“La crisis de los gobiernos progresistas se debe a su incapacidad para salir del modelo extractivo”

El escritor, periodista y militante Raúl Zibechi (Montevideo, 1952) ha estado estos días en el País Vasco para ofrecer dos charlas en las que analizó la coyuntura político-social latinoamericana al hilo de la publicación de su último libro, “Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo” (Desdeabajo; Bogotá, 2016), escrito en colaboración con Decio Machado, periodista de “Diagonal”. En opinión de Raúl Zibechi, el gran problema de los llamados gobiernos progresistas ha sido no alterar la matriz de acumulación extractiva, el proceso de acumulación por despojo, matriz que ha generado una sociedad y una cultura plena de matices y consecuencias negativas. Momentos antes de comenzar el acto que, en Bilbao, organizó el colectivo solidario Komite Internazionalistak, pudimos conversar con él.

 

-En tu último trabajo, realizado en compañía de Decio Machado, insistes en la caracterización de los gobiernos progresistas como llegados al poder, en pleno caos generado por el neoliberalismo, empujados por los movimientos sociales. Señalas, en el libro, que el gran fracaso de estos gobiernos ha sido “no imaginar siquiera el fin del capitalismo”, Decís también que “la tendencia a reducir la revolución a un evolucionismo economicista, se profundiza y empobrece en América Latina –casi hasta el ridículo- a través de dos temas que dominan el debate: la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de las instituciones estatales”.

 

-Los gobiernos progresistas aparecen en un momento caótico donde la desigualdad y la pobreza se habían disparado a consecuencia de las medidas neoliberales, de la desregulación, las privatizaciones. Sus políticas han tomado dos líneas de actuación: reforzar el Estado y sus instituciones y combatir la pobreza mediante planes asistenciales, financiados estos con los beneficios proporcionados por los altos precios de mercado de las commodities, como la soja, el petróleo o los minerales. Algunos de sus errores, a nuestro juicio, ha sido no tocar ni al 10% de poderosos que concentran la mayoría de riqueza en sus manos, no hacer reformas estructurales y perpetuar el modelo extractivo. Nos hemos dado cuenta tarde de qué supone el modelo extractivo del cual, en un principio solo fuimos capaces de ver sus negativos efectos medioambientales. Además de sus efectos nocivos para el medio y la salud humana (la deforestación o el aumento del cáncer en las zonas de monocultivo donde se utiliza, por ejemplo, el glifosato), el extractivismo es toda una cultura. Genera una situación dramática: una parte de la población sobra, porque no está en la producción, porque no es necesaria para producir commodities; “un campo sin campesinos”: no olvidemos que el monocultivo o la megaminería apenas generan empleo. Pero también tenemos un extractivismo urbano, una ciudad donde los pobres son llevados cada vez más lejos, y si esto funcionara a tope -lo que pasa es que hay resistencias- hoy las villas ya no existirían

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El modelo extractivo tiende a generar una sociedad sin sujetos, porque nos hay sujetos vinculados al modelo extractivo, es un modelo de tierra arrasada. Entonces, los movimientos que surgen, lo van a hacer en los márgenes del modelo extractivo, en los márgenes de la sociabilidad, de la producción capitalista. Es muy difícil organizar a la gente que está en esta situación, por fuera de. Eso nos coloca en una situación tremendamente compleja, que nos está llevando a la necesidad de organizar a la gente en las peores condiciones, en los márgenes, sin vinculación con la producción, donde hay una degradación de la trama social muy profunda. Esa es otra de las consecuencias nefastas del modelo extractivo. En la medida que no hay sujetos en la producción, no hay sujetos colectivos, aquel movimiento obrero fue un sujeto en la producción. El movimiento obrero, la fábrica necesitaba un montón de obreros en la producción que normalmente venían del campo, que hacían carrera de vida en la empresa, y había consumidores.

 

-¿Qué opinión os merece el reforzamiento del estado?

 

-El llamado “retorno del Estado” con el consiguiente discurso del aumento del gasto social, se ha convertido en una perversa variante del capitalismo regional camuflado bajo una tautológica invocación a soflamas anti-neoliberales, devolviendo al sistema económico capitalista a la legitimidad a través de meras correcciones a los excesos descontrolados acaecidos durante su etapa neoliberal. Más allá de la articulación de políticas sociales que responden a criterios de protección social predefinidos de forma clásica como de “izquierdas” –en referencia a esas medidas que tienen un fuerte impacto en la conciencia colectiva popular y generan importante apoyo electoral–, no cuesta mucho encontrar políticas económicas claramente reaccionarias en la agenda posneoliberal de los llamados gobiernos progresistas.


-En vuestro trabajo, Machado y tú habláis de cómo los gobiernos del pos- neoliberalismo siempre defienden como sus mayores logros la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

 

-Es difícil discutir que donde gobiernan –o han gobernado– los “progresistas” existe una mejora general de los niveles de vida de la población respecto a la anterior etapa neoliberal. Su explicación es múltiple, tiene que ver con un abanico de factores que engloban desde la etapa de bonanza económica vivida durante la llamada década dorada de los commodities, lo que implicó la posibilidad de incremento de los subsidios y la capacidad adquisitiva de los trabajadores, hasta el desarrollo de acciones contra la pobreza extrema, pasando por el incremento de la inversión social en salud y educación. Es este factor el que reforzó durante los años de bonanza la percepción de cambio y acumuló réditos electorales a favor de estos gobiernos entre los sectores sociales que históricamente habían sido olvidados y que ahora fueron atendidos. Todo ello, a pesar de que no se avanzase en cambios estructurales y el marco de intervención quedara reducido al asistencialismo y una focalización que permitió hacer frente con relativo éxito a una coyuntura crítica tanto social como política.

 

Si bien las políticas sociales contra la pobreza hicieron bajar esta a cuotas menores al 10%, no puede decirse lo mismo de la desigualdad. La incapacidad para reducir las desigualdades agudizadas durante la era neoliberal es uno de los grandes fracasos de los gobiernos progresistas. En la década que comienza en el año 2000, la desigualdad bajo en todo el continente, de modo independiente al signo de sus gobiernos lo que hace suponer que se trata de una tendencia favorecida por factores económicos estructurales, vinculados al tipo de inserción del subcontinente en el sistema mundial. Esto es visible, a primera vista, al comparar los casos de Ecuador y Colombia, dos regímenes a priori confrontados ideológicamente. El gobierno correísta presume de ser el que mejores logros ha obtenido en materia de lucha contra la pobreza de la región, vanagloriándose por desarrollar un modelo de política social referencial para todo el planeta. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (Inec), durante los primeros ocho años de gestión correísta (2007-2014) la pobreza nacional medida por ingresos bajó del 36,7 al 22,5 por ciento, lo que implica que la pobreza se redujo en 14,2 puntos porcentuales. Sin embargo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (Dane), el país pasó de un indicador 45,06 por ciento de pobreza medida por ingresos en 2008 a 28,5 por ciento en 2014, por lo tanto, se contabiliza una reducción de 17,4 puntos porcentuales. Siguiendo estos indicadores, Colombia habría reducido su desigualdad 3,25 puntos porcentuales más que el Ecuador con apenas un año de diferencia.

 

-Las políticas sociales propugnan la integración a través del consumo y parecen estar al servicio del capital financiero.

 

-Los grandes bancos de Brasil están obteniendo las mayores ganancias de su historia. En el tercer trimestre de 2015, Itaú, Bradesco y Banco do Brasil tuvieron ganancias del 15%. En los ochos años de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), o sea en pleno período neoliberal, las ganancias de los bancos crecieron entre 10 y 11 %. En los ochos años de Lula (2003-2011) sus ganancias llegaron al 14 por ciento. Es un modelo que impulsa la integración mediante el consumo y que llevó a que se compraran coches hasta en 60 cuotas con un interés real muy alto que benefició a los bancos. El tipo de desarrollo económico impulsado llevó a que la flota automovilística creciera el 9 por ciento al año, pero sin tocar la infraestructura urbana. Esa política ganó la simpatía de una población que deseaba consumir porque nunca tuvo coche ni bienes de consumo, ni vacaciones con viajes ni ropa de calidad. Así llegamos a una realidad en la que el programa Bolsa Familia ayuda a los más pobres pero a la vez potencia las ganancias del sector financiero. Su conclusión es que fue una política equivocada que ahora está cosechando rechazos.

 

Al no haberse realizado reformas estructurales que son las que pueden disminuir la enorme desigualdad y cambiar la vida de las personas, cuando llega el fin del ciclo de los precios altos de los commodities el crecimiento se frena, caen los ingresos, el nivel de empleo y los salarios, y las familias ya no pueden pagar sus deudas. Tampoco el Estado, que debe recortar sus gastos. Otras críticas podrían sumarse: fomentar el consumo como forma de integración despolitiza a los sectores populares. Pero ese era, tal vez, el objetivo del gobierno Lula que pretendió contentar a los de abajo y también a los de arriba, buscando evitar el conflicto social.

 

Pero en eso llegó la crisis. Y con ello aumentaron las tasas de interés que en el comercio superan el 5 por ciento mensual. El resultado es catastrófico: en 2015 el endeudamiento de las familias con el sistema financiero compromete el 48 por ciento de sus ingresos frente al 22 por ciento en 2006. Por eso las fabulosas ganancias de la banca. Entre la clase media, la llamada Clase C por ingresos, donde está la mayoría de los brasileños, el 65 por ciento de sus ingresos van al pago de servicios financieros. ¿Hay o no hay motivos para la protesta, la rabia y la bronca cuando después de doce años de progresismo son prisioneros del capital financiero.

 

-Oímos hablar de “golpe de Estado” en Brasil. Teniendo en cuenta que el PT apoya e impulsa modelos neoliberales, ¿es solo la derecha quien sale allí a la calle?

 

-Existen movimientos como Vamos para a rua que se han ido gestando lentamente al calor de nuevos institutos de formación universitarios, amparados por los conservadores estadounidenses que han ganado centros de estudio. La nueva derecha ha ganado centros de estudios en las universidades públicas que, hasta la fecha, eran bastiones de la izquierda, mucho antes del 103, que es cuando sale la derecha a la calle. Y lo que hace la derecha, cuando el movimiento popular empieza a tomar la calle, ven una oportunidad y se montan ahí. Salen con sus señas de identidad: la bandera de Brasil, los colores verde y amarillo, aupados por los medios de comunicación. Es una nueva derecha militante, no es la vieja derecha que hablaba de “dios, patria, latifundio”... Es una nueva derecha que habla de la legalización de la marihuana, que habla del matrimonio igualitario. Los que se manifiestan son, básicamente, sectores de clase media y clase media alta, sobre todo en Sao Paulo, Porto Alegre, Río de Janeiro, que es el núcleo de estas manifestaciones de ahora. Entonces, tenemos una situación en la cual, por un tiempo, la derecha le ganó la calle a la izquierda; desde el fin de la dictadura, años 70, la etapa final de la dictadura, la izquierda monopolizaba la calle. Tenemos una situación de insatisfacción popular: Dilma lleva un año y pico gobernando con el apoyo de un 10%, según indican todas las encuestas; hay un desgaste muy fuerte. Existe también otro fenómeno que es importante recalcarlo: los elencos progresistas en Argentina o Brasil se han instalado dentro de lo que son las élites; ya no son los dirigentes populares de antes: son gente que vive, que viaja como las clases altas, como los ricos: han perdido una gran legitimidad popular. Esto quiere decir que hay una defensiva y crisis profunda del movimiento popular, del PT, en el caso concreto de Brasil, yo creo que, en 2018, el PT va a resultar con una representación parlamentaria más reducida aún que la que hoy en día tiene, una de las más bajas de la historia con cincuenta y pico diputados.

