramos que esta propuesta tiene al menos tres problemas: a) Los beneficios generados para los empleadores son temporales; de ahí que no se garantice una contratación laboral a largo plazo; y b) No es claro que los beneficios parciales para los empleadores que contraten nuevos trabajadores generen más empleo, pues para los empleadores, en términos globales, sigue resultando más atractivo mantener los niveles de desocupación, informalidad y desempleo que ahorrar plata en impuestos; c) Algunos analistas han afirmado que la ley no tiene mecanismos efectivos de seguimiento, lo que la haría ineficaz4; en ese marco, bien puede darse que la ley permita la posible evasión de impuestos de empresarios de papel que a la vez no generan empleo alguno.
 
La ley no genera mecanismos efectivos de creación de empleo mediante la política económica sino más bien una redistribución del ingreso vía exención de impuestos que en algunos casos es favorable a los empleadores en el corto plazo, pero que no amenaza con modificar la situación del trabajo en el largo plazo. Valga anotar que, de acuerdo con Robert Brenner, el núcleo de la crisis económica actual radica en un descenso de la rentabilidad global producida por la propia lógica horizontal de la competencia capitalista; lo anterior conlleva que las empresas reduzcan costos a corto plazo para paliar la baja en la rentabilidad, pero esa reducción, lejos de detener la crisis, la profundiza. En resumen, la racionalidad capitalista de ofrecer soluciones de corto plazo es el factor que hace permanente la crisis en la economía global5. La ley de primer empleo de Santos obedece a esa misma lógica.
 
2. Nuevas empresas como forma de precarización.
 
Otro objetivo de la ley de primer empleo es el impulso a las empresas agenciadas por jóvenes menores de 28 años. La ley busca impulsar estas empresas mediante un estímulo concreto: la reducción de los costos laborales mediante el pago progresivo de los aportes parafiscales, y la contribución al Fosyga y al Fondo de Garantía de Pensión mínima, por los jóvenes empresarios durante los primeros cuatro años de actividad.
 
Esta regulación tampoco implica una mayor empleabilidad. Como lo sostiene Ricardo Bonilla, las pequeñas empresas tienden a participar de encadenamientos sectoriales donde operan como proveedoras y subcontratistas, situación que en lugar de incrementar la contratación directa genera su reducción6. En ese orden, la retórica del emprendimiento bien puede entenderse como una manera sofisticada de precarizar el trabajo de jóvenes profesionales o de jóvenes trabajadores asociados que serían contratados por grandes empresas, tratándolos como empresarios cuando en realidad operen como sus empleados de facto. Un ejemplo interesante lo encontramos con los proyectos agroindustriales que se impulsan actualmente por el Ministerio de Agricultura en la Orinoquia; estos proyectos buscan ligar a pequeños productores con grandes capitales7 en un esquema de asociatividad que recuerda viejas formas de feudalismo y que les permiten a los grandes empresarios desconocer los derechos laborales de quienes serán tratados como sus ‘socios’.
 
En segundo lugar, el estímulo a las pequeñas empresas se genera en un contexto de fuerte liberalización comercial con la firma de ‘tratados de libre comercio’ que amenazan seriamente la producción nacional, situación que implica que pequeños y jóvenes empresarios impulsen sus iniciativas en un clima de fuerte competencia impresa por el mercado. En suma, los estímulos a las nuevas empresas no garantizan que ellas se mantengan, lo cual implica que los nuevos empleos también puedan desaparecer.
 
3. Cambio de unas formas de precarización por otras.
 
La ley prohíbe las ‘cooperativas de trabajo asociado’, lo que en apariencia es una buena noticia para quienes han sufrido el infame esquema de intermediación laboral que llegó a emplear de manera precaria a 540.000 personas8. No obstante, la ley permite nuevas formas que pueden vulnerar a quienes trabajan y menoscabar sus derechos. La norma elimina el trámite que exigía que el reglamento de trabajo interno fuera aprobado por el Ministerio de Protección Social. De esta manera, los empleadores podrán aprobar de manera inconsulta los reglamentos de trabajo, lo que abre la puerta a nuevas vulneraciones disimuladas que impliquen su precarización: disposiciones en materia de jornada laboral o normas internas sobre riesgos profesionales pueden ser decisiones tomadas por los empleadores sin un necesario control de las entidades del Estado.
 
4. Nuestra emancipación contra la ‘tercera vía’.
 
La tercera vía en el gobierno laborista de Tony Blair en Inglaterra implicó una transformación sustantiva del laborismo. Si durante el siglo XX la socialdemocracia procuró limitar el capitalismo, la tercera vía de hoy procura vincular a la gente al capitalismo. Así como Blair profundizó el modelo de Thatcher cambiando la retórica, Santos modifica el modelo Uribe introduciendo algunos matices: pasamos de las contrarreformas laborales a una precarización disimulada con una retórica de creación de empleo.
 
Nos oponemos al trabajo precario porque nos oponemos a la vida precaria. La emancipación no pasa por querer ser como quienes nos dominan. La emancipación pasa por la creación de realidades que no nacen de un decreto sino de la fuerza de nuestra forma de vida misma. Se trata de que nosotros, de carne y hueso, no las palabras de los gobernantes de turno, hagamos posible la creación de unas condiciones que podemos llamar de trabajo digno: una nueva ética, una nueva forma de cooperación y unas nuevas relaciones de producción son el sentido de nuestra apuesta.
 
Frente a la ‘unidad nacional’, proponemos algo más modesto: la unidad de las personas que trabajan, sin importar si están empleadas o no, sin tener en cuenta sus vínculos jurídicos o sus formas de contratación.
 
  1. Para las cifras y las definiciones, ver el boletín de prensa “Principales indicadores del mercado laboral. Enero de 2011”, publicado el 28 de febrero. Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_ene11.pdf.
  2. Datos tomados de Juan Carlos Guataquí, Andrés García-Suaza y Mauricio Rodríguez-Acosta, El perfil de la informalidad laboral en Colombia, Bogotá, Universidad del Rosario, 2011, Disponible en: http://www.urosario.edu.co/urosario_files/84/84048d18-e754-4f80-afc5-f80d4b092260.pdf.
  3. Erik Olin Wright, Preguntas a la desigualdad. Ensayos sobre análisis de clase, socialismo y marxismo, Bogotá, Universidad del Rosario, 2010, pp. 77-78.
  4. Ver “La ley de primer empleo debe tener más dientes” El Colombiano, 7 de marzo, disponible en http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_ley_del_primer_empleo_debe_tener_mas_dientes/la_ley_del_primer_empleo_debe_tener_mas_dientes.asp.
  5. Robert Brenner, Turbulencias en la economía global, Santiago de Chile, Encuentro XXI, 1999.
  6. Ver Ricardo Bonilla, “Crecimiento, empleo, seguridad y pobreza” en, Bien-estar y macroeconomía 2007. Más allá de la retórica, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2007, p. 92.
  7. Ver La silla vacía. “El futuro agroindustrial de la Orinoquía ya arrancó”, en http://www.lasillavacia.com/historia/el-futuro-agroindustrial-de-la-orinoquia-ya-arranco-19998?page=2.
  8. http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/218-edicion-168/9250-la-informalidad-ahora-tiene-que-pagar-impuestos-primer-empleo-una-ley-sin-garantia-social.html

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Publicado enEdición 170