Foto: Miguel Imbaquingo y Mónica Ambamba / Latinta

 

Los testimonios compartidos a continuación no son los testimonios de mujeres sirias huyendo de la guerra provocada por el Estado Islámico; tampoco son los de una familia palestina desplazada por israelíes que siguen ocupando sus tierras. Los testimonios son de cuatro mujeres ecuatorianas, con una característica que hace que muy pocas voces se pronuncien a su favor: son mujeres, son indígenas, son shuar y están contra todo el poder del Estado, de las Fuerzas represivas y de los capitales de uno de los países más poderosos del mundo: China.

La razón para que estos testimonios no se dieron a conocer antes, es que el gobierno de Ecuador prohibió todo el ingreso a la zona, la militarizó y la información fue limitada con el Estado de Excepción. La zona de influencia del proyecto minero fue controlada y militarizada, así como también el territorio Shuar que está fuera del área de influencia de la minera.

Como en toda guerra las víctimas debían ser ocultadas y silenciadas. La militarización y el desplazamiento forzado de comunidades Shuar enteras; la violación de los derechos de los grupos de atención prioritaria como mujeres embarazadas y niños, no existieron para el gobierno.

El Estado de Excepción lleva vigente dos meses con el argumento que era para precautelar la “seguridad ciudadana” pero los testimonios de cuatro mujeres Shuar demuestran que ha sido el Estado el que ha generado el desplazamiento y el terror en las comunidades Shuar.

 

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Los testimonios

 

“El 18 de diciembre, el gobierno dio la orden a los militares. Primero llegaron a Nankints, luego entraron a la comunidad de Tsunstuim. Nos tocó irnos sin retirar ninguna cosa. Yo jalé a mis 3 hijos, dejé todas mis cosas y nos fuimos a otra comunidad. En el camino nos pasó un accidente, se cayeron mis hijos en un lugar por donde veníamos caminando, son caminos del campo, tan feos; gracias a Dios nos acompañaba un maestro que trabajaba con los alumnos. Él me dio llevando a mis hijos porque ellos se cayeron en el lodo; a mi me dolió bastante la conciencia me puse a llorar amargamente. Es un accidente para mí que soy una mujer sola”.

Así relata María Alluy su escape por la selva. Ella y sus 3 hijos huyeron de la comunidad de Tsunstuim tras la incursión de militares y policías como parte del Estado de Excepción en Morona Santiago ordenado desde el 14 de diciembre del 2016 por el gobierno de Ecuador para proteger un campamento de la empresa minera china Explorcobres, SA, EXSA.

María no fue la única, junto a ella se desplazó toda la comunidad. 40 familias que vivían en Tsunstuim, entre niñas, niños y mujeres embarazadas, huyeron de la presencia de 500 militares que según Claudia Chumpi de 18 años, llegaron disparando a la comunidad: “Era un día sábado que fui a la comunidad Tsunsuim, con mis dos hermanas y mi familia. Venían 500 militares disparando. Corrimos así como estábamos, los niños, las mamás embarazadas se asustaban. Nosotros nos corrimos arriba en la montaña, los militares se ubicaron en cada casa, rompieron las puertas, botaban las cosas afuera ollas, los cilindros se llevaron”.

Las familias tuvieron que atravesar la montaña e ir por caminos llenos de lodo para poder llegar a Tink, comunidad que hoy los acoge. Caminaron con sus hijos sin tener que comer, o dónde resguardarse del sol y la lluvia. En medio del camino 2 mujeres embarazadas dieron a luz, sin cuidados, sin atención adecuada, esto puso en riesgo su vida y a la de los pequeños nacidos; de hecho una de ellas está aún grave de salud.

Así lo relata Claudia: “Mis tías dieron a luz ahí mismo, casi se murió el bebé. Le atendimos nosotros mismo, no teníamos nada. Afilamos un palito para cortarle el cordón”. Otras mujeres, como la hija de María que se quedó a la mitad del camino porque ya no aguantaba el peso de su barriga y venía con sus otros 4 hijos huyendo de los militares.

Después de varios días llegaron a Tink. Esta comunidad antes del Estado de Excepción tenía 20 personas, ahora suman alrededor de 300. A las personas desplazadas les prestaron pequeños cuartos, alguna ropa y ollas, sin embargo, no cuentan con todo lo necesario para vivir, sus hijos dejaron de ir a la escuela.

En Tink están las familias de Nankints desalojadas en agosto del 2016 por la empresa minera Explorcobres y la Policía, además de las personas desplazadas de otras comunidades como Marbella y Tsuntsuim por el Estado de Excepción decretado en diciembre del 2016 . Ahora sobre Nankints se asienta el campamento minero La Esperanza, el territorio esta cercado y es imposible entrar; mientras que Tsuntsuim esta deshabitado y las casas destruidas. Al salir abruptamente de sus casas, las mujeres perdieron sus cultivos, sus animales y su territorio, lo que les trajo problemas para la salud y la alimentación de sus familias.

Ahora no tienen suficiente comida, tampoco ollas y platos. Toda sus cosas se perdieron junto con sus casas, salieron con lo que llevaban puesto. No tienen ropa, zapatos y tampoco útiles escolares.

A esto se suma el constante miedo que sufren por la presencia de helicópteros y drones que los persiguen permanentemente. Están atemorizadas además por la situación de sus esposos; ellos huyeron por miedo a que los militares los apresen culpándoles de la muerte del Policía el pasado diciembre.

Claudia con apenas 18 años tiene que sobrellevar la pérdida de su casa, la ausencia de su esposo, el hambre y tristeza de sus hijos quienes desde que llegaron a Tink viven en permanente miedo por la constante persecución policial: “Los niños tienen miedo, se asustan. Ellos no están estudiando. Cuando pasa avión, ellos se asustan, corren. Cuando viene la cámara igual se asustan, los militares mandan una cámara en la comunidad para ver si nosotros estamos allí”.

Mónica Ambáma, mujer de 32 años y madre de 7 hijos, no acaba de entender qué pasa. No comprende el porqué de estas acciones en contra del Pueblo Shuar.

Nosotros no hemos querido la minería porque hay contaminación. No queremos que nos contaminen nuestra naturaleza, el agua. Nosotros también somos humanos; ellos dicen los shuar no tienen derecho ¿por qué no tenemos derecho? ¿acaso no somos humanos? Nosotros también tenemos pleno derecho de reclamar.

Ella fue desalojada primero de Nankints y luego de Tsunsuim. Cuenta que en el desalojo del 11 de agosto, su casa y sus cosas fueron enterradas por las retroexcavadoras, lo que no le dio tiempo para rescatar nada. Le pide al gobierno que cesen las actividades mineras en su territorio porque asegura que el cultivo del campo también es desarrollo y quieren ser consultados: “No nos han consultado, nos vienen a destruir nomás. Ellos dicen que nos han pagado, pero de eso nada, nosotros tenemos cogido de EXSA china. Yo le puedo decir al Señor Presidente ¿por qué nos hace sufrir tanto a nosotros? ¿Qué le hemos hecho a Correa? ¿Sólo porque hay minería habrá desarrollo? Todas las veces hay desarrollo con cultivos. Dice que a campesinos, a los shuar ayudamos que estamos servidos. Nosotros no estamos bien servidos, más estamos sufridos. Yo si quisiera Presidente Correa que llegue al centro para que vea y diga la verdad, que no nos haga daños y nos deje en paz”.

Claudia también rechaza la minería y al igual que Mónica, se pregunta dónde están sus derechos y los de su comunidad: “Nosotros no queremos la minería. Los militares dicen que el gobierno manda la minería, pero nosotros no queremos que nos haga tanto daño. ¿Dónde está el buen vivir? ¿dónde están los derechos de los niños, de las mujeres?”.

Según el artículo 57 de la Constitución se reconoce la Consulta Libre e informada a los pueblos indígenas, el no desplazamiento y a la limitación de las actividades extractivas en sus territorios. Todos estos derechos a las mujeres shuar de las comunidades de Nankints, Tsunsuim, Tundayme, les han sido negados. Estas comunidades fueron desalojadas y desplazadas, se les negó sus derechos, se violentó la Constitución para implementar los dos grandes proyectos de megaminería a cielo abierto: San Carlos Panantza y Mirador, los dos de empresas chinas.

Estos proyectos inauguran la era minera en Ecuador y prometen convertirlo en un gran exportador de cobre; sin embargo cómo se preguntan Mónica y Claudia ¿dónde quedan los derechos de las mujeres y los niños? ¿dónde quedan los derechos del Pueblo Shuar?

En una guerra, las mujeres y los niños son los principales afectados, esta guerra no es la excepción. Las consecuencias de la guerra generada por el extractivismo en contra de las comunidades amazónicas quedarán marcadas en sus cuerpos y en sus entornos.

Texto publicado en Latinta.com.ar, por Verónica Calvopiña para Wambra Radio / Fotos: Miguel Imbaquingo y Mónica Ambamba

 

 

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Lenin Moreno, el candidato de Alianza País

 

Antes de cumplir una década en funciones, el presidente Rafael Correa completó el ciclo. Dio la vuelta completa. Empezó poniendo su brújula en dirección contraria a la entonces dominante. Sus primeros pasos, en consonancia con su discurso, fueron posneoliberales. Pero en el camino cambió de orientación.

Antes de cumplir una década en funciones, el presidente Rafael Correa completó el ciclo. Dio la vuelta completa. Empezó poniendo su brújula en dirección contraria a la entonces dominante. Sus primeros pasos, en consonancia con su discurso, fueron posneoliberales. Pero en el camino cambió de orientación. Poco a poco borró sus orígenes “progresistas” –no confundir simplonamente con socialistas–. Paulatinamente sus acciones se sintonizaron con propuestas al más puro estilo fondomonetarista. Y ahora se identifica con visiones y prácticas neoliberales, como consecuencia de la suscripción de un acuerdo multipartes con la Unión Europea: ni más ni menos que un tratado de libre comercio.

Recordemos brevemente los inicios de la gestión del gobierno de Correa. En línea con el plan de gobierno de Alianza País 2007-2011, elaborado en 2006, Correa se empeñó en terminar con la “sumisión” de Ecuador a organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se cerró la puerta a las privatizaciones. Aceptando una idea surgida desde la sociedad civil se auditó la deuda pública, con resultados que ayudaron a reducir sustancialmente su servicio y trasparentar su manejo en los 30 años precedentes. Con la Iniciativa Yasuní-Itt, surgida mucho tiempo atrás también desde la sociedad civil, se propuso transitar hacia una economía no petrolera; es decir empezar a transformar la matriz productiva y alejarse de la lógica de una economía primario-exportadora. Inclusive se construyó una posición interesante para participar en las negociaciones comerciales con la Unión Europea, sin aceptar la lógica de un tratado de libre comercio.

En la Asamblea Constituyente de Montecristi, donde se tramitó gran parte del proceso propuesto en 2006, también se consiguieron logros importantes, como impedir la neoliberal flexibilización laboral; desmontar el baratillo de concesiones mineras; fortalecer la función del Estado en la economía. Algo se avanzó en este último tema.