 

-En el libro, habláis de cómo la violencia policial se ha disparado. Son significativos hechos como la presencia del Ejército uruguayo en Haití, las nuevas policías militarizadas entrenadas por Israel en los barrios de Montevideo. El objetivo, controlar la periferia pobre.

 

-Hay un dato irrefutable de la Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional, Argentina): después de un seguimiento de más de 30 años al gatillo fácil, al comparar los diez años de Menem -un gobierno de derecha, neoliberal, antipopular, represivo- y los diez primeros años de los gobiernos K, podemos ver que hay cuatro veces más gatillo fácil ahora que con Menem. No es directamente por la política del Gobierno, es por la autonomización de los aparatos represivos que en el Conurbano bonaerense, por ejemplo, focalizan la violencia estatal hacia las viseras, las gorras, los jóvenes pobres de tez más oscura. En Brasil, según datos del propio Gobierno, desde que Lula llegó al Gobierno en 2003, las muertes violentas de blancos cayeron un 25% y las de negros aumentaron un 40%. Tenemos una mayor violencia estatal pero focalizada en los sectores populares de la población, los de abajo. ¿Responde esto a una política directa de los gobiernos? Yo no diría eso, pero veamos qué interesante: aquí existe un modelo extractivo que genera polarización social, que no genera empleo digno; el modelo extractivo –soja, especulación urbana, mineral de hierro, megaobras de infraestructura- casi no genera empleo pero sí grandes bolsas de pobreza –favelas, cinturones de pobreza de Sao Paulo, Río y las ciudades argentinas- donde la policía es la que manda, la policía es el orden, la policía tiene una legitimidad social para matar porque esa población es sobrante desde el punto de vista del modelo. Si tú generas un modelo que genera estos bolsones de exclusión estás poniendo en bandeja a la policía que estos, que no sirven ni para consumir -y si lo hacen son productos de baja calidad- sean directamente víctimas de la represión policial. Yo ya no diría represión, porque se reprime cuando hay una acción: esto es criminalización de la pobreza; el pobre es sospechoso de ser criminal in situ, como en Europa los negros son requeridos, una vez al día por lo menos, a presentar la documentación, a identificarse ante la policía porque son negros; aquí, pasa algo parecido, aunque multiplicado y acompañado de una violencia muy fuerte. Si tuviera que hacer una síntesis en una frase, diría: la crisis de los gobiernos progresistas se debe a la incapacidad de salir del modelo extractivo y en haber profundizado este, que no es solo un modelo económico, es un modelo de sociedad, como lo fue la sociedad industrial: son las relaciones sociales, la cultura, la vida; este es un modelo de muerte que margina a un 30 o 40% de la población, condenada a permanecer en sus periferias, recibir políticas sociales y no poder ni siquiera organizarse, ya que cuando se mueve un poquito, cuando salen de sus barrios, son criminalizados solo por el aspecto; es, como decimos allá, “portación de cara”. Esto es muy grave, muy duro, y debe ser repensado en este período para denunciarlo y discutir políticamente que este modelo caducó y no puede volver a ser replicado, ni por la derecha ni por la izquierda, porque con gobiernos de izquierda y con gobiernos de derecha, el modelo se mantiene. Ya no es el modelo de las privatizaciones: es un modelo mucho más perverso; las privatizaciones afectaban, sobre todo, a las clases medias y esto afecta a los setores populares que son víctimas directas del modelo extractivo.

 

-¿Qué futuro político pueden tener Lula y su partido?

 

-Lula es un político importante en Brasil. Tiene capacidad de articulación y tiene apoyo popular, sobre todo, en el nordeste. Aquí, ya hay algo: el Lula de los 80 y los 90 y hasta el 2003 tenía fuertes apoyos en la industria, en Sao Paulo, 60 millones de habitantes en el corazón del quinto complejo industrial más importante del mundo. Hoy en día, el núcleo del apoyo a Lula está en el norte, donde se han ejecutado mayor número de políticas sociales, elemento a tener en cuenta. Yo creo que Lula, si la justicia no lo impide, volverá a ser candidato en las siguientes elecciones de 2018. Ya he escrito de cómo Lula, en sus viajes, se dedica a lubricar los intereses de las grandes empresas brasileñas de la construcción (Camargo Corrêa, Odebrecht, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, OAS, Mendes Junior y Engevix). Será candidato y yo veo muy difícil que pueda ganar y, de hacerlo, será con un PT muy disminuido. Desde las elecciones, que sacó setenta y pico diputados, hasta ahora, que tiene veinte menos, poque se corrieron a otros partidos. Su bancada va a ser más minoritaria que en 2003 y, ¿con quién se va a aliar? Ya se alió con los partidos que ahora quieren destituir a su sucesora. El último aliado que le quedaba, el Partido Progresista, es el partido que más veces aparece mencionado en la operación anticorrupción Lava jato (investiga la corrupción en Petrobras). Dudo que gane y si lo hace su gobierno será un revival pero peor del Gobierno que tuvo de 2003 a 2010. No es que yo lo quiera, pero la política es un asunto de correlación de fuerzas y hoy el PT no está en condiciones, ni con sus aliados más firmes (PCB, PSOL, Partido Trabalhista, heredero de Lionel Brizola) de obtener una bancada mínima que les permita gobernar. Entonces, Lula mantiene una popularidad del 20%, empatado con Marina Silva, la candidata ecologista y neoliberal... Pero Lula también es neoliberal.

 

-Estos son los límites, por lo tanto, para que nazca una izquierda de verdad. ¿Por qué los movimientos populares no pueden ir más allá?

 

-Esto es bueno. A corto plazo, creo que van a gobernar las derechas. A mediano plazo, para que la correlación de fuerzas cambie, habrá que ver qué hacen los movimientos sociales. Yo, ahí, soy un poco más optimista y creo que los movimientos, en un plazo de tiempo relativamente breve, van a volver a la ofensiva y en esa ofensiva una de las tareas centrales va a ser discutir, si se quiere llegar al gobierno, con qué programa, qué realizaciones tendrán lugar, cuáles van a ser los aliados. Las políticas para combatir la pobreza están muy bien cuando se llega al gobierno en una situación de emergencia y, en los dos o tres primeros años, se bajan los niveles de pobreza; esto me parece justo y razonable. Pero sustentarse una década larga en las políticas sociales tiene sus límites porque de lo que se trata es de que la gente tenga un empleo digno que le permita, como les permitía a los campesinos que llegaban a la ciudad en los años 60, a lo largo de un desempeño de vida, adquirir un oficio, tener su vivienda, que los hijos obtengan educación. El proceso productivo natural integraba. El de ahora no integra, segrega... Así que hay que discutir sobre qué bases se quiere gobernar: si es sobre la soja, la carne y el mineral de hierro, lo lamento... ¿Cuál es el nudo, el problema? Llegar al Gobierno cuando el modelo extractivo está fuerte, ¿qué sucede? Yo termino gestionando el modelo extractivo aunque no me guste... Les termina gustando porque tiene otras ventajas, sobre todo para los equipos gubernamentales; pero primero tiene que quebrarse el modelo, veremos después cómo se gobierna; pero llegar al Gobierno cuando el modelo está fuerte, potente, no se hace más que gerenciar ese modelo, y eso es un problema. En Uruguay, en Montevideo, en Sudamérica, en Porto Alegre llevamos más de 30 años con gobiernos municipales de izquierda, ¿y qué se ha hecho?, ¿cuál es el resultado? Siguió la especulación inmobiliaria, siguió diseñándose la ciudad para los de arriba y no para los de abajo... La estructura de la sociedad no cambió. Estoy hablando de 30 años de gobiernos municipales. Estamos en un problema: llegar para gobernar lo que hay, no sirve si antes no se destruye lo que hay, si antes no se hace entrar en crisis lo que hay. En las luchas de los 90 se hizo entrar en crisis a los políticos neoliberales, pero no al sistema neoliberal: los elencos gubernamentales neoliberales entraron en crisis, pero quienes les sustituyeron tenían una base societal, productiva, financiera, neoliberal y la gestionaron. Eso es, para mí, lo que no debe repetirse.

 

 

Publicado enPolítica
Viernes, 29 Mayo 2015 07:43

El extractivismo se tambalea

El extractivismo se tambalea

La resistencia al extractivismo está barriendo el continente latinoamericano, de norte a sur, del Atlántico al Pacífico, involucrando a todos los países, forzando a los gobiernos a sacar a sus uniformados a las calles y decretar estados de emergencia para atemorizar a poblaciones que ya no se dejan, porque están sufriendo las consecuencias del modelo.

La megaminería a cielo abierto, las grandes obras como las represas hidroeléctricas, los monocultivos fumigados con glifosato y la especulación inmobiliaria, están siendo respondidos como nunca antes en intensidad, extensión y duración. Los pueblos están consiguiendo en los últimos años importantes victorias: paralización de la planta de semillas de Monsanto en Malvinas Argentinas; detención del proyecto binacional de Barrick Gold, Pascua Lama; aplazamiento de la construcción de decenas de represas, como sucedió con La Parota, en México.


En las últimas semanas ha sido la población de Arequipa, sur del Perú, la que está forzando al gobierno de Ollanta Humala a decretar un nuevo estado de emergencia, luego de la cuarta víctima mortal por la represión policial en el marco de un paro indefinido que ya lleva más de 60 días contra el proyecto cuprífero Tía María, de la empresa Southern Copper.


Es probable que Perú sea el epicentro de las resistencias a la minería, con un promedio de 200 conflictos socioambientales desde 2008. En Brasil no sólo se resiste a la minería sino a los grandes proyectos hidroeléctricos como Belo Monte, además de las múltiples resistencias a la especulación inmobiliaria (extractivismo urbano), que avanza febrilmente en Río de Janeiro de cara a los Juegos Olímpicos de 2016.


La pampa argentina es el epicentro de la resistencia al modelo soyero, donde destacan las Madres de Ituzaingó, la Asamblea de Malvinas Argentinas, la campaña Paren de Fumigarnos y los médicos comprometidos, que del 15 al 18 de junio organizan la Semana de Formación Docente para la Ciencia Digna y la Salud Socio Ambiental, en Rosario.


Hasta ahora no existe una resistencia unificada ni centralizada, ni a escala regional ni en cada uno de los países, pero la multiplicidad de luchas se coordina en las calles, sin necesidad de aparatos unificados. Como señala el último informe del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), todo este esfuerzo por sostener el extractivismo minero es cada vez más criticado y deslegitimado por amplios sectores de la sociedad, y es que la minería no logra convencer a la población de sus ventajas (OCMAL, abril de 2015, p. 101).


