Martes, 01 Octubre 2019 05:55

Y Lula dice no a la trampa

Y Lula dice no a la trampa

No hubo sorpresa, y se abrió un ventanal de expectativas a partir del anuncio de Lula, divulgado en la tarde de hoy a través de una carta manuscrita, de que no acepta pasar al régimen semiabierto, como lo solicitaron los fiscales de la ‘Operación Lava Jato’.

Para Lula, lo único aceptable es que sea declarado inocente. Nada más le interesa.

Reiterando lo que dice desde que fue condenado en un juicio claramente manipulado, Lula escribió que no cambia su dignidad por su libertad.

 ‘Lo que los fiscales realmente deberían hacer es pedir disculpas al pueblo brasileño, a los millones de desempleados y a mi familia, por lo mal que hicieron a la democracia, a la Justicia y al país’, disparó, para luego reivindicar que ‘frente a las arbitrariedades cometidas por los Fiscales y por Sergio Moro, le toca ahora a la Corte Suprema corregir lo que está mal, para que haya Justicia independiente e imparcial’.

Con lo que Lula anticipó ayer, sin esperar la decisión de la jueza encargada de su caso, Carolina Lebbos, el esfuerzo llevado a cabo por los fiscales encabezados por Deltan Dallagnol cae por tierra. La idea era cambiar el régimen de prisión de Lula antes de que la Corte Suprema adopte alguna decisión, digamos, más radical.

Al mismo tiempo, Lula abrió espacio para una discusión jurídica con poquísimos precedentes: ¿puede un preso rehusarse al cambio de régimen de prisión previsto en la ley?

Hay divergencias sobre si se trata de una determinación o una concesión legal. Son poquísimos antecedentes de presos que se rehusaron a la mejora de las condiciones de prisión y cuando ocurrieron han sido siempre bajo el argumento de temer por su vida en caso saliesen de la cárcel.

Juristas recuerdan que lo que el preso puede es negarse a aceptar condiciones impuestas por el magistrado responsable, como la obligación del uso de una tobillera electrónica.

La decisión de Lula presiona a todos los involucrados: si le impone el uso de la tobillera, Carolina Lebbos concede la posibilidad de que él se niegue a acatarla. Con eso se justificaría su permanencia en prisión y, a la vez, se aseguraría espacio para que siguiese exigiendo la anulación del juicio que lo condenó.

Pero si no hay imposición alguna y se lo fuerza a pasar al régimen semiabierto o, en caso extremo, a prisión domiciliaria, Lula dirá que se vio obligado a aceptarla por respeto a la ley, mientras seguirá luchando hasta que se haga justicia y él logre probar su inocencia.

A la vez, Lula impuso nueva presión sobre el Supremo Tribunal Federal, cuya omisión lo transformó en cómplice de todas las irregularidades cometidas por el entonces juez Sergio Moro y los fiscales por él teleguiados.

La defensa de Lula reivindica que se declare sospechosa la conducción del juicio a Lula, con énfasis en las conductas de Sergio Moro y Deltan Dallagnol. También ingresó con un pedido de hábeas corpus favorable al ex presidente declarando la parcialidad de Moro, pidiendo la anulación del juicio y la inmediata liberación de Lula.

La suma de todos esos movimientos indica que la jugada de Lula no es exactamente arriesgada, ya que él no tiene mucho que perder.

Al contrario, ha sido una jugada magistral. Al negar un beneficio insistiendo que no acepta otra cosa que ser declarado inocente, refuerza su discurso de siempre. Si le imponen el beneficio, dirá que él sí, respeta la ley, al contrario de sus verdugos.

Con eso, aumenta y mucho la presión sobre los integrantes de la hasta ahora muy omisa Corte Suprema brasileña.

Ahora, a ver cómo se portan los integrantes de la instancia más elevada de la Justicia en Brasil, si con o sin dignidad.

Publicado enInternacional
Los abusos de poder de la fiscalía y la falta de garantías judiciales cada día son más grandes

Lo que ya se sabe: los directores del Buen Pastor, La Picota y La Modelo a fines de agosto de 2018 nos mantuvieron ilegal y arbitrariamente privados de la libertad mientras la fiscalía se tomaba su tiempo (dos y tres días) para elaborar un nuevo montaje judicial que legalizó un juez de Medellín tan inescrupuloso y corrompido como el fiscal encargado del nuevo montaje[1].

 

Es claro que ningún director de cárcel, mucho menos personajes como el director de la Modelo (de quien no diremos que es corrupto y poderoso, principalmente porque nos da miedo) o el director de la Picota, hoy preso por extorsionar a presos millonarios pero acusado cándidamente de concusión por la misma fiscalía a quien tantos favores hizo.

 

Pero decía: nadie se atreve a negarle un favor a ese señor todopoderoso y estratosféricamente tenebroso que es el Fiscal General Néstor Humberto Martínez. El mismo que comprometió su palabra y prestigio (así como se lee: ¡palabra y prestigio!) en que los que esto suscribimos somos culpables del crimen del Centro Comercial Andino.

 

En cualquier caso, las capturas por el segundo montaje fueron ilegales y realizadas sin siquiera salir de la cárcel. Particularmente la recaptura en la Picota quedó grabada en las cámaras del establecimiento penitenciario. De allí que la defensa haya solicitado a La Picota los videos que registran las capturas de Andrés Mauricio Bohórquez, Boris Ernesto Rojas y César Andrés Barrera. El INPEC respondió que no podían entregar los videos por “respeto a nuestra intimidad”, fina humorada, sin duda.

 

Infructuosamente nuestra defensa trató de obtener un control previo para que un juez ordenara la entrega de los videos. Se sabe que tales videos demostrarían un procedimiento policial irregular. Tres jueces en función de control de garantías negaron la posibilidad de obtener esas pruebas con los más inverosímiles argumentos, demostrando una absoluta falta de independencia y de criterio.

