Sábado, 15 Diciembre 2018 06:27

“Estoy cansado de las mentiras”

“Estoy cansado de las mentiras”

En sus primeras declaraciones tras ser sentenciado a tres años de prisión el jueves, Cohen reiteró que está arrepentido de haber ayudado a Trump a encubrir dos relaciones sexuales y dijo que se cansó de mentir para proteger al presidente.

El ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, volvió a la carga ayer y afirmó que el entonces candidato sabía que estaba mal ordenar el pago de dinero para silenciar a dos mujeres que afirman haber tenido una relación amorosa con Trump. Al ser preguntado por la ABC News sobre los pagos a la ex actriz porno Stormy Daniels y a la ex modelo Karen McDougal durante la campaña de 2016 el exabogado contestó: “Por supuesto. Trump actuó porque estaba muy preocupado sobre cómo afectaría esto a la elección.” Estas fueron las primeras declaraciones que hizo Cohen luego de ser sentenciado a tres años de prisión el jueves, una condena que comenzará en marzo. “Estoy enojado conmigo mismo porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal”, dijo con los ojos húmedos. El ex abogado presidencial confirmó además que aceptó colaborar con la justicia porque dice estar cansado de las mentiras del presidente: “estoy cansado de las mentiras. Estoy cansado de ser leal al presidente Trump. Di lealtad a alguien que, en verdad, no merece lealtad”, confesó.


El ex confidente del mandatario fue condenado por evasión de impuestos, falsas declaraciones a un banco y violaciones de la ley de financiación de campañas electorales. Los cargos fueron presentados por los fiscales federales en Nueva York y por la oficina del fiscal especial Robert Mueller, el exdirector del FBI que está investigando además la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016. El jueves los fiscales calificaron los pagos a las dos mujeres como contribuciones ilegales de campaña destinadas a influir en la elección. Sin embargo el acusado recibió una sentencia reducida por colaborar con Mueller.


Por su parte, Hogan Gidley, uno de los portavoces de la Casa Blanca, acusó a la prensa dar credibilidad a un criminal convicto. “Cohen admitió el mismo haber sido un mentiroso”, contraatacó. “Él ha admitido mentir. Todos lo saben y que ahora haya dicho que va a dejar de hacerlo es un poco tonto”, respondió el vocero de la Casa Blanca al ser preguntado por las supuestas pruebas documentales que acreditarían los pagos de Trump a las dos mujeres en un intento de comprar su silencio.


Al conocerse la sentencia, Trump marcó distancias con los dichos de Cohen asegurando que nunca le ordenó violar la ley y denunció que el abogado aceptó esos cargos para avergonzar al presidente y obtener una sentencia de prisión muy reducida. Además, Trump descartó la importancia de las acusaciones de financiamiento de la campaña y dijo que eran, en el mejor de los casos, violaciones civiles.


“No es cierto en absoluto”, respondió Cohen en la entrevista de ABC. “Bajo ninguna circunstancia quiero avergonzar al presidente”, se defendió para luego agregar que tiene esperanzas de ser recordado por la historia como una ayuda para volver a unir a Estados Unidos.


El abogado que empezó a trabajar para la Organización Trump en 2007 dijo que el mandatario no se parece en nada a la persona que era cuando lo conoció. “Fue sólo un cambio. Les diré que el caballero que está sentado ahora en la Oficina Oval, 1600 Pennsylvania Avenue, no es el Donald Trump que recuerdo de Trump Tower”, denunció. Una posible razón, agregó, es que la presión del trabajo es mucho más de lo que él pensaba que iba a ser. El letrado dijo que se considera a sí mismo como una pieza fundamental para ayudar al destino del país: “nunca es bueno estar del lado equivocado del presidente de los Estados Unidos de América, pero de alguna manera u otra esta tarea ahora ha caído en mis hombros.” Luego agregó que pasará el resto de su vida intentando solucionar el error que acepta haber cometido.


En el final de la entrevista le preguntaron si creía que Trump estaba diciendo la verdad sobre la injerencia de Rusia en las elecciones y respondió que no y luego se negó a hacer más comentarios. “No quiero poner en peligro ninguna investigación”, alegó.


A su vez, los diarios The New York Times y Wall Street Journal informaron que los fiscales federales abrieron otra línea de investigación relacionada con las elecciones, acerca de si extranjeros canalizaron ilegalmente donaciones a la campaña de Trump. Según fuentes cercanas a las investigación citadas por el Times, ésta se centra en determinar si personas originarias de Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos utilizaron prestanombres para hacer donaciones con la esperanza de comprar influencia sobre la política de Estados Unidos.

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Lunes, 26 Noviembre 2018 06:06

EducAcción

EducAcción

El mundo está al revés y la escuela, que forma parte de ese mundo, también.

Si “(…) el plomo aprende a flotar y el corcho, a hundirse. Las víboras aprenden a volar y las nubes aprenden a arrastrarse por los caminos” (Galeano) puede que el mundo definitivamente esté al revés. Es decir, Patas arriba, como titula su libro el autor uruguayo.


¿En qué situación se encuentran la universidad (la escuela) en este siglo XXI? ¿Qué educación y qué valores transmitimos desde las instituciones educativas? ¿Qué reconocimiento se les da a las y los estudiantes?


El panorama educativo no es halagüeño, el ubicuo mercado lo intenta controlar y los gobiernos contribuyen a ello desfinanciando la educación pública para justificar que no sirve y dejarla caer en manos privadas. El neoliberalismo, y su manera explotadora de entender los servicios sociales básicos, se apodera de todo, también de ese derecho humano fundamental que es la educación. Uno más de los derechos universales incumplidos. La Declaración dice en su Artículo 26 que “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental”.


El papel y el valor de la universidad es incuestionable, las sociedades avanzan al ritmo de sus universidades, los conocimientos se universalizan en las instituciones de educación superior. Y si queremos que la educación, y la universidad es el nivel superior del recorrido educativo, sea de calidad, comprometida y crítica hay que escuchar a estudiantes y docentes en sus reivindicaciones. Hay que poner en marcha la EDUCACCIÓN.


Educacción es lo que hace por estos días en Colombia, pero también en otras partes del continente americano como en Costa Rica, el estudiantado al levantarse en “lápices y libros” contra el sistema para reclamar sus derechos, para exigir lo que les debería corresponder por ley, pero le tildan de subversivo, violento o, incluso, terrorista.


Jesús Martín Barbero siempre dice que hay que meterle país a la universidad, invitándonos a que tanto las instituciones como quienes las conformamos estemos más cerca de la ciudadanía y ahora, en estos días de demandas y manifestaciones, el país y su población se alejan de uno de los capitales humanos que dan sentido a la universidad: las y los estudiantes y sus reclamaciones. El otro capital humano, las y los docentes, parece que sí pero no, muchos respaldan, otros contrarían y una parte calla.


La acción de las y los estudiantes universitarios colombianos es opacada por el poder de los medios, que en lugar de fijar su mirada en las causas de las movilizaciones, se centra en los actos vandálicos, que los hay, pero que no deberían ser lo que más se resaltara. Que le han pintado las paredes a un medio generalista en la capital, como si ese medio no tuviera su responsabilidad en “pintar” con “sus colores” las realidades para beneficio propio y de sus intereses. ¿Por qué no dicen en esos medios de los comportamientos “salvajes” de las fuerzas del orden?


Si queremos universidades de alto nivel académico y humano debemos pedir inversión pública en ellas. En infraestructura, en materiales, en salarios, en equipos y en mejorar su funcionamiento. Y esa es la reclamación principal de las movilizaciones estudiantiles.


Estoy de acuerdo con Sergio Ramírez en que la universidad debe cumplir un papel primordial más allá de los salones de clase: “Deben volver a ser la conciencia de la nación, ahora que el sistema democrático corre tantos riesgos frente a las trampas de la demagogia, el populismo, y el fanatismo ideológico”. El escritor y político nicaragüense escribe en La Jornada que la universidad es “un todo armónico resultante de la diversidad de sus partes, articulado hacia adentro, pero que irradia hacia afuera, inserto en la propia sociedad a la que no puede ser ajena porque perdería su razón de ser”.


Debemos defender la universidad, pública y lo más gratuita que se pueda, para conformar ciudadanías críticas. Pero también tenemos que apostarle a esa defensa quienes intentamos educar desde las instituciones académicas privadas, porque tenemos nuestra parte de responsabilidad en contribuir a la formación de un espíritu crítico y porque una mejor universidad pública contribuye y empuja a que aquellas trabajen por mejorar su propia calidad. La universidad en general debe promover, hoy más que nunca, la reflexión y la liberación, la ruptura de las cadenas del pensamiento único y excluyente y tiene que apostarle a la gente y a la madre tierra.


