Donald Trump este lunes en Utah. RICK BOWMER-AP / REUTERS-EPV

 

El presidente permite el desarrollo de actividades como la extracción de gas y petróleo, la minería o la tala

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes en Utah la mayor reducción de terrenos federales en la historia del país. La norma afectará a dos reservas de ese Estado, habilitando alrededor de dos millones de hectáreas que pertenecían al Gobierno para el desarrollo de actividades privadas. Trump continua con esta medida la desmantelación de las protecciones a este tipo de terrenos aprobadas por sus predecesores.

“Algunos creen que los recursos naturales de Utah deberían estar controlados por unos pocos burócratas lejanos situados en Washington. Y, ¿saben qué? Están equivocados”, dijo el presidente en un discurso en el Parlamento estatal, desde donde anunció que el 85% de la Reserva Nacional Bears Ears y la mitad de Grand Staircase-Escalante dejarían de ser propiedad federal. “Juntos, alcanzaremos un nuevo futuro de maravillas y riqueza”, aseguró Trump en Salt Lake City.

La medida abre la puerta a la explotación de las tierras por medio de actividades como la extracción de petróleo y gas, la minería o la tala. También fomentará la construcción y el desarrollo comercial. En abril, el presidente ya firmó una orden para levantar el veto de estas explotaciones en terrenos federales. El terreno de Bears Ears fue designado bajo protección federal en 2016 por el entonces presidente Barack Obama. Grand Staircase-Escalante estaba protegido desde 1996.

No todo está sentenciado. Grupos de protección del medioambiente y miembros de cinco tribus de indios americanos que residen en las zonas naturales, entre ellos los navajos, a quienes el presidente honró en la Casa Blanca la semana pasada, han afirmado que presentarán demandas contra la norma de Trump. “Hemos tratado de reunirnos con el presidente sobre este asunto. El terreno de Bears Ears (Orejas de Oso, en castellano) es de vital importancia para nosotros. La decisión, tomada sin consultarnos, no nos deja más opción que litigar”, afirmó el presidente de los navajos. Como ha sucedido con otras polémicas órdenes del presidente la decisión final sobre la medida podría quedar en manos de los tribunales.

El anuncio de hoy es una victoria para los republicanos que durante años han considerado que la pertenencia al Gobierno de la tierras suponía un abuso de su poder. No se descarta que Trump reduzca los terrenos de otras reservas. En abril, el republicano ordenó a su secretario del Interior revisar los 27 terrenos como los dos de hoy que existen en el país.

 

Publicado enInternacional
Puerto de carbón en la ciudad caribeña de Santa Marta (Colombia).

 

Aunque la mayoría de los países del mundo suscribieron voluntariamente los acuerdos sobre cambio climático de Naciones Unidas (ONU), un reciente estudio publicado en Alemania advierte que el uso del carbón como fuente de energía crece en América Latina y el Caribe.

La organización no gubernamental Urgewald presentó un informe titulado: "Lista de salida global del carbón" (Global Coal Exit List o CGEL, en inglés), en el que señala que, no obstante la presión mundial para disminuir la minería del carbón, varios países latinoamericanos y caribeños adelantan proyectos para ampliar "esa contaminante fuente energética", informó la agencia IPS.

 

5a170aeee9180f6d548b4569

Mineros trabajando en la mina artesanal "pozito", en el pueblo de Nueva Rosita (México). / Tomas Bravo / Reuters

 

En expansión

 

El documento, cuya difusión coincidió con la 23 Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), destaca la influencia regional de los explotadores de carbón, considerado como un mineral altamente contaminante.

"Hay varios proyectos en planeación para explotar el mineral y eso amenaza con mantener esa dependencia por años", declaró a la agencia noticiosa Heffa Schuecking, directora de Urgewald.

El informe de la ONG, que pasa revista a 770 empresas extractivas, comercializadoras, prestadoras de servicios y generadoras termoeléctricas, pretende alejar a los inversionistas de ese sector, con el fin último de "mantener un mundo habitable", dijo Schuecking.

 
Números negros

 

El GCEL precisa que en América Latina y el Caribe, la capacidad termoeléctrica instalada que depende del carbón para su funcionamiento, alcanza los 17.909 megavatios (MW).

 

5a17163b08f3d9a0538b456a

Una pala de tractor descarga carbón en el puerto de la ciudad de Santa Marta (Colombia) / Juliana Lopera / Reuters

 

Los países con mayores capacidades en la generación de energía con fuente carbonífera son:

México: 5.351 MW.
Chile: 5.101 MW.
Brasil: 4.355 MW.


Por otra parte, Urgewald asegura que varias naciones latinoamericanas adelantan proyectos que contemplan el empleo del carbón para generar 8.427 MW adicionales, y que serán aportados por:

Chile: 2.647 MW.
Brasil: 1.540 MW (sumados a su generación actual).
República Dominicana: 1.070 MW.
Venezuela: 1.000 MW.
Jamaica: 1.000 MW.
Colombia: 850 MW.
Panamá: 320 MW.


"Esos emprendimientos anclarían aún más el contaminante mineral en la región y dificultarían su retiro para combatir el cambio climático", indica el informe.

 
Manos foráneas

 

En los procesos de explotación de carbón, la ONG ubica 14 empresas creadas en países de Latinoamérica: Brasil (5), Colombia (5), Chile (1), Perú (1), República Dominicana (1) y Venezuela (1).

 

5a170c74e9180f94558b4567

Mina Cana Brava, operada por SAMA SA, parte del Grupo Eternit, en Minacu, norte del Estado de Goias (Brasil). / Ueslei Marcelino / Reuters

 

A ellas se suman las transnacionales que ya tienen operaciones en el área, como AES y Drummond (EE.UU.), Enel (Italia), Engie (Francia), Glencore (Inglaterra Suiza), BHP Billiton (Inglaterra-Autralia) y Anglo American (Inglaterra). Todas activas en la región.

 

Explotación y exportación

 

Según el documento, Colombia, con sus 90 millones de toneladas de carbón producidas durante el año 2016, es el país con mayor volumen extractivo en Latinoamérica. Una producción destinada casi en totalidad a la exportación.

Actualmente, Colombia opera sus minas a cielo abierto en conjunto con las empresas Drummond, Glencore, BHP Billiton y Anglo American.

Le siguen Brasil, con una capacidad de producción que alcanza los 8 millones de toneladas de carbón al año, y México con 7,25 millones anuales.

 

Intereses

 

Para Lusbi Portillo, académico venezolano y director de la ONG Sociedad Homo Et Natura, la insistencia de varios países de la región en explotar el carbón "es una inmensa contradicción, vista desde los acuerdos de cambio climático promovidos por Naciones Unidas".

Y advierte que detrás de la explotación del carbón en América Latina y el Caribe "abundan los intereses económicos".

 

Venezuela: un ejemplo

 

Portillo cita, como un ejemplo de voluntad política para generar energía limpia, el proyecto de parque eólico desarrollado en la Guajira venezolana, al occidente del país, que inició operaciones en 2013 y que se proyectó para generar hasta 10.000 MW.

 

5a1710b5e9180f4b588b4567

Venta de carbón en el mercado La Parada, en el distrito de La Victoria de Lima (Perú). / Mariana Bazo / Reuters

 

Ese parque, cuyo desarrollo contempla 10 fases, "podría generar energía limpia para el occidente de Venezuela y parte de Colombia", apunta.

Ahora, asevera el académico, existe el interés de un sector "de abandonar el parque eólico para construir una carboeléctrica que generaría apenas 1.000 MW".

El director de la ONG agregó que la explotación del carbón, en cualquier país del mundo, "sólo acentúa los efectos del cambio climático, dadas las altas emisiones de CO2 (dióxido de carbono)", y, en el caso específico de Venezuela, se convertiría en un contrasentido frente al discurso del gobierno, "que habla permanentemente de salvar el planeta".

 

Ernesto J. Navarro

 

 

Publicado enMedio Ambiente
Lunes, 20 Noviembre 2017 08:40

El perro del hortelano

Miembros de la tribu mashco-piro, fotografiados en 2011 por Survival International, en la selva del sudeste peruano / Foto: Afp

 

 

No conocen fronteras, es que habitan el continente desde antes de que éstas fueran trazadas. Hoy se calculan en alrededor de doscientos los pueblos indígenas que viven en aislamiento en América Latina. Se concentran en el área amazónica y el Chaco paraguayo. Durante mucho tiempo su existencia no era conocida por los estados del continente. Hoy Venezuela es el único país que no la reconoce. Su principal amenaza es el extractivismo y el avance de las empresas sobre las tierras.

 

Alejandro Parellada es coordinador para América Latina del Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (Iwgia, por sus siglas en inglés), una organización global con sede en Dinamarca fundada en 1968 dedicada a promover, proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas. Argentino exiliado en Suecia a comienzos de los setenta, tiene un máster en historia de las religiones y antropología social de la Universidad de Lund y trabaja en temáticas de derechos de los pueblos indígenas en América Latina desde hace más de 25 años. Uno de los capítulos que ha venido acompañando es la realidad de los pueblos indígenas en aislamiento.


—¿Desde cuándo trabaja Iwgia con los “aislados”?

—Desde 1996. Empezamos con un seminario sudamericano que se hizo en Perú, en Pucallpa, sobre áreas protegidas y pueblos indígenas. A partir de entonces algunas organizaciones indígenas empezaron a mencionar la existencia de comunidades aisladas que vivían en áreas de protección, como parques nacionales, etcétera. Al mismo tiempo, estábamos involucrados en la titulación de tierras en Perú, donde en algunas comunidades que estaban escriturando la gente llamaba la atención sobre la existencia de individuos o comunidades aisladas.


Entonces se diseñó un programa de protección para estos pueblos a partir de una figura legal que en Perú se llamaba “reservas territoriales”, reservas temporarias de protección hasta que estos pueblos decidan integrarse o no a la sociedad nacional.

Se desarrolló una metodología de trabajo, primero, para demostrar ante el Estado la existencia de estos pueblos. En esa época ningún Estado de la región, a excepción de Brasil, sabía que había pueblos en condición de aislamiento.

Se hicieron una serie de trabajos antropológicos que estaban basados básicamente en entrevistar a comunidades aledañas, registrando historias de haber visto a esta gente.

Y entonces se empezaron a trazar las rutas migratorias de estos pueblos. Y con documentación que sustenta la existencia y las rutas migratorias se armaron propuestas ante el Estado peruano para el establecimiento de estas áreas de protección donde no puede haber actividades económicas y no pueden existir asentamientos humanos permanentes.

A partir de entonces comenzaron una cantidad de estudios, publicaciones, seminarios, en los que se incluyeron los otros países de la región donde existen comunidades en aislamiento.

Estos pueblos, que se calcula son alrededor de doscientos, están en los países del área amazónica más el Chaco paraguayo. Brasil es el que tiene más pueblos en aislamiento –cerca de cien– y fue el primero en reconocer su existencia. Allí la Fundación Nacional del Indio (Funai) estableció un trabajo específico. Al principio se practicaba la política del contacto: contactar con los pueblos para protegerlos. Posteriormente se estableció a nivel regional una política de no contacto, dejando que los pueblos mismos decidan si tienen contacto o no. Luego de Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia reconocieron la existencia de pueblos en aislamiento. Venezuela sigue siendo el único país que no lo hace. Y en Paraguay se reconoce sólo a un pueblo: los ayoreos.

En general se trata de pueblos transfronterizos. Muchos de ellos tienen una ruta migratoria que cruza fronteras, entonces es una problemática más regional que nacional.

 

—Recuerdo el caso del genocidio del pueblo aché, en Paraguay, un pueblo selvático, obligado a sedentarizarse, esclavizado y diezmado en la dictadura de Stroessner. En aquel caso, ¿podía decirse que más que aislados fueron acorralados?


—Sí, la historia de los aché también está relacionada con el Iwgia, que se fundó cuando tomó forma la denuncia internacional del genocidio de este pueblo. Era la misma problemática, aunque no existía la categoría “indígenas en aislamiento”. Vivían en el monte, en la selva, y venían siendo acorralados, cazados, se los expulsaba del territorio. Los aché sobrevivieron, tuvieron una recuperación de tierras, mantuvieron el idioma. Fue un proceso en el que, por diferentes factores, pudieron sobrevivir como pueblo.

En la Amazonia ocurrió algo similar. Hubo pueblos que huyeron hacia el monte, escapando de epidemias y masacres, y que durante mucho tiempo habían vivido relativamente en calma y con buenos recursos naturales.

