El presidente estadunidense, Donald Trump, su esposa Melania y colaboradores guardan un minuto de silencio, el miércoles pasado en la Casa Blanca, en honor de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.Foto Ap

Politico lanzó una bomba, basado en la FBI, sobre “el probable espionaje de Israel descubierto durante la presidencia de Trump, según altos funcionarios de EU (https://politi.co/2kIzn70)”.

Daniel Lippman enuncia que "el gobierno (sic) de EU concluyó que en los pasados dos (sic) años Israel se encuentra probablemente detrás de la colocación de instrumentos de vigilancia de los celulares que fueron hallados cerca de la Casa Blanca y en otros sitios sensitivos (sic) alrededor de Washington, según tres anteriores altos funcionarios de EU". Peor: "La administración de Trump no increpó al gobierno de Israel y no existieron consecuencias para la conducta de Israel".

Los instrumentos de vigilancia en miniatura, los “StingRays –que pueden capturar el contenido de las llamadas y el uso de datos–, mimetizan las regulares torres celulares para engañar a los teléfonos celulares al proporcionarles locaciones e información de identidad”. Trump fue espiado con sus principales ayudantes y más cercanos asociados como Steve Wynn, Sean Hannity y Rudy Giuliani.

Según Lippman, "funcionarios del Departamento de Seguridad del Hogar (DHS, por sus siglas en inglés) descubrieron los instrumentos de vigilancia en Washington". La FBI y otras agencias de espionaje de EU se basaron en un "análisis forense detallado" y concluyeron que los "agentes israelíes colocaron los instrumentos" cuando "varios de los agentes trabajaron al más alto nivel del espionaje y en puestos de seguridad nacional" de Israel. Para la FBI, la NSA y a veces la CIA, al unísono del DHS y el Servicio Secreto, fue "bastante claro que los israelíes eran responsables".

Dos puntos a considerar, y no es que haga la apología del atribulado Netanyahu ni de Israel ni de sus fétidos métodos de espionaje: 1) el escandaloso reporte de la FBI puede pertenecer al continuo golpeteo de esa agencia en su etapa aciaga de Mueller/Comey/McCabe, pero la convergencia de otras agencias superiores de espionaje –NSA y DHS, además de un sector de la CIA y del Servicio Secreto– concede un alto grado de probabilidad; y 2) ¿para qué desea Netanyahu instalar un riesgoso sistema de espionaje, si tiene de supremo aliado a Jared Kushner, el yerno talmúdico de Trump y pupilo de Kissinger? Ya en 2014, un documento de la NSA –filtrado por Edward Snowden– "acusó a Israel de espiar a EU": los "israelíes son extraordinariamente buenos socios de nosotros" mediante las Señales de Inteligencia (Sigint), pero, por otra parte, "nos espían para conocer nuestras posturas en los problemas de Medio Oriente". Documentos del NSA expusieron en 2013 la estimación de espionaje nacional sobre las amenazas cibernéticas y colocaron a Israel como “el tercer servicio de espionaje más agresivo (megasic) contra EU, solamente detrás de China y Rusia (https://bit.ly/2lMWJZE)”. ¡Qué fuerte!

El atribulado premier israelí se defiende como gato bocarriba y lo niega rotundamente: "el reporte es una fabricación total". El problema con el mendaz Netanyahu es que se la pasa fabricando la inexistente bomba nuclear de Irán (https://bit.ly/2lNvw9a). Trump salió en defensa relativa (sic) de su supuesto aliado y comentó que el reporte era inverosímil, ya que "su relación con Israel ha sido estupenda", pero agregó que “todo es posible (https://bit.ly/2kgBgI5)”. La frase "todo es posible" forma parte del léxico de vida de Trump, quien es congénitamente desconfiado.

Como Bajo la Lupa no cree en Santa Claus, llama poderosamente la atención que el reporte haya sido difundido en sincronía con la humillante defenestración del piromaníaco ex asesor de Seguridad (sic) Nacional de Trump a quien le estaba poniendo en riesgo su relección, como señalé seis días antes a su sonora expulsión (https://bit.ly/2m11hM9). Netanyahu cometió tres graves errores: ligar su suerte a la de Bolton, pasarse de listo y traicionar a Trump quien le toleró todas sus supremacistas anexiones irredentistas: Jerusalén del Este, las Alturas del Golán de Siria y el Valle del Jordán.

¿Arrastra(rá) el cadáver de Bolton a Netanyahu?

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La deconstrucción del mito Moro justiciero

 Moro sigue siendo popular, aunque haya perdido parte substancial de respaldo en la opinión pública, y depende, más que nunca, de la protección presidencial. El goteo de filtraciones continúa.

 

Al menos dos brasileños – el ex juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro, y el fiscal Deltan Dallagnol - difícilmente olvidarán la fecha 9 de junio. En aquel domingo la publicación digital The Intercept Brasil, creada por el periodista norteamericano Glenn Greenwald, reveló mensajes intercambiados, por la aplicación Telegram, entre Moro y Dallagnol, coordinador de la acusación en la llamada "Operación Lavado Rápido" (lava jato). El principal blanco de la pluma de Moro es el expresidente Lula da Silva, preso desde el siete de abril del año pasado.

Se considera en Brasil que la principal razón de la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia es que a Lula, favorito absoluto, no se le permitió participar. Las primeras revelaciones de The Intercept abrieron dudas entre juristas sobre la actuación de Moro junto a Dallagnol: quedaba claramente insinuada una especie de alianza tácita entre juzgador y acusador, lo que viola las reglas y normas de la Justicia brasileña. En un primer momento los dos dijeron no haber ninguna irregularidad en el cambio de mensajes.

Pero a lo largo de las semanas siguientes The Intercept pasó a gotear – generalmente en los domingos y jueves – nuevas revelaciones cada vez más comprometedoras. Además de su página en internet, la publicación digital pasó a compartir el material obtenido de forma no revelada con una radio, la Bandeirantes, con el diario Folha de Sao Paulo y la revista semanal Veja, la de mayor tirada en Brasil. Ninguno de los tres medios puede ser considerado como favorable a Lula, y fueron grandes defensores de la "Lavado Rápido", contribuyendo para transformar a Moro en una celebridad nacional y ayudando a construir la imagen de un paladín de la justicia y combatiente sin pausa de la corrupción.

La segunda reacción, tanto de Moro como de Dallagnol, fue acusar Greenwald y The Intercept de haber recibido material confidencial de un hacker. El periodista norteamericano, que se hizo célebre por divulgar los archivos de Edward Snowden de material secreto de agencias norteamericanas de inteligencia – trabajo que le valió el más importante premio de la profesión, el Pulitzer – se niega a revelar su fuente. Moro y Dallagnol no mencionan la hipótesis de que los mensajes, tanto escritos como registrados en audio, hayan sido filtrados a Greenwald por alguna fuente interna de la fiscalía o del juzgado de Curitiba.

