Sí se puede: Pueblos frenan minería en Perú

La carretera entre Cajamarca y Celendín viborea montaña arriba, en una sucesión interminable de curvas cerradas. El veterano dirigente campesino Hugo Blanco, con sus 83 años, ni se inmuta. Los demás vamos dando tumbos en el carromato, apenas distraídos por un paisaje de montañas y valles de tonos verdes, gracias al clima suave del norte del Perú.

A escasa distancia de Celendín, un pueblo grande de unos 25 mil habitantes, se yergue el proyecto minero Conga, de la minera Yanacocha, que pretende extraer oro y otros metales ubicados debajo de las lagunas. Conga consiste en el secamiento de todo el sistema hídrico que integran cuatro lagunas, cinco ríos, unos 700 manantiales, 103 hectáreas de humedales, 18 canales de riego y 102 fuentes de agua para consumo humano.


El Estado buscó imponer el proyecto aurífero mediante la declaratoria de dos estados de emergencia, la militarización de la zona, convenios entre el Ministerio del Interior y la minera Yanacocha y la criminalización de las rondas campesinas. Hubo cinco campesinos muertos y más de 200 lesionados, además de medio centenar de encauzados por la justicia.


Como el 80% de la economía de a región consiste en la agricultura y la ganadería familiares, la oposición a Conga fue siempre contundente y maciza. A fines de julio el encuentro de movimientos regionales en Celendín, convocado por la Plataforma Interinstitucional Celendina, mostró tanto el rechazo a la minera como la diversidad de actores en los pueblos.


Nicanor Huaipata de la Junta de Vecinos de Chonta denunció la escasez de agua para riego, la contaminación que provocan las reservas turísticas y la compra de dirigentes comunitarios por las empresas. Varios miembros de frentes de defensa y de las rondas campesinas recordaron que las regalías mineras que pagan las empresas son ridículas, apenas del 1%, y que nadie fiscaliza lo que se llevan.


Alan Arguedas representa a los trabajadores de Yanacocha. Enseñó estudios de contaminación en sangre y orina con metales pesados, luego de 15 años de trabajo en la mina, que afectan a decenas de empleados.
Las comunidades llevan casi una década resistiendo el proyecto Conga, en un país donde la minería ha causado estragos. Sólo Conga espera extraer oro por valor de 5.000 millones de dólares, lo que permite comprender el empeño de la empresa y de las autoridades en la continuidad del proyecto.


El principal símbolo de la resistencia a Conga es una mujer menuda, campesina y pobre: Máxima Acuña. En 1994 compró una parcela cerca de las lagunas donde Yanacocha pretende extraer oro. Desde 2011 viene siendo agredida. La empresa destruyó su casa de adobe y su huerto, pero el empeño en permanecer y resistir le ha valido el reconocimiento nacional e internacional. En abril de 2016 recibió el Premio Medioambiental Goldman.


Milton Sánchez pertenece al colectivo Guardianes de las Lagunas y es el referente de la plataforma de Celendín. Carga con varios juicios interpuestos por la empresa y el municipio. Acusan a Sánchez y a otros 15 vecinos de secuestro agravado, coacción e irreverencia a los símbolos patrios, por haber interrumpido una reunión y retener a los directivos.


Las comunidades de Cajamarca consiguieron una importante victoria al haber paralizado el proyecto Conga, aunque tienen muy claro que ganaron apenas una batalla. El largo proceso de resistencia les permite sacar algunas conclusiones.


La primera es que sólo una fuerte resistencia y organización comunitarias son la base de su resistencia. Hay fisuras y debilidades, mucha pasividad y comuneros que se pasan al lado de la empresa por necesidades, pero predomina la conciencia de que la minería es su condena a muerte como campesinos.


La segunda es que sólo la acción directa pacífica y masiva les permite avanzar. Los costos son muy altos, en presos y en juicios, pero no conocen otro camino que bloquear con sus cuerpos el trabajo de las multinacionales mineras y de sus socios locales. En ocasiones apoyaron candidatos en las elecciones, pero saben que eso no es solución sino apenas alianzas para defenderse.


La tercera es que la empresa y el Estado volverán a intentar poner en marcha la mega-minera. La lucha será muy larga para lo cual necesitan prepararse y formarse en el debate colectivo, el estudio y la construcción de alianzas. Para eso pusieron en pie la Escuela de Líderes y Lideresas Hugo Blanco Galdos, como un espacio para articular las luchas en el que participan 31 comunidades que resisten a Conga y a las mega-represas en el río Marañón a cargo de la brasileña Odebrecht.

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La militarización de la seguridad nacional: una tendencia que va más allá de los signos políticos

La creciente utilización de las FFAA en temas de seguridad interior se expande por América Latina, pese a los notables fracasos y a la larga historia de violaciones de los derechos humanos. Primero fue Colombia, le siguió México, Brasil y ahora es el turno de Argentina. La militarización avanza mientras las sociedades se sienten desprotegidas.

El gobierno de Mauricio Macri decidió que las Fuerzas Armadas se desplieguen para proteger objetivos estratégicos en la frontera norte. El presidente anunció la medida el lunes 23 en Campo de Mayo, uno de los mayores cuarteles del país. Como era previsible, la oposición y los organismos de derechos humanos lo criticaron argumentando que se rompe así una tradición nacida luego de la dictadura militar (1976-1983), que provocó la desaparición de 30.000 personas y de la cual las Fuerzas Armadas salieron muy desprestigiadas.


Desde ese momento el presupuesto de defensa ha ido en disminución, a tal punto que los 40.000 miembros con los que cuentan en la actualidad, son menos de la mitad de los que tenían cuando entregaron el poder a los civiles hace 35 años. Diversas leyes aprobadas en democracia, como la Ley de Defensa de 1988, la de Seguridad Interna en 1991 y la de Inteligencia en 2001, prohíben expresamente la participación de los militares en el orden interno.


Aunque el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) acotó aún más las tareas de las FFAA, su sucesora Cristina Fernández (2007-2015) decidió que los militares colaboren con la vigilancia del espacio aéreo de las fronteras con Bolivia, Brasil y Paraguay, donde el narcotráfico tiene presencia. Sin embargo, la decisión de Macri va más allá, pasando por encima de la propia legislación y sin consultar siquiera al Parlamento.


Las relaciones del Gobierno argentino con las FFAA no son buenas. Semanas atrás hubo un encontronazo con la cúpula militar cuando se anunció un aumento salarial para este año del 8%, cuando la inflación supera el 30 %. La crisis llevó a la suspensión del desfile militar previsto para la fecha patria del 9 de julio y dar marcha atrás decidiendo un aumento del 20%.


La polémica desatada en Argentina puede ser una buena oportunidad para revisar el papel de las FFAA en los países latinoamericanos, lo que conlleva ciertas sorpresas. Sabemos que se utilizan legalmente en Brasil, Colombia, México y ahora en Argentina, pero la realidad nos dice que en la mayoría de los países del continente los militares participan en el orden interior, más allá del signo político del gobierno, sea conservador o progresista.


La mayoría de los países de Centroamérica que poseen fuerzas armadas (Costa Rica y Panamá no las tienen), contemplan la posibilidad de que sean utilizadas para garantizar el orden interno, en particular para combatir el terrorismo y el crimen organizado, pero también para la protección del medio ambiente o la "seguridad en el campo", como sostiene el Libro de la Defensa Nacional de Nicaragua de 2005.
Pero su uso también está contemplado en la Ley de la Defensa Nacional de Cuba, de 1994, para "mantener el orden interior"; y en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación de Venezuela, de 2002. En Brasil, las fuerzas armadas participan en tareas de policía de forma indistinta, por decisiones de gobiernos de derecha y de izquierda.


Las utilizó Dilma Rousseff durante los Juegos Olímpicos de 2016 y en el Mundial de Fútbol de 2014, entre otras ocasiones. El actual presidente Michel Temer llevó al Ejército a grandes ciudades como Río de Janeiro. Según el Ministerio de Defensa de Brasil, entre 1992 y junio de 2018, las FFAA fueron utilizadas en 132 ocasiones para actuar en lugar de la Policía.


El caso más notorio es el de México: en los 12 años de 'guerra contra las drogas' han sido asesinadas alrededor de 200.000 personas, más de 30.000 están desaparecidas y el desplazamiento forzado supera los 250.000 habitantes. Pese a todo, la violencia sigue creciendo, ya que 2017 fue "el más violento en la historia contemporánea de México".


Pese a que ya nadie puede ocultar el fracaso de la participación de los militares en el orden interior, la tendencia sigue creciendo. Incluso The New York Times, portavoz de una parte de las elites estadounidenses, sostiene que la militarización equivale a una "adicción al fracaso" de las políticas de los gobiernos latinoamericanos y en particular del de México.


Encuentro varias razones para que este proceso siga adelante sin interrupciones, pese a que no obtiene los resultados esperados y profundiza la crisis social.


La primera es que asistimos a una "militarización del poder" en América Latina, como sostiene el analista Marcos Roitman Rosenmann. En su opinión, "el asesinato de cientos de dirigentes medioambientales, activistas, militantes populares, defensores de los derechos humanos y periodistas", es un genocidio ya que las fuerzas de seguridad del Estado convierten en objetivo a los movimientos sociales.


Lo anterior es enteramente cierto, pero no alcanza para explicar las razones por las cuales los gobiernos que se proclaman progresistas, o de izquierda, también forman parte de la misma tendencia hacia la militarización. Quiero decir que estamos ante una cuestión sistémica, de carácter estructural, que va mucho más allá de las tendencias de tal o cual gobierno.


En segundo lugar, en el mundo gobierna algo que se ha llamado "fascismo financiero", que consiste en el dominio del sistema bancario/financiero en los principales países de Occidente, como sostiene el sociólogo Boaventura de Sousa. Este tipo de dominación nos lleva hacia "una espiral de barbarie", como sostiene un reciente y documentado trabajo, está "fagocitando las últimas reservas de civilización".
Todo indica que la militarización en curso, impulsada por el complejo militar-industrial de EEUU y por el sistema financiero mundial, que promueven grandes obras de infraestructura, la minería a cielo abierto y los monocultivos que suponen despojo de los pueblos y veloz acumulación de capital, es la causa última de la militarización. Porque vulnera la soberanía estatal y margina al 50% de la población.
Ignorar las tendencias de fondo nos impide observar la totalidad del panorama y hablar apenas de lo que nos conviene.

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Defender la tierra costó la vida a 207 personas en un año

Son líderes indígenas, activistas y ecologistas asesinados por proteger sus comunidades. La agroindustria desplaza a la minería como origen de la violencia. Desde 2015, más de la mitad ocurre en Latinoamérica

El año 2017 ha sido el más letal para activistas y defensores de la tierra y el medio ambiente en 22 países, denuncia la ONG británica Global Witness en su tercer informe anual sobre las luchas por los derechos humanos ligadas a los recursos naturales. El reporte ¿A qué costo?, lanzado hoy, señala a la agroindustria como el sector más violento, a diferencia de la minería en los años anteriores: 46 personas murieron por enfrentarse a esta actividad.


Al menos 207 líderes indígenas, activistas comunitarios y ecologistas fueron asesinados por proteger sus hogares y comunidades de la minería, la agricultura a gran escala y otros negocios que ponen en peligro sus medios de vida y su modo de vida, indica la ONG.


Brasil fue el país con el mayor número de asesinatos: perdió a 57 activistas medioambientales —de los cuales un 80% defendía los recursos en la Amazonia— y Colombia a 24. “En México y Perú aumentaron los homicidios de tres a 15 y de dos a ocho, respectivamente”, refiere el reporte.


En 2015, Global Witness registró 78 casos de personas asesinadas, un 66% de ellas en América Latina. En 2017, el porcentaje llegó a casi 60%. Por otro lado, las víctimas en Filipinas fueron 48, la cifra más alta documentada en un país asiático.


“Un factor en común entre los países con mayor números de asesinatos son los altos índices de corrupción gubernamental. Y aunque se podría decir que hay menos ataques en contra de defensores en países más democráticos, vale la pena someter a escrutinio el papel de los países inversionistas que facilitan la entrada de sus empresas en contextos donde opositores y activistas son atacados. No hay tantos asesinatos en Canadá o España, pero tienen inversiones relacionadas con ataques en el extranjero”, explica a Planeta Futuro el encargado de campañas de Global Witness, Ben Leather.


Blancos de la violencia


“Una persona defensora de la tierra o del medio ambiente es alguien que toma medidas pacíficas, voluntaria o profesionalmente, para proteger los derechos ambientales o de la tierra”, describe el informe. A menudo son personas comunes y corrientes, “otras son líderes indígenas o campesinos que viven en montañas remotas o bosques aislados, que protegen sus tierras ancestrales y sus medios de vida tradicionales de proyectos mineros, agronegocios a gran escala, represas hidroeléctricas y hoteles de lujo. Otros son guardabosques, que abordan la caza furtiva y la tala ilegal. También podrían ser abogados, periodistas o personal de ONG, que trabajan para exponer el abuso ambiental y el acaparamiento de tierras”, añade.


En Colombia, por ejemplo, Hernán Bedoya se manifestaba contra plantaciones de palma aceitera y de plátano en tierras robadas a su comunidad y fue asesinado con 14 disparos de un grupo paramilitar en diciembre último.

De las 207 personas asesinadas el año pasado, la cuarta parte eran indígenas, en comparación con el 40% en 2016. La población indígena representa el 5% de la población mundial, por ello la ONG destaca que “siguen estando enormemente sobrerrepresentados entre las personas defensoras asesinadas”.


A diferencia de los habitantes urbanos, que pasan de una casa rentada a otra o se mudan de barrio sin sentir una desposesión, la relación con la tierra es muy distinta en el mundo rural e indígena. ¿Por qué es tan indispensable? Una frase de un investigador peruano de literatura andina puede dar una respuesta. “La tierra nos orienta, el árbol sabe más”, asegura el catedrático Mauro Mamani, nacido en Arequipa y que creció cultivando una parcela cedida por un terrateniente. “Ese pedazo de tierra no se cansaba de parir y alimentó a toda la familia”, relató en una conferencia.


2017 no fue solo el año más sangriento desde que se tiene registro de asesinatos de defensores de la tierra, también el de más masacres. En siete casos, más de cuatro personas defensoras fueron asesinadas al mismo tiempo. “Brasil fue el escenario de tres horribles masacres en las cuales murieron 25 personas defensoras. Ocho activistas indígenas fueron masacrados en Filipinas, mientras que en México, Perú y la República Democrática del Congo también tuvieron lugar incidentes, en los que murieron más de cuatro personas a la vez", informa Global Witness.


En una de esas matanzas en Brasil, 20 indígenas Gamela quedaron gravemente heridos, tras un ataque de agricultores brasileños que portaban machetes y rifles: a algunos les cortaron las manos.
En Filipinas, ocho miembros de una comunidad que se oponían a una gran plantación de café de la empresa Silvicultural Industries, en su tierra, fueron matados por miembros del Ejército. La ONG sospecha que esa fuerza armada es responsable del 56% de asesinatos en el país: el 67% de las muertes ocurrieron en la isla de Mindanao, rica en recursos; y el 41% está relacionado a la agroindustria.
“El telón de fondo de este creciente número de víctimas mortales incluye un presidente descaradamente anti-derechos humanos, la militarización de las comunidades, múltiples grupos armados y el hecho de que los organismos gubernamentales no brinden protección”, sostiene la ONG.


¿Cómo evitar más agresiones?


Ante el incremento de la violencia, la organización británica recomienda en casi todos los casos que los Gobiernos fortalezcan las instituciones que protegen los derechos de los pueblos indígenas y su acceso a la tierra, ofrezcan mecanismos de seguridad a las personas amenazadas, y garanticen la rendición de cuentas y transparencia del Estado, dado que la corrupción y la participación de agentes del orden en las muertes están asociadas al incremento de las agresiones.


Sin embargo, en América Latina, la mayoría de Gobiernos no tiene una práctica de transparencia ni da prioridad al balance de sus acciones. Pese a ello, Leather remarca algunas iniciativas. “Existen propuestas desde la sociedad civil que los Gobiernos de la región deben de aplicar. En Honduras, se ha solicitado una Fiscalía Especial para delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos. En Brasil, se ha pedido la federalización de asesinatos emblemáticos de personas defensoras cuyas investigaciones no avanzan a escala local. En México también urgen a las fiscalías a cambiar la metodología para que consideren adecuadamente los motivos potenciales, relacionados con el activismo de la víctima”, detalla.