Hay que tener conciencia y claridad de que la universidad, toda ella, con sus estudiantes y sus equipos docentes, es la base de la transformación social que necesitamos. Como dice Boaventura de Sousa Santos “el neoliberalismo no quiere que haya un proyecto de país”, porque necesitan tener el campo abierto para sus negocios privatizadores. Y la universidad colombiana es, para el intelectual portugués, de un compromiso alto con la ciudadanía. Se quiere llegar a lo que él llama el “capitalismo universitario”: transformar la universidad en una empresa, a los profesores en proletarios y a los estudiantes en consumidores, para alcanzar una universidad sin ideología, o con la ideología del mercado capitalista.
Porque una universidad fuerte y comprometida, con pensamiento propio y conciencia de lo que debe ser, es un riesgo para quienes quieren que sus ciudadanías solamente sean consumidores y votantes, pero nunca seres sentipensantes.


En su columna en El Tiempo, Adolfo Zableh afirmaba “Que marchen los estudiantes y rompan todo. (…) Que taponen vías y ataquen propiedades es un daño menor comparado con todo el mal que les hemos hecho. Que rompan la Casa de Nariño y el Congreso, sin asco y a lo ‘maldita sea’. Que se metan y lo destruyan todo. La educación es lo que permite salir adelante, decidir a conciencia, manejar la vida propia, tener oportunidades. Los políticos lo saben, por eso no dan la educación que tanto prometen; ellos necesitan soldados obedientes y votantes alienados”.


Por su parte, el profesor Carlos E. Maldonado escribe en la edición colombiana de Le Monde Diplomatique que en Colombia hay “una ausencia de respeto al conocimiento. Irrespeto que es, sin dudas, la principal característica de las élites gobernantes en la historia del país, lo que se traduce en la subvaloración de la educación en general, el desfinanciamiento de la universidad pública, en fin, la crisis de la Universidad”.


Este docente compara la teoría de la socióloga Saskia Sassen del capitalismo corporativo, el que no necesita matar a la gente, a sus rivales, sino que les basta con dejarlos morir, con la actuación de los gobiernos frente a la educación pública, que no la hace desaparecer sino que “simplemente la deja pervivir, agónicamente, apenas en el límite”. Por eso la educación pública colombiana lleva 25 años desfinanciada. El problema del futuro de las universidades es el problema del futuro del país, si no hay universidad pública financiada a la gente le tocará pagar más por un futuro incierto y probablemente peor.


Es importante formar y educar en valores, en ciudadanía, en humanidad, a educadoras (es) y a educandos (as). La formación, desde la familia a la universidad, quienes lleguen a ella, que tampoco es una condición sine qua non para una vida digna, pasando por la calle y la escuela, nos dota de sentido y entidad, nos enriquece y nos conciencia. Esa educación formativa comienza cuando nacemos y termina al morir, nos acompaña estimulando nuestro crecimiento como personas y nuestra conciencia para jugar nuestro papel en la vida. La educación no nos hace, per se, económicamente más ricos, ni políticamente más poderosos, ni más fuertes físicamente. Pero sí ciudadanas y ciudadanos más humanos. En ese sentido, y como parte fundamental del proceso educativo, ¿es la universidad uno de los problemas de hoy?, ¿o es una solución?


Para Herman Hesse la escuela solamente le sirvió para aprender latín, que no es poco, y para decir mentiras y, además, le había destrozado muchas cosas. Aún así decía que la “lectura sin amor, el saber sin respeto, la formación sin corazón” eran “uno de los mayores pecados contra el espíritu”. Creo que la universidad, pese a todos sus problemas y contradicciones, es una institución necesaria. Porque es menester universalizar la razón y el pensamiento, hacer público el conocimiento y contribuir, desde la educación superior, a la formación de seres humanos en el más amplio sentido del término. La universidad está expuesta a varios peligros que la “apartan” del lugar esencial que debe ocupar en la sociedad. Por un lado los lobos externos (capitalismo, neoliberalismo, privatizaciones,…) y, por otro, esos caballos de Troya que hacen que se fagocite a sí misma, que su endogamia le nuble el sentido y que su falta de visión le ciegue.


Si la educación es un acto político (Freire) que requiere un comportamiento ético, es en la universidad donde se debe formar política y éticamente a la ciudadanía para conformar una sociedad incluyente e integradora. Como decía Zenón de Elea: “Dichosa la ciudad donde se admira menos la hermosura de los edificios que las virtudes de sus habitantes”.
Galeano nos advierte cuando dice “La escuela del mundo al revés es la más democrática de las instituciones educativas. No exige examen de admisión, no cobra matrícula y gratuitamente dicta sus cursos, a todos y en todas partes, así en la tierra como en el cielo: por algo es hija del sistema que ha conquistado, por primera vez en toda la historia de la humanidad, el poder universal”. No permitamos que el mundo al revés nos imponga esa escuela. Y si esa es “su” escuela, luchemos, desde todos los ámbitos educativos, la familia, la calle, la academia, por otra bien distinta. Una verdadera Escuela, o una contraescuela.


Hasta Roger Waters, el que fuera uno de los miembros fundadores de los míticos Pink Floyd, dedicó una parte de su concierto en Bogotá a apoyar a las y los estudiantes colombianos en sus reivindicaciones. Que se siga reclamando que “No necesitamos no educación” (we don´t need no education), que ellas y ellos no son otro ladrillo en la pared, que hay que romper esos muros que nos marginan y nos separan. ¡Resistencia!


Como enuncia la declaración de Clacso a favor de la universidad pública en Colombia un siglo después del Manifiesto de Córdoba. Hace cien años eran las voces universitarias demandando el deseo de libertad, entonces “En sus corazones palpitaba la hora americana, el sentimiento de una revolución que se abría camino desde las aulas emancipadas y liberadas de los poderes monárquicos y escolásticos de ese tiempo. Hoy pretendemos liberarnos de los poderes neoliberales y del mercado. También sentimos como nuestro el rumor de la libertad”.


Hoy, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que acaba de celebrar el 1er. Foro Mundial del Pensamiento Crítico, en el marco de su 8ª Conferencia titulada “Luchas por la igualdad, la justicia social y la democracia en un mundo turbulento”, plantea que “Al defender la Universidad también defendemos el sueño de paz, democracia y justicia. Tal vez el presente nos exija reinventar el pasado del 68 y encarnar el manifiesto del 18, porque pronunciando sus palabras, los dolores que nos acompañan son las libertades que aún no conquistamos, que la consigna de una hora americana trasciende los contextos y se inscribe en nuestros deseos de debilitar el autoritarismo y alcanzar la autonomía del pensamiento; legado histórico que llamaba a renombrar la realidad social como posibilidad de emancipación: Córdoba se redime, Colombia también”.


En Colombia las y los estudiantes promueven EDUCACCIÓN y le ponen imaginación y las siete notas musicales a sus acciones, no como otros, que prefieren a “los siete enanitos” en sus inercias. Quieren luchar por una universidad crítica, popular, liberadora e inclusiva.


En la Universidad residen la discusión y el debate, el respeto y la dignidad y la lucha por una educación libre e incluyente. Es la guarida de la utopía, tan necesaria cada día como cantan Jonathan Silva y Ceumar


Si el mundo se pone pesado / Voy a pedir prestada / La palabra POESÍA


Si el mundo camina hacia atrás / Voy a escribir en un cartel / La palabra REBELDÍA


Vamos a la calle a gritar / La palabra UTOPÍA.


Por la EDUCACCIÓN.

Por Ignacio Chaves

24 Nov 2018 .

Publicado enColombia
Acuerdo entre Gobierno y rectores es arbitrario

El pasado 25 de octubre el gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque y la ministra de educación María Victoria Angulo acordaron, con 25 de los 32 rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) y de la Red de Instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, un aumento de los recursos destinados a las IES públicas. Sin embargo, el acuerdo no contempla la solución a los problemas estructurales de las universidades públicas; mucho menos mitiga la crisis de la educación superior en Colombia.

 Desconociendo el arduo trabajo del movimiento estudiantil para informar y convocar a la ciudadanía para que se sume a la demanda del financiamiento adecuado para el conjunto de las Instituciones de Educación Superior (IES), así como la organización de docentes, trabajadores y trabajadoras de las IES estatales, 25 rectores/as del SUE firmaron un acuerdo que no cumple ni la mitad de los 10 puntos planteados en el pliego de exigencias elaborado de manera conjunta por estudiantes, trabajadores/as y docentes de la educación superior. Dicho acuerdo tampoco responde a los estudios elaborados por el SUE que cuantifican la magnitud del déficit financiero de las IES oficiales; particularmente el de las universidades estatales

Un acuerdo, además, que dilata en el tiempo una improbable solución para la problemática que ha motivado la protesta estudiantil y de otros estamentos de los centros de estudio. En el mismo, el Gobierno se comprometió a que “durante este período de gobierno, las transferencias de la Nación para funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas crecerán en un IPC más tres puntos porcentuales en el año 2019 y en IPC más cuatro puntos porcentuales en los años 2020, 2021 y 2022”.

No obstante, Adolfo Atehortúa, exrector y ahora profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, junto con Juan Carlos Yepes, Luis Fernando Marín y Luis Orlando Aguirre, profesores titulares de la universidades de Caldas, Quindío e Industrial de Santander, respectivamente, en carta dirigida al gobierno nacional señalaron como urgente, una “adición presupuestal, inmediata y a la base, para todas las universidades estatales superior a 5 puntos del IPC 2017[…]” esto para apenas “[…] cumplir con sus obligaciones establecidas a 2018, suplir en parte la crítica situación que atraviesan, y culminar con normalidad sus actividades académicas en el presente año”.

