Sábado, 18 Mayo 2019 07:10

Quinua de cien colores

Quinua de cien colores

Para el poder económico y político, la minería es la única actividad económica viable en las regiones andinas. Así ha sido en Perú desde la conquista. Pese a los inocultables daños que produce, los críticos suelen ser acusados de “enemigos del desarrollo”, y las comunidades que se oponen a la megaminería son perseguidas bajo la figura legal de “organización criminal”.


La luminosidad del Cusco lacera la vista. Pero también retiene la atención, seduce la mirada que se va posando ingenua sobre las piedras incas, primero, y tuerce hacia las montañas mágicas, poco después. Los suaves valles cusqueños van dando paso, carretera arriba y abajo, a profundas gargantas tapizadas de los más variados cultivos según los diferentes pisos ecológicos que recorremos. Las tierras altas y frías, a más de 3.500 metros, pobladas por pastores de alpacas, llamas y ovejas, dialogan e intercambian con las tierras bajas y cálidas, productoras agropecuarias y de frutos tropicales.


La despiadada geografía del Ande, en uno de sus nudos centrales, permite contemplar, en una sola mirada, desde la profundidad del valle hasta las cumbres nevadas. La región de Apurímac es crucial por lo abrupta y extrema. La llegada a Andahuaylas, la ciudad más poblada, con 100 mil habitantes, implica bajar casi dos mil metros en apenas diez kilómetros de carretera. Una caída vertical, con mil vericuetos, desde el páramo hasta un valle cálido y húmedo a poco más de dos mil metros sobre el nivel del mar. Por algo el geógrafo Antonio Raimondi comparó la región con un papel arrugado.


Recorriendo el cañón del río Apurímac, que nace a 5 mil metros y se vierte en el Amazonas, trepamos por laderas verticales pinceladas de parcelas verdes y amarillas, aferradas a las pendientes, donde las familias comuneras cultivan en condiciones sólo explicables por la obstinación que exige la sobrevivencia. Allá arriba sólo papas y habas desafían el frío y las ventiscas; en la zonas templadas intermedias, las espigas de trigo van mudando del verde al ocre, anunciando la inminente cosecha; más abajo, en la calidez de la hondonada, el maíz generoso y la infinita variedad de frutas, mangos, granadillas, aguacates y papayas.

En alguna vuelta del camino, en general cerca de las decenas de caseríos que bordeamos, los pisonays majestuosos se yerguen frondosos, ostentando un tapiz de flores coloradas. En pequeños grupos, emergiendo de improviso, con cierta timidez, islotes de quinuas destacan por la multiplicidad de colores, desde el verde marcial hasta un verdoso que chilla cuando lo ilumina el sol en las alturas, pasando por morados brillantes, rojos frenéticos y ocres amarillentos de múltiples variantes, tan bien retratados por el poeta nacido en Andahuaylas: “Las cien flores de la quinua que sembré en las cumbres hierven al sol en colores”.


ABUSO MINERO.


El llamado “corredor minero” atraviesa tres regiones: Cusco, Apurímac y Arequipa. Son 500 quilómetros desde la mina de cobre Las Bambas, a 4 mil metros de altura, hasta el puerto de Matarani en el Pacífico, por donde se exporta el mineral con destino al continente asiático. La carretera atraviesa 215 centros poblados en los que viven 50 mil personas; está militarizada porque cualquier alteración del transporte tiene costos millonarios para la empresa.


Apurímac es el corazón del corredor, la región más pobre del país y la que cuenta con el mayor porcentaje de quechuahablantes. Campesinos humildes de manos arrugadas y pies encallecidos, pero no tan pobres como sus elites, que recién se avinieron a crear universidades, en la capital Abancay y en Andahuaylas, hace poco más de una década para calmar a las mujeres del mercado que reventaron las calles para demandar educación terciaria para sus hijos.


Entre febrero y marzo de este año, la carretera estuvo cortada durante 68 días por los comuneros de Fuerabamba, la comunidad más cercana a una de las mayores minas del mundo, que produce 140 mil toneladas diarias de cobre. La mina está a 75 quilómetros al sur de Cusco y comenzó a operar en 2015, pero los primeros pasos para su instalación se dieron una década atrás de la mano de la minera suiza Xstrata Copper, que en 2014 la vendió a la estatal china Minerals and Metals Group (Mmg).


Cuando la minera china compró Las Bambas, decidió modificar el proyecto que ya contaba con el permiso ambiental. Lo más grave fue el abandono del mineroducto destinado a transportar el cobre hasta Espinar, Cusco, donde sería procesado por el traslado del mineral en camiones. Es el principal motivo de conflicto, ya que todos los días pasan por las comunidades y pueblos 600 camiones articulados que se desplazan en convoyes de 35 unidades, levantando impertinentes nubes de polvo.


Los campesinos se quejan de que las chacras fueron invadidas por el polvo, que ya no pueden sacar su ganado y que el ruido que hace “el gusano de tráilers” les impide conversar con los vecinos. Peor aun porque la carretera de la empresa atraviesa sus tierras, sin la autorización de los comuneros. Además, pasan decenas de cisternas con combustibles, por lo cual la carretera se convirtió en un verdadero peligro.

El anterior presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, actualmente en prisión preventiva por lavado de activos, ocupó la presidencia del directorio de Servosa, una empresa que en la actualidad cuenta con 400 camiones y tiene el monopolio del transporte del mineral de Las Bambas. El economista, empresario y banquero presidente jugó fuerte a favor del proyecto minero, escondiendo sus intereses en el transporte del mineral. En 2015, el congresista Justiniano Apaza denunció que Kuczynski recibía financiamiento de la minera y que su empresa obtuvo “sin licitación el cien por ciento del transporte del mineral en varias zonas del sur del país”. Al año siguiente, fue elegido presidente sin que nadie investigara las denuncias.


COMUNEROS SIN COMUNIDADES.


La lógica del modelo extractivo es implacable. Para hacer posible la explotación de Las Bambas, las 450 familias de la comunidad Fuerabamba debieron ser trasladadas, porque vivían justo encima de una fabulosa riqueza que supuso la mayor inversión minera del mundo, con 11 mil millones de dólares para poner en marcha la quinta mina del mundo. El nuevo asentamiento fue levantado con viviendas “estilo suizo” y se compensó a los comuneros con elevadas cifras, y en el nuevo asentamiento (a dos quilómetros del original, a 3.800 metros de altitud) se construyeron un centro de salud, instituciones educativas y hasta un cementerio, completamente trasladado del sitio original.


Pero ya no cultivan la tierra, se sienten “como palomas encerradas” en la nueva localización y los ancianos no saben qué hacer sin sus ovejas; deambulan sin norte entre las modernas viviendas en hileras que parecen prisiones. Sin embargo, sobrellevan el dolor y el abandono en silencio, porque en Perú uno de los epítetos más difíciles de aceptar es el de “antiminero”.


En la región minera, el 80 por ciento de la población es pobre y la mitad de los menores de 5 años padece desnutrición crónica. La capital del distrito donde se asienta Las Bambas, Challhuahuacho, a dos quilómetros de la mina, creció de dos a 16 mil habitantes en pocos años, un verdadero tsunami demográfico con hondas consecuencias sociales. Según Ruth Vera, de Derechos Humanos Sin Fronteras, ahora “abundan los problemas de violaciones, violencia doméstica y delincuencia que fueron desencadenados por la presencia minera”.


La mayoría de los varones prestan servicios a empresas que operan para la mina y acceden a cantinas y bares, lo que trastoca la vida familiar y comunitaria, en una sociedad profundamente patriarcal en la que la violencia cuenta con amplia legitimidad social.


El otro problema es la represión estatal. Según la Ong CooperAcción, las 50 mil personas que viven cerca de la carretera “tienen suspendidos sus derechos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”, por la aplicación del estado de emergencia cada vez que se produce algún conflicto.


El corredor vial se ha convertido en pieza estratégica en Perú, ya que incluye cinco grandes unidades mineras en explotación (entre ellas, Las Bambas) y conecta no menos de cuatro proyectos exploratorios importantes. En ese marco, la Policía Nacional firmó, en secreto, 31 convenios con empresas mineras para la protección de sus negocios. Los policías se trasladan en camionetas de las empresas y tienen bases en los campamentos de las mineras, lo que los convierte en una guardia privada empresarial. Estos mecanismos permiten hablar de un “gobierno minero” en la región, en el que participan el Estado y las empresas.


En el conflicto minero en torno a Las Bambas, sobresalen dos cuestiones. Por un lado, 500 comuneros tienen procesos abiertos por haber participado en protestas contra la empresa minera. Tres campesinos purgarán más tiempo de prisión por cortar la ruta que el ex presidente por robarse millones. El mes pasado, los abogados asesores de la comunidad fueron sentenciados a tres años de prisión preventiva tras ser acusados mediante la figura legal de “organización criminal” que “extorsionaba a la empresa minera”. Pero la represión es apenas una cara del conflicto. Las consecuencias más profundas de la presencia minera pueden resumirse en el desmembramiento de las comunidades por la desarticulación del tejido comunitario que provocan los emprendimientos.


LA UTOPÍA DE SEGUIR SIENDO.


Apurímac es la región donde nacieron Micaela Bastidas (esposa de Túpac Amaru) y José María Arguedas, dos grandes de la lucha social y de las letras de este continente. En casi todas las plazas de Abancay, la tierra natal de Micaela, hay alguna estatua blanca que la recuerda, con sus trenzas largas y una mano alzada al cielo. La tumba de Arguedas fue erigida en una plaza en la que se reúnen, desde tiempos remotos, los campesinos que llegan al mercado de Andahuaylas, donde nació un siglo atrás.


El martirio de Bastidas debería haber sido motivo de alguna compasión por los herederos de la conquista. Fue llevada junto con sus hijos, Hipólito, de 18 años, y Fernando, de 10, y su esposo, a la plaza de armas de Cusco, luego de ser torturados, para ejecutarlos de uno en uno. Micaela fue obligada a presenciar la muerte de su hijo mayor, al que primero le cortaron la lengua por hablar mal de los españoles. La estrangularon en público, le dieron garrote y la remataron a patadas.


Sería excesivo decir que el episodio es sólo historia, a la luz de los relatos de la antropóloga quechua Gavina Córdova, nacida en Ayacucho y residente en Andahuaylas. La minería a cielo abierto actualiza el hecho colonial o, por mentar al más importante sociólogo latinoamericano, Aníbal Quijano, refuerza la “colonialidad del poder”, que permaneció intacta pese a la desaparición de la colonia. El derecho de pernada sigue funcionando en la sierra, ya sea como abuso sexual, o bien adaptado a las nuevas relaciones laborales, que permiten, por ejemplo, que los patrones no paguen el salario durante los primeros meses de “prueba” de los nuevos trabajadores.