El informe cita los ineficientes mecanismos de protección para tres líderes mexicanos en el último año. “Las comunidades Coloradas de la Virgen y Choreachi, en la Sierra Tarahumara, estuvieron involucradas en una larga disputa legal contra el otorgamiento de concesiones madereras en sus tierras ancestrales. Según Isela González, directora de la Alianza Sierra Madre, siete miembros de estas comunidades fueron asesinados entre 2013 y 2016. Ninguno de los asesinos ha comparecido ante la justicia”, asegura.


En 2014, González empezó a ser amenazada de muerte por ser parte de una campaña contra las concesiones, las autoridades mexicanas le entregaron un botón de pánico y le ofrecieron la posibilidad de solicitar escolta policial, pero en marzo de este año la activista dijo a Global Witness que no se sentía protegida.


Para México, el informe plantea que el Gobierno garantice evaluaciones de impacto social, ambiental y de derechos humanos “antes del otorgamiento de cualquier permiso o concesión para proyectos de desarrollo o de explotación de recursos naturales”, dado que la imposición de proyectos en las comunidades “sin su consentimiento libre, previo e informado es la raíz de los ataques contra personas”.
El mismo diagnóstico es aplicable en Perú, donde decenas de proyectos mineros, de infraestructura o de agroindustria se han implantado sin procesos de consulta a los pueblos indígenas, una obligación porque el Estado es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo desde 1989, y aprobó la Ley de consulta previa en 2011.


Desde 2013, el Ministerio de Cultura de Perú ha realizado 41 procesos de consulta previa. La ministra Patricia Balbuena precisó a Planeta Futuro que esa entidad está esperando la decisión del Tribunal Constitucional para saber qué hacer con decenas de proyectos energéticos o mineros no consultados a pueblos indígenas entre 1995 y 2012. Dos comunidades de la región Puno (al sur de Perú) esperan, desde 2011 y 2014, respectivamente, que el Constitucional responda las demandas de amparo contra concesiones mineras que el Estado otorgó sin su conocimiento, y que se superponen a sus tierras.


El portavoz de Global Witness también ve “potencial práctico en las instituciones independientes internacionales cuando se les permite operar”, y pone como ejemplos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o el Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) que acompañaba la investigación del caso de Berta Cáceres, la activista hondureña asesinada en 2016, por enfrentarse a la empresa construcción de una hidroeléctrica en tierras indígenas”.


La responsabilidad de los privados


Además de Silviculture Industries para Filipinas, el informe menciona también a Desarrollo Energético SA en Honduras como empresas privadas ligadas a los asesinatos. “El umbral de evidencia para poder acusar a una empresa es bastante alto, y ya es complicado nombrar los sectores a los cuales los defensores asesinados se habían opuesto”, comenta el jefe de campañas de la ONG británica.


“Sin embargo, queda claro que ciertas industrias —y en particular la agricultura a gran escala y la minería— no están haciendo el debido proceso para prevenir la violencia en contra de los activistas. Si Global Witness puede identificar este riesgo, quienes invierten en estos sectores también podrían hacerlo, y deberían evitar los países más peligrosos para personas defensoras hasta que sus Gobiernos tomen medidas genuinas para abordar las demandas de las comunidades afectadas”, agrega Leather.


“Somos parte de la coalición Defenders in development, que este año va a publicar un informe demostrando que muchos defensores de derechos humanos han sido agredidos por protestar contra un proyecto financiado por bancos de desarrollo, entre ellos el Banco Mundial, el Banco Holandés de Desarrollo y el Banco Interamericano. Hasta la fecha ningún banco de desarrollo ha generado una política específica sobre defensores y defensoras, solo el Banco Holandés se ha comprometido a hacerlo”, apunta el activista.


Una resolución del Parlamento Europeo aprobada el 3 de julio alerta de que, ante la “fiebre global por la tierra”, la Comisión Europea debe considerar mecanismos efectivos sobre las obligaciones de debido proceso de las empresas, “para asegurar que los productos importados no estén vinculados a acaparamiento de tierras y graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas”.

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El municipio que obligó al Estado colombiano a repensar su sistema económico

En Colombia los ciudadanos se oponen a la extracción de metales y de petróleo. A través de las consultas populares cuestionan un sistema económico que tiene su base en la Colonia. Visita a Pijao, un pequeño pueblo que llevó su lucha hasta la Corte Constitucional. 


Los buscadores de oro están bien informados cuando encaran con sus camionetas las curvas hacia Pijao, ubicado en el departamento de Quindío, al suroeste de Bogotá. En su equipaje traen un mapa detallado del valle y los números de teléfono de doce lugareños, que indicarán a los geólogos de la ciudad bogotana como llegar a los sitios marcados en el mapa.


Son lugares, donde Anglogold Ashanti (AGA) sospecha que existen grandes reservorios de oro. La empresa británica-sudafricana es la tercera más grande del mundo en explotaciones de oro y lo que quiere es saber, si en la tierra de Quindío realmente hay este tesoro.


Después de una infinidad de curvas, que suelen provocar vómitos en los niños del valle, a la altura del Mirador Café, hay una bajada donde los últimos kilómetros antes de llegar a Pijao no necesitan los frenos.  Este lugar queda un poco atrás de la calle principal en el Circo del Valle a 1700 metros sobre el nivel del mar.


Pijao tiene seis mil habitantes y está bordeado por plantaciones de café, bananas y árboles de aguacate recién sembrados. Su gente vive de la agricultura porque acá hay que ganarse la vida. Y por esa misma razón, los doce hombres de la vecindad dijeron: sí, cuando un representante del municipio los contactó.


Ellos querían ser guías en la expedición de Anglogold Ashanti. También Gonzalo Gómez*, un vacunador de vacas de Pijao, de cabeza pelada, manos grandes y fuertes, una mirada afilada y la alegría de un indignado, decía que sí. El hombre tiene alrededor de treinta años y necesita dinero urgentemente, no duda ni un segundo cuando lo llaman del municipio. Lo que podría pasar con su pueblo, si realmente se encuentra oro en la zona, no lo sabe. Gonzalo Gómez todavía no conoce el término megaminería.


Todo eso pasó en el 2011.


Al mismo tiempo que Gonzalo Gómez y sus compañeros suben hacia las montañas, la antropóloga Mónica Flores, la alumna Estefanía Herrera y el estudiante Jairo Choa están meditando sobre sus trabajos y tareas. Los tres no saben que en este momento una docena de conciudadanos ponen en juego la existencia de toda una región. Y aún menos piensan que en pocos años van a iniciar un proyecto político que repercutirá en otros países de América Latina. El apoyo va a venir de una protagonista inesperada: la Corte Constitucional en Bogotá.


Refugio para aves migratorias


En las afueras de Pijao, rumbo hacía los valles, el asfalto se convierte rápidamente en una pista de ripio y de allí en una especie de camino rural con piedras y pasto. Sin un 4 x 4 termina el viaje aquí mismo. Pijao tiene la misma superficie de Ibarra, ciudad ecuatoriana, su punto más bajo está a 1100msnm y el más alto a 3800.


Hace unos años atrás, el Foro Mundial para la Naturaleza investigó la flora y fauna del valle y encontró pumas de montaña, osos de anteojos, lobos, zorros, comadrejas y zarigüeyas. Por su clima templado también descansan allí las aves migratorias. En las coronas de los cedros, de los robles y de las palmas de cera, el árbol nacional de Colombia encuentra comida y un lugar de descanso antes de seguir el viaje. Los pocos habitantes humanos de la zona usan los árboles para la renovación de sus casas o para cocinar, ya que el acceso a otros recursos es difícil por la lejanía. Se vive de la cría de ganado y de la plantación de papas.
De repente, el terreno se empina y exige la amortiguación de la camioneta. “Y eso es sólo el principio, – dice Roberto Tejedor* (43) – y se agarra del andamio del Jeep. Más arriba solo se puede subir cuando está seco, sino el carro resbala”. También hoy resbalamos dos o tres veces, pero el chofer Francisco Sarango* (40), un amigo de la infancia de Roberto, conoce el territorio tan bien como el vacunador Gómez. Él lleva a los habitantes casi todos los días hacia Pijao en un tiempo de 45 a 60 minutos.


Durante los años noventa, Roberto y Francisco callejearon mucho tiempo en la zona. Con sus amigos descubrieron el bosque, acamparon en el Abra y pescaron en los arroyos y ríos. Pero al margen de los animales les esperaban otros peligros, ya que la guerra entre el gobierno central en Bogotá y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también se extendió en las montañas y valles alrededor de Pijao.


La FARC aprovechó el territorio fragoso, el bosque con niebla y la lejanía del orden capitalista para esconderse. También, los paramilitares de la ultraderecha se mueven en la zona, a veces obligan a los choferes de Pijao, que pasan por casualidad por el mismo lugar, a llevar armas de una base a otra, cuenta Francisco Sarango.


Si se cruzan con un peaje del otro partido los ejecutan en el mismo sitio, sean las FARC o los paramilitares. “Varios de nuestros chóferes nunca volvieron de sus recorridos”, relata.


Esqueletos con joyas de oro


Media hora después llegamos a una zona alta, desde ahí se observa bien el valle que causo un interés particular en Anglogold Ashanti. “Ahí, atrás se quiso construir una mina, dice Francisco indicando con la mano”.  Mucho no se ve ese día, la niebla se colgó en los árboles, pero a quien ha visto una megamina de oro en imágenes o en fotografías satelitales y se fija en los valles mayormente vírgenes de Pijao, le queda claro: sería como la detonación de una bomba. “Yo trabajé tres años como chófer en el Choco”, dice el conductor y se pone serio. “Vi lo que significa una megamina para humanos y naturaleza. No quiero que eso se repita aquí”.


En el noroeste de Colombia, en la frontera con Panamá, se explota hace siglos minas de oro bajo condiciones nefastas. Parte de la vida cotidiana son niños muertos por haber tomado agua con cianuro o las minas clandestinas ocupadas por habitantes desesperados en busca de oro. Regularmente mueren por derrumbes inesperados. Casi ochenta por ciento de los habitantes del Chocó no tienen cubiertas sus necesidades básicas. “La riqueza que se saca de allí”, dice Francisco y prende el motor, “no se queda en la región, se lleva a otros países”. Por ejemplo, a Sudáfrica, Gran Bretaña  o Suiza. Un tercio de todo el oro colombiano llega al país de los Alpes.


La cantidad de oro acumulada en los suelos de Pijao no está clara, dice la autoridad departamental de Quindío, pero escribe en su informe de Impacto Ambiental 2012 que “las unidades de roca y el ambiente geológico en la cordillera central muestran una alta potencialidad de yacimientos de minerales metálicos asociados a cuerpos ígneos”.


Para la mayoría de los habitantes de la región no hay ninguna duda: bajo sus pies hay oro. Hace unos años atrás, cuentan Roberto y Francisco durante el regreso del viaje se descubrió una tumba en las afueras de Pijao, justo donde hoy se plantan arboles de aguacates para la exportación a Europa. Se encontró un esqueleto con joyas de oro, aparentemente una reliquia de tiempos previos a los colonos europeos.


Por lo tanto, no sorprende que el Ministerio Nacional de Minas y Energía de concesiones durante los últimos años  por un total del 80% de la superficie del departamento Quindío para la explotación minera. Veintitrés de los títulos mineros están en el municipio de Pijao, nueve de ellos en el páramo de Chili que se encuentra bajo protección.


Cuando los geólogos pasaron en el 2011 con sus camionetas por la zona, sabían, más o menos, lo que les estaba esperando. En ese momento, AGA Colombia ya había adquirido concesiones mineras en todo el país, equivalentes a más de un millón de hectáreas.


Pero: ¿Quién pudo llevar a los geólogos por los caminos intrincados y protegerlos de los pumas y los lobos? “Yo conozco a alguien”, dice Roberto Tejedor y tiene su Nokia 3210 en la mano. “Él te puede contar bien como fue en ese entonces”.


La locomotora minera colombiana

 


La antropóloga Mónica Flores y la joven Estefanía Herrera buscan preservar Pijao como alternativa turística y productiva opuesta a la empresa minera. Foto: Romano Paganin


Sobre concesiones y leyes mineras, Mónica Flores (50) investigó durante años, pero antes de contar sus conclusiones pone café en el fuego, casi un acto obligatorio en Pijao, no importa la hora. Los tres gatos la siguen en la cocina y piden comida sin maullar. Mónica se inclina y acaricia la cabeza rasguñada del macho. “Te peleaste de nuevo”, le dice y pone las tasas sobre la mesa inmensa del salón. Los abuelos de Mónica han tomado café aquí, en ese entonces el siglo pasado, antes que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) definiera a Pijao como Paisaje Cultural Cafetero. La anfitriona se arrodilla en el banco y habla con el gato aleccionado.


Mónica, después de vivir largos años en Bogotá, Estados Unidos y Europa, volvió a mitad de los años cero a su lugar de nacimiento y abrió un alojamiento boutique en Pijao. Cocina omeletts con ají a sus huéspedes y solo quiere una cosa: que la gente esté bien en el pueblo. Como promotora de Citta-Slow, una organización italiana cuyo objetivo es una vida más lenta y relacionada con la naturaleza, tuvo  claro desde el primer momento: una megamina no tiene lugar acá. Ella se enteró en el 2008, todavía trabajando como concejal, y por casualidad, de las concesiones en el Quindío.


La locomotora minera, empujada por Álvaro Uribe, presidente colombiano en ese entonces (2002-2010), agarró viaje, pues la demanda de materia prima fue enorme. En diez años el número de concesiones mineras saltó de 3000 a 9500; de los 114 millones de hectáreas de tierra firme que constituye Colombia casi un tercio fue, en el 2013, prevista para minería.


Durante el mandato de Uribe no sólo se aflojaron los estándares ambientales para sacar materia prima, sino que también bajaron los impuestos para su explotación. Como consecuencia: empresas transnacionales mandaron a sus equipos de perforación a Colombia con dinamita, latas de cianuro y mercurio, indispensables para la explotación minera industrial.


Mónica empezó a juntar información sobre AGA. Se enteró de las intrigas entre la empresa y los rebeldes en el Congo, las contaminaciones en Ghana, conoce los juegos que esconden para conseguir las concesiones y el cambio de nombres de empresas en Colombia, y por supuesto, sabe de la situación en la ciudad vecina de Cajamarca.


En la mina La Colosa AGA presume reservas de oro por más de 30 millones de onzas. Según la minera, son las reservas de oro más grandes del planeta. La cresta de la montaña, donde el trabajo de exploración termina en el año 2019, llega hasta el Quindío. Y cuando el gobierno en Bogotá declaró Cajamarca juntos con Pijao y otros municipios en la región, como distritos mineros, algo quedó claro para Mónica Flores: no importa cuánto oro, plata o nicle estén en el municipio, si Pijao no se defiende podría desaparecer en breve del mapa.


Los geólogos y sus secretos 


Parecido a un toro, Gonzalo Gómez está sentado en una de las mesitas de aluminio, bajo unas sombrillas, con su gorra hasta la nariz. Es mediodía y el café en la plaza municipal de Pijao, frente a la iglesia y el municipio, se llena rápido. Pedimos café y entramos, en su interior está más tranquilo. Apenas se sentó el vacunador, vuelve a la posición de combate. Aparentemente está esperando solo una cosa: la primera pregunta.


¿Cuál fue exactamente tu tarea para Anglogold Ashanti? 
“Lo primero que se hizo fue una muestra de sedimento en todo el municipio, también en parte de Génova, Buenavista, Córdoba, Calarca y Salento. Después, hicimos una perforación de doce a quince metros cerca de acá. Los geólogos encontraron ceniza volcánica. Ellos traían su propio mapa y nosotros les mostrábamos como llegar a los puntos marcados. Los geólogos seguían más o menos el ramal de La Colosa en Cajamarca, pero mantenían esas informaciones con mucho cuidado. Como herramientas tuvimos solo una palita de jardinero de plástico y un tamiz para lavar las pruebas del suelo que ellos se llevaron. Todas las pruebas que se tomaron allí fueron superficiales”.