Existe cierta similitud entre la actual resistencia al modelo extractivo y la resistencia obrera al fordismo en la década de 1960. Los obreros fabriles consiguieron desarticular la producción en base a una resistencia directa en cada sección y en cada taller, en base a la acción directa sin depender de las burocracias sindicales, hasta que la disciplina y la división del trabajo fueron derrotadas. Parece necesario insistir en que fue una lucha no institucional, ni siquiera declarada abiertamente, pero tan efectiva que doblegó al capital en sus propios feudos, las fábricas, forzándolo a una completa restructuración del aparato productivo.


Algo que podemos aprender de esa oleada de luchas obreras es que para derrotar un modelo de dominación lo central es lo que sucede sobre el terreno donde ese modelo se aplica, siendo completamente intrascendentes los gobiernos y las administraciones estatales. La lucha y la resistencia directas son insustituibles, como enseñan las crónicas recopiladas en infinidad de trabajos y relatos.


En este punto es necesario destacar que no hay un momento de derrota o lucha final, como dice la estrofa de La Internacional, porque lo decisivo es el largo proceso de acciones directas que consiguen trabar el mecanismo de dominación. Desde que se implementaron el fordismo y el taylorismo hasta que fueron desbordados y neutralizados transcurrió más de medio siglo; dos o tres generaciones de trabajadores fueron necesarias para encontrar los puntos débiles del engranaje patronal.


Lo que está sucediendo frente al extractivismo debe ser fuente de múltiples aprendizajes; con un ojo puesto en la historia de las resistencias y otro en el presente, podemos sacar algunas conclusiones.


La primera es que la resistencia la protagonizan pueblos indígenas, negros y mestizos en las áreas donde se despliegan la minería, los monocultivos y las megaobras de infraestructura. Se trata de un amplio y heterogéneo entramado de campesinos, trabajadores rurales y habitantes de poblados, donde destaca el papel de las mujeres y sus familias. Es una lucha cara a cara frente a empresas y gobiernos, casi siempre sin apoyo de las instituciones, que sólo se hacen presentes cuando la mayor parte de la población ocupa las calles.


La segunda es la importancia de la defensa del agua, el principal bien común afectado por el extractivismo. En algunos países, como en Uruguay, la población urbana comenzó a reaccionar contra el modelo al comprobar el deterioro de la calidad del agua que consume. De ese modo se pudieron articular alianzas de hecho entre rurales y urbanos, entre colectivos de base y sindicatos, entre trabajadores y científicos.


La tercera es la variedad de formas de lucha que, en algún momento, ganan en masividad provocando estallidos sociales que no son espontáneos sino fruto de una prolongada labor de difusión y de organización. Algo de esto sucede estos días en Arequipa, cuando la mayor parte de la población de aldeas y pueblos, primero, y de la gran ciudad, después, se vuelca contra la minera.


La cuarta es la importancia de los pequeños grupos locales y territoriales, integrados por militantes y vecinos, en general jóvenes. Este tipo de grupos son decisivos porque de ellos parte la información inicial que habilita el debate entre sectores más amplios de las poblaciones afectadas.


El extractivismo está lejos aún de ser derribado. Pero ya vemos cómo se tambalea.

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La tensa calma que ocultaba tras un complejo entramado de intereses políticos los enormes conflictos sociales en el municipio de Suacha, comienza a resquebrajarse En la última semana de julio fueron realizadas dos jornadas de movilización que situaron en la agenda local y regional algunos de los conflictos territoriales más apremiantes, como un síntoma del proceso de configuración y articulación de actores sociales organizados para enfrentar los efectos del crecimiento urbanístico basado en la especulación financiera, la recomposición de maquinarias clientelistas locales-nacionales y el posicionamiento de este municipio –vecino de la capital del país– como la despensa de materiales de construcción para toda la región.


El 6 de agosto, en una de las jornadas de movilización, campesinos y pobladores urbanos, particularmente aquellos organizados en la Red Juvenil de Suacha, impidieron que las volquetas de la multinacional Trenaco transportaran los materiales extraídos de la mina Caracolí, ubicada en la Vereda San Jorge; más tarde se movilizaron hasta la instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, institución encargada de otorgar la licencia ambiental a la multinacional. De esta forma los habitantes de Suacha se suman a otras experiencias de organización que toman cuerpo en el país en contra de la política extractivista y el saqueo de recursos naturales que el gobierno nacional respalda a través de un cuidadoso trabajo de ingeniería jurídica, que debilitó instancias como la Consulta Previa y la Consulta Popular en función de los intereses de las empresas mineras y el capital trasnacional.


Soberanía alimentaria y usos del suelo

 

Más del 85% del territorio de Suacha es rural. La vereda San Jorge integra esta parte del municipio. Está situada en lo que el último Plan de Ordenamiento Territorial de Suacha definió como Zonas de Conservación, no solo por tratarse de un territorio con vocación agrícola sino por ser la puerta de entrada al Páramo de Aguas Vivas, un complejo ecológico único por las características de sus ecosistemas –humedales, enclave subxerofítico, bosque altoandino–, que le permiten regular las fuentes hídricas que sostienen la actividad agrícola, y que en su momento abasteció de agua al municipio.

 

Esta región hace parte de la Cuenca Alta del río Bogotá, situada en el sistema paramoso del Sumapaz, hecho que cohesiona el territorio y lo dota de un perfil productivo y ecológico común asociado a la producción de agua y al delicado equilibrio de sus ecosistemas, características que lo convierten en un patrimonio ambiental de la región, la nación y la humanidad.


Es por estas razones que la minería representa una amenaza directa e inmediata para el municipio, y los territorios aledaños, en tres frentes: 1) amenazando el equilibrio del único ecosistema capaz de regular y garantizar el suministro de agua, fenómeno que ya padecen los suachunos con las actividades de la ladrillera Santa Fe que, en inmediaciones de la vereda Panamá, ha cercado el rio Suacha, privatizando su uso y disfrute; 2) el impacto ambiental, social y económico de la extracción minera afecta ya a más del 50% de los productos tradicionalmente cultivados en la región: flores, arveja, fresa, papa y leche, despojando a los campesinos de sus tierras y amenazando la soberanía alimentaria de los habitantes urbanos del municipio; 3) como consecuencia, la actividad minera presiona la reconfiguración del territorio en función de una actividad económica que no es solidaria con los procesos ecológicos ni el tejido social de la región, abriendo paso a la fragmentación de la cultura e identidad colectiva de los campesinos que la habitan.


Lo que desconoció la CARC


El 7 de julio de 2009 Ingeominas suscribió con el señor Omar Cerón Barrera el contrato No. IFF 08081 para la explotación de materiales de construcción en un área de 65,7 hectáreas, acuerdo que fue respaldado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (Carc) a través de la resolución No. 0532 de 2012, decisión tomada a pesar de que el área de concesión está a más de 3.080 metros de altura, es decir, supera el umbral establecido por la Resolución No. 0076 de 1977 que alindera la cuenca alta del rio Bogotá, declarando la creación de una Reserva forestal protectora y productora de agua, que prohíbe la explotación de minerales por encima del nivel del Salto del Tequendama.


Cuando la empresa minera inició operaciones en el 2012 toman cuerpo numerosos conflictos entre las comunidades campesinas y los operadores mineros, cuyas actividades afectaron la producción de alimentos y causaron rápidamente impactos ecológicos irreversibles a las especies nativas, entre ellas el frailejón, la paja o guinche, los cardones, las piñuelas y los encenillos. Conflictos que desarrollados sin mediación institucional por la ausencia de instancias de socialización con las comunidades del proyecto minero, responsabilidad directa de la Carc y las autoridades ambientales del municipio. Por esta razón la Carc decide suspender la licencia ambiental a través de la resolución 1934 de 2012, revocada, de forma inexplicable, el pasado mes de mayo, con lo que la misma Carc brinda luz verde a la reactivación de las actividades de extracción en la vereda San Jorge.


Lo local, lo nacional


La Carc argumenta que tomó la decisión de levantar la suspensión a la mina Caracolí con base en lo dispuesto por la Resolución No. 0138 de 2014 del Ministerio de Medio Ambiente, que realindera la Cuenca Alta del río Bogotá, disminuyendo el área protegida y exponiendo a la actividad minera a varias regiones estratégicas desde el punto de vista agroecológico. Más allá de este complejo entramado jurídico, el curso del conflicto marcó un proceso de reacomodamiento de fuerzas entre instancias locales –incluyendo el control democrático de las comunidades– y el gobierno nacional, que trata de posicionar a Colombia como un enclave minero-energético, inscribiendo al país en una tendencia regional que encuentra en la extracción minera un muy lucrativo nido para los capitales especulativos, fenómeno que también afecta a países como Ecuador, Brasil, Bolivia, Venezuela, Perú.


Desde 2003, con la creación de instancias como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que separó formalmente a Ecopetrol de la definición de la política minera y energética del país, el gobierno colombiano levanta progresivamente el andamiaje jurídico para permitir concentrar la facultad de administrar los recursos ambientales y energéticos de la nación sin pasar por los controles y contrapesos locales, sean estos de carácter cívico-popular o institucionales (alcaldías, concejos, personerías, etc), proceso consagrado por la Corte Constitucional (falló a favor del Gobierno y las multinacionales en el caso de Piedras, Tolima), donde la comunidad y las autoridades políticas locales dejaron en claro su rechazo a las concesiones mineras en su municipio.


Con disputa. El decreto-ley 3570 de 2011 es muy claro al respecto, al atribuir al Ministerio del Medio Ambiente la facultad exclusiva de "declarar, alinderar, re-alinderar, sustraer, integrar o recategorizar las áreas de reserva forestal nacionales, reglamentar su uso y funcionamiento". Artículo que le permitió a esa institución orientar el realinderamiento de la Cuenca Alta del rio Bogotá a través de la resolución 511 de 2013, procedimiento que redujo la Reserva Forestal Protectora Productora y desconoce la Resolución Ejecutiva del Inderena de 1977.


De esta forma, el proceso de centralización política y administrativa que responde a las necesidades geopolíticas y geoeconómicas de la locomotora minera, coloca a la Corporación Autónoma Regional por encima del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, que limita el Distrito Minero a las veredas Fusunga, Chacua y Panamá, zonas que hoy viven los lamentables efectos de la minería. No obstante la negativa formal de la dirección bioambiental –autoridad local encargada de monitorear este tipo de actividades– y de algunos sectores del concejo municipal, la falta de voluntad política de estas instituciones para impulsar soluciones concretas deja ver que el sector minero local hunde sus raíces en el corazón del aparato administrativo del municipio, junto a otras actividades vinculadas a la especulación urbanística, como la construcción y el transporte.

 

De la acción jurídica a la movilización organizada


La tendencia histórica se rinde ante la maquinaria política del gobierno nacional y sus aliados locales y trasnacionales, que cierran el cerco jurídico contra las experiencias de movilización y organización popular que, en el ámbito local y regional, tienden lazos de articulación en torno a la defensa del territorio. El procedimiento de realinderamiento –MinAmbiente– y el posterior levantamiento de la suspensión –Carc– dan viva cuenta de este fenómeno, que agota los instrumentos de gestión y control local en función de un marco jurídico que, no obstante su carácter legal, es socialmente ilegitimo en la medida que lesiona las formas de vida, la identidad y la soberanía alimentaria de municipios como Suacha.