 

Se comprende que cualquier policía, director de medicina legal, procurador delegado, fiscal subordinado o juez, quieran congraciar con el poderoso fiscal general. Es la influencia de los pequeños carruseles juez – fiscal – procurador que le permiten a un funcionario saltar de rama en rama según influencias, salarios y nombramientos (mentirocracia, le dicen) pero además de todas las conveniencias sociales de “tener buenos contactos”. Es muy posible que muchos se asusten ante la posibilidad de que aparezca en la casa de alguno de ellos el tarrito de cianuro tan tradicional en todos los hogares colombianos, ¿quién no tiene su tarro de cianuro en la finca o casa? Obviamente ate la posibilidad de un suicidio cualquiera se asusta, así después sea “esclarecido” y legalizado con las investigaciones de la fiscalía.

 

Pero aunque todo eso se comprenda, la negación del 23 de noviembre por parte de la Juez 18 en función de control de garantías es de antología, no solo por el original estilo gótico palurdo de la funcionaria que en medio de un alud incomprensible de “con lo cual, ello, como quiera, en la cual”, la juez logró articular el argumento central de que dos procesados -cuyo abogado no asistió- no podían otorgar poder en audiencia de manera oral, libre, voluntaria, consciente (derecho y garantía fundamental de escoger y/o cambiar de defensor en cualquier momento que el procesado considere conveniente) porque, según ella, “otorgar poder en audiencia atenta contra los derechos de los procesados y podría en un futuro ocasionarles problemas si los abogados, de los que se presume la mala fe, usaran el pronunciamiento de la juez en el juicio (la fiscalía ni siquiera ha presentado el escrito de acusación) para buscar nulidades (consta en audios). Toda una muestra de independencia judicial y altura intelectual.

 

Como hemos denunciado incansablemente, nuestros procesos basados en sendos montajes judiciales están plagados de estas arbitrariedades, sin hablar de acoso a familiares, persecuciones, amenazas a nuestros abogados, robos de sus computadores y en sus oficinas. Lo más reciente es la amenaza que pende sobre la abogada Gloria Silva[2] a quien, según fuentes de la misma fiscalía, le quieren montar un proceso espurio para sacarla del caso. Ya lo había anunciado el estrafalario fiscal Harles Max Cortés Rodríguez – encargado del segundo montaje – quien señaló a nuestros abogados de ser financiados por el ELN y el M-19 en la audiencia concentrada del 31 de agosto (consta en audios).

 

La vaina es que ninguno de nosotros es ciudadano norteamericano, ni fue nunca director de la Agencia Nacional de la Infraestructura[3], tampoco tenemos dinero para pagar en un periódico de circulación nacional una denuncia sobre la falta de garantías jurídicas y procesales, entonces nuestra voz casi no se oye.

 

Hasta mejor, porque una fiscalía que tiene como herramienta institucional el montaje judicial, que ordena a sus subordinados aumentar el número de asegurados y condenados en un 100%, es decir: falsos positivos judiciales para mejorar las cifras de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, quien toma medidas y anuncia capturas por doquier para bajarle tensión a sus escándalos propios. Es tan eficiente el fiscal que organiza redadas con un amplio despliegue propagandístico de sus amigos los grandes medios de comunicación, mostrando los allanamientos que en el barrio Santa Fe le hacen a “las ollas” mil veces allanadas (y siempre en funcionamiento) y mostrando decenas de capturados. Pero lo que no nos cuentan es que los supuestos detenidos fueron sacados de la URI de Puente Aranda (donde ya estaban detenidos por otras cosas) en coordinación con la policía y presentados como capturados en la redada que lideró el heroico fiscal el jueves 22 de noviembre en el barrio Santa Fe.

 

Entonces puede ser una ventaja no ser escuchado pues ante una fiscalía cuyo jefe ha pasado del núcleo del poder del “sector público” al sector privado como consultor de grandes empresas o empleado de Sarmiento Angulo y en esos ires y venires ha terminado como investigador de la misma corrupción que conocía y en que participó. Un fiscal que fue abogado de los socios de Odebrecht, Odebrecht que financió las campañas de Santos en 2010 y Santos y Zuluaga en 2014, y para más señas el hoy jefe de estado fue a Brasil a cuadrar esa financiación y ese jefe de estado es uno de los principales escuderos del fiscal encargado de investigar a Navelena, Corficolombiana, Episol y Odebrecht al unísono, o sea, investigar a sus antiguos socios y patrones, a quienes tantos favores debe.

 

Hoy como fiscal ha condenado mandaderos y lobbistas y ha buscado neutralizar a quienes realmente han denunciado la corrupción (Jorge Enrique Pizano y Luis Fernando Andrade). El señor Pizano aparece muerto, primero de muerte natural (claro que si a uno lo envenenan es natural que se muera), luego Pizano hijo muere envenenado; la fiscalía despliega su poder y concluye al contrario de lo que había sostenido primero, que el señor Pizano padre, al parecer, se suicidó y que la muerte de su hijo fue una “absurda tragedia”. Los poderosos medios, propiedad de Sarmiento Angulo o anunciantes de sus compañías, repiten los dichos de la fiscalía y van más lejos intentando construir una historieta en la que el ingeniero Pizano era un loquito genial que se suicidó por problemas personales, pero era un “aliado” del grupo AVAL contra los corruptos brasileros que se querían aprovechar de la buena fe de Sarmiento Angulo y de la ingenuidad de su empleado el tenebroso Néstor Humberto Martínez.

 

Absurda tragedia la de todas las víctimas de una fiscalía corrompida de arriba abajo que no duda en manipular pruebas, presentar testigos falsos, mentir desde medios de comunicación poderosos (Semana, El Tiempo, RCN, Caracol) tal como hicieron en los casos de Stiven Buitrago, Mateo Gutiérrez, Miguel Ángel Beltrán, líderes sociales en varias regiones y tantas otras víctimas del “modus operandi” de la fiscalía que no deja nada al azar… ni a la justicia. Y tampoco al derecho, porque aunque muchos opinadores fijan sus esperanzas en la independencia de la rama judicial, en la arena concreta de la litis jurídica, que hemos presenciado y padecido, nosotros humildemente preguntamos ¿cuál independencia?