La exploración por Quindío pasó por cuatro etapas de veintiún días. Los hombres de Bogotá trataron a los hombres de Pijao con mucha gentileza. Ellos saben muy bien lo que está en juego, ya que se trata de mucha más plata de lo que puedan cobrar los doce ayudantes del campo. Les brindaron alojamiento, comida y cinco millones doscientos mil pesos colombianos. En otras palabras: un poco más de 2500 dólares por 84 días de trabajo, más de tres veces el sueldo básico de ese momento. El dinero fue transferido a las cuentas bancarias de los ayudantes.


¿Hubo dinero entre el municipio y AngloGold Ashanti para facilitar que la empresa pueda recorrer el territorio de Pijao?
“No se sabe”, responde Gonzalo Gómez. “Pero aparentemente la empresa estaba en reuniones con concejales y ellos no tenían nada en contra. El municipio hizo el contacto conmigo”.


La humanidad y los metales


Mónica Flores trae una pila de papeles desde la oficina y lo pone en la mesa de madera. Huelen a leyes y reglamentos. “Aquí no se puede construir una mina así no más”, dice y sorbe con la nariz. Como si lo quisiera confirmar acústicamente. Manosea en la pila de papeles, buscando la sentencia del 2016.


La lista de las razones por las cuales la explotación minera es un tema controvertido, es larga y vale para todo el planeta: contaminaciones múltiples del ambiente, intoxicación y muerte de flora y fauna, división y expulsión de comunidades locales y riqueza que no queda en la zona ni en el país. Además, dice Mónica, “¿Quién consume todos estos metales? Son los países de América del Norte y de Europa, que necesitarían al menos un planeta más para mantener su estilo de vida. Ellos exigen a pueblos como Pijao contaminar su tierra y su gente como si fuese lo más normal del mundo”. Su vista se pierde en el jardín. Vuelve a sorber la nariz y pregunta: “¿Existe la minería responsable?”


En Abya Yala –así fue llamada América antes de 1492– se extraían metales mucho antes de la llegada de los europeos. Como elementos clave no se usó mercurio ni cianuro, sino agua o fuego. En hornos de piedra y bajo mucho calor se separaban los metales de las piedras, un proceso mucho más lento que con los métodos industriales y químicos de hoy en día. 1500 años antes del nacimiento de Cristo, así dice el museo de oro en Bogotá, se recolectaba oro y cobre, usados por los caciques y chamanes en sus ritos religiosos.


El Museo de Oro es un cubo de cemento austero en el centro de Bogotá y pertenece al Banco de la República de Colombia. En su interior, el ambiente se presenta moderno y hasta noble, los objetos están pulidos y los visitantes son numerosos. Admiran la artesanía y los símbolos religiosos de culturas que en la América colonial ya no tenían razón de existir. Como hoy en día ninguna duda de ese hecho deja el vídeo que se muestra sin fin en una sala oscura dentro del museo.


“La vida moderna”, dice una voz del off, “es posible gracias a que conocemos los metales y sabemos cómo usarlos. Estos soportan nuestros edificios y puentes, nos permiten volar, navegar y desplazarnos, sustentan la producción industrial y el comercio. Con los metales medimos el tiempo, hacemos movimientos, rendimos cultos. Producimos arte y hacemos la guerra. (…) La historia de la humanidad de los últimos 9000 años es la historia de los metales. Con ellos hemos construido el mundo en el que vivimos”.


La voz en off suena un poco como Margareth Thatcher y su monólogo There is no alternative. Al final del corto la voz termina con una frase llamativa. Se refiere al uso espiritual de metales por los poderosos de la era precolombina: “Los objetos espirituales y simbólicos comunicaban una visión del mundo que compartía toda la sociedad”.


Toda la sociedad, eso suena a mucha gente. Contemplando la digitalización de nuestras sociedades del siglo 21, cuya expansión no hubiese sido posible sin la materia prima como oro, cobre o litio, es permitida la pregunta: ¿Será posible que la influencia de un Iphone o una computadora en nuestra existencia sea mucho más grande de lo que suponemos? ¿Se convirtieron en objetos o símbolos espirituales?


La oposición del pueblo crece


Sea como sea: la industria extractivista con empresas como AGA, Glencore (Suiza) o BHP Billinton (Inglaterra/Australia), cuyos nombres ocupan los primeros puestos de las listas de los críticos al capitalismo, ya no pueden hacer lo que les pinta, ni en este lado de la orilla ni en la otra. Al menos en los medios de comunicación europeos el tema de la extracción de recursos en países del sur llegó a la agenda política y de a poco se va instalando en la conciencia de la sociedad. Jóvenes alemanes ocupan minas de carbón y exigen su cierre.


En Inglaterra están los municipios que se convierten en transition-towns, apuestan a la economía local y por lo tanto disminuyen la dependencia del mercado global y sus materias primas. Y en Suiza, que por sus bajos impuestos es uno de los lugares preferidos para las empresas transnacionales, crece de a poco la conciencia sobre las consecuencias que causa la industria al planeta. El plebiscito con el nombre Konzernverantwortungsinitiative, por ejemplo, exige que las empresas con sede en Suiza posean reglas vinculantes en sus prácticas para cumplir estándares sociales y ambientales. Algo parecido inició Francia.


Y también en América Latina el pueblo se está defendiendo más y más a través de consultas populares. Desde el comienzo del milenio hubo alrededor de cien consultas relacionadas con minas metálicas. En casi todos los casos los votantes dijeron que no; en Costa Rica y El Salvador se prohibió la extracción minera por completo. En Mendoza, una provincia al oeste de Argentina, se prohibió el uso de químicos tóxicos para sacar metales.


En cambio, en países como Colombia, el gobierno no sólo trata de disimular los resultados de las consultas populares. Simplemente no las reconoce. La razón es obvia: hace siglos la economía del país se basa en la extracción de materia prima, independientemente lo que piense el pueblo. En esa cuenta no se considera la intoxicación de los ecosistemas, la expulsión de indígenas, la militarización de la zona y la extinción de especies enteras. Para satisfacer los mercados internacionales y a sus consumidores –la mayoría de la materia prima va a la exportación– las empresas no dudan en matar a los que se oponen a esa lógica.


Después de Brasil e Indonesia, Colombia es el país con más activistas ambientales asesinados en el mundo. La Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó, en un informe reciente, su preocupación por esta situación refiriéndose especialmente a los líderes indígenas, campesinos y afro colombianos, es decir, los grupos étnicos más afectados por la industria extractivista.


De vuelta hacia sus raíces


Unas de las razones por las cuales Mónica Flores volvió a su lugar de origen es la urbanización veloz en los grandes centros, que avanza en un ritmo abismal. Vio el mundo afuera de Pijao y llegó a la conclusión de que su pueblo es un buen lugar para vivir. Escribió un libro sobre la arquitectura local, ofrece cursos en ecología social y organizó caminatas públicas con ornitólogos que indican los nombres y comportamientos de las aves del valle. Quiso que sus vecinos vean lo que ella vio: el agua cristalina de los ríos, la tierra fértil, la biodiversidad. “Y paso a paso los habitantes volvieron a reconocer su riqueza y a valorarla”, dice Mónica.


Los niños dibujaron la diversidad en la vereda, los cafeteros plantaron un café especial y generaron puestos de trabajo, los apicultores empezaron a producir miel orgánica, las caseras cocinaron mermeladas con frutas de la región y con Citta-Slow llegaron también turistas de otros continentes. Nacieron alojamientos familiares como el de Mónica Flores.


Hace diez años nadie quería ir a Pijao, por las casas que parecían derrumbarse en cualquier momento y porque durante la noche existían esquinas en el pueblo por las cuales mejor no pasar. El lugar se convirtió en un pueblo pintoresco que tiene el carisma de un pueblito en la Toscana, Italia. Sin ese cambio cultural, dice Mónica Flores, la gente no hubiese tomado dimensión de la megaminería y la discusión pública que se dio a partir de 2013 no se hubiese dado. Los ciudadanos se juntaron en ese entonces y decidieron de organizar una consulta popular. Quisieron defender la riqueza local.


Lo que suena fácil terminó en el 2016 en la Corte Constitucional. “Aquí está”, dice Mónica Flores y pone la sentencia de 118 páginas sobre la mesa.


La nena curiosa de al alado


Cuando la nueva Constitución entró en vigencia en 1991, unas de las constituciones más avanzadas en el continente respecto a la participación política y el derecho a la auto determinación territorial, Estefanía Herrera ni siquiera  estaba planeada. Pero hoy en día, veintisiete años después, la chica de 18 años hace uso de ella y dice frases como: “Gracias a la posibilidad de la participación política hoy en día ya los niños están informados sobre las consecuencias de la megaminería”.


Estefanía está de visita en la casa de Mónica Flores, como tantas otras veces durante los últimos años. Sentada en la mesa de madera, frente a una taza vacía de café, mira atentamente a través de sus anteojos cuadriculares. Describe de forma detallada lo que pasó en Pijao antes de la consulta de julio del 2017: las charlas con los vecinos, los eventos informativos en la escuela, la visita de los campesinos en los valles y por supuesto las discusiones con los que estaban a favor de una producción megaminera. “Dios mío”, dice y menea la cabeza, “Pensaron realmente que la mina trae trabajo y progreso y que se van a hacer ricos”. A ellos les respondió: “donde están parados hoy en día, ya no van a poder estar”. Porque como el oro no se puede comer tampoco se puede tomar el agua con mercurio.


Como la mayoría de los habitantes de Pijao, también la familia de Estefanía vive de la agricultura. El padre planta bananos y su tía tiene una finca. Durante su infancia sembró lechugas y calabazas, jugó con los animales, pero también observó cómo su papá fumiga con pesticidas sintéticos. A su vez, su vecina Mónica la invitó desde temprana edad a formaciones y charlas. Tema principal: el medio ambiente. Además, cosechan juntas tomates orgánicos y observan a los colibríes que se nutren de los geranios. Mónica, que no tiene hijos de repente es mamá y Estefanía, la nena curiosa de la vecindad quiere saber lo que significa consulta popular.


Generar confianza después de la guerra


La alumna se da cuenta rápido de la diferencia entre teoría y práctica. Antes de la consulta habló con los pijaenses, y aunque dice las cosas francamente, no le tienen confianza. “Una y otra vez tuvimos que explicar que no tenemos nada que ver con el gobierno y que somos del mismo pueblo”, dice Estefanía. Inseguros por la guerra civil de más que cincuenta años, inclusive un ataque armado en el 2001 de las FARC, se necesita mucha empatía para que los vecinos de Pijao se abran y hablen con un desconocido sobre sus necesidades. En última instancia, Estefanía habla de la sentencia de la Corte Constitucional. Dice entre otras cosas: “La Constitución Política establece que es obligación del Estado no solo conservar y proteger los recursos naturales, sino también prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.


La Corte Constitucional creó con su sentencia en 2016 un precedente y provocó una ola de consultas populares en el país. Solo el año pasado hubo nueve consultas relacionadas con proyectos extractivistas. Más que cincuenta municipios quieren hacer lo mismo porque en su sentencia la Corte Constitucional afirma que los gobiernos regionales y locales pueden hacer consultas y provocar una prohibición de grandes proyectos de minería o petróleo. Llama la atención ya que cuestiona estructuras sociales y económicas que nacieron durante la Colonia. El poder judicial de Colombia da más importancia a la opinión pública que a la industria extractiva. Para América Latina, donde las leyes muchas veces solo existen en los papeles, es una gran excepción.


La espía de la capital


Encrespado por las múltiples consultas populares, el ministerio de Minas y Energía en Bogotá envió unas semanas antes de la consulta en Pijao, a una joven empleada hacía el valle, aparentemente para ver cómo está la onda en el pueblo. Pero no solo por eso. “Fue al mediodía, yo justo estaba comprando un pollo cuando ella me empezó a hablar”, se acuerda Jairo Choa (28) y todavía no lo puede creer.


El joven concejal, vestido con jeans, barba de cuatro días y gel en el pelo, pertenece al ala derecha del Concejo Municipal. Comparte ideas del ex presidente Álvaro Uribe, pero de ninguna manera la política extractiva de Colombia. En parte por su abuelo, quien trabajaba la tierra en los cerros de Pijao y su nieto, que se crió con él, quería un día sobre tomar su finca. Pero al Jairo adolescente se le cruzó la realidad: los precios bajos, el trabajo duro y un estudio en el horizonte. Dejó la herencia familiar y estudió en la capital del Departamento la carrera de cómo se administran negocios internacionales.


Pero si viene alguien cuestionando la agricultura, como ahora lo hace la señorita de Bogotá, se defiende con lo que tiene a su alcance. Igual, al final estuvo menos brusco de lo que pensó en su momento. “Venite”, le dice, “te muestro las bellezas de nuestro municipio, los campos y ríos y montañas y valles. ¡Te vas a enamorar!”.


La enviada del ministerio rechazó la invitación y Jairo embaló su pollo. “¿Qué vamos a dejar a las próximas generaciones?”, preguntó. “¿Una herencia de destrucción? Claro, tenemos acá en el municipio un problema de drogas, pero si construimos una megamina eso implica una destrucción total, tanto para el ambiente como para nuestra sociedad”.


Se calla la señorita y el monólogo del activista ambiental de la derecha terminó.

 

 


Antes de la consulta hubo una fiesta


Jairo Choa está dentro del comité para la consulta y se junta regularmente con Mónica Flores y la joven Estefanía. Los promotores de la consulta tejen una red: por un lado, con otros comités en el país y por otro, se conectan con Marcha Carnaval, un grupo diverso de músicos y activistas, “para la defensa del territorio”. Marcha Carnaval nació hace once años, cuando AGA empezó a trabajar en Cajamarca. Se formaron sindicatos, comunidades indígenas, campesinos, estudiantes y profesores e hicieron durante las coloridas manifestaciones lo mismo que Mónica Flores en Pijao: fortalecer pacíficamente la cultura del lugar. Durante la Marcha en Ibagué 2017, la capital del Departamento donde AGA está explorando La Colosa,  participó una sexta parte de la población.


Hoy en día la Marcha Carnaval está funcionando en 35 ciudades del país. Y si es necesario los organizadores también viajan a municipios potencialmente afectados como Pijao. Sienten que su apoyo es necesario. Y gente alegre con tambores en el pecho generan más confianza que uniformados con armas.


Docenas de activistas llegan los días antes de la consulta a Pijao, reparten folletos, visitan escuelas, viajan con Jairo Choa y Estefanía a las fincas más lejanas y tamborean a través de las calles angostas del pueblo. El asunto serio se convierte en una fiesta popular. Mónica, de izquierda, está parada al lado de Jairo Choa, de derecha, y los dos saben: en este momento no se trata de Uribe, ni de su persecutor Juan Manuel Santos, ni de la locomotora. Se trata de la defensa del territorio y por lo tanto de la propia existencia. Aquí no importa cuales son las alianzas políticas.


Bogotá, molestando hasta el último momento


En el día de la consulta llegan camionetas a la plaza municipal. La administración de Quindío las mandó gratis para que los ciudadanos del campo pueden viajar hasta las urnas. Tanto Roberto Tejedor como Francisco Sarango están trabajando. Y también el vacunador Gonzalo Gómez está en la calle. Seis años después de haberle mostrado a AGA el camino por los valles quiere poner un No en la urna. “Yo no tenía ni idea lo que podría significar una megamina para el pueblo”, cuenta al final de nuestra conversación”. Se habla de ganancias grandes como en Perú o Chile, pero al final no queda nada para nosotros. Por el politiqueo la plata queda a los que están sentados allí arriba”.


Temprano se demostró que la consulta iba a favor de los que no quieren una mina. Pero tenían que alcanzar una participación de al menos 33 por ciento. Sino la consulta no tiene valor. Y Bogotá metió sus dedos hasta el último momento. En el día de la consulta, cuenta Jairo Choa durante el segundo café, faltaba infraestructura como mesas o urnas. Algo que nunca falla cuando hay elecciones nacionales. “Además apareció un funcionario del Ministerio del Interior que nos exigió abandonar el lugar. Incluso me amenazó con denunciarme por hacer ‘propaganda’ como concejal en el mismo día de la consulta”. El funcionario vino acompañado por un comandante de policía que también presionó a Jairo Choa y a su equipo. “Por suerte estaba también el presidente de la provincia de Quindío”, dice Jairo. “Él nos respaldó y nos decía que solo teníamos que seguir”.