Las acciones colectivas avanzan. También los puentes organizativos basados en la solidaridad para enfrentar una amenaza común, colocando sobre la mesa la necesidad de crear un Comité de Defensa de la Vereda San Jorge, encargado de generar estrategias de difusión y movilización que detengan de forma definitiva los trabajos de extracción en la mina Caracolí y abran la puerta a la participación directo y decisoria de las comunidades urbanas y rurales en al construcción de un modelo alternativo de ordenamiento territorial, empresa que demandara la inclusión de todos los habitantes del municipio.
La Red Juvenil de Suacha ha decidido poner al servicio de esta iniciativa sus esfuerzos, a través de la organización de rutas agroecológicas, tomas culturales y actividades de formación que posicionen el tema en la agenda pública, impulsando junto a las comunidades la necesidad de detener el catastrófico paso de la locomotora minera por Suacha, como el primer paso para la construcción democrática del territorio.

 

*En lengua chibcha, el dios sol es Xua, prefijo de suacha, que significa: tierra del dios sol

Publicado enEdición Nº 205
Acción común y coordinada contra el espejismo del "desarrollo"

Más de 150 personas provenientes de ciudades y departamentos como Bogotá, Soacha Antioquia, Boyacá, Cauca, Guajira, Meta, Tolima y Santander, llegaron a Villa de Leyva el pasado 25-27 de abril, como respuesta al llamado para deliberar y diseñar agendas comunes en contra de la loco-motora minera.

 

Los daños ocasionados por la explotación minera, en especial por la mediana y la megaminería, son inocultables: remoción masiva de terrenos con sus bosques y cobertura vegetal, destrucción del habitat de numerosas especies animales, daños en las fuentes de agua y ecosistemas estratégicos, violación de derechos humanos y la corrupción de autoridades e instituciones del Estado. Realidades que despiertan y movilizan poblaciones enteras han dado lugar a una creciente resistencia.

 

En muchas regiones las organizaciones existentes o nuevos colectivos articulan esfuerzos. Por ejemplo: Santurbán en Santander, La Colosa en el Tolima, la COA en el occidente de Antioquia, el Macizo colombiano en Cauca, las organizaciones del Casanare o las provincias de Alto Ricaurte y Sugamuxi en Boyacá. El reconocimiento de esta dinámica y la necesidad de fortalecerla fue lo que motivó la convocatoria del Encuentro Nacional por parte de organizaciones de la provincia del Alto Ricaurte (Boyacá), con el respaldo de varias organizaciones nacionales y regionales.

 

El Encuentro inició con una aguda crítica a la política minera del gobierno colombiano a cargo de Danilo Urrea de Censat–Agua Viva y Rafael Colmenares de Unión Libre Ambiental. A continuación hubo dos excelentes conferencias: una del profesor Héctor Moncayo, de Ilsa, sobre el contexto internacional que explica por qué en Colombia y otros países impulsan la exportación de minerales; y una visión histórica de la problemática de los bosques y las aguas a cargo del profesor Joaquín Molano.

 

Un segundo momento del Encuentro estuvo dedicado a la presentación de 20 experiencias regionales y algunas urbanas (en la periferia de Bogotá y Soacha), cuyos voceros fueron los líderes de dichos procesos. De esas presentaciones debe destacarse dos aspectos: la problemática que afrontan en los territorios, y las acciones de resistencia desprendidas de estos.

 

En cuanto a la problemática: es claro, por sus dimensiones territoriales (millones de hectáreas) y temporales (varias décadas), lo que está en marcha es una locomotora de "mega-minería" conducida por varias de las empresas multinacionales más poderosas del mundo; la subasta de los recursos minerales cursa de manera silenciosa y amañada, a espaldas de las comunidades, engañándolas y acomodando los estudios de impacto ambiental y planes de manejo, con la complicidad de las autoridades ambientales. Esto ocurre con alguna facilidad porque la minería es fuente de corrupción político administrativa ya que las empresas –como lo demuestran distintos episodios en todo el mundo– sobornan funcionarios de diverso orden dentro del Estado; sobornos facilitados por realidades como las de las CAR, convertidas en fortines politiqueros. Pero esto también sucede porque la minería está asociada al control del territorio por parte de grupos armados ilegales, no es casual por tanto el asesinato y desaparición de líderes comunitarios opuestos a esta dinámica de explotación.

 

Realidad que propicia el cambio en el imaginario que muchas comunidades tenían del oro, el petróleo y cualquier otro mineral, anteriormente asociados con el sentido de riqueza y prosperidad, y ahora reducido al de amenaza, pobreza, daños ambientales, corrupción, violencia y desorden social.

 

¿Qué hacer?

 

El Encuentro Nacional fue prolífico en sus respuestas ante los riesgos y amenazas de la loco-motora minera, pretendiendo el fortalecimiento de la resistencia por parte de la sociedad civil.

 

El punto de partida es tomar consciencia de que tenemos derechos y deberes para proteger la vida, los recursos naturales y los intereses colectivos por encima de las multinacionales; hacer uso de los mecanismos jurídicos, movilizar pacíficamente a las comunidades, conseguir el apoyo de los medios de comunicación, de la academia, de personalidades y organismos nacionales e internacionales, para obligar al Estado a cumplir su deber constitucional de proteger las riquezas naturales y culturales de la nación; y de manera enfática, pública y al más alto nivel, denunciar cualquier amenaza y violación de los derechos humanos por parte de las empresas, los grupos delincuenciales o la fuerza pública. En síntesis, desarrollar el poder ciudadano en contra del despojo de nuestra patria por parte de las multinacionales, con la complicidad del Estado.

 

Pasos a seguir

 

Las experiencias expuestas en el Encuentro, sugieren: articular las organizaciones existentes o crear instancias específicas de interrelacionamiento contra la locomotora minera; hacer una revisión de títulos mineros y licencias ambientales, como lo propone la Iniciativa de Moratoria Minera; estudiar a fondo y con mirada crítica la documentación de los proyectos mineros y la normatividad pertinente, para resistir con fortaleza argumentativa; alertar ampliamente a las comunidades sobre las actividades mineras proyectadas en sus territorios y los perjuicios que acarrean; trazar planes de acción con objetivos muy precisos y con diversas estrategias eficaces: jurídicas, académicas, políticas, movilización social, medios de comunicación, ordenamiento territorial, etcétera; movilizar a las comunidades pacíficamente, pero con contundencia, en actividades como marchas, foros, audiencias, asambleas públicas, cabildos abiertos, mesas de concertación, plantones; adelantar gestión en procura de apoyo institucional; ocupar los espacios de participación disponibles, como los consejos directivos de las CAR, los Pomcas, los consejos ambientales y de planeación territorial; crear mesas de concertación con las entidades y autoridades del Estado, incluyendo los organismos de control, en las que estén representados los diferentes sectores y organizaciones sociales; insistir en las Consultas Populares, argumentando que estas son para protegen el territorio contra las actividades que afecten los intereses de la comunidad y los derechos de los propietarios del suelo.

 

Al final

 

Al final –tercer momento del Encuentro– fueron instaladas tres mesas de trabajo: estrategias, articulación organizativa y comunicaciones. El resultado final permitió la conformación de una red de resistencia contra la loco-motora minera que pondrá en la práctica, y difundirá hacia otras regiones los lineamientos y la ruta surgidos de este Encuentro.

 

Cada una de las experiencias representadas en el Encuentro funcionará como un nodo de dicha red para tratar de incidir en 3 escenarios: el político institucional –para que el Estado actúe como debe ser–; el académico –para que las universidades y colegios contribuyan con el conocimiento y formación de recursos humanos que defiendan los territorios y la debida explotación de sus recursos naturales–; y los medios de comunicación –para contrarrestar la desinformación y bloqueo de los grandes medios comerciales.

 

Como responsabilidad colectiva, fue asumido por el total de la concurrencia el compromiso de difundir en el corto plazo los resultados del Encuentro en cada una de las regiones de donde procedía ésta; realizar reuniones en los respectivos departamentos en un plazo de 6 meses; y empezar a trabajar hacia la realización de un segundo encuentro nacional dentro de un año o cuando el proceso lo amerite

Publicado enEdición Nº202
La minería eleva los niveles de mercurio tóxico en Latinoamérica

El antiguo refrán nos advierte que no todo lo que brilla es oro, y efectivamente en partes de Latinoamérica ese destello tiene un lado bastante oscuro.
El boom de las materias primas inyectó vida a las economías regionales y en la década entre 2002 y 2012 el precio de oro aumentó un 500% a nivel mundial. Como consecuencia, se destapó una tendencia hacia la minería ilegal y hoy en día América Latina cuenta con más de 500.000 minas pequeñas, todas buscando su forma de montarse en la ola de los precios récord.


Sin embargo, tales actividades también cobran un precio muy caro al medio ambiente debido al excesivo uso del mercurio como agente para extraer el mineral.


Catalogado por la OMS como uno de los diez principales productos químicos de mayor preocupación para la salud pública, el mercurio ha sido durante mucho tiempo motivo de alarma para la comunidad internacional.


En 2010, unas 1,960 toneladas métricas del metal fueron emitidas a nivel global, de acuerdo a Mercury Watch. Según la organización no gubernamental, las emisiones latinoamericanas superaron las 526 toneladas ese año, casi la cuarta parte del total mundial.


El mercurio, el único metal que es líquido a temperatura ambiente, es una neurotoxina altamente potente. Una vez liberadas a la atmósfera, las emisiones tienden a dispersarse rápidamente por todo el mundo, viajando largas distancias y causando problemas de salud generalizados así como daños en los ecosistemas a donde llega. Lo que es peor, este metal no es degradable sino que se acumula en la cadena alimentaria, ya que es absorbido por la flora y la fauna.


"Es importante entender que el mercurio es un contaminante mundial por su capacidad de propagarse a grandes distancias. Esa es la razón por la que se puede encontrar mercurio en todas partes, incluso en las regiones más remotas del Ártico", explica Ibrahima Sow, experto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).


En respuesta, 18 países latinoamericanos, conjuntamente con 79 países de otras regiones, firmaron en 2013 la Convención de Minamata sobre el Mercurio, que tiene como objetivo proteger la salud de la población y el medio ambiente mundial, a través de la reducción de las emisiones causadas por los seres humanos y el vertido de mercurio y sus compuestos.


Sow agrega que la Convención de Minamata es un paso importante para reducir esta amenaza mundial, pero que "ahora tenemos que ratificarla y aplicarla. Es la única manera de reducir el uso del mercurio".


Hasta el momento solo sólo Estados Unidos ha ratificado la Convención, una situación que el FMAM está dispuesto a cambiar en su función de mecanismo financiero de la convención.


No todo lo que brilla es oro


¿Cuál puede ser una estrategia clave? Reducir las emisiones de mercurio procedentes de la industria minera de oro artesanal y de pequeña escala.
El mercurio, que históricamente ha sido una parte crucial del proceso de extracción, ha sido sustituido en la minería industrial o a gran escala. Sin embargo, este no es el caso en las explotaciones a pequeña escala, artesanales o de la minería ilegal. De hecho, en 2010, esta categoría de minas representó el 37 % de las emisiones de mercurio –por encima de las emisiones por quema de carbón-, y la mayoría de ellas se produjeron en América Latina.