 

Si muchos jueces, como ya lo hemos denunciado, orientan sus fallos según indique la fiscalía, algunos con un tendencioso e interesado formalismo: si todo tiene firma y sello más la “presunción de acierto y legalidad” de policías corruptos y fiscales mentirosos, entonces todo es legal sin atender lo fáctico ni lo sustancialmente jurídico.

 

Otros jueces, también hay que decirlo, que al parecer su convicción profunda los tiene incómodos en la toga y algunos embelecos constitucionales les impiden desplegar sus alas, ponerse el camuflado y declarar abiertamente “concejo verbal de guerra contra enemigos del Estado” que es lo que hemos visto varias veces en nuestro proceso.

 

La judicatura obsecuente por puesticos, contactos y prebendas tienen arrinconados a los jueces independientes y de altura jurídica e intelectual que encima de todo sufren las amenazas de “investigación disciplinaria y penal” que el señor tenebroso lanza ante un fallo que no le conviene o con el que no está de acuerdo (como lo hizo contra la juez 10[4]).

 

Es que la corrupción no es solo el robo consuetudinario y “en sus justas proporciones” de los dineros públicos. También lo es el manejo de influencias e intereses, la mentira, el montaje, la obsecuencia y las triquiñuelas de prestidigitación jurídica que se les ocurren a fiscales y a algunos jueces.

 

Fíjese el lector: las pruebas recogidas en casa del difunto ingeniero Pizano fueron presentadas tarde por la fiscalía ante un juez en función de control de garantías, que por eso las declaró ilegales. ¡Qué habilidad! Así se imposibilita su uso en cualquier proceso o investigación. Todas las denuncias y pruebas del señor Pizano por obra y gracia de firmas y sellos quedan archivadas.

 

¿Por eso es que dicen que el fiscal general es brillante, astuto sagaz, hábil e inteligente? Eso por lo menos dicen hasta columnistas que lo critican. Que perversión de valores sociales tan… hijueputa.

 

Menos mal que la comisión de acusaciones de la cámara encuentra en Villamizar el justo juez que el fiscal general merece para que lo investigue[5].

 

Enhorabuena la garantía de un procurador que también fue empleado de Sarmiento Angulo (se ganaba un sueldo de mil millones de pesos) y también le debe favores a su ex patrón y, además, con el apoyo del hoy contralor general (allegado a grupos paramilitares), evadió la imposibilidad de fungir como procurador general de la Nación[6], medida que fue designada por la Procuraduría misma años atrás por su participación en la fuga de Pablo Escobar. Pasando estos hechos por alto, hoy la triada conformada por Fernando Carillo, Edgardo Maya y su esposa Adriana Guillén está encargada de derrotar la corrupción estatal en el país, junto con Néstor Humberto Martínez.

 

Mejor dicho, como diría la juez 18 en función de control de garantías: “es que ello de lo cual, como quiera que en la cual…”.

 

Aunque asusta, ya nada sorprende… y eso es lo grave.

 

[1] En la carta abierta dirigida al Senador Gustavo Petro se denuncian los distintos hechos irregulares relacionados con el caso del Centro Comercial Andino

[2] El Equipo Jurídico de los Pueblos denuncia públicamente la amenaza de un montaje judicial en contra de abogados y defensores de derechos humanos que la Fiscalía busca vincular con el ELN. Véase: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/11/23/colombia-equipo-juridico-de-los-pueblos-denuncia-montaje-judicial/

Colombia. Equipo Jurídico de los Pueblos denuncia montaje judicial - Resumen Latinoamericano www.resumenlatinoamericano.org
Resumen Latinoamericano / 23 de noviembre de 2018 / Contagio Radio. El Equipo Jurídico Pueblos denunció que se estaría realizando un montaje judicial en contra de algunos de sus abogados y defensores de derechos humanos, ordenado por fiscales especializados.Gloria Silva, integrante de esta organización, afirma que la información la hicieron llegar fuentes de la misma entidad, indicando ... 

[3] Próximo a la fecha de vencimiento de términos del proceso adelantado en su contra, Luis Fernando Andrade es informado de una nueva imputación de cargos en su contra. Al respecto comunica a la opinión pública su situación y exige justicia y transparencia. Véase: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/pido-una-justicia-libre-de-conflictos-de-intereses-articulo-806910
“Soy una piedra en el zapato para los accionistas de la Ruta del Sol 2": Luis Fernando Andrade | ELESPECTADOR.COM www.elespectador.com. El exdirector de la ANI, investigado por las irregularidades en la adición al contrato de la Ruta del Sol para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, dijo en entrevista que sus acciones perjudicaron los intereses económicos de Odebrecht y Grupo Aval.

[4] Una vez otorgada la libertad por vencimiento de términos a los investigados por el caso del Centro Comercial Andino, la vicefiscal María Paulina Riveros fue delegada para investigar la decisión. Véase: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/investigan-libertad-de-implicados-en-el-atentado-al-andino-259998

Investigan libertad de implicados en el atentado al Andino - Investigación - Justicia - ELTIEMPO.COM www.eltiempo.com Vicefiscal indaga si hubo responsabilidad penal por demoras en ampliar la medida de aseguramiento.

[5]Oscar Villamizar, representante a la cámara y perteneciente al Centro Democrático, fue delegado como investigador para el caso de Néstor Humberto Martínez. Véase: https://www.semana.com/opinion/articulo/la-investigacion-de-oscar-villamizar-al-fiscal-nestor-humberto-martinez-por-daniel-coronell/592065 la investigación de Óscar Villamizar al fiscal Néstor Humberto Martínez por Daniel Coronell, por Daniel Coronell - semana.com
www.semana.com  Ante el escándalo que mantiene en jaque al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, la risible Comisión de Acusación de la Cámara decidió reabrir los procesos –que diligentemente le ... 