La reacción siguiente de Moro fue levantar sospechas sobre la autenticidad del material y aventar la hipótesis de manipulación. Pero los medios ahora asociados a The Intercept aseguran tener pruebas cabales de que se trata de transcripciones auténticas. Otro medio importante, la versión brasileña del diario español El País, examinó parte del material y aseguró su autenticidad a partir de un punto elemental: chequear mensajes de sus reporteros a integrantes de la "Lavado Rápido" y las respectivas respuestas.

Pasado más de un mes desde la primera filtración, el caso Moro-Dallagnol asumió serias proporciones. A estas alturas no hay mucho espacio para dudas sobre la interferencia directa del entonces juez en el trabajo de la acusación. En varios mensajes Moro instruye directamente el fiscal sobre cómo actuar, inclusive indicando a quién interrogar para acusar a Lula. Los defensores del expresidente, que siempre acusaron Moro de ser parcial y de haber condenado al expresidente sin presentar ninguna prueba, afirman ahora que todo lo que dijeron antes quedó comprobado. Los abogados de Lula pidieron, en el Supremo Tribunal Federal, que la actuación de Moro sea considerada irregular e ilegal. Con eso pretenden que el juicio sea anulado y todo empiece otra vez, con otro magistrado y otros fiscales acusadores.

A causa de la crisis desatada – y alimentada a cada semana por nuevas y contundentes revelaciones – la figura de Sergio Moro sufrió un severo desgaste. Si al ser nombrado ministro su imagen del justiciero e íntegro juez sirvió de aval al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, ahora se da la inversa: Moro sigue siendo popular, aunque haya perdido parte substancial de respaldo en la opinión pública, y depende, más que nunca, de la protección presidencial.

Hay presión directa de los grandes medios de comunicación para que Moro renuncie. Algunos de los más respetados juristas brasileños y al menos dos integrantes de la Corte Suprema denuncian su actitud mientras era juez como "violación de la Justicia".A la vez, en las redes sociales controladas por Carlos, uno de los hijos de Bolsonaro, se multiplican los mensajes cada vez más agresivos contra Greenwald. Hay desde pedidos para que sea expulsado del país hasta ofensas homofóbicas: el periodista está casado con David Miranda, diputado federal por el izquierdista PSOL.

La Policía Federal, que actúa bajo el mando del ministerio de Justicia encabezado precisamente por Moro, se niega a confirmar o desmentir que haya pedido un informe de las cuentas bancarias de Greenwald. Tampoco confirma o desmiente que exista alguna investigación contra el periodista.

Greenwald, a su vez, tuvo que cambiar su rutina cotidiana de manera radical. Hay amenazas violentas contra él, su compañero y los dos hijos adoptados por la pareja.Si hasta junio su casa en Río de Janeiro contaba con tres cámaras de seguridad, ahora tiene treinta. Pasó a usar un vehículo blindado y se hace acompañar por guardaespaldas. Reitera, sin embargo, que no dejará de revelar el material del que dispone. Y que hay cosas mucho más graves que las ya divulgadas.

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Jueves, 27 Junio 2019 06:50

Mambrú se va a la ciberguerra

Mambrú se va a la ciberguerra

La amenaza ha pasado por debajo de los radares y con los ecos del último tuit de Mambrú o de alguna modelo encuerada en Instagram, no ha habido tiempo para que las sirenas atraigan demasiada atención. Sin embargo, el fantasma que ahora mismo recorre el mundo y que puede tener impacto en todos sus habitantes es el de la ciberguerra.

 

El cibercomando de Estados Unidos está en zafarrancho de combate. Es el autor de los ataques en línea contra los sistemas informáticos de la defensa iraní, que se produjeron el mismo día en que el presidente Donald Trump suspendió una incursión militar en toda regla contra el país islámico. Los pesos pesados de la prensa estadunidense señalaron también al comando ciberespacial como responsable de inocular sensores en las redes eléctricas rusas, como antes hicieron con las venezolanas.

 

Las alarmas no sólo se han desatado en Moscú y Teherán, aunque el director de Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Serguéi Narishkin, fue el primero en manifestarse: “las consecuencias de la hostilidad de Estados Unidos en el ciberespacio, no regulado por la comunidad internacional, pueden ser imprevistas y extremadamente destructivas, incluso para los atacantes”.

 

Es sabido que, desde 2009, Estados Unidos cuenta con una unidad informática de élite que comanda a diversos grupos especializados en la ciberguerra, provenientes de cada uno de los cuerpos militares del ejército, con un presupuesto anual superior a 3 mil millones de dólares. Poseen carta blanca para realizar "actividades militares clandestinas" en redes, bajo los auspicios de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2018 y otras prerrogativas de la Casa Blanca que se mantienen bajo el más estricto secreto y que, en la práctica, permiten ejecutar actos de guerra sin pasar por la aprobación del Congreso.

 

Según The Wall Street Journal, el general Paul Nakasone, jefe del poderoso cibercomando y de la Agencia de Seguridad Nacional, ha articulado una visión de "participación persistente" en el ciberespacio con la intención de obtener acceso a redes de computadoras para planificar acciones y estar listos "con las respuestas apropiadas". Como reveló el oficial de Inteligencia, Edward Snowden, los desvelos de este superejército se deben no sólo a los enemigos. La estrategia está diseñada para mantener múltiples opciones abiertas ante cualquier conflicto con otro país que requiera "ataques cibernéticos perturbadores o destructivos". Incluye acciones ofensivas contra sistemas de radares y de comunicación, además de redes, tan peligrosas o más que lanzar bombas en territorio ajeno.

 

Durante años, la llamada infraestructura crítica –energía, agua, transporte– ha sido un campo de batalla para Estados Unidos. Según The New York Times, las sondas de reconocimiento estadunidense en los sistemas de control de la red eléctrica de Rusia comenzaron a ser inoculadas en 2012. Ahora han pasado al ataque. Los softwares maliciosos potencialmente incapacitantes ya están dentro del sistema ruso en una magnitud y agresividad comparadas con las de la Operación Farewell, ejecutada con éxito por la Agencia Central de Inteligencia contra la Unión Soviética en el verano de 1982, que provocó la explosión del gasoducto euro-siberiano. Lograron introducir una bomba lógica –código malicioso que puede ejecutarse a distancia– en el software canadiense que gestionaba el sistema. El estallido alcanzó una energía de 3 kilotones y partes de las gruesas paredes del gasoducto fueron encontradas a más de 80 kilómetros del lugar.

 

En septiembre de 2010 las centrifugadoras del programa de enriquecimiento de uranio en Irán fueron infiltradas conStuxnet, un troyano desarrollado y fi-nanciado por dos gobiernos: Israel y Estados Unidos. Un año después, durante los ataques aéreos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra Libia, la administración Obama consideró bloquear los radares de alerta temprana para ocultar la presencia de los aviones de guerra y silenciar las señales de alarma. El cibercomando tiene expertos en spoofing, una técnica que suplanta la señal de posicionamiento de un artefacto tripulado o no (dron), y permite pilotar aeronaves a distancia con simuladores de vuelo y reemplazar cualquier señal GPS.