Además, el compromiso sólo contempla el periodo de 4 años de gobierno, cuando el requerimiento del movimiento estudiantil está orientado a la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, pues “el presupuesto anual de las universidades debe incrementarse, como mínimo, en 6 puntos por encima del IPC. Así mismo, debe determinarse un porcentaje progresivo dedicado a la inversión que, tal como lo propuso el Ministerio anterior, debe iniciarse con un mínimo de 10 puntos. Simultáneamente se debe crear, por una sola vez, un rubro destinado a la recuperación y ampliación de la planta física de las universidades estatales, el cual podrá́ entregarse programada y secuencialmente”.

Contrario a esto, el Gobierno sólo ofreció: “Los recursos para inversión con cargo al presupuesto Nacional llegarán a $300 mil millones anuales para las instituciones de educación superior públicas, sumando $1,2 billones adicionales para los 4 años de gobierno”. Es decir, no hay una medida progresista que asegure el sostenimientos de las IES estatales en el futuro.

En el acuerdo también quedó suscrito que “a partir del año 2019, el Gobierno Nacional incorporará los recursos de los excedentes de cooperativas establecidos en el artículo 142 de la reforma tributaria del año 2016 para el fortalecimiento de la educación superior pública” e “impulsar, con el concurso de los gobernadores, alcaldes y el Congreso, en el marco del Presupuesto Bienal de Regalías la destinación de $1 billón de pesos que permitirá en los años 2019 y 2020 contar con recursos que fomenten la inversión en infraestructura orientada al mejoramiento de la calidad de las instituciones de educación superior públicas”. Sin embargo, estos compromisos son abstractos y de resultados inciertos si de asegurar recursos para la base presupuestal de las universidades y demás IES estatales se trata.

Hay que decir además, que en el acuerdo no entran en consideración otras exigencias fundamentales establecidas por el movimiento estudiantil y las organizaciones de docentes universitarios, como:

• La reliquidación de las deudas de los estudiantes con el ICETEX con tasa real de interés en 0%, condonación para los estudiantes de programa Ser Pilo Paga, incluyendo a quienes hayan desertado del programa y garantías de permanencia y graduación a los estudiantes que accedieron a dichos créditos.

• Congelamiento inmediato de las matrículas en las IES de carácter privado.

• El aumento del presupuesto para Colciencias en un 100% con base al presupuesto asignado a Colciencias para el año 2018. Exigimos el cambio en los criterios de medición y asignación de recursos de Colciencias, que fortalezca todas las agendas investigativas incluyendo las Humanidades, el Arte y las Ciencias.

• Mantenimiento de los recursos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el respeto por su visión y misión y la conformación de una mesa que agrupe varios sectores para la construcción de un modelo de integración del sistema nacional de Educación Superior.

• Derogación de la Ley 1911 de Financiación Contingente al Ingreso.

• Retornar a su destino original y prioritario el 40% del medio punto de IVA Social, el porcentaje destinado a ese mismo rubro en el Impuesto a la Renta y Complementarios (Antiguo Cree), y una suma equivalente al excedente cooperativo.

• Reversar, a través de la ley, los efectos regresivos de la Reforma Tributaria que afectaron seriamente los ingresos y la calidad de vida de los profesores universitarios y ponen en peligro la estructura institucional universitaria, en tanto lesionan la eficacia de las primas técnicas como estímulo para los cargos directivos y el ajuste de los puntos salariales que incentivan la producción académica. Por consiguiente, resulta indispensable modificar los artículos 336 y 388 de la ley 1819 de 2016 para que, en la práctica, los gastos de representación como renta exenta se preserven en el marco de los mandatos legales y constitucionales.

• Revertir las iniciativas tendientes a modificar estructuralmente y de manera unilateral el Decreto 1279 de 2002 y contemplar, de forma precisa, la modificación específica de dicha norma en aspectos puntuales que mejoren las condiciones laborales y prestacionales de todos los docentes, incluidos planta, ocasionales y catedráticos, en aplicación del principio de progresividad y no regresividad en materia laboral, y con entera disposición presupuestal a la base de las universidades estatales.

• Reformar el contenido del Decreto 1280 de 2018 sobre aseguramiento de la calidad, para subsanar los graves efectos e inequidades que acarrea en procesos de acreditación institucional y oferta de programas pertinentes y de calidad.

Enseñanzas y futuro inmediato

Como puede deducirse, estamos ante el efecto del poder y su ejercicio maquiavélico: el gobierno Duque concreta la reunión con los rectores, estos acuden acuciosos y se pliegan al jefe de gobierno, sin reparar en las otras instancias con que cuenta toda institución, es decir, embebidos en su supuesto poder pasan por encima de docentes, trabajadores y estudiantes. De esta manera, es evidente que el primero de los resultados que pudiera esperar Duque de su reunión con las directivas ya está concretado: la división de los estamentos de cada una de las universidades en paro, anormalidad académica o similar.

Una vez conocido lo decidido de manera prepotente por los rectores, los estudiantes se reafirman en la protesta ante lo cual las directivas de universidades como la Pedagógica y Tecnológica (Tunja) declaran la culminación del semestre, es decir, entran en vacaciones. El efecto de tal medida sobre la mayoría de los docentes, sin contrato fijo, es que dejarán de percibir salario en noviembre, además de diciembre y parte de enero –como es ya recurrente. Segundo efecto del autoritarismo de los rectores: agravan la situación salarial de los docentes, desnudando la precariedad en que hoy sobreviven –en plena época de la llamada Economía Naranja, máxima del duquismo– quienes viven del conocimiento.

En otras universidades, como la Nacional, su rectora se queja de que el paro siga en pie y llama a los estudiantes –bajo la amenaza de perdida del semestre– a que se reintegren a clase. Tercer manifestación del autoritarismo reinante en Colombia, y con manifestaciones hasta en los centros que se supone son la máxima expresión del ejercicio de la democracia participativa: agudización de la tensión entre directivas y estudiantes, pudiendo perderse el foco de la protesta (la lucha por la financiación de las IES) al enrutarse en una pugna local y focalizada por centro de estudio.

En el curso del 1 de noviembre los estudiantes están citados al ministerio de Educación, seguramente la socialización de lo allí discutido implique asambleas a lo largo de la semana del 6-11 de noviembre. Información y debates que definirán si la protesta se mantiene y en qué condiciones.

Por ahora, el gobierno logra desunir y quitarle peso a la protesta; recuperar fuerza y darle vitalidad al movimiento implica ganar apoyo social y cohesión interna. Un ejercicio de información a toda la sociedad sobre lo decidido por lo estudiantes en sus asambleas, y de democracia plena en sus debates –compartiendo información de todo tipo de manera abierta y pedagógica– y toma de decisiones, sería el conducto para ello.

El futuro de esta lucha no es totalmente claro, pero la estrategia que seguirá Duque en todos los conflictos sociales sí.

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Manifiesto por la Educación Superior Pública

Medellín, 18 de septiembre de 2018


“Esta es la técnica de la privatización: cortar el presupuesto para asegurar que las cosas no funcionen, la gente se molesta, y se usa como excusa, para pasarlo a manos del capital privado” Noam Chomsky.

 

Los profesores y profesoras de las universidades públicas, reunidos en Encuentro Nacional convocado por la Universidad de Antioquia, Colombia, manifiestan a la comunidad en general, después de profundos análisis sobre la situación de las Universidades y la crisis estructural sobre su financiamiento, lo siguiente:

1. Resulta indispensable exhortar al gobierno a que cumpla el mandato contenido en la Carta magna, en la cual se concibe la educación como un derecho de la persona (art. 67).
2. Defendemos y llamamos a defender la educación pública, gratuita, universal y de alta calidad, en virtud de su pertinencia para la construcción de la paz y el alcance de un país justo y democrático. Mantendremos actitud firme respecto a la defensa de una adecuada financiación de la educación pública superior, con presupuesto que permita su funcionamiento en condiciones de dignidad, para fortalecer la cobertura y mantener la calidad necesaria en atención a las necesidades, intereses y expectativas de la sociedad.
3. Propugnamos por la dignificación y el respeto a los derechos adquiridos de los profesores de universidades públicas. En ningún caso podrán, mediante reformas inconsultas, desmejorarse los salarios y prestaciones sociales (que tienen una relación directa en materia pensional) atendiendo al principio de progresividad y no regresividad en materia laboral.
4. Proponemos como salida a la actual movilización del profesorado la creación inmediata de una MESA NACIONAL PARA COORDINAR EL MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA y para negociar con el gobierno nacional, representado en la Señora Ministra de Educación, la Ministra de Trabajo y el Ministro de Hacienda, con quienes aspiramos resolver la situación crítica de las Universidades públicas en dos momentos, donde plantearemos acciones concretas:


En el corto plazo:

 

a. Reforma a los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992, de tal forma que se incremente en 8 puntos los recursos asignados a partir del IPC o se determine un porcentaje de incremento a partir del PIB, para garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas de educación superior acorde a sus funciones misionales.
b. Adición presupuestal inmediata con recursos frescos para solventar la crítica situación financiera de las IES públicas y poder culminar con normalidad las obligaciones de las universidades a diciembre de 2018.
c. Destinación, a las universidades públicas, de la totalidad de los recursos que hoy se dirigen al Programa Ser Pilo Paga y al ICETEX.
d. Reversar, a través de las medidas que resulten pertinentes, los efectos regresivos de la Reforma tributaria que afectó seriamente los ingresos y calidad de vida de los profesores universitarios. Resulta indispensable modificar los artículos 336 y 388 de la ley 1819 del 2016 para que, en la práctica, los gastos de representación como renta exenta se preserven en el marco de los mandatos legales y constitucionales.
e. Revertir las iniciativas tendientes a modificar estructuralmente y de manera unilateral el Decreto 1279 de 2002 y contemplar, de forma precisa, la modificación específica de dicha norma en aspectos puntuales que apunten al mejoramiento de las condiciones laborales y prestacionales de los docentes, en aplicación del principio de progresividad y no regresividad en materia laboral.
f. Destinación de recursos por parte de los gobiernos territoriales que fortalezcan e impulsen el desarrollo de las universidades públicas, en favor de las localidades y regiones que se benefician directamente de los propósitos que cumplen dichas instituciones de educación superior.
g. Recuperar los recursos del anterior impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), que en principio se destinarían a la educación superior y finalmente fueron dirigidos
al ICETEX y a programas como Ser Pilo Paga.
h. Reformar el contenido del Decreto 1280 de 2018 sobre aseguramiento de la calidad, en virtud de sus graves efectos en los procesos de acreditación institucional de las universidades públicas que perderán, en relación con las instituciones privadas, su capacidad para ofrecer programas pertinentes y de calidad.

 

En el mediano plazo:


a. Impulsar cambios estructurales a la política educativa de tal forma que se garantice el financiamiento a la oferta y no a la demanda, hasta lograr el acceso a educación superior de alta calidad cuyos costos en su totalidad sean asumidos por el Estado.
b. Revertir iniciativas contenidas en el “Acuerdo por lo superior 2034”, en lo atinente a educación terciaria y adopción de exigencias emanadas de la OCDE y demás organismos internacionales que afectan la libre autodeterminación y postergan las posibilidades de alcanzar mejores condiciones de bienestar a partir de la educación superior de alta calidad.
c. Apropiar el presupuesto requerido para nueva infraestructura universitaria y reforzamientos estructurales a edificaciones que amenazan ruina por su franco
deterioro.


Finalmente, manifestamos nuestro rechazo contundente a las irresponsables y estigmatizantes declaraciones del Ministro de defensa, Guillermo Botero, quien aseguró que “Grupos armados financian la protesta social” (derecho protegido por el art.20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 37 de la Constitución Política de Colombia) desconociendo de plano el derecho a la libertad de expresión y, junto a éste, el derecho a la protesta como expresión democrática de los grupos sociales que se manifiestan pacíficamente en contra de medidas gubernamentales, Resulta inaceptable que se ponga en riesgo la vida de quienes defienden los derechos humanos y las causas sociales. De igual manera deploramos el asesinato de líderes sociales en Colombia e instamos al gobierno nacional a brindar las garantías necesarias para proteger a quienes hacen parte de expresiones democráticas como las que se manifiestan en las marchas y movilizaciones sociales.

Invitamos a todos los integrantes de las comunidades universitarias a reflexionar sobre los temas centrales de la crisis financiera y la pérdida de los derechos laborales de los profesores, para actuar en consonancia con las agendas previstas desde las organizaciones gremiales de los docentes, los estudiantes, los empleados y trabajadores. Es fundamental unir esfuerzos por encima de diferencias conceptuales o ideológicas, ello como condición necesaria para mantener vivo un movimiento que permitirá dignificar la labor del profesorado y asegurar la viabilidad financiera de las universidades públicas en el país, y de esta manera garantizar educación de calidad en cumplimiento de los tres ejes misionales que benefician a las regiones y el país, Investigación Docencia y Proyección Social.

Convocamos a profesores, estudiantes, empleados, trabajadores y en general a toda la comunidad colombiana a participar de la Mesa nacional, de las agendas previstas en cada región, a sumarse a las Asambleas permanentes ya declaradas y a la GRAN MOVILIZACIÓN Y TOMA DE BOGOTÁ el 10 de octubre en unión con otros sectores sociales.

 

Universidades que suscriben: Universidad de Antioquia Universidad de Caldas
Universidad Industrial de Santander

Universidad del Tolima Universidad Pedagógica Nacional Universidad Nacional
Universidad de Cartagena Universidad del Cauca Universidad del Valle Universidad del Magdalena
Universidad del Quindío

 

Artículo relacionado:

"Las finanzas de la universidades públicas colombianas en tiempo de crisis". Leopoldo Múnera

23 de septiembre de 2018

 

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Lunes, 06 Agosto 2018 07:28

Q

Q

En las cuestiones que tienen que ver con la sociedad cada uno se fragua sus propias verdades. Existen los hechos, por supuesto, pero la manera en que los seleccionamos, los ordenamos y jerarquizamos, y luego los ensamblamos para determinar sus significados es un asunto bastante complejo.


Ese trabajo lo acomodamos usualmente de una manera conveniente para nosotros. Así es fácil y para muchos más reconfortante.


En muchas ocasiones, demasiadas infortunadamente, no se requiere siquiera de hechos verificables, bastan las declaraciones, opiniones, arengas y chismes, que pululan en el ambiente, para construir las verdades que perseguimos, conformadas también por nuestros prejuicios.


De tal forma se forjan las creencias, los pensamientos y hasta las convicciones. De ahí se desprenden, también, nuestros actos y omisiones.
Hablar de la verdad es por decir lo menos muy problemático. Y solemos admitir sólo muy poco relativismo; le concedemos a los otros escasa credibilidad en lo que afirman y rechazamos lo que hacen, muchas veces de modo violento.


La política está hecha de esto, la historia lo muestra claramente. Hoy es un tema cotidiano y está representado a las claras por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este es un caso sobresaliente, pero desde luego no único.


En los mítines que organiza ahora para convocar el voto en las próximas elecciones para el Congreso ha aparecido un grupo que se identifica por las pancartas y letreros inscritas con la letra Q.


Q se refiere a un tipo de acceso a la información restringida del Departamento de Energía de aquel país, considerada como clasificada y que se compara con el de la Defensa en materia de top secret.


Quienes exhiben ese signo o siguen esta nueva tendencia creen que los mensajes enviados por medio de la redes sociales en QAnon provienen de un activista seguidor de Trump que tiene acceso a información privilegiada y la divulga.


Se trataría de alguien que supuestamente exhibe la lucha del presidente en contra del denominado Estado Profundo (Deep State) que sería el núcleo duro del poder político y económico de ese país, representado prominentemente por intereses asociados con los Bush, los Clinton y Obama o el financiero George Soros, entre otros.


Creen que incluso el fiscal especial Müller, que lleva el caso de la posible colusión de Tump con Rusia para llegar a la presidencia, es, en realidad, una pieza de ese mismo enfrentamiento con el Estado Profundo.
Es una teoría de la conspiración. Una forma facilona de interpretar lo que ocurre en cualquier ámbito. Organiza los hechos y la información dejando pocos resquicios y permite adherirse con comodidad a una determinada interpretación de los hechos. Q lo ha conseguido y su expansión es muy acelerada. Para Trump es una eficaz herramienta de poder.


Menos atención se pone, por ejemplo, en una confrontación políticamente relevante dentro de la élite de los grupos conservadores y especialmente dentro del Partido Republicano. Esta no requiere de conspiración alguna, es pública.


Se trata de una de las fuente más grandes de financiamiento para los integrantes de ese partido y las políticas públicas que prefieren alentar los magnates hermanos Koch. Son dueños de la segunda empresa más grande de propiedad privada de Estados Unidos.


El dinero de los Koch en la promoción política conservadora se usa con independencia. En la pasada elección presidencial señalaron que escoger entre Trump y Clinton era como decidir entre el cáncer y un ataque cardiaco.


Hoy están enfrentados con Trump y las políticas proteccionista y migratoria. Él los tilda de ser una broma y dice que ni siquiera quiere su dinero.


¡Pero es que todo esto se trata de dinero! Los Koch han retirado el apoyo a los candidatos republicanos que no representan sus intereses.


Entre las actividades de promoción de los Koch está el enorme monto de recursos que han destinado a promover su visión libertaria del capitalismo. Ese es el caso de su respaldo al programa de economía de la Universidad George Mason, que con sus fondos se ha vuelto una referencia obligada y muy influyente del espectro ideológico.


Jueces, altos funcionarios, profesores y estudiantes pasan por los cursos inspirados en las teorías de James Buchanan, formulador de una potente expresión de un sistema social que se ha conformado por décadas, provocado una crisis de gran dimensión y que puede asociarse con el retorno de las políticas nacionalistas y xenófobas que prevalecen hoy en Europa y Rusia incluida.