Pero el colonialismo tiene una cara más fétida aun: la que muestran las propias organizaciones sociales y políticas que resisten a la minería, pero también los partidos de izquierda. El periodista Jaime Borda, presidente de Derechos Humanos Sin Fronteras, asegura que “desde 2006 hasta 2014 la mayoría de los dirigentes comunales han terminado mal su mandato, con acusaciones de aprovechamiento del cargo, de malos manejos económicos y de negociar sólo a favor de sus familiares”. Las empresas mineras operan con cuantiosos recursos para que las comunidades elijan personas afines a sus intereses, lo que hace que los cargos de dirección sean ferozmente disputados.


En muchos casos, asegura el periodista, “la comunidad ya no reacciona como un grupo coherente, sino como una suma de individuos que velan cada uno por sus propios intereses”. Por su parte, Córdova destaca que los terrenos comunales se están parcelando y se titulan como propiedad privada, porque para la empresa minera es más fácil negociar con las familias que con la comunidad.


La simbiosis entre modernidad y minería, entre desarrollo y colonialidad del poder está provocando mayores daños que los ya cuantiosos enhebrados por la colonia y la república durante cinco siglos. Poco más de medio siglo después de haber escrito “Llamado a algunos doctores”, un desgarrador poema de Arguedas en el que denunciaba la discriminación de la cultura quechua, la “quinua de cien colores” que amaba y celebraba se ha convertido en mercancía altamente estimada en los restaurantes de los países centrales, pero se ha convertido en lujo inalcanzable para las familias comuneras.


“Siembro quinua de cien colores, de cien clases, de semilla poderosa. Los cien colores son también mi alma, mis infaltables ojos”, versea el poeta. Arguedas no vivió para ver la destrucción de sus sueños regeneradores, prefirió marcharse por propia voluntad, antes que contemplar impotente la destrucción del mundo que amaba.

Por Raúl Zibechi
16 mayo, 2019

Publicado enMedio Ambiente
Martes, 08 Enero 2019 07:03

Bertolucci en la Lacandona

Bertolucci en la Lacandona

Son cerca de las 5.30 de la tarde del pasado 31 de diciembre. La tarde es luminosa. Como si se tratara de la escena climática de una película épica de Bernardo Bertolucci, las tropas de la 21 división de infantería zapatista se despliegan como una enorme serpiente de las Cañadas que va enroscándose marcialmente en el caracol Madre de los caracoles, mar de nuestros sueños de la Realidad, Chiapas.


En la avanzada del despliegue militar hay un destacamento de mujeres zapatistas motorizadas que, al llegar a la plaza central, se abre a los cuatro costados para delimitar el perímetro de operaciones. Les sigue un grupo de milicianas que rodean el cuadro, como si fueran sus guardianas. La cabeza del gigantesco ofidio selvático está integrada por mandos a caballo, entre ellos el comandante Tacho y el subcomandante Moisés. Le sigue una columna de más de 4 mil combatientes en fila de dos en dos, uniformados con pantalón y gorra verde, camisa café, pasamontañas negros y paliacates rojos, cada uno de ellos con dos bastones de madera de unos 75 centímetros de largo, que, al chocar uno contra el otro, marcan el paso de la formación de tropa. No alcanzan a entrar todos.


Esa misma división –se explica en un video de Enlace Zapatista (https://bit.ly/2LR6A9y)– es la que hace 25 años tomó las cabeceras municipales de Altamirano, Oxchuc, Huixtán, Chanal, Ocosingo, Las Margaritas y San Cristóbal. Está reforzada con combatientes de la segunda y tercera generación, zapatistas que eran infantes en 1994 o no habían nacido, y crecieron en la resistencia y rebeldía.


La celebración del 25 aniversario del levantamiento armado del EZLN no es la puesta en escena de un movimiento social. Es muestra de potencia de una fuerza político-militar con orden, disciplina, cohesión, destreza, capacidad logística, base social, mando y control del territorio.


Si en sus apariciones públicas durante los últimos años los zapatistas privilegiaron mostrar su cara cívica y popular, a través de seminarios y coloquios, festivales de arte, escuelitas y exhibiciones fílmicas, este 31 de diciembre pusieron sobre la mesa su rostro militar. Uno que no implica agarrar un arma, pero sí resistir. El mensaje simbólico de su despliegue no pudo ser más explícito.


La celebración es rematada por una enérgica arenga del subcomandante Moisés dirigida a las estructuras militares zapatistas, sus autoridades civiles y a sus bases de apoyo. Les dice: estamos solos, como que no nos miran, como que no nos escuchan. Nos quieren mentir, nos quieren engañar. Es una burla, una humillación. Vienen por nosotros, por el EZLN. No le tenemos miedo al gobierno. Aquí el mal gobierno no manda, mandan las mujeres y los hombres.


Como se sabe (aunque frecuentemente se quiere olvidar y se prefiere hablarle al subcomandante Galeano), Moisés es el vocero del EZLN. Indígena tzeltal, jornalero agrícola en las fincas infernales de Chiapas, compañero del subcomandante Pedro con el grado de mayor en la toma de Las Margaritas y del subcomandante Marcos, él es hoy quien habla a nombre del zapatismo y sus pueblos. No es figura decorativa. Es el vocero de la insurgencia. Sus palabras son síntesis de una vida de sufrimiento y lucha, y de los anhelos emancipadores de los pueblos originarios.


Despliegue militar y palabras deben valorarse juntos. Aunque hay una imbricada historia de desencuentros entre el obradorismo y el zapatismo, la dureza de los señalamientos rebeldes y su movilización de fin de año parecieran responder a dos hechos centrales. La amenaza de una ofensiva en su contra por parte del nuevo gobierno y diferencias programáticas de fondo.


No es paranoia. Voceros de la Cuarta Transformación (4T) han proclamado informalmente a los cuatro vientos que el EZLN fue derrotado, mientras promotores de la nueva Guardia Nacional amagan con emprender acciones de contención contra los rebeldes.


El zapatismo (y multitud de pueblos indígenas y grupos de derechos humanos) tienen diferencias sustanciales con el obradorismo. Acosado por la militarización de Chiapas durante más de un cuarto de siglo, el EZLN rechaza la Guardia Nacional y la considera un paso adelante en la militarización del país. Con una larga lista de militantes asesinados, se opone al punto final que deja impunes crímenes del pasado. Acosado por quienes pretenden despojarlo de sus territorios, ve en el Tren Maya y los proyectos de reforestación la punta de lanza para destruirlos. Comprometido con la reconstitución de los pueblos originarios, encuentra en las ceremonias new age del nuevo gobierno un engaño. Decidido a hacer realidad otro mundo, mira en la pretensión de la 4T de gobernar simultáneamente para explotados y explotadores, no sólo el eco de las palabras del represor Absalón Castellanos Domínguez, sino una locura. Empeñado en luchar contra el capitalismo, cree que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la continuidad de éste.


No hay que hacerse bolas. La aparición de Bertolucci en la Lacandona anticipa que, en contra de lo que algunos creen, nada está escrito en definitiva en el sureste.


Twitter: @lhan55

Publicado enInternacional
Viernes, 14 Diciembre 2018 06:08

Presos políticos mapuche

Presos políticos mapuche

“Si comparo la situación actual con once años atrás, veo un cambio notable en nuestro pueblo”, explica Mónica Quezada, madre de Matías Catrileo, asesinado por la espalda en 2008 mientras recuperaba tierras. La coyuntura a la que se refiere Mónica es la masiva y maciza movilización social a partir del 14 de noviembre, cuando fue asesinado Camilo Catrillanca, también por la espalda.


El diálogo lo tuvimos el pasado lunes 10 en la cárcel de Temuco, donde visitamos a tres de los ocho presos políticos mapuche: los hermanos Benito y Pablo Trangol y el machi Celestino Córdova. Estaban rodeados de media docena de mujeres de su pueblo, que acuden todas las semanas, como hermanas políticas de los presos.


Los Trangol fueron acusados de la quema de una iglesia evangélica, pero fueron incriminados por “testigos sin rostro” y se les aplicó la Ley Antiterrorista. Realizaron una huelga de hambre de más de cien días, el año pasado, para revertir la aplicación de una legislación que según organizaciones de derechos humanos representa violencia, racismo y discriminación étnica en contra del pueblo mapuche.


A la extensa huelga de hambre se sumó un hermano de los Trangol y una autoridad de su comunidad, exigiendo el inicio de un juicio justo, ya que estuvieron más de un año como imputados sin juicio, y la no aplicación de la Ley Antiterrorista. La justicia determinó diez años de prisión para Benito y Pablo, de 35 y 25 años de edad, sin más elementos que las declaraciones de una mujer cuyos datos ni siquiera los abogados conocen.


El machi Celestino fue acusado en el marco de las investigaciones de la muerte del matrimonio de hacendados Luchsinger-Mackay, en 2013. Fue condenado a 18 años de prisión y realizó una extensa huelga de hambre de más de cien días para poder acudir a su comunidad para realizar una ceremonia tradicional y cumplir así su función de machi (autoridad religiosa mapuche).


La impresión que recogemos en la visita, confirmada en todos los diálogos con autoridades mapuche, es que la represión viene creciendo de forma exponencial. Algunos comuneros relataron que el cuerpo de Carabineros utiliza formas represivas ilegales para atacar a las comunidades y en particular a las autoridades comprometidas en la recuperación de tierras y en la resistencia al Estado de Chile.


Los crímenes de Catrileo y de Catrillanca muestra claramente el accionar delictivo de Carabineros. En los dos casos los uniformados mintieron. Catrileo muere en una acción pacífica en el fundo Santa Margarita, del agricultor Jorge Luchsinger, predio que reclaman las comunidades y era defendido por Carabineros que dispararon sobre el militante mapuche. Dijeron que hubo un enfrentamiento armado, pero los asesinos debieron ser condenados cuando se desmontó el engaño y dados de baja del cuerpo.


Catrillanca fue asesinado por la espalda por un miembro del Comando Jungla de Carabineros mientras conducía un tractor. La primera versión de Carabineros fue que la acción era la respuesta al robo de coches de profesoras de la escuela de Ercilla por un grupo de encapuchados y dijeron que tenía antecedentes penales. Aseguraron que la acción no había sido filmada, pero en realidad destruyeron esa prueba.


Cuando todas las mentiras se vinieron abajo, el gobierno debió dar marcha atrás y a lo largo de todo Chile se multiplicaron las manifestaciones de apoyo al pueblo mapuche. A esa enorme movilización hizo referencia Mónica, la mamá de Matías Catrileo, al mencionar el crecimiento del pueblo mapuche en esta larga y difícil década.


Así como el asesinato de Matías forjó una nueva camada de militantes, el de Camilo está ampliando el horizonte de todo un pueblo. Lo realmente nuevo en el Chile actual, no es la lucha mapuche, un pueblo que lleva cinco siglos de pie, sino el involucramiento de nuevas camadas de jóvenes (y no tan jóvenes) en una pelea de larga duración contra un Estado genocida y terrorista.