Al final participó un 44 por ciento del pueblo y un 97 por ciento puso un No en las urnas. Decisivos fueron los votos de la generación mayor y de la gente del campo. Los jóvenes, así suponen los promotores, no pudieron dimensionar lo que hubiese implicado un Sí. Además: muchos de ellos  quieren irse de Pijao lo antes posible…


El gobierno sigue poniendo piedras en el camino


Llegó la noche a Pijao y los cafés en la plaza municipal de a poco se van vaciando. Mónica Flores cierra un poco la puerta hacía su jardín. “A la noche el aire refresca”, dice y envuelve su cuello con una bufanda. Los gatos se fueron, el macho probablemente volvió a pelearse en algún lugar de la vecindad. En la mesa de madera todavía está la pila de papeles que documenta la historia de Pijao de los últimos años. Estadísticas, diagramas, leyes, mapas, tabularios de Excel, sentencias, fotos. Y de alguna manera esa imagen con Mónica Flores en primer plano, la luchadora que ha vuelto a los Andes colombianos con sus pumas, osos de anteojos y lobos, en alguna manera esa imagen hace acordar a una película de Hollywood con un final feliz.


¿Eso fue todo?


Obviamente que no.


Los funcionarios de Bogotá ya están trabajando en una reforma sobre las leyes con el objetivo de complicar las consultas populares que tengan que ver con proyectos extractivos. En Córdoba, municipio vecino de Pijao, quisieron organizar una consulta popular en noviembre, pero no se pudo por una falta de apoyo financiero de parte del Estado. Pero no solo eso:   el Ministerio de Energía y Minas tuteló al Tribunal de Quindío por haber aprobado la consulta popular en Córdoba, es decir, el baile con el poder central sigue. Tanto como el politiqueo.


Pero gracias a las consultas populares de los últimos meses se formó una red de solidaridad en todo el país que no va a ser fácil romper. “Si el gobierno sigue poniendo piedras en el camino”, dice Mónica Flores, “el pueblo se va a la calle”. Se durmió profundamente, pero la locomotora minera despertó a la gente. “Vamos a defender la tierra”.


*Nombres cambiados
* Periodista independiente y vive entre el Atlántico y el Pacífico. Recién publicó su primer libro titulado “Manos de la Transición – Relatos para empoderarnos” (Apuntes para la Ciudadanía, Quito/Diciembre 2017).
Ese artículo  nació también gracias a las investigaciones de Kristina Dietz (GLOCON), FU Berlin. 

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La guerra sigue para las defensoras de la naturaleza en Colombia

Colombia está en los noticiarios internacionales por las elecciones. Cambios en la presidencia, instituciones, buenas palabras. En Europa, la gente de la calle casi no conoce los nombres del saliente Santos, o del nuevo presidente uribista, Iván Duque y su opositor en la segunda vuelta, Petro. Y eso que estos días, al calor electoral, algo sale en la prensa.

 

Pero hay muchos otros nombres en Colombia que merecen ser recordados. Hace dos meses, se otorgaba el premio Goldman a la defensora de derechos humanos Francia Elena Márquez. Estos premios, conocidos como “Los Nobel del medio ambiente”, se otorgan cada año, coincidiendo con el Día de la Tierra, a personas que destacan por su labor de defensa de la naturaleza. La afrocolombiana Francia E. Márquez se lo ha ganado por la labor que ha venido desempeñando a lo largo de varios años, por poner su vida en juego para preservar el territorio y frenar la desmedida actividad minera. Denuncia que la minería se caracteriza por el uso de mercurio y cianuro, que contaminan los ríos y sus afluentes, afectando gravemente el ecosistema de la región colombiana de Cauca, al suroeste del país. Es este uno de los departamentos y municipios más afectados por el conflicto armado, a pesar de haber firmado los acuerdos de negociación para la construcción de paz estable y duradera, entre el Estado Colombiano y las Farc.

Las transnacionales mineras amenazan la vida


En casi todos los departamentos de Colombia, cientos, quizás miles de familias viven en zonas rurales y su único medio de supervivencia es la pesca artesanal y el cultivo de alimentos de pan coger (de subsistencia:maíz, plátano y yuca). Sin embargo, esta actividad que se ha realizado de generación en generación, se ha visto afectada por los intereses y la disputa histórica por el territorio. La llegada de las transnacionales, especialmente de las extractivistas de recursos mineros y energéticos, ha incrementado los riesgos no solo para las familias, si no para los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Francia Elena Márquez, por ejemplo, tuvo que abandonar su pueblo de origen en el año 2014, debido a su denuncia de la minería. ¿Cómo va a enfrentar el nuevo gobierno el poder de las transnacionales?


La llegada de las transnacionales se vincula, en los últimos dos años, a un aumento sustancial de los homicidios selectivos y sistemáticos de las lideresas y los líderes sociales y de defensores de los derechos humanos en Colombia. Estos líderes y defensores han venido realizando procesos de resistencia por permanecer en el territorio en que nacieron o en el que han cimentado sus historias de vida en torno a sus familias y la comunidad.


Los violentos le apuestan a condenar al país a la guerra, y sumen Colombia en el miedo, en el odio y la falta de oportunidades. Son quienes han cometido una serie de actos atroces, con el único objetivo de sabotear la respectiva implementación y los pertinentes avances de los acuerdos de paz. A la fecha no se tiene precisión del número de homicidios ocurridos en este primer semestre del 2018. Algunos informes hablan de más de cincuenta y siete; otros, de sesenta y tres. ¿Cuál es la cifra exacta de homicidios perpetrados? No se tiene la respuesta concreta, pero son demasiados. Lo cierto es que sus nombres, Hector Janen Latin, María Magdalena Cruz, Belisario Benavides Ortiz, María del Carmen Moreno, Luis Alberto Torres Montoya, Hugo Albeiro George, Iber Angulo Zamora, que sigue “desaparecido” … casi nadie los conoce, y mucho menos fuera de Colombia. Se caracterizaron por ser personas que trabajaban por preservar el medio ambiente en sus comunidades, oponiéndose a los macroproyectos. Sus rostros valientes y su incansable labor en pro de la defensa de los derechos humanos, nos han sido arrebatados. Los rostros que deberían conocerse también en Europa.

Un Estado cómplice: la impunidad


Las autoridades competentes, especialmente la Fiscalía, no realizan de manera eficaz y ágil las investigaciones que conlleven a la captura de los responsables de estos deplorables hechos, con lo cual se puede afirmar que más de un ochenta por ciento de los casos actualmente se encuentran en total impunidad. Mientras se escriben estas líneas, mientras se leen, un líder o lideresa, un defensor o defensora de derechos humanos está siendo asesinado o está en alto riesgo en Colombia. El Estado se mantiene incapaz de efectuar una política pública contundente y eficaz, que permita preservar la vida e integridad física de esta vulnerable franja de la población. La reforma judicial, para acabar con la impunidad, es una tarea pendiente para la nueva presidencia.


Se necesitan con urgencia verdaderas garantías estatales de que no volverán a ocurrir amenazas, asesinatos. Para no privar a la sociedad en general de compartir, reír y aprender de las personas que dan verdadero ejemplo: Erlendy Cuero Bravo, defensora que por culpa de las balas ha perdido a tres seres queridos (su padres y dos hermanos) en los últimos dos años y, sin embargo, actualmente ella lidera el trabajo que segó la vida de sus familiares, y quien ha sido revictimizada en diferentes oportunidades y por diferentes sectores armados.


Se busca realmente la capacidad de tejer los lazos de una verdadera convivencia y reconciliación. Queremos caminar por calles y senderos donde se pueda respirar un aire limpio, cálido y liviano, que inunde de manera tan profunda la esencia del ser, que no permita lastimar al otro o la otra. Pretendemos tener la capacidad de reconocer en los ojos y en la sonrisa del similar la belleza de la vida, que la tibieza de la piel no tenga que soportar los horrores de la guerra. Que se permita disfrutar el susurro de los ríos y la montaña.


Se necesitan con urgencia más reconocimientos y menos señalamientos, Por ello, la gran sonrisa de Francia al recibir tan honorable reconocimiento a tan sublime labor nos reconfortaba, y es esa misma sonrisa la que se capta frente a los gigantes defensores y defensoras de derechos humanos que han hecho aportes , contagiando de alegría y esperanza de pensarse en un país y en un mundo diferente. Aportaciones mucho más grandes que ganar una presidencia. Esto son los retos para el próximo gobierno de Iván Duque: una paz basada en la justicia y la defensa de la vida y el territorio. Reconocer la defensa de los derechos humanos. Ponerse a la altura de estos hombres y mujeres de corazones gigantes.

 

Por Erika Gómez Ardila
Defensora de DDHH del CPDH
2018-06-18 07:00:00

 

Dedicado a los más de trescientos cinco líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos vilmente silenciados, asesinados, pero no olvidados, a los gigantes que nos han sido arrebatados. De igual manera, a aquellos hombres y mujeres que decidieron dejar las armas por construir un nuevo país y quienes también les cegaron su existencia en pleno proceso de reincorporación a nuevos caminos.

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Una nueva economía desde la naturaleza con derechos

“Alejada de la naturaleza, la existencia humana queda vacía de contenido” (Masanobu Fukuoka)


América Latina está llena de contradicciones y contrastes. En ocasiones, los países con gobiernos conservadores sorprenden positivamente, mientras que -con frecuencia- los países con gobiernos progresistas defraudan. Ese es el caso de los Derechos de la Naturaleza.


Hace algunas semanas Colombia asombró al mundo. En un país donde neoliberalismo y extractivismos marcan la senda desarrollista, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de una tutela para frenar la persistente degradación de la Amazonía, provocada por los extractivismos. Tal fallo histórico reconoce a esta región como sujeto de derechos, lo cual permitirá –desde los seres humanos- exigir su protección. Ya en 2017, esta Corte Constitucional marcó otro hito histórico, al otorgar la misma categoría al río Atrato .


Estas decisiones sintonizan con los pasos dados en la Asamblea Constituyente de Montecristi, en Ecuador. En 2008 dicha Asamblea estableció un hito cuando aprobó una Constitución que reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos (Derechos de la Naturaleza que ya cumplen 10 años de haber sido proclamados), sumándole el derecho a ser restaurada cuando ha sido destruida. Un paso que no tuvo el eco esperado desde el gobierno ecuatoriano. El entonces presidente Rafael Correa se llenó la boca de “revolución”, pero impulsó una oleada de extractivismos nunca vista en ese país, al tiempo que preparaba el retorno neoliberal [1].

Justo cuando Correa reconoció que le quedó grande la Iniciativa Yasuní-ITT, un 15 de agosto de 2013, diría que “ el mayor atentado a los Derechos Humanos es la miseria, y el mayor error es subordinar esos Derechos Humanos a supuestos Derechos de la Naturaleza ”. A la par de demostrar una total incomprensión del significado de los Derechos de la Naturaleza, Correa defendía tales Derechos para combatir los destrozos ambientales ocasionados por mineros informales… para abrir paso a grandes mineras transnacionales. Correa -un verdadero charlatán- quiso vender el mensaje de que “fue el mundo el que nos defraudó”, cuando en realidad fue él quien defraudó a su país y al mundo .


Es crucial tener claro cuán importantes son los Derechos de la Naturaleza en la construcción de sociedades democráticas, justas y libres, con economías solidarias y sustentables (como puerta de entrada a otro mundo posible ). A contrapelo de las alergias provocadas a conservadores de todas las ideologías, la cristalización de la Naturaleza como sujeto de derechos es parte de la senda a seguir para pensar en otro mundo, y son varios más los esfuerzos que se mueven en esa dirección en diversas partes del globo a nivel nacional [2] y también a nivel local [3] .


A lo largo de la historia del derecho, cada ampliación de derechos fue antes impensable. Hasta el “derecho a tener derechos” se consiguió siempre con una intensa lucha política. Por ello, reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos y liberarla de la condición de mero objeto de propiedad exige un esfuerzo político; más aún si aceptamos que todo ser vivo tiene igual valor ontológico, sin implicar que todos sean idénticos.


Los cambios demandados para alcanzar tal fin son profundos en todos los ámbitos…


Para empezar, la Humanidad debe entender que también es Naturaleza y que cualquier empeño de dominarla y manipularla es suicida; tendencia agudizada en el capitalismo. La Naturaleza no es infinita, tiene límites que -peligrosamente- se están superando. Esto implica cuestionar toda institucionalidad y organización social, política y económica que destruye a la Naturaleza y, en definitiva, a la Humanidad misma.


En vez de mantener el divorcio Humanidad-Naturaleza, urge un reencuentro. Esto empieza por desmercantilizar la Naturaleza, así como todos los bienes comunes, sin implicar su estatización. Precisamos un manejo y un control comunitarios de dichos bienes y, por cierto, de las relaciones con la Naturaleza (liberándolos tanto de las fauces del mercado como de las fauces del Estado centralizado).


La economía y sus objetivos deben subordinarse a las leyes naturales, asegurando siempre la calidad de vida humana. Como parte de una “gran transformación”, en palabras de Karl Polanyi en 1944 , urge superar la religión dominante del crecimiento económico y, también, de la acumulación incesante de bienes materiales que nutre al capitalismo.


Salir de la sociedad del crecimiento, es crucial. No se trata solo de reducir físicamente el metabolismo económico. La búsqueda permanente de ganancias obtenidas explotando a seres humanos y Naturaleza debe cesar y, sobre todo, urge imaginar opciones de vida fuera de los límites utilitaristas y antropocentristas de la Modernidad. Eso implica, entre otras cosas, desmitificar a los fetiches del “desarrollo” y del “progreso”, con el fin de superar el laberinto capitalista .
Así, una nueva economía deberá priorizar la suficiencia, en donde se amplíe solo la producción de lo que realmente reproduce a la vida ( objetivo que jamás debió separarse de la economía ). Ampliación que respete siempre los ciclos de la Naturaleza, en vez de buscar mayor eficiencia -e incontrolada competitividad- para saciar un desbocado y asesino consumismo. La equidad de ingresos y riqueza son también pilares de esa nueva economía. Hasta podríamos plantear un principio: que los privilegiados -tanto de estratos altos como medios- vivan con menos hasta que todos vivamos con dignidad y armonía.


Esta aproximación demanda cada vez más un abastecimiento simple y autónomo, una “subsistencia creativa” vía autoproducción, con usos comunes y con mayor durabilidad de los bienes. En las empresas, habría que atenuar la obligación de crecer reduciendo la especialización. Todo encaminado a que el capital -en cuanto relación social- abandone la producción (reduciendo desde la presión por la ganancia infinita hasta los créditos y la especulación). Se trata de producir local y regionalmente para desenredar el comercio internacional y las cadenas de producción -ambos enmarañados-, generando cercanía y confianza. Además, cabe reducir y redistribuir el horario laboral, abriendo espacio a ocupaciones social y culturalmente productivas (y no degradantes). Pero, sobre todo, individuos y comunidades deberán “ejercitar su capacidad de vivir diferente” (todos y todas viviendo con dignidad, en armonía con la Naturaleza, NdA), como plantea el alemán Niko Paech, y los países deben “aprender a vivir con lo nuestro, por los nuestros y para los nuestros”, como recomendaba el argentino Aldo Ferrer .


Esa nueva economía no puede ser ni productivista, ni consumista, ni aspirar al crecimiento absurdo. Esa nueva economía demanda otro posicionamiento frente a los mercados, al Estado, -e incluso frente a nuestra propia concepción de qué es el trabajo y la producción- teniendo a lo comunitario y lo popular como bases. Transformación posible si, desde ya, reconstruimos relaciones armoniosas entre Humanidad y Naturaleza, lo cual exige cristalizar los derechos de ésta desde iniciativas políticas, como el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza , tribunal que sanciona -al menos moralmente- los crímenes en contra de la Madre Tierra y de quienes la defienden, al tiempo que informa sistemáticamente sobre dichas violaciones; e incluso en los diversos observatorios ciudadanos creados para denunciar los atropellos contra la Naturaleza y las comunidades como el Observatorio Petrolero Sur , el Observatorio Oil Watch, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina , el Atlas Mundial de la Justicia Ambiental: conflictos ecológico-distributivos o el reciente Observatorio de los Derechos de la Naturaleza .


