Sábado, 29 Abril 2017 07:38

Destrucción neta de biodiversidad

Destrucción neta de biodiversidad

 

Se puede medir cuánto vale la vida de un pueblo indígena o campesino? ¿O cuánto vale su muerte? Las empresas que quieren explotar sus territorios y a las cuales esas comunidades les molestan, piensan que sí. Por eso inventaron el concepto de compensaciones por biodiversidad (biodiversity offsets). Así, una empresa minera o hidráulica, una constructora, enormes plantaciones de monocultivos de árboles, o cualquier otro megaemprendimiento que implica devastar un territorio, podría compensar la destrucción, supuestamente conservando biodiversidad en otra parte. Las que más están usando este perverso concepto son mineras, pero otras, como Cemex, no se quedan atrás.

La propuesta que se discute en el senado sobre una Ley General de Biodiversidad, de la senadora Ninfa Salinas del PVEM, aunque no nombra esta modalidad específicamente, la facilita a través de los vacíos y las nuevas regulaciones que establece y sobre todo, por el desconocimiento que predomina en la propuesta sobre el rol esencial, histórico y actual, de las comunidades indígenas y campesinas en el cuidado y crianza de la biodiversidad.

El concepto de compensaciones por biodiversidad es una mina de oro para las empresas, porque les permite aumentar sus ganancias y aparecer como verdes. Primero ganan con el emprendimiento contaminante que instalen y por salir impunes por la devastación causada. Segundo, se apropian o pasan a gestionar un área de biodiversidad en otra zona, con la que pueden conseguir ganancias adicionales, sea por el incipiente mercado secundario de bonos de compensación por biodiversidad, como por la venta de servicios ambientales, mercados de carbono, o por contratos que podrían firmar para patentar elementos de la biodiversidad, como plantas, insectos o microorganismos que se encuentren en ese predio, como dice la propuesta de ley nombrada.

Parte de la estrategia de las empresas para facilitar la operación es denigrar a los pueblos que viven allí, a quienes acusan de que si la empresa no se hubiera hecho cargo, hubieran devastado su territorio, por lo que al desplazarlos, están cuidando la biodiversidad.

El desplazamiento de territorio, como bien saben todos los pueblos que lo han sufrido, es una sentencia de muerte para las comunidades, sus culturas, sus formas de vivir y trabajar. Cuando las reubican, las trasladan a zonas que no conocen, que no son fértiles y donde no pueden practicar sus formas tradicionales de sustento. Un ejemplo de compensación por biodiversidad que presenta la minera RioTinto como modelo, es el caso de una mina en Madagascar, a partir de la cual reubicaron a una comunidad. Nunca les informaron que no podría acceder al bosque y que el lugar que les dieron para sembrar eran dunas de arena. El Movimiento Mundial de Bosques fue allí y publicó un informe sobre lo que realmente ocurrió, que muestra el significado de este tipo de compensación. Un modelo, sí, de cómo operan las trasnacionales. (http://tinyurl.com/mdm4gd5)

Estas compensaciones parten de las mismas bases teóricas que los mercados de carbono, los pagos por servicios ambientales y el concepto de cero emisiones netas en cambio climático. El supuesto básico es que las emisiones de gases, la contaminación y la devastación, pueden ser compensadas. No se trata de parar la devastación y contaminación ambiental ni la destrucción de la biodiversidad, sino de hacer la contabilidad correcta: si el daño producido supuestamente se compensa en otra parte, la suma total dará cero. Esto de nada sirve para frenar el cambio climático, cuidar la biodiversidad y mucho menos a los pueblos desplazados o a quiénes ya no pueden beber más agua de su río, a quiénes pierden su bosque, su tierra y su sustento. Pero cuantificar la destrucción, permite emitir bonos y créditos comerciables.

En el caso del cambio climático, esta operación obvia realidades muy graves. No existe ninguna evidencia de que los mercados de carbono hayan mejorado en nada el cambio climático, aunque sí hay evidencias de las ganancias de quienes comercian emisiones. Pero de todos modos, ya no queda espacio climático para seguir emitiendo, porque el exceso de gases de efecto invernadero de unos cuantos países ha sido tan grande que no hay posibilidad de compensar para seguir emitiendo gases; la única solución real es reducir las emisiones. En el caso de la biodiversidad, el planteo es descabellado, porque la diversidad biológica y cultural son procesos locales, co-evolutivos y de larga historia, no se puede destruir un espacio y pensar que conservar otro lo compensará, mucho menos que se puede arrancar a una comunidad de su territorio.

En el contexto de la COP 13 del Convenio de Biodiversidad que se realizó en 2016 en Cancún, esta modalidad de compensación fue un tema entusiasta del Foro de Negocios y Biodiversidad, con empresas de todo el mundo. También integra la visión de la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios, formada poco antes de la COP13, integrada por empresas mexicanas y transnacionales como Bimbo, Cemex, Grupo México, Nestlé, Basf, Syngenta, Walmart, Banorte, CitiBanamex, Proteak, BioPappel, Televisa, Masisa, Canaco Cdmx, junto a instituciones y ONG como Cespedes, Pronatura, The Nature Conservancy, Rainforest Alliance, Conservación Internacional México, Reforestamos México, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Biofin, Cemda, COBI y Ecovalores, muchas de las cuales han tenido un rol clave en la mercantilización de la biodiversidad.

Es importante conocer y no permitir que avancen estas nuevas trampas que justifican la destrucción de la biodiversidad y nuevos ataques a comunidades campesinas e indígenas, sus verdaderos custodios.

 

*Investigadora del Grupo ETC

 

 

Publicado enMedio Ambiente
Venezuela desde adentro: siete claves para entender la crisis actual

 

No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’, y que no son explicados en su conjunto por los principales medios de comunicación. Planteamos siete claves de la crisis actual en donde se resalta que no se puede comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea y que el concepto de ‘dictadura’ ni explica el caso venezolano ni es una especificidad regional de ese país. A su vez planteamos que se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal y que se está canalizando el devenir y las definiciones políticas de la actual situación por la vía de la fuerza y a través de un buen número de mecanismos informales, excepcionales y subterráneos. Proponemos que el horizonte compartido de los dos bloques partidarios de poder es neoliberal, que estamos ante una crisis histórica del capitalismo rentístico venezolano y que comunidades, organizaciones populares y movimientos sociales se enfrentan a un progresivo socavamiento del tejido social.

El trato que se le da a Venezuela en los grandes medios de comunicación internacionales es sin duda especial en todo el mundo. No tenga dudas que hay demasiadas tergiversaciones, demasiado maniqueísmo, demasiados slogans, demasiadas manipulaciones y omisiones.

Más allá de las versiones cretinizantes de la neolengua mediática que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave de ‘crisis humanitaria’, ‘dictadura’ o ‘presos políticos’, o bien de la narrativa heroica de la Venezuela del ‘socialismo’ y la ‘revolución’ que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave ‘guerra económica’ o ‘ataque imperial’, hay muchos temas, sujetos y procesos que son invisibilizados, que ocurren mar adentro y que esencialmente constituyen el escenario político nacional. No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’.

El criterio de acción e interpretación basado en la lógica ‘amigo-enemigo’ responde más a una disputa entre élites de los partidos políticos y grupos económicos que a los intereses fundamentales de las clases trabajadoras y la defensa de los bienes comunes. Es necesario apostar por miradas integrales del proceso de crisis y conflicto nacional, que contribuyan a trazar las coordenadas para trascender o enfrentar la coyuntura actual.

Presentamos 7 claves para su comprensión, analizando no solo la disputa gobierno-oposición, sino también procesos que se están desarrollando en las instituciones políticas, en los tejidos sociales, en las tramas económicas, al tiempo que se resaltan las complejidades sobre el neoliberalismo y los regímenes de gobierno y gobernanza en el país.

 

I. No es posible comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea

 

El rico y vasto conjunto de los llamados ‘recursos naturales’ del país; su posición geo-estratégica; su desafío inicial a las políticas del Consenso de Washington; su influencia regional para la integración; así como sus alianzas con China, Rusia o Irán; le otorgan un notable significado geopolítico a Venezuela. Sin embargo, hay sectores intelectuales y mediáticos que continuamente buscan obviar las muy fluidas dinámicas internacionales que impactan y determinan el devenir político en el país, donde resalta el persistente accionar intervencionista del Gobierno y los diferentes poderes fácticos de los Estados Unidos.

En este sentido, estos sectores se encargan de ridiculizar la crítica al imperialismo, y presentan al Gobierno Nacional como el único actor de poder en juego en Venezuela, y por ende el único objeto de interpelación política.

Sin embargo, desde la instauración de la Revolución Bolivariana se ha desarrollado un intenso intervencionismo estadounidense hacia Venezuela, el cual se ha recrudecido y tornado más agresivo a partir de la muerte del presidente Chávez (2013) y del contexto de agotamiento del ciclo progresista y restauración conservadora en América Latina. Vale recordar la Orden Ejecutiva firmada por Barack Obama en marzo de 2015 en la cual se declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los EEUU –‘an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States’[1]. Ya sabemos qué le ha ocurrido a los países que son catalogados de esta manera por la potencia del norte.

Actualmente, además de las amenazantes declaraciones del Jefe del Comando Sur, el Almirante Kurt W. Tidd (6 de abril de 2017), planteando que la ‘crisis humanitaria’ en Venezuela podría obligar a llevar adelante una respuesta regional –‘The growing humanitarian crisis in Venezuela could eventually compel a regional response’[2]–, y de la evidencia de la agresividad de la política exterior de Donald Trump con el reciente bombardeo a Siria, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, encabeza junto a varios países de la región el intento de aplicación de la Carta Democrática para abrir un proceso de ‘restitución de la democracia’ en el país.

Los ideólogos y operadores mediáticos de la restauración conservadora en la región se muestran muy preocupados por la situación de Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela, pero no logran explicar en sus análisis porque extrañamente no se hace ningún esfuerzo supranacional del mismo tipo frente a la espantosa crisis de DDHH en países como México y Colombia. En este sentido parece que la indignación moral es relativa y prefieren callar.

Sea pues, por razones de intencionalidad política o ingenuidad analítica, estos sectores despolitizan el rol de los organismos supranacionales desconociendo las relaciones geopolíticas de poder que los constituyen, que hacen parte de su propia naturaleza. Una cosa es una lectura paranoica de todas las operaciones impulsadas por estos organismos globales y otra muy diferente es una interpretación puramente procedimental de su accionar, obviando los mecanismos de dominación internacional y control de mercados y de recursos naturales que se han canalizado a través de estas instituciones de gobernanza global y regional.

Pero hay algo importante que agregar. Si hablamos de intervención, no podemos solo hablar de los EEUU. En Venezuela hay crecientes formas de intervencionismo chino en la política y las medidas económicas que se han ido tomando, lo que apunta a pérdidas de soberanía, incremento de la dependencia con la potencia asiática y procesos de flexibilización económica.

Una parte de la izquierda ha preferido callar estas dinámicas, dado que parece que la única intervención que merece ser señalada es la estadounidense. Pero ambas vetas de injerencia foránea se están desarrollando para favorecer la acumulación capitalista transnacional, la apropiación de ‘recursos naturales’ y para nada tienen que ver con las reivindicaciones populares.

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II. El concepto de ‘dictadura’ no explica el caso venezolano

 

Casi desde el inicio de la Revolución Bolivariana se ha tildado a Venezuela de ser una ‘dictadura’. Este concepto sigue siendo objeto de amplios debates en la teoría política debido a que ha sido desafiado por las transformaciones y complejización de los regímenes y ejercicios de poder contemporáneos, sobre todo en la actual época globalizada, lo que plantea serios vacíos e imprecisiones en sus definiciones.

La ‘dictadura’ suele estar asociada a regímenes políticos o tipos de gobierno en los cuales todo el poder está concentrado, sin limitaciones, en una sola persona o un grupo de ellas; hay una ausencia de división de poderes; ausencia de libertades individuales, de libertad de partidos, libertad de expresión; e incluso en ocasiones el concepto ha sido vagamente definido como ‘lo opuesto a la democracia’.

El término ‘dictadura’ en Venezuela ha sido utilizado y masificado en la jerga mediática de manera bastante superficial, visceral y de una forma moralizante, prácticamente para plantearlo como una especie de especificidad venezolana, distinguiéndose así de los otros países de la región, donde en teoría sí habría regímenes ‘democráticos’.

El asunto es que en Venezuela en la actualidad difícilmente se puede decir que todo el poder está concentrado sin limitaciones en una sola persona o un grupo de ellas, debido a que en el país estamos ante un mapa de actores, que si bien es jerarquizado, es a la vez fragmentado y volátil –sobre todo después de la muerte del presidente Chávez–, en tanto la existencia de diversos bloques de poder que pueden aliarse o bien estar enfrentados entre ellos y que desborda la dicotomía gobierno-oposición.