Sin embargo, los diez años de gestión acabaron con el esquema de gobierno planteado inicialmente. Correa simplemente devino en el conductor de un proceso que empezó alejándose del neoliberalismo para, luego de un largo y confuso recorrido, retornar al punto de partida, usando para ello la fortaleza del propio Estado construida en esta década. Por eso quizás hoy podríamos decir que vivimos una suerte de “neoliberalismo transgénico”: un neoliberalismo híbrido que, sin desmantelar el Estado (e incluso con su ayuda), busca reanimar la acumulación capitalista con políticas neoliberales duras, readecuadas a las actuales circunstancias.

Es más, Correa, ya transformado desde hace años en el caudillo del siglo XXI, lidera una “restauración conservadora” que golpea a los propios grupos sociales que en un inicio lo ayudaron a llegar al poder. Todo esto sin desactivar su discurso “progresista”...

 


EXTRACTIVISTA.


Este presidente cumplió uno de los sueños neoliberales no alcanzados por gobiernos anteriores: imponer la minería a gran escala. Y lo ha hecho, como cualquier gobierno neoliberal, desplegando diversas violencias que se traducen en persecución, criminalización e incluso asesinato de los dirigentes antimineros.

Correa pudo hacer historia liderando la Iniciativa Yasuní-Itt. Pero no. Tal iniciativa le quedó tan grande que terminó cediendo a las presiones de las petroleras y autorizó la explotación de crudo en el Itt. También consintió ampliar la frontera petrolera en el centro sur de la Amazonia, en contra del compromiso adquirido por Alianza País en 2006, destinado a impulsar una moratoria petrolera.

Este gobernante apoya los monocultivos y los agrocombustibles, algo completamente opuesto a una estrategia sustentada en la soberanía alimentaria. Incluso rechazó las demandas campesinas e indígenas de reforma agraria, irrespetando el mandato constitucional. Además permite que en Ecuador ingresen semillas y se realicen cultivos transgénicos –prohibidos en la Constitución–. Así, cediendo a las presiones del Tlc con la Unión Europea, impulsa la aprobación de una ley de semillas que beneficiaría los intereses de quienes controlan los transgénicos, la ya conocida “ley Monsanto”.

 


FONDOMONETARISTA.


Antes de que cayeran los precios del petróleo, en 2014, Correa regresó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Requería el beneplácito del Fondo para colocar bonos en el mercado financiero internacional. Y desde entonces se endeuda aceleradamente bajo condiciones cada vez más onerosas: elevadas tasas de interés y plazos cortos, incluyendo la entrega del oro de la reserva a Goldman Sachs. En vez de ser un líder “antisistema”, Correa deberá pasar a la historia como el gobernante que más deuda pública ha contratado, y sin transparencia. También se le recordará como uno de los facilitadores para que sobre todo el imperialismo chino se imponga con fuerza.

 


PRIVATIZADOR.

 

En su haber registra la entrega de campos petroleros maduros a empresas extranjeras (campo Auca a Schlumberger, campo Sacha a Halliburton), algo que Correa, en 2005, llamaba “traición a la Patria”. También podríamos anotar la concesión por medio siglo –sin licitación– del puerto de Posorja a una empresa de Dubai, y Puerto Bolívar a una turca, en ambos casos con participación de grandes grupos empresariales nacionales, como el grupo Nobis. Otros de los grupos ganadores (directa o indirectamente) con el correísmo son Eljuri, Pronaca, La Favorita, y hasta las grandes telefónicas Claro y Movistar y los bancos (recordemos al propio Correa mencionando que en su gobierno los bancos han obtenido las mayores utilidades de su historia).

Promociona las alianzas público-privadas que, en el fondo, sólo son un eufemismo de las privatizaciones. Aquí se incluye, por ejemplo, la privatización de hidroeléctricas construidas por el Estado, la puesta a la venta de gasolineras públicas, la enajenación del Banco del Pacífico e incluso la privatización de los programas de alimentación escolar.

Hay otros procesos de privatización –menos notorios–, pero no por ello menos peligrosos para el interés del país. Por ejemplo, la privatización de la salud vía convenios con clínicas y hospitales privados que también han generado sobreprecios exagerados que ahora salen a la luz. Algunas tendencias privatizadoras también se registran en el ámbito de la educación.

 


AJUSTADOR Y REPRESOR.


Si bien con Correa no se han adoptado algunos de los paquetes de ajustes típicos de los anteriores regímenes neoliberales, sí podemos incluir una lista de acciones que han golpeado y debilitado a los sectores populares.

Acabada la bonanza petrolera, se volvió a la vieja práctica de aprobar incrementos ínfimos del salario básico unificado de 14 dólares entre 2014-2015 y de 12 dólares entre 2015-2016. Además, a pretexto del terremoto de Manabí, Correa incrementó el Iva, un impuesto regresivo y hasta recesivo pero de fácil recaudación, con el fin último de paliar los efectos de la crisis en el sector público.

Cabe recordar aquellas reformas que han reintroducido la flexibilización laboral, en gran medida eliminada por la Asamblea Constituyente de Montecristi.

Esta lista incluye la aprobación de los decretos 016 y 732 para controlar las organizaciones sociales y de la sociedad civil; y del decreto 813 para disciplinar a los trabajadores públicos usando la compra de renuncias obligatorias, además de otras disposiciones que limitan la organización sindical.

En síntesis, Correa estableció un ambiente de permanente propaganda y amedrentamiento para sostener y combatir las crecientes protestas populares. Creó organizaciones sociales paralelas (estudiantiles, sindicales, indígenas, etcétera), propias y afines al gobierno, buscando debilitar a las organizaciones que se le opongan. Ha restringido la libertad de expresión, inclusive procesando a periodistas críticos que han descubierto actos de corrupción del gobierno.

 

CEREZA.


De todas formas, la cereza del pastel es la firma del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea.

Recordemos que el gobierno de Correa, recogiendo la lucha y el mandato de varios grupos sociales, se comprometió, en sus inicios, a no dar paso a un Tlc. Así, en el plan de gobierno 2007-2011 de Alianza País, escrito en 2006, se resolvió “luchar en contra de los procesos impulsados por los intereses mezquinos de las mafias corporativas en detrimento de la mayoría de ecuatorianos, como el mal llamado tratado de libre comercio, que es una propuesta depredadora de la vida misma en tanto anuncia la profundización del modelo neoliberal y una creciente sumisión antiética del ser humano al poder monopólico del capital y a las empresas trasnacionales, amenazando, además, las posibilidades de una integración regional en el sur”.

Incluso se planteaba en aquella época que “a través de la democracia activa –con tantas consultas populares como sean necesarias– se abordarán cuestiones cruciales como el Tlc”. Soplaban vientos de cambios. La democracia se perfilaba en el horizonte.

El “pragmatismo” se impuso. Ganaron las mafias corporativas.

Con el Tlc acordado con la Unión Europea, sin entrar en más detalles, entendemos que se reforzaría la condena de Ecuador como productor y exportador de materias primas. Esto debilitaría cualquier estrategia de transformación productiva del país y, por cierto, mucho más las perspectivas de construir el “buen vivir” o sumak kawsay (que el correísmo transformó en un mero fetiche al servicio de su proceso de reconstrucción hegemónica).

En esto termina la ahora mal llamada “revolución ciudadana”, que hace rato perdió lo ciudadano y dejó de ser revolucionaria realmente desde el mismo momento en que el proceso pasó a depender de un caudillo, es decir, poco después de iniciada. Las agujas del reloj, que empezaron a la izquierda, marchan irremediablemente hacia la derecha.

 

 

* Economista. Figuró entre los redactores del plan de gobierno inicial de Alianza País y entre los ideólogos de la “revolución ciudadana”. Fue ministro de Energía y Minas de Correa y después presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, tras haber sido el diputado más votado a ese órgano. Renunció en 2008, y desde entonces denuncia las “traiciones” del “correísmo” a sus postulados iniciales. Nota tomada de www.rebelión.org. Brecha reproduce fragmentos.

 

 
Proyecciones

 

Por: Pablo Pozzolo


“Si el partido de Rafael Correa pierde, sería un golpe más para la ya golpeada izquierda latinoamericana”, dijo por estos días a la agencia francesa Afp el analista Michel Shifter, del instituto Diálogo Interamericano, basado en Washington. “En ese caso en Sudamérica quedaría sólo Evo Morales en Bolivia y seguiría Nicolás Maduro en Venezuela, aunque éste ya no tiene apoyo político”, agregó Shifter, omitiendo –quizás no fue un simple olvido– que también en Chile y Uruguay hay gobiernos que se autodefinen como de izquierda o progresistas. Otro analista, Paolo Mocagatta, de la Universidad San Francisco, de Quito (privada), consideró que al “desgaste” del oficialismo ecuatoriano contribuyeron problemas económicos que surgieron con fuerza en los últimos años, casos de corrupción como el de Petroecuador, y también “el debilitamiento de la izquierda a nivel regional”. Mocagatta piensa que en una segunda vuelta cualquiera de los dos eventuales candidatos de la oposición puede derrotar al oficialista Lenin Moreno, “porque es mayor la resistencia que el apoyo al gobierno”. Pero admite también que sería “un error subestimar la fuerza del correísmo” y que el Ejecutivo cuenta a su favor con la fractura de la oposición, que va desde la derecha hasta la izquierda, y a la que une sólo el espanto por el actual presidente.

 

 

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Jueves, 16 Febrero 2017 06:50

La papelera que devora Colombia

La papelera que devora Colombia

 

Primero fue la tala de miles de hectáreas de selva, después la plantación de pinos y eucaliptos. Como Cartón Colombia primero, como la irlandesa Smurfit Kappa hoy, la papelera se hizo fuerte, silenciosamente, aliada con el poder. “Estamos cambiando agua por basura”, denuncia un veterano ecologista.

En enero de 2016 el acueducto de Salento se quedó seco. La quebrada Cañas Gordas, afluente que abastece al municipio baluarte del turismo en el Quindío, había perdido la totalidad de su caudal, era apenas un chorrito pantanoso debajo de las dos bocatomas que surten al municipio. Mientras la Corporación Autónoma del Quindío responsabilizaba al calentamiento global, autoridades civiles del pueblo, campesinos y ecologistas de la región apuntaron, una vez más, a las cabeceras del afluente: todo, hasta los bordes mismos de la quebrada, está plantado de pinos. Según dicen, son esas plantaciones forestales las culpables de la escasez del agua.

Este conflicto, que se repite en zonas rurales de Sevilla o Pereira, de Riosucio o Dagua, ajusta medio siglo en el país con un nombre propio: Smurfit Kappa – Cartón de Colombia, la multinacional que en 1969 comenzó a adquirir terrenos montañosos a bajos precios para instalar cultivos forestales que sustentasen su demanda de madera en la elaboración de pulpa papelera. Mientras el debate ambiental en Colombia se enfoca con preocupación en los conflictos petroleros y mineros, la multinacional irlandesa exprime silenciosa miles de hectáreas en el país.