El reto económico de los Derechos de la Naturaleza también está planteado: ¿lo aceptamos o avanzamos desquiciadamente a un mundo en donde el capital se coma a la vida misma?.-


Notas:


[1] Para comprender mejor lo que representó este gobierno recomendamos revisar los artículos recogidos en el portal La Ecconomía Política del Antipoder
[2] En 2010 Bolivia se aprobó una Ley de los Derechos de la Madre Tierra. En noviembre 2016 la Corte Suprema de Uttarakhand, al norte de la India, sentenció que los ríos Ganges y Yumana son seres vivientes. En marzo de 2017, en Nueva Zelanda, se permitió que el río Whanganui sea representado judicialmente a través de sus dos representantes, uno de la tribu Whanganui iwi y otro de la comunidad Crown; años antes en el mismo país, en 2013, el Parque Nacional Te Urewera fue reconocido como una entidad legal con los derechos de una persona, a cargo de los Crown y los Tuhoe. En Nepal está en proceso una iniciativa para reconocer los derechos de la Naturaleza a través de una enmienda constitucional.


[3] En los EEUU, el condado de Tamaqua, Pennsylvania fue el primer municipio en aprobar una ordenanza local reconociendo los Derechos de la Naturaleza de existir, prosperar y evolucionar en 2006; desde entonces más de 36 comunidades en siete estados de los Estados Unidos -Pennsylvania, Ohio, New Mexico, New York, Maryland, New Hampshire y Maine- tienes similares ordenanzas que codifican los Derechos de la Naturaleza. En ese mismo país un grupo de ciudadanos presentó una demanda para que las Montañas Rocosas o el desierto de Nevada puedan demandar legalmente a individuos, corporaciones y al gobierno.
Alberto Acosta es economista ecuatoriano, profesor universitario, exministro de Energía y Minas, expresidente de la Asamblea Constituyente y excandidato a la Presidencia de la República.

 

Por Alberto Acosta
Rebelión

5 de junio del 2018, Día Mundial del Medioambiente

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“Si no se van, el agua los va a sacar”*

El diablo que son

Por, Equipo desdeabajo

Ofrecieron vida y regaron el territorio de cadáveres. Prometieron bienestar y destruyeron los boques, inundaron tierras de labor y acabaron la economía tradicional de los sin tierra. Garantizaron progreso, el que hasta hoy no conocen los naturales de esta región, pero si cumplieron con la destrucción del entorno que encontraron. No es una exageración, es la realidad sembrada con el megaproyecto Hidroituango, la mayor hidroeléctrica del país.

Muerte y destrucción, que no solo llega ahora con la “sorpresiva” crecida del río Cauca y el caos observado en la calculada obra, con cientos de pobladores de las riveras de municipios como […] expuestos en su integridad física, sometidos a la angustia del ¿qué vendrá?, quienes perdieron buena parte de lo poco que tenían, y otros cientos trasladados a refugios temporales. Muerte y destrucción extendida entre 1990 y 2016, según un estudio de la Corporación Jurídica Libertad*, a “[…] 110.363 personas (que) fueron víctimas del conflicto en los municipios de la zona de influencia del megaproyecto (sobre una población estimada por el Dane para el año 2016 de 175.471 habitantes). De estos, 106.027 fueron desplazados forzosamente, 163 fueron víctimas de agresión sexual, 616 fueron desaparecidas forzosamente, 3.557 fueron asesinados en el marco del conflicto”.

Proceso de muerte y terror generalizado, marca indeleble de la estrategia paramilitar y su contubernio con las fuerzas oficiales. Protección, dejar pasar-dejar hacer, silencio cómplice, encubrimiento, y otras prácticas tan comunes en otras regiones del territorio nacional, acá también se hicieron lugar común, además de la acción directa de las propias fuerzas armadas oficiales, que además dejaron su huella con “34 ejecuciones extrajudiciales”.

Es así, por medio de este accionar, extendieron sus huestes los paramilitares; el bloque Mineros y el bloque Noroccidental. La inconformidad social con la obra en proyección, las protestas contra la misma, fueron acalladas con la brutalidad del poder. El desplazamiento se impuso: de Ituango salieron de manera forzosa 39.383 pobladores; de Peque 15.127; Valdivia vio partir 7.991; Yarumal, 6.975.

Otros no alcanzaron a dejar su terruño, pues las masacres no les permitieron partir: entre 1990-1994 fueron ejecutadas seis masacres, con 36 víctimas; entre 1995 y 2006, cuarenta masacres con 240 víctimas. Seis de las masacres se presentaron en territorios donde se realizaron las obras del megaproyecto. Entre 2007 y 2016 tres masacres con 14 víctimas.
La desaparición forzosa también extendió su vuelo: 616 personas la padecieron–así lo registra la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (Uariv), dato que desconoce que “[…] al solo bloque Mineros le imputan 1.150 desapariciones […]”. Como es reconocido, las víctimas fueron arrojadas al río Cauca o sepultadas en terrenos que terminaron inundados por la represa, garantizando con ello impunidad y la pervivencia de cientos de cuerpos insepultos, causa de dolor, violencia y venganza en nuestro país.
El potencial antioqueño

La región noroccidental de Antioquia está identificada como un territorio estratégico para la construcción de hidroeléctricas, la explotación minera y forestal, así como para el desarrollo de la industria lechera y turística.

Según el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (Bird), en un estudio del año 2011, el potencial hidroeléctrico instalado o en construcción de esta parte del país, es de 36 Gigawatios (GW); capacidad instalada o en construcción: más de 76 GW; y siguen en proyección casi 176 GW.


E indican, además que: “La región norte es el territorio con mayor potencial hidroeléctrico de Antioquia, aunque en el 2010 producía sólo el 17 por ciento de generación total. Tiene dos terceras partes (de este ) potencial […] en construcción (Hidroituango); el 90 por ciento del (mismo) en diseño y la mitad de los proyectos en estudios de factibilidad”.

Es decir, en las proyecciones de las mal llamadas Empresas Públicas de Medellín (EPM), en sus cálculos por extender sus negocios de venta de energía a Centro América y otras partes de nuestra región, todavía hay mucha naturaleza por devastar y miles de miles por desplazar. Los proyectos de microcentrales ya públicos en distintos municipios del departamento, así lo corroboran. En tales territorios, como lo garantiza en Hidroituango la alianza Fuerzas Militares (con 2.000 efectivos al 2016 dedicados a la protección de la obra), Policía Nacional, y empresa, todo aquel que manifieste inconformidad saldrá de la zona, sino es que le sucede algo mucho peor. Y así actúan porque, de acuerdo a los manuales aún en uso entre militares, la población civil es asumida como el enemigo interno. Contra toda lógica y evidencia, la protesta social recibe tratamiento de guerra, lo que posterga una real democratización del país.

Es un tratamiento de fuerza y violencia, que durante los últimos días arrebató a los movimientos sociales colombianos, con activismo en el movimiento social Ríos Vivos, dos victimas mortales más: Hugo Albeiro George Pérez –baleado junto a su sobrino Domar Egidio Zapata George el 2 de mayo– quienes a pesar de vivir en Ituango fueron asesinado en el corregimiento de Puerto Valdivia; y Luis Alberto Torres Montoya, baleado el 8 de mayo en el municipio de Valdivida, corregimiento de Puerto Valdivia.

* Caso Hidroituango: una lucha por la memoria y contra la impunidad, 2018, inédito


 Hidroituango:

“Si no se van, el agua los va a sacar”

Declaran alerta roja en Hidroituango. El 16 de mayo fueron evacuadas más de 4.500 personas de los municipios Valdivia, Cáceres, Tarazá, Nechí, Caucasia, Guaranda, entre otros. Esto se suma a las 600 personas damnificadas el pasado jueves 10 de mayo en el corregimiento de Puerto Valdivia. Este es el resultado de la decisión tomada por las EPM para salvar Hidroituango, después de que el embalse aumentara su nivel. Hay que resaltar que los responsables de la hidroeléctrica ignoraron las constantes advertencias de las comunidades campesinas que habitan el área de influencia del megaproyecto, quienes previeron lo sucedido.

A pesar de lo informado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM) el pasado 10 de mayo, confirmando que la emergencia reinante en Hidroituango, causante de la inundación del corregimiento de Puerto Valdivia estaba controlada, más pudo la naturaleza que la palabrería y la desinformación que cargan los comunicados emitidos por las EPM.

Así quedó en evidencia al medio día del 16 mayo, cuando de nuevo fueron activadas las alarmas que le anunciaban a los pobladores del sector que el Río Cauca podía inundar y llevarse sus vidas, viviendas y enseres.

Luego de escuchar las alarmas, más de 4.800 personas salieron de sus casas con los enseres que pudieron rescatar. Los afectados habitan los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Nechí, Caucasia, Briceño, Ituango; en Antioquia. Majagual, Guaranda en Sucre; Ayapel en Córdoba, y Achí y San Jacinto del Cauca en Bolívar.

Mucho más que lluvia

El parte oficial del 10 de mayo informó que las constantes lluvias aumentaron el caudal del río Cauca, lo que sumado a los derrumbes que taponaron el túnel de desviación del río, terminaron por aumentar el nivel de agua en la represa, poniendo en riesgo todo el proyecto hidroeléctrico. Buscando bajar el nivel del agua, las EPM decidieron inundar la sala de máquinas del megaproyecto y habilitar uno de los túneles de generación para liberar más de 6.000 metros cúbicos de agua por segundo, incrementando el cauce del Cauca río abajo e inundando el corregimiento de Puerto Valdivia.

El 16 de mayo, pasadas las 12 del medio día, el túnel que evacúa el agua de la sala de máquinas colapsó, ésta se inundó y dirigió el agua hacia la vía de acceso a la presa. La solución fue destapar dos túneles de evacuación que llevan el agua al cauce del Cauca, incrementado a niveles insospechados su caudal y poniendo en riesgo inminente a las comunidades que habitan la rivera del río aguas abajo del proyecto hidroeléctrico.

De esta manera, lo hecho indica que los intentos de los operadores de Hidroituango por evitar los desastres que pudiera causar la represa son inútiles; todo su esfuerzo está dedicado a proteger el megaproyecto, mas no la tranquilidad de quienes allí habitan, sus viviendas, enseres y cultivos.

Emergencia del 10 de mayo

Una tragedia con rostro humano. Juan Pablo Soler, vocero de Movimiento Ríos Vivos cuenta que hoy los impactos río abajo son desastrosos, pues todo el corregimiento de Puerto Valdivia se desplazó a dos albergues en donde las familias se mantienen con mucho temor y desazón por lo ocurrido y lo que les depara. “Existe una situación muy compleja porque hay viviendas totalmente destruidas y a la comunidad se le dijo que les van a pagar tres o seis meses de arriendo para luego ver su reubicación, o que van a recibir un alivio temporal y podrán retornar a sus casas. Adicionalmente, las comunidades que viven entre el kilómetro 15 y 14, y que perdieron sus cultivos de yuca, maíz y plátano por la inundación, luego de 6 días del incidente no han sido asistidas por ningún funcionario de la hidroeléctrica” añadió.
Pero lo sucedido no solo afecta a las poblaciones que se encuentran ubicadas aguas abajo de la represa, sino que también hay una seria afectación aguas arriba del embalse en los municipios de Toledo, Briceño e Ituango, ya que allí el impacto social se relaciona con el desplazamiento forzado ocasionado por las inundaciones imprevistas y el eventual llenado del embalse.

Soler manifiesta que es por esto que la población en general pide que la reubique, frente a lo cual no hay respuesta ni de la Gobernación ni de las EPM. Como vocero de Ríos Vivos, Soler expresa que “el reporte de EPM dice que este fenómeno puede ocurrir en cualquier momento. Nuestra pregunta es, ¿en qué dimensión?”, porque el caudal del Cauca no superó los niveles promedio que alcanza en una época invernal cualquiera, y se sabe que lo sucedido en Puerto Valdivia fue causado por el vertimiento descontrolado de grandes cantidades de agua.

Frente a esto, ¿quién responde por los impactos psicosociales que genera a las poblaciones vivir al lado de una represa que tiene problemas técnicos? Existe una sensación generalizada en los habitantes de que Hidroituango perdió el control del río, y explican que “si no hubo muertos fue porque pudimos correr, pero las alarmas instaladas por la empresa sonaron tarde, es decir, si nos confiamos en las alarmas más de uno hubiese muerto”.

La hidroeléctrica más grande de Colombia

El proyecto Hidroituango inició su etapa de construcción en el 2009, cinco décadas después de haberse concebido. Este megaproyecto abarca 75 km de longitud desde Santa Fé de Antioquia hasta el municipio de Ituango. y se espera que contenga más de 2.700 millones de metros cúbicos de agua. Su importancia radica en la influencia que tendrá para los sectores cafeteros y mineros del Bajo Cauca y del occidente del país, además de garantizar la supuesta soberanía energética nacional, gracias a la producción de 2.400 MW hora.

Una obra planeada y construida en contra de las comunidades que allí habitan, y con profundas implicaciones. Así, a lo largo de los 9 años transcurridos desde su inicio de obras, se han visto afectados 12 municipios del noroccidente de Antioquia (ver mapa). Bajo el discurso del desarrollo y la producción de energía “limpia”, las EPM arrasó 4.500 hectáreas de bosque seco tropical, desvió el Río Cauca y, amparada en el argumento de que en esa zona no hay mayor cantidad de pobladores, inició procesos de desplazamiento, amenazas y persecuciones en contra de las comunidades campesinas que habitan este territorio, llegando incluso a desplazar más de 400 campesinos en el 2013, que tuvieron que refugiarse durante 5 meses en la Universidad de Antioquia.

Además, la ejecución de este megaproyecto generó una creciente preocupación en las comunidades que fueron víctimas del conflicto armado a finales de la década de los noventa e inicios del 2000, ya que al finalizar la obra se inundarán las fosas comunes donde fueron enterradas más de 600 personas asesinadas en numerosas masacres cometidas por los paramilitares y el ejército. La casa de la memoria de Toledo fue quemada en el proceso de construcción del embalse, y el Puente Pescadero, uno de los puntos claves en el proceso de recuperación de la memoria histórica de éstas comunidades, también será destruido después de que la hidroeléctrica comience a operar; frente a todo esto, cabe preguntarse si es más importante la represa o la voluntad de las comunidades y su necesidad de verdad y reparación.

A todo este cóctel de negligencia por parte del Estado, hay que añadir que en el área de influencia se han otorgado 18 títulos mineros para explotar en Ituango, 20 para Briceño, y en Buriticá las concesiones a la multinacional Continental Gold que superan el área del municipio. Todo esto deja ver algunas de las intenciones secundarias que hay en este megaproyecto, como lo es el abastecimiento de energía para las empresas mineras que poco a poco se han instalado en este territorio.

La reciente inundación es otra de las tantas afectaciones soportadas por esta población, hoy más vulnerable. Soler le narró a desdebajo que a través de una manifestación realizada por la comunidad de Puerto Valdivia en el municipio de Sabanalarga el pasado 2 de mayo (día en el que fue asesinado Hugo George, integrante del movimiento y habitante de Puerto Valdivia), se increpó a las EPM cuestionándola sobre cuáles eran las estrategias para garantizar la tranquilidad de los habitantes que viven río abajo del proyecto, ante lo cual la empresa respondió reuniendo a las comunidades para decirles que no creyeran en chismes, que “todo está controlado, está controlado el caudal del río y cualquier riesgo posible”. Ocho días después quedó evidente que no había ningún control, que lo pretendido por las EPM era desmovilizar a la población para evitar las acciones de protesta.

¿Falla geológica o falla humana?

Una realidad dura, con profundo impacto social, que debe ser debatida por todo el país pues, más allá de la economía está, de manera prioritaria, la gente, garantizar el derecho fundamental a la vida, con dignidad. Por ello, desdeabajo entrevistó a Luis Alberto Arias López, profesor de geología y geomorfología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional sede Medellín, quién en el año 1980 trabajó en la fase de factibilidad del proyecto Hidroituango, con el fin de profundizar las causas y responsabilidades de lo sucedido con la represa.

En tal fase del proyecto, el equipo del cual él hizo parte concluyó que la represa se podía hacer, sin embargo su tamaño, la necesidad de energía del país y la envergadura del proyecto fueron razones suficientes para que su construcción se aplazara. A través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia –Idea– el proyecto pasó a manos de la Gobernación de Antioquia, quién más adelante llegó a un acuerdo con EPM, quien concentró el 95 por ciento de la propiedad del mismo.

Arias considera que “todo proyecto debe combinar varias racionalidades: económica, técnica, ambiental y social. En este proyecto, desde sus inicios, desde que está en manos de la Gobernación de Antioquia, no tiene todas esas racionalidades bien equilibradas. La racionalidad económica predomina sobre las otras”. Es por ello que para el profesor hay fallas en la ejecución técnica de las obras, que en su proceso de construcción no tuvieron en cuenta los impactos ambientales y sociales.