Rica en yacimientos minerales, la región latinoamericana es el hogar de medio millón de minas de oro artesanales, que proveen el sustento a millones de latinoamericanos y ejemplifican los principales escollos que enfrenta la aplicación de la Convención: las actividades mineras informales; lo remoto de las minas; y las comunidades aisladas.


Por lo tanto, hace falta una acción concertada e inclusiva para garantizar una reducción global en el uso de mercurio.


"Es un proceso largo," señala Sow. "Vamos a necesitar la cooperación de los gobiernos para regular el sector y permitir a los organismos internacionales que interactúen con los mineros y les proporcionan las herramientas necesarias. No es tarea fácil, pero lo más importante es que nosotros estamos trabajando junto con agencias del FMAM y organizaciones no gubernamentales que tienen una buena trayectoria de trabajo con las comunidades involucradas".


Esta estrategia ya se puede ver a lo largo de la frontera en San Sebastián, Perú. Allí, se ha mostrado a los mineros alternativas al mercurio lo que ha permitido reducir su uso y a la vez impulsar la eficiencia del proceso de extracción.


En vista de que Perú ha firmado la Convención de Minamata, el siguiente paso ahora es compartir estas nuevas prácticas con otras comunidades mineras a pequeña escala, en ese país como en el resto de la región.

 

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El modelo extractivo rechazado en las calles

Pascua Lama, la mina de oro de Barrick Gold, está congelada por decisión de la Corte Suprema de Chile. Monsanto debió paralizar la construcción de una planta de semillas en Córdoba por la masiva oposición de la población. Las grandes empresas extractivas empiezan a cosechar derrotas.

 

"En democracia los desaparecidos somos los pueblos", dijo Mercedes Maidana, quien se definió como "colla trashumante" que no ha dejado de cultivar la tierra pese a que vive en una de las ciudades del norte argentino. Con esa frase estableció un hilo rojo entre las dictaduras y los regímenes actuales durante el encuentro "Desde el extractivismo a la re-construcción de alternativas", realizado a fines de agosto en Buenos Aires [1].

 

En esas fechas la legislatura de Neuquén votaba el acuerdo YPF-Chevrón por el que se extiende la concesión del área Loma La Lata hasta 2048 en la que se utilizará la modalidad de la fractura hidráulica (fracking). La represión contra miles de manifestantes frente a la legislatura provocó la retirada de sala de siete diputados, tres radicales, dos vinculados a la CTA y otros dos de izquierda, entre ellos Raúl Godoy dirigente de la empresa recuperada Zanón.

 

En toda la región latinoamericana se suceden conflictos por la resistencia de los pueblos a un modelo que destruye el medio ambiente y limita la posibilidad de que las comunidades sigan cultivando la tierra y viviendo como ellas desean. Entre ellos, destacan los conflictos contra la minería y contra las fumigaciones y cultivos transgénicos.

 

Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), hay más de 195 conflictos activos por la megaminería en la región: Perú y Chile encabezan la lista con 34 y 33 conflictos respectivamente, le siguen México con 28, Argentina con 26, Brasil con 20 y Colombia con doce. Los que menos conflictos mineros presentan son Trinidad y Tobago, Paraguay y Uruguay con uno.

 

La megaminería está afectando un total de 290 comunidades. En algunos países como Perú, donde el 25% del territorio fue concesionado a multinacionales mineras, la conflictividad hizo caer dos gabinetes del gobierno de Ollanta Humala y llevó a la militarización de varias provincias. Los conflictos socio-ambientales entre 2006 y 2011 provocaron la muerte de 195 activistas en el país andino.

 

La resistencia a la soja, el principal cultivo transgénico en la región, se está haciendo sentir con fuerza en Argentina, donde Monsanto pretende instalar una planta en la localidad Malvinas Argentinas, cerca de Córdoba, para producir semillas de maíz. En esa ciudad las Madres de Ituzaingó consiguieron ganar una primera batalla contra las fumigaciones. Ituzaingó es un barrio obrero de seis mil habitantes del sur de Córdoba rodeado de campos de soja.

 

Madres sin hijos

 

Sofía Gatica asegura que su barrio "fue declarado inhabitable en 2005 aunque en 2002 las autoridades habían dicho que todo estaba bien. Recién en 2008 intervino la presidenta ordenando una investigación sobre el impacto del uso de agroquímicos" [2].

 

La fundadora de Madres de Ituzaingó dio a luz una hija hace trece años. Días después los riñones de la beba dejaron de funcionar. La madre quiso saber los motivos de la muerte de su hija y empezó a hablar con las vecinas.

 

Sin ninguna experiencia, alrededor de dieciséis madres comenzaron a recorrer puerta a puerta las casas del barrio y descubrieron que los índices de cáncer son 41 veces superiores al promedio nacional. "Hay 300 enfermos de cáncer, nacen niños con malformaciones, el 80% de los niños tienen agroquímicos en la sangre y el 33% de las muertes son por tumores", dijo Sofía. El agua de sus tanques estaba contaminada con plaguicidas, como consecuencia de las fumigaciones aéreas.

 

Las Madres de Ituzaingó pusieron en pie la campaña "Paren de Fumigar", para denunciar la situación que vivían. Recién en 2008 el ministro de Salud ordenó una investigación al Departamento de Medicina de la Universidad de Buenos Aires que ratificó la investigación hecha por las madres vinculando la exposición a agrotóxicos con efectos para la salud. Una ordenanza municipal posterior prohibió la fumigación aérea a una distancia menor a los 2.500 metros de las viviendas.

 

En 2010 la Corte Suprema de Justicia no sólo prohibió las fumigaciones cerca de centros poblados sino que invirtió las cosas: en adelante los vecinos no tendrán que demostrar el daño de las fumigaciones sino que el gobierno y los sojeros deberán probar que los químicos que usan son seguros.

 

Siendo el tercer mayor exportador de soja del mundo, Argentina utiliza 300 millones de litros de agrotóxicos, incluyendo glifosato y endosulfán, éste ya prohibido en 80 países incluyendo todos los de la Unión Europea mientras Naciones Unidas considera que debe dejar de ser producido y comercializado.

 

En abril de 2012 Sofía recibió el Premio Goldman, uno de los galardones más importantes del mundo para luchadores por el medio ambiente. "Nos recibió el presidente Obama y meses después recibimos una carta en donde nos dice que no puede hacer nada contra Monsanto".

 

En junio de 2012 lograron llevar a juicio penal a los responsables, por primera vez en el país. El 21 de agosto la Cámara del Crimen de Córdoba encontró culpables a un productor y a un fumigador de contaminar y afectar la salud de la población. La pena fue de tres años de prisión condicional sin cárcel.

 

"Fue un fallo histórico", dijo Medardo Ávila Vázquez, ex subsecretario de Salud y actual integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, ya que es la primera vez que la justicia condena a los causantes de contaminación y enfermedades [3]. Pero ese mismo día el ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, presentaba junto a los directivos de Monsanto la nueva semilla de soja transgénica: Invicta RR2 Pro.

 

El objetivo de las Madres de Ituzaingó es conseguir que empresas como Monsanto se retiren del país. "La alternativa está en nosotros mismos porque lo que estamos viviendo es un genocidio encubierto en toda América Latina", dice Sofía. La empresa promete que la nueva semilla será "una segunda generación de soja".

 

La minería, fuente de conflictos y crisis

 

Perú y Chile son los países con más conflictos mineros en la región. Jaime Borda, de la Red Muqui Sur de Perú, advirtió que los gastos para exploración minera en el mundo se multiplicaron por diez desde 2002. Enseña un mapa que muestra "cómo ven los empresarios al Perú", un país cubierto de cuadrados que representan las concesiones mineras [4]. En 2002 había apenas 7,5 millones de hectáreas concedidas a la minería, cifra que saltó a casi 26 millones en 2012, el 20% de la superficie del país.

 

Algunas provincias andinas como Apurímac tienen el 57% de la superficie concedida a las mineras. Borda sostuvo que la elevada conflictividad que registra el país está motivada por el hecho de que "la población entendió que la protesta es la única forma de que el gobierno escuche a las comunidades". Se preguntó si es posible una relación nueva y diferente con la minería.

 

La respuesta no fue sencilla. Las grandes empresas mineras, como las recién fusionadas Glencore y Xstrata controlan monopólicamente los mercados: 70% del mercado mundial de zinc, 55% del cobre, 45% del plomo. "Las bases del crecimiento extractivo se han agotado en términos democráticos y se vuelve un crecimiento cada vez más agresivo, vertical, autoritario y profundamente centralista", dijo Borda.

 

Por eso defendió "mayor institucionalidad en el tema ambiental, fortalecer la descentralización y el ordenamiento territorial", ya que no está claro quién planifica el crecimiento de la minería que está convirtiendo la región sur en un corredor minero.

 

El chileno Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) destacó que su país, pese a ser el primer productor del cobre del mundo, renunció a regular el mercado y los precios al punto que "las transnacionales deciden dónde y a qué ritmo explotar" [5]. La minería es el principal producto de exportación pero supone menos del 1% del empleo, pero el 70% es precario por subcontratos.

 

En 2010, el 25% del territorio estaba en exploración o explotación. En Chile la minería consume el 37% de la electricidad que produce el país, que llegará al 50% en pocos años, frente al 28% de la industria y el 16% del sector residencial. Eso impone al Estado la permanente construcción de nuevas fuentes de energía, que aceleran el desplazamiento de poblaciones y el trasvase de tierras agrícolas a otros usos.

 

En paralelo, el Estado es el gran perdedor con la expansión minera. En 1990 la estatal Codelco concentraba el 75% de la producción minera, porcentaje que cayó al 28% en 2007 por las permanentes concesiones a privadas. Sin embargo, los aportes fiscales son inversos: con ese pequeño porcentaje de la producción, Codelco aportaba en 2008 al fisco 8.300 millones de dólares frente a sólo 3.400 millones de las privadas pese a que producen el doble.

 

Los opositores a la minería han cosechado una importante victoria en Chile. Desde 2000 sostienen una pugna contra la minera Barrick Gold que explota Pascua Lama en la frontera chileno-argentina. La justicia decidió la paralización de la explotación mientras no regularice obras de contención y manejo de aguas contaminadas.

 

El proyecto de Barrick, el mayor productor de oro del mundo, de unos 8.500 millones de dólares, fue paralizado en abril por una corte local a pedido de comunidades indígenas de la zona. Días atrás la Corte Suprema confirmó la suspensión de la mina [6].

 

En consecuencia Barrick reportó pérdidas de 8.560 millones en el segundo trimestre 2013 (el 40% de su patrimonio) y los accionistas iniciaron un juicio contra los directivos por ocultar y tergiversar información desde octubre del 2009. Puede ser el comienzo de los problemas de la minería en Chile: el Norte del país sufre una importante crisis hídrica cuya principal responsabilidad recae en la megaminería [7].