Esa “potencia” que menciona Mónica, ese crecimiento del pueblo mapuche, no puede comprobarse en las grandes manifestaciones ni en las acciones de repudio y solidaridad. Pero es palpable en los grupos de base, en la multiplicación de organizaciones mapuche y mixtas, en el notable crecimiento de las personas que hablan y estudian mapudungun, incluyendo muchos blancos o huincas. Una fuerza que nace de la tierra, de muy abajo, y que está resultando imbatible.


El principal azote del pueblo mapuche es el extractivismo forestal, al que protegen y defienden el Estado chileno y el gobierno de Piñera. Ese modelo tiene un límite: como señala el último editorial de la página Mapuexpress, la dignidad de la familia y la comunidad de Camilo Catrillanca han supuesto “un fuerte remezón para mirar con mayor precisión histórica y política lo que está ocurriendo en el Wallmapu”, y ha generado “una poderosa ruta para el pueblo mapuche” (goo.gl/BztDCk).

Publicado enInternacional
Extractivismos y Corrupción. Anatomía de una íntima relación

Los extractivismos, como las explotaciones mineras, petroleras o agrícolas, aparecen afectados por la corrupción con creciente frecuencia. No son hechos aislados, sino que sea asociación se repite en toda América del Sur, bajo distintos tipos de gobiernos, involucrando a empresas privadas como estatales, hasta afectar a toda la sociedad. A partir de casos a emblemáticos se analiza la anatomía de esa íntima vinculación, describiendo la estructura de las redes de corrupción, sus flujos de dinero, información y poder y las instituciones comprometidas. La corrupción refieras varias consecuencias negativas sociales y ambientales de los extractivismo, desembocando en erosionar la democracia.

La extrema derecha en Brasil: aprendiendo y desaprendiendo desde la izquierda*

Cual círculos concéntricos se difunden en América Latina los impactos de la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil. Colombia no es la excepción. Más allá de que en este país han prevalecido los gobiernos conservadores, el triunfo de una derecha extrema en Brasil debe ser analizado. Las izquierdas del continente están conminadas a aprender de lo que allí sucedió.

Los agrupamientos políticos que apuestan por cambios, y que lograron sustantivos crecimientos electorales en Colombia, enfrentan el desafío de no repetir las contradicciones observadas en Brasil. Esto también es indispensable para los movimientos ciudadanos que siguen enfrentando estrategias como las extractivistas, ya que un estilo político como el propuesto por Bolsonaro solo augura una acentuación de la violencia. No puede obviarse que Brasil, por ejemplo, lidera los indicadores mundiales en asesinatos de defensores de la tierra, pero Colombia le sigue en tercer lugar (57 en el primer caso y 24 en el segundo, según Global Witness) (1).

En este texto presentamos algunas reflexiones preliminares a partir de lo sucedido en Brasil. No pretendemos ofrecer un análisis detallado de su política interna, sino que nuestro propósito es otro: rescatar algunos aprendizajes de lo que allí sucedió, útiles para una izquierda que está ubicada en los demás países (y por ello aquí intercalamos algunas apreciaciones enfocadas en Colombia). No repetiremos la nutrida información circulante en estos días ni apelaremos a análisis simplistas, tales como achacar toda la culpa sea a la derecha o al progresismo. Compartimos este ejercicio desde una perspectiva de izquierda, con el propósito de alentar su renovación y de evitar que otros Bolsonaro se instalen en los países vecinos.

Progresismos e izquierdas: son diferentes

En todo el continente, los agrupamientos políticos conservadores realizan un activo entrevero de hechos para desacreditar las opciones de cambio hacia la izquierda. Se mezclan las severas crisis de Venezuela y Nicaragua con la caída del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, para insistir en que las opciones de cambio hacia la izquierda son imposibles, fatalmente están teñidas por la corrupción, y así sucesivamente. Pero justamente la crisis brasileña muestra la necesidad de insistir en las diferencias entre progresismos e izquierdas.

Es que muchos de los problemas observados en Brasil resultan, como se verá más adelante, de programas y una gestión de gobierno del PT y sus aliados donde poco a poco olvidaron sus metas iniciales de izquierda para transformarse paulatinamente en progresismos. Esto nunca lo ocultaron, sino que hicieron de ello uno de sus atributos.Por lo tanto, una primera lección a tener en cuenta es que la distinción entre izquierdas y progresismos sigue siendo clave (2).

Humildad para entender los humores del pueblo

El Partido de los Trabajadores y el liderazgo de Lula da Silva fue repetidamente presentado como ejemplo de viraje exitoso hacia las llamadas “nuevas izquierdas” en toda América Latina y a nivel mundial, lo que es comprensible al haber ganado cuatro elecciones consecutivas. No fueron pocos los grupos políticos que en distintas naciones lo tomaron como inspiración. Es más, se insistía en que el “pueblo” en su mayoría había adherido a la izquierda y eso explicaba victorias electorales como las de DilmaRousseff.

Sin embargo, en un proceso relativamente veloz, incluyendo los abusos de la oposición de las disposiciones jurídicas, el PT perdió el control del gobierno, Rousseff fue removida de su cargo, y se terminó eligiendo presidente a un político poco conocido y de derecha: Temer, quien había sido vicepresidente de la misma Rousseff. Los escándalos de corrupción no cedieron, y Lula da Silva terminó encarcelado.

Esas y otras circunstancias desembocaron en un cambio político extremo. No sólo triunfó Bolsanaro, sino que se hizo evidente que la sociedad brasileña es mucho más conservadora de lo pensado. Aquel mismo “pueblo” que años atrás apoyaba al PT, en unos casos lo rechazaba intensamente, y en otros, festejó a un candidato prolífico en discursos de tono fascista.

Estamos aquí ante una otra lección que impone precaución en usar categorías como “pueblo”, y que nos demanda humildad en aseverar cuáles son los pensamientos o sensibilidades prevalecientes. Quedan en evidencia las limitaciones de un “triunfalismo facilista” ante una sociedad que no era tan izquierdista como parecía y un conservadurismo que estaba mucho más extendido de lo que se suponía. Esta es una cuestión de mucho cuidado viendo cómo avanzan las creencias en una prosperidad que supuestamente descansa en el individualismo, el consumismo, y que entienden como normal y hasta necesaria la existencia de profundas diferencias sociales, y aceptan la violencia.

Derechas sin disimulos y progresismos disimulando ser izquierda

Seguidamente queda en evidencia otro aprendizaje: los riesgos de un programa que se recuesta sobre sectores y prácticas conservadoras para poder ganar la próxima elección. Una postura que asume que primero se debe “ganar” la elección presidencial, y que una vez en el palacio de gobierno se podrá “cambiar” al Estado y la sociedad. Esto se ejemplifica en Brasil con acciones que van desde la adhesión a un orden financiero (en la muy conocida “Carta al Pueblo Brasileño” firmada por Lula en plena campaña electoral) hasta su articulación política con el PMDB (Partido Movimiento Democrático Brasileño) de centro-derecha para lograr gobernabilidad. Le siguieron otras concesiones clave en las estrategias de desarrollo, cerrando la puerta a transformaciones estructurales del aparato productivo y así repitiendo el estilo primario exportadora (3). Este es justamente uno de los aspectos que sirven para caracterizarlos como progresistas y diferenciarlos con las izquierdas.

Se cae en una situación donde el progresismo una y otra vez intenta disimular que es una izquierda, mientras que la nueva derecha nada disimula ni oculta. Bolsonaro critica abiertamente a negros o indígenas, es homofóbico y misógino, ironiza con fusilar a militantes de izquierda, defiende la tortura y la dictadura, y apuesta a reformas económicas regresivas. Es ese tipo de discurso el que es apoyado por una proporción significativa de la sociedad brasileña.

Desarrollo nada nuevo sino senil

La necesidad de distinguir entre progresismos e izquierda también queda en evidencia al analizar las estrategias sobre desarrollo seguidas por el PT. El camino de esos gobiernos, el “nuevo desarrollismo”, descansó otra vez en las exportaciones de materias primas. Para lograrlo se ampliaron las fronteras extractivistas y la captación de inversión extranjera, alejándose así de muchos reclamos de la izquierda.

De ese modo Brasil devino en el mayor extractivista del continente, tanto minero como agropecuario (por ejemplo, el volumen de comercialización sumados hasta triplicó al de todos los demás países sudamericanos mineros). Esto sólo es posible aceptando una inserción subordinada en el comercio global y una acción limitada del Estado en algunos sectores como el industrial, justamente al contrario de las aspiraciones de la izquierda de sacar a nuestros países de esa dependencia.

La esencia de esa estrategia de desarrollo no es diferente a la que siguió, por ejemplo, la administración Santos en Colombia. Sin duda hay diferencias, en especial por una mayor presencia estatal en Brasil, evidente en enormes empresas como Petrobras (hidrocarburos) o Vale (minería) que son en parte estatales o estaban controladas y financiadas por el gobierno. Pero persistió el componente extractivista y primario exportador, que vienen de la mano de procesos desindsutrializantes y que obliga a prácticas de imposición territorial y control de movimientos sociales.

Las limitaciones de esas estrategias se disimularon en Brasil con los jugosos excedentes de la fase de altos precios de las materias primas. Aunque se publicitó la asistencia social, el grueso de la bonanza se centró en otras áreas, tales como el consumismo popular, subsidios y asistencias a sectores extractivos o el apoyo a algunas grandes corporaciones (las llamadas campeões nacionales).

Esto explica que el “nuevo desarrollismo” fuese apoyado tanto por trabajadores, que disfrutaban de créditos accesibles, como por la elite empresarial que conseguía dinero estatal para internacionalizarse. Lula da Silva era aplaudido, por razones distintas, tanto en barrios pobres como en el Foro Económico de Davos.

El PT contribuyó sustantivamente a la defensa cultural de esas estrategias, y por ello en Brasil no ocurrieron debates como los que se escucharon en Colombia con“petróleo versus aguacates” (o sea, comenzar a pensar alternativas para el futuro inminente del agotamiento de los hidrocarburos). Por lo tanto, aquí se encuentra un flanco que una renovación de izquierda en Colombia debería considerar, promoviendo desde ya las reflexiones sobre cómo salir de los extractivismos.

La caída de los precios internacionales de las materias primas dejó en claro que las ayudas mensuales otorgadas en Brasil a los sectores marginados sin duda eran importantes, pero no sacaban realmente a la gente de la pobreza, ni resolvía la excesiva concentración de la riqueza, ni impedía que mucho dinero se perdiera en redes de corrupción.

La izquierda debe aprender de esa incapacidad de los progresismos para transformar la esencia de sus estrategias de desarrollo. Se profundizó la dependencia de las materias primas, con China como nuevo referente, con graves efectos en la desindustrialización y fragilidad económica y financiera. El “nuevo desarrollismo” que quiso construir el progresismo no es “nuevo”, y en verdad es tan viejo como las colonias, pues en aquel entonces arrancó el extractivismo.