Aunque exista un gobierno con un componente militar importante, con crecientes expresiones de autoritarismo y con cierta capacidad de centralización, el escenario es altamente movedizo. No hay dominación total de arriba hacia abajo, y hay cierta paridad entre los grupos de poder en disputa. En cambio el conflicto podría desbordarse, caotizando aún más la situación.

El hecho de que la oposición venezolana controle la Asamblea Nacional, la cual ganó contundentemente por la vía electoral, señala además que antes que una pura ausencia de división de poderes, hay en cambio una disputa entre ellos, hasta ahora favorable a la combinación Ejecutivo-Judicial.

Antes pues que hablar de un régimen político homogéneo, estamos ante una amplia y conflictiva red de fuerzas. La metástasis de la corrupción hace que el ejercicio del poder se descentralice aún más, o bien se dificulte su centralización por parte del Poder Constituido.

Lo que sí tiene que ver con el viejo concepto romano de dictadura, es que en este contexto el Gobierno nacional está gobernando por medio de decretos y medidas especiales en el marco de un declarado ‘estado de excepción’, que se oficializa desde principios de 2016. En nombre de la lucha contra la guerra económica, el avance de la delincuencia y del paramilitarismo, y los avances subversivos de la oposición, numerosas mediaciones institucionales y procedimientos democráticos están siendo omitidos. Destacan por su gravedad políticas de seguridad como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que representan intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para “combatir el hampa”, los cuales suelen tener polémicos saldos en muertes; la paralización del referéndum revocatorio; la suspensión de las elecciones a gobernación en 2016 sin todavía quedar claro cuando se realizarán; crecientes represiones y excesos policiales ante el descontento social producto de la situación en el país; y un incremento de procesos de militarización, resaltando las zonas fronterizas y las declaradas de ‘recursos naturales estratégicos’.

Este es el mapa político que, junto a las diversas formas de intervención foránea, configuran el escenario de guerra de baja intensidad que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana de los venezolanos. Es este el marco en el que se desenvuelven las libertades individuales, la oposición y pluralidad partidaria, la convocatoria y realización de marchas, expresiones de disidencia y críticas en los medios de comunicación, entre otras formas de la llamada democracia en Venezuela.

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III. En Venezuela se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal

 

Si hay algo que podría definirse como una especificidad del caso venezolano es que su escenario socio-político actual está desgarrado, profundamente corrompido y altamente caotizado. Hemos sostenido que en el país estamos ante una de las crisis institucionales más severas de toda América Latina[3], haciendo referencia con esto al conjunto de las instituciones jurídicas, sociales, económicas, políticas, entre otras, que conforman la República venezolana.

La crisis histórica del modelo de acumulación rentista petrolero, la metástasis de la corrupción en el país, severas vulneraciones al tejido social desde el ‘período neoliberal’ y en especial desde 2013, y la intensidad de los ataques y disputas políticas, han desbordado en su conjunto los marcos de las instituciones formales de todos los ámbitos de la sociedad, canalizándose muy buena parte de las dinámicas sociales por la vía de mecanismos informales, subterráneos e ilegales.

En el ámbito económico, la corrupción se ha transformado en un mecanismo transversal y motorizador de distribución de la renta petrolera, desviando enormes sumas de divisas a discrecionalidad de unos pocos, y socavando las bases de la economía formal rentista. Esto ocurre de manera determinante con PDVSA[4], la principal industria del país, así como con fondos clave como el Fondo Chino-Venezolano o con numerosas empresas nacionalizadas.

El colapso de la economía formal ha hecho de la informalidad prácticamente uno de los ‘motores’ de toda la economía nacional. Las fuentes de oportunidades sociales, sea de ascenso social o de posibilidad de mayores ganancias, se encuentran con frecuencia en el llamado ‘bachaqueo’ de alimentos (el comercio ilegal, a altísimos precios, dirigidos al mercado negro)[5] u otras formas de comercio en los diversos mercados paralelos, sea de divisas, medicinas, gasolina, etc.

En el ámbito político-jurídico, el estado de derecho carece de respeto y reconocimiento por parte de los principales actores políticos, quienes no solo se desconocen mutuamente sino recurren a movidas políticas dispuestos a todo para vencerse el uno al otro. El Gobierno nacional enfrenta a las que considera las ‘fuerzas enemigas’ con medidas de excepción y conmoción, mientras que grupos de la oposición más reaccionarios despliegan operaciones violentas de vandalismo, confrontación y ataque a infraestructuras. En este escenario se ha mermado sobremanera el estado de derecho, haciendo muy vulnerable a la población venezolana.

Cada vez reina una mayor impunidad, la cual se ha expandido a todos los sectores de la población. Esto no solo hace que se enquiste aún más la corrupción, que luce indetenible, sino que implica que la población no espere nada del sistema de justicia, y cada vez más la ejerza con sus propias manos.

El colapso del contrato social genera tendencias de ‘sálvese quien pueda’ en la población. La fragmentación del poder también ha contribuido a que se generen, crezcan y se fortalezcan diversos poderes territoriales, como lo son los llamados ‘sindicatos mineros’ que controlan con armas minas de oro en el estado Bolívar, o bandas criminales que dominan sectores de Caracas como El Cementerio o La Cota 905[6].

El marco presentado implica nada más y nada menos que el devenir y las definiciones políticas de la actual situación en el país se están desarrollando en muy buena medida por la vía de la fuerza.

 

IV. La crisis de largo plazo del capitalismo rentístico venezolano (1983-2017)

 

El hundimiento de los precios internacionales del crudo ha sido determinante en el desarrollo de la crisis venezolana, pero no es el único factor que explica este proceso. Desde la década de los años 80 hay crecientes síntomas de agotamiento del modelo de acumulación basado en el extractivismo petrolero y la distribución de la renta que genera. La actual fase de caotización de la economía nacional (2013-hoy) es también producto del devenir económico de los últimos 30 años en el país. ¿Por qué?

Varias razones lo explican. Alrededor del 60% de los crudos venezolanos son pesados y extra-pesados. Estos crudos son económicamente más costosos y requieren mayor uso de energía y el empleo de procesamientos adicionales para su comercialización. La rentabilidad del negocio que alimenta al país va descendiendo con respecto a tiempos anteriores, cuando prevalecían crudos convencionales. Esto ocurre al mismo tiempo que el modelo exige cada vez más ingresos rentísticos y cada vez más inversión social no solo para paliar las crecientes necesidades de una población que sigue en aumento.

La hiper-concentración poblacional en las ciudades (más de 90%) promueve un uso de la renta orientado fundamentalmente en el consumo (de bienes importados) y muy poco en formas productivas. Las épocas de bonanza promueven el fortalecimiento del sector extractivo (primario) –los efectos de la llamada ‘Enfermedad Holandesa’– lo que vulnera notablemente a los ya débiles sectores productivos. Luego de finalizada la bonanza (como ocurrió a fines de los 70 y ahora desde 2014), la economía queda más dependiente y aún más débil para enfrentar una nueva crisis.

La corrupción socio-política del sistema también posibilita fugas y descentralizaciones fraudulentas de la renta, lo que impide el desarrollo de políticas coherentes de distribución para paliar la crisis

La creciente volatilidad de los precios internacionales del crudo, así como cambios en los balances de poder global en torno al petróleo (como la progresiva pérdida de influencia de la OPEP) tienen también significativos impactos en la economía nacional.

Mientras se desarrollan todos estos vaivenes económicos en el país, los recursos ecológicos se siguen socavando y agotando, lo que amenaza los medios de vida de millones de venezolanos para el presente y futuro.

La actual solución que impulsa el Gobierno nacional ha sido incrementar notablemente el endeudamiento externo, distribuir la renta de manera más regresiva para la población, expandir el extractivismo y favorecer al capital transnacional.

En suma, cualquiera de las élites que gobierne en los próximos años, tendrá que enfrentar, sí o sí, los límites históricos que se han alcanzado con el viejo modelo rentista petrolero. No bastará solo esperar un golpe de suerte para que los precios del petróleo suban. Se vienen trascendentales cambios y habrá que estar preparados para enfrentarlos.

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V. ¿Socialismo? en Venezuela se está llevando a cabo un proceso de ajuste y flexibilización económica progresivo

 

En el país se está desarrollando un proceso de ajuste progresivo y sectorizado de la economía, flexibilizando previas regulaciones y restricciones al capital, y desmantelando paulatinamente los avances sociales alcanzados en tiempos anteriores en la Revolución Bolivariana. Estos cambios aparecen enmascarados en nombre del Socialismo y la Revolución, aunque representan políticas cada vez más rechazadas por la población.

Destacan políticas como la creación de las Zonas Económicas Especiales, las cuales representan liberalizaciones integrales de partes del territorio nacional, una figura que entrega la soberanía a los capitales foráneos que pasarían a administrar prácticamente sin limitaciones dichas regiones. Se trata de una de las medidas más neoliberales desde la Agenda Venezuela implementada por el gobierno de Rafael Caldera en los años 90, bajo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

También resaltan la paulatina flexibilización de los convenios con las corporaciones foráneas en la Faja Petrolífera del Orinoco; liberalización de precios de algunos productos básicos; creciente emisión de bonos soberanos; devaluación de la moneda, creándose un tipo de cambio flotante (Simadi); aceptación de algunos trámites comerciales directamente en dólares, por ejemplo, en el sector turismo; o el fiel cumplimiento de los pagos de deuda externa y los servicios de la misma, lo que implica un recorte en las importaciones y consiguientes problemas de escasez de bienes de consumo básico.

Se está impulsando el relanzamiento de un extractivismo flexibilizado, apuntando fundamentalmente hacia las nuevas fronteras de la extracción, donde destaca el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, el cual plantea instalar como nunca antes la mega-minería en un territorio de 111.800 kms2 de extensión, amenazando fuentes de vida claves para los venezolanos, en especial para los pueblos indígenas. Estos proyectos suponen además el atornillamiento por largo plazo a los esquemas de dependencia que produce el extractivismo[7].

Cabe destacar que estas reformas se combinan con el mantenimiento de algunas políticas de asistencia social, continuos aumento de los salarios nominales, algunas concesiones a demandas de las organizaciones populares y el uso de una narrativa revolucionaria e antiimperialista. Esto evidentemente tiene como uno de sus principales objetivos el mantenimiento de los apoyos electorales que quedan.

Estamos en presencia de lo que hemos llamado un ‘neoliberalismo mutante’, en la medida en la que se combinan formas de mercantilización, financiarización y desregulación con mecanismos de intervención estatal y asistencia social.

Parte de la izquierda ha estado muy enfocada en evitar la llegada de gobiernos conservadores al poder para así evitar la ‘vuelta del neoliberalismo’. Pero olvidan mencionar cómo gobiernos progresistas también avanzaron en varias medidas selectivas, mutantes e híbridas de perfil neoliberal, que finalmente afectan al pueblo y a la naturaleza[8].

 

VI. ¿La alternativa? El proyecto de los partidos de la ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es neoliberal

 

La derechista ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es el bloque predominante de la oposición partidista al Gobierno nacional, aunque una oposición de izquierda haya venido creciendo lentamente y es muy factible que lo siga haciendo. Esta izquierda crítica, al menos la más definida, no se identifica con la MUD por lo que no articula políticamente con esta.

La MUD no es un bloque homogéneo, y en cambio existen sectores que van, desde influyentes grupos radicales de extrema derecha –que podríamos llamar ‘uribistas’–, hasta llegar a algunos sectores de conservadurismo light, y de liberalismo elitario con cierta tendencia distribucionista. Estos diversos grupos tienen una relación conflictiva entre ellos y con eventuales careos y desplantes mutuos.

A pesar de sus diferencias, a los diferentes grupos de la MUD los une al menos tres factores fundamentales: su matriz ideológica, las bases de su programa económico y su agenda reaccionaria ante el Gobierno nacional y ante la posibilidad de una profunda transformación de corte popular emancipatorio. Nos referiremos a las dos primeras.

Su matriz ideológica está profundamente determinada por la teoría neoclásica y por el liberalismo conservador, enalteciendo obsesivamente la propiedad privada, el fin de la ‘ideologización’ por parte del Estado y el auge de las libertades empresariales e individuales.

Estos pilares ideológicos son más claros en la programática de este bloque que en sus propios discursos mediáticos, donde la retórica es simplista, superficial y llena de consignas. La síntesis más acabada de su modelo económico se encuentra en los ‘Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)’[9]. Se trata de una versión neoliberal más ortodoxa del extractivismo petrolero, en relación al proyecto del actual Gobierno venezolano.

Destaca el hecho de que, a pesar de enarbolar la bandera del ‘cambio’ y la ‘Venezuela productiva’, su propuesta plantea llevar la extracción de petróleo en Venezuela hasta 6 millones de barriles diarios, poniendo énfasis en el incremento de las cuotas de la Faja Petrolífera del Orinoco. Aunque se acusen, riñan y señalen públicamente, las propuestas petroleras de Henrique Capriles Radonski (Petróleo para tu Progreso)[10] y Leopoldo López (Petróleo en la Mejor Venezuela[11]) son gemelas, y consensuan con el ‘Plan de la Patria’ 2013-2019 impulsado por el Gobierno nacional. El cambio anunciado no es más que otro atornillamiento con el extractivismo, más rentismo y desarrollismo, y las consecuencias económicas e impactos socio-ambientales y culturales que conlleva este modelo.