 

Ellos o nosotros

 

El biólogo Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo en 2004 [8], sostiene que "el actual modelo agrícola extractivo que se practica en Argentina debería ser asumido como una variante muy extendida y superficial de la megaminería" [9]. Argumenta que en los cultivos no se extraen metales sino nutrientes que luego se exportan como granos. "Agricultura y megaminería tienen en común, además el consumo de agua y la generación de pasivos ambientales".

 

Mientras la minería deja depósitos estériles y colas de mineral, la agricultura industrial "deja acumulaciones diseminadas de plaguicidas que persisten por años y décadas". Con esa mirada aborda el emprendimiento de Monsanto en Malvinas Argentinas, una localidad a 14 kilómetros de Córdoba y a 10 del barrio Ituzaingó, que tiene poco más de 12 mil habitantes.

 

Como todas las ciudades situadas en campos de soja recibe los efectos de los plaguicidas. Afortunadamente, explica Montenegro, la noticia de la llegada de Monsanto se produjo mientras en la sociedad se debaten "los efectos de las bajas dosis de plaguicidas en la salud humana y el ambiente", gracias a la persistencia de las Madres de Ituzaingó.

 

Ironías de la vida, la noticia fue dada el 15 de junio de 2012 por la presidenta Cristina Fernández desde Estados Unidos, tres días después de iniciado el primer juicio contra los responsables de la contaminación en Ituzaingó. Apenas se enteraron del proyecto, los habitantes de Malvinas Argentinas pusieron en pie la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida integrada por el colectivo Red de Médicos de Pueblos Fumigados y vecinos de la localidad.

 

En abril la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y el Conicet (consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) hicieron pública una encuesta realizada en Malvinas Argentinas: el 87% desean una consulta popular y el 58% rechaza la instalación de la multinacional. Pero el 73% tiene miedo de opinar en contra de Monsanto por temor a salir perjudicado y el 65% no tiene confianza en el estudio de impacto ambiental que realizará la propia empresa [10].

 

Monsanto planifica instalar 240 silos de semillas de maíz transgénico con el objetivo de llegar a 3,5 millones de hectáreas sembradas. El doctor Ávila Vázquez asegura que uno de los principales riesgos es una enfermedad llamada "pulmón de granjero" que produce la formación de fibrosis en los pulmones. Un problema adicional es que "no existe en Latinoamérica un lugar donde existan tantos silos juntos y los granos estarán recubiertos con una película de agroquímicos" [11].

 

La planta usará millones de litros de agroquímicos para el curado de semillas y una parte de los efluentes "se liberarán al suelo y al agua, provocando un grave perjuicio", sostiene Ávila Vázquez. La frontera agrícola seguirá creciendo y morirán muchos insectos. "Estas semillas están prohibidas en Europa porque han llevado a la muerte masiva de abejas, mariposas monarcas y vaquitas de San Antonio", señaló el médico.

 

Por su parte, Montenegro sostiene que "Argentina tendría las dos plantas más grandes del mundo para el acondicionamiento de semillas, lo cual fortalecerá el ya descontrolado modelo extractivo". La asamblea sostiene que el municipio aplica una ley provincial que tiene menos exigencias ambientales que la nacional. En abril el Tribunal Supremo de Justicia habilitó la obra que había sido suspendida por otro juzgado [12].

 

Las protestas contra Monsanto se incrementaron desde el 18 de setiembre cuando los manifestantes instalaron un campamento impidiendo el paso de camiones con materiales para la construcción de la planta. Hubo una fuerte represión policial en la que fue herida Sofía Gatica. "No vamos a permitir el ingreso de ningún camión ni que se instale Monsanto, porque son ellos o somos nosotros. Yo ya perdí a mi hija", dijo Sofía [13].

 

El sindicato de la construcción desalojó el 26 de setiembre a los manifestantes de uno de los portones de entrada y la CGT reclama por las fuentes de trabajo que se pierden [14]. A pesar de la mezquindad del sindicalismo empresarial, las protestas llevaron a la suspensión de las obras el 1 de octubre por la falta de materiales.

 

Notas:

[1] El seminario "Desde el extractivismo a la re-construcción de alternativas" fue realizado el 29 de agosto en Buenos Aires y estuvo organizado por la asociación BEPE (Bienaventurados los Pobres), la Red Agroforestal del Chaco y la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería.

[2] Intervención de Sofía Gatica en el seminario "Desde el extractivismo a la re-construcción de alternativas".

[3] Darío Aranda, "Invicta, la nueva imposición de Monsanto", MU, Buenos Aires, setiembre 2013.

[4] Intervención de Jaime Borda en el seminario "Desde el extractivismo a la re-construcción de alternativas".

[5] Intervención de Lucio Cuenca en el seminario "Desde el extractivismo a la re-construcción de alternativas".

[6] Reuters, Santiago, 25 de setiembre de 2013.

[7] Datos aportados por Lucio Cuenca.

[8] Right Livelihood Award

[9] "Monsanto invade Malvinas Argentinas (Córdoba)", 22 de julio de 2012 en www.ecoportal.net

[10] Darío Aranda, "Agro y minería", Página 12, 19 de setiembre de 2013.

[11] "Monsanto: la semilla de la discordia", 6 de octubre de 2013 en http://noticias-ambientales-cordoba.blogspot.com/

[12] "Monsanto: conflicto social e incertidumbre legal", La Voz del Interior, Córdoba, 6 de octubre de 2013.

[13] "Luchan contra la llegada de Monsanto a Córdoba", 4 de octubre de 2013 en www.olca.cl

[14] "Monsanto: conflicto social e incertidumbre legal", La Voz del Interior, Córdoba, 6 de octubre de 2013.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org)

Fuente: http://www.cipamericas.org/es/archives/10888

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El extractivista más grande del continente: Brasil

Extractivismo es la apropiación de enormes volúmenes de recursos naturales o bajo prácticas intensivas que, en su mayor parte, son exportados como materias primas a los mercados globales. Parece estar pasando desapercibido que, según esta definición, el mayor extractivista de América del Sur es Brasil.

 

Esa situación no siempre es reconocida, ya que cuando se habla de extractivismo en primer lugar se piense en la minería, y en segundo lugar se dirán que los ejemplos destacados son países como Chile, Perú o Bolivia. Las imágenes populares conciben a esas naciones andinas como los líderes mineros continentales, e incluso globales.

 

La realidad de los últimos años es otra. Brasil se ha convertido en el más grande productor y exportador minero del continente. Este país extrajo más de 410 millones de toneladas de sus principales minerales en 2011, mientras que todas las demás naciones sudamericanas sumadas, se apropiaron de poco más de 147 millones de toneladas. Estos indicadores se basan en la extracción en América del Sur de cobre, cinc, plomo, estaño, bauxita, carbón y hierro (que expresan a los principales minerales por su volumen de extracción y exportación). Es impactante advertir que Brasil extrae casi el triple que la suma de todos los demás países sudamericanos que tienen minería de relevancia (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela).

 

Esos enormes volúmenes brasileños se deben especialmente a la apropiación de hierro y bauxita. Pero este país es también el que tiene una de las canastas mineras más diversificadas (además es un importante productor de carbón, plomo, algunos "tierras raras", etc.).  Que Brasil sea el mayor minero continental tampoco es un hecho reciente, y ya en el año 2000 extraía el doble de volumen que todos los demás países sudamericanos.

 

Como se sabe, por cada tonelada de mineral extraído existen distintas proporciones de una "mochila ecológica", que representa todo el material no aprovechado. Al sumar esa mochila las cifras de recursos naturales apropiados aumentan todavía más. Este es un indicador importante para el caso del oro, ya que su volumen final es pequeño para incidir en los indicadores de arriba, pero tiene una altísima mochila ecológica (un kilogramo de oro requiere remover 540 toneladas de materia, según el promedio de referencia global), y en muchos casos se lo obtiene por procedimientos muy contaminantes y destructivos (tales como deforestación asociada y uso de mercurio). En este rubro el primer productor sudamericano en 2011 fue Perú (188 toneladas), pero Brasil fue el segundo (con 67 ton), y por detrás le siguieron Argentina y Chile.

 

El extractivismo en su sentido estricto es mucho más que la minería. La apropiación de grandes volúmenes de recursos naturales o bajo procedimientos intensivos, para alimentar las exportaciones, se repite en otros sectores, destacándose los hidrocarburos y la agricultura. En esos rubros Brasil también es un "campeón".

 

Si bien Brasil es actualmente es un productor petrolero de nivel medio (ocupando el tercer lugar en América Latina), y se enfoca en su propio consumo, también es cierto que se está preparando para explotar yacimientos marinos. Su gobierno espera ubicar al país entre las primeras potencias petroleras mundiales.

 

Los nuevos yacimientos se encuentran en la plataforma costera, a enormes profundidades, condiciones exigentes de perforación, y altas temperaturas. Esa extracción es de un enorme riesgo ambiental, tal como ha dejado en claro el accidente de la plataforma de BP en el Golfo de México en 2010. A pesar de esa catástrofe y de la evidencia sobre esos riesgos, la discusión brasileña está mucho más enfocada en los niveles de las regalías o su distribución, que en sopesar sino sería más sensato una moratoria en ese tipo de extractivismo.

 

Esto es muy diferente de lo que sucede, por ejemplo, en varias localidades amazónicas, donde la experiencia ciudadana frente a distintos impactos sociales y ambientales, no está dispuesta a aceptar más compensaciones económicas, sino que reclama moratorias.

 

Finalmente, Brasil también es el líder en el extractivismo agrícola. Actualmente es el primer productor mundial de soya; en la zafra 2011-12 superó los 66 millones de toneladas métricas (en nuestro continente le sigue Argentina con 40 millones ton m). Es también el primer exportador mundial, y buena parte de lo que comercializa lo hace sin procesamiento. Este fenómeno va de la mano con un enorme aumento del área de cultivo, que ha superado los 24 millones de hectáreas.

 

De esta manera, el extractivismo avanza en Brasil en varios frentes. Si se agrupan la extracción de recursos naturales mineros, hidrocarburíferos y agrícolas, el nivel de apropiación es de recursos naturales en Brasil es escalofriante, y deja muy atrás a cualquier país sudamericano. Ese estilo de desarrollo genera presiones ambientales y sociales fortísimas, que van desde los conflictos en el medio rural al drama ecológico que se observa en el Cerrado o la Caatinga, ecoregiones que pueden desaparecer al convertirse en tierras agrícola-ganaderas.

 

El extractivismo exagerado hace que la economía brasileña sea muy dependiente de exportaciones como las de hierro o soya para crecer. La proporción de productos primarios aumenta en el comercio exterior y caen las manufacturas. El país se vuelve muy dependiente de las condiciones globales, tales como los precios internacionales de las materias primas o la llegada de inversores extranjeros.

 

Por estos motivos, un examen riguroso muestra que la economía brasileña se está pareciendo más a la de los países andinos de lo que usualmente asumen analistas convencionales, que una y otra vez dicen que es un ejemplo de industrialización. Es más, durante las dos administraciones de Lula da Silva, la economía se primarizó en lugar de industrializarse.

 

A diferencia de lo que sucede en otros países sudamericanos, esta expansión del extractivismo no se debe solamente a las inyecciones de capital internacional, sino a los propios fondos internos estatales. El gobierno brasileño empuja decididamente este extractivismo, por medidas directas o financieras (en especial desde su banco de desarrollo BNDES).