Ya en los años 50 se acusaba a Cartón de Colombia (hoy parte de la irlandesa Smurfit Kappa) de arrasar las selvas del Bajo Calima (Pacífico) para emplear la madera produciendo pulpa papelera. 20 años después la compañía comenzó a plantar pinos y eucaliptos, especies sobre las que la FAO (organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura) alerta de que provocan consecuencias negativas sobre los suelos, la biodiversidad y los ciclos del agua, cuando reemplazan los bosques nativos de las regiones tropicales.

Pero las afectaciones no son solo a la biodiversidad y a los cursos de agua. La política de la compañía implica la concentración de enormes extensiones de tierra en su poder, en latifundios forestales que fragmentan las comunidades campesinas, donde toda la dinámica social y económica acaba trastocada. La oposición de ecologistas y comunidades se ha saldado con amenazas y casos de homicidios que nunca se han investigado a fondo. También hay abiertas varias reclamaciones de restitución de tierras por comunidades indígenas y particulares. Hasta el Tribunal de los Pueblos reconoció en 2007 que Smurfit Kappa tiene “una deuda ecológica, social, económica y cultural con el país y el total de sus habitantes”.

Smurfit Kappa Cartón de Colombia poseía en 2015, según sus propios datos, unas 67.926 hectáreas en 454 grandes fincas entre las cordilleras central y occidental. Hay pinos y eucaliptos de Smurfit desde el nudo de Caramanta hasta las montañas del Macizo colombiano, y desde la vertiente del Magdalena hasta la del Pacífico.

 

Un negocio rentable


Hoy Smurfit emplea a 2.500 operarios sobre terreno y posee una enorme y sofisticada planta de producción de cartón, papel y empaques, en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca). Mantener el volumen habitual de producción requiere 830.000 toneladas de madera al año, es decir, cada día entran a la planta alrededor de 300 camiones cargados con troncos provenientes de las montañas del centro y suroccidente colombiano. Las condiciones geográficas de Colombia permiten que sus cultivos sean más rentables y productivos que en cualquier otro lugar del planeta; plantaciones similares de países con gran vocación forestal como Chile o Canadá tardan cuatro veces más tiempo en crecer. La disponibilidad de luz todo el año y de lluvias permanentes son las que posibilitan el rendimiento excepcional de los pinos y eucaliptos en el trópico. En una visita a Colombia, Michael Smurfit, antiguo presidente de la multinacional declaró que “en una industria como la nuestra, los grandes activos naturales, bosques y agua, han sido considerados como los elementos claves del éxito”.

Smurfit-Kappa es la papelera más grande del mundo y hace presencia en una veintena de países. En sus entrañas también hay capital colombiano. En 1986 el Jefferson Smurfit Group, con sede en Irlanda, absorbió la Container Corp., empresa de capital norteamericano que controlaba a Cartón de Colombia, fundada en 1944 por inversionistas antioqueños.

Sin embargo, los socios nacionales nunca han perdido participación en la compañía local: el Grupo Carvajal sigue siendo un accionista minoritario importante de Smurfit Cartón de Colombia. La multinacional opera en el país bajo una complejísima red de empresas subsidiarias, contratistas y asociados, donde inversionistas colombianos terminan sumando sus intereses políticos y económicos con los del capital extranjero.

Smurfit conformó la Asociación Colombiana de Reforestadores (ACOFORE) según la investigación del periodista Walter Broderick recogida en su libro ‘El imperio del cartón’, ACOFORE desplegó un poderoso lobby entre políticos y congresistas para la aprobación de legislaciones a su medida, entre ellas la ley del incentivo forestal que subsidia con dineros públicos al gremio de cultivadores de árboles, donde la multinacional ejercía hasta hace muy poco un papel monopólico.

 

La larga sombra de la papelera


Cartón de Colombia ha respaldado las campañas de muchos políticos colombianos, incluyendo varios ex presidentes. Según publicaciones de El Tiempo y La Silla Vacía la empresa figura entre las sociedades de capital extranjero y nacional que respaldaron el Gobierno de Álvaro Uribe y sus campañas. En concreto en 2006 Alfredo Carvajal y Juan Martín Carvajal hicieron aportes de 20 millones de pesos. Ambos son propietarios del Grupo Carvajal, a su vez accionista de Cartón de Colombia. En el informe publicado por La Silla Vacía se constataba que el gerente y el presidente de Smurfit también donaron dineros a la primera campaña de Juan Manuel Santos.

Cartón de Colombia también ha sostenido proyectos conjuntos con la Federación de Cafeteros y las Corporaciones Autónomas Regionales, entidades que tienen la responsabilidad de vigilar a la papelera.

Para comprender los vínculos de la multinacional con el establecimiento local basta echar una ojeada al libro ‘Medio siglo sembrando el porvenir’, editado por la empresa cuando cumplió cincuenta años de presencia en Colombia: media docena de Presidentes desfilan en las fotografías conmemorativas de todos esos años y una infinidad de políticos, empresarios y hasta militares aparecen posando con los jerarcas extranjeros y nacionales de la compañía.

Todos los gobiernos otorgaron o ratificaron permisos para que la multinacional explotara las selvas vírgenes del Pacífico en la región del Bajo Calima, al norte de Buenaventura. Entre 1957 y 1974 la compañía recibió cerca de 120.000 hectáreas en concesión, cuando aún no se abastecía de sus propias plantaciones. A partir de ahí, poco a poco la empresa fue haciéndose autosuficiente con los cultivos por lo que acabó abandonando la concesión antes de que acabara el plazo de 50 años.

Después de que la multinacional abandonara el bajo Calima en 1993, el periodista australiano Walter Joe Broderick visitó la zona y realizó la investigación sobre la trayectoria de Smurfit en el país que plasmó en ‘El imperio del cartón’. En este trabajo narró como la selva resultó devastada porque la compañía utilizó un sistema de corte conocido como “tala rasa”, que consiste en talar y extraer todos los árboles del terreno. Las comunidades negras e indígenas asentadas allí, que dependían de los recursos del bosque y hasta entonces convivían en relativa armonía con la selva, practicando sólo cortes selectivos de madera, sufrieron las consecuencias sociales y ambientales de este modelo extractivo. Terminaron trabajando a destajo en aserríos para la multinacional.

“Mucha gente no nos perdona que aprovecháramos bosques naturales durante muchísimos años en el Bajo Calima” admite Ricardo Gómez Londoño, responsable de la operación forestal de Smurfit para el eje cafetero. “Pero es que no era ilegal, y no es hoy en día ilegal, empresas como Maderas Pizano lo siguen haciendo en el Chocó”, concluye.

 

De la explotación a la plantación


Cartón de Colombia descubrió en la década del 70 que su rentabilidad aumentaría si dejaba de emplear la madera tropical de la selva, reemplazándola por fibras más homogéneas que podían cultivarse en el país con una eficiencia excepcional. Fue entonces cuando arrancaron la política de plantaciones de pino y eucalipto, las dos especies foráneas sobre las que los estudios de la FAO de 1987 denuncian los impactos negativos sobre los suelos, la biodiversidad y los ciclos del agua. La empresa logró mejorar variedades de eucalipto que alcanzan la altura de corte a sólo 7 años de plantados, y variedades de pino que tardan entre 16 y 18 años. En ninguna otra zona del planeta el negocio forestal es tan productivo, ello se debe a las condiciones privilegiadas de luz y agua disponibles en el trópico.

A escala local, finqueros y medianos propietarios de tierras alquilaron sus predios para la instalación de cultivos forestales bajo contratos de asociación, o bien se dedicaron por su cuenta a talar los bosques nativos de sus propiedades y a sembrar coníferas que terminaban cortadas rumbo a los molinos de la compañía. El modelo asociativo, mayoritario cuando Cartón de Colombia comenzó su proyecto forestal, decayó en los últimos años a medida que la empresa adquiría extensos terrenos que ahora le permiten autoabastecerse de madera. La compañía aprobó en 1974 un plan para comprar 30.000 hectáreas en un lapso de 15 años. 40 años después superaban las 67.900 hectáreas en 454 fincas entre las Cordilleras Central y Occidental.

Sus tierras e encuentran repartidas en proporciones iguales en tres núcleos de explotación –norte, centro y sur– que cubren los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Valle, Cauca y Tolima. Estas cerca de 68.000 hectáreas suponen más de la mitad de las plantaciones de la multinacional en todo el mundo, que suman poco más de 104.000 hectáreas. Su principal activo forestal se encuentra en Colombia.

 

Las consecuencias


La otra cara de tan fabulosa rentabilidad son las afectaciones a los cursos de agua y el impacto dañino que los latifundios forestales han tenido sobre las comunidades campesinas, donde toda la dinámica social y económica acaba trastocada.

Néstor Ocampo es un ambientalista de Calarcá (Quindío), reconocido opositor a las plantaciones forestales. Ocampo viajó hasta Irlanda en 2001 para confrontar públicamente a Michael Smurfit, el presidente de la compañía, durante una asamblea de la sociedad. Antes había acompañado los primeros procesos de resistencia civil contra las plantaciones forestales en el país: “Conocimos del problema con los pinos en Darién, Valle del Cauca, desde 1982” explica. “Nosotros creíamos que era un problema de daños al medio ambiente, pero allá descubrimos que era un asunto social, con implicaciones políticas, económicas y hasta ideológicas”.

En los 80 la población de Darién se organizó en un comité cívico llamado ‘No al pino’. Rechazaban la siembra de coníferas porque su municipio, que antes se autoabastecía de alimentos, estaba perdiendo toda vocación agrícola: ya no quedaba quien cultivara la tierra, las plantaciones de pino ocuparon terrenos fértiles, muchos jornaleros perdieron sus trabajos y aquello derivó en una profunda crisis social. Germán Mejía, que luego sería alcalde del pueblo, lideró la movilización. A Mejía lo mataron unos sicarios en 1997, su muerte nunca se aclaró.

Los casos de la dirigente campesina Dila Calvo, asesinada en Riofrío en 1995; los ecologistas Gloria Sofía Zapata, Eder Alexander y Hernando Duque, asesinados en Belén de Umbría en 1998; la ambientalista Sandra Viviana Cuéllar, desaparecida en Cali en 2012, comparten semejanzas con el asesinato de Germán Mejía. Todos ellos fueron líderes opuestos abiertamente al negocio forestal; todos quedaron en la impunidad. El portal Verdad Abierta reveló que en 2015 un juzgado especializado abrió un proceso de restitución de tierras contra Smurfit Cartón de Colombia, debido a la solicitud de un campesino de Bolívar (Valle), quien manifestó que tuvo que vender su finca a muy bajo costo por la presión de grupos paramilitares y bandas ligadas al narcotráfico que operan en la zona.

Un litigio similar sucede desde mediados de los 90 en la región del Alto Naya con un par de fincas donde la multinacional plantó pinos, pero que son reclamadas por una comunidad de indígenas paéces, quienes hasta hoy ocupan los terrenos sin conseguir su titulación. También hay cultivos de Cartón de Colombia en la hacienda El Japio, donde otro grupo de indígenas exige desde 2005 que les entreguen la tierra como parte de los acuerdos con el Estado para reparar las víctimas de la masacre del Nilo.