 

Hoy se pueden atacar los sistemas de control desde cualquier lugar en el mundo sin dejar rastros del agresor. Que cualquiera pueda ser acusado de criminal, sin otra prueba que la palabra del cibercomando, es idílica para la fábrica de mentiras de John Bolton. El asesor de Seguridad Nacional de Trump y veterano de las falsedades de Irak, reconoció el pasado 11 de junio que Estados Unidos ahora estaba adoptando una perspectiva amplia sobre posibles blancos digitales “para decirle a Rusia o a cualquier otro país que participe en operaciones cibernéticas contra Estados Unidos: ‘tendrás que pagar el precio’”. Tom Bossert, ex asesor de Trump en temas de Seguridad Interna y Ciberseguridad, enseñó aún más las uñas: "nuestro ejército ha sabido por mucho tiempo que podríamos hundir todos los buques de Irán con un margen de menos de 24 horas si es necesario".

 

Así andan las cosas. La táctica es tomar todos los caminos que le permitan a Mambrú atornillarse otros cuatro años en la Casa Blanca, incluso haciendo florecer un término propio de la ciencia ficción, la ciberguerra. Qué dolor, qué dolor, qué pena.

La defensa de Assange: "Este caso es un ataque frontal contra los periodistas"

El equipo de abogados que asiste el fundador de Wikileaks denuncia las restricciones que están sufriendo para poder preparar la defensa contra la extradición a Estados Unidos y el estado de salud de su cliente

 

 

La abogada australiana Jennifer Robinson, una de la letradas que ejerce la defensa del Julian Assange era rotunda a la salida de la vista que se ha celebrado este jueves en un tribunal londinense: “Este caso tendrá un impacto aterrador y afectará a periodistas y editores de todo el mundo que se enfrentan a la posibilidad de ser extraditados a Estados Unidos”.

Porque, como ella misma insistía: “Ningún periodista o editor debería ser nunca extraditado por haber publicado información veraz”.

Es lo que intenta evitar por todos los medios que le ocurra al fundador de Wikileaks por, como ella ha explicado: “Haber publicado pruebas de crímenes de guerra, de ataques a los derechos humanos y de corrupción”.

Pero el proceso ya está en marcha. El gobierno norteamericano tramitó la petición de extradición, el Ministro del Interior británico Salid Javid -uno de los seis aspirantes a suceder a Theresa May- la ha firmado apelando a que “debe hacerse justicia” y ahora son los tribunales de Reino Unido quienes tienen la última palabra: parar la extradición o dar luz verde.

Sólo el haber llegado hasta aquí ya es, en palabras de la defensa de Julian Assange: “Un asalto escandaloso contra la protección a los periodistas” y “un ataque frontal y atroz” contra el derecho a la libertad de expresión.

El proceso comenzará en febrero de 2020 y está previsto que se prolongue durante cinco días. Antes, en octubre de este mismo año, la defensa tendrá que presentar sus pruebas. Y, como ellos mismos denunciaban a las puertas del tribunal de Westminster, no les está resultando nada fácil hacer su trabajo: “No resulta sencillo trabajar en este caso debido a las restricciones a las que está sometido el señor Julian Assange en prisión; nos resulta muy difícil acceder a él, nos impiden poder hacerle llegar documentación y él no tiene acceso a un ordenador para poder preparar su defensa”, denunciaba Robinson.

Por si fuera poco, a ello se suma la situación personal del fundador de Wikileaks: “Estamos muy preocupados por su salud. Se encuentra bajo una gran presión y está teniendo que hacer frente a este caso bajo unas circunstancias muy difíciles”. Y añadía: “No olvidemos que se trata de una persona que todavía está sufriendo las graves consecuencia de su confinamiento dentro de la embajada y ahora en prisión”.

No es fácil hacer especulaciones pero el equipo de la defensa es optimista: “Confiamos en que el gobierno británico no ejecute la extradición a Estados Unidos”. Y preguntada por su gran temor en caso de que Assange fuera finalmente extraditado, Robinson explicaba: “Sólo tenemos que ver las condiciones a las que ha sido sometida Chelsea Manning anteriormente y en la actualidad durante su confinamiento en Estados unidos. No olvidemos que está en prisión indefinida por negarse a aportar pruebas. Eso nos basta para saber las circunstancia de confinamiento a las que tendría que hacer frente Julian Assange”.

Por Cristina Casero

@CrisCasero

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Viernes, 14 Junio 2019 06:17

Assange periodista

Assange periodista

El gobierno británico acaba de dar curso al pedido de extradición de Julian Assange para enfrentar cargos de espionaje en Estados Unidos y una posible sentencia de hasta 170 años de cárcel. Se trata de una medida de rutina al cumplirse dos meses desde el pedido inicial, el plazo legal para que Estados Unidos termine de presentar su caso, según el tratado de extradición entre ambos países. La justicia británica no está atada a la decisión de su gobierno pero es muy probable que termine por ordenar el traslado del fundador de WikiLeaks al país requiriente, más allá de la férrea defensa que interpondrá el equipo de abogados de Assange encabezado por Baltazar Garzón. Así parecen indicarlo la estrechísima e histórica alianza de seguridad entre los dos países, la coincidencia de gobiernos conservadores a ambos lados del Atlántico y sobre todo un tratado de extradición tan favorable a Estados Unidos que el año pasado el gobierno británico creó una comisión bicameral en el Parlamento para estudiar formas de reformarlo, cuestión que no terminó ocurriendo.

La firma del pedido de extradición, entonces, era esperable y de rutina, y no debería afectar el juicio en curso, que indefectiblemente tardará al menos varios meses, incluyendo una audiencia programada para mañana. Pero las declaraciones de hoy del ministro de Interior británico, Sajid Javid, anunciando la firma y agregando que está “muy satisfecho” con la detención de Assange, no dejan de ser llamativas al menos por dos razones. Por un lado, envía un mensaje (o una presión) al juez del caso, remarcándole los intereses geopolíticos en juego y el deseo (o compromiso) ya indisimulable del gobierno británico. Por otro lado, las palabras de Javid demostrarían que Assange tenía razón al sospechar que Gran Bretaña lo entregaría a Estados Unidos apenas pudiera, razón por la cual se asiló durante siete años en la embajada ecuatoriana en Londres. Recordemos que el 11 de abril el editor de megafiltraciones fue enviado a una prisión de máxima seguridad por un crimen menor, violar su libertad condicional, mientras la cancillería británica anunciaba que él estaba detenido también a pedido de Washington por un delito informático también menor. Al mes siguiente el gobierno de Trump amplió su acusación a espionaje, publicación de documentos secretos y poner en riesgo a colaboradores encubiertos. A su vez WikiLeaks denunció al gobierno de Theresa May de colaborar abiertamente con la investigación del FBI estadounidense que derivó en la acusación, al punto de entregarle las pertenencias y archivos de Assange, incluyendo su defensa legal, después de que autoridades ecuatorianas permitieran el allanamiento de su sede diplomática y la detención del ciberactivista, que en sus últimas semanas en la embajada lucía un collar de pent drives precisamente por esa razón.