[6]Al respecto, Gonzalo Guillen escribe: https://www.semana.com/opinion/articulo/gonzalo-guillen-que-paso-con-la-condena-sobre-el-procurador-fernando-carrillo/514133

Publicado enColombia
Miércoles, 04 Julio 2018 06:51

Ordenaron la detención de Rafael Correa

Ordenaron la detención de Rafael Correa

La medida fue solicitada luego de que el ex gobernante no se presentara el lunes, en Ecuador, a cumplir con una disposición cautelar. Sin embargo, Correa sí lo había hecho ese día ante el consulado de Ecuador en Bélgica, donde reside.

La Justicia ecuatoriana ordenó ayer la extradición y prisión preventiva de Rafael Correa por su presunto vínculo con el secuestro de un ex legislador durante su presidencia. A su vez la causa judicial fue denunciada por el ex mandatario como parte de una campaña de persecución política en su contra. 

“Jueza Daniella Camacho acoge el pedido de Fiscalía, ordena la prisión preventiva en contra del ex presidente Rafael Correa por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita y secuestro. Remitirá oficio a Interpol para la captura con fines de extradición”, informó en la red Twitter la Fiscalía General de Ecuador (FG).


Luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares del exJefe de Estado realizada el martes y solicitada por su abogado defensor, la jueza Daniela Camacho dictó la prisión preventiva de Rafael Correa por la acusación que hizo en su contra la Fiscalía por su supuesta vinculación con el secuestro del exasambleísta Fernando Balda, ocurrida en Colombia en 2012.


La jueza envió un pedido de captura a la Interpol para que el ex presidente sea localizado y luego extraditado, debido a que reside en Bruselas junto a su familia desde 2017. A su vez indicó que cuando que Correa esté en el país deberá ser trasladado a la Cárcel 4, ubicada en El Condado, en el norte de Quito.


La medida fue solicitada luego de que el ex gobernante no se presentara el lunes, en Ecuador, a cumplir con la disposición cautelar de la mencionada jueza,quien dispuso que se hiciera presente cada 15 días a partir del 2 de julio ante la sala de lo penal en Quito. No obstante, Correa sí se presentó ayer por la mañana ante el Consulado de Ecuador en Bélgica, donde expresó su deseo de cumplir con las exigencias procesales a pesar de señalar que la maniobra legal refleja una persecución política y judicial. Sin embargo la jueza alegó el incumplimiento, desestimando el accionar del ex mandatario.
El abogado defensor de Correa, Caupolicán Ochoa, presentó ante la fiscal una serie de documentos que certifican la residencia de Correa en Bélgica lo que le permitió calificar de arbitraria la medida ordenada por Camacho. También juzgó de “persecución política” la decisión de la jueza y anunció que se van a interponer otros recursos en el desarrollo del caso.


“Fiscal puesto a dedo, vinculación sin ninguna prueba, jueza que se allana al desacato de la Asamblea Nacional, medida cautelar imposible de cumplir, etc”. Así reaccionó Correa via Twitter a minutos de enterarse de la medida judicial.


La antesala de la medida fue la presentación, el mismo martes, de Fernando Balda a la Corte Nacional de Justicia para formalizar su acusación particular en contra de Rafael Correa donde lo acusó de ser el autor intelectual de su secuestro; esto posibilitó que la jueza Camacho ratificara la imputación y reconociera a Balda como víctima.”Balda ya anunciaba en noviembre que se venían procesos judiciales que me pondrían orden de captura de Interpol.¿Adivino o parte de un complot?” Invocó Correa en un tuit ayer por la tarde.


El ex asambleísta Fernando Balda denunció haber sido introducido, durante unas horas, de manera forzada en un vehículo en 2012, en la ciudad de Bogotá, Colombia. La policía de ese país detuvo el presunto intento de secuestro y el caso fue procesado hasta enjuiciar a los autores del delito.


Los autores fueron detenidos y juzgados en Colombia y delataron que en el secuestro intervinieron agentes ecuatorianos de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), organismo a órdenes de la Presidencia de Ecuador. La Fiscalía de este país reabrió el caso en enero de este año, luego de que el anterior fiscal, Galo Chiriboga, no diera curso. En este sentido, Balda también adelantó que pedirá la investigación del ex fiscal por no haber actuado frente a sus denuncias.


Hacia el final del día de ayer, Rafael Correa expresó su agradecimiento mediante Twitter a quienes se solidarizaron ante “la monstruosidad” que conlleva el atropello de la justicia y de los derechos humanos. Frente al pedido de detención el Movimiento Revolución Ciudadana de Ecuador, fundado por Correa convocó para el próximo jueves a una marcha nacional en apoyo al ex mandatario.

Publicado enInternacional
Carta escrita por Mateo Gutiérrez León, a un año de su captura.

El proceso judicial en contra de Mateo Gutiérrez León, acusado de supuesta pertenencia al Movimiento Revolucionario del Pueblo –MRP–, debió continuar durante los primeros días de marzo, pero la audiencia del 2 fue suspendida debido a irregularidades en el manejo de pruebas por parte del Fiscal. En efecto, la Fiscalía presentó a cuatro testigos, todos ellos miembros de la Policía Nacional, pero con una debilidad en sus alegatos que confirman con sus voces las declaraciones de los familiares y allegados de Mateo Gutiérrez, quienes reafirman que su captura es un montaje o falso positivo judicial. 

La siguiente carta fue escrita por el mismo acusado, redactada en su celda, con el ánimo de exponer el desarrollo de su proceso desde su propia experiencia.

 

A un año de mi detención:

Este relato expone cada una de las irregularidades, procedimientos amañados, violaciones al Código de Procedimiento Penal y los derechos fundamentales que me han sido negados desde mi captura hace un año, el 23 de febrero de 2017, por agentes de la Sipol (Dirección de Inteligencia Policial) y la Sijin, (Seccional de Policía Judicial-municipal y departamental) en plena vía pública en la ciudad de Bogotá.

Una vez capturado, sin permitírseme hacer la llamada que estipula la ley, sin decirme a dónde me llevaban y bajo un interrogatorio que intentaba violar el derecho de cualquier detenido a guardar silencio, me llevaron en un carro particular, bajo la dirección del capitán Alexander Torres de la Sijin, a la calle 6a con avenida Caracas, donde fui judicializado por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y hurto agravado.