Por ello, el Tribunal Permanente de los Pueblos, una reconocida instancia internacional que denuncia los abusos a los Derechos Humanos en el mundo, realizó en 2007 un juzgamiento público a la multinacional en Colombia, acusándola de tener “una deuda ecológica, social, económica y cultural con el país y el total de sus habitantes, específicamente con aquellos pertenecientes a las comunidades en donde ha establecido sus plantaciones forestales, en donde ha instalado sus plantas de producción y en donde ha devastado por completo selvas tropicales y otros ecosistemas para abastecer de madera sus fabricas de papel y cartón para empaques”.

Guillermo Castaño, otro veterano ecologista fundador del movimiento ambientalista en el país, resume en pocas palabras la disyuntiva de los cultivos forestales: “¿Cómo es posible que cambiemos la riqueza más grande de nuestra región, que además es de un inmenso valor histórico y natural, por unos cultivos que sólo sirven para hacer cartón? Todo mundo sabe dónde acaba el cartón, es un producto que va a terminar en la basura. Estamos cambiando agua por basura.”

 

Fuente original: https://colombiaplural.com/carton-devora-colombia-smurfit-kappa/

 

 

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Gobiernos progresistas, neo-extractivismo y neo-desarrollismo

Una política económica impulsada y propiciada por intereses globales. El extractivismo1, como dinámica de acumulación de capital, fue implantada en América Latina desde principios de los 90 del siglo XX. Llegó a la región de la mano del neoliberalismo y de las reformas institucionales impulsadas por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los cuales con “recomendaciones” contenidas en “A Mining Strategy for Latin America and the Caribbean” (1993), dieron facilidades a las empresas mineras en temas centrales como la repatriación de ganancias hacia los países de origen de las empresas extractivas, y asegurando las inversiones con políticas de exención de impuestos y flexibilidad laboral y ambiental.

 

Es así como tomó forma el boom extractivo de los 90, que continúa hasta nuestros días, motor del modelo neoliberal. Para el caso de América Latina, el extractivismo se apoyó en una agresiva atracción de la Inversión Extranjera Directa –IED–, la que en países como México, Perú y Colombia, logró estabilidad con importantes picos de alza en años específicos (ver gráfica 1), donde la dinámica de apropiación de riqueza ha sido inmensa.

 

Auge con tres puntos de inflexión, coincidentes con tres olas de la crisis económica global: 2009 (crisis por la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos), 2012-2013 (crisis de pagos en Europa, aunque México es el único país en el que no disminuyó la IED), y 2015 (crisis de precios de los commodities, con efecto especial en los países “en vía de desarrollo”). Asistimos, de acuerdo a lo anotado, a un periodo de estabilidad y a la espera, por parte de los inversionistas transnacionales, de que los precios de las materias primas se recuperen, espera que no significa que dejen de extraer.

 

Política e inversiones que generan que buena parte del sistema productivo se concentre, extranjerice y privatice, con todas las consecuencias económicas, fiscales, comerciales y socio-ambientales que esto conlleva; por ejemplo, convirtiendo a los países receptores en rentistas-extractivistas, con economías primario-exportadoras totalmente dependientes del mercado mundial.

 

Políticas que han propiciado la privatización de importantes segmentos de la economía nacional, o la adquisición de miles de hectáreas de tierra por parte del capital internacional. Inversiones que no han significado mejoras para la población de estos países. Por ejemplo, México tiene la tasa de ingreso familiar más baja y está en el segundo lugar en la tasa de desigualdad más alta de ingresos dentro de la Ocde. De igual manera, dentro de esta organización México es el país con menor gasto en protección social, lo que equivale al 7.4 por ciento del PIB2, para el caso peruano, las mejoras tenidas en el país no corresponden con los altos niveles de IED, así pues, para el año 2014, mientras a nivel nacional el porcentaje de población con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha –NBI– era de 20.5 por ciento, en las zonas donde más se explotan bienes naturales (Cajamarca, Huancavelica y Apurímac), tal porcentaje era de 27.8 por ciento, 36.3 por ciento y 22.2 por ciento, respectivamente.

 

En el caso colombiano, algunos datos demuestran como el desarrollo llegó sólo como un discurso pues el 33 por ciento de los habitantes de los municipios ubicados en el área de influencia de El Cerrejón y Drummond vive en condiciones de miseria, cuando a nivel nacional tal indicador es igual a 12 por ciento. En los municipios donde se desarrolla gran minería de carbón las NBI es de 56 por ciento, mientras que el promedio nacional es de 29 por ciento (Rudas, 2012). En los municipios vecinos a El Cerrejón la situación nutricional de niñas y niños menores de 5 años es crítica: 11.15 por ciento de desnutrición global o bajo peso, en comparación del 3.43 por ciento correspondiente al promedio nacional (Pnud, 2013).

 

Gobiernos progresistas

 

Estos indicadores sirven como referencia para lograr entender las semejanzas y diferencias existentes entre los modelos de gobierno. Los de izquierda en Latinoamérica no son ajenos a las lógicas del macrosistema extractivo, pues en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, con gobiernos abiertamente progresistas, se desarrolla lo que se denominó “neo-extractivismo”, que de igual forma busca apropiarse de los bienes naturales para la exportación.

 

El punto que marca la diferencia entre un modelo y otro, es el papel que juega el Estado, pues mientras en el extractivismo clásico el Estado no juega un papel primordial, se dice que es un “Estado mínimo” o un “Estado pequeño”, que permite el libre accionar de las empresas extractivas, sin interrumpir, ni torpedear su dinámica de acumulación, en el neo-extractivismo el Estado juega un papel más activo, especialmente en la captura de las (macro) ganancias que generan, con el fin de utilizarlas en política social.

 

Para el caso venezolano, entre 2001 y 2014 Pdvsa destinó 26.080 millones de dólares para inversión social. Este rubro se centró en vivienda, alimentación, proyectos generados desde las comunidades, entre otros3. Lo anterior puede verse de manera más clara en el incremento experimentado por el gasto público en el país, pues pasó de 0.9 por ciento en 1990 a 6.1 por ciento en 2012 según el Sisov, y tiene el índice de Gini más bajo de América Latina, igual a 0.39284.

 

Contrastando con esto, en los estados venezolanos donde se realiza explotación petrolera, los índices sociales no muestran mayores mejorías, por ejemplo, en el Estado Zulia el porcentaje de NBI es de 32 por ciento, mientras el nacional es de 27 (Inei, 2014), en Anzoátegui el índice de pobreza extrema es del 11 por ciento, en Falcón es del 11.6: a finales de 2013 la pobreza extrema en Apure, Monagas y Sucre superaba el 20 por ciento.

 

Para el caso de Ecuador, de acuerdo con el Banco Central, por cada US$100 que ingresan al país, US$60 corresponden a la exportación de petróleo, sumado a esto, entre 1970 y el 2012 el promedio de IED fue de US$340 millones; en este mismo periodo de tiempo las exportaciones petroleras alcanzaron un monto total de $123.000 millones, lo que muestra la importancia del sector para el país.

 

Se explican así las mejorías sociales para la población ecuatoriana (ver gráfica 2), a costa del extractivismo, debate actual para todos los movimientos que se proponen ser gobierno. De forma evidente, han disminuido tanto las NBI como la pobreza medida por ingresos (gráfica 3), aunque en las zonas rurales, donde se desarrollan las extracciones de bienes naturales, siguen siendo más altas que en el resto del país.

 

En el caso boliviano, Evo Morales busca fortalecer su proyecto político con lo que denominó extractivismo social centrando sus actividades en la extracción de gas, minerales y petróleo. Para el 2014 la IED en Bolivia fue de 1482 millones de dólares, de estos 1140 millones correspondían al sector extractivo, siendo el petróleo el sector de mayor inversión (BCB, 2015).

 

A pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno boliviano, el país no es ajeno a los problemas sociales generados por la apropiación de los bienes naturales, y por ende los índices sociales tienden a estancarse. Así pues, aunque al igual que en otros gobiernos progresistas se registra disminución de la pobreza y la miseria, Bolivia a 2014 tenía dos millones de personas en extrema pobreza, seiscientas cuarenta y un mil personas en el sector urbano, y un millón trescientas mil en el sector rural.

 

Así pues, los Estados progresistas de América Latina aceptaron los principios fundamentales del neo-desarrollismo y los aplicaron a uno de sus principales proyectos de gobierno, aumentando la intervención del Estado en el sector de bienes primarios, y creciendo su competitividad en el mercado mundial para ganar socios comerciales, intentando lograr cierto nivel de industrialización en sus países, en parte por las ganancias obtenidas de la bonanza del sector, y por la transferencia tecnológica obtenida de las empresas extranjeras.

 

Para complementar, es importante entender que la caída de los precios de este tipo de recursos naturales coincide con el cierre del ciclo progresista latinoamericano, pues ante la disminución de los recursos provenientes de las actividades extractivas que financiaban las políticas sociales, es mucho más difícil legitimar las formas de gobernar. La disminución de los subsidios y programas sociales generan un ambiente propicio para la contraofensiva de la derecha latinoamericana. La dependencia del sector primario–exportador, que genera divisas para la política social termina siendo un bumerán contra los mismo gobiernos.

 

La pregunta por la alternativa

 

Aunque con las críticas necesarias que debe hacérseles, es imposible negar que estos gobiernos abrieron una puerta para los movimientos populares, dando pistas en cuanto al cómo actuar en el marco institucional. Esta es una realidad, como también lo es que con sus políticas lograron contener al capital y al imperialismo. Pese a lo cual la discusión de fondo sigue abierta, ¿cuál es la alternativa al desarrollo? ¿Cuál es la alternativa al extractivismo?

 

Extractivismo, ¿sí o no? Lo cierto es que no puede pensarse que de un día para otro se lograrán cerrar todos los enclaves extractivos del planeta, el mundo necesita de cierto grado de extractivismo energético. Lo que es necesario definir es cuánto, para qué, quién o quiénes lo harán y cómo; quizás en el momento que esto sea resuelto los pueblos habrán ganado una gran batalla al capitalismo y al “desarrollo” que persigue.

 

1. Esta actividad puede comprenderse como la apropiación de grandes volúmenes de bienes comunes, generalmente sin valor agregado, centrada en la exportación y especulación financiera.

2. Pobreza y Desigualdad. Unicef México.

3. Desarrollo Social, Pdvsa. 2014.

4. El gobierno venezolano destina 71,4% del ingreso nacional a la inversión social. Nodal. 2016

Publicado enEdición Nº230
Jueves, 15 Septiembre 2016 19:19

Economías con pies de petróleo

Economías con pies de petróleo

ALAI AMLATINA, 15/09/2016.- Las economías hidrocarburíferas de la región se encuentran en problemas. La alta dependencia de las exportaciones de crudo y gas de varios países sudamericanos está mostrando la debilidad de sus estructuras productivas y las difíciles perspectivas que se ciernen sobre su futuro.

Bolivia, Ecuador y Venezuela están pasando duros momentos con un deterioro importante de sus ingresos por exportaciones y los balances fiscales en aprietos. Los programas sociales y los planes de expansión económica corren serios riesgos de continuidad. Sin embargo, lejos de cambiar de estrategia, la opción de los gobiernos parece ser profundizar la dependencia de la exportación de hidrocarburos.