Más allá del carácter rutinario, casi burocrático, de la medida anunciada ayer por el gobierno británico, es casi imposible sobreestimar la importancia de este caso para el futuro del periodismo a nivel global. Ya se han pronunciado al respecto diversos organismos de la ONU y las principales ONG que defienden la libertad de expresión y los derechos humanos. Incluso los grandes medios que en su momento contribuyeron a la demonización de Assange, por celos, competencia, o diferencias de estilos y relaciones, como el New York Times, The Guardian o El País, han cambiado de postura tras la violenta e irregular detención de Assange, y ahora publican todo tipo de editoriales y comentarios en favor de su colega y en contra del proceso al que está sometido.

El problema se hace evidente al leer el pedido de extradición. Assange está siendo acusado de hacer lo que hacen todos los periodistas de investigación: buscar, curar y publicar información secreta. No sólo eso: lo acusan de hacerlo con los mismos documentos que fueron publicados por los grandes medios del mundo. De ahí a enjuiciar a cualquier periodista que quiera publicar un documento secreto de Estados Unidos hay solo un pasito. Y de ahí a enjuiciar a cualquier medio que publique información sensible para el gobierno de turno, llámese Panamá Papers o Moroleaks, también. El gobierno de Trump eligió anunciar la acusación de espionaje en contra de Assange el mes pasado a través del jefe de seguridad nacional del Departamento de Justicia, John Demers, en una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas. Allí argumentó: “El Departamento toma en serio el papel de los periodistas en nuestra democracia, pero Julian Assange no es un periodista”. O sea, el problema no es qué hizo, sino quién lo hizo. Pero si aceptamos esta insólita, llamémosla “doctrina Demers”, entonces será el gobierno el que decida quién es periodista y quién no. Y no hace falta ser un genio para intuir que el gobierno elegirá a damas y caballeros de su círculo social, comunicadores corporativos que lo último que buscan es revelar secretos que pongan nerviosas a sus fuentes.

La democracia, decía mi padre, Guillermo O´Donnell, puede morir de a poco. No hace falta un golpe. Las libertades y los derechos se pueden ir perdiendo de a poco. En este caso, el caso Assange, urge decir que no es la primera vez que los derechos a la información y a la libre expresión entran en conflicto con otros, como el derecho a la privacidad, a la propiedad o a la seguridad nacional. No será la primera vez pero podría ser la última, si perdemos la posibilidad de decirnos y enterarnos lo que está pasando en los centros de poder donde se toman las grandes decisiones.

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Viernes, 14 Junio 2019 05:57

Assange y los medios de Estados Unidos

Assange y los medios de Estados Unidos

El ministerio británico del Interior dio ayer su visto bueno a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos y ahora la última palabra la tiene un tribunal que debe sesionar hoy. No hay mucho margen para esperar que esa instancia escuche los exhortos para que se libere al australiano que han formulado el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas y múltiples organizaciones sociales en pro de los derechos humanos y la libertad de expresión. Como se ha visto desde febrero de 2011, el sistema judicial del Reino Unido está totalmente alineado en los planes del gobierno estadunidense, como lo han estado durante este tiempo las autoridades de Estocolmo.

 

Una vez interrumpida la solitaria solidaridad ecuatoriana por la traición de Lenín Moreno a toda la gestión de su antecesor, en la que se inscribía la protección diplomática al fundador de Wikileaks, sólo una movilización de la sociedad británica podría impedir que Londres lo entregara al gobierno de Washington. Pero previsiblemente esa movilización no ocurrirá y todo hace pensar que Assange será enviado a Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia le ha fincado 17 delitos, varios de ellos, graves, como espionaje, que podrían llevar a una condena de cadena perpetua.

 

Si no hubo en Gran Bretaña una condena social contundente a las violaciones a los derechos de Assange, menos cabría esperar que la hubiera en el país vecino del norte, donde las paranoias de la seguridad nacional tienen una raigambre más acendrada y donde, por ende, ha resultado fácil confundir a grandes sectores de la opinión pública con la falsa noción de que Wikileaks y su fundador son una suerte de "agentes extranjeros" perniciosos para la seguridad de la nación.

 

El panorama mediático estadunidense, al menos en lo que se refiere a los medios del llamado mainstream, no serían, en principio, más favorables para la defensa del australiano. La difusión de los materiales que documentan crímenes de guerra en Irak y Afganistán, a mediados de 2010, dejaron en muchos directores y editores estadunidenses una sensación de despecho por lo que era el mayor golpe periodístico de la década. Unos meses después, la entrega de los "cables del Departamento de Estado" a The New York Times –y a otros cuatro medios de otros países– obligó al rotativo neoyorquino a tragarse su orgullo y a colaborar con Wikileaks.

 

Pero esas publicaciones operaron con una sospechosa parsimonia, que especularon con los documentos y que vieron antes que nada por la preservación de sus intereses corporativos. De esa forma, Wikileaks y su fundador decidieron redistribuir los cables en forma segmentada por naciones entre muchos medios independientes del mundo, de los que La Jornada fue el primero.

 

Ese episodio provocó una inocultable irritación en las redacciones de los cinco medios. De pronto, sus páginas se llenaron de ataques a Assange, algunos de ellos tan pueriles y poco serios como que el fundador de Wikileaks evitaba el baño diario. La animadversión de The New York Times fue rápidamente compartida por muchas otras empresas noticiosas. Ello se explica no sólo por el patrioterismo implícito en la acusación de que Wikileaks afectaba la seguridad nacional estadunidense, sino también por un orgullo profesional maltrecho: les resultaba intolerable que una pequeña organización de jóvenes, advenedizos en el periodismo, estuvieran sacudiendo el planeta con una eficacia y un rigor jamás visto hasta entonces. Y construyeron la noción despectiva de que Julian Assange y sus compañeros no eran informadores sino informantes, un despropósito que a la larga podría ser reciclado como argumento por los fiscales en contra del australiano.

 

Pero hoy el panorama ha cambiado drásticamente por la guerra declarada por Trump en contra de la generalidad de los medios de comunicación de su país. En ese contexto, un juicio ganado por Washington en contra de Assange sentaría un peligrosísimo precedente para el desempeño de la tarea informativa en Estados Unidos y en el mundo. Porque no hay diferencia alguna, a final de cuentas, entre los actos por los que el Departamento de Estado quiere procesar al australiano y lo que hacen día con día innumerables periodistas en todo el orbe: obtener documentos confidenciales, verificarlos –tarea en la que Wikileaks no ha tenido un solo yerro– y difundir su contenido.

 

Así pues, si los grandes medios noticiosos de Estados Unidos quieren sobrevivir a la embestida trumpiana, tendrán que tomar partido entre el presidente insolente y ominoso y el colega despreciado y en desgracia, cuya figura representa, les guste o no, el mayor símbolo del derecho a la verdad en la circunstancia presente. Más les valdría tragarse el orgullo por segunda ocasión, informar verazmente a la opinión pública de lo que está en juego y asumir un papel protagónico en defensa de Assange y, por ende, de los derechos a la libre expresión y a la información.Nada menos.