La lección para las izquierdas en el resto del continente es que la reflexión sobre las alternativas al desarrollo sigue siendo clave. Se podrá tener un discurso radical, pero si las prácticas de desarrollo repiten los conocidos estilos, se quiera o no, eso desemboca en políticas públicas convencionales, y es esa convencionalidad otro componente que apartó a los progresismos de las izquierdas.

Clientelismo versus justicia social

El PT aprovechó distintas circunstancias logrando reducir la pobreza, junto a otras mejoras (como incrementos en el salario mínimo, formalización del empleo, salud, etc.), todo lo cual debe ser aplaudido (4). Por medio de políticas sociales se puede paliar la pobreza, pero cuando prevalece el clientelismo eso se vuelve acotado. No se consigue construir ciudadanías sólidas que reclamen desde los derechos, lo que va mucho más allá de un bono mensual en dinero. El consumismo se acentúo, confundiéndolo con mejoras en la calidad de vida. La bancarización y el crédito explotaron (el crédito privado trepó del 22% del PBI en 2001 al 60% en 2017). De este modo prevaleció el asistencialismo y se reforzó la mercantilización de la sociedad y la Naturaleza.

No se quiso entender que esas estrategias obligaban a usar ciertos instrumentos económicos, sociales y políticos nada neutros, y más bien contrarios de buena parte de la esencia de izquierda. Como resultado, se generaron condiciones para el retorno de la derecha dejándo servido un Estado y normas que lo harán todavía más fácil.

Además, la fragilidad del “nuevo desarrollo” lleva a que los progresismos no puedan resolver sus crisis desde una perspectiva de izquierda y deriven hacia políticas públicas más conservadoras. El PT erosionó la calidad política y aplicó, por ejemplo, flexibilizaciones ambientales y laborales para atraer a inversores. Paradojalmente, esos cambios en Brasil antecedieron, por ejemplo, a las “licencias ambientales express” de Colombia.

En el campo de la justicia social se priorizaron instrumentos de redistribución económica, mientras que los derechos ciudadanos y de las diversas comunidades, sobre todo indígenas, seguían siendo frágiles. No se puede marginar en este breve análisis la brutal militarización de la política gubernamental para intentar frenar la delincuencia común, sobre todo en las grandes urbes de ese país: acción que provocó una creciente ola de violencia e inseguridad.

Bajo estas y otras dinámicas, el énfasis en ayudas y compensaciones económicas acentuó la mercantilización de la sociedad y la Naturaleza. Con ello, el progresismo olvidó aquel principio de la izquierda de desmercantilizar la vida, justamente una de sus reacciones contra el neoliberalismo prevaleciente desde el siglo pasado. Esa meta sigue totalmente vigente en Colombia, donde el actual gobierno Duque expresa una perspectiva neoliberal.

La insistencia del progresismo brasileño en el crecimiento económico como fundamento del desarrollo reforzó un mito que ahora aprovechó Bolsonaro, presentándose como el mejor mediador para alcanzar esa meta. Lo mismo ocurre en Colombia y otros países, donde los gobiernos insisten en el crecimiento económico como la gran meta a perseguir. En cambio, la crítica de izquierda debe, en el siglo XXI, poner ese reduccionismo en discusión.

Las izquierdas no deberían entramparse en esos reduccionismos. Es hora de aceptar que la justicia social es mucho más que la redistribución, así como que la calidad de vida es también más que el crecimiento económico. La criminalización de los movimientos ciudadanos y sociales no puede ser tolerada por una renovación de la izquierda. Estos y otros aspectos apuntan a entender que una verdadera izquierda debe promover y fortalecer el marco de los derechos humanos en todo momento y en todo lugar, más aún desde el gobierno, aún si ello le significa perder una elección, ya que es su única garantía no sólo de su esencia democrática sino de retornar al gobierno.

Ruralidades conservadoras

Las cuestiones alrededor de las ruralidades y el desarrollo agrícola, ganadero y forestal, también están repletas de lecciones a considerar. Bolsonaro llega a la presidencia apoyado entre otros por un ruralismo ultraconservador que festeja sus discursos contra los indígenas, los campesinos y los sin tierra, y que reclama el uso de las armas y la violencia. Podría argumentarse que apunta a ideas y prácticas como las que ya ocurren en muchas zonas de Colombia, donde está muy instalada esa problemática.

Bolsonaro se apoya en la llamada “bancada ruralista”, un sector que ya había llegado al parlamento con el progresismo, en tanto Dilma Rousseff colocó a una de sus líderes en su gabinete (Kátia Abreu). Este ejemplo debe alertar a la izquierda, pues distintos actores conservadores y ultraconservadores se aprovechan de los progresismos para enquistarse en esos gobiernos.

Paralelamente, el progresismo fue incapaz de promover una real reforma agraria o en transformar la esencia del desarrollo agropecuario brasileño. Recordemos que bajo el primer gobierno de Lula da Silva se difundió la soja transgénica y se multiplicaron los monocultivos y la agroindustria de exportación, y no se apoyó de la misma manera a los pequeños y medianos agricultores. Otras administraciones progresistas, en especial las de Argentina, Ecuador y Uruguay, apostaron al mismo tipo de política agropecuaria.

Todos estos son temas sensibles en Colombia, y si bien esquivarlos podría mejorar algunas chances electorales, una real izquierda no tendrá más remedio que abordarlos. El caso brasileño muestra las consecuencias en no explorar alternativas para el mundo rural, insistiendo en el simplismo de apoyar los monocultivos de exportación, sostener al empresariado del campo, y si hay dinero, distribuir asistencias financieras al campesinado.

Las izquierdas, en cambio, deben innovar en propuestas por una nueva ruralidad, abordando en serio no solo la tenencia de la tierra, sino los usos que de ella se hacen, el papel de proveedores de alimentos no sólo para el comercio global sino sobre todo para el propio país. Las izquierdas deben, inclusive, dar un salto fundamental como es entender el territorio como espacio de vida y no simplemente como un factor de producción.

Radicalizar la democracia

La debacle política brasileña también confirma la enorme importancia de una radicalización de la democracia, una de las metas del empuje de izquierda de años atrás y que precisamente el progresismo abandonó. Aquella incluía, por ejemplo, hacer efectiva la participación ciudadana en la política y mejorar la institucionalidad partidaria. Sin embargo, el PT de Brasil concentró cada vez más el poder en el gobierno federal, tuvo un desempeño confuso y hasta perverso: en unos casos volvieron a usar los sobornos a los legisladores (recordemos el primer gobierno de Lula da Silva con el mensalão); persistió el verticalismo partidario (por ejemplo, con Lula eligiendo a su “sucesora”); poco a poco se desmontaron experimentos vigorosos (como los presupuestos participativos); y se usaron las obras públicas en una enorme red de corrupción al servicio de los partidos políticos. El caudillismo partidario se repitió en otros progresismos (como en Ecuador, donde Rafael Correa eligió a su sucesor, o en Argentina donde lo mismo hizo Cristina F. de Kirchner).

Es evidente que una renovación de las izquierdas necesita aprender de esa dinámica, y no puede renunciar a democratizar tanto la sociedad como sus propias estructuras y prácticas partidarias. Si no lo hace, solo facilita el surgimiento de oportunistas. Las estructuras políticas de izquierda deben, de una vez por todas, ser dignas representantes de sus bases y no meros trampolines desde los que ascienden figuras individuales, con claros rasgos caudillescos.

Otra lección surge de comprender que la obsesión electoralista lleva a prácticas que impiden esa democratización. En efecto, el “miedo a perder la próxima elección” hace que el núcleo gobernante (tanto sus políticos como tecnócratas) se abroquelen, rechacen los reclamos de cambio y apertura, y se inmovilicen. Un temor de ese tipo se evidencia en el progresismo boliviano con su intento de imponer una nueva reelección de dudosa legalidad. Un extremo que en parte se debe a la incapacidad de fortalecer al propio partido político cobijando sucesores y renovaciones, lo cual es otra muestra de debilidad democrática.

Un reto aún mayor para las izquierdas, sobre todo luego de las experiencias progresistas, es reconocer el papel político de los pueblos indígenas en una democratización real.

Renovación de las izquierdas

El triunfo de la extrema derecha en Brasil debe ser denunciado y enfrentado en ese país, como también deben fortalecerse las barreras que impidan otro tanto en los países vecinos. El caso brasileño además muestra que debe analizarse lo realizado por los gobiernos del PT, por sus aspectos positivos, por su duración (recordemos otra vez que ganaron cuatro elecciones), pero también por sus contradicciones. Las alertas sobre la deriva de ese partido y algunos aliados hacia un progresismo que se alejaba de la izquierda fueron desoídas.

Cuestionamientos sobre temas fundamentales como los impactos del “nuevo desarrollismo” primarizado fueron no sólo desatendidos, sino que además activamente se combatieron los debates y se marginaron los ensayos que buscaban las alternativas al desarrollo. Persistían problemas como el debilitamiento en la cobertura de derechos, la violencia en el campo y la ciudades, el maltrato de los pueblos indígenas, y todo tipo de impactos ambientales. Pero distintos actores, tanto dentro de esos países como desde el exterior, aplaudían complacientes incapaces de escuchar las voces de alarma con el pretexto perverso de no hacerle el juego a la derecha.

A pesar de todo, en Brasil como en el resto del continente, se encuentran múltiples resistencias y alternativas que se construyen cotidianamente, especialmente desde espacios comunitarios. Ellas ofrecen inspiraciones para una recuperación de la izquierda, desde la crítica al desarrollismo, los empeños para abandonar la dependencia extractivista o los esfuerzos para salvaguardar los derechos ciudadanos. Allí están los insumos para una nueva izquierda comprometida con horizontes emancipatorios.

Es una izquierda que tiene que ser renovada, para no caer en sus viejas contradicciones, como negar la problemática ambiental, asumir que todo se solucionará con estatizar los recursos naturales o los medios de producción, esconder sus vicios patriarcales o ser indiferente a la multiplicidad cultural expresada por los pueblos indígenas y afro.

La renovación de las izquierdas debe asumir la crítica y la autocrítica, cueste lo que cueste, para aprender, desaprender y reaprender de las experiencias recientes. Se mantienen conocidos desafíos y se suman nuevas urgencias. La izquierda latinoamericana debe avanzar en alternativas al desarrollo, debe ser ambientalista en tanto busca una convivencia armónica con la Naturaleza, y feminista para enfrentar el patriarcado, persistir en el compromiso socialista con remontar la inequidad social, y decolonial para superar el racismo, la exclusión y la marginación. Todo esto demanda siempre más democracia.