Frente a las recientes inundaciones, el profesor declara que “ni siquiera quienes manejan el proyecto saben qué está ocurriendo allá; son problemas técnicos en los túneles, son los problemas del embalse que está sosteniendo el río, que también se está llenando muy rápido; no tienen control del desembalse del río, y tampoco pueden desembalsar rápidamente porque es un problema”.

Por lo tanto, las declaraciones de las EPM y los diferentes medios de comunicación, que le atribuyen lo sucedido a una falla geológica inesperada no son del todo convincentes para el investigador, quien declara que el término falla geológica ha sufrido una devaluación en el medio de la geología, convirtiéndose en un “cliché usado en los medios para referirse a cualquier imprevisto”. En su criterio, Arias considera que “en lugar de una falla geológica lo que hay es una falla humana… Como geólogo veo que en Hidroituango el problema es un terreno que ya se ha caracterizado como muy frágil y por lo mismo hay que manejar eso con mucho cuidado. Hay que romper con esa costumbre de utilizar un caballito de batalla para explicar lo inexplicable”.

Arias considera que la actitud ligera asumida por las EPM respecto a los problemas geotécnicos que implican estas obras, tiene como consecuencia la falta de predicción de los sucesos que han acontecido los últimos días. Respecto a lo que pueda suceder, el profesor declara que hay que dar espera a que se supere la situación de emergencia para ver las consecuencias del aumento del caudal del río Cauca y para evaluar lo sucedido con los túneles, “en cuanto pase esto hay que ver si se continúa con el proyecto, si hay que hacer ajustes –que es lo más probable que suceda–, todavía no sé si lo ocurrido sea un elemento suficiente para descartar el proyecto. Pero si la emergencia empeora, la discusión será de otro tipo”.

Por su parte, Juan Pablo Soler menciona que el aumento de las aguas en el embalse se da por decisiones técnicas mal tomadas al interior del proyecto hidroeléctrico. “Nos han hablado de que los túneles fueron sellados prematuramente; debieron esperar hasta que el muro de la presa estuviera terminado. Entendemos que hoy el muro no está totalmente terminado, por eso deciden llenar la casa de máquinas; de no hacerlo, el nivel del agua hubiese afectado la estructura del muro. Si bien el invierno aumentó el nivel del río, esto debió ser previsto; contrario a esto optaron por tomar riesgos innecesarios”.


Recuadro

Por qué no se debió construir Hidroituango donde se construyó

Los investigadores y docentes de la facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Luis Alberto Arias y Keneth Cabrera Torres, en su proyecto “estudio de actividad tectónica vigente en el cañón del Río Cauca”, encontraron que el Cauca, en su travesía por Colombia en vez de ampliar el valle se vuelve más estrecho, con una inclinación más fuerte y un cañón más cerrado. Este encañonamiento se debe, según los investigadores, a que en el departamento de Antioquia las cordilleras central y occidental están levantándose más al norte que al sur, situación que les ha permitido concluir que se trata de una zona que todavía tiene una actividad tectónica importante.

Según el desarrollo del estudio, existe un riesgo al haber construido la represa de Hidroituango en el lugar en donde está, ya que los datos recolectados en sus estudios les permiten asegurar que se trata de una zona que todavía se está asentando; esto podría significar deslizamientos y derrumbes de la montaña, por no mencionar eventos sísmicos y telúricos que pueden amenazar la vida de las personas que habitan el área de influencia, además del proyecto en sí mismo.

El pueblo negado se niega a claudicar

Un caso que grafica las vivencias de las comunidades de la zona y el paulatino deterioro de sus posibilidades de seguir en el territorio, son los relatos de Isabel Zuleta, directora del Movimiento Ríos Vivos, quien habló con desdeabajo e hizo una crónica de los padecimientos que ha generado para ellos la construcción del embalse y todo lo que antecede al proyecto.

Isabel recuerda “hace mucho tiempo que venimos hablando de cómo se ha vaciado el territorio, precisamente al hacer seguimiento de la cifras de desplazamiento forzado, uno se da cuenta que en los periodos históricos en los que se empieza a motivar más la obra por Álvaro Uribe Vélez en 1997, cuando crea la sociedad promotora de pescadores Ituango, es precisamente en ese periodo donde se intensifican las masacres en el Cañón del Río Cauca, hasta hoy documentamos 72 masacres, y en ese periodo de tiempo pues fruto de esas masacres, prácticamente se vació el cañón del río Cauca”.

“... cuando ellos entraron matando gente entraron los paramilitares, masacraron en ese punto y volvieron a salir matando gente, entonces una masacre para nosotros es el recorrido de muerte, nunca fue un hecho puntual. Y ese recorrido de muerte, coincide con la zona geográfica del proyecto Hidroituango”.

En la proyección de Hidroituango se trabaja sobre el supuesto de que en esa zona no hay población. La negativa de las comunidades que allí habitan a la construcción de la hidroeléctrica no ha impedido la planificación de este megaproyecto, ya que la empresa ha implementado métodos para la ejecución de las obras, que la población ha experimentado en carne propia.

“Para mí lo más fuerte que escuché fue decir que en la zona no había gente, entonces la gente dijo “¿yo que soy?”, no es que en esta zona no hay gente, por eso la represa es tan barata y demás afirmaciones; entonces claro, la gente era como ¿yo no existo?, se arrebató el derecho a la identidad básica del “yo estoy aquí”.

Las distintas estrategias, que buscan invisibilizar, negar, extinguir o desaparecer a un pueblo, se implementan de todas las formas posibles, a pesar de la fortaleza y la estoica posición de sus habitantes, que no dejan de luchar y recoger lo que quede de sus memorias. Isabel sigue narrando y ella misma establece la relación que hay entre hechos y desapariciones.

“A eso me refería y las cifras de los desplazamientos, de las masacres también coinciden y las cifras de los asesinatos selectivos, cuando empieza el proyecto HidroItuango… por eso es que todo eso se combina y por eso nosotros estamos hablando de un vaciamiento del territorio, literal, espiritual y emocional”

Una vez más la imposición de una forma de vida sobre otra, por priorizar los intereses económicos sobre la gente y sus conocimientos, termina generando tragedias y dolores personales y colectivos, que desangran el corazón de los territorios y sus poblaciones.

 

*articulo incluido en la edición No. 246 del periódico desdeabajo –Mayo 20-Junio 20–; en circulación.

Publicado enColombia
Audiencia pública.

“Sin oro se vive. Sin petróleo se vive. Sin carbón se vive. Sin agua se muere”.

“Más de 670 personas en representación de las comunidades y organizaciones, solicitaron a la ANLA, la convocatoria de la Audiencia Pública, con el fin de exponer los argumentos técnicos, jurídicos, sociales y políticos por los que se oponen al desarrollo del proyecto y, además, rechazan los estudios ambientales presentados por la Empresa Emerald Energy”, de China, afirma la carta de convocatoria a la población, de parte de la Vicaría del Sur, de la Diócesis de Florencia...”


Por Ley de 1959, la Amazonia es Reserva Forestal. Pero ANLA anda dando licencias… Como pasó con La Colosa, en Tolima…


Caquetá ha sido víctima de explotaciones económicas que no le han dejado sino pobreza: la quina, el caucho, el cedro, las pieles de tigre y tigrillo, las guerrillas (M-19, FARC y paramilitares), la coca y ahora el petróleo.

 

El proceso hacia la Audiencia pública ambiental


Tres organizaciones, a saber: Las Comisiones por la Vida del Agua del Sur de Caquetá, la Mesa Departamental para la Defensa del Agua y el Territorio y la Vicaría del Sur de la Diócesis de Florencia, “acompañaron y asesoraron a las familias y a las comunidades vulneradas y afectadas en la violación de sus derechos y libertades fundamentales, por la actividad de la empresa y sus contratistas”, comentó Yolima Salazar Higuera, Directora Ejecutiva de la Vicaría del Sur.


Durante largos meses realizaron alertas tempranas, acciones populares, solicitaron medidas cautelares e Iniciativas Populares Normativas, para hacer prevalecer el principio constitucional de precaución. Pero en vano. “Todo a la fecha ha sido infructuoso”. Además impulsaron la realización de un estudio técnico alternativo al que presentó la Empresa Emerald Energy, para solicitar la licencia ambiental.


Ese estudio tiene por título: “Evaluación Geoambiental e Hídrica, del Proyecto de Perforación Exploratoria del Bloque Petrolero EL NOGAL”.


Un resumen, en forma de folleto tamaño oficio, de 61 páginas, fue entregado a cada participante a la Audiencia.


Los hechos.


El Gobierno nacional otorgó el Bloque Nogal para la exploración y explotación de hidrocarburos y sus derivados.

  • ** Desde 2014, Emerald Energy realiza actividades exploratorias, contra la voluntad de las poblaciones de los tres municipios que son afectados: Valparaíso, Morelia y Milán.
  • ** En 2017, Emerald Energy solicitó al ANLA la licencia de exploración llamada El Nogal, que cubre 19.753 hectáreas de los tres municipios: 54.5% corresponde al territorio de Morelia, 40% a Valparaíso y el 5.5% a Milán, para la construcción de 10 plataformas exploratorias multipozos.
  • ** 670 [email protected] solicitaron a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la convocatoria de la Audiencia pública.
  • ** El 18 de enero de 2018, ANLA aprobó la Audiencia.
  • ** El 8 de febrero próximo pasado, se llevó a cabo una asamblea informativa, en el Polideportivo del Barro la Alameda, en Morelia.
  • ** El jueves 15 de marzo se llevó a cabo la Audiencia Pública, a lo largo de todo el día.

Desarrollo de la Audiencia Pública Ambiental


“Por la Preservación del Patrimonio Ambiental y Cultural de nuestro Territorio. Participemos y presentemos nuestros argumentos a favor del Agua y de la Vida”, se leía en una pancarta.


La apertura se inició a las 9 de la mañana, en el Coliseo Cubierto del Barrio Alameda, en el municipio de Morelia. Este tipo de eventos es organizado y presidido por la autoridad del ANLA. Después de las palabras de declaratoria de la apertura, por parte de la Doctora Orozco (ANLA), resonaron el Himno Nacional y el Himno del Caquetá.


Luego la Doctora Orozco, Subdirectora de ANLA, una señora autoritaria, vertical y a la defensiva, como si le fuesen a “quitar” su poder, anunció las reglas juego. La empresa Emerald Energy tendría 40 minutos para su ponencia. 40 minutos también para la ponencia a nombre de l2a población. Luego, cada persona inscrita, se podía expresar durante tres minutos. Se inscribieron 300 personas, aunque no todas tomaron la palabra.


Brillaron por su ausencia el Gobernador, los parlamentarios (salvo Harry González), los diputados (salvo dos), los alcaldes y los concejales. Varias personas comentaron: “¿Estarán a favor de Emerald Energy? ¿Los habrán comprado? ¿Cuántos millones habrán recibido?


Los tres alcaldes fueron convocados a Bogotá, por el Gobierno nacional. ¿Una forma de sabotear? ¿O para darles instrucciones a favor de Emerald Energy y en contra de la organización popular?


Habló CORPOAMAZONIA. Buen discurso. Palabras-palabras. Los hechos han demostrado que no actúa. Amén de la corrupción, propia de esas corporaciones.


Vale la pena recordar que en la Audiencia Pública de Garzón, Huila, hace dos años, sobre la Represa de El Quimbo, estaban las autoridades civiles, políticas y parlamentarias.


En Morelia se hicieron presentes delegados de la ONU, de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo. También estuvieron presentes varias ONGs ambientalistas.


En la mesa de presidencia estaba el Obispo de la Diócesis de Florencia, Monseñor Omar de Jesús Mejía, cuya Vicaría del Sur, gran defensora del campesinado, del Medio Ambiente e impulsora de la Audiencia, depende de su autoridad.


En sus breves palabras resaltó el evento como “un espacio de la democracia y para estudiar y proteger el Bioma amazónico. Para escuchar a las partes interesadas. Señores de la Empresa: escuchen a la ciudadanía y sus argumentos sobre el Bloque El Nogal. Señores del ANLA: Tomen una decisión sabia, donde predomine el Bien Común y no el bien particular. Escuchen el sentir del pueblo. Debemos defender el agua y el oxígeno. La Amazonía, como afirma el Papa, es una prueba para defender el Medio Ambiente. Se hace necesario defender la sabiduría de los pueblos amazónicos y el futuro de nuestro territorio”.


Enseguida la subdirectora de ANLA explicó que el Auto de convocatoria había sido ampliamente divulgado en los tres municipios, inclusive en las veredas, por volantes y perifoneo; publicado en el periódico “EXTRA” de Florencia (este periódico NO publicó ningún artículo sobre la realización de la audiencia), y en el diario LA REPÚBLICA. Además, publicitado por afiches, carteleras y por la radio.


Las inscripciones para las intervenciones personales-individuales quedaron abiertas desde el 19 de enero hasta el 9 de marzo.

 

Las ponencias


De parte de Emerald Energy no hubo ningún funcionario de la China. Presentó la ponencia el funcionario colombiano, Jaime González, Coordinador Ambiental, con el título: “Proyecto Exploración de Hidrocarburos convencionales, APE EL NOGAL, con la ayuda de diapositivas, expuestas en pantalla gigante. Han perforado pozos, entre mil y tres mil metros bajo tierra, en 22 veredas. (APE: Área para Explotación de Petróleo).
Compartió una visión super-super positiva. En el fondo, no va a haber ningún daño significativo.


La exposición fue bastante técnica. Cuando hacía alguna afirmación que no correspondía con la realidad, las y los asistentes levantaban un abanico de cartón, que tenía dos hojas y cuatro caras. En una cara, la foto de una torre petrolera y la leyenda: “NO al extractivismo minero energético en la Amazonia”. En otra cara, la siguiente leyenda: “Por una ciudadanía amazónica activa”, y la cita de dos artículos de la Constitución Nacional.


Artículo 8: “Es obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.
Artículo 79: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla”.
Energy no repartió ninguna síntesis o cartilla para los asistentes.

 

La ponencia desde los intereses de las poblaciones y del Medio Ambiente


Esta ponencia analizó el documento de Emerald Energy, recorriendo y analizando el territorio. Un equipo de 17 profesionales, organizados por la ONG “TERRAE”, recorrió municipios y veredas. A la cabeza estuvo el ya muy reconocido geólogo Julio Fierro Morales. Acompañado de 4 geólogas, 2 ingenieros civiles, una ingeniera ambiental, una ingeniera química, dos biólogos, una bióloga, dos sociólogas, una antropóloga, dos economistas, uno de ellos especialista en Derecho minero y energético. Además, dos auxiliares, estudiantes de geología.


La ponencia fue presentada por Julio Fierro y otras personas, con la ayuda de diapositivas. También habló Rodrigo Negrete, reconocido abogado defensor de la causa ambiental.
El estudio fue financiado por la ONG ADVENIAT, organización de la Iglesia católica de Alemania.


El estudio mostró y demostró las falencias, mentiras y errores del documento de la Empresa china Emerald Energy.


Julio Fierro, con toda firmeza, dijo: “ANLA no puede tomar decisiones ante un estudio incompleto. Incompletos los mapas. Energy está sin información de las zonas de recarga de los acuíferos locales. Falta información de las zonas bajas. No toca las partes altas o lomeríos, que son zonas de recarga. Las lomas no se pueden intervenir. Allá se produce el agua. Energy habla del agua a más de mil metros. Terrae se ocupó del agua superficial… Energy no habla de 63 humedales y 9 quebradas… Encontramos 90 datos estructurales que no conoce Energy. A Energy le falta muchísima información. Vicaría del Sur, Terrae y campesinos tienen más información que Energy… No hubo estudio de lagunas… No se pueden conocer ni gestionar los impactos si el conocimiento del territorio es precario”…


Fueron abundantes los aplausos al pronunciar varias frases


Rodrigo Negrete hizo un llamado a respetar los principios de prevención y precaución. “Con ese estudio tan incompleto se debe negar la licencia ambiental. La licencia de ANLA se debe dar con pleno conocimiento… La Sentencia 035 de 1999 sigue vigente. Si no hay certeza científica se debe negar la licencia”…. Aplausos…

 

La palabra de la ciudadanía


Se inscribieron 300 personas para intervenir, pero faltaron unas cincuenta. Cada cual tenía tres minutos.