Ahora, con la búsqueda de nuevos recursos (para explotar), la penetración de empresas petroleras, mineras, obras de infraestructura como carreteras, etcétera, se vive una especie de tsunami en la Amazonia, una invasión de empresas extractivas y de inversiones. Entonces el contacto es casi inevitable. En algunos casos se da que ellos mismos, atraídos por cuestiones materiales –ollas, cuchillos, etcétera–, se acercan a otras comunidades para intercambiar y refugiarse nuevamente.

En algunos casos puede haber conflictos en el grupo, y una de las parcialidades decide establecerse en forma permanente en las comunidades aledañas.

Eso crea una serie de riesgos, porque normalmente es gente que no tiene un sistema inmunológico muy desarrollado, entonces en algunos casos se han producido enfermedades mortales por cuestiones bastante sencillas.

En los últimos años se han producido bastantes muertes. En estos casos, en general lo que ocurre es que hay contacto no deseado que muchas veces resulta con muerte; operarios de empresas, madereros, etcétera, que se sienten agredidos, crean situaciones violentas, y normalmente los no indígenas entran con armas de fuego.

 

—¿Cuál es el trabajo actual del Iwgia con los aislados? ¿Cuál es la “foto” 2017 de los indígenas aislados en América Latina?


—Hay varias organizaciones que trabajan en el tema. Se intenta coordinar con otras instituciones, organizaciones indígenas sedentarizadas, nacionales, regionales, locales, en estos países. Se han desarrollado políticas particulares orientadas a la protección de los aislados.

Tratamos de apoyar algunas de estas iniciativas e impulsar acciones a nivel regional, desde el intercambio de experiencias de protección, hasta actividades y mecanismos de derechos humanos, como es la Comisión Interamericana (Cidh), la Relatoría de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y otros mecanismos dentro de las Naciones Unidas (Onu) que pueden ser relevantes para desarrollar políticas de protección.

En un momento la Onu desarrolló las Directrices de Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento. Eso fue un proceso en el que participamos. Son la base de los mecanismos de protección, producto de una serie de reuniones, talleres, hasta consensuar un documento.

Se les solicitó a la Cidh y la Onu que ejerzan una presión adicional sobre los gobiernos.

Hoy, a excepción de Venezuela, ya no es un tema de discusión si existen o no los pueblos en aislamiento. Eso ya es un avance importante. Pero al mismo tiempo que hubo avances normativos importantes –formalmente se han aprobado una serie de leyes, de mecanismos–, en la práctica hubo un retroceso. Porque estos derechos no son implementados debidamente. Cada vez se prioriza más la inversión (y la explotación de las empresas) y se debilitan los derechos de los aislados.

Muchas veces hay conflictos de intereses entre los diferentes ministerios. En el caso de Bolivia, por ejemplo, la discusión es esa. Un gobierno indígena, progresista, por un lado, y, por otro, unos pocos indígenas que pueden frenar el desarrollo nacional. Porque muchas veces estas comunidades están en áreas ricas, por ejemplo, petroleras. Un pequeño conflicto fue la aparición o la supuesta aparición de pueblos en aislamiento en la frontera Perú-Bolivia; aparentemente serían del grupo étnico de los mashco-piros, y entraron al territorio boliviano en una zona en la que se está haciendo prospección petrolera. Entonces se pidió la paralización de la actividad petrolera en esa zona, cosa que tiene implicaciones económicas importantes.

En la audiencia (de la Cidh, en Montevideo, a finales de octubre pasado, titulada “Situación de derechos humanos de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial en la Amazonia y el Gran Chaco”) se demostró la dificultad para que se acepten estas áreas de protección, o las que se establecen son demasiado chicas y dan de ese modo prioridad o preferencia a la extracción petrolera. Es el caso de Ecuador.

En el caso de Colombia, donde hay menor cantidad de pueblos en aislamiento, el problema se ha dado principalmente con el conflicto armado. Por ejemplo, a un pueblo de contacto reciente, como los nukaks –que se contactaron hace 20 años–, el gobierno les asignó un territorio muy grande, pero desgraciadamente era una zona de cultivos ilícitos, de actividades de las Farc y los paramilitares. Tuvieron que salir de ahí e irse a vivir a un centro urbano en situaciones paupérrimas.

 

—¿Cuál es el papel que juegan las instituciones como la Cidh?


—En mi opinión, la Cidh sigue siendo uno de los mecanismos más interesantes de derechos humanos, y tuvo un papel fundamental en la época de las dictaduras.
Sin embargo, incluso los gobiernos progresistas que en su momento hicieron uso de la Cidh argumentan que (los problemas de los pueblos indígenas en aislamiento) son cuestiones nacionales que tienen que resolverse a nivel interno y no por una instancia supranacional.

Entonces, sentar al gobierno junto con las organizaciones indígenas de por sí ya es importante, porque muchas veces no ocurre en sus países, sino que esto se tiene que dar en espacios internacionales. Existe un mayor diálogo en estos espacios.

Por ejemplo, con Paraguay tenemos algún tipo de involucramiento: los procesos de solución amistosa para la recuperación de tierras para los ayoreos (parte de ellos pueblos aislados y otros sedentarizados). Una parte muy importante del territorio que la Cidh pidió sea devuelto a los indígenas son tierras privadas y el Estado tiene que comprarlas. Entonces, lo que se pide es que el gobierno paraguayo adjudique parte de su presupuesto a la compra de estas tierras. Esto ha acompañado un proceso de solución amistosa con reuniones de negociación. Son procesos impulsados por la Cidh.

Cuando no se consigue una solución por esta vía, los casos pasan a la Corte Interamericana. Hubo fallos, que crearon jurisprudencia, que obligaron a los estados a resarcir a comunidades por daños ambientales por actividades petroleras, por ejemplo.

 

—Pensar en el tema de los aislados, ¿sería como revivir la historia del encuentro del colonizador con el aborigen en la conquista de América Latina?


—Sí, muchos de sus antepasados huyeron de epidemias o de masacres, han tenido algún mal recuerdo del contacto con las sociedades nacionales. Pero sí, es una situación bastante particular en la que por razones obvias no existe un diálogo de igual a igual, entonces hay que activar otros mecanismos, otras formas de relacionamiento, y tratar de aprender del pasado, de lo que se hizo mal.

Ahora, lamentablemente todo indica que hay situaciones preocupantes, y por pensar que es poca gente –pues se trata de familias o pueblos muy pequeños–, muchos opinan que no pueden ser una barrera para el desarrollo.

 

—Quizás este punto de conflicto entre indígenas y desarrollo se plantee también con otras realidades indígenas, especialmente con la cuestión de la tierra y su propiedad.

—Es un conflicto que hay que discutir y resolver. Y en ello el Estado tiene un papel importantísimo, de aceptar que son ciudadanos de su país con derechos particulares.

Alan García, el ex presidente peruano, hablaba de los indígenas amazónicos como “el perro del hortelano”; no explotan los recursos naturales y tampoco dejan que los demás los exploten. Él tenía esa teoría sobre los indígenas en general.

Hay un reconocimiento normativo y formal que de hecho es muy limitado, debería ser muchísimo mayor.

 

 

Publicado enInternacional
¡Que brille el oro!, pero bajo las montañas

“Cuando los labios sonríen, 

la pelea empieza a ganarse”.

Manuel Mejía Vallejo

 

La alegría fue la protagonista el pasado 26 de marzo cuando los habitantes del municipio de Cajamarca, Tolima, sentaron un precedente a través de una consulta popular, al decirle no a la explotación minera en su territorio. En este caso la multinacional derrotada, la mismísima Anglo Gold Ashanti (AGA), multinacional surafricana con presencia en diversidad de países donde su estela es de destrucción de la naturaleza, obligando al desplazamiento de sus pobladores al ver cambiado el uso del suelo de donde lograban lo básico para subsistir.

 

Como es sabido, el resultado fue contundente: 5.565 (97,84%) cajamarc unos votaron en contra y solo 68 (1,2%) a favor. Pese a las disputas jurídicas y políticas que determinarán la expulsión definitiva de estas prácticas extractivas en esta región, la frase de Manuel Mejía parece palpar lo que se avecina en todo el país: Una pelea que ya empezó a ganarse.

 

Primera vuelta: suroeste antioqueño

 

Parte del suroeste antioqueño está asentada sobre una zona denominada el Cinturón de Oro de Colombia (COC), una de las más grandes betas de oro descubiertas recientemente en el país.

 

Su extensión asombra a unos y abre el voraz apetito de los negociantes de la vida. Como una serpiente pitón, su cuerpo se extiende desde Marmato (Caldas), siguiendo un flanco de la cordillera occidental hasta terminar en Antioquia en la desembocadura del río San Juan en el Cauca, recorrido que comprende los municipios de Caramanta, Valparaíso, Támesis, Jericó, Tarso, Pueblorrico, Andes y Jardín (ver mapa 1).

 

 

mapa 1 p2

 

 

El brillo de El Dorado sigue encegueciendo luego de cinco siglos. Es así como en la actualidad el 90 por ciento del suroeste antioqueño está solicitado y titulado para exploración minera por parte de empresas transnacionales (ver mapa 2), “entre las que se encuentran la Anglo Gold Ashanti AGA (Sudáfrica), Solvista Gold (Canadá), Continental Gold (Canadá), Tolima Gold (Canadá), Colombian Mines Corporation (Canadá), B2Gold (Canadá), entre otras más”1. Una vez destruido el campo, ¿comeremos metales? ¿Y el paisaje? ¿Y el medio ambiente?

 

mapa 1 p3

 

 

La empresa con mayor número de títulos mineros en la región es la Anglo Gold Ashanti AGA, entre los cuales cuenta con el proyecto Quebradona, que comprende un total de 12.699 ha2, a través de cinco títulos mineros.

 

Este proyecto, legalizado bajo la razón social de Minera Quebradona Colombia S.A, filial de AGA, está ubicado en mayor proporción en jurisdicción del municipio antioqueño de Jericó, extendido en su área rural a lo largo de 19.180 hectáreas, de las cuales 7.600 fueron adjudicadas con licencia de exploración minera (ver mapa 3).

 

 

mapa 2 p3

 

 

 

La empresa tiene su campamento de operaciones en la vereda Quebradona (corregimiento de Pablocabildo) desde donde avanza, año 2010, con perforaciones exploratorias, las mismas que en la actualidad se encuentran en fase de estudio avanzado3. El proyecto se concentra en un importante yacimiento de oro en el que se encuentran además minerales asociados como cobre, plata, molibdeno, zinc y otros metales.

 

La comunidad en alerta

 

No pocos han sido los reclamos de quienes habitan este municipio ante la llegada a sus territorios de esta gigante de la minería, y sobre todo si tenemos en cuenta el pasado sombrío/poco fiable de esta empresa4. El pasado 11 de abril AGA “nuevamente de manera inconsulta e ilegítima intentó instalar en este mismo municipio, corregimiento de Palocabildo, nuevas plataformas de perforación minera. Frente a este hecho, miembros de la comunidad, en su mayoría campesinos y vecinos del lugar, reaccionaron de manera pacífica pero firme en defensa de sus derechos [...] impidiendo que se realizaran dichas actividades”.

 

Según pobladores del municipio, donde pretenden explorar es la zona donde nacen el 80 por ciento de las fuentes hídricas que abastecen a Jericó. Siendo éste, junto con Támesis, una de las mayores potencias hídricas a nivel departamental. “Se nos metieron como pedro por su casa, no nos consultaron, no nos tuvieron en cuenta para nada”, manifiesta Hernando García, campesino de Palocabildo. Desde que llegó AGA al suroeste antioqueño, “amparado en varios títulos mineros otorgados en Bogotá, han desconocido a las comunidades presentes en el territorio, pasando por encima de los instrumentos constitucionales de planificación y ordenamiento municipal”. Desconocimiento que ha generado un rechazo unánime por parte de movimientos y organizaciones ambientales y sociales, campesinos, finqueros, políticos y académicos.

 

Mil y más razones

 

“El regalo más grande que me vas a dar en la vida, mi Señor, no es plata; la lotería que yo te pido es que cuando esté vieja, me vaya a morir a Jericó!”5. Este anhelo de una de las protagonistas del documental: Jericó, el infinito vuelo de los días, parece empañarse con los pronósticos que se avecinan en la región, por lo menos así lo manifiestan sus pobladores. El temor se extiende.