Notas

1. Los reportes están disponibles en www.globalwitness.org
2. Sobre la distinción entre izquierdas y progresismos, ver por ejemplo, La identidad del progresismo, su agotamiento y los relanzamientos de las izquierdas, E. Gudynas, ALAI, 7 octubre 2015, https://www.alainet.org/es/articulo/172855
3. Sobre algunos balances realizados dentro de Brasil sobre el desempeño del PT, véase entre otros a A. Singer e I. Loureiro (orgs), As contradições do Lulismo. A que ponto chegamos?, Boi Tempo, São Paulo, 2016; también a Francisco de Oliveira, Brasil: umabiografianão autorizada, Boi Tempo, São Paulo, 2018.
4. Véanse por ejemplo los detallados análisis de Lena Lavinas, tales como Thetakeover of social policybyfinancialization. TheBrazilianparadox, PalgraveMcMillan, 2017; y en colaboración con D.L. Gentil, Brasil anos 2000. A política social sob regencia da financierização, Novos Estudos Cebrap, 2018.

 

Alberto Acosta fue presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador y candidato a la presidencia por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas.

Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social en Uruguay.

*El texto es parte de una serie de análisis sobre las implicancias de los cambios políticos en Brasil en distintos países, iniciada con publicaciones en el semanario Voces (Uruguay) y el suplemento Ideas de Página Siete (Bolivia).

 

 

Publicado enPolítica
La cara amarga del desembarco chino en América Latina

La FIDH denuncia violaciones de derechos humanos en casi una veintena de proyectos extractivos con participación de Pekín

 

China se ha puesto las botas en América Latina. Ávido de materias primas y, últimamente, por aumentar su participación en los mercados de infraestructuras y servicios, el gigante asiático, que aspira a relevar a Estados Unidos como primera economía mundial en la próxima década, ha irrumpido con fuerza como un jugador de peso en la región con proyectos en países como Brasil, Perú o Bolivia. Ha creado empleo y, sobre todo, ha mantenido la llegada de flujos de inversión en un momento complicado, en pleno repliegue de los EE UU de Donald Trump. Pekín ha ocupado ese espacio con creces: su banco de desarrollo se ha convertido en el prestamista internacional más importante para un número no menor de países latinoamericanos, firmas como China Petroleum o Chinalco han dado un paso al frente en la misma dirección y sus inversiones en los más de 10.000 kilómetros que separan Ciudad Juárez (México) y Ushuaia (Argentina) se han multiplicado por más de 10 desde 2008.

Pero el maná de Pekín también tiene una cara mucho más amarga: el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos fundamentales en un número no menor de proyectos, tal y como constata la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) -que agrupa a casi 180 ONG de todo el mundo- en un informe presentado esta semana. “Las violaciones de derechos humanos en que incurren las compañías chinas no constituyen hechos aislados, sino que demuestran un patrón de comportamiento recurrente caracterizado por el irrespeto de los derechos fundamentales y de los derechos económicos, sociales y culturales internacionalmente reconocidos”, subrayan los técnicos de la FIDH tras haber recorrido 18 explotaciones mineras, petroleras e hidroeléctricas localizadas en cinco países de la región: Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú


La federación de ONG denuncia el “continuo” ejercicio de estos “comportamientos violatorios con conocimiento de causa” y la falta de voluntad del Estado chino por monitorizar el cumplimiento de los estándares mínimos exigibles por parte de sus empresas y bancos. “Todo ello se torna más crítico cuando se observa el alto impacto de las inversiones chinas en territorios indígenas y áreas ambiental y socialmente sensibles”, agrega. Las violaciones de derechos humanos identificadas tienen que ver, en primer lugar, con la defectuosa implementación de procesos de consulta ambiental a la población en general y, muy específicamente, a las poblaciones indígenas. Ocurre así en el complejo hidroeléctrico de La Barrancosa-Cóndor Cliff, en el extremo sur de Argentina, donde la consulta ambiental “no cumplió los estándares mínimos”, o en el bloque petrolero boliviano de Nueva Esperanza, donde la corporación petrolera china BGP “desconoció los acuerdos y causó daños ambientales”.


Los hechos denunciados también tienen que ver -siempre según la FIDH- con la violación del derecho a la tierra y al territorio: en los proyectos mineros de Mirados y San Carlos Panantza, empresas estatales chinas habrían recurrido a la compra irregular de terrenos y a la interposición de demandas civiles contra familias sin títulos de propiedad, lo que habría ocasionado –“con el apoyo de la fuerza pública”- el desalojo forzoso y el desplazamiento involuntario de una cuarentena de familias indígenas. También con violaciones de los derechos laborales y de asociación, sobre todo en proyectos extractivos en Ecuador y Perú, en los que los empleados han levantado la voz contra el “maltrato, los despidos ilegales y [la presencia de] accidentes previsibles” en el lugar de trabajo o, directamente, con supuestas trabas por parte de las empresas en el proceso constitución de sindicatos.


En América Latina, reconoce la FIDH, el interés económico chino levantó grandes expectativas entre la ciudadanía por la posibilidad de que se tratase de una relación en la que ambas partes saliesen beneficiadas. Y aunque en muchos casos el impulso económico que ha supuesto la llegada en tromba de inversores del país asiático es un hecho constatable con datos, el ente con sede en París considera que, tras una década de presencia de Pekín, las comunidades impactadas por los proyectos no han visto todavía un comportamiento social y ambientalmente responsable por parte de las instituciones chinas. “La viabilidad de una verdadera cooperación sur-sur y de relaciones de beneficio mutuo dependen en gran medida de que China tenga un compromiso genuino de bienestar de las comunidades locales y un modelo de inversión respetuoso de los derechos humanos y de la naturaleza”. Un tirón de orejas y un aviso a navegantes que llega solo tres semanas antes de que Naciones Unidas haga su examen periódico sobre la situación de derechos humanos en el país más poblado del mundo.

Por Ignacio Fariza
México 15 OCT 2018 - 10:27 COT

Publicado enInternacional
Cinco violaciones de derechos humanos por multinacionales europeas que hacen necesario un tratado vinculante

Arranca la cuarta ronda de negociaciones para lograr un tratado vinculante sobre multinacionales y violaciones de derechos humanos. Organizaciones de todo el planeta denuncian la impunidad con la que estas empresas pueden evadir sus responsabilidades.

Esta semana se celebra en Ginebra la cuarta sesión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Más de 100 organizaciones internacionales, movimientos sociales y representantes gubernamentales se reúnen para negociar un acuerdo que aborde las lagunas en la legislación nacional e internacional y hacer frente así a las complejas estructuras jurídicas de las empresas transnacionales, con la intención de que las compañías matriz de las grandes multinacionales sean responsables de las violaciones a los derechos humanos que realizan sus empresas subsidiarias en todo el mundo.


Una investigación coordinada por varias organizaciones civiles —como Amigos de la Tierra Francia, el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) o el Transnational Institute (TNI)— revela que los argumentos para obstruir y oponerse a la elaboración de un tratado vinculante que ha realizado la Unión Europea (UE) en las negociaciones son exactamente iguales que los argumentos de los grandes lobbies industriales.


“La UE no hace más que repetir como un loro lo que dicen los lobbies empresariales internacionales en este grupo de trabajo de la ONU, con los mismos argumentos y a veces las mismas palabras. Se deben tomar medidas para proteger el proceso de la ONU de influencias corporativas dañinas", explica Juliette Renaud, de Amigos de la Tierra Francia.
El informe, llamado The EU and the corporate impunity nexus , presenta además una serie de casos de empresas europeas donde, tras los apellidos como “verdes” y “responsables”, se esconden prácticas que contradicen totalmente el discurso que utiliza la UE para defenderlas como tales. La exposición de este tipo de prácticas por parte de estas empresas europeas se ha hecho para mostrar la necesidad de que avancen las negociaciones para un tratado internacional vinculante.


“Los estudios de casos de las multinacionales europeas que hemos incluido en este informe muestran cómo prevalece actualmente la impunidad de las empresas y a las comunidades afectadas se les priva de justicia”, declara Mónica Vargas, del Transnational Institute (TNI), quien añade que “un tratado vinculante sobre las transnacionales y los derechos humanos que sea robusto será un cambio de juego en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos”.


LA PETROLERA SHELL Y LA PATAGONIA ARGENTINA


La holandesa Royal Dutch Shell, junto a otras empresas como Chevron, BP, Total, Wintershall y Statoil, participa en un proyecto de extracción de gas y petróleo no convencionales en la provincia Neuquén, en la Patagonia argentina. Según relata la organización Observatorio Petrolero Sur , la filial de argentina de la petrolera, Shell CAPSA, participó en la perforación de pozos en las inmediaciones del área natural protegida Auca Mahuida, violando la legislación de protectora del medio ambiente. Tampoco se tuvo en cuenta la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de Argentina, como las comunidades mapuches afectadas, y su derecho al territorio consagrado en la Constitución argentina.


Esto llevó a las organizaciones de la sociedad civil a presentar una declaración conjunta al Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2016 y, en 2017, a presentar otro documento al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. La única vez que Shell reconoció los impactos adversos de sus operaciones en una comunidad Mapuche fue cuando en la firma de un acuerdo voluntario de compensación, en el que no reconoció los derechos indígenas como tales, ignorando la Constitución del país y las denuncias ante la ONU.
las energéticas españolas y el Istmo de Tehuantepec


Las empresas españolas Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona, Renovalia y EDF están implicadas en el desarrollo del mayor corredor eólico de América Latina, que está provocando numerosos impactos en el territorio y en la población de la zona, predominantemente indígena. Según relata el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) en el informe, el proceso de construcción del Corredor Eólico Istmo de Tehuantepec no ha garantizado el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Asimismo, ha implicado el uso de medios ilegales para modificar la propiedad de la tierra de la comunidad y falsas promesas para engañar a la población para que firme contratos de arrendamiento de sus tierras. Además, aunque la energía eólica se considera energía limpia, este megaproyecto está teniendo múltiples impactos en el territorio, que van desde cambios en el uso de la tierra e impactos ambientales, hasta la militarización y la masculinización del territorio.


Sin embargo, a pesar de las diversas violaciones de los derechos y de las numerosas sentencias judiciales aún pendientes, las peticiones de cancelación de contratos o de suspensión de los proyectos iniciados sin consulta previa sólo han dado un resultado positivo en un pequeño porcentaje de los pocos casos.


G4S Y LOS TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS


La multinacional de seguridad británica G4S se ha hecho famosa por ofertar la realización de servicios “de baja reputación” a gobiernos, tales como la detención de migrantes o el control de fronteras. Según denuncia en este informe la organización española Instituto internacional por la Acción no Violenta, Novact, este tipo de externalizaciones por parte de los Estados puede difuminar y dificultar la depuración de responsabilidades de gobiernos y las empresas privadas en las violaciones de los derechos humanos mientras se acometen estos servicios.


La empresa británica ya ha recibido varias denuncias por ofrecer a los gobiernos una manera low cost de realizar este tipo de servicios de seguridad y transferir las responsabilidades a esta, la cual se protege mediante su estructura internacional y, según Novact, “crea un entorno propicio para que se cometan violaciones de los derechos humanos”.