 

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Domingo, 05 Agosto 2018 08:50

La Ciencia que financiamos y repagamos

La Ciencia que financiamos y repagamos

¿Devolvemos a la sociedad los resultados del sistema científico? Esta pregunta tiene dos posibles respuestas, que no opciones. Una respuesta larga, para aquellas que no conocemos de qué va el asunto, o la corta, para los que no lo conocen o no les interesa. Por economía lingüística, por escribir menos, empezamos a responder en primer lugar por la opción corta: por lo general, sí se devuelve a la sociedad lo generado por los científicos, eso sí, cobrando dinero por ello.

 

 

Los que seguimos leyendo parece que queremos reflexionar, analizar, cómo es posible que aquellos conocimientos generados con dinero público acaben en manos privadas, en empresas que después venden esos contenidos a las mismas instituciones públicas que lo han generado.

El negocio en el que se mueven muchos millones de euros es redondo, donde siempre gana la banca (sino de forma directa, sus filiales en el mundo de la edición y distribución de la ciencia). Voy a intentar contaros de forma breve cómo nos dejamos manejar.

La producción científica está en manos básicamente de instituciones públicas; instituciones de investigación, organismos públicos y universidades. Las privadas, las que investigan, no creáis que difunden dicho contenido, lo que en cierta manera pudiera entenderse como normal, si lo generan únicamente con dinero privado no van a compartirlo con la “competencia”. Estas investigaciones no salen de la nada, sino del mucho trabajo y esfuerzo de investigadores y de grupos de investigación que, o bien consiguen los fondos de proyectos financiados por organismos públicos, o bien de su actividad laboral cotidiana, y por lo tanto, se dedican a la investigación, ya que tenemos una nómina y un trabajo que nos lo facilita. No toda la investigación se realiza dentro de un proyecto de investigación. Los investigadores y profesores universitarios generan gran cantidad de producción científica, ya que de dicha publicación depende el desarrollo de su carrera profesional y algunos complementos retributivos.

Y aquí es donde viene el truco, donde el sistema ha conseguido envenenarlo, donde han logrado hacer bueno lo retorcido, donde conseguir “los dineros” sin invertir se ha convertido en un arte.

Los investigadores y profesores universitarios difunden sus contenidos –siempre que pueden, y en un gran número- en revistas de pago, revistas que no son de la institución donde trabajan, revistas que después la propia institución o el propio sistema de investigación debe pagar para conseguir, porque “evidentemente” se ceden los derechos a dicha revista. Es decir, investigaciones financiadas con dinero público, trabajadores con salarios públicos, ceden el conocimiento desarrollado en esas investigaciones a instituciones privadas, cediéndoles los derechos de explotación. ¿Somos tontos? Otra nueva pregunta con respuesta más compleja que la anterior.

Tal y como os decíamos, las publicaciones científicas no son un mero elemento de difusión de la Ciencia, sino que es la variable fundamental para analizar la valía, “la calidad” que decimos ahora, de la investigación y del investigador. Esto supone medirnos constantemente, evaluarnos de manera cortoplacista para determinar nuestra carrera profesional y para determinar si podemos conseguir los tramos de investigación. Y todos estos elementos son valorados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), organismo estatal que funciona con normativa y legislación estatal. ¿Y qué parámetro utilizan? Utilizan como medida el factor de impacto, una medida que evalúa la calidad de las revistas por medio del análisis métrico de las citas bibliográficas obtenidas por los trabajos y que fue creada con un fin distinto al de la evaluación de la calidad. Las herramientas para valorar este factor de impacto son dos: Scopus de Elsevier y Web of Science de Clarivate. Dos empresas privadas donde, ¡qué curioso!, están presentes las revistas de la propia compañía (Elsevier). Herramientas que nos cuestan millones de euros el poder acceder a sus índices, y que además nos obligan posteriormente a pagar los contenidos por las revistas que ellas han determinado que son “de calidad”.

Financiamos la investigación con dinero público, los resultados en forma de artículos científicos son enviados a revistas de pago por acceso a los contenidos, que las revistas que se consideran importante son tomadas de una serie de herramientas privadas que controlan un buen número de estas revistas, y que el propio sistema español de ciencias “obliga” a publicar en dichas revistas para el desarrollo profesional de los investigadores. Puede llegar a pasar, y pasa, que una universidad tenga que pagar a una revista por los contenidos generados por un profesor de plantilla. Pagamos por la investigación, y repagamos por acceder a los índices de impacto y a los contenidos de las revistas.

Ahora ya podemos contestar a la pregunta de si somos tontos, y mi respuesta es que no (opinión muy personal y discutible, sobre todo al ser parte implicada que no contempla el autoinsulto como opción); lo que pasa es que todo este sistema está montado sobre un gran negocio y sobre un círculo vicioso que lejos de ser desinflado por lo público es potenciado. Como dijo un gran referente intelectual (no hay ironía en mis palabras) “Veo, veo, mamoneo”. ¡Que grande eres, Rosendo!

 

¿Cómo rompemos esta tendencia? ¿cómo devolvemos los resultados de la investigación a los investigadores, a todos?

Primero, recordando a los investigadores que sus intereses personales no pueden ser los prioritarios, que lo generado con dinero público debe revertir en el sistema público, y que no son libres para hacer lo que quieran con sus investigaciones. Este cambio de visión es fundamental.

Entender que deben poner a disposición de la comunidad científica los resultados de sus estudios, aportando de verdad en el “carácter acumulativo de la Ciencia”, lo que supone un intercambio de conocimientos. Newton señaló; “si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre hombros de gigantes”. Hoy, seguramente, tendría que pagar por dichos contenidos y a otros no tendría acceso por los altos costes. Para ello, hemos de dar un empujón a los investigadores, buscar métodos alternativos a los estudios métricos para valorar e incentivar su labor profesional.

Segundo, cambiando el sistema de evaluación a todos los niveles, desde el europeo al autonómico, pasando por la financiación cambiando el sistema de evaluación a todos los niveles, desde el europeo al autonómico, pasando por la financiación estatal. Toda inversión pública debería estar sujeta a la obligación de difundirse por medio de revistas abiertas, de repositorios públicos, etc..., en plataformas que aseguren su disponibilidad para todas.

H2020, programa de financiación de la Ciencia de la Unión Europea, apuesta claramente por el acceso abierto (cuestión aparte es que los esfuerzos son escasitos), y el sistema español apuesta tímidamente por ello. Dicho sistema de evaluación debería comenzar, tal y como decimos, desde Europa, y que “chorree” por todos los estados miembros, para obligar a difundir públicamente los contenidos de investigación.


Tercero, y para España, “dinamitemos” intelectualmente la ANECA, volvamos a la evaluación tradicional, donde la evaluación de experto sea la piedra angular, y dejemos de medir tanto la calidad por parámetros estadísticos (dejemos la ANECA para otro día, ¿os parece?).

En definitiva, tenemos que hacer Política, un cambio legislativo integral que se enmarque en la lógica, fuera de los intereses del mercado y de las grandes empresas editoriales, cambio de políticas que debiera ser abanderado por la Unión Europea, quien cree un sistema general con subsistemas nacionales, donde se garantice que todo trabajo generado por asalariados o por financiación de lo público acabe en repositorios públicos o revistas de acceso abierto, sin pagos de cuotas de ningún tipo (ni por publicar ni por acceder), y generar una estructura en la cual aquellos trabajos más relevantes estén en repositorios más exclusivos, y que sea la presencia en dichos repositorios la que marque la calidad de la investigación y por lo tanto del investigador.

No estamos solos, existen plataformas que defienden esta tendencia, que apuestan por este cambio en la forma de difusión de la Ciencia (ejemplo claro es la Declaración de San Francisco, apoyada por importantes instituciones), en pensar que otra forma de hacer Ciencia es imprescindible para el desarrollo de la misma. Tenemos que ver la difusión de la Ciencia como una herramienta estratégica para el desarrollo de la sociedad, no un gasto, ni un coste, ni una carga, sino como una oportunidad.

 

¡Recuperemos el conocimiento! ¡No paguemos por las ideas!

Domingo, 24 Junio 2018 06:48

La macdonalización de la universidad

La macdonalización de la universidad

Muchos observadores consideran que la situación actual de la universidad es consecuencia de un plan general que se pone en práctica desde la implantación, sin financiación, del llamado Plan Bolonia —educación barata—, que consiste en debilitar a la universidad pública, con la puesta en marcha de un proceso de macdonalización —fast education—, recurriendo a la formulación acuñada por Ulrich Beck.