 

La multinacional maniobra con palabras. Enfatiza, una y otra vez, en que las formas de hacer minería han cambiado: “Hemos aprendido a gestionar, reducir y mitigar los impactos de nuestra actividad [...] La buena minería genera riqueza y bienestar bien distribuidos y acelera el difícil camino del desarrollo sin tener que dañar la cultura ni el ambiente”. Probablemente sea verdad que sus prácticas hayan mejorado luego de los daños generados en diferentes partes del mundo, ciertamente, pero lo que no parecen entender (o no quieren entender) el gobierno, en alianza con multinacionales, es que nadie los ha invitado, y que no es grata su presencia en esta región; así lo manifiesta un líder campesino del corregimiento de Palocabildo. “No los queremos aquí perturbando nuestras tierras, nuestra tranquilidad, nuestras familias y nuestra unidad”.

 

La riqueza efímera

 

Para nadie es un secreto que el oro es un “activo refugio”, es decir “en tiempos de incertidumbre, inversionistas suelen colocar capital en este metal en lugar de arriesgarlo en acciones y bonos volátiles”. Es un bien de oferta y demanda que juega en los mercados internacionales, su precio fluctúa de acuerdo a las estrategias de bancos y organismos internacionales “que al usarlo como refugio financiero seguirán generando una demanda y por ende precios atractivos entre tanta inestabilidad macroeconómica internacional”.

 

Si bien es un metal precioso, en todo el sentido de la palabra6, su uso es bastante limitado: “Según el Consejo Mundial del oro solo 7% de la demanda se usa para producir materiales electrónicos y prótesis dentales. Además, menos de una décima parte tiene valor industrial”. El resto es destinado a joyería y a engrosar los anaqueles subterráneos, donde no brillará ante los ojos de nadie. Y como si fuera poco, con las reservas existentes de oro podría abastecerse la demanda industrial de este metal por 186 años7.

 

Según afirma Jorge Giraldo, decano de Ciencias y Humanidades de la Universidad Eafit de Medellín, la minería a gran escala no es una importante fuente generadora de empleo, “la única manera de generar empleo es generando encadenamientos industriales; si nosotros sacamos el oro y lo mandamos para el exterior, sin generar una industria alrededor de la producción del oro, pues eso finalmente no deja nada, no deja capacidades, no deja un sector industrial nuevo instalado, no deja empleo”.

 

Sin embargo, hay familias jericoanas que le han brindado la bienvenida a la multinacional. La situación económica así lo propicia. El campo en Colombia es un modelo prospero para muy pocos, la mayoría de la población campesina en el país es pobre. AGA llegó generando empleo, más de 200 puestos directos y con salarios superiores a lo que gana un jornalero. Razón por la cual los finqueros entran en preocupación, como lo expresa Edgar Correa, caficultor jericoano, “el campo se está quedando sin trabajadores, muchos quieren irse para las minas”.

 

Todo lo cual no deja de ser una bonanza efímera. En palabras de Alfonso Cardona, investigador de la Ong Conciudadanía: “dedicarse a estas actividades (mineras) es muy transitorio, porque cuando pasa la fase exploración y viene la explotación minera, generalmente no es la gente de los pueblos la que puede ser empleada, sino que vienen técnicos de otras partes”.

 

¿De la cultura del campo, a la cultura minera?

 

En suma, hasta ahora la llegada de la multinacional AGA a la región ha generado, además de afectaciones ambientales, conflictos entre las comunidades. Las estrategias que emplean, según cuenta Sergio Steven Ruiz, es convencer a las comunidades de los beneficios de la minería a través de la compra de insumos a los campesinos, materiales para las escuelas, bonificaciones, etcétera. lo que es aceptado en algunas veredas y rechazado en otras, lo que propicia una ruptura entre la comunidad, y por ende en el tejido social.

 

Manipulaciones, tensiones y rupturas comunitarias que es solo el comienzo de lo que podría venir de imponerse la pretensión de la multinacional en el municipio pues, como es conocido, los cambios culturales trascienden en la medida que se fortalezca la posición minera. Según cuenta el sociólogo Luis Fernando Moncada, puede entenderse un cambio cultural a partir de las nuevas actividades económicas: “Las relaciones que se establecen con las formas de producción, establecen también las formas de vida de las comunidades. La identidad, que es la relación de la comunidad con su ambiente, se ve inmediatamente afectada”, de lo que podemos deducir que estamos ante el riesgo de un inevitable cambio cultural en la región. Y enfatiza Fernando Moncada, “Si se permite que entre la minería, nosotros nos quedaríamos sin pueblo, abría que cambiarle de nombre”.

 

“Es que nosotros queremos vivir como siempre hemos vivido”, dice Sandra Gómez, campesina de la vereda Alacena, quien ve una contradicción en el gobierno al afirmar que el subsuelo le pertenece, mientras que los campesinos no pueden hacer uso de la primera capa vegetal, la que les da vida y tienen por derecho. “Es lo que uno no entiende, al campesino nuestro le decimos que no puede tocar un árbol porque está violando el Distrito de manejo especial e integrado8, pero a unos mineros sí le entregan los títulos para que revuelquen la tierra”, dice Juan Martín Vélez, ex alcalde de Támesis.

 

Contradicción entre minería y agricultura que también resalta cuando se recuerda que desde administraciones pasadas, el Plan Desarrollo de los pueblos de la provincia de Cartama9, entre otros municipios del suroeste antioqueño, han coincidido en prevalecer su vocación “agroambientalmente sostenible y ecoturística”. En un comunicado publicado a raíz de lo ocurrido el 11 de abril ya mencionado, cuando AGA intentó poner en marcha nuevas plataformas de perforación, la comunidad de Jericó y Támesis, dejaron en claro, una vez más, su rechazo a la actividad “minero invasora”, resaltando el valor del agua y la vida por encima del cobre y el oro. “No somos únicamente maximizadores de poder y de dinero, primordialmente deseamos la felicidad”; Tal es el caso de Yolanda, campesina vinculada a un proyecto agroecológico de Semillas de Agua, quien expresa: “Esto no genera mucha plata, porque ser productor agroecológico no es para hacer plata, es para ser feliz, pero eso usted no lo refleja en la economía del país”.

 

“¿Podrá un gobierno crear agua por ley?”

 

Desde que llegó la “locomotora minera” a esta región, tomó cuerpo un sentir mayoritario que proclama la vida por encima del oro. Sentir palpable en cualquier calle o parque de los municipios afectados; la consigna que prevalece es clara: ¡nuestra riqueza es verde, nuestro oro es el agua! Sin embargo, el tren gubernamental, aliado del gran capital internacional, continúa su curso, y el malestar de las comunidades va en aumento.

 

Como quedó constatado en Cajamarca, la sociedad no está quieta, se da mañas, resiste, como una prueba más de “que la conciencia del buen vivir puede derrotar el afán de enriquecerse”.

 

El Gobierno tampoco deja de maniobrar, buscando que sus negocios de riqueza inmediata y pobreza futura pululen. Así lo dejó claro Germán Arce, actual ministro de Minas y Energía, quien ante el resultado arrojado por la consulta popular en Cajamarca sentenció: “El Gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley para evitar los choques entre autoridades nacionales y locales por proyectos petroleros y mineros e impedir que las consultas populares los prohíban”. Lo más grave de todo, según lo expresado por Robinson Mejía, líder de la triunfante consulta popular es que “el Ministro de Minas esté insinuando pasar el proyecto por ‘Fast Track’ para evitar el debate y esto iría contra lo formulado por la Corte Constitución en el acto legislativo para la paz”.

 

Según expertos en derecho constitucional, cada vez son más claras y estrictas las leyes a favor de los derechos de las comunidades y autoridades municipales: “De acuerdo a lo establecido por la Corte Constitucional los municipios deben ser consultados frente al desarrollo de este tipo de proyectos que generan alto impacto en el territorio”. Por su parte, la Constitución Política de 1991, contempla la consulta popular como un mecanismo de participación legal de las comunidades.

 

Concientes de los riesgos que esto implica, las comunidades del suroeste antioqueño tejen hilos de resistencia. Ambientalistas, campesinos, indígenas, finqueros, movimientos sociales, estudiantes, académicos, autoridades municipales, entre otros, se articulan a lo largo de la región. “Se está pensando en hacer consultas populares simultáneas en varios municipios, también se está pensando en una revisión de los planes de ordenamiento territorial para que se hagan en los municipios con orientaciones comunes para la protección de las aguas y el medioambiente; y también se está pensando en presentar proyectos de acuerdo municipales que prohíban la megaminería”, dice José Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, sin dejar de advertir que esto es sólo un camino de los muchos que es necesario explorar y poner en práctica.

 

Fortalezas por fortalecer

 

¿Minería sí? ¿Minería no? Para despejar la duda hay que hacer la aclaración de que hay minería de minería, así como hay territorios de territorios: historia, composición del suelo, tradición comunitaria, entorno, ecosistema, etcétera, esto y mucho más hay que valorar a la hora de enfrentar tal posibilidad.

 

Retomando algunos de estos aspectos, relacionados en el curso de esta nota, es claro que la minería prevista para esta región no es ni necesaria ni ambientalmente viable, son más los perjuicios que los beneficios que traería a la región.

 

Aquí hay un potencial ecosistémico inmenso, con bellos paisajes, abundante agua, producción agropecuaria, integración comunitaria. Si el interés de los gobernantes es por potenciar la región, ¿por qué no proceden desde estas cualidades del territorio?

 

La experiencia reciente de la humanidad, que padece el cambio climático sin comprenderlo en toda su dimensión, nos lo está mostrando: mejorar la condición de vida de los campesinos, indígenas y demás pobladores del campo, como preservar el medio ambiente de los intereses del mercado, resulta prioritario en la actualidad. Así asumimos y así aportamos a la humanidad como un todo. Mientras tanto, mientras se logra una sintonía entre gobierno y comunidades es indispensable seguir luchando, esbozando esa sonrisa que viene creciendo, por la pelea que ya empezó a ganarse!

 

1 Cinturón Occidental Ambiental (COA).
2 Representaciones sociales del agua en un conexto de conflicto socioambiental por exploración minera-corregimiento de Palocabildo Jericó-Antioquia http://www.bdigital.unal.edu.co/56230/1/8026236.2016.pdf
3 Durante esta fase el objetivo y alcances es evaluar el valor potencial, establecer un plan para la fase de perfectibilidad, realizar estudios geotécnicos, hidrogeológicos y metalúrgicos, además de definir y considerar aspectos tales como volúmenes a remover, producción del yacimiento, la viabilidad socio ambiental, infraestructura y especificaciones de los equipos a utilizar (AGA, 2015).
4 En enero del 2011 le otorgaron a AGA el premio a la empresa más irresponsable del mundo, debido a la contaminación de pozos y ríos, y el envenenamiento de personas en Ghana, África (Greenpeace).
5 Documental: Jericó, El infinito vuelo de los días. https://www.youtube.com/watch?v=tpWN9L0LFGI
6 “El oro, en latín aurum, se refiere al resplandor, a la luz, a dorar, dorado, áureo” Museo del Oro, Banco de la República.
7 El alto precio del oro, un metal inútil. http://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/oro-un-metal-inutil-que-tiene-un-alto-precio/37424
8 Cuchilla Támesis–Jardín (más de 9.000 ha protegidas).
9 Támesis, Jericó, Caramanta, Fredonia, La Pintada, Pueblorrico, Santa Bárbara, Montebello, Tarso, Valparaíso, Venecia.

 


 

Recuadro 

 

Riesgos ambientales y humanos*

 

Es dentro de esta dinámica que el pasado 29 de abril sesionó en el corregimiento de Palermo, municipio de Támesis, el foro: “Impactos de la megaminería en Jericó y Támesis”. El evento, organizado por el colectivo Mesa Técnica Suroeste de Antioquia, tuvo como objetivo informar acerca de la afectación del proyecto minero Quebradona en el territorio de ambos municipios. Acá parte de lo dicho por algunos de los participantes:

 

Jorge Eduardo Cock Londoño, exministro de Mina y Energías, advirtió sobre el riesgo de llevar a cabo una explotación minera a cielo abierto en esta región, pues no hay antecedentes que corroboren las buenas prácticas de la minería moderna, “no es lo mismo hacer minería en territorios desérticos, en tierra pelada, que pelar tierras como las del suroeste antioqueño para hacer minería”. Tierras que por demás son fértiles, con tradición e historia, vocación y potencial agrícola y turístico.