A través de su filial israelí, G4S se ha visto implicada en varias denuncias de violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Las primeras violaciones se denunciaron en varios centros de detención gestionados por la empresa, donde los menores permanecieron en régimen de aislamiento durante días. Otra de las denuncias por el maltrato de mujeres palestinas, especialmente mujeres embarazadas, en centros de detención controlados por la compañía. Un tercera denuncia abarca todas las operaciones de G4S en territorios ocupados palestinos. A pesar de que el Punto de Contacto Nacional británico concluyó que se habían producido violaciones, no se pudieron tomar medidas legales, ya que G4S vendió la mayor parte de sus activos israelíes en 2016 a inversores locales, aunque los nuevos propietarios conservaron el equipo de gestión de G4S.
Indra, la militarización de las fronteras y Yemen


La empresa española Indra continúa su paso firme para convertirse en una de las principales empresas europeas de defensa y seguridad. Según denuncia el Centre Delàs en el informe, Indra tiene una enorme fuerza como lobby en Bruselas y participa en la elaboración de directrices estratégicas del Programa Europeo de Investigación sobre Seguridad, lo que ha dado lugar a un mayor número de contratos para la empresa española.


Cuando en 2005 se decidió reforzar el muro de la frontera marroquí en Ceuta y Melilla, Indra y otras dos empresas (ACS y Ferrovial) ganaron 8 de cada 10 euros que se destinaron al desarrollo fronterizo. Gracias, en parte, a las presiones como lobby de Indra y de otras empresas del sector, la UE destinó 2.000 millones de euros a reforzar sus fronteras exteriores entre 2007 y 2013, y solo 700 millones de euros a mejorar las condiciones de vida de los refugiados y solicitantes de asilo.


Según el Centre Delàs, el ejemplo más claro es la guerra en Yemen. Armas con componentes producidos por Indra están siendo utilizadas por la coalición saudí para bombardear objetivos civiles. La violación de los derechos humanos por parte de un país al que una empresa con participación del Estado español (un 18,7% de sus acciones están en manos de la empresa estatal SEPI) ha vendido armas, según el informe, haría cómplices a Estado y multinacional de las violaciones de los derechos humanos y los presuntos crímenes de guerra cometidos por Arabia Saudí.


SYNGENTA Y LA MUERTE DE TRABAJADORES DEL ALGODÓN EN LA INDIA


En Yavatmal, región algodonera de la India, varios trabajadores del algodón fueron envenenados mientras fumigaban entre julio y noviembre de 2017. Al menos 50 murieron y más de 1.000 enfermaron, algunos durante meses.


Syngenta, una multinacional anteriormente suiza que ahora es de propiedad china, fabrica Polo, uno de los plaguicidas involucrados en este caso. Su ingrediente activo, el diafentiurón, está clasificado como ligeramente peligroso por el Gobierno de la India y altamente peligroso por la Pesticide Action Network (PAN) India. Por ley, los fabricantes de plaguicidas, como Syngenta, deben capacitar a los usuarios y garantizarles el acceso al equipo de protección personal y al equipo médico necesario en caso de envenenamiento. Algo que, según relata en el informe la organización suiza MultiWatch, no parece haberse hecho en el caso de la India. Tampoco se ha proporcionando información en los idiomas locales sobre seguridad de uso, algo también obligado para este tipo de productos.


Una coalición de ONG presentó un informe a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para denunciar a Syngenta y a otras empresas químicas con sede en la UE por violar el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, un código de aceptación voluntaria. Sin embargo, estos organismos de las Naciones Unidas no han cumplido ninguna recomendación específica y la empresa no ha sido sentada ante ningún tribunal.

Yago Álvarez
@EconoCabreado
2018-10-15 16:48:00

 

Publicado enInternacional
Viernes, 31 Agosto 2018 07:58

“Mi casa no está en venta”

“Mi casa no está en venta”

A la sombra de la crisis social en Nicaragua avanza un proyecto minero de la multinacional Condor Gold que amenaza con erradicar al pueblo Santa Cruz de la India, gracias a una flexibilización de las evaluaciones de impacto ambiental decretada por el gobierno de Daniel Ortega. Durante tres meses los pobladores le bloquearon la entrada a la minera. Siguen resistiendo.


En medio de la profunda crisis social y política que enfrenta Nicaragua, la empresa trasnacional minera Condor Gold aprovecha para conseguir el permiso ambiental que la habilita a comenzar el proyecto Mina La India, una mina a cielo abierto para extraer oro en la comunidad Santa Cruz de la India, a 176 quilómetros de Managua.


Santa Cruz de la India, perteneciente al municipio de Santa Rosa del Peñón, en el departamento de León, tiene una larga historia vinculada a la minería aurífera. A finales de la década de 1930 se instaló allí la empresa canadiense Noranda Inc para desarrollar un proyecto de minería subterránea, con túneles en los cerros. La empresa dejó de operar en 1950, cuando reventó la represa sobre el río La Simona que la proveía de energía. Esta catástrofe casi hizo desaparecer al poblado; cerca de 50 personas perdieron la vida, mayoritariamente mujeres y niños, y además de la planta eléctrica quedó destruido gran parte del material de la mina.


Los pobladores siempre cuestionaron que se tratara de un simple accidente. “La empresa minera quería intensificar más y despojar de sus casas a los pobladores. La población no aceptó. Según nos contaban nuestros abuelos, existía una represa y los dueños de la empresa la dinamitaron”, apuntó a Brecha Carolina Hernández Ramírez, representante del nicaragüense Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial (Monafmi). Carolina Hernández participó de la Caravana Internacional de Solidaridad con Nicaragua organizada en Montevideo entre el lunes y miércoles pasados por Amnistía Internacional y Cotidiano Mujer. Brecha conversó con ella acerca de la política de inversiones en minería del gobierno de su país, los posibles efectos irreversibles de ésta y sobre la larga historia de las luchas populares relacionadas con la minería en Nicaragua.


Desde la tragedia de 1950, quienes quedaron viviendo en Santa Cruz de la India fueron reconstruyendo el pueblo, la comunidad empezó nuevamente a poblarse y la mayor parte de ella se dedica a la minería artesanal.


En 2011 La India Gold SA, subsidiaria de la empresa británica Condor Gold, llegó a Nicaragua para desarrollar proyectos vinculados a la minería extractiva del oro en diversas regiones del país, y consiguió varias concesiones del gobierno, entre ellas la de Mina La India. Entonces comenzó una vital y desigual batalla entre la empresa y los casi 5 mil pobladores de Santa Cruz de la India.
—¿Cómo fue la primera experiencia con Condor Gold?


—Cuando la empresa entró al pueblo pensábamos ingenuamente que iba a reflotar el proyecto de los túneles de la antigua mina subterránea. Empezaron a hacer el estudio de prefactibilidad, cerca de las casas, y a algunas personas les pagaban 100 dólares para hacer perforaciones de prospección en sus terrenos.


En la comunidad había cinco pozos artesanales de agua, de más de 50 años. Cuando comenzaron la perforación, los pozos se secaron completamente, de manera inmediata. Tuvieron que traer pipas (camiones cisterna) para echarle agua a los pozos. Eso nos despertó. Cuando posteriormente comunicaron que el proyecto era de una mina a cielo abierto, ya teníamos ese antecedente.


—¿Qué hicieron frente a esta amenaza?


—Cuando nos enteramos de que esta mina a cielo abierto significaba despojarnos totalmente de nuestras casas, de nuestra tierra y de nuestro trabajo empezamos a organizarnos, a manifestarnos, a protestar, a expresar que no aceptamos el proyecto; y formamos el Movimiento Comunal Santa Cruz de la India, con el que ya llevamos cinco años de lucha.


Nos afecta económicamente, porque nosotros vivimos de la minería artesanal y nos quedaríamos sin trabajo, y también sentimentalmente, porque ahí nacimos, crecimos, vivimos y queremos morir. Y cuando esta minería empieza a trabajar se lleva hasta el cementerio. Nosotros decimos que si no respetan a los vivos menos van a respetar a los muertos.


—¿Cuál es, concretamente, la propuesta de la empresa?


—La propuesta es realojarnos a siete quilómetros por la carretera y luego cinco quilómetros hacia interior y construirnos unas viviendas económicas, porque la mina se va a hacer en el mismo terreno del pueblo. Pero la rechazamos de plano, porque nuestra comunidad tiene para nosotros un valor sentimental y un valor económico, y además el impacto social y ambiental sería irreversible.
—¿Cómo surgió el Monafmi?


—El año pasado fundamos el movimiento junto a otras comunidades, porque es un problema que no sólo se da en nuestra zona. Yo represento a cuatro departamentos de Nicaragua: Matagalpa, Segovia, León y Chontales. Y en las comunidades que formamos el Monafmi el rubro principal en el que se trabaja es la pequeña minería artesanal, o “güirisería”.


Se han entregado ya varias concesiones mineras a diversas empresas, pero todas tienen la misma manera de operar; cuando se plantan en las comunidades no dan a conocer cuál será la manera en la que van a trabajar.


Existe una gran complicidad del Estado con las trasnacionales. Ellos no nos han dejado decidir, han entregado concesiones de explotación, a pesar del grave problema sociopolítico que vive el país, y lo más grave es que la protesta ha sido criminalizada.


—¿Cómo se fue dando la criminalización?


—En mayo del año pasado Condor Gold acusó falsamente a siete miembros del movimiento de Santa Cruz de la India, y la jueza de la municipalidad aceptó la acusación por el delito de “daño agravado”.


En realidad lo que pasó fue que éramos muchos en una manifestación frente a las oficinas de la empresa y simplemente hicimos rodar siete sacos de tierra que tenían en el frente. Este es el delito de daño agravado, para ellos.


A medida que se fue dando el proceso judicial la población se empezó a molestar, a protestar más intensamente, se hicieron caravanas de vehículos, empezamos con 200, luego 400, 600, después 1.000 personas; entonces la empresa se sintió presionada y fue a visitar a cada uno de estos siete acusados y les dijo que desistiría de la acusación a cambio de que dejaran de formar parte del movimiento, que con esa condición ellos quitaban todos los cargos, y los atemorizaban diciéndoles que iban a ir presos.


Los compañeros le dijeron que no, que estaban dispuestos a ir presos, que iban a seguir siendo parte y manifestándose. Al final la empresa desistió de la querella judicial porque se dio cuenta de que la fuerza del movimiento era mayor.


—¿Tuvieron más conflictos?


—Una madrugada de agosto del año pasado, a las 3 de la mañana, Condor Gold envió una máquina de perforación a Santa Cruz de la India; nos empezamos a avisar por teléfono. Había un solo punto de acceso para que pudiera entrar la máquina, y decidimos plantarnos ahí, negando el acceso al vehículo. Durante tres meses y medio estuvimos las 24 horas del día allí, haciendo lo que llamamos el primer “tranque” (bloqueo) de Nicaragua.