Hablaron funcionarios colombianos de Emerald Energy (no estuvo presente ninguna persona de China), profesionales y académicos a favor del Medio Ambiente y la ciudadanía de base.


Las-los funcionarios de Emerald Energy perdieron tiempo exponiendo sus títulos y pergaminos, queriendo significar que por sus títulos y pergaminos tenían toda la autoridad para sostener que la Empresa haría todo bien. Se ganaron rechiflas.


Varios profesionales que participaron en la investigación de TERRAE, intervinieron para mostrar las enormes debilidades del documento de Energy, y solicitar la negación de la licencia por parte de ANLA.


Otros profesionales y académicos mostraron la inconveniencia de la explotación de petróleo, desde diferentes ángulos y solicitaron a ANLA no otorgar la licencia.


De la ciudadanía de base, solamente unas quince personas apoyaron la Empresa. La gran mayoría de las personas que hablaron (jóvenes, adultos, tercera edad, hombres y mujeres), estuvo en contra de Emerald Energy.


No es nada fácil sintetizar la riqueza y emotividad de las intervenciones. Transcribo algunas frases:


++ No vamos en contra de nadie. Vamos por la vida de todos. No queremos la licencia ambiental. ¿Qué ganamos con buenas carreteras si se destruye el Medio Ambiente?
++ ¿Que no había organización social? Esta audiencia demuestra que sí hay líderes campesinos (El Documento de la Empresa afirma que hay muy poca o nada de organización social).
++ No somos caperucitas rojas, creyendo lo que dice la loba Energy.
++ No queremos desarrollo del Caquetá con las rentas petroleras, sino recuperando la producción agropecuaria. Estamos encargados de defender el bioma amazónico.
++ En este día histórico para el Caquetá, los políticos ausentes. Los elegidos, ausentes. Ustedes están para defendernos, así como les hemos dado el voto.
++ El estado le cree a las empresas y no a la población y a sus organizaciones. Vamos a decidir a través de la movilización. El ANLA decide desde el escritorio. Nosotros conocemos la realidad.
++ Dos campesinos, en momentos diferentes, mostraron fotos-diapositivas, de las graves heridas que les causó el Ejército, llamado por Emerald Energy, para reprimir marchas en las veredas. En la vereda de La reforma, en Valparaíso, destruyó parte de un taller panelero.
Uno de los oficiales, el coronel Luis Angarita, que golpeó campesinos, es actualmente el Jefe de Vigilancia de Energy!!!
Vale la pena recordar, que varias las multinacionales le pagan al Estado para que les coloquen batallones a su servicio. Hay batallones, inclusive, en alta montaña.
++ Varias personas citaron los casos de la explotación petrolera en Putumayo, Meta y Casanare, para mostrar que la población sale perdiendo. La riqueza se va y les queda la pobreza.
++ En su intervención, un joven lamentó que no pudiera hablar mirando a los ojos de las personas de ANLA, porque la alta tarima le quedaba detrás. El orador miraba al público pero daba la espalda a la mesa de presidencia. Sin embargo, pidió excusas y subió a la tarima, y exclamó: “ANLA mire a los ojos de la gente. ANLA mire a los ojos del pueblo. ANLA mire a los ojos del campesino. ANLA sabe lo que pasa y no entiendo para qué estamos aquí, si ANLA sabe todo lo que pasa”. Las palabras le brotaban del corazón.
++ Sin oro se vive. Sin petróleo se vive. Sin carbón se vive. Sin agua se muere.
++ Un profesor de economía advirtió: “El capítulo 10 del Documento de Energy es una falacia. Utiliza argumentos y datos que no son de la región. Copia estudios de otras regiones.
++ Energy hizo sísmica muy cerca de ríos y de lagunas. Dejó minas enterradas que no explotaron. A ANLA le solicité que retiren las minas en veredas de Valparaíso.
++ Javier García Villalba descubrió “el mico bonito” del Caquetá. Vive en 7 municipios del departamento, y en uno de Cauca. Entre Valparaíso y Morelia existen unos 250 ejemplares del único mico, ciento por ciento, colombiano. Está en peligro de extinción por invasión. Le queda el 20% de su hábitat.
++ Por las chimeneas, encendidas 24 horas, se afecta a las abejas y a otros animales, porque sube la temperatura.
++ El 90% de la población está en contra de la explotación petrolera
++ Energy divide a la población. En Valparaíso hay cuatro veredas muy influenciadas por Energy: Kurdinata, Reforma, Paujila y Florida. Me duele que gente nacida aquí, apoyen a una empresa de otro país, para destruir nuestra naturaleza.
++ Alguna persona recordó que Energy tiene un proceso sancionatorio ante la ANLA, porque construyeron casas no autorizadas y otras obras civiles, colocaron una motobomba, hicieron quemas no autorizadas.


Transcribo algunas frases de una carta que repartió del señor Álvaro Escobar Rodríguez, de Valparaíso, que complementan las frases citadas:


“Hay muchas razones por las que no podemos aceptar la explotación de hidrocarburos en nuestra región:


Somos conscientes del impacto que esta actividad le genera al medio ambiente en general. Como habitantes de la región nos vamos a ver afectados totalmente. Nos van a acabar con los recursos hídricos: nacimientos, quebradas, lagunas, humedales, ríos y en toda forma que se manifiesta el agua.


Nuestras tierras quedan estériles totalmente, no producen nada: se muere la vegetación, la flora, la fauna se desplaza hacia otros lugares, nuestra economía que está representada en la ganadería, fracasa.
No hay ningún sentido que nos traigan a nuestra región tanto desarrollo, electrificación a nuestros municipios, vías pavimentadas, educación organizada para nuestros hijos, salud. Y ahora que vamos a disfrutar disque de todas esas cosas, le resulten dando una licencia ambiental a una multinacional para que vengan y nos desplacen de nuestras fincas, que son las que nos generan los recursos por medio de nuestro trabajo, para mitigar las necesidades de nuestras familias, quedándonos como única opción el desplazamiento. Nos van a mandar a robar, porque después de una situación de éstas, de hambre no nos vamos a dejar morir”…

Y para terminar, algunas observaciones de fondo, del estudio de la Corporación Geoambiental Terrae:


Sobre el agua: “Estos análisis son muy pobres, en el caso de Emerald Energy, y si no se entiende cómo se mueve el agua en las rocas y en los suelos que dan de beber a todos los habitantes del territorio (naturaleza y gente) puede que haya consecuencias muy negativas que la empresa no conoce siquiera (pág. 21).


…Esas rocas arenosas y arcillosas profundas se formaron en mares del mundo del pasado (hace decenas de millones de años)… Son aguas saladas muy diferentes a las aguas de los ríos, la lluvia y las aguas subterráneas más someras que son aguas dulces. Si ambas aguas entran en contacto las aguas dulces se contaminarían haciendo imposible el uso que se hace hoy en día en el área rural de Valparaíso y Morelia…


… ya hemos señalado que la empresa no ha estudiado con rigurosidad la naturaleza del territorio donde quieren entrar… Eso se llama el principio de Precaución y es de obligatorio cumplimiento para las autoridades, las empresas y los ciudadanos… (Págs. 24-25)


… En general las aguas son de buena calidad, situación que debe ser tenida en cuenta para tomar decisiones en cuanto a permitir actividades que las puedan contaminar, como las petroleras.


Con esta información, es posible alertar a que existe el riesgo de que líquidos que vienen de la profundidad entren en contacto con las aguas dulces del subsuelo no profundo y también a las aguas de los ríos, quebradas y chuquias, contaminándolas. También puede pasar que ese riesgo se aumente por la intervención petrolera, ya que esa actividad fractura aún más las rocas profundas o a que puede haber fallas en el hueco de la perforación dejando un camino rápido para unir la profundidad con la superficie.


Las petroleras también pueden volver a meter en el subsuelo las aguas saladas que ellos sacaron, pero nadie sabe en qué capa lo hacen, y además esa práctica ha causado temblores graves en muchas partes del mundo. Si no las inyectan, las riegan en potreros y ríos, causando también la contaminación de aguas y suelos con aguas saladas llenas de químicos naturales que son tóxicos… (pág. 28).


Sobre la selva.


… Tumbar o alterar la selva, trae el riesgo de alterar los beneficios que presta, sobre todo la regulación del agua, mediante la contención de la fuerza de la lluvia y las inundaciones, la retención de los suelos y prevención de su pérdida por la fuerza del agua, así como los alimentos y materiales de uso que provee para la gente.


Actualmente las selvas del Caquetá están muy alteradas, porque los fragmentos de vegetación son cada vez más reducidos, los primeros afectados son los grandes mamíferos, en especial varias clases de micos, que requieren amplias áreas para sus territorios, y las aves (Pág. 44).


… En los terrenos que la petrolera llama el área de influencia directa del APE EL NOGAL, se encuentra un total der 7.162.44 hectáreas correspondientes al 35.7 % del total del área en categorías reconocidas en la norma, como de protección para la conservación y la prevención… En total se tiene un 48% en áreas de protección, respaldadas por la norma vigente en el país… (Pág. 45).

 

Bogotá, martes 20 de marzo de 2018

Publicado enColombia
“El error más grande de los progresismos fue no haber tocado la riqueza"

 

Entrevista a Raúl Zibechi

 

El año termina en todo el continente con enormes retrocesos para la clase trabajadora de nuestros países. Macri y Temer profundizan ajustes y aceleran mega-proyectos de minería y soja en sus países, Chile por su vez ve un aumento en la intensidad de su consolidado modelo neoliberal y Venezuela sigue inmersa en una grave crisis. En el campo y en la ciudad, el avance de las derechas y la incapacidad de las izquierdas en articularse son factores importantes de esta coyuntura. Sobre estas cuestiones y la perspectiva de las luchas populares, entrevistamos a Raúl Zibechi, periodista y analista político uruguayo que estudia los movimientos sociales de todo el continente desde hace 20 años.

 


-Correio da Cidadania: En setiembre de 2016 traducimos un artículo tuyo aquí en Correio titulado “El escenario regional después de Dilma”, en el cual afirmabas que el cierre del ciclo progresista en Brasil tendría una especie de efecto dominó en toda América Latina. ¿Qué opinas hoy?

 

Raúl Zibechi: Sin dudas vivimos un proceso de derechización muy fuerte en todo el continente. Ese proceso de derechización, a mi modo de ver, comienza con las protestas masivas de junio de 2013 en Brasil, porque la izquierda no fue capaz de comprender que había una demanda de la sociedad por más igualdad y democracia, y así dejó el campo libre a la derecha.

Después vino la derrota de Kirchner en Argentina y el triunfo de Macri. Y luego un proceso de cambio fuerte en Ecuador, donde a pesar de que ganó el partido de Correa (Alianza País), Lenin Moreno hace un giro, primero contra Correa y todavía no se sabe si hacia la derecha o no.

Pero si, podemos decir que el progresismo ha llegado a un límite. Incluso en un país como Venezuela es evidente que el proceso de gobernabilidad tiene muchas dificultades y son los sectores populares los que están enfrentando estas dificultades.

Finalmente tenemos la situación actual en Honduras que muestra también que hay una fuerte presencia de la derecha que es quien esta gestando este fraude electoral.

Esta ofensiva de la derecha tiene dos partes. Por un lado, el ascenso de una nueva derecha, mucho más militante, mucho más activa en las calles como es el caso del Movimento Brasil Livre (MBL) y de la Escola Sem Partido (ESP) en Brasil. Por otro lado, es una derecha que se aprovecha de las debilidades de la izquierda. La izquierda no fue capaz de tomar la ofensiva contra la derecha y sus medios de prensa, contra la estructura social y económica que favorece al gran capital. Y de ese modo dejó el campo abierto para la ofensiva que estamos viviendo.

 

-Correio da Cidadania: ¿Qué defines como “modelo extractivista” y cómo este modelo contribuyó para la derrota de los gobiernos progresistas?

 

Raúl Zibechi: El extractivismo es un modelo económico, político, social y cultural, no solo económico. En el terreno económico consiste en la transformación de los bienes comunes – el agua, la vida – en mercancías. Se puede definir como un proceso de hegemonía del capital financiero y la acumulación por despojo, o sea, robo.

El extractivismo es el robo de los bienes naturales y el principal efecto social es que destruye las relaciones sociales. Destruye el tejido social y comunitario.

Al destruir el tejido social y comunitario este modelo genera un reposicionamiento de las clases medias, altas y de la burguesía; una despolitización de los sectores populares que son integrados a través del consumo – el consumismo despolitiza y desorganiza – y de esa manera contribuye a los dos aspectos principales de la coyuntura actual que es la ofensiva de una nueva derecha y a un debilitamiento muy profundo del campo popular, o sea, de los movimientos sociales.

Esas dos razones tienen mucho que ver con el triunfo del modelo extractivo.

 

-Correio da Cidadania: ¿Cuál fue la responsabilidad de los gobiernos progresistas en la formación de la alianza entre elites y clases medias, especialmente en Brasil y Argentina?

 

Raúl Zibechi: Yo creo que la alianza entre las clases altas y medias es una alianza política para la lucha de clases vista desde la derecha. Ésta aprendió que tiene un enemigo.

Hoy en Brasil ese enemigo, por ejemplo de la Escola Sem Partido, son los profesores, los docentes – es Paulo Freire en concreto y todo lo que sea la politización de la pedagogía. El MBL también tiene sus enemigos. Mientras que el PT, por ejemplo, en ningún momento fue capaz de decir “éste es mi enemigo”. Lula siempre decía que “Brasil no tiene enemigos”. Y su gobierno tampoco los tenía. Entonces Lula negociaba con la Red Globo, y finalmente la Globo jugó un papel importante en el derrocamiento de Dilma.

El hecho de no distinguir un enemigo implica que no hay una organización para luchar contra ese enemigo. No hay un objetivo político determinado. Lula se planteó gobernar sin conflicto, sin lucha de clases, negociando permanentemente y eso funcionó mientras la economía crecía. La economía comenzó a tener problemas cuando el ciclo de las commodities se terminó y ahí tendrían que haberse realizado cambios profundos, estructurales.

Al final de cuentas, el “milagro lulista” y el de los otros progresismos latinoamericanos, consistió en “mejorar” la condición de los pobres, sin plantear reformas estructurales. Entonces, cuando se el ciclo de los precios altos de las commodities finaliza, no queda más margen para seguir “mejorando” la situación de los pobres sin tocar la riqueza. Y ese es el paso que ni el lulismo, ni el kirchnerismo, se atrevieron a dar, porque afectarían los intereses de la burguesía, del capital financiero y del agronegocio. De hecho, hasta el último día, el agronegocio integró el gobierno de Dilma. Y eso quiere decir que había una apuesta a seguir profundizando el modelo extractivo sin atacar los intereses de las elites.

Eso ha generado una grave crisis política, por la cual el PT y el kirchnerismo, no han sido capaces de indicarle a los sectores populares quien es el enemigo. En ese sentido, si miramos medio siglo atrás, por ejemplo la última carta de Getúlio Vargas, cuando se suicida, claramente designaba un enemigo. Perón y Eva Perón también fijaban un enemigo. El imperialismo, la oligarquía y sus aliados...El no presentar un enemigo dice que estás renunciando a la lucha. Y no se puede vivir en el mundo sin combatir, sin luchar.

Las fuerzas políticas de izquierda o centro-izquierda que no luchan contra un enemigo quedan atrapadas por las fuerzas políticas y sociales que si definen un enemigo. La derecha, el capital, si lo hacen. .

 

-Correio da Cidadania: ¿Qué tienen en común las luchas populares de hoy?

 

Raúl Zibechi: Yo creo que lo común es que luchan contra el extractivismo y la hegemonía del capital financiero sobre sus vidas.

Los Mapuches contra las empresas forestales en Argentina, los estudiantes en Brasil contra el modelo neoliberal aplicado a la educación, los indígenas ecuatorianos y bolivianos y los campesinos paraguayos contra el agronegocio y la minería. Contra los fondos de pensión privados en Chile. Es decir, son luchas que enfrentan al capital financiero transnacional en sus diversas formas de explotación/expoliación.

Entonces, lo que están indicando estos movimientos sociales es que para construir un futuro colectivo, primero hay que derribar el modelo neoliberal, financiero, extractivo. Y ese modelo no se puede derribar desde los gobiernos, desde la institucionalidad. Se tiene que derribar desde abajo, en la calle.