 

El exministro también advirtió sobre los riesgos generados por las sustancias tóxicas utilizadas en la minería de metales y la gravedad de los accidentes que se producen por fugas en las lagunas de lixiviación, algunos de los cuales han llegado a contaminar cientos de hectáreas adyacentes.

 

Por su parte Julio Fierro, docente e investigador de la Universidad Nacional, adviertió sobre los riesgos de extinción de los acuíferos y contaminación por arsénico: “En la minería subterránea todos los socavones se constituyen como en unos atractores del agua de toda la montaña, por lo que esta tendería a secarse (ver imagen de cuencas en riesgo)”. Tal es el caso de proyectos viales como el de La Línea, Boquerón del Sumapaz y La Miel en Colombia, entre otros.

 

También mencionó que el proyecto Quebradona, en 15 años de producción, podría generar cerca de 150 millones de toneladas de desechos durante, cifra equivalente a la cantidad de desechos urbanos que generaría la ciudad de Medellín durante 200 años, a la tasa del 2016.

 

Para ejemplificar el riesgo de liberación de arsénico en un proyecto como este, explicó los resultados de un estudio que muestra que la presencia de arsénico en el suelo es cinco veces más alta en distritos arroceros cercanos a una explotación minera de Anglo Gold Ashanti en Ghana, África, que en otros distritos arroceros de ese país, por fuera de la zona de influencia de la actividad minera.

 

*   Resumen presentado por Mesa Técnica Suroeste de Antioquia. Morro de Agua.

Publicado enEdición Nº235
Guardia Indigena

 

“Desde enero fueron asesinados 25 indígenas”, explica Rafael Coicué, en una ronda de “liberadores” de al Madre Tierra, en las afueras de Santander de Quilichao, donde el llano del valle del Cauca mira hacia las montañas pobladas de comunidades nasa y misak, en una de las regiones más ricas y conflictivas de Colombia.

“La paz –reflexiona Rafael- es para que las multinacionales vivan en paz”. Para los pueblos es más de lo mismo. O peor, ya que los territorios que está abandonando la guerrilla son inmediatamente ocupados por paramilitares que protegen los negocios de la minería y los cultivos de coca, combatiendo y asesinando indios, negros y mestizos que necesitan la tierra para reproducir sus vidas.

Una decena de comuneros y comuneras van desgranando con parsimonia, como si fuera mazorca de maíz, la historia del Proceso de Liberación de la Madre Tierra (Uma Kiwe en nasa), en la que están empeñados. Una historia que tiene sus fechas decisivas: 1971, fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), primera organización nasa-misak; 1991, nueva Constitución de Colombia y, simultáneamente, masacre de El Nilo, que frenó las recuperaciones; 2005, comienzo del Proceso de Liberación que sigue hasta hoy.

La tierra ha sido la demanda central de las comunidades nasa. El CRIC recuperó desde la década de 1979 unas 160.000 hectáreas que se fueron convirtiendo en territorios autogestionados por los cabildos que administran los resguardos reconocidos por el Estado colombiano. Cada hectárea recuperada costó mucha organización, movilizaciones, dolor y sangre, para que las familias puedan vivir con dignidad.

El problema es que el 85% de las tierras indígenas del norte del Cauca, unas 206.00 hectáreas en total, están pobladas por unas 24.200 familias que deben sobrevivir en las tierras cultivables, que son apenas el 15% de ese total, ya que el resto son forestales. Hay familias que tienen apenas una hectárea cuando el promedio debería ser de 13, como mínimo.

El documento “Libertad y Alegría con Uma KIwe”, explica que 250.000 has. de las mejores tierras del valle están sembradas de caña, donde 16 ingenios producen etanol para combustible utilizando 25 millones de litros por segundo, provenientes de más de 30 ríos de la región. “Sólo dejan pobreza y contaminación, porque con el glifosato se fueron los peces”, explican en la ronda.

La minería utiliza casi un millón de has., la tercera parte del departamento. La prospección de petróleo abarca otro medio millón, con lo cual las comunidades quedan arrinconadas en las montañas donde la productividad de la tierra es menor.

Por eso el único camino es la ocupación de las grandes fincas terratenientes. Hasta 1991, explica Rafael, “había mucha formación y concientización, en un trabajo que no era abierto como ahora sino clandestino”. La Constitución incluye decenas de artículos propuestos por los indígenas, pero ninguno se ha desarrollado.

Apenas cinco meses después de aprobada la Constitución que reconoció los derechos de los pueblos, se produjo la masacre de El Nilo, en Caloto, muy cerca de Santander de Quilichao. El 16 de diciembre fueron asesinados por la policía y civiles armados 21 indígenas que ocupaban la haciendo El Nilo, frenando en seco el proceso de recuperación de tierras.

El Estado se comprometió a castigar a los culpables y entregar tierras. No hizo nada de eso. El 13 de abril de 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Colombia por la masacre y denunció que “después de ocho años el Estado no ha investigado, juzgado y sancionado de manera adecuada y eficaz a sus agentes por la responsabilidad penal que les cabe en los hechos de la masacre de Caloto”.

El CRIC y el Estado firmaron 160 acuerdos que no se cumplieron. La institucionalización de los movimientos, promovida por una actitud “negociadora” del gobierno, tuvo dos consecuencias trágicas: entre 1991 y 2005 no se ocuparon tierras, pero los ganaderos y paramilitares realizaron 15 masacres en esos años, con más de 500 muertos.

La masacre de El Naya se produjo en abril de 2001 cerca de Buenos Aires (Cauca). Se calcula que los paramilitares asesinaron a unos 150 indígenas. Recién en 2015 las fuerzas armadas pidieron perdón a un puñado de familiares, porque un juzgado de Popayán encontró que el Ejército había participado en la masacre facilitándole el acceso a 400 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a la región de El Naya donde perpetraron la masacre.

En 2005 las comunidades indígenas deciden lanzar el Proceso de Liberación de la Madre Tierra con la toma de La Emperatriz, perteneciente al hacendado que pergeñó la masacre de El Nilo. Pero el proceso de recuperaciones avanza muy lentamente ya que, según los miembros de la ronda, las dos grandes organizaciones del Cauca (CRIC y ACIN) no se empeñan a fondo en la lucha.

Pero en 2014 se produce un salto significativo con la recuperación de nueve fincas que suman 9.000 hectáreas, en pleno proceso de negociación de la paz entre el Estado y las FARC. Los ocupantes realizan mingas de corte y siembra en las que van rotando a razón de cuarenta familias por turno. En los últimos días fueron asesinados tres comuneros vinculados a las recuperaciones.

Han creado una comisión política con integrantes de cada punto de recuperación, están montando una escuela de formación política, una escuela de comunicación y se proponen realizan un encuentro internacional de procesos de liberación de tierras en Abya Yala, en agosto. Se trata de una nueva generación que ha comenzado a tallar en las luchas, que ya no espera las decisiones de las organizaciones, que se junta por abajo y enfrenta la creciente militarización del mal llamado “posconflicto”.

 

 

Publicado enColombia
Sábado, 29 Abril 2017 07:38

Destrucción neta de biodiversidad

Destrucción neta de biodiversidad

 

Se puede medir cuánto vale la vida de un pueblo indígena o campesino? ¿O cuánto vale su muerte? Las empresas que quieren explotar sus territorios y a las cuales esas comunidades les molestan, piensan que sí. Por eso inventaron el concepto de compensaciones por biodiversidad (biodiversity offsets). Así, una empresa minera o hidráulica, una constructora, enormes plantaciones de monocultivos de árboles, o cualquier otro megaemprendimiento que implica devastar un territorio, podría compensar la destrucción, supuestamente conservando biodiversidad en otra parte. Las que más están usando este perverso concepto son mineras, pero otras, como Cemex, no se quedan atrás.

La propuesta que se discute en el senado sobre una Ley General de Biodiversidad, de la senadora Ninfa Salinas del PVEM, aunque no nombra esta modalidad específicamente, la facilita a través de los vacíos y las nuevas regulaciones que establece y sobre todo, por el desconocimiento que predomina en la propuesta sobre el rol esencial, histórico y actual, de las comunidades indígenas y campesinas en el cuidado y crianza de la biodiversidad.

El concepto de compensaciones por biodiversidad es una mina de oro para las empresas, porque les permite aumentar sus ganancias y aparecer como verdes. Primero ganan con el emprendimiento contaminante que instalen y por salir impunes por la devastación causada. Segundo, se apropian o pasan a gestionar un área de biodiversidad en otra zona, con la que pueden conseguir ganancias adicionales, sea por el incipiente mercado secundario de bonos de compensación por biodiversidad, como por la venta de servicios ambientales, mercados de carbono, o por contratos que podrían firmar para patentar elementos de la biodiversidad, como plantas, insectos o microorganismos que se encuentren en ese predio, como dice la propuesta de ley nombrada.

Parte de la estrategia de las empresas para facilitar la operación es denigrar a los pueblos que viven allí, a quienes acusan de que si la empresa no se hubiera hecho cargo, hubieran devastado su territorio, por lo que al desplazarlos, están cuidando la biodiversidad.

El desplazamiento de territorio, como bien saben todos los pueblos que lo han sufrido, es una sentencia de muerte para las comunidades, sus culturas, sus formas de vivir y trabajar. Cuando las reubican, las trasladan a zonas que no conocen, que no son fértiles y donde no pueden practicar sus formas tradicionales de sustento. Un ejemplo de compensación por biodiversidad que presenta la minera RioTinto como modelo, es el caso de una mina en Madagascar, a partir de la cual reubicaron a una comunidad. Nunca les informaron que no podría acceder al bosque y que el lugar que les dieron para sembrar eran dunas de arena. El Movimiento Mundial de Bosques fue allí y publicó un informe sobre lo que realmente ocurrió, que muestra el significado de este tipo de compensación. Un modelo, sí, de cómo operan las trasnacionales. (http://tinyurl.com/mdm4gd5)

Estas compensaciones parten de las mismas bases teóricas que los mercados de carbono, los pagos por servicios ambientales y el concepto de cero emisiones netas en cambio climático. El supuesto básico es que las emisiones de gases, la contaminación y la devastación, pueden ser compensadas. No se trata de parar la devastación y contaminación ambiental ni la destrucción de la biodiversidad, sino de hacer la contabilidad correcta: si el daño producido supuestamente se compensa en otra parte, la suma total dará cero. Esto de nada sirve para frenar el cambio climático, cuidar la biodiversidad y mucho menos a los pueblos desplazados o a quiénes ya no pueden beber más agua de su río, a quiénes pierden su bosque, su tierra y su sustento. Pero cuantificar la destrucción, permite emitir bonos y créditos comerciables.

En el caso del cambio climático, esta operación obvia realidades muy graves. No existe ninguna evidencia de que los mercados de carbono hayan mejorado en nada el cambio climático, aunque sí hay evidencias de las ganancias de quienes comercian emisiones. Pero de todos modos, ya no queda espacio climático para seguir emitiendo, porque el exceso de gases de efecto invernadero de unos cuantos países ha sido tan grande que no hay posibilidad de compensar para seguir emitiendo gases; la única solución real es reducir las emisiones. En el caso de la biodiversidad, el planteo es descabellado, porque la diversidad biológica y cultural son procesos locales, co-evolutivos y de larga historia, no se puede destruir un espacio y pensar que conservar otro lo compensará, mucho menos que se puede arrancar a una comunidad de su territorio.

En el contexto de la COP 13 del Convenio de Biodiversidad que se realizó en 2016 en Cancún, esta modalidad de compensación fue un tema entusiasta del Foro de Negocios y Biodiversidad, con empresas de todo el mundo. También integra la visión de la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios, formada poco antes de la COP13, integrada por empresas mexicanas y transnacionales como Bimbo, Cemex, Grupo México, Nestlé, Basf, Syngenta, Walmart, Banorte, CitiBanamex, Proteak, BioPappel, Televisa, Masisa, Canaco Cdmx, junto a instituciones y ONG como Cespedes, Pronatura, The Nature Conservancy, Rainforest Alliance, Conservación Internacional México, Reforestamos México, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Biofin, Cemda, COBI y Ecovalores, muchas de las cuales han tenido un rol clave en la mercantilización de la biodiversidad.

Es importante conocer y no permitir que avancen estas nuevas trampas que justifican la destrucción de la biodiversidad y nuevos ataques a comunidades campesinas e indígenas, sus verdaderos custodios.