 

VII. La fragmentación del ‘pueblo’ y el progresivo socavamiento del tejido social

 

En todos estos procesos de guerra de baja intensidad y caos sistémico, el principal afectado es el pueblo trabajador. La potente cohesión socio-política que se configurara en los primeros años de la Revolución Bolivariana ha sufrido no solo un desgaste sino una progresiva desarticulación. Pero estas afectaciones han llegado incluso a la propia médula de los tejidos comunitarios del país.

La precariedad para cubrir las necesidades básicas de la vida cotidiana; los incentivos a la resolución individual y competitiva de los problemas socio-económicos de la población; la metástasis de la corrupción; la canalización de los conflictos y disputas sociales por la vía de la fuerza; la pérdida de referentes ético-políticos y el desgaste de la polarización debido al descrédito de los partidos; la agresión directa a experiencias comunitarias fuertes o importantes y a líderes comunitarios por parte de diversos actores políticos y territoriales; hacen parte de este proceso de vulneración de los tejidos sociales que apunta a socavar los verdaderos pilares de un potencial proceso de transformación popular-emancipatorio o de las capacidades de resistencia de la población ante un mayor avance de fuerzas regresivas en el país.

Mientras tanto, diversas organizaciones de base popular y movimientos sociales a lo largo y ancho del país insisten en construir una alternativa desde sus territorios. Los tiempos dirán cual será su capacidad de resistencia, adaptación y sobre todo su habilidad colectiva para articularse entre ellos y disputar con mayor fortaleza el rumbo del proyecto político nacional.

Si hay una solidaridad irrenunciable que debería impulsarse desde las izquierdas en América Latina y el mundo, debe ser con este pueblo luchador, ese que históricamente ha cargado sobre sus hombros la explotación y los costos de la crisis. Ese que frecuentemente ha desbordado y se ha re-apropiado de las calles buscando que sus demandas sean escuchadas y atendidas. Ese que en la actualidad se enfrenta a los complejos dilemas que suponen los actuales tiempos de reflujo y regresiones. Este pareciera que es el verdadero punto de honor de las izquierdas. El costo de darle la espalda a estas contra-hegemonías populares en nombre de una estrategia de conservación del poder podría ser muy alto.

 

Caracas, abril de 2017

 

Texto publicado originalmente en Alainet.org

 

Emiliano Terán Mantovani es sociólogo venezolano, ecologista político e investigador en ciencias sociales.

 

[1] https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/03/09/executi...

[2] http://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/Posture%20Statements/SOUTHCO...

[3] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=207450

[4] http://www.correodelorinoco.gob.ve/impacto/maduro-hay-que-ir-a-sanear-pr...

[5] http://www.eluniversal.com/noticias/economia/leon-bachaquero-invierte-40...

[6]http://efectococuyo.com/principales/van-al-menos-24-fallecidos-en-enfrentamientos-entre-cicpc-y-bandas-delincuenciales; http://www.radiomundial.com.ve/article/enfrentamiento-en-cota-905-deja-1...

[7] http://www.alainet.org/es/articulo/175893

[8] http://www.alainet.org/es/articulo/172285

[9] http://static.telesurtv.net/filesOnRFS/opinion/2015/12/09/mud_government...

[10] http://www.eluniversal.com/noticias/politica/plan-petroleo-para-progreso...

[11] http://www.leopoldolopez.com/en-la-mejor-venezuela-duplicaremos-la-produ...

 

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Una joven salvadoreña protestó el pasado miércoles contra la minería en la Asamblea Legislativa en San Salvador.

 


IPS

El más pequeño país de América Central, El Salvador, se convirtió en la primera nación del mundo en prohibir, por ley, la minería metálica en todas sus formas, sentando un precedente para que otros pueblos del mundo sigan el ejemplo, aseguran activistas y pobladores.

“Es histórico, estamos enviando una señal al mundo, de que los países pueden tener otros caminos diferentes y decir no a esa industria”, dijo a IPS el líder ambiental Edgardo Mira, de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, un colectivo de organizaciones ecologistas.

Con 69 votos, de 84 posibles, los diputados de la unicameral Asamblea Legislativa aprobaron el miércoles 29 de marzo la ley, calificada de histórica, en que mediante 11 artículos prohíbe de tajo esa industria, ya sea subterránea o a cielo abierto.

Decenas de activistas se concentraron desde temprano ese día en la entrada de la Asamblea para exigir, en un ambiente de júbilo, el cumplimiento del acuerdo en favor de la prohibición alcanzado la víspera por los diputados en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático, paso previo para la votación en plenaria.

“He visitado las antiguas minas que se explotaron en el siglo pasado, donde se ve claramente las secuelas dejadas, como el drenaje ácido en los ríos, eso pasaría en el resto del país”, apuntó a IPS el jubilado César Augusto Jaco, del populoso barrio capitalino de Cuscatancingo.

Sosteniendo un rótulo de fondo amarillo con la imagen de una calavera, en negro, este miembro de 76 años, de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador, subrayó, frente a la Asamblea: “la minería es nefasta, no concibo que no va a dañar nuestras fuentes de agua”.

El riesgo de dañar los mantos acuíferos ha sido uno de los frentes de lucha de los activistas ante la industria extractiva, que se sabe usa millones de litros del líquido para obtener el oro.

El Salvador es uno de los países con mayor vulnerabilidad ambiental, según organismos internacionales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Tribunal Latinoamericano del Agua y la Asociación Mundial del Agua coinciden en que el país camina a una situación de estrés hídrico, explicó a IPS el investigador Andrés McKinley, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

La ley también veta el uso de cianuro, mercurio y otros metales usados en esa actividad. Otorga, no obstante, un periodo de gracia de dos años a las personas que se dedican a la minería metálica artesanal, para que puedan reconvertirse a otras actividades productivas.

Mira, de la Mesa Nacional, calculó que alrededor de 300 personas se dedican a ello, sobre todo en la Mina San Sebastián, en la jurisdicción de Santa Rosa de Lima, en el oriental departamento de La Unión.

La legislación es retroactiva y de ese modo cierra con candado los permisos de exploración que pudieran estar en trámite.

El informe “La Amenaza de la Minería Metálica en un Mundo con Sed”, elaborado por McKinley y publicado en 2015 por la UCA, documenta los casos de países donde se ha restringido la actividad, pero sin vetarla legalmente.

Costa Rica, dice el documento, aprobó en 2012 una legislación que prohibió la minería metálica de cielo abierto, permitiendo la subterránea.

En 2002, agrega, el gobierno de la provincia de Mindoro Oriental, en Filipinas, aprobó una moratoria de 25 años para proyectos mineros, y en 2011, la provincia de Zamboanga hizo lo propio en cielo abierto.

En Estados Unidos, en 2014, la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA, en inglés) prohibió la apertura de la mina Pebble, ubicada en el estado de Alaska, para proteger el hábitat más extenso del mundo del salmón rojo (Oncorhynchus nerka).

Antes, en 1989, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, impuso 50 años de moratoria de toda actividad minera en el sureño estado de Amazonas. Pero eso no impidió la expansión de la minería ilegal en la selvática región y el gobierno actual revertió de facto la medida, permitiendo la explotación minera allí.

“El Salvador es el primer país del mundo que evalúa los costos y beneficios para el país de esta industria y ejercer su derecho a decir no”, acotó McKinley a IPS.

La aprobación de la ley fue producto de diversos factores que confluyeron para convencer a los parlamentarios de cumplir de una vez por todos con el largo anhelo de activistas y comunidades cercanas a yacimientos mineros, de vetar la industria manera.

Entre ellos, la presión tanto de las organizaciones ambientalistas que han luchado por años por ese objetivo desde hace más de una década, como de la Iglesia Católica, que hizo suya esa exigencia popular.

El 9 de marzo, el arzobispo de San Salvador, Luis Escobar Alas, encabezó una marcha contra la minería metálica que culminó en las afueras de la Asamblea Legislativa, para presentar el proyecto de ley elaborado por la UCA, el documento que fue la base para la ley finalmente aprobada.

“La Iglesia Católica es un enorme poder en El Salvador, y su lucha junto a las comunidades no empieza este año, sino en 2007 cuando ya se posiciona, como Conferencia Episcopal, con su documento Cuidemos la Casa de Todos”, apuntó McKinley.

La ley es la culminación de años de lucha por parte de organizaciones ambientalistas y líderes comunitarios que se opusieron, sobre todo, a los trabajos desarrollados en la mina El Dorado, en el central departamento de Cabañas, por la compañía Pacific Rim, ahora OceanaGold tras ser adquirida en 2013 por esta corporación australiana-canadiense.

La compañía demandó a El Salvador por 250 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, siglas en inglés), luego de que en 2008 el gobierno de entonces, de derechas, le negara el permiso de explotación.

Los dos gobiernos sucesivos del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional han mantenido desde el 2009 esa moratoria no declarada.

En octubre del 2016, el Ciadi resolvió a favor de El Salvador, y falló que la empresa debe además pagar ocho millones de dólares en costos procesales, lo que la empresa no cumplió hasta ahora.

Y en un nuevo revés, ese tribunal determinó el 28 de marzo que la corporación pague además los intereses, a una tasa de entre dos y cinco por ciento mensual, por la mora en saldar la deuda en que ha incurrido desde octubre.

Esos fallos contribuyeron, también, a generar un clima propicio para la prohibición.

“Venimos en plan de celebrar el triunfo de nuestra lucha, celebración continúa allá en las comunidades donde la gente ha estado en resistencia”, señaló a IPS la coordinadora de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas, Rina Navarrete.

Agregó que el logro obtenido es una reivindicación al trabajo de “los mártires caídos en esta lucha en contra de la corporación minera”, en alusión a Ramiro Rivera, Marcelo Rivera (sin vinculación con el anerior) y Dora Alicia Sorto, ambientalistas asesinados por sicarios entre junio y diciembre del 2009, en ese poblado de Cabañas.

Naverrete, una madre soltera de dos hijos, residente en la localidad de Llano de la Hacienda, en Cabañas, retomó el trabajo del asesinado Marcelo Rivera.

Los activistas fueron presuntamente acribillados por su liderazgo contra las actividades de la entonces Pacific Rim en esa zona, aunque eso no quedó confirmado por las autoridades judiciales.

 

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/04/el-salvador-el-primer-pais-del-mundo-en-prohibir-la-mineria-metalica/

 

 

Publicado enMedio Ambiente
Sábado, 04 Marzo 2017 07:03

El progresismo caníbal

El progresismo caníbal

 

Algunas lecciones de las elecciones en Ecuador

 

 

Las recientes elecciones generales en Ecuador ofrecen varias lecciones que deben ser atendidas en todo el continente. Esa disputa electoral despertó mucho interés, como por ejemplo entre los que entendían que podía corroborar o rechazar la hipótesis del “fin” de los progresismos. A su vez, muestra las reacciones electorales frente a las estrategias desarrollistas del gobierno de Rafael Correa, fuertemente basadas en los extractivismos.

Ese tipo de cuestiones hace que sea muy importante analizar lo sucedido en Ecuador, aunque sin caer en los simplismos. Sea aquel de la superficialidad de una defensa publicitaria del gobierno como si fuese perfecto, ni tampoco el que lo concibe como un demonio rojo que está destruyendo todo a su paso. Hay demasiados ejemplos de esos dos dogmatismos en muchos medios de prensa y todos sabemos que poco sirven. De la misma manera, vale como advertencia que esta es una mirada desde “afuera” con todo lo que tiene de limitaciones como de bueno, enfocada en solo algunas lecciones, varias de ellas relacionadas con las estrategias de desarrollo, y que son relevantes para los demás países sudamericanos.

 
Los candidatos y los agrupamientos políticos

 

Lo primero que debe señalarse es que el agrupamiento de gobierno, Alianza Pais (Patria Altiva i Soberana), consiguió un muy importante respaldo ciudadano (39.3% de los votos). Es un apoyo sustantivo ya que ocurre a pesar del esperado desgaste de casi diez años de gobiernos ininterrumpido de Correa, de la crisis económica que vive el país, y que la candidatura estaba en manos de otra persona, Lenin Moreno.

Esto arroja varias lecciones. Aunque es necesario un ballotage para decidir la presidencia, es evidente que no hay un “final” del progresismo. Alianza Pais tiene una mayoría simple en el parlamento (se estiman por lo menos 73 legisladores). Está claro que hay amplios sectores sociales valoran ciertas mejoras (las que son muy visibles en algunos sectores sociales y en infraestructura). Moreno tuvo un fuerte respaldo en provincias de la sierra y la costa, y en las grandes ciudades; ganó en 15 capitales provinciales, incluyendo las principales ciudades (Quito, Guayaquil y Cuenca).