Cuando ya había sido judicializado pude llamar a un abogado y un familiar, para luego ser reseñado en la sede del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) de Bogotá. Allí el reseñador de la policía puso como alias mi nombre de pila, que luego fue presentado en rueda de prensa por el Ministro de Defensa y el Presidente, acusándome de ser el autor del ataque efectuado por el Eln al Esmad (ocurrido 4 días antes en el barrio La Macarena de Bogotá) y de 10 ataques más.

En medios de comunicación como Blu Radio, Revista Semana y RCN, apareció mi foto bajo el pseudónimo de “alias Mateo” y el titular “capturado miliciano del Eln en Bogotá”. Todas estas mentiras buscaban ambientar el clima para hacer efectiva la medida de aseguramiento, aunque nunca me imputaron los sucesos de La Macarena, tampoco de ser miembro del Eln; fui acusado de la colocación de un artefacto panfletario el 18 de septiembre de 2015 por parte del MRP (Movimiento Revolucionario del Pueblo), organización a la cual también me acusa la Fiscalía de pertenecer.

La “prueba” que sirvió al juez de control de garantías para aceptar la petición de la Fiscalía de enviarme a prisión preventiva, fue el testimonio rendido por Brayan Stiven Gómez Sánchez en enero de 2017; casi dos años después de los hechos que me son imputados. Así, no sólo afirma “reconocerme” en un registro fotográfico donde no estoy yo, pero está anexada por aparte la foto de mi documento de identificación, sino que además da un retrato hablado que, aunque tampoco guarda similitud física alguna conmigo, logra señalar de forma inexplicable a quien “lo amenazó con un arma de fuego tipo cuchillo”, en palabras textuales de quien es para la Fiscalía un testigo “imparcial y confiable”.

La determinación del juez encontró más soporte en las divagaciones, imprecisiones y falta de argumentación de quien entonces era mi defensor que en la argumentación de la Fiscalía. El juez aprovechó un alegato incoherente y cantinflesco para legalizar todas las irregularidades jurídicas de la Fiscalía.

Una vez avanzado el proceso, con un cambio de defensor, quien recaudó las pruebas técnicas que demuestran que me encontraba en otro lugar a la misma hora de los hechos del 18 de septiembre; en la audiencia preparatoria a juicio. la Fiscalía pide la suspensión de la diligencia violando el artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, el cual estipula que la audiencia preparatoria no puede ser suspendida a menos que sea por causas de fuerza mayor.

Luego, aprovechando la suspensión, el fiscal solicita la conexidad de mi proceso con el que se adelanta contra otros estudiantes y egresados de la Universidad Nacional injustamente acusados de la colocación de un artefacto explosivo al Centro Comercial Andino en Bogotá el día 17 de junio de 2017, caso que a hoy día presenta aún más irregularidades que el mío.

 Faltando pocos días para la realización de la preparatoria, la Fiscalía vuelve a solicitar aplazamiento de la audiencia para esperar el veredicto de la conexidad. Una vez negada por el juez segundo especializado, el fiscal se ve obligado a desarrollar la audiencia preparatoria para evitar que los términos corran en su contra.

A la hora de iniciar el juicio, la fiscalía cambia una vez más su teoría y no especifica circunstancias de tiempo, modo y lugar, tampoco busca probar que estaba en el lugar de los hechos, pues sabe que no estuve allí, se centra en intentar probar mi pertenencia al MRP por aparecer en un video conversando con otra persona que actualmente también está injustamente detenida.

Para la policía y la Fiscalía, quienes buscan, aun sin tener pruebas, un fallo condenatorio dando por sentado la culpabilidad de otra persona ajena a mi proceso, es necesario sanear todas sus irregularidades con una serie de medios y herramientas que tienen a su alcance para generar nuevos montajes judiciales donde finalmente es capturado un grupo de amigos universitarios.

El uso irresponsable y mentiroso de los medios de comunicación, las pruebas falsas e ilegales, además de el acoso y la persecución por parte de los aparatos de seguridad del Estado, intentan dibujar un panorama de culpabilidad a los jueces. Todo hace parte de un esquema basado en el montaje, donde la objetividad, que es lo más importante a la hora de juzgar un delio, no importa. Es más, el suceso imputado tampoco importa, pues en un principio los medios me acusaron de la bomba de La Macarena, luego de la panfletaria de septiembre de 2015, para terminar acusándome de más de 10 hechos en el escrito de acusación, pero sin poder situarme de manera concreta en ninguno y de pertenecer al MRP.

Los medios me presentan hace un año como culpable, así como lo hacen con los acusados del Centro Comercial Andino, pero no hablan de los allanamientos ilegales, los falsos testigos, el robo de mis pertenencias y dinero por parte del capitán Torres de la seccional Anti-terrorismo de la Sijin, o de los intentos por parte de un Mayor, quien nunca se identificó, de interrogarme fuera de la estación donde me encontraba antes de ser trasladado a la cárcel, y al cual se opuso el patrullero a cargo de mi custodia, quien luego me manifestó en privado la intención explícita de su superior de querer torturarme para sacar la información que “no habían podido obtener” en mi captura.

Este esquema de montaje se repite constantemente en Colombia: líderes sociales, activistas, políticos, estudiantes, campesinos y miembros del movimiento indígena son perseguidos por el Estado, que los encarcela o asesina por expresar “posturas políticas contrarias al establecimiento” –en palabras del fiscal y los policías que han intervenido en mi juicio. Sin poder probar siquiera que alguno haya incurrido en el delito político. Allí, la Fiscalía entra en contradicción, pues si bien los procesos que entabla tienen un marcado carácter político, y lo dicen abiertamente, acusan de terrorismo y concierto para delinquir, intentando dar una vez más una respuesta criminal a los problemas sociales y políticos del país.