 

*Investigadora del Grupo ETC

 

 

Publicado enMedio Ambiente
Venezuela desde adentro: siete claves para entender la crisis actual

 

No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’, y que no son explicados en su conjunto por los principales medios de comunicación. Planteamos siete claves de la crisis actual en donde se resalta que no se puede comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea y que el concepto de ‘dictadura’ ni explica el caso venezolano ni es una especificidad regional de ese país. A su vez planteamos que se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal y que se está canalizando el devenir y las definiciones políticas de la actual situación por la vía de la fuerza y a través de un buen número de mecanismos informales, excepcionales y subterráneos. Proponemos que el horizonte compartido de los dos bloques partidarios de poder es neoliberal, que estamos ante una crisis histórica del capitalismo rentístico venezolano y que comunidades, organizaciones populares y movimientos sociales se enfrentan a un progresivo socavamiento del tejido social.

El trato que se le da a Venezuela en los grandes medios de comunicación internacionales es sin duda especial en todo el mundo. No tenga dudas que hay demasiadas tergiversaciones, demasiado maniqueísmo, demasiados slogans, demasiadas manipulaciones y omisiones.

Más allá de las versiones cretinizantes de la neolengua mediática que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave de ‘crisis humanitaria’, ‘dictadura’ o ‘presos políticos’, o bien de la narrativa heroica de la Venezuela del ‘socialismo’ y la ‘revolución’ que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave ‘guerra económica’ o ‘ataque imperial’, hay muchos temas, sujetos y procesos que son invisibilizados, que ocurren mar adentro y que esencialmente constituyen el escenario político nacional. No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’.

El criterio de acción e interpretación basado en la lógica ‘amigo-enemigo’ responde más a una disputa entre élites de los partidos políticos y grupos económicos que a los intereses fundamentales de las clases trabajadoras y la defensa de los bienes comunes. Es necesario apostar por miradas integrales del proceso de crisis y conflicto nacional, que contribuyan a trazar las coordenadas para trascender o enfrentar la coyuntura actual.

Presentamos 7 claves para su comprensión, analizando no solo la disputa gobierno-oposición, sino también procesos que se están desarrollando en las instituciones políticas, en los tejidos sociales, en las tramas económicas, al tiempo que se resaltan las complejidades sobre el neoliberalismo y los regímenes de gobierno y gobernanza en el país.

 

I. No es posible comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea

 

El rico y vasto conjunto de los llamados ‘recursos naturales’ del país; su posición geo-estratégica; su desafío inicial a las políticas del Consenso de Washington; su influencia regional para la integración; así como sus alianzas con China, Rusia o Irán; le otorgan un notable significado geopolítico a Venezuela. Sin embargo, hay sectores intelectuales y mediáticos que continuamente buscan obviar las muy fluidas dinámicas internacionales que impactan y determinan el devenir político en el país, donde resalta el persistente accionar intervencionista del Gobierno y los diferentes poderes fácticos de los Estados Unidos.

En este sentido, estos sectores se encargan de ridiculizar la crítica al imperialismo, y presentan al Gobierno Nacional como el único actor de poder en juego en Venezuela, y por ende el único objeto de interpelación política.

Sin embargo, desde la instauración de la Revolución Bolivariana se ha desarrollado un intenso intervencionismo estadounidense hacia Venezuela, el cual se ha recrudecido y tornado más agresivo a partir de la muerte del presidente Chávez (2013) y del contexto de agotamiento del ciclo progresista y restauración conservadora en América Latina. Vale recordar la Orden Ejecutiva firmada por Barack Obama en marzo de 2015 en la cual se declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los EEUU –‘an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States’[1]. Ya sabemos qué le ha ocurrido a los países que son catalogados de esta manera por la potencia del norte.

Actualmente, además de las amenazantes declaraciones del Jefe del Comando Sur, el Almirante Kurt W. Tidd (6 de abril de 2017), planteando que la ‘crisis humanitaria’ en Venezuela podría obligar a llevar adelante una respuesta regional –‘The growing humanitarian crisis in Venezuela could eventually compel a regional response’[2]–, y de la evidencia de la agresividad de la política exterior de Donald Trump con el reciente bombardeo a Siria, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, encabeza junto a varios países de la región el intento de aplicación de la Carta Democrática para abrir un proceso de ‘restitución de la democracia’ en el país.

Los ideólogos y operadores mediáticos de la restauración conservadora en la región se muestran muy preocupados por la situación de Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela, pero no logran explicar en sus análisis porque extrañamente no se hace ningún esfuerzo supranacional del mismo tipo frente a la espantosa crisis de DDHH en países como México y Colombia. En este sentido parece que la indignación moral es relativa y prefieren callar.

Sea pues, por razones de intencionalidad política o ingenuidad analítica, estos sectores despolitizan el rol de los organismos supranacionales desconociendo las relaciones geopolíticas de poder que los constituyen, que hacen parte de su propia naturaleza. Una cosa es una lectura paranoica de todas las operaciones impulsadas por estos organismos globales y otra muy diferente es una interpretación puramente procedimental de su accionar, obviando los mecanismos de dominación internacional y control de mercados y de recursos naturales que se han canalizado a través de estas instituciones de gobernanza global y regional.

Pero hay algo importante que agregar. Si hablamos de intervención, no podemos solo hablar de los EEUU. En Venezuela hay crecientes formas de intervencionismo chino en la política y las medidas económicas que se han ido tomando, lo que apunta a pérdidas de soberanía, incremento de la dependencia con la potencia asiática y procesos de flexibilización económica.

Una parte de la izquierda ha preferido callar estas dinámicas, dado que parece que la única intervención que merece ser señalada es la estadounidense. Pero ambas vetas de injerencia foránea se están desarrollando para favorecer la acumulación capitalista transnacional, la apropiación de ‘recursos naturales’ y para nada tienen que ver con las reivindicaciones populares.

venezuela 4

 

II. El concepto de ‘dictadura’ no explica el caso venezolano

 

Casi desde el inicio de la Revolución Bolivariana se ha tildado a Venezuela de ser una ‘dictadura’. Este concepto sigue siendo objeto de amplios debates en la teoría política debido a que ha sido desafiado por las transformaciones y complejización de los regímenes y ejercicios de poder contemporáneos, sobre todo en la actual época globalizada, lo que plantea serios vacíos e imprecisiones en sus definiciones.

La ‘dictadura’ suele estar asociada a regímenes políticos o tipos de gobierno en los cuales todo el poder está concentrado, sin limitaciones, en una sola persona o un grupo de ellas; hay una ausencia de división de poderes; ausencia de libertades individuales, de libertad de partidos, libertad de expresión; e incluso en ocasiones el concepto ha sido vagamente definido como ‘lo opuesto a la democracia’.

El término ‘dictadura’ en Venezuela ha sido utilizado y masificado en la jerga mediática de manera bastante superficial, visceral y de una forma moralizante, prácticamente para plantearlo como una especie de especificidad venezolana, distinguiéndose así de los otros países de la región, donde en teoría sí habría regímenes ‘democráticos’.

El asunto es que en Venezuela en la actualidad difícilmente se puede decir que todo el poder está concentrado sin limitaciones en una sola persona o un grupo de ellas, debido a que en el país estamos ante un mapa de actores, que si bien es jerarquizado, es a la vez fragmentado y volátil –sobre todo después de la muerte del presidente Chávez–, en tanto la existencia de diversos bloques de poder que pueden aliarse o bien estar enfrentados entre ellos y que desborda la dicotomía gobierno-oposición.

Aunque exista un gobierno con un componente militar importante, con crecientes expresiones de autoritarismo y con cierta capacidad de centralización, el escenario es altamente movedizo. No hay dominación total de arriba hacia abajo, y hay cierta paridad entre los grupos de poder en disputa. En cambio el conflicto podría desbordarse, caotizando aún más la situación.

El hecho de que la oposición venezolana controle la Asamblea Nacional, la cual ganó contundentemente por la vía electoral, señala además que antes que una pura ausencia de división de poderes, hay en cambio una disputa entre ellos, hasta ahora favorable a la combinación Ejecutivo-Judicial.

Antes pues que hablar de un régimen político homogéneo, estamos ante una amplia y conflictiva red de fuerzas. La metástasis de la corrupción hace que el ejercicio del poder se descentralice aún más, o bien se dificulte su centralización por parte del Poder Constituido.

Lo que sí tiene que ver con el viejo concepto romano de dictadura, es que en este contexto el Gobierno nacional está gobernando por medio de decretos y medidas especiales en el marco de un declarado ‘estado de excepción’, que se oficializa desde principios de 2016. En nombre de la lucha contra la guerra económica, el avance de la delincuencia y del paramilitarismo, y los avances subversivos de la oposición, numerosas mediaciones institucionales y procedimientos democráticos están siendo omitidos. Destacan por su gravedad políticas de seguridad como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que representan intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para “combatir el hampa”, los cuales suelen tener polémicos saldos en muertes; la paralización del referéndum revocatorio; la suspensión de las elecciones a gobernación en 2016 sin todavía quedar claro cuando se realizarán; crecientes represiones y excesos policiales ante el descontento social producto de la situación en el país; y un incremento de procesos de militarización, resaltando las zonas fronterizas y las declaradas de ‘recursos naturales estratégicos’.

Este es el mapa político que, junto a las diversas formas de intervención foránea, configuran el escenario de guerra de baja intensidad que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana de los venezolanos. Es este el marco en el que se desenvuelven las libertades individuales, la oposición y pluralidad partidaria, la convocatoria y realización de marchas, expresiones de disidencia y críticas en los medios de comunicación, entre otras formas de la llamada democracia en Venezuela.

venezuela 2

 

III. En Venezuela se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal

 

Si hay algo que podría definirse como una especificidad del caso venezolano es que su escenario socio-político actual está desgarrado, profundamente corrompido y altamente caotizado. Hemos sostenido que en el país estamos ante una de las crisis institucionales más severas de toda América Latina[3], haciendo referencia con esto al conjunto de las instituciones jurídicas, sociales, económicas, políticas, entre otras, que conforman la República venezolana.

La crisis histórica del modelo de acumulación rentista petrolero, la metástasis de la corrupción en el país, severas vulneraciones al tejido social desde el ‘período neoliberal’ y en especial desde 2013, y la intensidad de los ataques y disputas políticas, han desbordado en su conjunto los marcos de las instituciones formales de todos los ámbitos de la sociedad, canalizándose muy buena parte de las dinámicas sociales por la vía de mecanismos informales, subterráneos e ilegales.

En el ámbito económico, la corrupción se ha transformado en un mecanismo transversal y motorizador de distribución de la renta petrolera, desviando enormes sumas de divisas a discrecionalidad de unos pocos, y socavando las bases de la economía formal rentista. Esto ocurre de manera determinante con PDVSA[4], la principal industria del país, así como con fondos clave como el Fondo Chino-Venezolano o con numerosas empresas nacionalizadas.

El colapso de la economía formal ha hecho de la informalidad prácticamente uno de los ‘motores’ de toda la economía nacional. Las fuentes de oportunidades sociales, sea de ascenso social o de posibilidad de mayores ganancias, se encuentran con frecuencia en el llamado ‘bachaqueo’ de alimentos (el comercio ilegal, a altísimos precios, dirigidos al mercado negro)[5] u otras formas de comercio en los diversos mercados paralelos, sea de divisas, medicinas, gasolina, etc.

En el ámbito político-jurídico, el estado de derecho carece de respeto y reconocimiento por parte de los principales actores políticos, quienes no solo se desconocen mutuamente sino recurren a movidas políticas dispuestos a todo para vencerse el uno al otro. El Gobierno nacional enfrenta a las que considera las ‘fuerzas enemigas’ con medidas de excepción y conmoción, mientras que grupos de la oposición más reaccionarios despliegan operaciones violentas de vandalismo, confrontación y ataque a infraestructuras. En este escenario se ha mermado sobremanera el estado de derecho, haciendo muy vulnerable a la población venezolana.

Cada vez reina una mayor impunidad, la cual se ha expandido a todos los sectores de la población. Esto no solo hace que se enquiste aún más la corrupción, que luce indetenible, sino que implica que la población no espere nada del sistema de justicia, y cada vez más la ejerza con sus propias manos.