Bolivia

En Bolivia los ingresos del gas han venido cayendo continuamente desde su pico de 2014 cuando alcanzó los US$5.489 millones. Ya para 2015 los ingresos bajaron a US$3.200 millones y este año se espera que desciendan aún más. Según del periódico Pagina Siete (12/09/2016), los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y de regalías del gas disminuirán hasta un 31% y 35% respectivamente en 2017. Este descenso está relacionado básicamente con la caída de los ingresos que recibe Bolivia por las exportaciones de gas natural a los mercados de Brasil y Argentina.

El problema es que la baja de ingresos de regalías e IDH afectará a sectores claves de las políticas públicas, principalmente a las gobernaciones, municipios y universidades y a los recursos que posibilitan el pago de la Renta Dignidad y el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH).

La respuesta del gobierno ha sido ampliar las áreas de exploración de hidrocarburos (entrando incluso en áreas naturales protegidas) y ofrecer un amplio fondo de subsidios por 3.500 millones de dólares a las empresas petroleras y gasíferas. El presidente Evo Morales anunció que "desde 2015 hasta 2020 vamos a invertir 14 mil millones de dólares para exploración, explotación, industrialización y transporte de gas" (lainformacion.com 12/07/2016).

Ecuador

Ecuador lleva casi un año acumulando tasas de crecimiento negativas y es uno de los países más afectados por la caída de los precios del petróleo. El año pasado, el presidente Rafael Correa había reconocido que por tales factores el país tendría un crecimiento bajo o casi nulo y que el país dejaría de recibir $ 7.000 millones por concepto de exportaciones petroleras, alrededor del 7% del Producto Bruto Interno (El Telégrafo 17/09/2015).

Pero la respuesta ecuatoriana no ha sido buscar respuestas fuera del negocio petrolero sino todo lo contrario: ha iniciado la explotación de crudo en uno de los sitios más frágiles del planeta, el Parque Nacional Yasuní. Este parque fue protegido en el pasado por el presidente Correa, pero aquella posición fue revertida por las necesidades económicas del gobierno.

En el bloque petrolero existen reservas probadas de crudo por 1.672 millones de barriles, equivalente al 41,7 por ciento de las reservas totales del país y el ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, dijo que hasta fines de 2016 el país sudamericano recibirá más de 100 millones de dólares con la nueva producción del campo ITT (Xinhua 09/09/2016).

Venezuela

En Venezuela la producción de petróleo ha caído más de un 30% en el último decenio, lo que sumado a la baja del precio del crudo ha tenido notables repercusiones negativas en la economía del país. Sobre todo considerando que este producto representa el 90% de sus exportaciones. Una de las principales causas de la baja producción es la deteriorada situación financiera de la estatal PDVSA que ha entrado en una dramática espiral negativa.

El crudo extrapesado de la Faja del Orinoco debe ser mezclado con otros petróleos livianos importados para poder ser a su vez exportado. Pero los escasos ingresos de las exportaciones hace cada vez más difícil la obtención de divisas para la importación del petróleo liviano.Venezuela está entrando en un círculo vicioso, en el que escasean las divisas porque produce menos petróleo y a su vez produce menos petróleo por esa misma falta de divisas.

El caso venezolano es el más patético de la llamada “maldición de la abundancia”: poseer las mayores reservas petroleras del mundo, con un horizonte de reservas estimado en más de 300 años, lo ha llevado a desarticular toda su economía con la esperanza de hacer del petróleo el motor de su desarrollo.

Y otros

Esto que le ocurre a las economías dependientes de las exportaciones de hidrocarburos también le sucede a todas las economías de la región que han basado sus estrategias de desarrollo de los últimos años en la exportación de materias primas. En algunos casos como los citados, esta dependencia es mayor, pero señales de este problema pueden verse en todos los países en estos tiempos de baja de precios de los “commodities”.

Tampoco es una novedad, esto ya ha ocurrido en el pasado. La pregunta es si nuestros gobiernos continuarán con la misma estrategia, esperando una nueva suba de los precios internacionales del gas, el petróleo o los minerales, o buscarán alternativas para salir de la histórica dependencia de las materias primas.

Ayer fue el caucho, la banana o la plata. Hoy es el petróleo, el gas o la soja. Mañana será el litio, el shale gas o vaya a saber qué. Pero si la región no logra encontrar la bendición de su abundancia, trascendiendo la ilusión del desarrollo, seguirá cayendo por la espiral de la destrucción de su generosa naturaleza sin resolver los problemas sociales que la aquejan.

- Gerardo Honty es analista de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social)

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Viernes, 09 Septiembre 2016 07:57

Menos el extractivismo, todo es ilusión

Menos el extractivismo, todo es ilusión

Los cooperativistas mineros han sido aliados incondicionales de los gobiernos de Evo Morales, ya que forman una burguesía emergente con la que el nuevo poder contaba para controlar un sector estratégico como la minería. Pero la caída de los precios de los commodities dejó al desnudo una alianza de conveniencias.

 

La muerte del viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes, precedida por la de tres cooperativistas mineros, elevó la tensión política hasta extremos que hacía tiempo no se vivían en Bolivia. En rigor, el modo en que fue asesinado Illanes, secuestrado, torturado y golpeado, fue lo que crispó los ánimos de las autoridades. El viceministro se había trasladado hasta el principal punto de bloqueo, la localidad de Panduro, para negociar en un conflicto que provocó la interrupción del tránsito en la importante autovía La Paz-Oruro y duros enfrentamientos con la policía.
El motivo de la protesta de los cooperativistas mineros es la oposición a que sus empleados puedan formar sindicatos, lo que limitaría seriamente el poder de los grupos dirigentes de ese sector económico que controla casi un tercio de la producción de minerales en un país minero. Se trata de una disputa por el poder en el núcleo del modelo extractivo. Hasta ahora los mineros había sido aliados fieles del gobierno de Evo Morales, incluso se movilizaron en la última convocatoria electoral –en febrero de este año– para promover el Sí en el plebiscito que habría permitido una nueva reelección del presidente.


Pero esta vez Morales denunció que en la movilización minera anidó un intento de golpe de Estado impulsado por la derecha y Estados Unidos. Morales explicó que lo sucedido es parte de una “conspiración permanente” en la cual sus opositores están “usando a los cooperativistas” para desestabilizar a su gobierno. Un argumento pobre, que busca eludir el eje de un conflicto entre dos actores situados del mismo lado de la barricada extractiva.


El encarcelamiento de la cúpula de los cooperativistas mineros deja al gobierno ante la necesidad de definir los próximos pasos sobre la modificación de la ley de cooperativas, que al habilitar la organización de los trabajadores está en la base del conflicto en curso. Hasta ahora la alianza con el gobierno les ha permitido a los mineros (como señala un trabajo del Centro de Documentación e Información, Cedib) la sobreexplotación de trabajadores que “no pueden organizarse autónomamente para defender sus derechos”.


Aliado conflictivo


Los cooperativistas mineros son un poder al que nadie puede ignorar. Controlan el 27 por ciento de la explotación minera (frente a sólo el 3 por ciento del Estado y el 70 por ciento de las multinacionales); tienen unos 120 mil trabajadores y una bancada de siete diputados y senadores elegidos en las listas del Movimiento al Socialismo (Mas), el partido de Morales. Tienen poder económico, poder político y capacidad de influir sobre una porción nada desdeñable de la población. Están agrupados en la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), que en los últimos años contaba con dos viceministros en el gobierno.


Las cooperativas mineras nacieron con la crisis de 1929, pero se expandieron con la privatización neoliberal de 1985, que desmanteló la Corporación Minera Boliviana (Comibol) y “relocalizó” a los trabajadores. Desde 2006, año en que el Mas llegó al Palacio Quemado, las cooperativas mineras comenzaron a ser respaldadas con el objetivo de contar con un sector productivo cercano a los objetivos políticos y estratégicos del nuevo gobierno. Con los altos precios internacionales, las exportaciones mineras pasaron de 500 millones de dólares en 2006 a más de 3.000 millones en 2013. El sector cooperativo representa el 30 por ciento de las exportaciones mineras totales, y el 37 por ciento de las exportaciones de plata, el 41 por ciento de las de estaño y el 71 por ciento de las de oro.


Las cooperativas mineras obtuvieron más de la mitad de los contratos desde 2008 y el 43 por ciento de la superficie total otorgada por el Estado. La cantidad de cooperativas se multiplicó por tres (de 447 en 2008 a 1.400 en 2013). Hoy emplean de forma directa a 120 mil personas, el 90 por ciento de los trabajadores del sector. Sin embargo, aportan muy poco al Estado, un 4 por ciento de impuesto al valor agregado y el 1 por ciento del valor de la producción por arrendamiento de los yacimientos de Comibol. En total, dejaban apenas 44 millones por regalías de los 1.059 millones de dólares exportados en 2012.


La estratificación económica y social dentro de las cooperativas es importante y está relacionada no sólo con la cantidad de socios, sino con la distribución interna del poder. Una pequeña cantidad de socios controla a las cooperativas, que emplean una enorme masa de trabajadores carentes de derechos y remunerados con muy bajos salarios, cobrando a destajo.


La ley de minería de 2014, pactada entre el gobierno y la dirigencia de Fencomin, prohíbe y penaliza la huelga y cualquier acción que impida la actividad minera. Ha servido también para consolidar un régimen de excepción en materia de impuestos y acceso a áreas fiscales para explotar nuevas minas.


En 2006 hubo un fuerte choque entre los cooperativistas y los mineros asalariados por el control de una mina estatal en Huanuni (Oruro). Un enfrentamiento con dinamita se cobró 16 muertos. En aquella ocasión el presidente le pidió la renuncia al ministro de Minería, el cooperativista Walter Villarroel, por haber jugado a favor de los suyos. Los cooperativistas azuzaron otros conflictos, sobre todo en Potosí. Hasta que llegó la crisis económica, con la caída de los precios de los minerales.


En opinión del filósofo Raúl Prada, ex viceministro de Planificación Estratégica del primer gobierno de Morales, lo que explica el pasaje de los cooperativistas mineros de aliados a enemigos es el cambio en la coyuntura económica, que en este sector se concreta con la caída de los precios de los minerales exportados. Ahora las cooperativas quieren avanzar sobre los derechos ambientales. El Estado, a su vez, necesita afirmar su control sobre toda la cadena de la minería.


“En tiempos de crisis económica, debida a la baja de los precios de las materias primas, es una estrategia de supervivencia el control monopólico del Estado, no sólo de los recursos naturales, sino sobre la explotación y mediación con los mercados y con el capital de inversión de las empresas extractivas trasnacionales”, señala Prada. Estas empresas son la manzana de la discordia, aunque sobre la mesa aparezcan los derechos de sindicación de los trabajadores de las cooperativas, porque son las que pueden aportar el capital que Bolivia necesita para incrementar la extracción de minerales.