Mi expectativa es que se falle en Derecho y quede clara la verdad: se demuestre mi inocencia. Para eso es fundamental la presión nacional e internacional ya que las garantías que ofrece el sistema judicial colombiano no han sido aplicadas todavía en mi caso. Hasta el momento, los jueces han sido muy indulgentes con las fallas, las mentiras y los exabruptos de la Fiscalía (limpiando todas sus irregularidades), pero muy rigurosos con mi defensa; aun así, sustentan “la igualdad de armas entre las partes”.

Mateo Gutiérrez León
23 de febrero de 2018
Cárcel Nacional Modelo–Bogotá D.C.

 

Publicado enColombia
Trump admite que es investigado por obstrucción de la justicia

Por primera vez Donald Trump reconoció que está bajo investigación del fiscal especial encargado del caso de la injerencia rusa en las elecciones de 2016, y de nuevo atacó a los responsables de esta "cacería de brujas", incluido Rod Rosenstein, el subprocurador general.

El berrinche presidencial continuó por segundo día consecutivo después de que el diario Washington Post reveló que la investigación encabezada por el fiscal especial Robert Mueller tiene, por primera vez, a Trump bajo la lupa. Una vez más, con un tuit la mañana de este viernes, Trump declaró: "¡estoy siendo investigado por despedir al director de la FBI, por el hombre que me dijo que despidiera al director de la FBI! ¡Cacería de brujas!"

Aparentemente Trump acusa ahora a Rosenstein, quien está a cargo de todo lo relacionado con el asunto de Rusia y las elecciones en el Departamento de Justicia, después de que su jefe, el procurador general Jeff Sessions, fue obligado a recusarse de todo lo que tenga que ver con ese asunto.

Fue Rosenstein quien escribió, a solicitud del presidente, un mamorando con una evaluación crítica de James Comey –entonces director de la FBI, quien encabezaba la investigación sobre los rusos–, y que Trump utilizó para justificar el dramático despido que detonó, entre otras cosas, la ampliación de la investigación que ahora incluye al jefe de la Casa Blanca por posible obstrucción de la justicia.

A la vez, ante el revuelo provocado por el despido de Comey y para rescatar la credibilidad de la investigación en curso de la FBI, fue Rosenstein quien nombró a Mueller fiscal especial para continuar la indagatoria.

Rosenstein, por su lado, emitió este viernes una declaración inusual que advierte a los ciudadanos de ser "escépticos sobre alegaciones anónimas" en torno al caso, en referencia a una serie de filtraciones sobre la investigación a medios como el Post y el New York Times, y eso junto con el ataque de Trump ha sido interpretado como señal de que el subprocurador está bajo una fuerte presión. De hecho, han circulado versiones de que Trump está furioso con Sessions y Rosenstein por haber permitido el avance de la investigación que ahora alcanza las maniobras del presidente.

Ahora Rosenstein, por su papel en el despido de Comey, y por tanto testigo potencial en el caso, podría verse obligado a recusarse también de todo lo relacionado con esta indagatoria y, si ese es el caso, el mando se tendría que dejar en la número tres de la jerarquía del Departamento de Justicia, la procuradora general asociada, Rachel Brand, reportó ABC News.

Pero el presidente, en su tuit, parece olvidar que pocas horas después de citar el informe de Rosenstein como la razón del despido de Comey el 9 de mayo, él mismo declaró públicamente que aun antes de ese informe, él ya había decidido despedir a Comey, y que tenía que ver con la investigación sobre Rusia.

Comey testificó la semana pasada que sospecha haber sido despedido para descarrilar la investigación que encabezaba, y también confirmó que Trump había intentado interferir en su investigación, solicitándole "dejar ir" a su ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, entre otras cosas. Indico que ahora le corresponde a Mueller determinar si estas acciones del presidente son una obstrucción de la justicia.

Este viernes, la influyente senadora demócrata Dianne Feinstein, integrante del Comité de Inteligencia, comentó que "cada vez está más preocupada" por que Trump pudiera despedir a Mueller y a Rosenstein, y agregó que el mensaje emitido por los tuits es que el presidente cree que está por encima de la ley.

Su berrinche hoy no se limitó a un solo tuit, sino que publicó varios en el transcurso de la mañana. En uno afirmó que después de siete meses de investigaciones “sobre mi ‘colusión con los rusos’, nadie ha podido mostrar alguna prueba. Triste”, y otro en el que señaló: “los medios de noticias falsas me odian cuando uso lo que ha resultado ser un medio social muy poderoso –más de 100 millones de personas. Yo puedo darles la vuelta”.

Otro tuit presidencial reiteró que a pesar de todo, la economía está en auge: “a pesar de la falsa cacería de brujas que se realiza en América, los números de la economía y del empleo son estupendos. Las regulaciones están muy reducidas, empleos y entusiasmo muy arriba”.

Pero la investigación de Mueller, y otras cuatro de comités legislativos, proceden. Este viernes, integrantes del equipo de transición de Trump que colaboraron con él después de las elecciones hasta que asumió la presidencia, en enero, han recibido una orden para preservar todo material físico y electrónico relacionado con la injerencia rusa, reportó el New York Times. La orden incluye también todo material relacionado con archivos de verificación de cinco integrantes de la campaña de Trump, incluidos Flynn y Paul Manafort, quien fue por un tiempo el jefe de campaña. Todo esto es interpretado como indicaciones de las dimensiones de la investigación de Mueller y los comités.

Mientras tanto, una pregunta empieza a circular. David Remnick, director de The New Yorker, encabeza su artículo de este viernes: "¿Quién en la Casa Blanca se volteará contra Donald Trump?" Argumenta que "el egoísmo del presidente, su exigencia de lealtad en un solo sentido, y su incapacidad para asumir la responsabilidad de sus propias no verdades y errores, hacen claro sus biógrafos, era su patrón en los negocios y eso ha resultado ser su patrón como presidente". Pregunta cuándo llegará el momento en que alguien del círculo cercano del presidente decida que no pueden más con esto. "¿Todos ellos arriesgarán sus futuros para proteger a alguien enfocado sólo en sí mismo y al carajo con lo demás?"