Asimismo, no se forzó una reforma constitucional para una nueva reelección de Correa, lo que debe ser observado con atención, especialmente desde Bolivia, donde el MAS sigue insistiendo con esa idea. Son debatibles las razones por las cuales eso no ocurrió en Ecuador, pero finalmente optaron por un candidato distinto (Lenin Moreno), lo que puede revigorizar al conglomerado político de gobierno. El contrapeso en ello es la omnipresencia de Correa, tanto sobre el candidato como sobre el movimiento político, frenando así las renovaciones.

Un segundo aspecto es que los sectores conservadores votaron divididos en por lo menos dos grandes corrientes (la alianza Movimiento Creo de Guillermo Lasso, 28%, y el Partido Social Cristiano con Cynthia Viteri, 16%). No es descabellado pensar que si hubieran unido posiblemente triunfaban en la primera vuelta; el total de las dos corrientes suma 44%. Por lo tanto, la victoria de Alianza Pais también refleja que perdieron los sectores conservadores tradicionales al no poder coordinar una misma candidatura. Lo que tradicionalmente se rotula como “la derecha” no es un sector unitario, y esa particularidad está presente en los países vecinos y debe ser examinada con atención (es muy clara también en Bolivia, Colombia, Perú y Chile, por ejemplo).

Esas dinámicas resultaron en que el candidato oficialista ganara en varios bastiones conservadores, como la ciudad de Guayaquil y en provincias de la costa.

En tercer lugar, la votación de la izquierda independiente, agrupada con el candidato Paco Moncayo, fue reducida (6,7%), aunque es casi el doble de las elecciones anteriores (y con ello ampliará su bancada legislativa). En este caso la izquierda participó en una coalición (Acuerdo Nacional por el Cambio) que incluyó a la Izquierda Democrática, Unidad Popular, el partido indígena Pachakutik y distintos movimientos sociales. De todos modos, una vez más la coordinación dentro de esa coalición se resquebrajó, ya que hubieron candidatos sectoriales que sacaron más votos que el candidato a la presidencia.

La existencia de esta izquierda independiente sirve para insistir en que los progresismos son una manifestación política distinta. La divergencia entre progresismo e izquierda ocurrió en Ecuador hace ya varios años, y no ha dejado de acentuarse.

 

Territorios, extractivismos y votos

 

Uno de los aspectos más llamativos en el caso ecuatoriano, es que en las zonas más golpeadas por los extractivismos minero y petrolero, ubicados en la Amazonia, se votó abrumadoramente contra el gobierno. Son regiones donde predominan colonos y comunidades indígenas, y muchos han sufrido impactos sociales y ambientales, o una creciente violencia. Recordemos que en plena campaña, el gobierno Correa militarizó territorios del pueblo indígena shuar, quienes resistían a una empresa minera china, y además judicializó a varios de sus líderes.

Desde las comunidades que enfrentan los extractivismos la evaluación del gobierno Correa es muy negativa. Las promesas gubernamentales de beneficios económicos y sociales a cambio de aceptar a mineras o petroleras no tuvieron mayor efecto en conseguir adhesión electoral. O bien, esos comunarios ya saben por su propia experiencia que por más dinero que les prometan o reciban, terminan perdiéndose la calidad ambiental de sus territorios.

Sin embargo, como cuarto aspecto, hay que señalar que en esas regiones amazónicas los votos de esos descontentos fueron al candidato conservador (Lasso), y no necesariamente a la izquierda independiente opositora a Correa. Por ejemplo, hay provincias amazónicas donde Lasso casi duplica al gubernamental Moreno; en Napo, la oposición recibió el 55% de los votos contra 25% para Moreno (otras máximas votaciones de ese candidato fueron en Morona Santiago con 52% y en Pastaza 48%). Es como si muchos, desde la resistencia social local, sólo encontraran una salida caminando hacia la derecha.

Aquí asoman varias lecciones que deben ser analizadas detenidamente. Parece claro que desde las comunidades locales se rechazan los extractivismos por sus impactos y a la vez se considera que el gobierno no ofrece garantías en cuanto a calidad de vida y ambiente en esos sitios, sino que activamente impone a las mineras o petroleras. Es más, el propio gobierno es una fuente de violencia en sus apoyos extractivistas. Por lo tanto, en esos sitios predomina el rechazo a los candidatos oficialistas. Es un fenómeno similar al que se observa en Perú o Bolivia.

En el caso ecuatoriano, ese rechazo no resulta en un mayor apoyo a la izquierda independiente sino que una proporción significativa parece haber optado por un “voto útil” a la derecha política buscando impedir que Alianza Pais se mantenga en el gobierno.

Eso debería ser mirado con especial atención por ejemplo desde Perú, ya que en su coalición Frente Amplio hay una tensión entre un ala más progresista (y proclive a los extractivismos) y unos sectores que enfatizan la protección territorial y ambiental. No olvidemos que la candidata Veronika Mendoza participó del último encuentro progresista latinoamericano organizado por el gobierno Correa. Entonces es importante observar que en el caso ecuatoriano, el amparo a proyectos extractivistas brindó muchos votos urbanos que le permitieron llegar al gobierno, pero a la vez, eso le alejó de las comunidades locales y de cualquier proyecto de izquierda.

Esas comunidades locales están tan golpeadas, que parecería que no votan ni siquiera a la izquierda independiente como si tuvieran miedo que ella también se conviertan en un nuevo progresismo. Los progresistas de esa manera impiden una renovación hacia la izquierda pero además anula a la izquierda independiente.

La paradoja de esta situación es que un candidato conservador como Lasso sin duda avanzará con los extractivismos, aunque de modos distintos, tal como se observa ahora en Argentina bajo el gobierno Macri o en Brasil con Temer. No existirá un alivio en las presiones extractivistas apoyando a la oposición conservadora.

La situación amazónica contrasta con lo observado en varias zonas rurales de los Andes y la costa, donde el candidato del gobierno tuvo muy buena votación. En efecto, Moreno logró las proporciones más altas de voto en las provincias de Manabí 54% y Santa Elena 48%. Sin duda hay muchos problemas rurales en la sierra y la costa, como la desigualdad en el acceso a las tierras, limitada rentabilidad, avance del agronegocio, deterioro de suelos y aguas, etc. Son problemas que el gobierno Correa no ha logrado solucionar y que por momentos no están en el centro de su atención. Pero esa situación no alimentó un rechazo electoral masivo a Alianza País, y muchos votantes rurales terminaron apoyando a Moreno. De todos modos, el opositor Lasso obtuvo buen apoyo en zonas rurales, por ejemplo en Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Bolívar.

Habría que analizar en más detalle si el deterioro rural, en tanto se expresa crónicamente, no produce la misma conflictividad social que los extractivismos, lo que estalla en problemas más agudos y visibles. Como ejemplo podría recordarse, para la sierra, los procesos de erosión que han sido señalados desde hace mucho tiempo, mientras que en la Amazonia la llegada de las mineras y sus excavaciones generan amputaciones ecológicas en lapsos muy breves.

De todos modos queda en claro que los extractivismos desencadenan reacciones ciudadanas que afectan directamente las votaciones, lo que debería ser observado detenidamente en los países vecinos. Debe subrayarse esto ante la cantidad de artículos superficiales que son ciegos ante esta problemática, y en especial por los textos que abusan de las metáforas de enormes batalles parecen no entender que la verdadera guerra es contra las comunidades locales, los indígenas y la naturaleza.

 
Publicidad, medios y corrupción

 

La campaña electoral ecuatoriana también fe una disputa publicitaria, y una confrontación sobre el poder que realmente tendrían los medios. En ese contexto, la publicidad de todos los candidatos fue simplista, repetitiva, agobiante, casi asfixiante, y para muchos aburrida.

Tampoco puede ignorarse que la publicidad por el candidato oficialista se duplicaba, ya que por un lado estaban los avisos del propio movimiento político y por otro lado la que sin inhibiciones desplegaba el gobierno. En unos casos alcanzó ribetes de posverdad algo cómicos, como por ejemplo el anuncio de una mega inversión de 3 mil millones de dólares para fabricar autos eléctricos, que el secretario de educación presentó rodeado de banderas y logos de grandes corporaciones, y que terminó con desmentidos desde esas transnacionales.

Aunque Correa se burló de una supuesta revolución de los smartphones, las redes sociales y webs alternativas jugaron un papel importante, en paralelo a los medios convencionales. Desde allí se ventilan todo tipo de informaciones, denuncias, reportes, etc., y su penetración es cada vez mayor.

Justamente las denuncias de corrupción contra el gobierno Correa centraron mucha atención tanto desde medios convencionales como desde las redes sociales. Esas denuncias, especialmente las que involucraban a la petrolera estatal Petroecuador, fueron intensas, y con ribetes rocambolescos aprovechados por sectores opositores (por ejemplo, distribuyendo mini videos con declaraciones de un ex ejecutivo de esa empresa que huyó de Ecuador).

Sin embargo es difícil afirmar que todo eso jugó un papel decisivo en alentar un voto contra el gobierno. No puede negarse que existe un problema con la corrupción, y que muchos casos están asociadas con los extractivismos –otro de los asuntos negados por los analistas superficiales. No es un problema exclusivo de Ecuador sino que se repite en todos los países. Pero de todos modos, no parecería que la lucha contra la corrupción fuese determinante en decidir premios y castigos electorales. Es como si muchos aceptaran a la corrupción como una característica inmodificable de la vida política.

 

Institucionalidad política y electoral

 

El caso ecuatoriano también es una alerta sobre la enorme importancia de la institucionalidad electoral. El proceso de conteo de los votos estuvo bajo fuerte controversia, se sumaron denuncias en las redes sociales, duras declaraciones de los partidos de oposición, movilización ciudadana en las calles en varias ciudades, y para completar todas las posibilidades, hasta Alianza Pais criticó a las autoridades electorales. O sea, todos están descontentos con la autoridad electoral.

Los movimientos ciudadanos ya habían alertado sobre eso; recordemos que ese consejo electoral fue el que trabó de distintos modos una consulta ciudadana sobre la explotación petrolera en la Amazonia.

La lección es que cuando un gobierno juega a incidir sobre la autoridad electoral la democracia pierde, pero también se afecta su propia legitimidad. Hay un efecto boomerang, ya que aún si Lenin Moreno gana esa segunda vuelta, su legitimidad presidencial estaría afectada si persisten todos estos problemas.

Los países vecinos, en especial Perú y Bolivia, deben asegurar la independencia y rigurosidad en las autoridades electorales, para no caer en problemas similares a los ecuatorianos (y a los de Venezuela).

 
Un progresismo caníbal

 

Como un balance preliminar, la situación ecuatoriana muestra a un progresismo que mantiene un núcleo duro de adhesión ciudadana, y con ello podrá controlar la agenda del poder legislativo. Desde ese punto de vista es una expresión política que sigue viva, pero a la vez no logra generar nuevas innovaciones políticas y se vuelve cada vez más dependiente de estrategias de desarrollo convencionales. Por esa razón es que se describe un progresismo agotado.

Los progresismos han tenido éxitos electorales iniciales, especialmente por tomar algunas medidas propias de la izquierda y por una retórica que también aprovecha imágenes de la izquierda. Pero los componentes centrales en sus estrategias de desarrollo son convencionales, y ello impone políticas públicas que, por ejemplo, toleran todo tipo de impactos sociales y ambientales, y a la vez, rediseñan los entendidos de la democracia, volcándose a prácticas cada vez más verticalistas y menos participativas, y son ese tipo de factores los que resultan en su agotamiento. El proceso ecuatoriano da muchos ejemplos de esta problemática.

Paradójicamente, ese agotamiento genera condiciones políticas que hace que muchas bases de apoyo, en lugar de buscar las alternativas hacia la izquierda, se vuelquen a los sectores conservadores. Es como si el progresismo tuviera una veta caníbal.

En efecto, el progresismo devora aquellos componentes de izquierda en sus propias estrategias de desarrollo bajo la obsesión con el crecimiento económico y las exportaciones. Devora sus bases políticas, y cuando éstas lo abandonan, muchas de ellas se corren hacia la derecha. El progresismo se presenta a sí mismo como la única y verdadera izquierda, y golpea a la izquierda independiente; la ataca, calificándola como infantil por ejemplo, y con ello impide alianzas con ella para renovarse genuinamente hacia la izquierda. Esta problemática también es visible en las elecciones ecuatorianas, y procesos análogos se han observado en Brasil y Argentina.

Es por todo este tipo de razones que las elecciones en Ecuador ofrecen muchas enseñanzas que deberían ser analizadas con detenimiento por quienes, en los demás países, siguen comprometidos con la justicia social y ambiental.

 

Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Una versión inicial de estas ideas se publicó como nota de opinión en Los Tiempos (Cochabamba), 23 febrero 2017; y en una entrevista con Página Siete (La Paz), 28 febrero 2017. La versión final se publicó en www.DemocraciaSur.com (con imágenes y tablas), el 3 de marzo 2017.