El pliego minero actual busca modificar la ley de minería, con el fin de permitir que las cooperativas puedan suscribir contratos con las multinacionales, algo que en realidad debe ser aprobado por el parlamento. En suma, las cooperativas quieren capitalizarse entrando en relación con las grandes empresas del sector. Para éstas, firmar contratos con cooperativas y no con el Estado sería muy ventajoso, ya que “adquirirían derechos, mas no obligaciones. Lo más importante es que los grupos trasnacionales se beneficiarán, indirectamente, de los derechos y privilegios de que gozan las cooperativas”, tanto en materia laboral como impositiva, según un análisis del Cedib titulado “Tomar el Estado por asalto”.
Por eso Prada insiste en que se trata de un conflicto “entre partes que conforman el modelo extractivista”, un modelo al que considera limitado y que, lejos de la propaganda oficial, mantiene “una economía primario-exportadora y un Estado rentista”.


La solución no será sencilla. Según el investigador Carlos Arce, el gobierno “apoya a los cooperativizados como parte de la nueva burguesía emergente que fortalecerá al nuevo Estado Plurinacional”. Se trata de un tipo de conflicto en el que no puede haber un ganador absoluto y que se está resolviendo a través de una negociación. De hecho, Morales pidió, presionado por la Central Obrera Boliviana y otras organizaciones sociales, que no sólo se resuelva el asesinato de Illanes sino de los cuatro cooperativistas muertos por disparos policiales.

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Jueves, 28 Julio 2016 14:29

Colombia en el quinto infierno

Colombia en el quinto infierno

 

Como el ibuprofeno, las coyunturas le sirven al Gobierno para todo, en esta oportunidad para descargar su responsabilidad en terceros. Ahora resulta que la disparada en los precios de los alimentos es por culpa de un “choque” de oferta, “exceso” de demanda, factores climáticos o del paro de los camioneros, pero hay determinantes estructurales de tipo político-económico y de posición dominante en el mercado (monopólica) que lo desmienten.

 

 

“El hambre y el amor
constituyen el germen de toda
la historia humana” (Buda)

 

El precio de los alimentos está por las nubes. Cada día, como si fuera novedad, la queja por esta realidad es lugar común en todas las conversaciones populares. No es para menos, hace unos 28 años (una generación atrás) un huevo costaba 18 pesos, hoy cobran hasta 400 y más por el mismo.

 

Para salirle al paso a esta realidad, y echando mano de lo primero que encuentra –para no aceptar su culpabilidad– el Gobierno ahora dice que la responsabilidad por la disparada alcista es de los camioneros y su paro; hace unos meses decía que la culpa era del Fenómeno del Niño, y antes la descargaba en la devaluación del peso.

 

Nada más falso. El alza en los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares (inflación) no es un fenómeno natural como la lluvia o la hierba que crece de forma espontánea en los campos y jardines; lo cierto es que las razones de esta realidad que afecta de manera dura la mesa de quienes menos ingresos tienen, es un fenómeno político-económico. “La mesa del pobre es escaza y el lecho de la miseria es fecundo”.

 

Hay que resaltar, además, que la inflación que de manera general dicen que creció 6 por ciento, 6,5 o más, engloba un sinnúmero de componentes, dentro del cual está la canasta básica familiar (CBF), la cual, si la detallamos por separado, constatamos que durante los últimos doce meses creció hasta un 14,3 por ciento. Es decir, la comida y otros bienes indispensables para sobrevivir de manera más o menos digna, es el factor que más afecta, hoy por hoy, el bolsillo de quienes menos tienen. Es decir, no estamos ante un fenómeno cualquiera, estamos ante una realidad que determina la calidad de vida de millones de personas, y hasta su misma muerte. El hambre sin satisfacer no cubre las necesidades fundamentales del organismo y precisamente ello produce graves accidentes en la salud.

 

Fenómeno que no es de ahora. Durante lo corrido del siglo XXI, el alza en los precios de los alimento tiende a ser más acelerado que el conjunto de los demás bienes que integran la canasta básica familiar (gráfico 1). De ahí que las explicaciones dadas por el Gobierno acusando del aumento de la inflación al cambio climático, al paro camionero, e incluso a la devaluación, sólo buscan ocultar una realidad: el alza abusiva y arbitraria de los precios por parte de los empresarios, clase política y de la burocracia estatal (impuestos y servicios administrados) debido al control monopólico que tienen sobre los bienes y servicios esenciales para la supervivencia humana y que les otorga el poder de exprimir a los consumidores y extraerles recursos monetarios adicionales a los que arrancan mediante la explotación laboral (gráfico 2).

 

 

El poder es para poder, y para abusar. El aumento en la inflación es un robo por parte de la tenaza Estado-capital al extraerle a los consumidores dinero de su bolsillo mediante las jugadas especulativas (aumento de impuestos sobre el consumo –IVA–, acaparamiento y arbitrariedad en la fijación del precio de los bienes básicos). En nuestro país los consumidores pagamos el 16 por ciento en impuestos sobre cualquier compra de alimentos que realicemos; no satisfechos con ello, el Gobierno y la clase política tienen anunciado que con la próxima reforma tributaria este impuesto se elevará al 19 por ciento.


Para sorpresa por su sinceridad temporal, según lo denunciado a principio del año 2016 por parte del propio ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, los altos precios de los alimentos responden a la cadena de intermediarios entre el agricultor y el consumidor final, de ahí la diferencia entre las grandes centrales de abastos y los supermercados; además, agregó que la diferencia en los precios de los alimentos entre las centrales de abastos y las grandes superficies del comercio, en algunos casos, superan el 250 por ciento, por tanto, pidió la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para revisar el incremento en el precio de los alimentos y la competencia entre supermercados y centrales de abastos, pues aseguró que se trata de “un tema imperfecto en el país”. Reclamos y reconocimiento que ahí quedaron, como unas palabras más, pues lo precios continúan al alza. En lo corrido del año, los precios de los bienes básicos que venden en los grandes supermercados, y de los servicios domiciliares administrados por el Estado (agua, alcantarillado, basuras, luz, gas), han aumentado entre un 20 y cuarenta por ciento.

 

La actividad especulativa, a la vez que condena a los sectores más excluidos de la sociedad a padecer hambre, sometiéndolos a una vida indigna, da lugar a movimientos anormales de precios no asimilables a fenómenos económicos reales de la esfera de la producción, la circulación o el consumo. La especulación se ejercita sobre la base de variaciones provocadas artificialmente; las diferencias artificiales en los precios se determinan por medio de acaparamientos y difusión de noticias falsas. Estas acciones repercuten, generalmente, en un aumento de la indigencia, de la incertidumbre y del riesgo presentes en la vida económica, y, específicamente, en pérdidas para los pequeños empresarios, los asalariados y los sectores populares. Y todo el país pierde debido a que el hambre repercute en la caída de la productividad de la fuerza de trabajo y en bajo rendimiento escolar de los estudiantes. Albert Sarraut llamaba esta realidad como el “círculo infernal” del hambre: “el ser humano no come lo suficiente porque no produce bastante, pero no trabaja más porque no puede comer lo necesario”.

 

Adicionalmente, habría que señalar el efecto de las “extremas” en Colombia en su locura por la guerra que ha obligado a los agricultores a abandonar la producción de alimentos y a las poblaciones a desplazarse por el conflicto armado interno. Según el registro único de víctimas (Presidencia de la República) el botín despojado por las derechas, durante los últimos cincuenta años, es de más de 4.2 millones de hectáreas, lo que en adición deja a cerca de 6.5 millones de campesinos desplazados y sin tierra. Fenómeno que contribuye, en conjunto, a la menor producción de alimentos, al aumento de la inflación y a profundizar el flagelo del hambre.

 

En conjunto, el influjo de la inflación es desfavorable sobre toda la economía del país, pues ésta da origen, de manera simultánea, a un crecimiento rápido, incesante y sumamente desigual de los precios de las mercancías. Así surgen grandes diferencias de rentabilidad en las distintas ramas de actividad económica, lo cual estimula el desarrollo de una economía especulativa y provoca un descenso de las actividades productivas “reales”. La clase más afectada por la inflación es la trabajadora, cuyo salario real baja sensiblemente debido al aumento de los precios de los bienes y servicios que integran la canasta básica familiar.

 

 

  
 
El índice de la inflación

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), según el Dane, es un número sobre el cual se acumulan a partir de un periodo base las variaciones promedio de los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares de un país, durante un periodo de tiempo. De manera más compleja se trata del indicador de la inflación más conocido, y se constituye en un indicador de carácter coyuntural sobre el comportamiento de los precios minoristas de un país. Técnicamente el IPC es un índice de canasta fija, correspondiente a un periodo base en el tiempo, construido sobre una variante de los índices tipo Laspeyres, que permite una actualización más rápida de la canasta para seguimiento de precios, según evolucione o cambie el gasto de consumo de los hogares de un país.

 

Un número índice es un relativo porcentual por medio del cual se expresa una medición en un período dado como una relación en un período base designado. Las mediciones pueden relacionarse con cantidad, precio o valor. El índice de precios al consumidor es el más ampliamente conocido de los índices, en razón de su uso como indicador del costo de vida. En Colombia lo publica mensualmente el Dane; el año base es 2008. El IPC es indicativo de precios relativos comparados con el año base.

 

  

 

 

  
 
La variación del último año
por ciudades

 

Las ciudades que registraron variaciones por encima de la inflación promedio nacional (8,6%) fueron: Cúcuta (10,1%); Pasto (9,6%); Cali (9,5%); Florencia (9,1%); Riohacha (9,0%); Sincelejo (8,9%); Bogotá D.C. (8,7%); Manizales (8,7%); Villavicencio (8,6%) y Armenia (8,6%). Por debajo del promedio se situaron: Ibagué (8,6%); Popayán (8,6%); San Andrés (8,5%); Montería (8,3%); Tunja (8,3%); Bucaramanga (8,3%); Valledupar (8,2%); Neiva (8,2%); Medellín (8,2%); Santa Marta (8,1%); Cartagena (7,9%); Pereira (7,8%); Barranquilla (7,8%) y Quibdó (5,8%).

 

  
 
 

 

 

 IPC e índice acumulado de los precios 1988-2016

 

Parece ficción pero así es. Durante el período 1988-2016, los precios globales de los bienes de consumo familiar en Colombia se han multiplicado en 21 veces y el de los alimentos, en particular, 22 veces más (en términos porcentuales 2.073 y 2.192 por ciento, respectivamente). Así, por ejemplo, el precio actual de un huevo es equivalente a 400 pesos, 28 años atrás le cobraban al consumidor por el mismo huevo 18 pesos.

 

Cuatro situaciones diferenciales ocurren durante este intervalo de tiempo: i) alta inflación (por encima de dos dígitos), en los años 1988-1998; ii) reducción de la inflación anual de 9,2 a 2,0 entre 1999 y 2009, iii) nueva escalada de los precios entre 2010 y 2016 hasta alcanzar el 8,6 por ciento de inflación en junio de 2016; iv) Los alimentos registran un alza en sus precios más acelerada que el resto de grupos de gasto: en 2015 aumentaron en 10,9 por ciento y en lo corrido de 2016 en 14,3 por ciento (gráfico 1) .