¿Cómo conseguirlo? Mediante la reducción de las horas lectivas (lo que antes se estudiaba en cinco años, ahora se estudia en cuatro), con cursos de media docena de asignaturas comprimidas por cuatrimestre, con horarios maratonianos de clase y sin tiempo suficiente para estudiar entre el fin de las clases y los exámenes.
Por el contrario, hay quién considera esta interpretación fruto de una visión exagerada e insiste en la matraca de que tenemos la juventud más preparada de la historia. Una cháchara complaciente, “estamos mejor que nunca”, que a veces suena interesada y para indicar que no queda bien mantener una actitud crítica, o que la crítica se hace solamente para mantener un postureo decorativo. No menciona, sin embargo, que los recortes derivados de la crisis económica se han ensañado con las plantillas y con la investigación; que los profesores son cada vez más viejos; que en los contratos de los profesores jóvenes predomina la precariedad, mientras que los laboratorios se han quedado vacíos y el tejido investigador de los departamentos (“la hojarasca”) está desapareciendo. Un análisis de la situación actual de la universidad nos indica que sí, que hay razones para la preocupación, y que las universidades han perdido estos últimos años un 20% de financiación pública.


El mayor reto, no obstante, viene desde dentro de la propia institución. La universidad, que ha quedado tocada, tiene que dar síntomas de cambio. Si no emitiera señales de renovación, de querer realizar algunas reformas imprescindibles para lograr el interés de la sociedad y, eventualmente, conseguir el apoyo social que necesita, el desencuentro se percibiría cada vez más como insalvable. Si esto no fuese urgente, no estaríamos reclamando restaurar la credibilidad del sistema universitario español como si fuera uno de los desafíos importantes de nuestro país. Hay ciertas actividades clientelares, verdaderos tejemanejes que han salido a la luz con los últimos escándalos, que se tienen que terminar. Los episodios vergonzosos que se han producido han puesto de manifiesto una subordinación inaceptable del mérito al amiguismo, además de una actitud de sometimiento a intereses espurios de nuestros gobernantes. Y a esto se suma otro hecho, al menos tan determinante: ha habido connivencia de profesores universitarios.


Esta situación preocupante no ha sido siempre así. Hubo un tiempo en que los programas de becas posdoctorales sirvieron para que los profesores jóvenes ampliasen su formación e investigasen en universidades extranjeras. Paralelamente, muchos proyectos de investigación de pequeños grupos que se formaron en los departamentos por toda la geografía universitaria española recibieron una financiación adecuada. Eso impulsó a la universidad española de una manera determinante. ¿Para qué han servido los recortes en inversión pública de los últimos años que han hundido el gasto en investigación? Para que muchos laboratorios hayan tenido que cerrar y para que la financiación se concentre en pocas manos, sobre todo en los grandes grupos que se han ido formando en centros e institutos de investigación, muchas veces alejados de los departamentos y del control de las propias universidades. Se ha producido una gran pérdida de masa crítica dedicada a la I+D: los investigadores de los departamentos universitarios que no han seguido la senda oficial y no se han ido con los grandes grupos, se han quedado en su mayoría sin poder continuar sus proyectos. Hay que recordar que son los responsables de esos grupos “del vértice de la pirámide” (como han sido denominados), mediante su presencia en los comités de decisión, quienes deciden las fórmulas de adjudicación de los fondos públicos destinados a la I+D, muchas veces atendiendo más a sus intereses corporativos que a intereses generales.


Urge volver a dotar a las universidades de un amplio tejido de grupos de investigación y financiarlos oportunamente mediante convocatorias especiales, cofinanciadas por las comunidades autónomas. Para este camino, y para que nuestro país no se quede definitivamente rezagado en la carrera tecnológica, sería esencial conectar la universidad y la investigación con las prioridades y los sectores sociales. En el mundo investigador español se pone el énfasis fundamentalmente en publicar artículos, obsesionados por los índices de impacto, y mucho menos en transferir la investigación para que la sociedad se beneficie de la misma. Se trata de unos requisitos básicos a los que sería importante prestarle atención. Ahí habría margen de mejora en nuestra universidad y no en derivar cada vez más capacidad de decisión a agencias opacas (ANECA y CNEAI) con evaluadores nombrados a dedo, que no se someten a dictado público alguno ni tampoco investigan a los profesores que falsean sus méritos, reparten títulos como en una tómbola y ascienden académicamente de forma meteórica y fraudulenta, para saber si se merecen los méritos que les reconocieron.


Ya Manuel Sacristán, en La universidad y la división social del trabajo (1972), cuando todavía no dominaba la dictadura de los índices de impacto de las publicaciones científicas, aludía a este fenómeno perverso que es el carácter parasitario de una buena parte de la investigación, determinada por la necesidad de las cátedras de ganar honores en la carrera universitaria.


Mientras tanto, se ha logrado uno de los objetivos, no proclamado pero principal, del Plan Bolonia: el descrédito de la universidad pública ha sido de grandes proporciones (hasta el extremo que se ha ido de las manos con los últimos episodios). Y no deberíamos olvidar una de las enseñanzas más alegóricas de nuestro refranero: la de que siempre hay pescadores que obtienen ganancias a río revuelto. Aquí la ganancia es en forma de trasvase hacia las universidades privadas que se han creado al calor de la mercantilización de los másteres que trajo consigo el nuevo plan. En España, ninguna de ellas tiene prestigio y, sin embargo, imparten másteres con unos precios de matrícula muy elevados, con lo que todo esto significa de cristalización en desigualdad social. Las universidades privadas imprimen la huella de la clase social en el éxito educativo y profesional. La educación, que ha de servir para favorecer la igualación social, la movilidad social ascendente, sirve así para perpetuar las diferencias de clase. Y no hay que olvidar que en nuestro país llueve sobre mojado, porque el desplazamiento del ascensor social desde el esfuerzo hacia el dinero empieza mucho antes: desde que la inversión en educación encarama a la educación concertada frente a la pública.


Ante esta preocupante realidad, la Universidad debe adoptar un compromiso firme de renovación con la sociedad y esta debe hacer y exigir una defensa firme de los valores que siempre han definido a la educación y a la formación de las personas: el respeto por el saber para ser libres e iguales, para no tener que avergonzarnos de vivir en un país con unas élites gobernantes que menosprecian el esfuerzo de los títulos universitarios y que dan más importancia al hurto de dos botes de crema en un supermercado.

 

Por,

Gaspar Llamazares Trigo
Promotor de Actúa
Miguel Souto Bayarri
Profesor de la Universidad de Santiago

24/06/2018

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Los créditos ahogan a los estudiantes en EE UU: sus deudas superan los 1,5 billones de dólares

La carga financiera por la universidad obliga a los graduados a retrasar varios años inversiones como la compra de una vivienda


La generación Y, la que nació entre mediados de los años 1990 y comienzos del nuevo milenio, está hundida en deudas. El dato de la Reserva Federal sobre el estado de las finanzas familiares es preocupante. Cuatro de cada diez personas que terminaron los estudios universitarios debe devolver algún tipo de préstamos. El total acaba de superar los 1,5 billones de dólares (1,27 billones de euros), una cantidad que supera la riqueza de una economía avanzada como la de España.

La deuda universitaria supera cómodamente los 1,1 billones de los créditos para la compra del automóvil. También la que se acumula en las tarjetas de crédito, que se acerca al billón. El problema, como muestran las estadísticas del banco central de Estados Unidos, es que estos préstamos se combinan. La deuda media de un graduado asciende así a los 28.400 dólares (unos 24.000 euros), según el The College Board. La cifra es mayor para los estudiantes que van a universidades privadas.


Las mujeres deben dos terceras partes del total, a partir de los cálculos que utilizan como base el informe de la Fed correspondiente al primer trimestre y otras instituciones. La American Association of University Women (AAUW), una organización que promueve la educación entre las adolescentes, explica que en parte se debe a que hay más mujeres matriculadas que los hombres. Representaban un 56% del total en 2016. También porque piden más prestado.


La brecha de género en la deuda estudiantil se explica a que una graduada debe de media 2.740 dólares más que un varón. Los datos también muestran que la devuelven más lentamente, lo que implica que acaban pagando más por los intereses. “Es un problema al que no se presta atención”, señala la AAUW, que lo achaca a que las mujeres tienen menos renta disponible para repagar.


El coste medio de la matrícula en un centro público es de 14.210 dólares si el estudiante se queda en su mismo estado. Esa cifra se eleva a 20.090 dólares cuando se incluye el gasto de dormitorio. La diferencia también se explica por las becas disponibles en función del origen del graduado. Los precios suben más rápido que la inflación, a un ritmo superior al 10% en los últimos cinco años.


Retrasos en los pagos


Hay más de 44 millones de estadounidenses que arrastran algún tipo de deuda desde los estudios. El volumen total crece a un ritmo de vértigo. Hace diez años rondaba los 640.000 millones. Se duplicó en 2012 y los factores que impulsan esta escalada no van a desaparecer con la Fed subiendo tipos, hasta el punto de que los expertos ven una burbuja como la hipotecaria de 2008.


El pago mensual medio del crédito se acerca a los 400 dólares, estima la Fed. En términos generales, el 20% va con retraso. Los que tienen más problemas son los que optaron por no terminar sus estudios. Esta carga, a su vez, amenaza con retrasar inversiones para el futuro, como la compra de una vivienda. El índice de propiedad en el 21%, frente al 32% antes de la recesión.