El colapso del contrato social genera tendencias de ‘sálvese quien pueda’ en la población. La fragmentación del poder también ha contribuido a que se generen, crezcan y se fortalezcan diversos poderes territoriales, como lo son los llamados ‘sindicatos mineros’ que controlan con armas minas de oro en el estado Bolívar, o bandas criminales que dominan sectores de Caracas como El Cementerio o La Cota 905[6].

El marco presentado implica nada más y nada menos que el devenir y las definiciones políticas de la actual situación en el país se están desarrollando en muy buena medida por la vía de la fuerza.

 

IV. La crisis de largo plazo del capitalismo rentístico venezolano (1983-2017)

 

El hundimiento de los precios internacionales del crudo ha sido determinante en el desarrollo de la crisis venezolana, pero no es el único factor que explica este proceso. Desde la década de los años 80 hay crecientes síntomas de agotamiento del modelo de acumulación basado en el extractivismo petrolero y la distribución de la renta que genera. La actual fase de caotización de la economía nacional (2013-hoy) es también producto del devenir económico de los últimos 30 años en el país. ¿Por qué?

Varias razones lo explican. Alrededor del 60% de los crudos venezolanos son pesados y extra-pesados. Estos crudos son económicamente más costosos y requieren mayor uso de energía y el empleo de procesamientos adicionales para su comercialización. La rentabilidad del negocio que alimenta al país va descendiendo con respecto a tiempos anteriores, cuando prevalecían crudos convencionales. Esto ocurre al mismo tiempo que el modelo exige cada vez más ingresos rentísticos y cada vez más inversión social no solo para paliar las crecientes necesidades de una población que sigue en aumento.

La hiper-concentración poblacional en las ciudades (más de 90%) promueve un uso de la renta orientado fundamentalmente en el consumo (de bienes importados) y muy poco en formas productivas. Las épocas de bonanza promueven el fortalecimiento del sector extractivo (primario) –los efectos de la llamada ‘Enfermedad Holandesa’– lo que vulnera notablemente a los ya débiles sectores productivos. Luego de finalizada la bonanza (como ocurrió a fines de los 70 y ahora desde 2014), la economía queda más dependiente y aún más débil para enfrentar una nueva crisis.

La corrupción socio-política del sistema también posibilita fugas y descentralizaciones fraudulentas de la renta, lo que impide el desarrollo de políticas coherentes de distribución para paliar la crisis

La creciente volatilidad de los precios internacionales del crudo, así como cambios en los balances de poder global en torno al petróleo (como la progresiva pérdida de influencia de la OPEP) tienen también significativos impactos en la economía nacional.

Mientras se desarrollan todos estos vaivenes económicos en el país, los recursos ecológicos se siguen socavando y agotando, lo que amenaza los medios de vida de millones de venezolanos para el presente y futuro.

La actual solución que impulsa el Gobierno nacional ha sido incrementar notablemente el endeudamiento externo, distribuir la renta de manera más regresiva para la población, expandir el extractivismo y favorecer al capital transnacional.

En suma, cualquiera de las élites que gobierne en los próximos años, tendrá que enfrentar, sí o sí, los límites históricos que se han alcanzado con el viejo modelo rentista petrolero. No bastará solo esperar un golpe de suerte para que los precios del petróleo suban. Se vienen trascendentales cambios y habrá que estar preparados para enfrentarlos.

venezuela 3

 

V. ¿Socialismo? en Venezuela se está llevando a cabo un proceso de ajuste y flexibilización económica progresivo

 

En el país se está desarrollando un proceso de ajuste progresivo y sectorizado de la economía, flexibilizando previas regulaciones y restricciones al capital, y desmantelando paulatinamente los avances sociales alcanzados en tiempos anteriores en la Revolución Bolivariana. Estos cambios aparecen enmascarados en nombre del Socialismo y la Revolución, aunque representan políticas cada vez más rechazadas por la población.

Destacan políticas como la creación de las Zonas Económicas Especiales, las cuales representan liberalizaciones integrales de partes del territorio nacional, una figura que entrega la soberanía a los capitales foráneos que pasarían a administrar prácticamente sin limitaciones dichas regiones. Se trata de una de las medidas más neoliberales desde la Agenda Venezuela implementada por el gobierno de Rafael Caldera en los años 90, bajo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

También resaltan la paulatina flexibilización de los convenios con las corporaciones foráneas en la Faja Petrolífera del Orinoco; liberalización de precios de algunos productos básicos; creciente emisión de bonos soberanos; devaluación de la moneda, creándose un tipo de cambio flotante (Simadi); aceptación de algunos trámites comerciales directamente en dólares, por ejemplo, en el sector turismo; o el fiel cumplimiento de los pagos de deuda externa y los servicios de la misma, lo que implica un recorte en las importaciones y consiguientes problemas de escasez de bienes de consumo básico.

Se está impulsando el relanzamiento de un extractivismo flexibilizado, apuntando fundamentalmente hacia las nuevas fronteras de la extracción, donde destaca el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, el cual plantea instalar como nunca antes la mega-minería en un territorio de 111.800 kms2 de extensión, amenazando fuentes de vida claves para los venezolanos, en especial para los pueblos indígenas. Estos proyectos suponen además el atornillamiento por largo plazo a los esquemas de dependencia que produce el extractivismo[7].

Cabe destacar que estas reformas se combinan con el mantenimiento de algunas políticas de asistencia social, continuos aumento de los salarios nominales, algunas concesiones a demandas de las organizaciones populares y el uso de una narrativa revolucionaria e antiimperialista. Esto evidentemente tiene como uno de sus principales objetivos el mantenimiento de los apoyos electorales que quedan.

Estamos en presencia de lo que hemos llamado un ‘neoliberalismo mutante’, en la medida en la que se combinan formas de mercantilización, financiarización y desregulación con mecanismos de intervención estatal y asistencia social.

Parte de la izquierda ha estado muy enfocada en evitar la llegada de gobiernos conservadores al poder para así evitar la ‘vuelta del neoliberalismo’. Pero olvidan mencionar cómo gobiernos progresistas también avanzaron en varias medidas selectivas, mutantes e híbridas de perfil neoliberal, que finalmente afectan al pueblo y a la naturaleza[8].

 

VI. ¿La alternativa? El proyecto de los partidos de la ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es neoliberal

 

La derechista ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es el bloque predominante de la oposición partidista al Gobierno nacional, aunque una oposición de izquierda haya venido creciendo lentamente y es muy factible que lo siga haciendo. Esta izquierda crítica, al menos la más definida, no se identifica con la MUD por lo que no articula políticamente con esta.

La MUD no es un bloque homogéneo, y en cambio existen sectores que van, desde influyentes grupos radicales de extrema derecha –que podríamos llamar ‘uribistas’–, hasta llegar a algunos sectores de conservadurismo light, y de liberalismo elitario con cierta tendencia distribucionista. Estos diversos grupos tienen una relación conflictiva entre ellos y con eventuales careos y desplantes mutuos.

A pesar de sus diferencias, a los diferentes grupos de la MUD los une al menos tres factores fundamentales: su matriz ideológica, las bases de su programa económico y su agenda reaccionaria ante el Gobierno nacional y ante la posibilidad de una profunda transformación de corte popular emancipatorio. Nos referiremos a las dos primeras.

Su matriz ideológica está profundamente determinada por la teoría neoclásica y por el liberalismo conservador, enalteciendo obsesivamente la propiedad privada, el fin de la ‘ideologización’ por parte del Estado y el auge de las libertades empresariales e individuales.

Estos pilares ideológicos son más claros en la programática de este bloque que en sus propios discursos mediáticos, donde la retórica es simplista, superficial y llena de consignas. La síntesis más acabada de su modelo económico se encuentra en los ‘Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)’[9]. Se trata de una versión neoliberal más ortodoxa del extractivismo petrolero, en relación al proyecto del actual Gobierno venezolano.

Destaca el hecho de que, a pesar de enarbolar la bandera del ‘cambio’ y la ‘Venezuela productiva’, su propuesta plantea llevar la extracción de petróleo en Venezuela hasta 6 millones de barriles diarios, poniendo énfasis en el incremento de las cuotas de la Faja Petrolífera del Orinoco. Aunque se acusen, riñan y señalen públicamente, las propuestas petroleras de Henrique Capriles Radonski (Petróleo para tu Progreso)[10] y Leopoldo López (Petróleo en la Mejor Venezuela[11]) son gemelas, y consensuan con el ‘Plan de la Patria’ 2013-2019 impulsado por el Gobierno nacional. El cambio anunciado no es más que otro atornillamiento con el extractivismo, más rentismo y desarrollismo, y las consecuencias económicas e impactos socio-ambientales y culturales que conlleva este modelo.

 

VII. La fragmentación del ‘pueblo’ y el progresivo socavamiento del tejido social

 

En todos estos procesos de guerra de baja intensidad y caos sistémico, el principal afectado es el pueblo trabajador. La potente cohesión socio-política que se configurara en los primeros años de la Revolución Bolivariana ha sufrido no solo un desgaste sino una progresiva desarticulación. Pero estas afectaciones han llegado incluso a la propia médula de los tejidos comunitarios del país.

La precariedad para cubrir las necesidades básicas de la vida cotidiana; los incentivos a la resolución individual y competitiva de los problemas socio-económicos de la población; la metástasis de la corrupción; la canalización de los conflictos y disputas sociales por la vía de la fuerza; la pérdida de referentes ético-políticos y el desgaste de la polarización debido al descrédito de los partidos; la agresión directa a experiencias comunitarias fuertes o importantes y a líderes comunitarios por parte de diversos actores políticos y territoriales; hacen parte de este proceso de vulneración de los tejidos sociales que apunta a socavar los verdaderos pilares de un potencial proceso de transformación popular-emancipatorio o de las capacidades de resistencia de la población ante un mayor avance de fuerzas regresivas en el país.

Mientras tanto, diversas organizaciones de base popular y movimientos sociales a lo largo y ancho del país insisten en construir una alternativa desde sus territorios. Los tiempos dirán cual será su capacidad de resistencia, adaptación y sobre todo su habilidad colectiva para articularse entre ellos y disputar con mayor fortaleza el rumbo del proyecto político nacional.

Si hay una solidaridad irrenunciable que debería impulsarse desde las izquierdas en América Latina y el mundo, debe ser con este pueblo luchador, ese que históricamente ha cargado sobre sus hombros la explotación y los costos de la crisis. Ese que frecuentemente ha desbordado y se ha re-apropiado de las calles buscando que sus demandas sean escuchadas y atendidas. Ese que en la actualidad se enfrenta a los complejos dilemas que suponen los actuales tiempos de reflujo y regresiones. Este pareciera que es el verdadero punto de honor de las izquierdas. El costo de darle la espalda a estas contra-hegemonías populares en nombre de una estrategia de conservación del poder podría ser muy alto.

 

Caracas, abril de 2017

 

Texto publicado originalmente en Alainet.org

 

Emiliano Terán Mantovani es sociólogo venezolano, ecologista político e investigador en ciencias sociales.

 

[1] https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/03/09/executi...

[2] http://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/Posture%20Statements/SOUTHCO...

[3] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=207450

[4] http://www.correodelorinoco.gob.ve/impacto/maduro-hay-que-ir-a-sanear-pr...

[5] http://www.eluniversal.com/noticias/economia/leon-bachaquero-invierte-40...

[6]http://efectococuyo.com/principales/van-al-menos-24-fallecidos-en-enfrentamientos-entre-cicpc-y-bandas-delincuenciales; http://www.radiomundial.com.ve/article/enfrentamiento-en-cota-905-deja-1...

[7] http://www.alainet.org/es/articulo/175893

[8] http://www.alainet.org/es/articulo/172285

[9] http://static.telesurtv.net/filesOnRFS/opinion/2015/12/09/mud_government...

[10] http://www.eluniversal.com/noticias/politica/plan-petroleo-para-progreso...

[11] http://www.leopoldolopez.com/en-la-mejor-venezuela-duplicaremos-la-produ...

 

Publicado enInternacional
Una joven salvadoreña protestó el pasado miércoles contra la minería en la Asamblea Legislativa en San Salvador.

 


IPS

El más pequeño país de América Central, El Salvador, se convirtió en la primera nación del mundo en prohibir, por ley, la minería metálica en todas sus formas, sentando un precedente para que otros pueblos del mundo sigan el ejemplo, aseguran activistas y pobladores.

“Es histórico, estamos enviando una señal al mundo, de que los países pueden tener otros caminos diferentes y decir no a esa industria”, dijo a IPS el líder ambiental Edgardo Mira, de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, un colectivo de organizaciones ecologistas.