Como muchos otros en esta coyuntura, recuerda que ese momento –cuando algunos de los íntimos decidieron que ya no podían aguantar el juego cada vez más peligroso de un mandatario– llegó en el caso del Watergate y ello marcó el fin de esa presidencia.

Publicado enInternacional
Trump, investigado en EU por posible obstrucción de la justicia

El fiscal especial Mueller interroga a altos funcionarios de inteligencia: Washington Post

 

Donald Trump está bajo investigacion por posible obstrucción de la justicia, reveló esta noche elWashington Post, en la primera noticia de que el propio presidente está bajo la lupa de la indagatoria que inicialmente sólo estaba enfocada en la interferencia rusa en el proceso electoral.

Robert Mueller, el fiscal especial encargado de la investigación de la injerencia rusa en la elección de 2016 y sus secuelas, está interrogando a altos funcionarios de inteligencia, en parte para examinar si Trump intentó obstruir la justicia, reportó el Post, que citó a cinco funcionarios que pidieron el anonimato.

Originalmente, la investigación de la FBI encabezada por James Comey, quien fue despedido por el presidente el 9 de mayo, indagatoria que ahora está al mando de Mueller, se había enfocado durante meses sólo en la presunta injerencia rusa para tratar de influir en la elección, y también sobre si hubo colaboración de alguna especie entre integrantes de la campaña de Trump y Moscú, pero el presidente había sido informado por Comey que él no estaba personalmente bajo investigación.

Eso aparentemente cambió días después del despido de Comey, cuando comenzó la investigación de la FBI sobre la posible obstrucción de la justicia de Trump, y ahora Mueller, en su cargo de fiscal especial, ha incorporado ésta a su cada vez más amplia indagatoria. Entrevistas preliminares con funcionarios de inteligencia indican, según el Post, que la oficina de Mueller está buscando testigos dentro y fuera del gobierno.

De acuerdo con las fuentes, Daniel Coats, director nacional de inteligencia, y Mike Rogers, jefe de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), entre otros, han acordado ser entrevistados por los investigadores de Muller esta semana.

La investigación es secreta y no se sabe cuántos ni quiénes más han sido interrogados por la FBI en las semanas recientes.

Con esto se renueva el debate sobre cuáles son las limitaciones de una investigación sobre un presidente en activo, aun si se detecta evidencia de un delito mayor. A Mueller, en su cargo de fiscal especial, se le ha ofrecido un margen de independencia, pero aún sigue bajo la jerarquía del Departamento de Justicia.

Expertos consideran que el Departamento de Justicia no puede presentar una acusación formal contra un presidente, pero puede entregar las conclusiones y la evidencia de tal investigacion al Congreso.

El Congreso tendría que decidir si inicia un juicio político (impeachment), pero con el Poder Legislativo bajo control republicano esto se considera algo muy lejano.

Al parecer –aunque la oficina de Mueller rehúsa comentar sobre el caso– la investigación no sólo está examinando las razones del despido de Comey, sino esfuerzos anteriores de Trump para tratar de influir en la investigacion sobre la injerencia rusa y el papel de algunos de sus colegas.

En particular, varios sucesos ocurrieron en marzo, cuando según filtraciones a la prensa Trump intentó convencer a Coats y Rogers de emitir declaraciones públicas asegurando que no existía evidencia de ninguna coordinación entre la campaña de Trump y los rusos, algo que ambos rehusaron hacer.

Otro incidente de posible interferencia de Trump, ocurrido también en marzo, fue cuando el presidente, después de una reunión en la Casa Blanca, platicó en privado con Coats y el director de la CIA, Mike Pompeo, a quienes solicitó que intervenieran con Comey para lograr que pusiera de lado la investigación en torno a su asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn.

Todo apunta a que las acusaciones de Comey durante su comparecencia ante el Senado la semana pasada, de que Trump le había solicitado "dejar ir" la investigación sobre Flynn, y su afirmación de que "fui despedido por la investigación sobre Rusia, fui despedido, de alguna manera, para cambiar (...) la manera en que se estaba conduciendo la investigación rusa", también son parte de esta investigación.

No se sabe si el presidente –quien festejó el testimonio de Comey por confirmar que él no estaba bajo investigación– ya había sido informado de que él ahora está en la lista de los sospechosos.

Publicado enInternacional
El Bronx, un reflejo del control paramilitar vigente en sinnúmero de territorios del país

Casas adaptadas con calabozos y zonas para tortura y descuartizamiento –como lo instituyeron los paramilitares en muchas otras regiones del país donde impusieron su ley de terror y violencia–, son parte de las prácticas instituidas en este barrio localizado en pleno corazón del centro de Bogotá, desde donde controlaban buena parte del tráfico de narcóticos hacia muchos de los barrios de la capital del país, así como su control social y territorial.

 

La mañana del sábado 28 de mayo no fue normal para quienes habitaban de manera permanente el barrio El Bronx en Bogotá, o para quienes pasaban por allí de manera ocasional o rutinaria para surtirse de bazuco, marihuana, u otros alucinógenos, así como para participar de fiestas en las cuales podían pagar por tener sexo con menores de edad.


En efecto, la amanecida los sorprendió rodeados por más de 2.500 integrantes de la Policía y el Ejército, acompañados por funcionarios de la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y de las secretarías de Salud e Integración Social del Distrito; su propósito: desarticular el poder violento instituido allí.


El operativo empezó a prepararse hace más de un año cuando el director del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, el señor Julián Quintana fue comisionado por el Fiscal General para que descifrara lo que allí estaba sucediendo. La orden le llegó luego que dos de sus investigadores fueron secuestrados allí. En el curso de la investigación la sospecha, y posterior confirmación, de lo allí encubada era tenebroso: el secuestro de extranjeros que se aventuraban a ingresar allí en busca de narcóticos, así como funcionarios públicos que terminaban retenidos allí y por los cuales pedían dinero a cambio de su libertad.