 

 

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Cabrera dijo NO a la Hidroeléctrica y el extractivismo en el Páramo Sumapaz.


Un rotundo triunfo se anotó el pueblo cabreruno este domingo 26 de febrero en la consulta popular para decidir en la defensa del derecho al agua y el medio ambiente que pretenden vulnerarle al proponer la construcción de un proyecto hidroeléctrico sobre el Río Sumapaz.

Los habitantes de Cabrera, Cundinamarca, acudieron masivamente a las urnas y expresaron su condena a esas políticas nefastas contra esta tierra que posee el páramo más grande del planeta.

Los resultados oficiales de consulta popular en Cabrera Zona de Reserva Campesina ZRC indican que con un total votos de 1506, votaron por el NO 1465 personas, por el Si: 23, votos nulos 5 y votos no marcados 13.

Voceros de las organizaciones agrarias, comunales, ambientalistas, ecologistas, partidos y sectores políticos señalaron que ese era el resultado esperado., en una región que se caracteriza por ser una comunidad muy unidad, organizada, combativa y con una tradición e historias de lucha por derechos elementales como el derecho a la vida y la paz.

“Es justo el resultado que esperaba. Es fácil suponer que la experiencia de Asoquimbo y el desastre causado por Emgesa en el Huila, fue una ilustración versada, rica y definitiva del futuro que les esperaba si permitían la afectación a su territorio y sus pobladores por esta nefasta empresa que por lo visto se pasó de descarada y cuya arrogancia no le permitió valorar la resistencia valerosa y fuerte del pueblo de Cabrera”, escribió en las redes sociales un especialista en temas ambientales y sociales del Sumapaz.

Es un triunfo por la defensa del territorio. Es un triunfo por parte del movimiento por la defensa del Páramo y el agua. Es una derrota para Emgesa Enel Endesa. Es fruto del valor de quienes se atreven a luchar, a resistir. Para Asoquimbo es un estimulo para continuar en la lucha contra el extractivismo. No a las represas, al fracking a la minería a los agronegocios, explicó un dirigente del sindicato Sintrapaz.

Voceros de las organizaciones sociales y políticas anunciaron desde ya la coordinación para realizar un Encuentro en la Universidad Nacional contra las represas y el extractivismo para el mes de julio donde se socialicen todos los procesos de resistencia contra el modelo donde podamos encontrarnos el Movimiento Ríos Vivos, la Mesa Social Minero Energética Nacional, ambientalistas, ecosocialistas donde sin lugar a dudas estarán los resistentes del municipio de Cabrera socializando todo el proceso, los defensores del río Samaná contra la represa Porvenir II y todos los procesos por la defensa de los Ríos, Paramos. Macizos por la defensa de los territorios y la vida.

Durante el la Consulta Popular la ciudadanía participó con su voto en cuatro mesas de votación en el casco urbano y una mesa en la inspección “La Playa”, que corresponde a la zona rural, las cuales fueron dispuestas para que los habitantes de este municipio ejercieran su derecho a decidir.

 

 

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Foto: Miguel Imbaquingo y Mónica Ambamba / Latinta

 

Los testimonios compartidos a continuación no son los testimonios de mujeres sirias huyendo de la guerra provocada por el Estado Islámico; tampoco son los de una familia palestina desplazada por israelíes que siguen ocupando sus tierras. Los testimonios son de cuatro mujeres ecuatorianas, con una característica que hace que muy pocas voces se pronuncien a su favor: son mujeres, son indígenas, son shuar y están contra todo el poder del Estado, de las Fuerzas represivas y de los capitales de uno de los países más poderosos del mundo: China.

La razón para que estos testimonios no se dieron a conocer antes, es que el gobierno de Ecuador prohibió todo el ingreso a la zona, la militarizó y la información fue limitada con el Estado de Excepción. La zona de influencia del proyecto minero fue controlada y militarizada, así como también el territorio Shuar que está fuera del área de influencia de la minera.

Como en toda guerra las víctimas debían ser ocultadas y silenciadas. La militarización y el desplazamiento forzado de comunidades Shuar enteras; la violación de los derechos de los grupos de atención prioritaria como mujeres embarazadas y niños, no existieron para el gobierno.

El Estado de Excepción lleva vigente dos meses con el argumento que era para precautelar la “seguridad ciudadana” pero los testimonios de cuatro mujeres Shuar demuestran que ha sido el Estado el que ha generado el desplazamiento y el terror en las comunidades Shuar.

 

banner mujeres shuar

 

 

Los testimonios

 

“El 18 de diciembre, el gobierno dio la orden a los militares. Primero llegaron a Nankints, luego entraron a la comunidad de Tsunstuim. Nos tocó irnos sin retirar ninguna cosa. Yo jalé a mis 3 hijos, dejé todas mis cosas y nos fuimos a otra comunidad. En el camino nos pasó un accidente, se cayeron mis hijos en un lugar por donde veníamos caminando, son caminos del campo, tan feos; gracias a Dios nos acompañaba un maestro que trabajaba con los alumnos. Él me dio llevando a mis hijos porque ellos se cayeron en el lodo; a mi me dolió bastante la conciencia me puse a llorar amargamente. Es un accidente para mí que soy una mujer sola”.

Así relata María Alluy su escape por la selva. Ella y sus 3 hijos huyeron de la comunidad de Tsunstuim tras la incursión de militares y policías como parte del Estado de Excepción en Morona Santiago ordenado desde el 14 de diciembre del 2016 por el gobierno de Ecuador para proteger un campamento de la empresa minera china Explorcobres, SA, EXSA.

María no fue la única, junto a ella se desplazó toda la comunidad. 40 familias que vivían en Tsunstuim, entre niñas, niños y mujeres embarazadas, huyeron de la presencia de 500 militares que según Claudia Chumpi de 18 años, llegaron disparando a la comunidad: “Era un día sábado que fui a la comunidad Tsunsuim, con mis dos hermanas y mi familia. Venían 500 militares disparando. Corrimos así como estábamos, los niños, las mamás embarazadas se asustaban. Nosotros nos corrimos arriba en la montaña, los militares se ubicaron en cada casa, rompieron las puertas, botaban las cosas afuera ollas, los cilindros se llevaron”.

Las familias tuvieron que atravesar la montaña e ir por caminos llenos de lodo para poder llegar a Tink, comunidad que hoy los acoge. Caminaron con sus hijos sin tener que comer, o dónde resguardarse del sol y la lluvia. En medio del camino 2 mujeres embarazadas dieron a luz, sin cuidados, sin atención adecuada, esto puso en riesgo su vida y a la de los pequeños nacidos; de hecho una de ellas está aún grave de salud.

Así lo relata Claudia: “Mis tías dieron a luz ahí mismo, casi se murió el bebé. Le atendimos nosotros mismo, no teníamos nada. Afilamos un palito para cortarle el cordón”. Otras mujeres, como la hija de María que se quedó a la mitad del camino porque ya no aguantaba el peso de su barriga y venía con sus otros 4 hijos huyendo de los militares.

Después de varios días llegaron a Tink. Esta comunidad antes del Estado de Excepción tenía 20 personas, ahora suman alrededor de 300. A las personas desplazadas les prestaron pequeños cuartos, alguna ropa y ollas, sin embargo, no cuentan con todo lo necesario para vivir, sus hijos dejaron de ir a la escuela.

En Tink están las familias de Nankints desalojadas en agosto del 2016 por la empresa minera Explorcobres y la Policía, además de las personas desplazadas de otras comunidades como Marbella y Tsuntsuim por el Estado de Excepción decretado en diciembre del 2016 . Ahora sobre Nankints se asienta el campamento minero La Esperanza, el territorio esta cercado y es imposible entrar; mientras que Tsuntsuim esta deshabitado y las casas destruidas. Al salir abruptamente de sus casas, las mujeres perdieron sus cultivos, sus animales y su territorio, lo que les trajo problemas para la salud y la alimentación de sus familias.

Ahora no tienen suficiente comida, tampoco ollas y platos. Toda sus cosas se perdieron junto con sus casas, salieron con lo que llevaban puesto. No tienen ropa, zapatos y tampoco útiles escolares.

A esto se suma el constante miedo que sufren por la presencia de helicópteros y drones que los persiguen permanentemente. Están atemorizadas además por la situación de sus esposos; ellos huyeron por miedo a que los militares los apresen culpándoles de la muerte del Policía el pasado diciembre.

Claudia con apenas 18 años tiene que sobrellevar la pérdida de su casa, la ausencia de su esposo, el hambre y tristeza de sus hijos quienes desde que llegaron a Tink viven en permanente miedo por la constante persecución policial: “Los niños tienen miedo, se asustan. Ellos no están estudiando. Cuando pasa avión, ellos se asustan, corren. Cuando viene la cámara igual se asustan, los militares mandan una cámara en la comunidad para ver si nosotros estamos allí”.

Mónica Ambáma, mujer de 32 años y madre de 7 hijos, no acaba de entender qué pasa. No comprende el porqué de estas acciones en contra del Pueblo Shuar.

Nosotros no hemos querido la minería porque hay contaminación. No queremos que nos contaminen nuestra naturaleza, el agua. Nosotros también somos humanos; ellos dicen los shuar no tienen derecho ¿por qué no tenemos derecho? ¿acaso no somos humanos? Nosotros también tenemos pleno derecho de reclamar.

Ella fue desalojada primero de Nankints y luego de Tsunsuim. Cuenta que en el desalojo del 11 de agosto, su casa y sus cosas fueron enterradas por las retroexcavadoras, lo que no le dio tiempo para rescatar nada. Le pide al gobierno que cesen las actividades mineras en su territorio porque asegura que el cultivo del campo también es desarrollo y quieren ser consultados: “No nos han consultado, nos vienen a destruir nomás. Ellos dicen que nos han pagado, pero de eso nada, nosotros tenemos cogido de EXSA china. Yo le puedo decir al Señor Presidente ¿por qué nos hace sufrir tanto a nosotros? ¿Qué le hemos hecho a Correa? ¿Sólo porque hay minería habrá desarrollo? Todas las veces hay desarrollo con cultivos. Dice que a campesinos, a los shuar ayudamos que estamos servidos. Nosotros no estamos bien servidos, más estamos sufridos. Yo si quisiera Presidente Correa que llegue al centro para que vea y diga la verdad, que no nos haga daños y nos deje en paz”.

Claudia también rechaza la minería y al igual que Mónica, se pregunta dónde están sus derechos y los de su comunidad: “Nosotros no queremos la minería. Los militares dicen que el gobierno manda la minería, pero nosotros no queremos que nos haga tanto daño. ¿Dónde está el buen vivir? ¿dónde están los derechos de los niños, de las mujeres?”.

Según el artículo 57 de la Constitución se reconoce la Consulta Libre e informada a los pueblos indígenas, el no desplazamiento y a la limitación de las actividades extractivas en sus territorios. Todos estos derechos a las mujeres shuar de las comunidades de Nankints, Tsunsuim, Tundayme, les han sido negados. Estas comunidades fueron desalojadas y desplazadas, se les negó sus derechos, se violentó la Constitución para implementar los dos grandes proyectos de megaminería a cielo abierto: San Carlos Panantza y Mirador, los dos de empresas chinas.

Estos proyectos inauguran la era minera en Ecuador y prometen convertirlo en un gran exportador de cobre; sin embargo cómo se preguntan Mónica y Claudia ¿dónde quedan los derechos de las mujeres y los niños? ¿dónde quedan los derechos del Pueblo Shuar?

En una guerra, las mujeres y los niños son los principales afectados, esta guerra no es la excepción. Las consecuencias de la guerra generada por el extractivismo en contra de las comunidades amazónicas quedarán marcadas en sus cuerpos y en sus entornos.

Texto publicado en Latinta.com.ar, por Verónica Calvopiña para Wambra Radio / Fotos: Miguel Imbaquingo y Mónica Ambamba

 

 

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Lenin Moreno, el candidato de Alianza País

 

Antes de cumplir una década en funciones, el presidente Rafael Correa completó el ciclo. Dio la vuelta completa. Empezó poniendo su brújula en dirección contraria a la entonces dominante. Sus primeros pasos, en consonancia con su discurso, fueron posneoliberales. Pero en el camino cambió de orientación.

Antes de cumplir una década en funciones, el presidente Rafael Correa completó el ciclo. Dio la vuelta completa. Empezó poniendo su brújula en dirección contraria a la entonces dominante. Sus primeros pasos, en consonancia con su discurso, fueron posneoliberales. Pero en el camino cambió de orientación. Poco a poco borró sus orígenes “progresistas” –no confundir simplonamente con socialistas–. Paulatinamente sus acciones se sintonizaron con propuestas al más puro estilo fondomonetarista. Y ahora se identifica con visiones y prácticas neoliberales, como consecuencia de la suscripción de un acuerdo multipartes con la Unión Europea: ni más ni menos que un tratado de libre comercio.