Con 69 votos, de 84 posibles, los diputados de la unicameral Asamblea Legislativa aprobaron el miércoles 29 de marzo la ley, calificada de histórica, en que mediante 11 artículos prohíbe de tajo esa industria, ya sea subterránea o a cielo abierto.

Decenas de activistas se concentraron desde temprano ese día en la entrada de la Asamblea para exigir, en un ambiente de júbilo, el cumplimiento del acuerdo en favor de la prohibición alcanzado la víspera por los diputados en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático, paso previo para la votación en plenaria.

“He visitado las antiguas minas que se explotaron en el siglo pasado, donde se ve claramente las secuelas dejadas, como el drenaje ácido en los ríos, eso pasaría en el resto del país”, apuntó a IPS el jubilado César Augusto Jaco, del populoso barrio capitalino de Cuscatancingo.

Sosteniendo un rótulo de fondo amarillo con la imagen de una calavera, en negro, este miembro de 76 años, de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador, subrayó, frente a la Asamblea: “la minería es nefasta, no concibo que no va a dañar nuestras fuentes de agua”.

El riesgo de dañar los mantos acuíferos ha sido uno de los frentes de lucha de los activistas ante la industria extractiva, que se sabe usa millones de litros del líquido para obtener el oro.

El Salvador es uno de los países con mayor vulnerabilidad ambiental, según organismos internacionales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Tribunal Latinoamericano del Agua y la Asociación Mundial del Agua coinciden en que el país camina a una situación de estrés hídrico, explicó a IPS el investigador Andrés McKinley, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

La ley también veta el uso de cianuro, mercurio y otros metales usados en esa actividad. Otorga, no obstante, un periodo de gracia de dos años a las personas que se dedican a la minería metálica artesanal, para que puedan reconvertirse a otras actividades productivas.

Mira, de la Mesa Nacional, calculó que alrededor de 300 personas se dedican a ello, sobre todo en la Mina San Sebastián, en la jurisdicción de Santa Rosa de Lima, en el oriental departamento de La Unión.

La legislación es retroactiva y de ese modo cierra con candado los permisos de exploración que pudieran estar en trámite.

El informe “La Amenaza de la Minería Metálica en un Mundo con Sed”, elaborado por McKinley y publicado en 2015 por la UCA, documenta los casos de países donde se ha restringido la actividad, pero sin vetarla legalmente.

Costa Rica, dice el documento, aprobó en 2012 una legislación que prohibió la minería metálica de cielo abierto, permitiendo la subterránea.

En 2002, agrega, el gobierno de la provincia de Mindoro Oriental, en Filipinas, aprobó una moratoria de 25 años para proyectos mineros, y en 2011, la provincia de Zamboanga hizo lo propio en cielo abierto.

En Estados Unidos, en 2014, la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA, en inglés) prohibió la apertura de la mina Pebble, ubicada en el estado de Alaska, para proteger el hábitat más extenso del mundo del salmón rojo (Oncorhynchus nerka).

Antes, en 1989, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, impuso 50 años de moratoria de toda actividad minera en el sureño estado de Amazonas. Pero eso no impidió la expansión de la minería ilegal en la selvática región y el gobierno actual revertió de facto la medida, permitiendo la explotación minera allí.

“El Salvador es el primer país del mundo que evalúa los costos y beneficios para el país de esta industria y ejercer su derecho a decir no”, acotó McKinley a IPS.

La aprobación de la ley fue producto de diversos factores que confluyeron para convencer a los parlamentarios de cumplir de una vez por todos con el largo anhelo de activistas y comunidades cercanas a yacimientos mineros, de vetar la industria manera.

Entre ellos, la presión tanto de las organizaciones ambientalistas que han luchado por años por ese objetivo desde hace más de una década, como de la Iglesia Católica, que hizo suya esa exigencia popular.

El 9 de marzo, el arzobispo de San Salvador, Luis Escobar Alas, encabezó una marcha contra la minería metálica que culminó en las afueras de la Asamblea Legislativa, para presentar el proyecto de ley elaborado por la UCA, el documento que fue la base para la ley finalmente aprobada.

“La Iglesia Católica es un enorme poder en El Salvador, y su lucha junto a las comunidades no empieza este año, sino en 2007 cuando ya se posiciona, como Conferencia Episcopal, con su documento Cuidemos la Casa de Todos”, apuntó McKinley.

La ley es la culminación de años de lucha por parte de organizaciones ambientalistas y líderes comunitarios que se opusieron, sobre todo, a los trabajos desarrollados en la mina El Dorado, en el central departamento de Cabañas, por la compañía Pacific Rim, ahora OceanaGold tras ser adquirida en 2013 por esta corporación australiana-canadiense.

La compañía demandó a El Salvador por 250 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, siglas en inglés), luego de que en 2008 el gobierno de entonces, de derechas, le negara el permiso de explotación.

Los dos gobiernos sucesivos del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional han mantenido desde el 2009 esa moratoria no declarada.

En octubre del 2016, el Ciadi resolvió a favor de El Salvador, y falló que la empresa debe además pagar ocho millones de dólares en costos procesales, lo que la empresa no cumplió hasta ahora.

Y en un nuevo revés, ese tribunal determinó el 28 de marzo que la corporación pague además los intereses, a una tasa de entre dos y cinco por ciento mensual, por la mora en saldar la deuda en que ha incurrido desde octubre.

Esos fallos contribuyeron, también, a generar un clima propicio para la prohibición.

“Venimos en plan de celebrar el triunfo de nuestra lucha, celebración continúa allá en las comunidades donde la gente ha estado en resistencia”, señaló a IPS la coordinadora de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas, Rina Navarrete.

Agregó que el logro obtenido es una reivindicación al trabajo de “los mártires caídos en esta lucha en contra de la corporación minera”, en alusión a Ramiro Rivera, Marcelo Rivera (sin vinculación con el anerior) y Dora Alicia Sorto, ambientalistas asesinados por sicarios entre junio y diciembre del 2009, en ese poblado de Cabañas.

Naverrete, una madre soltera de dos hijos, residente en la localidad de Llano de la Hacienda, en Cabañas, retomó el trabajo del asesinado Marcelo Rivera.

Los activistas fueron presuntamente acribillados por su liderazgo contra las actividades de la entonces Pacific Rim en esa zona, aunque eso no quedó confirmado por las autoridades judiciales.

 

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/04/el-salvador-el-primer-pais-del-mundo-en-prohibir-la-mineria-metalica/

 

 

Publicado enMedio Ambiente
Sábado, 04 Marzo 2017 07:03

El progresismo caníbal

El progresismo caníbal

 

Algunas lecciones de las elecciones en Ecuador

 

 

Las recientes elecciones generales en Ecuador ofrecen varias lecciones que deben ser atendidas en todo el continente. Esa disputa electoral despertó mucho interés, como por ejemplo entre los que entendían que podía corroborar o rechazar la hipótesis del “fin” de los progresismos. A su vez, muestra las reacciones electorales frente a las estrategias desarrollistas del gobierno de Rafael Correa, fuertemente basadas en los extractivismos.

Ese tipo de cuestiones hace que sea muy importante analizar lo sucedido en Ecuador, aunque sin caer en los simplismos. Sea aquel de la superficialidad de una defensa publicitaria del gobierno como si fuese perfecto, ni tampoco el que lo concibe como un demonio rojo que está destruyendo todo a su paso. Hay demasiados ejemplos de esos dos dogmatismos en muchos medios de prensa y todos sabemos que poco sirven. De la misma manera, vale como advertencia que esta es una mirada desde “afuera” con todo lo que tiene de limitaciones como de bueno, enfocada en solo algunas lecciones, varias de ellas relacionadas con las estrategias de desarrollo, y que son relevantes para los demás países sudamericanos.

 
Los candidatos y los agrupamientos políticos

 

Lo primero que debe señalarse es que el agrupamiento de gobierno, Alianza Pais (Patria Altiva i Soberana), consiguió un muy importante respaldo ciudadano (39.3% de los votos). Es un apoyo sustantivo ya que ocurre a pesar del esperado desgaste de casi diez años de gobiernos ininterrumpido de Correa, de la crisis económica que vive el país, y que la candidatura estaba en manos de otra persona, Lenin Moreno.

Esto arroja varias lecciones. Aunque es necesario un ballotage para decidir la presidencia, es evidente que no hay un “final” del progresismo. Alianza Pais tiene una mayoría simple en el parlamento (se estiman por lo menos 73 legisladores). Está claro que hay amplios sectores sociales valoran ciertas mejoras (las que son muy visibles en algunos sectores sociales y en infraestructura). Moreno tuvo un fuerte respaldo en provincias de la sierra y la costa, y en las grandes ciudades; ganó en 15 capitales provinciales, incluyendo las principales ciudades (Quito, Guayaquil y Cuenca).

Asimismo, no se forzó una reforma constitucional para una nueva reelección de Correa, lo que debe ser observado con atención, especialmente desde Bolivia, donde el MAS sigue insistiendo con esa idea. Son debatibles las razones por las cuales eso no ocurrió en Ecuador, pero finalmente optaron por un candidato distinto (Lenin Moreno), lo que puede revigorizar al conglomerado político de gobierno. El contrapeso en ello es la omnipresencia de Correa, tanto sobre el candidato como sobre el movimiento político, frenando así las renovaciones.

Un segundo aspecto es que los sectores conservadores votaron divididos en por lo menos dos grandes corrientes (la alianza Movimiento Creo de Guillermo Lasso, 28%, y el Partido Social Cristiano con Cynthia Viteri, 16%). No es descabellado pensar que si hubieran unido posiblemente triunfaban en la primera vuelta; el total de las dos corrientes suma 44%. Por lo tanto, la victoria de Alianza Pais también refleja que perdieron los sectores conservadores tradicionales al no poder coordinar una misma candidatura. Lo que tradicionalmente se rotula como “la derecha” no es un sector unitario, y esa particularidad está presente en los países vecinos y debe ser examinada con atención (es muy clara también en Bolivia, Colombia, Perú y Chile, por ejemplo).

Esas dinámicas resultaron en que el candidato oficialista ganara en varios bastiones conservadores, como la ciudad de Guayaquil y en provincias de la costa.

En tercer lugar, la votación de la izquierda independiente, agrupada con el candidato Paco Moncayo, fue reducida (6,7%), aunque es casi el doble de las elecciones anteriores (y con ello ampliará su bancada legislativa). En este caso la izquierda participó en una coalición (Acuerdo Nacional por el Cambio) que incluyó a la Izquierda Democrática, Unidad Popular, el partido indígena Pachakutik y distintos movimientos sociales. De todos modos, una vez más la coordinación dentro de esa coalición se resquebrajó, ya que hubieron candidatos sectoriales que sacaron más votos que el candidato a la presidencia.

La existencia de esta izquierda independiente sirve para insistir en que los progresismos son una manifestación política distinta. La divergencia entre progresismo e izquierda ocurrió en Ecuador hace ya varios años, y no ha dejado de acentuarse.

 

Territorios, extractivismos y votos

 

Uno de los aspectos más llamativos en el caso ecuatoriano, es que en las zonas más golpeadas por los extractivismos minero y petrolero, ubicados en la Amazonia, se votó abrumadoramente contra el gobierno. Son regiones donde predominan colonos y comunidades indígenas, y muchos han sufrido impactos sociales y ambientales, o una creciente violencia. Recordemos que en plena campaña, el gobierno Correa militarizó territorios del pueblo indígena shuar, quienes resistían a una empresa minera china, y además judicializó a varios de sus líderes.

Desde las comunidades que enfrentan los extractivismos la evaluación del gobierno Correa es muy negativa. Las promesas gubernamentales de beneficios económicos y sociales a cambio de aceptar a mineras o petroleras no tuvieron mayor efecto en conseguir adhesión electoral. O bien, esos comunarios ya saben por su propia experiencia que por más dinero que les prometan o reciban, terminan perdiéndose la calidad ambiental de sus territorios.

Sin embargo, como cuarto aspecto, hay que señalar que en esas regiones amazónicas los votos de esos descontentos fueron al candidato conservador (Lasso), y no necesariamente a la izquierda independiente opositora a Correa. Por ejemplo, hay provincias amazónicas donde Lasso casi duplica al gubernamental Moreno; en Napo, la oposición recibió el 55% de los votos contra 25% para Moreno (otras máximas votaciones de ese candidato fueron en Morona Santiago con 52% y en Pastaza 48%). Es como si muchos, desde la resistencia social local, sólo encontraran una salida caminando hacia la derecha.