 

http://navegaciones.blogspot.com

 

Twitter: @Navegaciones

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Reino Unido firma la orden de extradición de Julian Assange a EEUU

 

Reino Unido ha firmado la orden de extradición de Julian Assange a EEUU, según informan varios medios. El Gobierno de Donald Trump pidió el pasado martes formalmente la extradición del fundador de WikiLeaks.

Assange, de 47 años y origen australiano, se enfrenta en una corte federal del estado de Virginia a varios delitos de espionaje y de publicación de documentos altamente clasificados, en relación con la filtración masiva que organizó en 2010.

La petición formal de extradición fue presentada la semana pasada, poco antes de que se cumpliera el plazo legal para ello. En concreto, el tratado de extradición entre Londres y Washington establece que cualquier petición de extradición debe ser formalizada en un plazo de 60 días.

El 11 de abril Assange fue detenido por la Policía británica tras ser sacado a rastras de la embajada ecuatoriana en Londres, después de que Quito rescindiera el asilo que le había concedido en 2012.

Hace casi siete años, el 19 de junio de 2012, el periodista se refugió en la misión ecuatoriana para eludir su extradición a Suecia, que dos años antes pidió su entrega para interrogarle por presuntos delitos sexuales que él siempre negó y de los que nunca fue acusado.

Assange temía que, si era entregado a la Justicia sueca, acabaría siendo extraditado a Estados Unidos, donde se enfrenta a cargos por la difusión en 2010 de documentos secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán, entre otros asuntos.

La petición de extradición de Estados Unidos se fundamenta en la acusación que presentaron en su contra en mayo fiscales federales en la corte del distrito este de Virginia, con sede en Alexandria.

La acusación argumenta que Assange ayudó a la exsoldado Chelsea Manning a descifrar las claves de acceso de los equipos informáticos del Gobierno de Estados Unidos para entrar dentro esos sistemas y extraer información secreta sin dejar huella.

A finales de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió su investigación y acusó a Assange de haber violado la Ley de Espionaje al filtrar información secreta, en lo que supone una escalada en la gravedad de los delitos que se le imputan.

Actualmente, Assange se encuentra en una cárcel británica cumpliendo una pena de 50 semanas de prisión por haber violado en 2012 las condiciones de libertad provisional que le habían fijado las autoridades suecas en relación con delitos de agresión sexual.

13/06/2019 11:24 Actualizado: 13/06/2019 11:51

Assange volverá a comparecer ante la justicia británica mañana 12 de junio.

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Martes, 11 Junio 2019 06:26

Una luz en la oscuridad

Una luz en la oscuridad

La conmoción causada por la revelación sobre cómo se armó la operación judicial-mediática contra Lula ya impactó en la Corte Suprema, donde uno de los jueces la consideró “muy grave”. En el Congreso impulsan una Comisión Investigadora y desde distintos sectores reclamaron la inmediata libertad del ex presidente.

 

Después de un tornado llamado “Morogate”. Brasilia, centro del poder político nacional, quedó estremecida por la potencia destructiva de las informaciones publicadas en el sitio The Intercept sobre las maniobras que coordinaron el ex juez Sergio Moro y el jefe de los fiscales de Lava Jato, Deltan Dallagnol, para acusar a Luiz Inácio Lula da Silva a pesar de las hasta hoy inexistentes pruebas sobre la entrega, como parte de una coima, de un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá. La defensa de Lula, que prepara medidas legales, exigió la libertad del ex mandatario. “Los hechos imputados al funcionaro más notorio del gabinete son “muy graves”, declaró Gilmar Mendes, miembro del máximo tribunal.

 Artículos de la Constitución y el Código Procesal, establecen que sólo el Ministerio Público cuenta con atribuciones en la formulación de la denuncia de un ciudadano investigado y que el juez es pasible de impugnación si se conduce con parcialidad. En este caso el magistrado obró como si fuera el coordinador de los procuradores, según se desprende de los primeros artículos del sitio editado por el periodista norteamericano, ganador de un Pulitzer, Glenn Greenwald.

“Todavía no hemos terminado de estudiar las medidas legales que vamos a llevar adelante, nos estamos reuniendo ahora con el resto del equipo de trabajo, pero sin dudas esto es causal para que el expresidente sea puesto en libertad con urgencia”, declaró la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, defensora de Lula, en diálogo con PáginaI12. “Este tipo de vinculación entre un juez y fiscales es totalmente ilegal, todo esto confirma lo que siempre dijimos, este fue un caso de persecución política para retirar al ex presidente de las elecciones del año pasado” en las que era favorito hasta un mes antes de la votación, cuando tuvo que desistir de su candidatura asfaltando el camino el triunfo de Jair Bolsonaro.

La abogada recordó que “este caso típico de Lawfare (guerra judicial con motivos políticos)” es motivo de una causa abierta en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde la defensa cuenta con la participación jurista australiano Joeffrey Robertson, que fue patrocinante de Julian Assange.

Ayer Moro fue incapaz de disimular los daños sufridos. Escogió viajar a la Amazonia acaso para tomar distancia de las preguntas de los reporteros de la Capital Federal y formuló dos declaraciones contradictorias en menos de doce horas: primero admitió la existencia de las conversaciones que tuvo con Dallagnol a través de la aplicación Telegram y luego puso en duda aquel diálogo.

Además acusó de emplear métodos “delictivos” para obtener las informaciones a los periodistas responsables del reportaje de un medio de comprobada credibilidad como es The Intercept. Su editor Greenwald fue quien publicó en 2013 los documentos obtenidos por el ex agente Edward Snowden de la agencia norteamericana NSA, nunca desmentidos.  

Hasta el cierre de esta crónica, en la noche del lunes, el presidente Jair Bolsonaro se había llamado a silencio sobre las peripecias de su “superministro” de Justicia y Seguridada Pública. Pero hace un mes le  agradeció su contribución para que llegara a la presidencia en las elecciones atípicas de octubre de 2018.

En una de las conversaciones transcriptas por The Intercept el entonces juez Moro, de la primera instancia federal de Curitiba, le dicta a Dallagnol los pasos a ser dados en una de los tantos operativos de Lava Jato. Y en otra apercibe al fiscal por la demora en generar nuevas acciones, generalmente espectaculares, que siempre eran amplificadas por la propaganda (con apariencia de noticia) de las empresas periodísticas (ver aparte).

A partir del destape del “Morogate” tal vez se haya dado inicio a una temporada de vendavales que amenaza dejar más a la intemperie al magistrado de provincia voló hasta lo alto del poder nacional como un personaje de historietas. En las marchas por el impeachment de Dilma Rousseff se vendían muñequitos de Supermoro, con su capa roja. El mismo personaje inflado de gas, de casi diez metros de altura, se volvió a ver en una reciente concentración de bolsonaristas en el centro de Brasilia.