 

Hay varios ejemplos. Petrobrás es una corporación petrolera mixta. Vale, la segunda empresa minera más grande del mundo, si bien es formalmente privada, aproximadamente la mitad de sus acciones depende de los fondos de pensión de los funcionarios del Banco de Brasil, y su principal fuente es el BNDES. Por esos y otros canales, el gobierno tiene amplios poderes de control sobre esa corporación.

 

Entretanto, el extractivismo agrícola también es apoyado directamente por el gobierno. Este se beneficia del más grande paquete de ayuda financiera estatal del continente (el llamado Plan Agrícola y Pecuario), que para los años 2012/13, totalizó 115,2 miles de millones de reales destinados al crédito, lo que favorece directamente la expansión de la agroindustria exportadora en lugar de los pequeños agricultores.

 

Esta es una situación de enormes paradojas: una parte nada despreciable del dinero recaudado por el Estado se utiliza en fomentar, apoyar e incluso subsidiar el extractivismo, el que alimenta en primer lugar la globalización antes que las necesidades internas del propio Brasil. En cambio, quedan dentro del país aquella mochila ecológica y otros impactos ambientales, y un amplio abanico de efectos sociales, políticos y económicos.

 

Son estas medidas de apoyo del extractivismo, la persistencia de una inserción internacional funcional a la globalización, y la contención de la protesta social, las que explican que el gobierno brasileño sea una y otra vez presentado como ejemplo económico a seguir para la economía convencional. Allí se originan las felicitaciones que se encuentran en las páginas de The Economist o en los foros de Davos. Pero si la perspectiva se coloca en la sociedad civil o en la Naturaleza, está claro que Brasil debería dejar de ser el campeón del extractivismo, y comenzar cuanto antes a discutir una estrategia postextractivista.

 

- Eduardo Gudynas es analista en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). www.ambiental.net  Twitter: @EGudynas

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Domingo, 19 Febrero 2012 09:02

Las razones de la minería

Las razones de la minería

Africa, partes de Asia y América latina viven con tensiones el boom extractivo, que cambió de métodos y alimenta un mercado voraz. De la mano de las inversiones llegan los conflictos políticos y medioambientales.

La minería atraviesa un período de auge mundial que se explica por varias razones. La primera son las innovaciones tecnológicas, que hoy permiten explotar minerales dispersos en áreas relativamente amplias, superando así el agotamiento de la tradicional explotación de veta. La segunda es la escalada de precios resultante de la voracidad de algunos países emergentes en procesos de intensa industrialización, en particular China, que hoy consume el 46 por ciento del acero, el 40 por ciento del cobre y el 50 por ciento del carbón que se produce en el mundo, lo que la ha convertido en lo que los economistas, esos virtuosos del lenguaje, definen como un monopsonio (un actor económico que logra controlar el mercado por su capacidad de consumo, algo así como un monopolio de la demanda). Además, la debacle de los mercados financieros convencionales disparada por la crisis mundial de 2008-2011 llevó a muchos especuladores a refugiarse en las materias primas, lo que también contribuyó a aumentar sus precios.

Junto con Africa y algunas zonas de Asia, América del Sur es una de las regiones más ricas en minerales del planeta. En los últimos años, casi todos los países han visto una expansión acelerada de la actividad. En Brasil, por ejemplo, la producción de bauxita pasó de 19,3 millones de toneladas en 2003 a 29 millones en 2010, mientras que la de hierro creció de 263,7 a 370 millones de toneladas. En Perú, que hoy lidera el ranking minero de la región, las exportaciones totales registraron en 2011 el record de 45.726 millones de dólares, lo que representó un incremento de 28 por ciento en comparación al año anterior: de ellas, el 58 por ciento son minerales. Las exportaciones mineras provenientes del Mercosur ampliado pasaron de 13 mil millones de dólares en 2003 a 42 mil millones en 2009 (todos datos de la Cepal).

El investigador uruguayo Eduardo Gudynas, muy crítico con el auge de la minería y las condiciones sociales y ambientales en las que se desarrolla, distingue sin embargo diferentes realidades (“Estado compensador y nuevos extractivismos”, revista Nueva Sociedad Nº 237).

Para Gudynas, países como Perú y Colombia practican un extractivismo clásico, en el cual las empresas trasnacionales de-sempeñan un rol centralísimo, con escasos o nulos controles estatales, mientras que otros países han intentado esquemas más o menos articulados, más o menos efectivos, que tienden a incrementar el papel regulador al Estado y aumentar los porcentajes de apropiación de la renta minera, ya sea mediante la creación de joint ventures (contratos de riesgo compartido) entre empresas nacionales y extranjeras, como en Bolivia, donde la Korea Resource se asoció con la Corporación Minera, sea a través de la creación de empresas estatales, como en Catamarca o Santa Cruz, o vía la imposición de nuevos tributos, como las retenciones argentinas o ecuatorianas.

Gudynas aclara que nada de esto modifica la inserción subordinada en la economía mundial de los países sudamericanos, que siguen siendo “tomadores de precios” y que se han mostrado incapaces de coordinar entre sí estrategias conjuntas al estilo de las potencias petroleras reunidas en la OPEP. Al final, las pulsiones del boom minero resultan tan irresistibles como las de la soja y condenan a los países de la región a su rol de exportadores de productos con escaso valor agregado, un problema no por conocido menos real y que ha sido retratado infinidad de veces, por ejemplo, por el padre del cine boliviano, Jorge Ruiz, en un documental cuyo título lo dice todo: Un poquito de diversificación económica.

En este contexto, decir que los gobernadores cordilleranos argentinos son “gobernadores mineros” es tan correcto como afirmar que Evo Morales u Ollanta Humala son “presidentes mineros”. Todos ellos enfrentan la resistencia de las comunidades locales al desarrollo de algunos de estos proyectos, como sucedió con el plan de la empresa australiana Republic Gold Limited para invertir 59 millones de dólares en la mina de oro Amayapampa, en el suroeste de Bolivia, o con el proyecto aurífero Conga, en Perú. En Bolivia, el intento de construir una carretera para unir las regiones de Cochabamba y Beni a través del Parque del Territorio Indígena Isiboro Sécure generó el rechazo de las comunidades que lo habitan, quienes fueron ferozmente reprimidas por la policía, a punto tal que Evo Morales tuvo que cambiar medio gabinete y anunciar la suspensión del proyecto.

La significación económica que ha adquirido la minería ayuda a entender por qué líderes como Lula o Evo, que difícilmente puedan ser calificados como conservadores, insisten con ella. No tanto por la capacidad de los emprendimientos mineros de crear trabajo o articularse virtuosamente con otras actividades económicas, pues en general funcionan como enclaves bastante cerrados, pero sí por su impacto en las exportaciones, con sus cruciales efectos en la balanza comercial de economías siempre sedientas de divisas, y como vía para incrementar los recursos fiscales, a través de la apropiación de un porcentaje variable de la renta minera.

Si se mira bien, esto es lo que está sucediendo en Argentina, donde la minería contribuye a fortalecer las cuentas fiscales de provincias con entramados productivos muy frágiles, como Catamarca o La Rioja o San Juan, y a mejorar la balanza comercial: se calculan unos 4 mil millones de dólares de exportaciones mineras en 2011 y, lo que es todavía más importante, con tendencia creciente (aunque, claro, debido a cargas tributarias comparativamente más bajas que las que pesan sobre, por ejemplo, la soja). En todo caso, la minería alimenta las exportaciones en un momento en el que ha reaparecido, aunque moderada, la temible “restricción externa”, que tantos problemas ocasionó a la economía argentina en el pasado. Y no sólo aquí. En Brasil, donde el gobierno acaba de anunciar un fabuloso ajuste fiscal, la minería constituye un rubro importante de exportación (la compañía brasileña Vale Do Rio Doce es de hecho la segunda minera más importante ¡del mundo!).

Como tantas otras cosas, el debate un poco exasperante que se vive hoy en Argentina es la versión local de una tendencia más amplia. Sin meterme en la cuestión de fondo (¿contamina la minería?, ¿crea progreso o es una garantía de expoliación y atraso?), creo que vale la pena revisarlo desde un punto de vista más político.

Puede ser hasta obvio decirlo, pero en medio de una discusión estridente, en la que algunos medios insospechados de sensibilidad ambiental se han vuelto ecologistas furiosos, quizá sea necesario: los gobernadores cordilleranos que apuestan a los emprendimientos mineros acaban de ser revalidados popularmente con porcentajes en algunos casos altísimos de votos. Con todo su cianuro, José Luis Gioja se impuso, hace apenas dos meses, con casi el 70 por ciento de los sufragios. ¿Quiere decir esto que Gioja tiene razón, o que los sanjuaninos no se equivocaron al votarlo? Ciertamente no: la idea de que el pueblo siempre tiene la razón es una pavada galáctica, desmentida por la historia cientos de veces. Aparte del hecho de que “razón” significa poco en política, no prueba nada, salvo tal vez una cosa: los sanjuaninos creen que es el hombre más adecuado para manejar su provincia, lo que al menos podría invitar a los analistas porteños a preguntarnos por los motivos de esta adhesión, y a explorar con cuidado temas fundamentales pero olímpicamente obviados en el debate actual, como la relación entre minas y votos, que es la relación entre ecología y democracia.
Una pista interesante en este sentido es la sugerida por Mario Wainfeld: “la licencia social”, es decir, la aprobación de las poblaciones involucradas a través de mecanismos como plebiscitos o referéndums, como condición para la realización de los proyectos mineros. Este tipo de consultas ayudarían a generar un debate amplio acerca de las ventajas y desventajas de los emprendimientos y permitirían definir situaciones trabadas de manera democrática. El problema, me parece, surge cuando se hila más fino y se avanza en cuestiones de implementación, la primera de las cuales es el alcance. ¿Quiénes deberían votar? ¿Los habitantes de la ciudad de Famatina? ¿Los del departamento? ¿O todos los riojanos, que tras la reforma constitucional del ’94 se convirtieron en los únicos propietarios de su subsuelo? No hace falta ser Artemio López para adivinar que el resultado variaría sustancialmente.
En Argentina hay unos pocos ejemplos de consultas populares: el plebiscito por el Beagle en 1984 y, más acá en el tiempo, el rechazo cerrado (81 por ciento) de los habitantes de Esquel a un proyecto minero y la negativa de los misioneros (89 por ciento) a la construcción de la represa de Corpus Cristi. En los últimos tiempos, América latina ha construido una breve pero intensa experiencia en este sentido, aunque en general relacionada con reformas constitucionales y revocatorias presidenciales, como en Venezuela, Bolivia y Ecuador. El método, en todo caso, ha sido probado, y de hecho Evo Morales sugirió una consulta popular para zanjar el diferendo de la carretera y Pepe Mujica mencionó la posibilidad de realizar un plebiscito en la disputa por la minera de Aratirí. Curiosamente, en el caso de Gualeguaychú, que la socióloga Maristella Svampa ha definido como el “símbolo de la resistencia socioambiental asamblearia”, la Asamblea de vecinos se negó siempre a aceptar la resolución vía plebiscito, como propuso en su momento el gobernador Jorge Busti. Es el problema de los métodos de la democracia institucional, por más directa que sea: quienes se someten a ellos están obligados a acatar el resultado, sea cual fuere.