Aquí asoman varias lecciones que deben ser analizadas detenidamente. Parece claro que desde las comunidades locales se rechazan los extractivismos por sus impactos y a la vez se considera que el gobierno no ofrece garantías en cuanto a calidad de vida y ambiente en esos sitios, sino que activamente impone a las mineras o petroleras. Es más, el propio gobierno es una fuente de violencia en sus apoyos extractivistas. Por lo tanto, en esos sitios predomina el rechazo a los candidatos oficialistas. Es un fenómeno similar al que se observa en Perú o Bolivia.

En el caso ecuatoriano, ese rechazo no resulta en un mayor apoyo a la izquierda independiente sino que una proporción significativa parece haber optado por un “voto útil” a la derecha política buscando impedir que Alianza Pais se mantenga en el gobierno.

Eso debería ser mirado con especial atención por ejemplo desde Perú, ya que en su coalición Frente Amplio hay una tensión entre un ala más progresista (y proclive a los extractivismos) y unos sectores que enfatizan la protección territorial y ambiental. No olvidemos que la candidata Veronika Mendoza participó del último encuentro progresista latinoamericano organizado por el gobierno Correa. Entonces es importante observar que en el caso ecuatoriano, el amparo a proyectos extractivistas brindó muchos votos urbanos que le permitieron llegar al gobierno, pero a la vez, eso le alejó de las comunidades locales y de cualquier proyecto de izquierda.

Esas comunidades locales están tan golpeadas, que parecería que no votan ni siquiera a la izquierda independiente como si tuvieran miedo que ella también se conviertan en un nuevo progresismo. Los progresistas de esa manera impiden una renovación hacia la izquierda pero además anula a la izquierda independiente.

La paradoja de esta situación es que un candidato conservador como Lasso sin duda avanzará con los extractivismos, aunque de modos distintos, tal como se observa ahora en Argentina bajo el gobierno Macri o en Brasil con Temer. No existirá un alivio en las presiones extractivistas apoyando a la oposición conservadora.

La situación amazónica contrasta con lo observado en varias zonas rurales de los Andes y la costa, donde el candidato del gobierno tuvo muy buena votación. En efecto, Moreno logró las proporciones más altas de voto en las provincias de Manabí 54% y Santa Elena 48%. Sin duda hay muchos problemas rurales en la sierra y la costa, como la desigualdad en el acceso a las tierras, limitada rentabilidad, avance del agronegocio, deterioro de suelos y aguas, etc. Son problemas que el gobierno Correa no ha logrado solucionar y que por momentos no están en el centro de su atención. Pero esa situación no alimentó un rechazo electoral masivo a Alianza País, y muchos votantes rurales terminaron apoyando a Moreno. De todos modos, el opositor Lasso obtuvo buen apoyo en zonas rurales, por ejemplo en Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Bolívar.

Habría que analizar en más detalle si el deterioro rural, en tanto se expresa crónicamente, no produce la misma conflictividad social que los extractivismos, lo que estalla en problemas más agudos y visibles. Como ejemplo podría recordarse, para la sierra, los procesos de erosión que han sido señalados desde hace mucho tiempo, mientras que en la Amazonia la llegada de las mineras y sus excavaciones generan amputaciones ecológicas en lapsos muy breves.

De todos modos queda en claro que los extractivismos desencadenan reacciones ciudadanas que afectan directamente las votaciones, lo que debería ser observado detenidamente en los países vecinos. Debe subrayarse esto ante la cantidad de artículos superficiales que son ciegos ante esta problemática, y en especial por los textos que abusan de las metáforas de enormes batalles parecen no entender que la verdadera guerra es contra las comunidades locales, los indígenas y la naturaleza.

 
Publicidad, medios y corrupción

 

La campaña electoral ecuatoriana también fe una disputa publicitaria, y una confrontación sobre el poder que realmente tendrían los medios. En ese contexto, la publicidad de todos los candidatos fue simplista, repetitiva, agobiante, casi asfixiante, y para muchos aburrida.

Tampoco puede ignorarse que la publicidad por el candidato oficialista se duplicaba, ya que por un lado estaban los avisos del propio movimiento político y por otro lado la que sin inhibiciones desplegaba el gobierno. En unos casos alcanzó ribetes de posverdad algo cómicos, como por ejemplo el anuncio de una mega inversión de 3 mil millones de dólares para fabricar autos eléctricos, que el secretario de educación presentó rodeado de banderas y logos de grandes corporaciones, y que terminó con desmentidos desde esas transnacionales.

Aunque Correa se burló de una supuesta revolución de los smartphones, las redes sociales y webs alternativas jugaron un papel importante, en paralelo a los medios convencionales. Desde allí se ventilan todo tipo de informaciones, denuncias, reportes, etc., y su penetración es cada vez mayor.

Justamente las denuncias de corrupción contra el gobierno Correa centraron mucha atención tanto desde medios convencionales como desde las redes sociales. Esas denuncias, especialmente las que involucraban a la petrolera estatal Petroecuador, fueron intensas, y con ribetes rocambolescos aprovechados por sectores opositores (por ejemplo, distribuyendo mini videos con declaraciones de un ex ejecutivo de esa empresa que huyó de Ecuador).

Sin embargo es difícil afirmar que todo eso jugó un papel decisivo en alentar un voto contra el gobierno. No puede negarse que existe un problema con la corrupción, y que muchos casos están asociadas con los extractivismos –otro de los asuntos negados por los analistas superficiales. No es un problema exclusivo de Ecuador sino que se repite en todos los países. Pero de todos modos, no parecería que la lucha contra la corrupción fuese determinante en decidir premios y castigos electorales. Es como si muchos aceptaran a la corrupción como una característica inmodificable de la vida política.

 

Institucionalidad política y electoral

 

El caso ecuatoriano también es una alerta sobre la enorme importancia de la institucionalidad electoral. El proceso de conteo de los votos estuvo bajo fuerte controversia, se sumaron denuncias en las redes sociales, duras declaraciones de los partidos de oposición, movilización ciudadana en las calles en varias ciudades, y para completar todas las posibilidades, hasta Alianza Pais criticó a las autoridades electorales. O sea, todos están descontentos con la autoridad electoral.

Los movimientos ciudadanos ya habían alertado sobre eso; recordemos que ese consejo electoral fue el que trabó de distintos modos una consulta ciudadana sobre la explotación petrolera en la Amazonia.

La lección es que cuando un gobierno juega a incidir sobre la autoridad electoral la democracia pierde, pero también se afecta su propia legitimidad. Hay un efecto boomerang, ya que aún si Lenin Moreno gana esa segunda vuelta, su legitimidad presidencial estaría afectada si persisten todos estos problemas.

Los países vecinos, en especial Perú y Bolivia, deben asegurar la independencia y rigurosidad en las autoridades electorales, para no caer en problemas similares a los ecuatorianos (y a los de Venezuela).

 
Un progresismo caníbal

 

Como un balance preliminar, la situación ecuatoriana muestra a un progresismo que mantiene un núcleo duro de adhesión ciudadana, y con ello podrá controlar la agenda del poder legislativo. Desde ese punto de vista es una expresión política que sigue viva, pero a la vez no logra generar nuevas innovaciones políticas y se vuelve cada vez más dependiente de estrategias de desarrollo convencionales. Por esa razón es que se describe un progresismo agotado.

Los progresismos han tenido éxitos electorales iniciales, especialmente por tomar algunas medidas propias de la izquierda y por una retórica que también aprovecha imágenes de la izquierda. Pero los componentes centrales en sus estrategias de desarrollo son convencionales, y ello impone políticas públicas que, por ejemplo, toleran todo tipo de impactos sociales y ambientales, y a la vez, rediseñan los entendidos de la democracia, volcándose a prácticas cada vez más verticalistas y menos participativas, y son ese tipo de factores los que resultan en su agotamiento. El proceso ecuatoriano da muchos ejemplos de esta problemática.

Paradójicamente, ese agotamiento genera condiciones políticas que hace que muchas bases de apoyo, en lugar de buscar las alternativas hacia la izquierda, se vuelquen a los sectores conservadores. Es como si el progresismo tuviera una veta caníbal.

En efecto, el progresismo devora aquellos componentes de izquierda en sus propias estrategias de desarrollo bajo la obsesión con el crecimiento económico y las exportaciones. Devora sus bases políticas, y cuando éstas lo abandonan, muchas de ellas se corren hacia la derecha. El progresismo se presenta a sí mismo como la única y verdadera izquierda, y golpea a la izquierda independiente; la ataca, calificándola como infantil por ejemplo, y con ello impide alianzas con ella para renovarse genuinamente hacia la izquierda. Esta problemática también es visible en las elecciones ecuatorianas, y procesos análogos se han observado en Brasil y Argentina.

Es por todo este tipo de razones que las elecciones en Ecuador ofrecen muchas enseñanzas que deberían ser analizadas con detenimiento por quienes, en los demás países, siguen comprometidos con la justicia social y ambiental.

 

Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Una versión inicial de estas ideas se publicó como nota de opinión en Los Tiempos (Cochabamba), 23 febrero 2017; y en una entrevista con Página Siete (La Paz), 28 febrero 2017. La versión final se publicó en www.DemocraciaSur.com (con imágenes y tablas), el 3 de marzo 2017.

 

 

Publicado enInternacional
Cabrera dijo NO a la Hidroeléctrica y el extractivismo en el Páramo Sumapaz.


Un rotundo triunfo se anotó el pueblo cabreruno este domingo 26 de febrero en la consulta popular para decidir en la defensa del derecho al agua y el medio ambiente que pretenden vulnerarle al proponer la construcción de un proyecto hidroeléctrico sobre el Río Sumapaz.

Los habitantes de Cabrera, Cundinamarca, acudieron masivamente a las urnas y expresaron su condena a esas políticas nefastas contra esta tierra que posee el páramo más grande del planeta.

Los resultados oficiales de consulta popular en Cabrera Zona de Reserva Campesina ZRC indican que con un total votos de 1506, votaron por el NO 1465 personas, por el Si: 23, votos nulos 5 y votos no marcados 13.

Voceros de las organizaciones agrarias, comunales, ambientalistas, ecologistas, partidos y sectores políticos señalaron que ese era el resultado esperado., en una región que se caracteriza por ser una comunidad muy unidad, organizada, combativa y con una tradición e historias de lucha por derechos elementales como el derecho a la vida y la paz.

“Es justo el resultado que esperaba. Es fácil suponer que la experiencia de Asoquimbo y el desastre causado por Emgesa en el Huila, fue una ilustración versada, rica y definitiva del futuro que les esperaba si permitían la afectación a su territorio y sus pobladores por esta nefasta empresa que por lo visto se pasó de descarada y cuya arrogancia no le permitió valorar la resistencia valerosa y fuerte del pueblo de Cabrera”, escribió en las redes sociales un especialista en temas ambientales y sociales del Sumapaz.

Es un triunfo por la defensa del territorio. Es un triunfo por parte del movimiento por la defensa del Páramo y el agua. Es una derrota para Emgesa Enel Endesa. Es fruto del valor de quienes se atreven a luchar, a resistir. Para Asoquimbo es un estimulo para continuar en la lucha contra el extractivismo. No a las represas, al fracking a la minería a los agronegocios, explicó un dirigente del sindicato Sintrapaz.

Voceros de las organizaciones sociales y políticas anunciaron desde ya la coordinación para realizar un Encuentro en la Universidad Nacional contra las represas y el extractivismo para el mes de julio donde se socialicen todos los procesos de resistencia contra el modelo donde podamos encontrarnos el Movimiento Ríos Vivos, la Mesa Social Minero Energética Nacional, ambientalistas, ecosocialistas donde sin lugar a dudas estarán los resistentes del municipio de Cabrera socializando todo el proceso, los defensores del río Samaná contra la represa Porvenir II y todos los procesos por la defensa de los Ríos, Paramos. Macizos por la defensa de los territorios y la vida.

Durante el la Consulta Popular la ciudadanía participó con su voto en cuatro mesas de votación en el casco urbano y una mesa en la inspección “La Playa”, que corresponde a la zona rural, las cuales fueron dispuestas para que los habitantes de este municipio ejercieran su derecho a decidir.

 

 

Publicado enColombia