La empresa vio que no desistiríamos, las mujeres de día y los hombres de noche cubrían el lugar. A raíz de esto la comunidad fue totalmente militarizada.


—¿Qué argumentos para seguir avanzando esgrime La India Gold SA frente a la comunidad?


—Más que argumentos, la empresa intenta intimidarte diciéndote: “Esto es del gobierno, es del hijo de Ortega, acá ustedes no son dueños de nada”.


* * *


Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, es el encargado de traer la inversión extranjera a Nicaragua. El proyecto de megaminería Mina La India llegó, en efecto, bajo los auspicios de Pro Nicaragua, la agencia oficial de promoción de inversiones del gobierno. Pro Nicaragua existe desde 2002, y desde 2015 es un ente del Estado que funciona bajo la dirección de la Presidencia de la República, administrada por una junta directiva público-privada en la que Laureano Ortega Murillo funge como asesor.


Mediante el Plan Nacional de Desarrollo del país se han multiplicado las concesiones de exploración y explotación minera, entre las que se encuentran los proyectos de la Condor Gold. El proyecto de Mina La India también cuenta con los auspicios del Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional (Ifc, por sus siglas en inglés).


En el documento del Banco Mundial “Country Partnership Framework for the Republic of Nicaragua for the Period FY18-FY22” (“Estrategia de alianza con Nicaragua para el período 2018-2022”, publicado el 12 de febrero pasado) se expresa que el “Ifc también ha respaldado los esfuerzos del gobierno por hacer que las industrias mineras locales sean más sostenibles desde el punto de vista ambiental, desarrollando e integrando prácticas que aborden el impacto ambiental de las operaciones mineras”. Las expectativas del BM apuntan a que se mejoren “las condiciones para una comunidad que actualmente depende en gran medida de la minería artesanal”.


Como lo expresa el documento, en octubre de 2014 el Ifc realizó una inversión de capital de aproximadamente 5,6 millones de dólares en Condor Gold Plc, que “respalda exploraciones para el proyecto estrella de Condor Gold, Mina La India, ubicado en el centro de Nicaragua”. El apoyo financiero al “proyecto estrella” incluye la contratación de “un consultor social experimentado” para “actualizar el plan de participación de las partes interesadas, un mecanismo y procedimiento de quejas”, y para desarrollar un programa de comunicación que identifique y mapee interesados clave y permita “comprometerse y comunicarse con la comunidad afectada y partes interesadas de manera frecuente y efectiva”, indica el informe del Banco Mundial.


* * *


—¿Ha habido instancias de diálogo? ¿Se realizó la consulta previa libre e informada de la comunidad respecto del proyecto extractivo?


—El 13 de julio pasado el Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua (Cosep) llamó a un paro general como signo de repudio a los asesinatos que estaban ocurriendo en el país. En esa jornada de paro general y nacional, la Condor Gold decidió hacer la audiencia pública del proyecto de Mina La India. Estaba representado el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), había medios de prensa y llevaron a personas que no eran de la comunidad, a las que no las afectaba en nada el proyecto minero. Aquello estaba lleno de policías y de guardias armados. Nosotros decidimos hacer una protesta en las calles y al final ingresamos al lugar; no se nos permitía el acceso, pero como éramos muchos empezamos a entrar.

Como hemos decidido ser nosotros nuestros propios periodistas y utilizar la fuerza de las redes sociales, entré con mi teléfono grabando y trasmitiendo por Facebook Live, diciendo que estas personas (que habían sido invitadas) no eran de la comunidad, que el pueblo estaba en las calles y que nosotros nos oponíamos, y fui agredida. Una trabajadora simpatizante de la empresa me dijo que era una atrevida, y le respondí que todas esas personas habían sido llevadas en buses y que no podían decidir por el futuro de nuestras familias y por nuestros trabajos. Me agredieron.


—¿Qué apoyos han buscado y encontrado?


—Buscamos el apoyo de la Iglesia. Visitamos al obispo de la diócesis de León para conseguir su respaldo, y nos dijo: “Cuando la comunidad está militarizada tendría que oír a las dos partes”. Quienes nos han dado acompañamiento son el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh, véase Brecha, “La lista macabra”, 3-VIII-18) y el Centro Humboldt. A través del Centro Humboldt empezamos a conectarnos con las otras comunidades de otros centros mineros, donde las empresas trabajaban de la misma manera, con intimidación. En Santo Domingo, por ejemplo, líderes del movimiento también fueron encarcelados; en el Chipote la comunidad fue militarizada.


—¿Qué han aprendido en estas instancias?


—Hemos visto los daños que provocan estos proyectos. En una parte del sector de Santo Domingo, por ejemplo, donde se construyó una mina a cielo abierto, antes había un túnel azul de donde el pueblo obtenía el agua. Por el trabajo de la mina el túnel primeramente se contaminó y ahora ya se secó; sólo dejó el gran cráter y esa tierra quedó muerta.
En una hora de trabajo un proyecto de megaminería utiliza el agua que una familia demoraría 20 años en gastar. El agua se contamina, entre tantos daños irreversibles que se provocan al ambiente. Dejan un lugar muerto. Dicen que nos oponemos al progreso, pero eso no es progreso. Estos proyectos tampoco traen trabajo. La empresa trasnacional en nuestra comunidad no brinda trabajo, salvo tareas de limpieza y cocina.


* * *


El diario oficial del Estado nicaragüense, La Gaceta, publicó el 28 de agosto de 2017 un decreto del presidente Ortega (el 15/2017) que flexibiliza las condiciones para los proyectos de inversión.


El decreto precisa que “el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (Grun), desde sus principios cristianos, socialistas y solidarios, se ha comprometido con la preservación de nuestros recursos naturales, promoviendo su cuidado y protección, basado en la formación de valores humanos en la ruta del bien común de la madre tierra y la humanidad”, teniendo como “eje de prioridad la lucha contra la pobreza mediante el desarrollo de acciones que estén en apego a la legislación ambiental vigente”. Sin embargo, el decreto deroga totalmente el sistema de evaluación ambiental vigente desde 2006 y habilita al ministro del Ambiente y los Recursos Naturales a “actualizar, unificar y fomentar la eficiencia y la eficacia de las disposiciones que regulan el sistema de evaluación ambiental de permisos y autorizaciones para el uso sostenible de los recursos naturales de Nicaragua”, lo cual redundó, en la práctica, en la eliminación de los procesos de estudio de impacto ambiental. Así la Condor Gold recibió el permiso ambiental por parte del Ministerio del Ambiente a comienzos de mes para la construcción y operación de una planta de procesamiento que tendrá una capacidad de 2.800 toneladas por día y que permitirá una producción anual de 80 mil onzas Troy (casi dos toneladas y media) de oro.


* * *


—¿No tienen ninguna instancia legal de protección nacional o internacional?


—Asesorados por el Centro Humboldt supimos que el arma que teníamos era el estudio de factibilidad, pero ahora con esta flexibilización (el decreto de 2017) estamos sin defensa. Nicaragua quedó vulnerable a las empresas trasnacionales. Si es declarada de interés nacional tenés que irte.


Con el Monafmi interpusimos una denuncia contra el gobierno de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), básicamente por las violaciones a los derechos humanos que significan las amenazas y el hostigamiento por defender a nuestras comunidades.


Igual sabemos que no hay ninguna medida cautelar de ningún organismo de derechos humanos que el gobierno respete, porque todas las instituciones son corruptas.
—¿Cómo ven el futuro inmediato?


—Incierto. El permiso para construir la mina ya está. Quieren hacer un cementerio de gente viva. Nosotros no estamos dispuestos a entregar nuestra comunidad, nuestro patrimonio. Es algo bastante duro, sabemos que nos pueden matar, ellos saben que los paramilitares tienen derecho a hacerlo.


Hasta el momento la empresa no ha hecho nada, están ahí calladitos, quietos, estudiando la situación, no han ingresado máquinas, y saben que nosotros somos personas decididas, que la población no se va a quedar quieta.


Soy ingeniera de sistemas y mi esposo trabaja en la minería artesanal. Hemos luchado todos desde siempre. Un día, mi hijo pequeño, que era aún más chico, estaba triste, llorando, y me dijo: “¿Es verdad que si la empresa trabaja nosotros nos tenemos que ir de aquí? Mamita, no me quiero ir de mi casa, no quiero dejar a mis a amiguitos”. Los mismos niños chiquitos, cuando nosotros estamos manifestando, caminan con sus tamborcitos. Las oficinas de la empresa están en el centro del pueblo y los niñitos iban a la empresa y gritaban una de las consignas que utilizamos: “Fuera Condor Gold, mi casa no está en venta”.

Publicado enInternacional
Viernes, 31 Agosto 2018 07:51

Plebiscitos y movimientos antisistémicos

Plebiscitos y movimientos antisistémicos

Las consultas populares tienen una extensa historia en América Latina. Se han multiplicado en los años recientes, buena parte de ellas organizadas por los movimientos sociales. En algunos casos, para apoyar o rechazar una legislación determinada avanzada por el gobierno o el parlamento. En otros, para fortalecer la posición de los movimientos ante el modelo extractivista. Siempre tienen ventajas y problemas serios.

Uruguay es uno de esos países donde han sucedido una decena de plebiscitos, con resultados muy diversos y hasta desastrosos. Voy a abordar sólo aquellos casos que están directamente vinculados a los movimientos, o sea que no han sido iniciativa de los gobiernos, o que éstos han aceptado por presión de aquellos para zanjar luchas sociales importantes.


En 1989 un amplísimo movimiento popular contra la impunidad llevó a plebiscito la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, o ley de impunidad, con la que el primer gobierno pos dictadura pretendía no juzgar a los militares violadores de los derechos humanos.


La ley había sido aprobada en diciembre de 1989 bajo fuertes presiones del entonces presidente Julio María Sanguinetti, con la excusa de que los uniformados no iban a aceptar ser juzgados y que podían amenazar nuevamente la democracia. Sólo la izquierda se opuso en el parlamento, cuando tenía apenas 20 por ciento de los votos.


Apenas aprobada la ley, un tsunami social recorrió el país. En pocas semanas se formaron más de 300 comités en Montevideo para recoger firmas y derogar la ley. El proceso fue largo y complejo, hubo trampas burocráticas que obligaron a una impresionante movilización social: 30 mil brigadistas recorrieron todas las viviendas del país pidiendo firmas, dialogando con los vecinos y retornando hasta seis y siete veces para hacer efectiva la rúbrica.


Ese movimiento cambió el país y estuvo en la base del crecimiento imparable del Frente Amplio hasta que superó 50 por ciento de los votos. Pero el plebiscito se perdió (60 por ciento votó amarillo, en favor de la impunidad) y la derrota del “voto verde” supuso un batacazo para el movimiento popular del cual nunca se repuso.


Moraleja: las cuestiones éticas no deben someterse a plebiscito, hay que luchar por ellas toda la vida, como nos dijeron en su momento Madres de Plaza de Mayo.