El salario medio para los nuevos graduados ronda los 50.000 dólares, según un estudio de la firma Korn Ferry. Es un 14% más que para la clase que terminó antes de la recesión. Pero como señala la National Association of Realtors, se está retrasando siete años la compra de la vivienda por la deuda. En paralelo, indica la Fed, se elevó en un 45% los jóvenes que se quedan en casa de sus padres.


Aliviar la deuda


El alza de las matrículas, el estancamiento de los salarios y el recorte de las inversiones públicas en la educación superior provocan que las familias estadounidenses sean más dependientes de los créditos. La American Student Assistance añade que esta situación provoca que muchos opten por retrasar su formación. Por eso piden a los legisladores que rebajen la carga a los estudiantes.


El Institute for Higher Education Policy señala que esta escala del endeudamiento representa un fracaso a la hora de afrontar la desigualdad que domina en el sistema educativo en EE UU. Un cambio legislativo que permita aliviar la situación cancelado parte de la deuda, según cálculos del Levy Economics Institute, aportará cerca de 100.000 millones al crecimiento económico cada año.

Nueva York 8 JUN 2018 - 02:43 COT

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Lunes, 14 Mayo 2018 05:43

Re-insurrección

Re-insurrección

Medio siglo después resucita la Campaña de los Pobres contra la pobreza sistémica, el racismo y el militarismo, que encabezó Martin Luther King en 1968, cuando fue asesinado, nutriendo lo que ha sido en la era Trump la mayor expresión social de oposición contra un gobierno en la historia de Estados Unidos.

A lo largo de los pasados 15 meses de este régimen, las expresiones masivas de disidencia brotan en todas partes del país, incluso en algunas donde no ha existido ni se esperaba, algo parecido –o sea, que estaban dormidos– durante décadas. Pocos pronosticaban que parte del movimiento de los trabajadores resucitaría con decenas de miles de maestros en algunos de los estados más conservadores del país: Virginia Occidental, Oklahoma, Kentucky, Arizona; tampoco que estallara un movimiento nacional detonado por estudiantes de preparatoria en Florida, o un nuevo capítulo del movimiento de los derechos de las mujeres con la Marcha de las Mujeres y después del “#MeToo y el #TimesUp, todos los cuales acompañan expresiones de organización social y disidencia masiva que se han formado en los años recientes, aun antes de Trump, como Black Lives Matter, los Dreamers y otras fuerzas de defensa de inmigrantes, aí como el movimiento encabezado por indígenas en Standing Rock, entre otros.

Nunca antes tantos han marchado, participado en manifestaciones y mítines y otras expresiones de repudio y protesta. Según la organizadora social y autora LA Kaufman, quien publicó en The Guardian que entre 10 y 15 millones han marchado y participado en mítines desde la toma de protesta de Trump (90 por ciento han sido antiTrump), "más gente en términos absolutos que jamás ha protestado antes en Estados Unidos", y tal vez hasta un porcentaje de la población más alto aun que las masivas movilizaciones contra la guerra en Vietnam a finales de los años 60.

Más aún, estas expresiones disidentes no sólo se limitan a unas cuantas marchas nacionales, sino en acciones en todas partes del país. Por ejemplo, en la Marcha de las Mujeres del 21 de enero de 2017, hubo movilizaciones en 650 comunidades, además de la nacional en Washington. En la Marcha por Nuestras Vidas, impulsada por los estudiantes de preparatoria contra las armas, se organizaron actos en más de 750 lugares.

Jane McAlevey, organizadora sindical y analista de movimientos laborales, señala que los maestros en los pasados tres meses "han convertido al país entero en su aula. No han presionado sólo por una mejor paga y mejores condiciones de trabajo, sino que también han montado un reto directo a décadas de recortes de impuestos para empresas, ayudándonos a entender qué significa la austeridad. Y al promover una serie de propuestas políticas para redistribuir la riqueza del 1 por ciento para regresarlo a la clase trabajadora y media, nos han enseñado cómo puede ser derrotada la austeridad".

La Campaña de los Pobres (Poor Peoples Campaign) busca reiniciar la iniciativa más radical de King, quien afirmó que “los males del racismo, explotación económica y militarismo están enlazados (…) no puedes deshacerte de uno sin deshacerte de los otros”. Hoy día, para enfrentar una realidad nacional con casi 41 millones de personas viviendo en la pobreza (la mayoría blancos), un total de 140 millones que están en la pobreza o apenas sobreviviendo con lo que ganan (incluidos maestros en varios estados), con un país que dedica más de tres veces en catidad de recusos al gasto militar que a programas sociales, y con un índice de desigualad económica extrema sin precedente en casi un siglo, con mayor racismo expresado en nuevas leyes, en el encarcelamiento masivo y en violencia policiaca, entre otras cosas, concluyen que se requiere de una coalición de "fusión moral" entre razas, generaciones, género y geografía para lanzar un nuevo “movimiento moral amplio y profundo a escala nacional –enraizado en el liderazgo de la gente pobre y reflejando las grandes enseñanzas morales– para unir al país desde abajo hacia arriba”.

El extraordinario reverendo William Barber y su colega, la reverenda Liz Theoharis, han promovido nuevas coaliciones por todo el país durante los dos años recientes para llevar a cabo la campaña que se inicia este lunes con actos simultáneos en unos 40 estados, seguido de acciones sobre diversos temas de una "agenda moral" durante los próximos 40 días. Barber afirma: "debemos tener disidencia moral, resistencia moral y visión moral en este momento".

"Nuestro movimiento es un llamado nacional por la recuperación moral", afirma Barber, señalando que "confrontaremos de manera no violenta a nuestro gobierno y sus políticas, y rehusaremos abandonar nuestro derecho constitucional a protestar". Varios sindicatos y organizaciones nacionales ya declararon su apoyo, pero Barber insiste que las bases locales serán las que encabecen este esfuerzo.

El reverendo Jesse Jackson, en 1968, un joven asistente de King, estuvo entre los que insistieron en continuar la Campaña de los Pobres después del asesinato de su líder, el 11 de mayo de 1968, cuatro semanas después de la tragedia en Memphis, llegaron miles de todo el país –afroestadunidenses y blancos pobres, indígenas, jornaleros mexicano-estadunidenses y más– donde establecieron un pueblo de tiendas de campaña que llamaron Ciudad de la Resurrección sobre el parque central, frente al Capitolio en Washington –una "coalición de la conciencia"– con la demanda de poner fin a la guerra en Vietnam y empezar a atender las necesidades sociales en casa. Jackson declara que ahora la nueva Campaña de los Pobres está llegando "justo a tiempo", ya que todo por lo que se ha luchado durante medio siglo está bajo ataque, desde derechos civiles hasta derechos laborales, salud, educación y medio ambiente; "y yo orgullosamente me sumaré (...) Nunca he guardado mis zapatos de marcha".

Esto no es, insisten, un intento de resurrección del pasado. Tal vez esta campaña, junto con los otros movimientos que han brotado en estos tiempos, podrán lograr algo más parecido a una re-insurrección contra las fuerzas oscuras, con sus largas raíces históricas, que han ocupado el poder en este país.

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"Asistimos a la degradación de la escuela pública: subvencionan la privada para satisfacer a padres de clase alta"

El pedagogo francés Philippe Meirieu ha estado esta semana en España, invitado por el Colectivo Infancia, para dar varias conferencias sobre democracia y educación. Este docente ha pasado por diferentes instituciones francesas, dio clase en un instituto en los suburbios de Lyon, ha dirigido el Instituto Nacional de Investigación Pedagógica y durante el gobierno de François Mitterrand fue asesor educativo. En una entrevista con eldiario.es reflexiona sobre políticas educativas y docencia.


¿Considera que la educación es una prioridad para las democracias occidentales?


Es una prioridad publicitada, anunciada y que cuenta con un presupuesto muy importante en casi todas las democracias occidentales. Desde el punto presupuestario, sí que es una prioridad. ¿Es también una prioridad para la sociedad? ahí no estoy tan seguro. En este caso, cuando hablo de sociedad me refiero a los padres, a la sociedad civil, al tejido industrial y comercial. Los gobiernos destinan mucho dinero a la enseñanza pero la sociedad no está muy sensibilizada con todos los temas educativos, está más atenta al bienestar de los adultos que a los intereses de los niños.


Está claro que en las democracias occidentales el Estado le dedica un presupuesto muy importante a la educación. Al mismo tiempo, el acceso y el derecho a la educación de forma igualitaria no es realmente una prioridad. Actualmente estamos viendo un aumento de las diferencias entre los colegios que forman a la élite y los que acogen a los alumnos con dificultades. Las democracias actuales se enfrentan a ese problema, aumentan las diferencias entre las clases sociales que siguen el recorrido educativo de forma eficaz y las clases populares en las que el éxito escolar se da rara vez. Es un desafío para las democracias occidentales. Y ese desafío consiste en la introducción de la justicia en el sistema educativo.


¿Cómo se puede introducir esa justicia en el sistema educativo?