Moro hizo de Lava Jato una bandera capaz de amalgamar al amplio campo conservador, donde germinaría un núcleo neofascista, encuadrado detrás de la premisa de acabar con Lula luego de derrocar a Dilma Rousseff. Y así fue: Dilma cayó en 2016, Moro condenó a Lula en 2017 y en abril de 2018 lo encarceló, tras la ratificación de su fallo por parte de una cámara de apelaciones.

 “Moro pateaba corners y cabeceaba al mismo tiempo”, comentó un juez del Supremo Tribunal Federal a un periodista de la radio CBN, de la cadena Globo. Según ese magistrado del Supremo, protegido por el anonimato, con la depreciación de la credibilidad del ministro de Justicia subieron las chances de que Lula acceda al régimen semiabierto como lo solicitó la semana pasada una procuradora al Superior Tribunal de Justicia, de la tercera instancia. 

Los hechos imputados al funcionaro más notorio del gabinete son “muy graves”, declaró sin proteger su identidad Gilmar Mendes, él también miembro de la más alta Corte.

En el Congreso, el líder de la bancada del Partido de los Trabajadores Paulo Pimenta, anunció el inicio de conversaciones con otras fuerzas de izquierda para la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigaciones con foco en Moro y Dallagnol. Otra de las transcripciones divulgadas por The Intercept informa sobre la indignación de algunos fiscales sobre la posibilidad de que Lula conceda una entrevista antes de las elecciones y la preocupación con que pueda contribuir a la victoria de su apadrinado político, Fernando Haddad.

En ese mismo trecho de la nota los miembros del Ministerio Público planean una estrategia para que ese reportaje a los diarios Folha y El País – que finalmente no se hizo en 2018– sea convertido en una conferencia de prensa a fin de que en ella haya periodistas afines a Lava Jato.

The Intercept anticipó que cuenta con harta documentación a ser publcada en próximas ediciones, que de ser tan letales como las del domingo, pueden afectar más a Moro y eventualmente salpicar a otros personajes. Los rumores sobre lo que vendrá son de todo tamaño, y no se descarta que surjan conversaciones o menciones más detalladas sobre como se gestó la aproximación Moro-Bolsonaro.

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Es por esto que Estados Unidos está persiguiendo a Julian Assange

Hace una década estuve en Kabul cuando Wikileaks publicó un tramo masivo de documentos del Gobierno de los Estados Unidos sobre los conflictos en Afganistán, Irak y Yemen. El día del lanzamiento yo estaba organizando por teléfono con un funcionario estadounidense una reunión informativa no formal. En el curso de nuestra conversación, le conté de lo que me acababa de enterar por los cables de noticias.

Él se mostró muy interesado y me preguntó qué se sabía sobre el grado de clasificación de los archivos. Cuando le dije, dijo en tono aliviado: "entonces no son secretos reales".


Cuando nos encontramos más tarde en mi hotel, le pregunté por qué rechazaba las revelaciones que causaban tanto alboroto en el mundo. Explicó que el Gobierno de los Estados Unidos no era tan ingenuo como para no darse cuenta de que hacer que estos documentos estuvieran disponibles para una amplia gama de funcionarios civiles y militares significaba que era probable que se filtraran. Cualquier información realmente dañina para la seguridad de los Estados Unidos habría sido eliminada.


En cualquier caso, dijo: "No vamos a aprender los secretos más grandes de WikiLeaks porque estos ya han sido filtrados por la Casa Blanca, el Pentágono o el Departamento de Estado".


Encontré su argumento persuasivo y más tarde escribí un artículo diciendo que los secretos de Wikileaks no eran tan secretos.


Sin embargo, el amable funcionario estadounidense y yo éramos ingenuos, ya que olvidábamos que el verdadero propósito del secreto de Estado es permitir que los gobiernos establezcan su propia versión de la verdad, interesada y a menudo mendaz, mediante la selección cuidadosa de "hechos" para ser transmitida al público. Se sienten enfurecidos por cualquier revelación de lo que realmente es o por cualquier fuente alternativa de información. Tales amenazas a su control de la agenda de noticias debe ser suprimidas cuando sea posible y, donde no lo consiguen, los responsables deben ser perseguidos y castigados.


Hemos tenido dos buenos ejemplos de hasta dónde un gobierno, en este caso el de los Estados Unidos, irá para proteger su propia versión contaminada de los eventos. El primero es la acusación al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en virtud de la Ley de espionaje por filtrar 750.000 documentos confidenciales militares y diplomáticos en 2010.


El segundo ejemplo ha ocurrido en los últimos días. Es posible que los medios internacionales no siempre se hayan cubierto de gloria informando sobre la guerra en Yemen, pero hay periodistas valientes y organizaciones de noticias que han hecho precisamente eso. Uno de ellos es el reportero yemení Maad al-Zikry que, junto con Maggie Michael y Nariman El-Mofty, es parte de un equipo de Associated Press (AP) que ganó el premio internacional Pulitzer de este año por su excelente cobertura sobre el terreno de la guerra de Yemen. Sus historias incluían revelaciones sobre los ataques con aviones no tripulados estadounidenses en Yemen y sobre las prisiones mantenidas allí por los Emiratos Árabes Unidos (EAU).


Al Gobierno de los Estados Unidos claramente no le gustó este tipo de periodismo crítico. Cuando el Pulitzer fue otorgado el martes pasado en Nueva York, Zikry no estaba allí porque le habían negado una visa para ingresar a los Estados Unidos. Ya no hay embajada de EE.UU. en la capital yemení, Sanaa, pero hace dos meses se dirigió a la embajada de los EE.UU. en El Cairo, donde su solicitud de visa, aunque con el respaldo total de AP y muchas otras instituciones prestigiosas, fue rechazada.


Después de que AP ejerciera más presión, Zikry hizo una segunda solicitud de visa y esta vez fue visto por un consejero en la embajada. Se pregunta a sí mismo: "¿Piensa la embajada de los Estados Unidos que un periodista de investigación yemení que hace informes para AP es un terrorista? ¿Estás diciendo que soy un terrorista?


El consejero dijo que "trabajarían" con su visa o, en otras palabras, que preguntarían a los poderes en Washington qué hacer. "Entonces, esperé y esperé, y esperé", dice. "Y hasta ahora no oí nada de ellos".


Por supuesto, Washington es totalmente capaz de desechar cualquier prohibición de otorgar una visa a un yemení en un caso como este, pero decidió no hacerlo.


¿Se puede comparar lo que hicieron Assange y Wikileaks en 2010 con lo que hicieron Zikry y AP en 2019? Algunos comentaristas, para su vergüenza, afirman que la búsqueda de Assange y su encarcelamiento actual en espera de una posible extradición a los Estados Unidos o Suecia no tiene nada que ver con la libertad de expresión.


De hecho, estaba haciendo lo que todo periodista debía hacer y lo hacía con mucho éxito.