Recordemos brevemente los inicios de la gestión del gobierno de Correa. En línea con el plan de gobierno de Alianza País 2007-2011, elaborado en 2006, Correa se empeñó en terminar con la “sumisión” de Ecuador a organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se cerró la puerta a las privatizaciones. Aceptando una idea surgida desde la sociedad civil se auditó la deuda pública, con resultados que ayudaron a reducir sustancialmente su servicio y trasparentar su manejo en los 30 años precedentes. Con la Iniciativa Yasuní-Itt, surgida mucho tiempo atrás también desde la sociedad civil, se propuso transitar hacia una economía no petrolera; es decir empezar a transformar la matriz productiva y alejarse de la lógica de una economía primario-exportadora. Inclusive se construyó una posición interesante para participar en las negociaciones comerciales con la Unión Europea, sin aceptar la lógica de un tratado de libre comercio.

En la Asamblea Constituyente de Montecristi, donde se tramitó gran parte del proceso propuesto en 2006, también se consiguieron logros importantes, como impedir la neoliberal flexibilización laboral; desmontar el baratillo de concesiones mineras; fortalecer la función del Estado en la economía. Algo se avanzó en este último tema.

Sin embargo, los diez años de gestión acabaron con el esquema de gobierno planteado inicialmente. Correa simplemente devino en el conductor de un proceso que empezó alejándose del neoliberalismo para, luego de un largo y confuso recorrido, retornar al punto de partida, usando para ello la fortaleza del propio Estado construida en esta década. Por eso quizás hoy podríamos decir que vivimos una suerte de “neoliberalismo transgénico”: un neoliberalismo híbrido que, sin desmantelar el Estado (e incluso con su ayuda), busca reanimar la acumulación capitalista con políticas neoliberales duras, readecuadas a las actuales circunstancias.

Es más, Correa, ya transformado desde hace años en el caudillo del siglo XXI, lidera una “restauración conservadora” que golpea a los propios grupos sociales que en un inicio lo ayudaron a llegar al poder. Todo esto sin desactivar su discurso “progresista”...

 


EXTRACTIVISTA.


Este presidente cumplió uno de los sueños neoliberales no alcanzados por gobiernos anteriores: imponer la minería a gran escala. Y lo ha hecho, como cualquier gobierno neoliberal, desplegando diversas violencias que se traducen en persecución, criminalización e incluso asesinato de los dirigentes antimineros.

Correa pudo hacer historia liderando la Iniciativa Yasuní-Itt. Pero no. Tal iniciativa le quedó tan grande que terminó cediendo a las presiones de las petroleras y autorizó la explotación de crudo en el Itt. También consintió ampliar la frontera petrolera en el centro sur de la Amazonia, en contra del compromiso adquirido por Alianza País en 2006, destinado a impulsar una moratoria petrolera.

Este gobernante apoya los monocultivos y los agrocombustibles, algo completamente opuesto a una estrategia sustentada en la soberanía alimentaria. Incluso rechazó las demandas campesinas e indígenas de reforma agraria, irrespetando el mandato constitucional. Además permite que en Ecuador ingresen semillas y se realicen cultivos transgénicos –prohibidos en la Constitución–. Así, cediendo a las presiones del Tlc con la Unión Europea, impulsa la aprobación de una ley de semillas que beneficiaría los intereses de quienes controlan los transgénicos, la ya conocida “ley Monsanto”.

 


FONDOMONETARISTA.


Antes de que cayeran los precios del petróleo, en 2014, Correa regresó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Requería el beneplácito del Fondo para colocar bonos en el mercado financiero internacional. Y desde entonces se endeuda aceleradamente bajo condiciones cada vez más onerosas: elevadas tasas de interés y plazos cortos, incluyendo la entrega del oro de la reserva a Goldman Sachs. En vez de ser un líder “antisistema”, Correa deberá pasar a la historia como el gobernante que más deuda pública ha contratado, y sin transparencia. También se le recordará como uno de los facilitadores para que sobre todo el imperialismo chino se imponga con fuerza.

 


PRIVATIZADOR.

 

En su haber registra la entrega de campos petroleros maduros a empresas extranjeras (campo Auca a Schlumberger, campo Sacha a Halliburton), algo que Correa, en 2005, llamaba “traición a la Patria”. También podríamos anotar la concesión por medio siglo –sin licitación– del puerto de Posorja a una empresa de Dubai, y Puerto Bolívar a una turca, en ambos casos con participación de grandes grupos empresariales nacionales, como el grupo Nobis. Otros de los grupos ganadores (directa o indirectamente) con el correísmo son Eljuri, Pronaca, La Favorita, y hasta las grandes telefónicas Claro y Movistar y los bancos (recordemos al propio Correa mencionando que en su gobierno los bancos han obtenido las mayores utilidades de su historia).

Promociona las alianzas público-privadas que, en el fondo, sólo son un eufemismo de las privatizaciones. Aquí se incluye, por ejemplo, la privatización de hidroeléctricas construidas por el Estado, la puesta a la venta de gasolineras públicas, la enajenación del Banco del Pacífico e incluso la privatización de los programas de alimentación escolar.

Hay otros procesos de privatización –menos notorios–, pero no por ello menos peligrosos para el interés del país. Por ejemplo, la privatización de la salud vía convenios con clínicas y hospitales privados que también han generado sobreprecios exagerados que ahora salen a la luz. Algunas tendencias privatizadoras también se registran en el ámbito de la educación.

 


AJUSTADOR Y REPRESOR.


Si bien con Correa no se han adoptado algunos de los paquetes de ajustes típicos de los anteriores regímenes neoliberales, sí podemos incluir una lista de acciones que han golpeado y debilitado a los sectores populares.

Acabada la bonanza petrolera, se volvió a la vieja práctica de aprobar incrementos ínfimos del salario básico unificado de 14 dólares entre 2014-2015 y de 12 dólares entre 2015-2016. Además, a pretexto del terremoto de Manabí, Correa incrementó el Iva, un impuesto regresivo y hasta recesivo pero de fácil recaudación, con el fin último de paliar los efectos de la crisis en el sector público.

Cabe recordar aquellas reformas que han reintroducido la flexibilización laboral, en gran medida eliminada por la Asamblea Constituyente de Montecristi.

Esta lista incluye la aprobación de los decretos 016 y 732 para controlar las organizaciones sociales y de la sociedad civil; y del decreto 813 para disciplinar a los trabajadores públicos usando la compra de renuncias obligatorias, además de otras disposiciones que limitan la organización sindical.

En síntesis, Correa estableció un ambiente de permanente propaganda y amedrentamiento para sostener y combatir las crecientes protestas populares. Creó organizaciones sociales paralelas (estudiantiles, sindicales, indígenas, etcétera), propias y afines al gobierno, buscando debilitar a las organizaciones que se le opongan. Ha restringido la libertad de expresión, inclusive procesando a periodistas críticos que han descubierto actos de corrupción del gobierno.

 

CEREZA.


De todas formas, la cereza del pastel es la firma del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea.

Recordemos que el gobierno de Correa, recogiendo la lucha y el mandato de varios grupos sociales, se comprometió, en sus inicios, a no dar paso a un Tlc. Así, en el plan de gobierno 2007-2011 de Alianza País, escrito en 2006, se resolvió “luchar en contra de los procesos impulsados por los intereses mezquinos de las mafias corporativas en detrimento de la mayoría de ecuatorianos, como el mal llamado tratado de libre comercio, que es una propuesta depredadora de la vida misma en tanto anuncia la profundización del modelo neoliberal y una creciente sumisión antiética del ser humano al poder monopólico del capital y a las empresas trasnacionales, amenazando, además, las posibilidades de una integración regional en el sur”.

Incluso se planteaba en aquella época que “a través de la democracia activa –con tantas consultas populares como sean necesarias– se abordarán cuestiones cruciales como el Tlc”. Soplaban vientos de cambios. La democracia se perfilaba en el horizonte.

El “pragmatismo” se impuso. Ganaron las mafias corporativas.

Con el Tlc acordado con la Unión Europea, sin entrar en más detalles, entendemos que se reforzaría la condena de Ecuador como productor y exportador de materias primas. Esto debilitaría cualquier estrategia de transformación productiva del país y, por cierto, mucho más las perspectivas de construir el “buen vivir” o sumak kawsay (que el correísmo transformó en un mero fetiche al servicio de su proceso de reconstrucción hegemónica).

En esto termina la ahora mal llamada “revolución ciudadana”, que hace rato perdió lo ciudadano y dejó de ser revolucionaria realmente desde el mismo momento en que el proceso pasó a depender de un caudillo, es decir, poco después de iniciada. Las agujas del reloj, que empezaron a la izquierda, marchan irremediablemente hacia la derecha.

 

 

* Economista. Figuró entre los redactores del plan de gobierno inicial de Alianza País y entre los ideólogos de la “revolución ciudadana”. Fue ministro de Energía y Minas de Correa y después presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, tras haber sido el diputado más votado a ese órgano. Renunció en 2008, y desde entonces denuncia las “traiciones” del “correísmo” a sus postulados iniciales. Nota tomada de www.rebelión.org. Brecha reproduce fragmentos.

 

 
Proyecciones

 

Por: Pablo Pozzolo


“Si el partido de Rafael Correa pierde, sería un golpe más para la ya golpeada izquierda latinoamericana”, dijo por estos días a la agencia francesa Afp el analista Michel Shifter, del instituto Diálogo Interamericano, basado en Washington. “En ese caso en Sudamérica quedaría sólo Evo Morales en Bolivia y seguiría Nicolás Maduro en Venezuela, aunque éste ya no tiene apoyo político”, agregó Shifter, omitiendo –quizás no fue un simple olvido– que también en Chile y Uruguay hay gobiernos que se autodefinen como de izquierda o progresistas. Otro analista, Paolo Mocagatta, de la Universidad San Francisco, de Quito (privada), consideró que al “desgaste” del oficialismo ecuatoriano contribuyeron problemas económicos que surgieron con fuerza en los últimos años, casos de corrupción como el de Petroecuador, y también “el debilitamiento de la izquierda a nivel regional”. Mocagatta piensa que en una segunda vuelta cualquiera de los dos eventuales candidatos de la oposición puede derrotar al oficialista Lenin Moreno, “porque es mayor la resistencia que el apoyo al gobierno”. Pero admite también que sería “un error subestimar la fuerza del correísmo” y que el Ejecutivo cuenta a su favor con la fractura de la oposición, que va desde la derecha hasta la izquierda, y a la que une sólo el espanto por el actual presidente.

 

 

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Jueves, 16 Febrero 2017 06:50

La papelera que devora Colombia

La papelera que devora Colombia

 

Primero fue la tala de miles de hectáreas de selva, después la plantación de pinos y eucaliptos. Como Cartón Colombia primero, como la irlandesa Smurfit Kappa hoy, la papelera se hizo fuerte, silenciosamente, aliada con el poder. “Estamos cambiando agua por basura”, denuncia un veterano ecologista.

En enero de 2016 el acueducto de Salento se quedó seco. La quebrada Cañas Gordas, afluente que abastece al municipio baluarte del turismo en el Quindío, había perdido la totalidad de su caudal, era apenas un chorrito pantanoso debajo de las dos bocatomas que surten al municipio. Mientras la Corporación Autónoma del Quindío responsabilizaba al calentamiento global, autoridades civiles del pueblo, campesinos y ecologistas de la región apuntaron, una vez más, a las cabeceras del afluente: todo, hasta los bordes mismos de la quebrada, está plantado de pinos. Según dicen, son esas plantaciones forestales las culpables de la escasez del agua.

Este conflicto, que se repite en zonas rurales de Sevilla o Pereira, de Riosucio o Dagua, ajusta medio siglo en el país con un nombre propio: Smurfit Kappa – Cartón de Colombia, la multinacional que en 1969 comenzó a adquirir terrenos montañosos a bajos precios para instalar cultivos forestales que sustentasen su demanda de madera en la elaboración de pulpa papelera. Mientras el debate ambiental en Colombia se enfoca con preocupación en los conflictos petroleros y mineros, la multinacional irlandesa exprime silenciosa miles de hectáreas en el país.

Ya en los años 50 se acusaba a Cartón de Colombia (hoy parte de la irlandesa Smurfit Kappa) de arrasar las selvas del Bajo Calima (Pacífico) para emplear la madera produciendo pulpa papelera. 20 años después la compañía comenzó a plantar pinos y eucaliptos, especies sobre las que la FAO (organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura) alerta de que provocan consecuencias negativas sobre los suelos, la biodiversidad y los ciclos del agua, cuando reemplazan los bosques nativos de las regiones tropicales.

Pero las afectaciones no son solo a la biodiversidad y a los cursos de agua. La política de la compañía implica la concentración de enormes extensiones de tierra en su poder, en latifundios forestales que fragmentan las comunidades campesinas, donde toda la dinámica social y económica acaba trastocada. La oposición de ecologistas y comunidades se ha saldado con amenazas y casos de homicidios que nunca se han investigado a fondo. También hay abiertas varias reclamaciones de restitución de tierras por comunidades indígenas y particulares. Hasta el Tribunal de los Pueblos reconoció en 2007 que Smurfit Kappa tiene “una deuda ecológica, social, económica y cultural con el país y el total de sus habitantes”.