A partir de aquel momento hubo varios plebiscitos, varios de ellos victoriosos, como aquel de diciembre de 1992 que frenó las privatizaciones. Sesenta y cinco por ciento de los uruguayos votamos por anular los artículos más importantes de la ley, caminando a contracorriente del continente donde se expandía una fiebre privatizadora, en particular en Argentina de Carlos Menem. Fue un triunfo importante del movimiento popular, pero a diferencia del plebiscito de 1989, la movilización no generó entramados y redes organizativas duraderas.


En Argentina hubo un plebiscito que cambió la lucha contra la minería a cielo abierto. Sucedió en Esquel en 1993 y fue, según Página 12, “la primera gran derrota de la megaminería en Argentina”(goo.gl/3NWpYi). El movimiento lo inició una comunidad mapuche que advirtió la presencia de la minera en sus territorios. Los vecinos hicieron múltiples reuniones hasta crear la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina.


Las numerosas marchas y asambleas forzaron a la autoridad local a convocar un plebiscito: 81 por ciento de los vecinos votaron No a la mina de oro y plata de Meridian Gold, pese a la campaña de los principales partidos de la provincia, en una ciudad de 30 mil habitantes en la sureña provincia de Chubut. Fue el comienzo de un amplio movimiento nacional contra la minería y el extractivismo que se agrupa en la Unión de Asambleas Ciudadanas, donde participan personas de más de 100 pueblos y ciudades de todo el país.


Un año antes había sucedido algo similar en Tambogrande (Perú) y en los años siguientes hubo decenas de plebiscitos en varios países de la región, entre los que cabe destacar los más recientes realizados en Colombia contra mineras. En Guatemala decenas de municipios han accedido a las peticiones de la población rechazando la minería y otros emprendimientos extractivos.


Llegados a este punto, es necesario sacar algunas conclusiones. La primera es que los plebiscitos pueden fortalecer a los movimientos cuando son convocados bajo su influencia y en las condiciones dictadas por ellos, siempre que no afecten cuestiones éticas, que nunca deben ser sometidas a votación.


La segunda es que siempre que se ha convocado a los habitantes de sitios donde hay emprendimientos mineros o grandes obras de infraestructura (hidroeléctricas, aeropuertos y puertos), la respuesta ha sido invariablemente negativa y esto ha fortalecido la resistencia.


La tercera es quiénes debe pronunciarse. No tiene sentido que todo un país decida lo que se va a hacer en un territorio; le corresponde sólo a la población afectada. En no pocas ocasiones los gobiernos han tomado la iniciativa pero sólo para desactivar resistencias.

Publicado enInternacional
Política petrolera:  en un régimen y gobierno de seguridad

En el 2002, junto a la implementación en el país del nuevo Régimen Político de la Seguridad Democrática que reemplazó al frentenacionalista –y que con el nuevo gobierno a instalarse va a cumplir veinte años de vigencia–, el presidente Uribe Vélez realizó un cambio en la política petrolera a tono con la internacionalización y privatización globalizada de la economía, y el debilitamiento de la coalición obrero-sindical (USO). Esos cambios de la política en el sector inauguraron el periodo extractivista-neoconcesionado, el cuarto a lo largo de sus ciento trece años de historia.

 

Desde sus orígenes la política petrolera colombiana es una Política Pública Económica Transnacional (Ppet), que realiza las creencias, valores, metas básicas y otras percepciones de las dos coaliciones que la hegemonizan: la Coalición Transnacional y la Coalición Estatal o Gubernamental Administrativa, en donde la Transnacional es su actor fundamental y la Estatal Gubernamental es su actor mediador. (Hernández. 2018).

 

En esta dinámica destaca el hecho que sus respectivos periodos están relacionados con el modelo capitalista de crecimiento económico y social del empleo, dominante en el mundo; y al papel asignado al recurso fósil petrolero y carbonero, a través del sistema de contratación.

 

Así, el periodo extractivista concesionado: 1905-1950 está ligado con el modelo de crecimiento económico liberal clásico, cuyos productores y consumidores se comportan en el marco de las fronteras de los mercados y precios nacionales, y el empleo queda atado a la fortuna de la “mano invisible” del libre cambio que regenta las empresas privadas, y supone equilibra la oferta de mercancías con la demanda de empleo; en el sector petrolero esa creencia y quehacer queda definido en los contratos de Concesión.

 

El periodo Extractivista Estatal: 1951-1973, se ajusta con el crecimiento económico Keynesiano planeado y regulado por el Estado, que a través de sus empresas productivas y su poder soberano para emitir moneda, asume como suya la política social de empleo; en el sector tendrá como agente fundamental a la empresa estatal Ecopetrol.

 

En el Extractivista Asociado: 1974-2002 –un periodo de transición para revertir el modelo de desarrollo keynesiano–, se ajusta con una mixtura de políticas estatal-privadas; viabilizadas en el subsistema petrolero a través de los contratos de Asociación.

 

Y, en el actual Extractivista neoconcesionado: 2003-2022, se traduce y agencia las creencias y valores del modelo de crecimiento neoliberal desregulador y privatizador de las actividades y empresas económicas estatales, a través de la apertura de la economía del país, es decir, sus recursos humanos, naturales, financieros, productivos y comerciales, al mercado globalizado liderado por las corporaciones financieras; que, en su efecto, requieren de los estados incentivos para mantener sus tasas de ganancia –sinónimo de crecimiento económico– como la seguridad a la propiedad e inversiones, rebaja de los impuestos y subsidios a la inversión y, lo más importante, una política social eficiente y eficaz, sustentada en los bajos salarios por la vía de la flexibilización o tercerización laboral. Que para su viabilidad revive como nuevo (neo) la decimonónica “mano invisible” liberal, operando un mercado de productores, propietarios, precios y consumidores transnacionalizados.

 

Traducida en política económica y social asume la denominación de Nueva Política Pública (NPP), diseñada por sus coaliciones hegemónicas y administrada ahora por gerentes exitosos de empresas o corporaciones privadas (Donald Trump), expresión de la fusión del interés privado con los intereses generales; un verdadero esperpento lógico y político, pues la parte, es decir el fetiche, se revela como el todo. Práctica político-administrativa propia de un Estado corporativo que, por la experiencia histórica, agencia un modelo de desarrollo anti-social que le disminuye los impuestos e imposiciones presupuestales directas a los detentadores de la propiedad y la ganancia, para cargárselos al trabajo y a los consumidores por la vía indirecta y de los precios; además de reducir la inversión en las funciones sociales y judiciales del Estado, y privilegiar la privatización y el presupuesto del aparato coercitivo o de defensa. Estado ideal para unos beneficiados que, sin patrocinarlo, lo administran a su favor. ¡Colombia un país de propietarios!

 

Una política que como sistema opera a la inversa del anterior modelo Keynesiano en donde la política económica, regulada estatalmente, sostenía la seguridad social, jurídica y de defensa; ahora calificada de populista.

 

En el subsistema petrolero ese modelo se realiza a través de los contratos de Perforación & Exploración (E&E) o de regalías/impuestos, una versión reencauchada de los originales contratos de Concesión del primer periodo, pero que amplía las garantías a los inversores: menos impuestos, menos regalías, explotación hasta el agotamiento de los campos, licencias ambientales Fast Track, precios internos internacionalizados, tercerización laboral, entre otros, que sustenta la política o locomotora petrolera y minera neoconcesionada del régimen de seguridad.

 

De Ecopetrol a Ecopetrol S.A.

 

Ecopetrol emerge en 1951 de la reversión de la concesión de Mares, a contrapelo del Estado que, apoyado por la Andi, prefería prorrogarle la concesión a la Tropical o concederla al sector privado nacional –que se sintió incapaz de asumirla–, pero que terminó constituyéndose como empresa estatal por la presión entonces ejercida por la coalición sindical popular liderada por la USO. Desde entonces Ecopetrol sería la encargada de administrar el recurso petrolero, hasta el 2002 cuando cambian la política en el sector.

 

Ecopetrol es la columna vertebral de ese cambio, pues pasó de empresa estatal a Sociedad Anónima: Ecopetrol S.A., una sociedad mercantil con personalidad jurídica en la que el capital, dividido en acciones, está integrado por las aportaciones de los socios que no responden personalmente de las deudas sociales; cuyos objetivos se corresponden con los valores, creencia y estrategias propias de una empresa capitalista, es decir, privada –en donde el gobierno, por tanto, participa como un socio capitalista más que espera ganancia de su “inversión”: el recurso y el sello de marca de la empresa. Que funciona ahora como una empresa y holding transnacional para invertir en otros países, operar como sociedad financiera de acciones, y jugar en la bolsa de valores. Dónde sus altos directivos, por efecto de la política en pro de los incentivos a los emprendedores, reciben ingresos acorde con las gerencias de corporaciones multinacionales, y los trabajadores son tercerizados de acuerdo al modelo, en aras de la eficacia y eficiencia productiva.

 

El cambio la desvinculó de la coalición estatal y su responsabilidad en la conducción de la política en el sector, –ahora a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos: ANH–, y la llevó a formar parte de la coalición transnacional, con cuyos actores debe competir –aunque no con el mismo pulso económico, técnico y financiero internacional– estimulada entre otros, por los precios internos del crudo y de los derivados transnacionalizados –en la actualidad el precio interno de producción en Colombia de un barril es de 16,3 dólares y el internacional es de a 60 dólares, el precio del galón de gasolina en EE .UU es de 2,50 dólares y en Colombia de 2,73–, pese a la diferencia de ingresos de los consumidores: EE.UU 7,25 dólares/hora, Colombia 1,13 dólar/hora (2018).

 

La polémica entonces respecto a Ecopetrol no es por el carácter privado o público de Ecopetrol S.A, sino por su sobrevivencia, por cuanto va siendo una empresa obsoleta e inviable, por efecto de la misma política neoconcesionada que no la hace objeto de reversiones –que hasta entonces la sostenían–; sus reservas se agotan –tiene para unos siete años–; las inversiones en exploración interna y externa como los contratos neo concesionados (E& E) firmados no han reportado algún descubrimiento significativo –el boom financiero ha sido producto del alza de precios–; su infraestructura en producción y transporte va quedando obsoleta; su deuda va en aumento –$76 billones a 2016–, y lo más grave, como lo ilustra Reficar, la corroe la corrupción.

 

Ante este escenario muy pronto estaremos pidiendo que vendan sus restos, “pues del ahogado el sombrero”, tal como sucedió con Carbocol S.A hace 16 años con su traspaso, por un precio irrisorio, a las multinacionales BHP Billiton, Anglo American y Glencore International AG –involucrada en Reficar–. Y ya sabemos que en Colombia la historia y sus personajes se repiten como tragedia y como farsa.

 

* Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Miembro del Grupo de Seguridad y Defensa, y del Centro de Pensamiento y seguimiento al diálogo de Paz de la Universidad Nacional.

 

Publicado enColombia
Página 1 de 5