 


 

 

Al finalizar la década de 2000, en promedio el alza en los bienes de la canasta básica ha sido más alta para los grupos de ingresos bajos, causado por el incremento en los precios de la canasta de alimentos y en los bienes y servicios controlados por el Gobierno. Para los grupos de los excluidos o pobres, la situación es más desfavorable dado que dedican, proporcionalmente, un porcentaje mayor de sus ingresos a la compra de alimentos respecto a los grupos pudientes o ricos. Según los estudios de pobreza del Dane, a nivel nacional los grupos sociales de bajo nivel socio-económico destinan el 46 por ciento de sus ingresos a la compra de alimentos. A mayores ingresos no aumenta proporcionalmente el consumo de alimentos (aunque puede variar la calidad de los mismos): el consumo alimenticio es inelástico por razones naturales evidentes: un ser humano no puede tener más de un estómago, como las vacas, y el más rico no requiere comer mucho más que el más pobre.

 

Como resultado del alza en el precio de los alimentos, y para poder sobrevivir así sea en precarias condiciones, los grupos sociales de bajos ingresos disminuyen la compra de bienes que contienen proteínas animales (leche, queso, carnes y huevos) por ser los más costosos. El problema es que, entre los principios nutritivos, son los más indispensables. El consumo se desplaza hacia las harinas, las grasas y los azucares, de menor precio; saciar la sensación de hambre no es lo mismo que nutrirse. Al mantenerse la subalimentación van apareciendo los síntomas gravísimos de la desnutrición. En los sujetos desnutridos gravemente, cualquier infección que aparezca precipita el fatal desenlace. En definitiva, es el “hambre específica” de proteínas animales la más significativa de las carencias que sufren las clases y los pueblos pobres. El hambre es el más viejo enemigo de la humanidad.

 

  
 
Variación de la Canasta Básica Familiar

 

Los bienes y servicios que componen la canasta familiar cambian en el tiempo de acuerdo con la evolución del consumo de los hogares, los desarrollos tecnológicos y las transformaciones culturales. La Canasta Básica Familiar –CBF– definida por el Dane para el año 2000 quedó compuesta por 405 artículos, los cuales se agregaron en 176 nuevos productos respecto a la CBF de finales del siglo XX. Como punto de referencia anterior (IPC-60) estaba compuesto por 195 productos. Actualmente la CBF contiene cerca de 520 bienes y servicios. La información básica para construir la canasta se obtiene a partir de una encuesta especializada que aplica con regularidad el Dane, denominada Encuesta de Ingresos y Gastos (EIG); la cual ha sido aplicada por este órgano del Estado en 1970, 1984-1985, 1994-1995, 2006 y 2007. La clasificación adoptada por el Dane comprende nueve grupos de gasto de los hogares: Alimentos, Vivienda, Vestuario, Salud, Educación, Cultura, Diversión y Esparcimiento, Transporte, Comunicaciones y Otros gastos.

  

 

 

La inflación junio 2015-2016

 

En los últimos doce meses dos grupos se ubican por encima del promedio nacional (8,6%): alimentos (14,3%) y otros gastos (8,8%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: salud (7,7%); vivienda (6,5%); educación (6,4%); transporte (5,9%); diversión (5,7%); vestuario (4,6%) y comunicaciones (3,6%).

 

En resumen, la presión para que la inflación anual haya llegado al mayor nivel en 16 años y medio va, pues, más allá de los alimentos. Entre los productos que más han encarecido el total de la CBF, por su encarecimiento del último año y, además, el peso que tienen en el gasto de las familias, junto a algunos alimentos hay otros relacionados con la vivienda y hasta la diversión (gráfico 2).

 

Es así como la variación de los gastos básicos que más aportaron: almuerzo (8,0%); arrendamiento imputado (4,2%); vehículos (12,7%); energía eléctrica (13,7%); res (18,7%); papa (65,7%); arrendamiento efectivo (4,2%); otras frutas frescas (35,6%); gas (19,7%) y bus (8,7%).

 

De acuerdo con uno de los codirectores del Banco de la República, Gustavo Cano, es difícil que se logre, al final de este año, una inflación inferior al 7 por ciento, y subraya el riesgo de que en el 2017 se completen tres años seguidos sin cumplir la meta fijada por la autoridad monetaria, a pesar de las continuas alzas en las tasas de interés que han fijado para “frenar” la demanda.

 

Inflación, realidad estructural y no circunstancial. Con su evolución se constata que Colombia es un país que sigue al píe de la letra la sentencia expresada por Carlos Marx en el siglo XIX: “El sistema capitalista no desarrolla la técnica ni los procesos de producción social si no es secando al mismo tiempo las dos fuentes de las que brota toda riqueza: la tierra y el ser humano”.

Publicado enEdición Nº226
Plan Cambio Climático 2050 y el capitalismo verde*

 

La disputa global que vive la humanidad entre caos climático y buen vivir, entre capitalismo verde, o financiarización de la naturaleza, y decrecimiento, entre soberanía popular y capitalismo voraz, tiene cada vez más expresiones en nuestro territorio, tanto en el conjunto del país como en partes específicas del mismo. Explotaciones petróleras en territorios de comprobada fragilidad ambiental, desvío de ríos, inundaciones de amplios y fértiles territorios rurales, sembrados de monocultivos, fumigaciones con agrotóxicos de reconocidas secuelas negativas para la tierra y el aire, etcétera, son parte de esta realidad.

 

Paso a paso, con la anuencia estatal y de quienes controlan el gobierno, enfrentando la voluntad popular, el llamado “capitalismo verde” hace su aparición entre nosotros. “Capitalismo verde” que llega de la mano de grandes conglomerados internacionales, avalado y potenciado por la Ocde, como protección de inversores y capitales de todo tipo.

 

Reorganización del capital, y apuesta de las élites transnacionales por los “mercados verdes” que también busca ahondar el sometimiento financiero de los “países del sur”, pretendiendo profundizar el coloniaje en países como el nuestro, para ampliar su circuito de negocios mediante el endeudamiento externo. La COP 21 de Naciones Unidas ha facilitado esta pretensión corporativa al ratificar que la salida a la actual crisis climática obliga a una transición programada hacia el “capitalismo verde”, de la mano del cual llega y se profundiza la producción de agrocombustibles, demandante de grandes cantidades de tierra y agua bajo la forma de monocultivos, con los cuales también amplían el desplazamiento de comunidades campesinas y étnicas. Como es conocido, estos agrocombustibles son cultivados de manera intensiva con agrofertilizantes derivados del petróleo y responsables en gran medida de la contaminación del planeta. Con todo esto, la producción alimentaria local, las tradiciones y ritmos locales, quedan arrasados

 

Un segmento adicional del “capitalismo verde” es el de las titularizaciones por pagos indemnizatorios a la contaminación atmosférica, con la cual han abierto un segmento rentable en los mercados de capitales globalizados. Estamos ante el empleo de tecnologías genéticas que atentan contra el ciclo natural de la vida vegetal. Los árboles genéticamente modificados plantean nuevos retos a la contaminación planetaria. Conseguir más bienes en menos tiempo transgrediendo el ciclo de elaboración de bienes por la naturaleza se convierte en un requisito ineludible en la agricultura contemporánea para adecuarse a las exigencias de la intensificación productiva en las industrias tecnológicamente desarrolladas y al ritmo frenético de la circulación de mercancías en el comercio mundial.

 

 
En nuestro territorio

 

En Colombia, esta disputa global se expresa, de una parte, en la imposición de la política minero energética y los agronegocios a través de una legislación para el despojo de facto y la represión y judicialización de las protestas sociales ante los múltiples conflictos económicos, socioambientales y culturales generados por los megaproyectos. Y, de otra, en las resistencias sociales como expresión organizada y argumentada de “víctimas del desarrollo” contra la imposición del modelo neoliberal extractivista y por la defensa de la vida y el territorio.

 

El Plan de Desarrollo de Santos garantiza el control de nuestros territorios por parte de las Corporaciones transnacionales Endesa, Enel, Emgesa, Pacific Rubiales, Emerald Energy, Estatal Hydrochina, entre otras. Para tal efecto, se impone una legislación para el despojo de las comunidades al declarar de utilidad pública los territorios que sean necesarios para los “Proyectos de Interés Nacional y Estratégico” –Pines– como los del Plan Maestro de Aprovechamiento (privatización) del río Magdalena convirtiéndolo en una gran hidrovía para la movilización de petróleo, carbón, contenedores, cereales (maíz, trigo y soya). Incluye, además, la construcción de 17 hidroeléctricas a lo largo del río hasta Honda, entre ellas, 7 más para el Huila: Guarapas, 140 MW y Chillurco 180 MW (en Pitalito), Oporapa 280MW (en Oporapa), Pericongo 80 MW (en Timaná), El Manso 140 MW (en Neiva), Veraguas 130 MW (en Aipe), Bateas 140 MW (en Villavieja).

 

Además, pretenden imponer 50 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas –PCH– en el Huila con la inversión de capital privado por incorporar al Sistema Interconectado Nacional para exportación. Actualmente, ya han radicado 14 solicitudes ante la Corporación Autónoma del Alto Magdalena –CAM– para Licenciamiento Ambiental que afectan las cuencas de los ríos Bache (3 PCH), Las Ceibas, Cabrera, Venado, Narváez, Bedón, La Plata, Páez, Suaza, Guarapas, Naranjo, Aipe.

 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el marco de las “Rondas Colombia 2012 y 2014”, asignó 12 áreas de exploración petrolera en el Huila concesionada a nueve compañías transnacionales, entre ellas, a la multinacional francocanadiense Alange Energy Corp en la Cuenca del río Las Ceibas. El bloque denominado VSM 16 (Valle Superior del Magdalena), incorpora a los municipios de El Agrado, Altamira, Elías, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, La Plata, Paicol, El Pital, Tarqui, Tesalia y Timaná que afectan las márgenes derecha e izquierda del río Magdalena y parte del río Suaza con el uso de la técnica de extracción de gas y petróleo en yacimientos no convencionales (pozos profundos) denominada fracking o fracturación hidráulica. El gobierno autorizó una licencia ambiental global a la empresa Emerald Energy para la construcción de tres plataformas multipozo al interior del Campo de Producción Gigante, y la construcción de líneas de flujo que podrán transportar agua, gas y crudo afectando el Páramo de Miraflores.

 

En el Huila, además, están socializando el denominado Plan Cambio Climático 2050 cuya prioridad es la privatización del agua para “la demanda del consumo humano concentrada en los centros urbanos y las cabeceras municipales” –enajenación de los acueductos comunitarios–, “el suministro de riego para la producción agroindustrial” –Zidres– y, fundamentalmente, para “la generación de energía a través de represas a lo largo del eje hidroeléctrico sobre el río Magdalena en cantidades estimadas de alrededor de 20.000 megavatios” –Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena–.

 

Los Acueductos Comunitarios que son construcciones sociohistóricas en torno a la gestión del agua, que hacen parte de los territorios sociales en veredas, resguardos indígenas y territorios de comunidades negras, y barrios de las diferentes regiones y ciudades del país están siendo objeto de liquidación y privatización al servicio de las corporaciones transnacionales para que continúen invadiendo nuestros territorios a través del Plan de Privatización del río Magdalena (más represas) la explotación de Petróleo a través del fracking y los agronegocios, atentando contra la naturaleza pública de los mismos.