Tomemos a Yemen como un ejemplo de esto. Es una historia de gran importancia actual porque en los últimos días altos funcionarios estadounidenses han denunciado a Irán por presuntamente dirigir y armar a los rebeldes hutíes que luchan contra las fuerzas saudíes y respaldadas por los Emiratos Árabes Unidos. La acción de estos supuestos representantes iraníes podría ser un casus belli en el enfrentamiento entre los Estados Unidos e Irán.


El secretario de Estado de los EE.UU., Mike Pompeo, dice que Irán ha proporcionado a los hutíes "el sistema de misiles, el hardware y la capacidad militar" que han adquirido.


El asesor de seguridad nacional, John Bolton, dijo el miércoles que Irán arriesgó una "respuesta muy fuerte" de los Estados Unidos por, entre otras cosas, los ataques con aviones no tripulados por parte de los hutíes en Arabia Saudita de los que responsabiliza a los iraníes.


Estas acusaciones de los Estados Unidos, Arabia Saudita y quien sea su aliado yemení del día en que los hutíes son títeres de Irán armados con armas suministradas por Irán tienen una larga historia. Pero, ¿qué sabemos de lo que Washington realmente piensa de estas acusaciones que no han variado mucho con los años?


Aquí es donde Wikileaks viene al rescate.


La embajada de Estados Unidos en Saná puede cerrarse hoy, pero se abrió el 9 de diciembre de 2009 cuando el embajador de Estados Unidos, Stephen Seche, envió un informe detallado al Departamento de Estado titulado: “¿Quiénes son los hutíes? ¿Cómo están luchando?”. Citando numerosas fuentes, se sabe que los hutíes“obtienen sus armas del mercado negro yemení” y por acuerdos corruptos con los comandantes militares del Gobierno. Un oficial de inteligencia yemení de alto rango dice: "Los iraníes no están armando a los hutíes. Las armas que usan son yemeníes". Otro funcionario de alto rango dice que el ejército antihutí" encubre sus fallas diciendo que las armas [de los hutíes] provienen de Irán".


Expertos yemeníes en el conflicto dicen que la adquisición de armas por parte de los hutíes hoy en día tiene poco que ver con Irán. Yemen siempre ha tenido un floreciente mercado negro de armas donde se pueden obtener armas, grandes y pequeñas, si el dinero es legal. Las fuerzas antihutí, generosamente suministradas por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, están felices de obtener ganancias vendiendo armas a los hutíes o a cualquier otra persona.


En un período anterior, el estudio de la embajada cita "informes delicados", presumiblemente de la CIA u otra organización de inteligencia, diciendo que los extremistas de Somalia, que querían los cohetes Katyusha, simplemente habían cruzado el Mar Rojo y los habían comprado en el mercado negro yemení.


Por revelar información importante sobre la guerra de Yemen, en la que murieron al menos 70,000 personas, es la razón por la que el Gobierno de los Estados Unidos está persiguiendo a Assange y Zikry.


El desafiante periodista yemení dice que "una de las razones clave por las cuales esta tierra está en esa condición trágica tan empobrecida que ha alcanzado hoy es por el castigo masivo de Yemen por parte de la administración estadounidense". Esto es demostrablemente cierto, pero sin duda alguien en Washington lo considera un secreto.

 


(Publicado de The Independent con autorización del autor o representante)

Por Patrick Cockburn
The Unz Review

Traducido del inglés para Rebelión por J. M.

 

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Domingo, 02 Junio 2019 06:02

Recordatorio para periodistas

Los abogados de Chelsea Manning presentaron ayer un documento en el que piden a un juez federal que reconsidere la decisión de enviarla a la cárcel de Alexandria por negarse a declarar sobre el caso Wikileaks.Foto Ap

Ya me estoy cansando de la Ley de Estados Unidos contra el Espionaje. Para el caso, desde hace mucho tiempo me cansé de la saga de Julian Assange y Chelsea Manning. Nadie quiere hablar de sus personalidades porque nadie parece simpatizar mucho con ellos, ni siquiera quienes se han beneficiado periodísticamente de sus revelaciones. Desde el principio me ha preocupado el efecto de Wikileaks, no sobre los brutales gobiernos de Occidente cuyas actividades ha revelado en estremecedor detalle (en especial en Medio Oriente), sino sobre la práctica del periodismo. Cuando a nosotros los escribas nos sirvieron este potaje de Wikileaks, saltamos a él, nadamos en él y salpicamos los muros de la información con nuestros aullidos de horror. Y olvidamos que el verdadero periodismo de investigación se refiere a la persistente búsqueda de la verdad a través de nuestras propias fuentes, en vez de volcar un frasco de secretos enfrente de los lectores, secretos que Assange y compañía –más que nosotros– habían decidido hacer públicos.

¿Por qué, recuerdo haberme preguntado hace casi 10 años, pudimos leer las indiscreciones de tantos árabes y estadunidenses, pero de tan pocos israelíes? ¿Exactamente quién estaba preparando la sopa que nos querían hacer comer? ¿Qué pudo haber quedado fuera del caldo? Sin embargo, los días recientes me han convencido de que existe algo mucho más obvio con respecto al encarcelamiento de Assange y la nueva detención de Manning. Y no tiene nada que ver con traición o con cualquier supuesto daño catastrófico a nuestra seguridad.


En el Washington Post esta semana, hemos leído a Marc Theissen, el ex redactor de discursos de la Casa Blanca que defendió la tortura en la CIA como legal y moralmente justa, decirnos que Assange “no es periodista. Es un espía… Realizó espionaje contra Estados Unidos. Y no se arrepiente del daño que ha causado.” Olvídense entonces de que la locura de Trump ya ha convertido la tortura y las relaciones secretas con los enemigos de su país en un pasatiempo.


No, no creo que esto tenga nada que ver con el uso de la Ley contra el Espionaje, por graves que sean sus implicaciones para los periodistas convencionales o para las organizaciones respetables de noticias, como Thiessen nos ha llamado empalagosamente. Tampoco tiene mucho que ver con los peligros que esas revelaciones plantearon para los agentes que Estados Unidos reclutó en Medio Oriente. Recuerdo bien con cuánta frecuencia los intérpretes iraquíes de las fuerzas armadas estadunidenses nos decían que habían rogado que les dieran visas para ellos y sus familias cuando se vieron bajo amenaza en Irak… y cómo a la mayoría les dijeron que se fueran al diablo. Los británicos tratamos a muchos de nuestros propios traductores iraquíes con similar indiferencia.


Así pues, olvidemos sólo por un momento la matanza de civiles, la crueldad letal de los mercenarios estadunidenses (algunos implicados en tráfico de infantes), el asesinato de personal de Reuters por fuerzas de Estados Unidos en Bagdad, el ejército de inocentes detenidos en Guantánamo, la tortura, las mentiras oficiales, las cifras falsas de bajas, las mentiras de las embajadas, el adiestramiento estadunidense de torturadores en Egipto y todos los demás crímenes revelados por las actividades de Assange y Manning.