Eso implica que los sectores populares, para poner fin al modelo neoliberal, deben movilizarse en las calles y poner en cuestión la gobernabilidad burguesa. Igual sucedió durante los ciclos de las luchas antiprivatizadoras, cuando la gobernabilidad neoliberal fue desestabilizada. Aunque ni en Ecuador, ni en Bolivia, ni en Argentina, ni en Venezuela, el proceso haya culminado en una nueva fase. Por eso, hay que poner en cuestión la gobernabilidad actual. Esto no se puede hacer de forma “gradual” desde los gobiernos, hay que realizarla de forma combativa en la calle.

Ustedes, en Brasil, saben muy bien que las medidas reaccionarias de Temer (apoyado por todo el parlamento y los poderes mediáticos), no se pueden neutralizar desde la institucionalidad. Si mañana otra vez gobernara Lula, las contrarreformas no se van a anular. Solo las puede anular una lucha popular masiva y en la calle.

 

-Correio da Cidadania: ¿Podemos afirmar que las destituciones de Lugo en Paraguay y Zelaya en Honduras, fueron una especie de laboratorio para esta retomada de la hegemonía derechista en países centrales como Brasil y Argentina?

 

Raúl Zibechi: Es probable que sí. Y es probable que los casos de Paraguay y Honduras – con Lugo y Zelaya – hayan sido laboratorios para destituir gobiernos democráticos, sin sacar los tanques a la calle, como eran los clásicos golpes de Estado. Entonces lo que hay en común por ejemplo con el caso de Brasil es activar, poner en juego mecanismos constitucionales, legales pero no legítimos, para derribar o cambiar un proceso político.

Es imposible saberlo porque la burguesía internacional no lo dice claramente, pero es muy probable que podamos pensar que los casos paraguayo y hondureño, en la medida que fueron exitosos, sean un “modelo” para otras burguesías.

 

-Correio da Cidadania: ¿Qué tipo de elites se está apropiando del poder? ¿Estás de acuerdo con el término de “lumpenburguesía” dado por el economista argentino Beinstein?

 

Raúl Zibechi: Para comprender esta situación hay que tener en cuenta que el mundo está viviendo un cambio hegemónico muy profundo. Y ese cambio implica que las viejas burguesías ya no tienen la fuerza o la capacidad de articular a la sociedad, como tuvieron en su momento.

En ese periodo de transición, parece que surgen sectores oportunistas. Como decía Fernand Braudel, que caracterizaban a la burguesía como una ave de rapiña, que aprovecha el momento para capturar su presa. Y ahí tenemos personajes muy curiosos, como el Movimento Brasil Livre, Kim Kataguiri y otros que realmente no vienen de la burguesía de los viejos políticos del DEM (Demócratas), de PMDB (Partido de Movimiento Democrático Brasileño) o los tucanos (Partido de la Social Democracia Brasileña) Y aunque dialoguen con ellos, no se puede decir que vienen del mismo lugar.

Es el mismo en el caso de Macri, que viene de una burguesía que nace al amparo de los negocios del Estado. Es otro tipo de fracción dominante y es probable que eso lleve a una ampliación de las clases dominantes, con elementos que podrían caracterizarse como “lumpemburguesia”, que crecen a la sombra del Estado y ligados a la corrupción o a negocios muy dudosos.

Y la izquierda no es muy ajena de este proceso, ¿verdad? Si miramos el caso de Odebrecht y de los hermanos Batista en Brasil, vemos una alianza entre esta nueva burguesía y el gobierno del PT. Una burguesía oportunista, no es la clásica burguesía especializada en un sector productivo; sino una burguesía oportunista que aprovecha los momentos. Y bueno, si, probablemente tenga razón Beinstein. Estamos en un proceso de transición también en el terreno de las clases dominantes.

 

-Correio da Cidadania: En tu artículo “El fin de las sociedades democráticas en América Latina” (Correio da Cidadania, 26-10-2017), posicionas cuatro puntos que argumentan lo que llamas de erosión de las bases culturales y políticas de las democracias. Entre esos puntos, destacas en el cuarto: “nosotros que queremos derrotar el capitalismo debemos tener en cuenta que el sistema se está desintegrando y también que nuestro activismo ha estimulado la ascensión de los gobiernos derechistas”. ¿De qué manera es posible notar esta desintegración capitalista en un momento cuyos analistas, de izquierda inclusive, apuntan hacia una mayor consolidación del mismo?

 

Raúl Zibechi: Por un lado se puede ver la crisis de desintegración del sistema a través de las crisis de las democracias. Por ejemplo el triunfo de gobiernos como el de Trump. O mismo lo que está sucediendo en Honduras. En el Brexit. En la reacción española con respecto a la independencia de Cataluña, y así tenemos muchos síntomas de esto.

Un síntoma claro es lo que Benstein apunta como la “lumpemburguesia”. Otro es que hoy los territorios no pueden ser gobernados sin narco y sin femicidios. Hay que entender el narcotráfico y el femicidio como una forma de gobernar, en el sentido de Foucault, de controlar a cielo abierto a los sectores populares cuando el panóptico ya fue desbordado desde abajo. Entonces me parece que aquí hay todo un terreno de análisis muy importante porque la crisis del panóptico y la crisis del fordismo y del Estado-Nación tienen mucha relación con este periodo de transiciones caóticas que estamos afrontando.

Yo creo que para comprender la desintegración de las sociedades hay que ver la situación actual comparada con lo que se vivía en nuestros países hace cincuenta años. En los 60, una favela era completamente diferente de lo que es hoy. Y las periferias urbanas de América Latina eran completamente diferentes.

Hoy, la mitad de la población bajo el modelo financiero extractivo no tiene derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, simplemente no tiene derechos. Tiene beneficios. El Bolsa Familia no es un derecho, es un beneficio. Y la diferencia de ser un ciudadano con derechos o ser un excluido con beneficios está marcando desde abajo la diferencia entre esos dos periodos, uno de cierta estabilidad en el sistema y otro periodo de desintegración sistémica, él que estamos viviendo.

 

-Correio da Cidadania: Aprovechando esta respuesta, ¿podemos decir entonces que el femicídio, el narcotráfico y la violencia en general son formas de control social, especialmente en Brasil, un país que llega a 60 mil homicidios por año?

 

Raúl Zibechi: Es importante ver que tanto el panóptico, como el fordismo fueron desbordados por los trabajadores y por los sectores populares. Las formas de control anteriores fueron desbordadas desde abajo. Y por eso yo digo que nosotros hemos jugado un papel en la crisis actual.

No creo que el panóptico haya caducado por razones tecnológicas, ni el fordismo. Fue la lucha que les neutralizó. Entonces, hoy en vez de fordismo, tenemos automatización. Robots en las fábricas de automóviles.

Y ahí lo que aparece es que la reorganización del capital se le asigna a las ONGs un lugar para jugar ese papel de control una vez que el panóptico fracasa. Y cuando digo panóptico, digo “familia, escuela, cuartel, fabrica y iglesia” a lo largo de toda la vida. Espacios de encierro y de disciplina. Entonces, en el momento que estamos es que la burguesía tiene, o busca, una gama muy amplia de formas de control que abarquen las personas que rompieron con el panóptico.

Las ONGs son una forma, otras es el endeudamiento de que hablaba Deleuze y que hoy en Brasil juega un papel muy importante – el endeudamiento es una forma de disciplinar y de controlar. Los femicidios, el narcotráfico y la Policía Militar, por supuesto, hacen el control por el miedo y la violencia. Hay una gama amplia de formas de control y la burguesía las está buscando ampliar a través de la inteligencia artificial, del rol cibernético, las nuevas tecnologías; y apagando experiencias como la educación popular de Paulo Freire.

La burguesía está buscando en muchos sentidos formas nuevas de control porque los partidos de izquierda y los sindicatos fueron también formas de control. De encausar la lucha popular e impedir que ocurran desbordes, en ese sentido el PT fue muy importante en Brasil. Pero cuando esos partidos y sindicatos empiezan a fracasar, aparece una multiplicidad de formas de control, para buscar evitar que los sectores populares se autonomicen del capital y del Estado.

 

-Correio da Cidadania: Pensando en esta crisis de los partidos y sindicatos, ¿cómo entra la cuestión de las ONGs como centros del activismo moderno?

 

Raúl Zibechi: Hay un modelo de ONG que es el de George Soros. Este modelo viene a tomar las mismas consignas de la izquierda, tomar las formas de acción y organización de la izquierda y de los movimientos sociales, para neutralizarlos. Las ONGs y el proyecto de Soros son como introducir un virus en las luchas populares.

Eso porque constituyen organizaciones que aparentemente son para la lucha pero lo que buscan es neutralizar la lucha. Esto genera una enorme confusión. Hay un sabio que dijo una vez que es más fácil salir del error que de la confusión. Y la burguesía a través de las ONGs y de movimientos confusos está introduciendo la confusión en el campo popular. Y esa confusión es muy potente y poderosa, abarca sectores que nunca imaginamos que iban a ampliar.

En Brasil, parte de esta confusión puede ser ilustrada por la organización “Fora do Eixo” de Pablo Capilé. No es un movimiento popular, ni social, ni político. Es una creación artificial hecha por las elites, en este caso progresistas, pero en el mismo sentido que las hacen Soros, para derribar la lucha popular cuando ya el sindicato y el partido no alcanzan para organizar a los jóvenes que están fuera de las organizaciones.

Esto es importante. En la época de Lula, hace cuarenta años, los jóvenes eran obreros y se organizaban en sindicatos, en comunidades eclesiales de base, en el PT y el MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra). Hoy en día, hay una grand franja de jóvenes que están fuera de cualquier organización. Entonces hay una disputa de sentido para poder organizarlos. Y en ese sentido, el Fora do Eixo y el MBL juegan el mismo papel, cada uno, obviamente, para el lado donde, desde arriba, fueron concebidos.

 

-Correio da Cidadania: ¿Es posible un fortalecimiento de las resistencias que se opongan contundentemente a estos avances para 2018?

 

Raúl Zibechi: Sin duda hay condiciones para un fortalecimiento de las resistencias porque la ofensiva de las derechas es muy dura.

El caso de Ecuador se puede repetir en otros países. En Argentina hay un aumento de las luchas, en la mayoría de los países tenemos una situación de tensión muy fuerte porque los sectores populares rechazan reformas que proponen la derecha.

Pero aquí surge un problema: en el seno de estas luchas hay dos tendencias. En Argentina y en Brasil sobre todo. Hay quienes luchan para derribar las reformas de la derecha y hay quienes luchan para que vuelvan Cristina Kirchner y Lula al gobierno.

He observado en Brasil que la CUT (Central Única dos Trabalhadores) frena las luchas porque el objetivo no es derribar a Temer, sino sangrar a Temer para que pueda ganar Lula. Lo que quiero decir es que aunque hay condiciones para que haya un fortalecimiento de las luchas, también hay problemas internos dentro del campo popular que pueden desviar la lucha hacia el terreno electoral nuevamente.

 

-Correio da Cidadania: Concluyendo el pensamiento sobre el modelo extractivista y las luchas populares, ¿cómo ves la situación en la región amazónica, donde vemos la minería y sectores hidroeléctricos en verdadera ofensiva sobre territorios indígenas, cubiertos por las pretensiones de un de los ejes del plan IIRSA?

 

Raul Zibechi: Los pueblos indígenas son nuevamente la vanguardia de la lucha contra el modelo extractivo. No solo los indígenas, pero todos los pueblos originarios: ribeirinhos, pescadores, quilombolas, todos los pueblos originarios están interesados en derribar el modelo neoliberal. Y en este periodo empieza a surgir un nuevo actor político que son los pueblos afros, los negros. Y la lucha negra, en los quilombos rurales y urbanos, está empezando a jugar un papel también importante en estas resistencias.

Creo que al extractivismo se lo derrota localmente. La lucha contra la hidroeléctrica de Belo Monte, es en Belo Monte. No puedes luchar contra el extractivismo en el Palacio do Planalto, tienes que derrotar el extractivismo en cada uno de los lugares.

Como fue la lucha contra el fordismo de la clase obrera. Era en la fábrica. Bueno, entonces creo que estos actores, estos sujetos sociales y políticos son los que están cuestionando a fondo el modelo extractivo, las obras de la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), todo el proyecto de hidroeléctricas, de minería y de soja pues son los que están más afectados por ese modelo.

Y también los movimientos que vienen de las periferias urbanas y de las populaciones de las favelas tienen un interés objetivo en luchar juntos. No juntos en la misma organización, sino de confluir en mismo objetivo. Por ejemplo, los habitantes de la Favela Alemão en Rio con la Ocupa Alemão; y los Munduruku en el Tapajós, o los que viven en la Volta Grande del Xingu, tienen los mismos intereses en derribar este modelo. Y sus luchas van en la misma dirección.

 

-Correio da Cidadania: ¿Qué está puesto para nuestro continente en el próximo período?

 

Raul Zibechi: A diferencia de lo que opinan los politólogos que creen que lo principal es echar a la derecha de los gobiernos, yo creo que lo fundamental es derribar el extractivismo. Porque este modelo es lo que está dañando a los sectores populares de la ciudad y del campo. Y es lo que está facilitando con que las derechas hayan regresado a los gobiernos y sigan ahí. En mi opinión la tarea principal del próximo periodo es organizar las fuerzas para derrotar el modelo extractivo de la misma manera que se luchó contra el modelo de las privatizaciones.

Imagino los próximos años luchando fuertemente en cada uno de los lugares contra este modelo. Contra la ferrovía de Carajás, contra las 300 hidroeléctricas que se quieren hacer en la Amazonia, la soja y todo lo que son los productos transgénicos, contra la violencia policial en las ciudades y por ahí va. Esta es la lucha principal que creo que nos van a ocupar en los próximos años.

 

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Traducción de Raphael Sanz / Edición de Ernesto Herrera (Correspondencia de Prensa)

 

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Donald Trump este lunes en Utah. RICK BOWMER-AP / REUTERS-EPV

 

El presidente permite el desarrollo de actividades como la extracción de gas y petróleo, la minería o la tala

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes en Utah la mayor reducción de terrenos federales en la historia del país. La norma afectará a dos reservas de ese Estado, habilitando alrededor de dos millones de hectáreas que pertenecían al Gobierno para el desarrollo de actividades privadas. Trump continua con esta medida la desmantelación de las protecciones a este tipo de terrenos aprobadas por sus predecesores.

“Algunos creen que los recursos naturales de Utah deberían estar controlados por unos pocos burócratas lejanos situados en Washington. Y, ¿saben qué? Están equivocados”, dijo el presidente en un discurso en el Parlamento estatal, desde donde anunció que el 85% de la Reserva Nacional Bears Ears y la mitad de Grand Staircase-Escalante dejarían de ser propiedad federal. “Juntos, alcanzaremos un nuevo futuro de maravillas y riqueza”, aseguró Trump en Salt Lake City.

La medida abre la puerta a la explotación de las tierras por medio de actividades como la extracción de petróleo y gas, la minería o la tala. También fomentará la construcción y el desarrollo comercial. En abril, el presidente ya firmó una orden para levantar el veto de estas explotaciones en terrenos federales. El terreno de Bears Ears fue designado bajo protección federal en 2016 por el entonces presidente Barack Obama. Grand Staircase-Escalante estaba protegido desde 1996.

No todo está sentenciado. Grupos de protección del medioambiente y miembros de cinco tribus de indios americanos que residen en las zonas naturales, entre ellos los navajos, a quienes el presidente honró en la Casa Blanca la semana pasada, han afirmado que presentarán demandas contra la norma de Trump. “Hemos tratado de reunirnos con el presidente sobre este asunto. El terreno de Bears Ears (Orejas de Oso, en castellano) es de vital importancia para nosotros. La decisión, tomada sin consultarnos, no nos deja más opción que litigar”, afirmó el presidente de los navajos. Como ha sucedido con otras polémicas órdenes del presidente la decisión final sobre la medida podría quedar en manos de los tribunales.

El anuncio de hoy es una victoria para los republicanos que durante años han considerado que la pertenencia al Gobierno de la tierras suponía un abuso de su poder. No se descarta que Trump reduzca los terrenos de otras reservas. En abril, el republicano ordenó a su secretario del Interior revisar los 27 terrenos como los dos de hoy que existen en el país.

 

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