Smurfit Kappa Cartón de Colombia poseía en 2015, según sus propios datos, unas 67.926 hectáreas en 454 grandes fincas entre las cordilleras central y occidental. Hay pinos y eucaliptos de Smurfit desde el nudo de Caramanta hasta las montañas del Macizo colombiano, y desde la vertiente del Magdalena hasta la del Pacífico.

 

Un negocio rentable


Hoy Smurfit emplea a 2.500 operarios sobre terreno y posee una enorme y sofisticada planta de producción de cartón, papel y empaques, en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca). Mantener el volumen habitual de producción requiere 830.000 toneladas de madera al año, es decir, cada día entran a la planta alrededor de 300 camiones cargados con troncos provenientes de las montañas del centro y suroccidente colombiano. Las condiciones geográficas de Colombia permiten que sus cultivos sean más rentables y productivos que en cualquier otro lugar del planeta; plantaciones similares de países con gran vocación forestal como Chile o Canadá tardan cuatro veces más tiempo en crecer. La disponibilidad de luz todo el año y de lluvias permanentes son las que posibilitan el rendimiento excepcional de los pinos y eucaliptos en el trópico. En una visita a Colombia, Michael Smurfit, antiguo presidente de la multinacional declaró que “en una industria como la nuestra, los grandes activos naturales, bosques y agua, han sido considerados como los elementos claves del éxito”.

Smurfit-Kappa es la papelera más grande del mundo y hace presencia en una veintena de países. En sus entrañas también hay capital colombiano. En 1986 el Jefferson Smurfit Group, con sede en Irlanda, absorbió la Container Corp., empresa de capital norteamericano que controlaba a Cartón de Colombia, fundada en 1944 por inversionistas antioqueños.

Sin embargo, los socios nacionales nunca han perdido participación en la compañía local: el Grupo Carvajal sigue siendo un accionista minoritario importante de Smurfit Cartón de Colombia. La multinacional opera en el país bajo una complejísima red de empresas subsidiarias, contratistas y asociados, donde inversionistas colombianos terminan sumando sus intereses políticos y económicos con los del capital extranjero.

Smurfit conformó la Asociación Colombiana de Reforestadores (ACOFORE) según la investigación del periodista Walter Broderick recogida en su libro ‘El imperio del cartón’, ACOFORE desplegó un poderoso lobby entre políticos y congresistas para la aprobación de legislaciones a su medida, entre ellas la ley del incentivo forestal que subsidia con dineros públicos al gremio de cultivadores de árboles, donde la multinacional ejercía hasta hace muy poco un papel monopólico.

 

La larga sombra de la papelera


Cartón de Colombia ha respaldado las campañas de muchos políticos colombianos, incluyendo varios ex presidentes. Según publicaciones de El Tiempo y La Silla Vacía la empresa figura entre las sociedades de capital extranjero y nacional que respaldaron el Gobierno de Álvaro Uribe y sus campañas. En concreto en 2006 Alfredo Carvajal y Juan Martín Carvajal hicieron aportes de 20 millones de pesos. Ambos son propietarios del Grupo Carvajal, a su vez accionista de Cartón de Colombia. En el informe publicado por La Silla Vacía se constataba que el gerente y el presidente de Smurfit también donaron dineros a la primera campaña de Juan Manuel Santos.

Cartón de Colombia también ha sostenido proyectos conjuntos con la Federación de Cafeteros y las Corporaciones Autónomas Regionales, entidades que tienen la responsabilidad de vigilar a la papelera.

Para comprender los vínculos de la multinacional con el establecimiento local basta echar una ojeada al libro ‘Medio siglo sembrando el porvenir’, editado por la empresa cuando cumplió cincuenta años de presencia en Colombia: media docena de Presidentes desfilan en las fotografías conmemorativas de todos esos años y una infinidad de políticos, empresarios y hasta militares aparecen posando con los jerarcas extranjeros y nacionales de la compañía.

Todos los gobiernos otorgaron o ratificaron permisos para que la multinacional explotara las selvas vírgenes del Pacífico en la región del Bajo Calima, al norte de Buenaventura. Entre 1957 y 1974 la compañía recibió cerca de 120.000 hectáreas en concesión, cuando aún no se abastecía de sus propias plantaciones. A partir de ahí, poco a poco la empresa fue haciéndose autosuficiente con los cultivos por lo que acabó abandonando la concesión antes de que acabara el plazo de 50 años.

Después de que la multinacional abandonara el bajo Calima en 1993, el periodista australiano Walter Joe Broderick visitó la zona y realizó la investigación sobre la trayectoria de Smurfit en el país que plasmó en ‘El imperio del cartón’. En este trabajo narró como la selva resultó devastada porque la compañía utilizó un sistema de corte conocido como “tala rasa”, que consiste en talar y extraer todos los árboles del terreno. Las comunidades negras e indígenas asentadas allí, que dependían de los recursos del bosque y hasta entonces convivían en relativa armonía con la selva, practicando sólo cortes selectivos de madera, sufrieron las consecuencias sociales y ambientales de este modelo extractivo. Terminaron trabajando a destajo en aserríos para la multinacional.

“Mucha gente no nos perdona que aprovecháramos bosques naturales durante muchísimos años en el Bajo Calima” admite Ricardo Gómez Londoño, responsable de la operación forestal de Smurfit para el eje cafetero. “Pero es que no era ilegal, y no es hoy en día ilegal, empresas como Maderas Pizano lo siguen haciendo en el Chocó”, concluye.

 

De la explotación a la plantación


Cartón de Colombia descubrió en la década del 70 que su rentabilidad aumentaría si dejaba de emplear la madera tropical de la selva, reemplazándola por fibras más homogéneas que podían cultivarse en el país con una eficiencia excepcional. Fue entonces cuando arrancaron la política de plantaciones de pino y eucalipto, las dos especies foráneas sobre las que los estudios de la FAO de 1987 denuncian los impactos negativos sobre los suelos, la biodiversidad y los ciclos del agua. La empresa logró mejorar variedades de eucalipto que alcanzan la altura de corte a sólo 7 años de plantados, y variedades de pino que tardan entre 16 y 18 años. En ninguna otra zona del planeta el negocio forestal es tan productivo, ello se debe a las condiciones privilegiadas de luz y agua disponibles en el trópico.

A escala local, finqueros y medianos propietarios de tierras alquilaron sus predios para la instalación de cultivos forestales bajo contratos de asociación, o bien se dedicaron por su cuenta a talar los bosques nativos de sus propiedades y a sembrar coníferas que terminaban cortadas rumbo a los molinos de la compañía. El modelo asociativo, mayoritario cuando Cartón de Colombia comenzó su proyecto forestal, decayó en los últimos años a medida que la empresa adquiría extensos terrenos que ahora le permiten autoabastecerse de madera. La compañía aprobó en 1974 un plan para comprar 30.000 hectáreas en un lapso de 15 años. 40 años después superaban las 67.900 hectáreas en 454 fincas entre las Cordilleras Central y Occidental.

Sus tierras e encuentran repartidas en proporciones iguales en tres núcleos de explotación –norte, centro y sur– que cubren los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Valle, Cauca y Tolima. Estas cerca de 68.000 hectáreas suponen más de la mitad de las plantaciones de la multinacional en todo el mundo, que suman poco más de 104.000 hectáreas. Su principal activo forestal se encuentra en Colombia.

 

Las consecuencias


La otra cara de tan fabulosa rentabilidad son las afectaciones a los cursos de agua y el impacto dañino que los latifundios forestales han tenido sobre las comunidades campesinas, donde toda la dinámica social y económica acaba trastocada.

Néstor Ocampo es un ambientalista de Calarcá (Quindío), reconocido opositor a las plantaciones forestales. Ocampo viajó hasta Irlanda en 2001 para confrontar públicamente a Michael Smurfit, el presidente de la compañía, durante una asamblea de la sociedad. Antes había acompañado los primeros procesos de resistencia civil contra las plantaciones forestales en el país: “Conocimos del problema con los pinos en Darién, Valle del Cauca, desde 1982” explica. “Nosotros creíamos que era un problema de daños al medio ambiente, pero allá descubrimos que era un asunto social, con implicaciones políticas, económicas y hasta ideológicas”.

En los 80 la población de Darién se organizó en un comité cívico llamado ‘No al pino’. Rechazaban la siembra de coníferas porque su municipio, que antes se autoabastecía de alimentos, estaba perdiendo toda vocación agrícola: ya no quedaba quien cultivara la tierra, las plantaciones de pino ocuparon terrenos fértiles, muchos jornaleros perdieron sus trabajos y aquello derivó en una profunda crisis social. Germán Mejía, que luego sería alcalde del pueblo, lideró la movilización. A Mejía lo mataron unos sicarios en 1997, su muerte nunca se aclaró.

Los casos de la dirigente campesina Dila Calvo, asesinada en Riofrío en 1995; los ecologistas Gloria Sofía Zapata, Eder Alexander y Hernando Duque, asesinados en Belén de Umbría en 1998; la ambientalista Sandra Viviana Cuéllar, desaparecida en Cali en 2012, comparten semejanzas con el asesinato de Germán Mejía. Todos ellos fueron líderes opuestos abiertamente al negocio forestal; todos quedaron en la impunidad. El portal Verdad Abierta reveló que en 2015 un juzgado especializado abrió un proceso de restitución de tierras contra Smurfit Cartón de Colombia, debido a la solicitud de un campesino de Bolívar (Valle), quien manifestó que tuvo que vender su finca a muy bajo costo por la presión de grupos paramilitares y bandas ligadas al narcotráfico que operan en la zona.

Un litigio similar sucede desde mediados de los 90 en la región del Alto Naya con un par de fincas donde la multinacional plantó pinos, pero que son reclamadas por una comunidad de indígenas paéces, quienes hasta hoy ocupan los terrenos sin conseguir su titulación. También hay cultivos de Cartón de Colombia en la hacienda El Japio, donde otro grupo de indígenas exige desde 2005 que les entreguen la tierra como parte de los acuerdos con el Estado para reparar las víctimas de la masacre del Nilo.

Por ello, el Tribunal Permanente de los Pueblos, una reconocida instancia internacional que denuncia los abusos a los Derechos Humanos en el mundo, realizó en 2007 un juzgamiento público a la multinacional en Colombia, acusándola de tener “una deuda ecológica, social, económica y cultural con el país y el total de sus habitantes, específicamente con aquellos pertenecientes a las comunidades en donde ha establecido sus plantaciones forestales, en donde ha instalado sus plantas de producción y en donde ha devastado por completo selvas tropicales y otros ecosistemas para abastecer de madera sus fabricas de papel y cartón para empaques”.

Guillermo Castaño, otro veterano ecologista fundador del movimiento ambientalista en el país, resume en pocas palabras la disyuntiva de los cultivos forestales: “¿Cómo es posible que cambiemos la riqueza más grande de nuestra región, que además es de un inmenso valor histórico y natural, por unos cultivos que sólo sirven para hacer cartón? Todo mundo sabe dónde acaba el cartón, es un producto que va a terminar en la basura. Estamos cambiando agua por basura.”

 

Fuente original: https://colombiaplural.com/carton-devora-colombia-smurfit-kappa/

 

 

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Gobiernos progresistas, neo-extractivismo y neo-desarrollismo

Una política económica impulsada y propiciada por intereses globales. El extractivismo1, como dinámica de acumulación de capital, fue implantada en América Latina desde principios de los 90 del siglo XX. Llegó a la región de la mano del neoliberalismo y de las reformas institucionales impulsadas por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los cuales con “recomendaciones” contenidas en “A Mining Strategy for Latin America and the Caribbean” (1993), dieron facilidades a las empresas mineras en temas centrales como la repatriación de ganancias hacia los países de origen de las empresas extractivas, y asegurando las inversiones con políticas de exención de impuestos y flexibilidad laboral y ambiental.

 

Es así como tomó forma el boom extractivo de los 90, que continúa hasta nuestros días, motor del modelo neoliberal. Para el caso de América Latina, el extractivismo se apoyó en una agresiva atracción de la Inversión Extranjera Directa –IED–, la que en países como México, Perú y Colombia, logró estabilidad con importantes picos de alza en años específicos (ver gráfica 1), donde la dinámica de apropiación de riqueza ha sido inmensa.

 

Auge con tres puntos de inflexión, coincidentes con tres olas de la crisis económica global: 2009 (crisis por la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos), 2012-2013 (crisis de pagos en Europa, aunque México es el único país en el que no disminuyó la IED), y 2015 (crisis de precios de los commodities, con efecto especial en los países “en vía de desarrollo”). Asistimos, de acuerdo a lo anotado, a un periodo de estabilidad y a la espera, por parte de los inversionistas transnacionales, de que los precios de las materias primas se recuperen, espera que no significa que dejen de extraer.