Director de Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur.
www.eldiplo.org

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Voy a tocar cuatro aspectos en relación al tema del vínculo que existe entre el extractivismo y la redistribución de la riqueza, entendiendo que este vínculo implica relaciones de poder.

Falta de debate sobre el modelo

Una primera tensión es la falta de debate que tenemos sobre el modelo. En general, se ha aceptado, se ha asumido, por parte de los gobiernos, de que éste es el modelo viable y posible; de que éste es el modelo necesario para seguir adelante. Y no hay debate. Las izquierdas, nos hemos fortalecido, los movimientos nos hemos fortalecido, en la trayectoria, discutiendo, debatiendo, interpelando, confrontando. No es necesario rebajar el nivel del debate, rehuir el debate para seguir siendo de izquierda o para tener un cierto nivel de apoyo a los gobiernos.

Si no discutimos, si no elevamos la temperatura de los debates, se va a seguir haciendo lo mismo, se va a seguir continuando con un modelo que ya tiene un camino hecho. Podría aceptar si los gobiernos progresistas y de izquierda argumentaran “a fin de mes, el Estado tiene que pagar a los funcionarios, a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, a los militares; pagar las obligaciones que tiene todo Estado, pagar los salarios, como mínimo. Y para eso necesitamos ingresos”. Pero no se argumenta así, se nos dice que éste es el modelo bueno, cuando hay una mínima interpelación. Si aceptáramos ese debate, entonces estaríamos en ese otro lugar para decir “hoy esto es lo que hay, pero veamos de qué manera se puede intentar salir de este modelo”. Hay un mínimo avance en ese sentido en el caso del proyecto ITT. Es un espacio interesante pero absolutamente insuficiente. Lo que predomina es la continuidad: la continuidad, sin debate. ¿Cómo vamos a fortalecer alternativas al extractivismo? ¿Diciendo que el extractivismo es bueno, que hay que hacer represas hidroeléctricas gigantes, que hay que continuar con la minería, que hay que continuar con la soja, que hay que continuar con la caña de azúcar para hacer biocombustibles, con la forestación, etc.? Es necesario abrir un debate profundo en los movimientos y entre los movimientos y los gobiernos. Abriendo un debate, ya estaríamos en otro lugar, en otra situación.

Difícil construcción de nuevos actores sociales

El secundo problema que veo, es que aún no hay actores sociales suficientemente consolidados para combatir el modelo extractivista. Voy a dar un ejemplo: durante la fase de privatizaciones del modelo neoliberal, existían actores, por lo menos en el cono sur, en torno al movimiento sindical. Lo que se privatizaba eran empresas estatales. Entonces, los sindicatos y buena parte de los trabajadores del Estado y de otros sectores - aunque no fueran del Estado - ya tenían una clara consciencia de que esas empresas, si se privatizaban, iban a implicar una perdida para los trabajadores y para el país. Y había una consciencia de derechos que giraba en torno a esta propiedad estatal; de las empresas de telecomunicaciones, de petróleo, de gas, de electricidad, de correos y otras. Hoy en día es más complejo: los emprendimientos extractivistas están lejos de la grandes ciudades, en la cordillera andina, o en la Pampa, o en situaciones que no afectan, o solo indirectamente, al grueso de la población; las poblaciones de las grandes capitales (y hoy tenemos una población mayoritariamente urbana en  América Latina), no están inmediatamente afectadas por una concesión minera a quinientos, a mil kilómetros de la cuidad, o porque se abren campos para la soja o para la forestación. Y muchas de esas áreas son territorios poco poblados. El año pasado, estaba en Ecuador. Solamente yendo a las comunidades más afectadas por la contaminación de las nacientes de los ríos, uno puede comprender esa dificultad para que aquella comunidad, que está cerca de cuenca, le transmita a la gente de la cuidad: “a nosotros ya nos llega el agua contaminada, dentro de un tiempo Uds. van a tener un problema gravísimo”. Hay una dificultad enorme que está trancando, trabando, enlenteciendo la constitución de actores sociales.

Entonces es natural que la construcción de actores sociales para enfrentar el extractivismo sea una tarea más compleja, más larga, más dificultosas; porque salvo en el caso de unas cuantas comunidades quienes combaten los efectos inmediatos del extractivismo, estos efectos no son claramente perceptibles para el grueso de la población. Y en este periodo, es imprescindible abrir un debate necesario para la constitución de actores sociales. Los actores sociales no se constituyen sino en conflicto. Y el papel del debate, de la clarificación de ideas, es fundamental. Debate y conflicto van de la mano.

Efecto domesticador de las políticas sociales

La tercera tensión que observo, por lo menos desde el cono Sur, es la cuestión de las políticas sociales. Por un lado, las políticas sociales alivian la pobreza. Han conseguido disminuir la población bajo la línea de pobreza. Han conseguido que las personas tengan más alimentación, más salud, etc. No han sido suficientes para disminuir la desigualdad (en mi país, Uruguay, la desigualdad sigue creciendo, aunque la pobreza bajó de la mitad), lo que es un indicador de que el patrón de acumulación sigue siendo polarizador. Y lo mismo sucede en Argentina, en Brasil y por supuesto en Chile.

Pero además, esas políticas sociales tienen otro problema, y ahí está la tensión y la contradicción. Tienden, y lo voy a decir con todas las letras, a domesticar a los actores sociales, a dificultar el relanzamiento de los conflictos. Tienden a dividir, a cortar, a fragmentar; ya no a dirigentes puntuales sino a organizaciones enteras. Y a los que no se someten a esa domesticación, se los criminaliza.

Entonces tenemos una necesidad de discutir las políticas sociales, que por ahora no están en el debate. Se acepta que ayudan a mejorar la situación de pobreza, pero no se ven los problemas que crean en el debilitamiento de los movimientos. Las políticas del combate a la pobreza no son nuevas; las inventó, a raíz de la derrota del Vietnam, un señor que se llamaba Robert McNamara, que fue presidente de la Ford y después fue ministro de defensa. Después de la guerra del Vietnam, fue durante años presidente del Banco Mundial e inventó el combate a la pobreza, diciendo: “si no combatimos ciertos niveles extremos  de pobreza, nunca ganaremos”. Pensaba como un militar.

Entonces, el Banco Mundial fue el pensamiento duro de las políticas sociales; y los gobiernos de nuestra región, pienso sobre todo en el cono Sur, han asumido el combate a la pobreza con algunos cambios. Las políticas sociales siguen siendo políticas compensatorias y facilitan la acumulación del extractivismo, acumulación por despojo, por robo de los bienes comunes.

¿Hasta qué punto y de qué modo las políticas sociales desarticulan movimientos? Conozco - porque he trabajado con ellos y mantenemos un dialogo desde hace años - el caso del Cauca, de los Nasa, de Colombia. Están siendo atenazados por un lado, por la guerra, feroz, terrible - todo los meses dirigentes indígenas muertos, asesinados - y por el otro lado por políticas sociales. En algunos casos se trata simplemente de repartir dineros y, en otros casos, crear organizaciones sociales que se llaman indígenas que hablan de la “pluri” y de la “multi”, pero que son creadas desde el Ministerio del interior, y eso es política antisubversiva.

Entonces creo que aquí tenemos una contradicción, porque las políticas sociales son duales: mejoran indicadores de pobreza pero domestican. Tenemos un trabajo importantísimo por hacer con algunos de los conductores de esas políticas que son o bien trabajadores y trabajadoras sociales, o bien sociólogos y sociólogas, o bien dirigentes sindicales o dirigentes sociales, ex piqueteros, ex asambleístas o aún piqueteros que son incrustados en los movimientos y que conducen las políticas sociales en el territorio.

En el cono Sur, las políticas sociales de última generación, que se pretenden no compensatorias, son políticas territoriales. Y la usina de pensamiento ya no es el Banco Mundial, sino la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). Entonces cuando estamos discutiendo de eso, estamos discutiendo para pelear, en parte, contra nosotros mismos, porque esas políticas nos atraviesan y muchos y muchas estamos implicados en esas políticas. Y creo que hay que tratar de discutir para ver cómo hacemos para que esos flujos faciliten la organización y el conflicto, sirvan para fortalecer a los movimientos, no para debilitarlos. Es una batalla que algunos movimientos ya están desarrollando, en la Argentina y en varios países más. Aquí hay un escenario abierto, una tensión muy fuerte que no sabemos aún cómo manejarla y que muchas veces nos maneja a nosotros.

Nueva élite en el poder

La cuarta y la última tensión es la más complicada de formular. Sospecho que está surgiendo una nueva elite en el poder, que tal vez sea una nueva clase, una nueva nomenclatura, integrada por algunos sindicalistas (sobre todo los vinculados a los fondos de pensión, los que han trabajado en la banca), por cuadros políticos de izquierda (los que han hecho carrera en municipios, en ministerios, que están allí dirigiendo políticas, dirigiendo empresas  públicas, estatizadas en el caso de que han sido privatizadas), y también por viejos funcionarios del Estado, funcionarios de carrera del Estado, cómo Samuel Pinheiro Guimarães que diseña estrategias en Brasil. En algunos países también hay militares en esa nueva elite.

Entonces ahí está formándose algo, que como dice un pensador brasileño, Chico da Ribeira, las categorías que teníamos antes – cooptación, traición, clase dominante, burguesía – tal vez ya no son tan útiles para pensar la nueva realidad que estamos viviendo. Pero miremos la realidad de frente, y muchas veces nos vamos a encontrar con partes nuestras en esa nueva elite. Quizá no nosotros directamente, pero amigos, vecinos, familiares, y nosotros incluso colaborando para eso.

Está surgiendo una elite dominante que maneja nuestro discurso, que maneja nuestras palabras: derechos humanos, etc. Entonces, el continente está transformándose. Radicalmente. En esa transformación, los movimientos están debilitados, surge un nuevo sector dominante que nos conoce muy bien porque viene de nosotros, de nuestros movimientos, que sabe cómo manejarnos y cómo manejar los vínculos.

Hay un conjunto de tensiones que están fortaleciendo un modelo que en sí mismo jamás podrá distribuir, y que en su costado más perverso implica brutales niveles de acumulación. Nuestros países son exportadores de oro, de plata, de materiales que son fundamentales para la acumulación de riqueza. Y en el otro extremo del mismo modelo, políticas sociales que nos debilitan, que hacen que para mucha gente sea más interesante anotarse a un movimiento, ya no para combatir, sino para hacer trámites en un ministerio y entrar en una rosca que finalmente no aporta nada al conflicto social. El conflicto social, el debate social, es lo único que nos puede sacar de este modelo extractivista y abrir las puertas para que – quizá - haya en el futuro un modelo que aún no tenemos claro, pero que sea más justo, más horizontal, más redistribuidor. 

Transcripción por Donatien Costa

Intervención de Raúl Zibechi, periodista e investigador uruguayo, en el taller “Tensiones entre extractivismo y redistribución en los procesos de cambio de América Latina”, Foro Social de las Américas, Asunción, Paraguay, agosto 2010.
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