Supongamos que lo que revelaron hubiera sido bueno y no malo, que los documentos diplomáticos y militares hubieran ofrecido un ejemplo resplandeciente de un país grandioso y moral, y hubiesen demostrado esos ideales nobles y refulgentes que la tierra de los libres siempre ha postulado. Imaginemos que las fuerzas estadunidenses en Irak hubiesen dado repetidas veces la vida para proteger a civiles, que hubieran denunciado las torturas cometidas por sus aliados, que hubieran tratado a los prisioneros de Abu Ghraib (muchos de ellos completamente inocentes), no con crueldad sexual, sino con respeto y gentileza; que hubieran destruido el poder de los mercenarios y los hubieran enviado encadenados a prisiones estadunidenses; que hubieran reconocido, ofreciendo excusas, los cementerios de hombres, mujeres y niños a los que enviaron prematuramente a la tumba en la guerra de Irak. Incluso fantaseemos por un momento con que los tripulantes de un helicóptero estadunidense que abatieron a 12 civiles en una calle de Bagdad no dispusieron de ellos con sus armas, y que la voz en la radio del helicóptero gritó: ¡Esperen, creo que estos tipos son civiles, y que esa arma tal vez es una cámara de televisión! ¡No disparen!


Como todos sabemos, eso es escapismo. Porque lo que esos cientos de miles de documentos representaron fue la vergüenza de Estados Unidos, de sus políticos, sus soldados, sus torturadores, sus diplomáticos. Incluso hubo un elemento de farsa que, sospecho, enfureció a los Thiessens de este mundo mucho más incluso que la más terrible de las revelaciones. Siempre he recordado la indignación expresada por Hillary Clinton cuando se reveló que había enviado sus esbirros a espiar en Naciones Unidas; sus esclavos del Departamento de Estado tuvieron que estudiar los detalles encriptados de los delegados, sus transacciones con tarjetas de crédito, incluso sus tarjetas de viajero frecuente. Pero ¿quién en este mundo querría desperdiciar su tiempo estudiando las tonterías que surgían de los incompetentes funcionarios de la ONU? ¿O, para el caso, quién en la CIA querría perder el tiempo escuchando las conversaciones privadas de Angela Merkel con Ban Ki Moon?


Uno de los cables que Assange reveló se refiere a la revolución iraní de 1979 y a la afirmación del agregado estadunidense Bruce Laingen de que la psique persa es de un egoísmo abrumador. Interesante, pero estudiantes iraníes se habían tomado el extenuante trabajo de pegar todos los jirones de documentos de la embajada estadunidense en Teherán en los años posteriores a 1979 y ya habían publicado las palabras de Laingen décadas antes de que Wikileaks nos las entregara. Tan vasta fue esa primera remesa de 250 mil documentos –que Hillary denunció como un ataque a la comunidad internacional, sin dejar de decir que eran presuntos documentos (como si pudieran ser falsos)–, que pocos pudieron descubrir qué era nuevo y qué viejo. Por eso el New York Times destacó la cita de Laingen como si fuera un hallazgo extraordinario.


Parte del material no había sido tan obvio antes –la sugerencia de que Siria había permitido que insurgentes antiestadunidenses cruzaran su territorio desde Líbano, por ejemplo, era absolutamente correcta–, pero la evidencia de la fabricación iraní de bombas en el sur de Irak era mucho más dudosa. Esta historia ya había sido alegremente filtrada al New York Times por funcionarios del Pentágono en febrero de 2007, y recalentada en años recientes, pero en su mayor parte era mentira. Desde la guerra Irán-Irak de 1980-88 había equipo militar iraní desperdigado por todo el territorio iraquí y la mayoría de los fabricantes de bombas que lo usaron eran musulmanes sunitas iraquíes.


¿Por qué esperar otros 10 años hasta que el próximo Assange nos envíe otro camión de basura lleno de secretos de Estado?


Pero esto es buscarle tres pies al gato entre el tiradero de papeles. Semejantes paparruchas son insignificantes en comparación con las monstruosas revelaciones de crueldad estadunidense: el relato, por ejemplo, de cómo soldados estadunidenses mataron a casi 700 civiles, entre ellos mujeres embarazadas y enfermos mentales, por acercarse demasiado a sus retenes. Y la instrucción dada a las fuerzas de Estados Unidos –trozo de historia revelado por Chelsea Manning– de no investigar cuando sus aliados militares iraquíes flagelaban a prisioneros con cables pesados, los colgaban de ganchos colocados en el techo, les perforaban las piernas con taladros eléctricos y los asaltaban sexualmente. En la evaluación secreta estadunidense de 119 mil muertos en Irak y Afganistán (que en sí está muy por debajo de la realidad), 66 mil 81 fueron clasificados como no combatientes. ¿Cuál habría sido, me pregunto, la reacción estadunidense al asesinato de 66 mil ciudadanos estadunidenses, 20 veces más que los muertos del 11-S?


Por supuesto, se suponía que no deberíamos saber nada de esto. Y podemos ver por qué no. Lo peor de este material no era secreto porque casualmente se hubiese deslizado hacia una carpeta de la administración militar marcada como confidencial o solo para usted, sino porque representa el encubrimiento de crímenes de Estado a escala masiva.


Los responsables de esas atrocidades deben ser sometidos a juicio, extraditados de dondequiera que se escondan y encarcelados por crímenes de lesa humanidad. Pero no… vamos a castigar a los que filtraron la información, por lastimeros que nos parezcan sus motivos.


Claro, nosotros los periodistas, los que trabajamos para respetables organizaciones de noticias, podemos preocuparnos por las implicaciones de todo esto para nuestra profesión. Pero sería mucho mejor lanzarnos a la caza de otras verdades, igualmente espantosas para las autoridades. ¿Por qué no averiguar, por ejemplo, lo que Mike Pompeo le dijo en privado a Mohammed bin Salman? ¿Qué promesas tóxicas pudo haber hecho Donald Trump a Netanyahu? ¿Qué relaciones mantiene aún Estados Unidos en secreto con Irán, por qué ha mantenido contacto importante –esporádico, silencioso y encubierto– con elementos del régimen sirio?


Pero aquí la acostumbrada luz preventiva: lo que encontremos mediante el viejo periodismo convencional de pedalear duro, de obtener historias por medio de gargantas profundas o contactos confiables, nos va a revelar –si hacemos nuestro trabajo– exactamente la misma vil mendacidad de nuestros amos que condujo al clamor de odio hacia Assange y Manning y, de hecho, hacia Edward Snowden. No seremos procesados porque la persecución de esos tres sentó un peligroso precedente legal, pero seremos perseguidos por las mismas razones: porque lo que vayamos a revelar demostrará sin remedio que nuestros gobiernos y los de nuestros aliados cometen crímenes de guerra, y los responsables de esas iniquidades intentarán hacernos pagar con una vida tras barrotes por tal indiscreción.


La vergüenza, y el temor de ser llamados a cuentas por lo que nuestras autoridades de seguridad han hecho, no la violación de leyes cometida por los filtradores de información, es de lo que se trata todo esto.


Traducción: Jorge Anaya

 

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