 

* Apartes, reorganizados, del documento “Agenda mínima, movimiento regional por la defensa del territorio y la vida ¡Ríos vivos!”
Fuente: http://www.quimbo.com.co/

 

 

 

Publicado enEdición Nº226
Lunes, 06 Junio 2016 09:00

“No hay partidos estructurados”

En Perú continuará la política económica basada en las exportaciones de minerales.

 

Grompone sostiene que existe una crisis muy profunda de la clase política peruana. Y que Kuczynski, virtual ganador, tendrá dificultades para gobernar sin mayoría en el Congreso. Por eso, el economista deberá llegar a ciertos acuerdos con el fujimorismo.

 


Desde Lima

 

Romeo Grompone, sociólogo e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), analiza el país que recibirá el nuevo gobierno electo ayer y los retos que deberá enfrentar la presidencia del economista neoliberal Pedro Pablo Kuczynski, quien, si se confirma el conteo rápido, asumirá el cargo en julio sin mayoría en un Congreso que estará controlado por el fujimorismo.

 

–¿Cuál es el país que va a encontrar el nuevo gobierno?

 

–Lo que caracteriza al Perú desde el año 92 es la continuidad de una política económica basada en el ciclo favorable de las exportaciones de materias primas, especialmente minerales en el caso del Perú, ciclo que aquí ha durado más tiempo que en otros países. Este ciclo favorable ha traído un crecimiento económico, una reducción de la pobreza, cierto equilibrio fiscal y un fondo de estabilización fiscal, que dan una relativa seguridad.

 

–Pero el país ya enfrenta una desaceleración económica.

 

–Hay una desaceleración económica, efectivamente, pero controlable.

 

–¿Y en lo político y social cuál es el escenario?

 

–El escenario peruano es muy complicado. Hay una crisis muy profunda de la clase política, no hay partidos políticos estructurados. El Perú aparece en el Latinobarómetro como uno de los países que más desconfía de las instituciones democráticas, de los partidos políticos y del Poder Judicial. Hay un escenario sin partidos políticos establecidos, con una izquierda en construcción que no se sabe si se va a consolidar para convertirse en una alternativa política o si va a caer en la dispersión, liderazgos sociales también en construcción, una oposición social que probablemente no tenga niveles de articulación, sino que sean protestas localizadas en algunas zonas del país y que no logren una unidad en el aspecto político. Eso es lo que ha pasado en los últimos años. Creo que eso va a continuar, salvo que se afirmen nuevos liderazgos sociales que se articulen con expresiones políticas. Eso dependerá en buena parte en la capacidad de articulación que tenga la izquierda, que tiene un liderazgo renovado que es auspicioso pero cuya capacidad tendrá que probarse.

 

–¿Por lo que decía antes, estamos en una democracia sin partidos políticos?

 

–Así es, estamos en un país sin partidos políticos reales. Lo que pude ser un atisbo de un partido estructurado es el fujimorismo.

 

–¿Y la agrupación política de Kuczynski?

 

–Es una agrupación construida en base a un tecnócrata reconocido, como es Kuczynski, que ha juntado equipos que forman parte de una élite tecnocrática, pero no tiene una estructura partidaria.

 

–¿Cómo ve el gobierno de Kuczynski, que en primera vuelta tuvo un bajo respaldo en el interior del país y en las clases populares y que al parecer ha ganado esta segunda vuelta no por un respaldo propio sino por el apoyo de quienes rechazan al fujimorismo y votaron por él como el mal menor, y que será minoría en un Congreso dominando por el fujimorismo, donde el oficialismo será la tercera fuerza, con menos representantes que la izquierda?

 

–El escenario de su gobierno es muy difícil, muy complejo. Tendrá dificultades para gobernar sin mayoría en el Congreso. Tiene que hacer una convocatoria amplia. Para gobernar inevitablemente tendrá que llegar a ciertos acuerdos con Keiko Fujimori, que tiene 73 congresistas de 130. En materia de políticas económicas no hay diferencias sustantivas entre los planes de Kuczynski y del fujimorismo. En eso creo que ambos se pueden entender en el Congreso. Durante un tiempo probablemente haya una política relativamente al margen de la ortodoxia económica, y después el gobierno va a recurrir a los mismos tecnócratas neoliberales que desde el año 92 dirigen el país.

 

–¿Y en términos políticos cómo cree que se mueva el próximo gobierno? ¿Se acercará al fujimorismo o se correrá al centro para buscar otras alianzas?

 

–Si en lo económico el gobierno de Kuczynski se puede entender con el partido de Keiko Fujimori, su problema con el fujimorismo se dará cuando vengan confrontaciones en otros temas, como, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. En términos políticos, lo que puede ocurrir es que Kuczynski o hace un acuerdo con Keiko Fujimori, lo que no me parece inminente, o se va a tratar de correr de la derecha hacia el centro político con un discurso social. Lo segundo me parece más probable.

 

–¿Cree posible un acercamiento del gobierno de Kuczynski con el Frente Amplio de izquierda, que lo apoyó en la segunda vuelta, aunque marcando claras distancias de sus propuestas neoliberales?

 

–Un tema central que levanta el Frente Amplio, como el cambio de la Constitución fujimorista de 1993, no es algo que es recogido por Kuczynski, que no comparte esa posición. Los beneficios económicos que esa Constitución le da a las empresas, como el hecho que los contratos celebrados con empresas extranjeras tienen fuerza de ley y no pueden ser modificados, es algo que es sustancial a la política de Kuczynski. En ese tipo de cosas no habrá acuerdo de Kuczynski con la izquierda. Puede haber acuerdos en otros temas, como una ley para modificar la forma en la que se elige a los jueces, la lucha contra la corrupción, pero en lo que tiene que ver con la base de la Constitución no habrá acuerdo para modificarla.

 

–¿Sin mayoría parlamentaria, el gobierno de Kuczynski corre el riesgo de la inestabilidad?

 

–Creo que habría un primer tiempo de relativa estabilidad. Puede darse, efectivamente, una inestabilidad por no poder hacer las cosas si se encuentra con una oposición radical del fujimorismo, que controlará el Congreso.

 

–¿Cuál será la política internacional del nuevo gobierno?

 

–Va a tener una política internacional cercana e integrada al bloque del Pacífico y a los Estados Unidos, y menos proclive a bloques regionales como Unasur.

 

 

 

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Lunes, 16 Mayo 2016 07:25

Movimientos ¿en movimiento?

Movimientos ¿en movimiento?

¿Cómo entender lo que se denomina como movimientos? Sean regionales, vecinales, gremiales, autonómicos, campesinos, indígenas, de género; sean contra desalojos urbanos, despojo de tierras por compra obligada o decreto; por desastres inducidos o naturales, desarrollos mineros, inmobiliarios, turísticos; de rechazo a cultivos Frankenstein, leyes y reglamentos lesivos para los de abajo (y hasta los de en medio), tratados secretos con el capitalismo foráneo (como lo llamaba el Che Guevara); en favor de la libertad de expresión, tránsito, siembra de semillas propias.

 

Desde la experiencia latinoamericana, implican un estar-fuera-del-Estado, de los mecanismos de control, cooptación y castigo; no ser partidistas, o serlo de manera secundaria, autónoma de la nube electoral. ¿Cómo podrían asociarse con gobiernos, incluso los que diciéndose progresistas (y siéndolo, comparados con los reaccionarios y autoritarios) que siguen la corriente mundial del supra-gobierno financiero, ideológico y militar que ejerce el neoliberalismo; resultan presa fácil de una derecha que saca raja de sus desprestigios y cuenta con mayor margen para el cinismo.

 

Los movimientos, en particular los de matriz indígena, poseen arraigo territorial, de identidad o lengua, de interés comunitario. Su meta es defender la vida, lo bueno posible en los lugares que habitan ancestralmente o por recuperación legítima.

 

Raúl Zibechi observa y analiza de cerca la dinámica de los movimientos sociales en América Latina. Además de reportajes y artículos, publica con propositiva constancia libros sobre Brasil, Bolivia y otros países, conoce a fondo el zapatismo mexicano y se involucra en las protestas y acciones populares de su país, Uruguay, y otras naciones del área. Recientemente publicó Cambiar el mundo desde arriba: los límites del progresismo (Desdeabajo, Bogotá, 2016), en colaboración con Decio Machado. Entrevistado en el País Vasco, Zibechi reiteró su crítica al progresismo sudamericano en términos que irritan a los seguidores de los gobiernos de izquierda, aunque la evolución (involución) de estos le conceda razón.

 

Sopesa los errores de estas experiencias, en Brasil por ejemplo: No tocar al 10 por ciento de poderosos que concentran la mayoría de riqueza; no hacer reformas estructurales y perpetuar el modelo extractivo. Nos hemos dado cuenta tarde de qué supone el modelo. En un principio sólo fuimos capaces de ver sus negativos efectos medioambientales y para la salud humana. Además, el extractivismo es una cultura, genera una situación dramática: una parte de la población sobra porque no está en la producción. Se crea así un campo sin campesinos. El monocultivo y la megaminería apenas generan empleo. “También tenemos un extractivismo urbano: ciudades donde los pobres son llevados cada vez más lejos, y si esto funcionara a tope –lo que pasa es que hay resistencias– hoy las villas ya no existirían”.

 

El modelo extractivo genera una sociedad sin sujetos con su modelo de tierra arrasada. Los movimientos que surgen lo van a hacer en los márgenes de la producción capitalista. Es difícil organizar a la gente que está por fuera de. Eso nos coloca en una situación compleja que nos está llevando a la necesidad de organizar a la gente en las peores condiciones, sin vinculación con la producción, donde hay una degradación de la trama social, otra de las consecuencias nefastas del modelo extractivo. No cuesta mucho encontrar políticas económicas claramente reaccionarias en la agenda posneoliberal de los llamados gobiernos progresistas. Cita Brasil de nuevo: los grandes bancos están obteniendo las mayores ganancias de su historia, mientras se fomenta el consumo como forma de integración despolitiza los sectores populares. Ese era, tal vez, el objetivo del gobierno de Lula, que pretendió contentar a los de abajo y también a los de arriba, buscando evitar el conflicto social.

 

A fin de cuentas, la crisis de los gobiernos progresistas se debe a la incapacidad de salir del modelo extractivo, que es un modelo de sociedad, como lo fue la industrial: las relaciones sociales, la cultura, la vida; un modelo de muerte que margina a 30 o 40 por ciento de la población, la condena a permanecer en sus periferias, recibir políticas sociales y no poder organizarse, ya que cuando se mueve un poquito, cuando sale de sus barrios, es criminalizada. Zibechi propone repensar para denunciarlo y discutir políticamente al modelo que caducó. Con gobiernos de izquierda y de derecha, el modelo se mantiene.

 

En lo inmediato, su pronóstico es negativo: van a gobernar las derechas. A mediano plazo, para que la correlación de fuerzas cambie, habrá que ver qué hacen los movimientos sociales. Creo que en un plazo relativamente breve van a volver a la ofensiva, y una de las tareas centrales, si se quiere llegar al gobierno, será discutir con qué programa, qué realizaciones tendrán lugar, cuáles van a ser los aliados.

 

 

 

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