 

Política e inversiones que generan que buena parte del sistema productivo se concentre, extranjerice y privatice, con todas las consecuencias económicas, fiscales, comerciales y socio-ambientales que esto conlleva; por ejemplo, convirtiendo a los países receptores en rentistas-extractivistas, con economías primario-exportadoras totalmente dependientes del mercado mundial.

 

Políticas que han propiciado la privatización de importantes segmentos de la economía nacional, o la adquisición de miles de hectáreas de tierra por parte del capital internacional. Inversiones que no han significado mejoras para la población de estos países. Por ejemplo, México tiene la tasa de ingreso familiar más baja y está en el segundo lugar en la tasa de desigualdad más alta de ingresos dentro de la Ocde. De igual manera, dentro de esta organización México es el país con menor gasto en protección social, lo que equivale al 7.4 por ciento del PIB2, para el caso peruano, las mejoras tenidas en el país no corresponden con los altos niveles de IED, así pues, para el año 2014, mientras a nivel nacional el porcentaje de población con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha –NBI– era de 20.5 por ciento, en las zonas donde más se explotan bienes naturales (Cajamarca, Huancavelica y Apurímac), tal porcentaje era de 27.8 por ciento, 36.3 por ciento y 22.2 por ciento, respectivamente.

 

En el caso colombiano, algunos datos demuestran como el desarrollo llegó sólo como un discurso pues el 33 por ciento de los habitantes de los municipios ubicados en el área de influencia de El Cerrejón y Drummond vive en condiciones de miseria, cuando a nivel nacional tal indicador es igual a 12 por ciento. En los municipios donde se desarrolla gran minería de carbón las NBI es de 56 por ciento, mientras que el promedio nacional es de 29 por ciento (Rudas, 2012). En los municipios vecinos a El Cerrejón la situación nutricional de niñas y niños menores de 5 años es crítica: 11.15 por ciento de desnutrición global o bajo peso, en comparación del 3.43 por ciento correspondiente al promedio nacional (Pnud, 2013).

 

Gobiernos progresistas

 

Estos indicadores sirven como referencia para lograr entender las semejanzas y diferencias existentes entre los modelos de gobierno. Los de izquierda en Latinoamérica no son ajenos a las lógicas del macrosistema extractivo, pues en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, con gobiernos abiertamente progresistas, se desarrolla lo que se denominó “neo-extractivismo”, que de igual forma busca apropiarse de los bienes naturales para la exportación.

 

El punto que marca la diferencia entre un modelo y otro, es el papel que juega el Estado, pues mientras en el extractivismo clásico el Estado no juega un papel primordial, se dice que es un “Estado mínimo” o un “Estado pequeño”, que permite el libre accionar de las empresas extractivas, sin interrumpir, ni torpedear su dinámica de acumulación, en el neo-extractivismo el Estado juega un papel más activo, especialmente en la captura de las (macro) ganancias que generan, con el fin de utilizarlas en política social.

 

Para el caso venezolano, entre 2001 y 2014 Pdvsa destinó 26.080 millones de dólares para inversión social. Este rubro se centró en vivienda, alimentación, proyectos generados desde las comunidades, entre otros3. Lo anterior puede verse de manera más clara en el incremento experimentado por el gasto público en el país, pues pasó de 0.9 por ciento en 1990 a 6.1 por ciento en 2012 según el Sisov, y tiene el índice de Gini más bajo de América Latina, igual a 0.39284.

 

Contrastando con esto, en los estados venezolanos donde se realiza explotación petrolera, los índices sociales no muestran mayores mejorías, por ejemplo, en el Estado Zulia el porcentaje de NBI es de 32 por ciento, mientras el nacional es de 27 (Inei, 2014), en Anzoátegui el índice de pobreza extrema es del 11 por ciento, en Falcón es del 11.6: a finales de 2013 la pobreza extrema en Apure, Monagas y Sucre superaba el 20 por ciento.

 

Para el caso de Ecuador, de acuerdo con el Banco Central, por cada US$100 que ingresan al país, US$60 corresponden a la exportación de petróleo, sumado a esto, entre 1970 y el 2012 el promedio de IED fue de US$340 millones; en este mismo periodo de tiempo las exportaciones petroleras alcanzaron un monto total de $123.000 millones, lo que muestra la importancia del sector para el país.

 

Se explican así las mejorías sociales para la población ecuatoriana (ver gráfica 2), a costa del extractivismo, debate actual para todos los movimientos que se proponen ser gobierno. De forma evidente, han disminuido tanto las NBI como la pobreza medida por ingresos (gráfica 3), aunque en las zonas rurales, donde se desarrollan las extracciones de bienes naturales, siguen siendo más altas que en el resto del país.

 

En el caso boliviano, Evo Morales busca fortalecer su proyecto político con lo que denominó extractivismo social centrando sus actividades en la extracción de gas, minerales y petróleo. Para el 2014 la IED en Bolivia fue de 1482 millones de dólares, de estos 1140 millones correspondían al sector extractivo, siendo el petróleo el sector de mayor inversión (BCB, 2015).

 

A pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno boliviano, el país no es ajeno a los problemas sociales generados por la apropiación de los bienes naturales, y por ende los índices sociales tienden a estancarse. Así pues, aunque al igual que en otros gobiernos progresistas se registra disminución de la pobreza y la miseria, Bolivia a 2014 tenía dos millones de personas en extrema pobreza, seiscientas cuarenta y un mil personas en el sector urbano, y un millón trescientas mil en el sector rural.

 

Así pues, los Estados progresistas de América Latina aceptaron los principios fundamentales del neo-desarrollismo y los aplicaron a uno de sus principales proyectos de gobierno, aumentando la intervención del Estado en el sector de bienes primarios, y creciendo su competitividad en el mercado mundial para ganar socios comerciales, intentando lograr cierto nivel de industrialización en sus países, en parte por las ganancias obtenidas de la bonanza del sector, y por la transferencia tecnológica obtenida de las empresas extranjeras.

 

Para complementar, es importante entender que la caída de los precios de este tipo de recursos naturales coincide con el cierre del ciclo progresista latinoamericano, pues ante la disminución de los recursos provenientes de las actividades extractivas que financiaban las políticas sociales, es mucho más difícil legitimar las formas de gobernar. La disminución de los subsidios y programas sociales generan un ambiente propicio para la contraofensiva de la derecha latinoamericana. La dependencia del sector primario–exportador, que genera divisas para la política social termina siendo un bumerán contra los mismo gobiernos.

 

La pregunta por la alternativa

 

Aunque con las críticas necesarias que debe hacérseles, es imposible negar que estos gobiernos abrieron una puerta para los movimientos populares, dando pistas en cuanto al cómo actuar en el marco institucional. Esta es una realidad, como también lo es que con sus políticas lograron contener al capital y al imperialismo. Pese a lo cual la discusión de fondo sigue abierta, ¿cuál es la alternativa al desarrollo? ¿Cuál es la alternativa al extractivismo?

 

Extractivismo, ¿sí o no? Lo cierto es que no puede pensarse que de un día para otro se lograrán cerrar todos los enclaves extractivos del planeta, el mundo necesita de cierto grado de extractivismo energético. Lo que es necesario definir es cuánto, para qué, quién o quiénes lo harán y cómo; quizás en el momento que esto sea resuelto los pueblos habrán ganado una gran batalla al capitalismo y al “desarrollo” que persigue.

 

1. Esta actividad puede comprenderse como la apropiación de grandes volúmenes de bienes comunes, generalmente sin valor agregado, centrada en la exportación y especulación financiera.

2. Pobreza y Desigualdad. Unicef México.

3. Desarrollo Social, Pdvsa. 2014.

4. El gobierno venezolano destina 71,4% del ingreso nacional a la inversión social. Nodal. 2016

Publicado enEdición Nº230
Jueves, 15 Septiembre 2016 19:19

Economías con pies de petróleo

Economías con pies de petróleo

ALAI AMLATINA, 15/09/2016.- Las economías hidrocarburíferas de la región se encuentran en problemas. La alta dependencia de las exportaciones de crudo y gas de varios países sudamericanos está mostrando la debilidad de sus estructuras productivas y las difíciles perspectivas que se ciernen sobre su futuro.

Bolivia, Ecuador y Venezuela están pasando duros momentos con un deterioro importante de sus ingresos por exportaciones y los balances fiscales en aprietos. Los programas sociales y los planes de expansión económica corren serios riesgos de continuidad. Sin embargo, lejos de cambiar de estrategia, la opción de los gobiernos parece ser profundizar la dependencia de la exportación de hidrocarburos.

Bolivia

En Bolivia los ingresos del gas han venido cayendo continuamente desde su pico de 2014 cuando alcanzó los US$5.489 millones. Ya para 2015 los ingresos bajaron a US$3.200 millones y este año se espera que desciendan aún más. Según del periódico Pagina Siete (12/09/2016), los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y de regalías del gas disminuirán hasta un 31% y 35% respectivamente en 2017. Este descenso está relacionado básicamente con la caída de los ingresos que recibe Bolivia por las exportaciones de gas natural a los mercados de Brasil y Argentina.

El problema es que la baja de ingresos de regalías e IDH afectará a sectores claves de las políticas públicas, principalmente a las gobernaciones, municipios y universidades y a los recursos que posibilitan el pago de la Renta Dignidad y el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH).

La respuesta del gobierno ha sido ampliar las áreas de exploración de hidrocarburos (entrando incluso en áreas naturales protegidas) y ofrecer un amplio fondo de subsidios por 3.500 millones de dólares a las empresas petroleras y gasíferas. El presidente Evo Morales anunció que "desde 2015 hasta 2020 vamos a invertir 14 mil millones de dólares para exploración, explotación, industrialización y transporte de gas" (lainformacion.com 12/07/2016).

Ecuador

Ecuador lleva casi un año acumulando tasas de crecimiento negativas y es uno de los países más afectados por la caída de los precios del petróleo. El año pasado, el presidente Rafael Correa había reconocido que por tales factores el país tendría un crecimiento bajo o casi nulo y que el país dejaría de recibir $ 7.000 millones por concepto de exportaciones petroleras, alrededor del 7% del Producto Bruto Interno (El Telégrafo 17/09/2015).

Pero la respuesta ecuatoriana no ha sido buscar respuestas fuera del negocio petrolero sino todo lo contrario: ha iniciado la explotación de crudo en uno de los sitios más frágiles del planeta, el Parque Nacional Yasuní. Este parque fue protegido en el pasado por el presidente Correa, pero aquella posición fue revertida por las necesidades económicas del gobierno.

En el bloque petrolero existen reservas probadas de crudo por 1.672 millones de barriles, equivalente al 41,7 por ciento de las reservas totales del país y el ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, dijo que hasta fines de 2016 el país sudamericano recibirá más de 100 millones de dólares con la nueva producción del campo ITT (Xinhua 09/09/2016).

Venezuela

En Venezuela la producción de petróleo ha caído más de un 30% en el último decenio, lo que sumado a la baja del precio del crudo ha tenido notables repercusiones negativas en la economía del país. Sobre todo considerando que este producto representa el 90% de sus exportaciones. Una de las principales causas de la baja producción es la deteriorada situación financiera de la estatal PDVSA que ha entrado en una dramática espiral negativa.

El crudo extrapesado de la Faja del Orinoco debe ser mezclado con otros petróleos livianos importados para poder ser a su vez exportado. Pero los escasos ingresos de las exportaciones hace cada vez más difícil la obtención de divisas para la importación del petróleo liviano.Venezuela está entrando en un círculo vicioso, en el que escasean las divisas porque produce menos petróleo y a su vez produce menos petróleo por esa misma falta de divisas.

El caso venezolano es el más patético de la llamada “maldición de la abundancia”: poseer las mayores reservas petroleras del mundo, con un horizonte de reservas estimado en más de 300 años, lo ha llevado a desarticular toda su economía con la esperanza de hacer del petróleo el motor de su desarrollo.

Y otros

Esto que le ocurre a las economías dependientes de las exportaciones de hidrocarburos también le sucede a todas las economías de la región que han basado sus estrategias de desarrollo de los últimos años en la exportación de materias primas. En algunos casos como los citados, esta dependencia es mayor, pero señales de este problema pueden verse en todos los países en estos tiempos de baja de precios de los “commodities”.

Tampoco es una novedad, esto ya ha ocurrido en el pasado. La pregunta es si nuestros gobiernos continuarán con la misma estrategia, esperando una nueva suba de los precios internacionales del gas, el petróleo o los minerales, o buscarán alternativas para salir de la histórica dependencia de las materias primas.

Ayer fue el caucho, la banana o la plata. Hoy es el petróleo, el gas o la soja. Mañana será el litio, el shale gas o vaya a saber qué. Pero si la región no logra encontrar la bendición de su abundancia, trascendiendo la ilusión del desarrollo, seguirá cayendo por la espiral de la destrucción de su generosa naturaleza sin resolver los problemas sociales que la aquejan.

- Gerardo Honty es analista de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social)

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