No hay muchas posibilidades de hacerlo. Los gobiernos no terminan de demostrar tener el coraje o valor suficiente para poner en marcha aquello que sería necesario, un sistema proporcional en los presupuestos. Aquellos colegios en los que los alumnos están en dificultades y les cuesta más alcanzar el éxito escolar tendrían que tener más medios. En cambio, los colegios prestigiosos, a los que llevan las clases burguesas a sus hijos, recibirían menos dinero.


Los gobiernos están empezando de una forma insuficiente a gestionar esta diferencia creciente entre distintos colegios. De hecho, estamos asistiendo a un movimiento en la mayoría de los países occidentales, que fue anticipado en Estados Unidos, que es la degradación de la escuela pública. Los estados están subvencionando de forma progresiva la educación en las escuelas privadas para favorecer el desarrollo de instituciones que se crean de forma paralela a la enseñanza pública y satisfacer a los padres más exigentes o de clase alta. Estos progenitores quieren que sus hijos estén en escuelas que pueden parecer progres, de izquierdas o alternativas, pero que se terminan convirtiendo también en guetos sociológicos porque no permiten la democratización del colegio.


La democratización requiere una mezcla social, eso también lo determina la arquitectura de la ciudad porque dependiendo de cómo esté creada la sociedad se hará un reparto de alumnos por colegios. También está ligado a otro fenómeno, el entre-soi. Una especie de comunitarismo sociológico, como si solo quisiéramos estar con gente que es como nosotros. Solo se puede conseguir esa democratización cuando hay una mezcla de clases sociales, cuando niños de distintos medios están sentados en los mismos bancos del colegio, trabajando juntos y ayudándose. Para alcanzarla falta que se vea esa voluntad en las políticas educativas de los países de occidente. La OCDE dice en su último informe que la mezcla social de los alumnos en las clases será la bomba de relojería que hará explotar el sistema educativo occidental.


Usted habla sobre la degradación de la escuela pública, ¿por qué lo permiten los estados? ¿hay interés en democratizar la educación?


Creo que sí que existe el interés por parte de muchos gobiernos. El problema es que tendríamos que ir en contra de aspiraciones sociológicas que están muy enraizadas, que no se dan solamente en el sistema escolar. Se da también en la vivienda, la salud o la justicia. Aspiramos a buscar la protección en la comunidad, buscar la proximidad en un mundo que nos resulta individualista. Es como si en lugar de interesarnos por el bien común, queremos una comunidad sociológica e ideológica, una seguridad afectiva y personal en gente que es como nosotros. Haría falta mucho valor político para que los gobierno dijeran de forma clara que la mezcla social es una prioridad.


Se ha acusado a la LOMCE, la ley de enseñanza que está en vigor en nuestro país, de introducir carga ideológica en el currículum. Durante el conflicto político catalán, también los docentes y la escuela han sido criticados y acusados de adoctrinamiento. ¿Cómo se consigue que el sistema educativo no sea un instrumento político y se garantice su independencia?


Creo que todos los gobiernos tienen la tentación de utilizar en su beneficio la influencia que supone el sistema educativo. Es una preocupación constante de los sociólogos desde el sigo XIX. La cuestión no pasa tanto por pedir a los estados que no lo hagan, más bien por conseguir que en la escuela el trabajo pedagógico permita a los alumnos tomar distancia frente al fenómeno de la propaganda. Tenemos que enseñarles a emanciparse, hay que ayudarles a que las cosas conciten su curiosidad y que tengan un espíritu crítico. Se debe trabajar para que se puedan resistir ante las influencias, no solo del gobierno, también de la publicidad, de las teorías del complot o de los radicalismos religiosos.


En definitiva, consiste en formar a los ciudadanos y al final no son los estados los que les forman, son los maestros. Es un tema central de la pedagogía. Obviamente los políticos quieren utilizar los colegios para sus fines, pero los maestros deben ser lúcidos. Es cierto que los gobiernos les pagan su sueldo pero los maestros se deben a la exigencia de formar para la libertad y no dejar que caigan en el adoctrinamiento. Es un desafío en el mundo entero. No solo hablamos de colegios públicos, la formación a la ciudadanía se tendría que dar en las escuelas coránicas, religiosas o en colegios en los que se difunden doctrinas políticas. Por ejemplo, en centros del sudeste asiático donde a los niños se les mete una ideología muy fuerte y a la que no se pueden resistir.


La tasa española de abandono escolar temprano duplica la de la UE y el porcentaje de alumnos repetidores triplica la media de la OCDE. ¿Contribuye la repetición de curso a combatir el fracaso escolar?


El hecho de repetir no garantiza la eficacia escolar, ni tiene un impacto positivo. Solo en algunos casos permite recuperar el retraso. Según los estudios es más beneficioso para las niñas que para los niños. También es más fructuoso para jóvenes que han pasado por situaciones muy particulares, como problemas de salud, familiares o estudiantes que no estaban pasando por un conflicto de gran fracaso escolar y que tenían una base suficiente para continuar. Estadísticamente es complicado que para los alumnos sea beneficioso, en ocho de cada diez casos penaliza al alumno porque aumenta su retraso escolar.


La repetición es un problema que hemos generado para enfrentarnos a dos adversidades. En primer lugar, los países de Occidente no han explorado otros métodos de enseñanza. Solo tenemos las clases de nivel y hay otras propuestas. Por ejemplo, las fórmulas por ciclos de dos o tres años, los alumnos no estarían en una sola clase, estarían en un circuito de tres niveles y habría clases de tres niveles diferentes. Se contaría con distintos métodos de trabajo que nos permitirían que los alumnos fuesen más rápido en algunas disciplinas y más lento en otras. Para este modelo podemos usar como ayuda la figura de estudiantes más mayores. Esto es algo que subestimamos en los países occidentales, no se potencia una ayuda mutua entre los alumnos.


Otro problema por el que existe la posibilidad de repetir no tiene nada que ver con el nivel escolar de los alumnos. Tiene que ver con la autoridad de los maestros. Hay muchas escuelas y muchos profesores que no tienen autoridad frente a sus alumnos y el único poder que tienen es el de la sanción o la amenaza. Amenazando con esta exclusión, diciéndoles que van a repetir si no les hacen caso, es la única forma que tienen de ejercer su autoridad.


Usted estuvo dando clase en un colegio de un suburbio de Lyon, ¿cómo se consigue en entornos difíciles ganarse el respeto de los estudiantes?


Es un problema con estructura de matrioshka rusa. La primera etapa es la relación entre el colegio y la sociedad. Si los progenitores no respetan al colegio, ni al maestro, si el estatus del profesor no es respetado, no facilita las cosas. Actualmente creo que es así, el estatus del docente está degradado.


En segundo lugar está el centro educativo. Dentro de la institución tiene que quedar claro quién ejerce la autoridad sobre los estudiantes. Cuando entran en el espacio de la enseñanza tienen que sentir que están en un entorno dedicado al trabajo colectivo, que hay comportamientos que no son aceptables. Pero en los colegios solo hay una o dos personas encargadas de la disciplina, tendríamos que crear una comunidad de adultos en la que todos tengan competencias sobre este tema. Los adultos no tienen una responsabilidad solidaria del comportamiento de los menores. Por ejemplo, si un profesor ve una pelea en el patio o en el pasillo, aunque no sean sus alumnos ni sea en su clase, el adulto debe intervenir porque pertenece a esa comunidad educativa.


Llegamos al tercer paso, la clase. A muchos profesores no les han han sabido formar para gestionar grupos de adolescentes que pueden llegar a ser difíciles, piensan que gritando a los alumnos van a conseguir calmarles. Al contrario, gritando van a aumentar el estado de excitación del grupo. No se dan cuenta que igual que hablar con los alumnos es importante, hay otros factores como organizar el espacio de la clase, de dar consignas precisas, de saber lo que se dice y ser coherente con el mensaje lanzado.


En España la asignatura de religión cuenta para la nota media de sus estudiantes. ¿Qué papel cree que tendría que tener esta materia en la educación pública?


La religión pertenece al ámbito privado y no al público. Cada uno es libre de creer lo que quiera, pero pertenece a la intimidad. El principio de laicidad que defiende la educación francesa quiere dejar claro que debe existir una separación entre el saber y la creencia. Los conocimientos se transmiten, las creencias, no. Hay unas diferencias entre unos y otros. Las creencias tienden a dividir a los hombres y son las que les han empujado hacia guerras y violencias. En cambio, el saber nos une a todos en la escuela pública. Ese es el principio, la escuela pública no debe de tratar de abolir las creencias, pero deben quedarse en el ámbito privado.


Esto no implica que los colegios deban desconectarse de la educación cívica y moral, porque estas enseñanzas no son ámbitos en los que deban caer solo las religiones. Esa es una trampa en la que hemos caído. La filosofía es muy importante, hay que trabajar en ella como pensamiento, reflexión y plantearse preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una prueba y un ejemplo? Así entenderemos por qué el agua de Lourdes no es igual de eficiente que los antibióticos. Comprender esto sirve para iniciarse en el pensamiento filosófico. La escuela no debería meterse en la religión pero sí en la historia de las religiones, que no es para nada lo mismo.

Por Laura Galaup
11/02/2018 - 20:24h

 

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