En ese entonces el exalcalde Gustavo Petro declaró: “El Bronx es un territorio en disputa entre el Estado y la mafia, que no es el habitante de la calle, este es usado por la mafia. La mafia vive en Madrid, Quito, Caracas, Miami, así como en barrios muy pudientes de Bogotá”. Para ese entonces (finales de mayo de 2015) habían sido asesinados unos 30 “habitantes de la calle”*, cuya muerte fue relacionada con el intento de las mafias “por mantener en la esclavitud al habitante de la calle". En esa lucha, según el burgomaestre, también habían sido asesinados funcionarios distritales que realizaban trabajos sociales en el Bronx** .


Crimen cruel y organizado. Prostitución infantil, asesinatos y desmembramientos, esclavitud.


Como ya lo habían detectado en sus investigaciones, el operativo permitió desarticular redes de prostitución infantil, de esclavitud, macabros asesinatos, además del tráfico de drogas. “Una niña de 14 años murió por sobredosis en el Bronx el año pasado. Integrantes de la organización violaban a los niños/as; tenían, además, un portafolio de prostitución en la internet. También hay casos de homicidio; mataron a un policía, hay casos de homicidio por el control del territorio, lo mismo que en Ciudad Bolívar. Encontramos canecas en las que metían a las personas asesinadas para deshacer sus cuerpos. También tenemos documentados los casos de torturas: con armas de fuego, con armas blancas; hasta con perros eran torturadas las personas”, declaró Julián Quintana a radio Caracol.


“[...] Según nuestras fuentes y nuestros agentes, teníamos los reportes de que en estos lugares se estaba descuartizando personas, pero no teníamos el material probatorio. Ayer hasta altas horas de la noche nuestros peritos científicos estuvieron en cada inmueble que teníamos identificados y, efectivamente, encontramos rastros de sangre humana. Lo que nos señala que allí torturaban y descuartizaban a la gente. [...] ahora (que ingresamos al Bronx) tenemos la facilidad de recoger elementos y material probatorio para fortalecer la hipótesis de la fiscalía”.


“[...] Vendían licor adulterado, tenían pequeñas fábricas para producir licor. Robaban bicicletas, partes de automotores. Tenían más de 900 máquinas ilegales de juego. Contrataban habitantes de la calle para cometer delitos. Eran quienes transportaban las drogas y quienes sacaban los muertos que fallecían dentro del Bronx. Hacían peleas de niños y de habitantes de la calle y apostaban a ver quién ganaba. Y, finalmente, el reclutamiento de menores que hacían en los colegios del sur de Bogotá con el fin de explotarlos sexualmente y para el contrabando de cigarrillos”.
Corrupción de funcionarios.


“Tampoco fue posible hacer el operativo antes porque tenían comprados a funcionarios de la policía y de la fiscalía. [...] Dentro de la investigación establecimos que había agentes tanto de la policía como de la fiscalía que estaban trabajando con esta organización, y uno de los problemas que tuvimos fue la filtración de la información. Siempre que nosotros queríamos hacer una intervención se filtraba la información y los delincuentes huían, quedaban allí sólo los habitantes de calle, así que nos tocó con la policía traer funcionarios, inclusive del CTI del nivel central y de la policía fuera de Bogotá, con el objetivo de que no se filtrara la información. Estaban pagando hasta 80 millones de pesos por información acerca del operativo del Bronx. Afortunadamente eso lo pudimos mitigar y le dimos una sorpresa a la organización”.


El operativo


Reconociendo que el problema del narcotráfico no es el drogodependiente sino las organizaciones criminales y los policías corruptos que se lucran con este negocio, el director del CTI declaró: “El objetivo de la Fiscalía no era el habitante de la calle; el objetivo de la Fiscalía era la estructura de la organización criminal, la cual identificamos y se hicieron dos grandes capturas ayer en el operativo; la de alias “Teo” –que es el jefe de finanzas de la organización– y alias “El flaco” –quien es el jefe de sicarios de la organización–. Además de esas, hicimos otras 11 capturas de los ‘saiayines’, en la operación”.


La sorpresa no sólo fue para los delincuentes. “Encontramos un túnel de aproximadamente 200 metros que iniciaba en el sector del Bronx y salía a una bodega a dos cuadras donde los ‘saiayines’ ingresaban la droga, también transportaban armas y además era como un canal de comunicación para despistar a las autoridades. [...] Descubrimos un arsenal de 30 armas largas y cortas. De estos francotiradores y algunos ‘saiayines’ fueron capturados el día del operativo.”


En el operativo también se incautaron varios millones de pesos en droga y dineros producto de la venta. (entre semana allí vendían) “[...] 70 millones diarios, y 150 millones de pesos los fines de semana. El día del operativo logramos incautar aproximadamente 40 millones y 100 mil 200 dosis de droga, lo que representa más o menos 100 millones o 150 millones de pesos en su venta en la calle”.


Operativos en el pasado


En 1999 (primer gobierno de Peñalosa) fue realizado un operativo que desalojó a más de 5 mil personas habitantes de calle y demolieron cientos de casas donde funcionaban ollas y otros mercados ilegales A ese infierno le llamaban El Cartucho (Una disputa de varias décadas). En ese entonces la operación fue presentada como una de las más ambiciosas arremetidas contra el narcotráfico en la ciudad, contra la indiferencia y contra la desigualdad social, y una apuesta por la recuperación de Bogotá.


Resultó que el problema no era le gente, los/as habitantes de calle ni los/as personas drogodependientes. Las estructuras criminales siguieron, las mafias se consolidaron y El Cartucho –que hace 17 años dejó de ser un gueto, un infierno–, se trasladó a varios puntos de la ciudad: “La L” y “El Bronx” son sus máximos exponentes.


El director Quintana, hace un poco de memoria. “El Bronx comienza desde el año 1998 y cuando llegan estas mafias –que son familias que algunas venían del Bronx y otras venían de Antioquia y Pereira–; los denominados Homero, Mosco, Payaso y Manguera, más o menos en los años 2000 a 2002 se consolidan como organización criminal al interior del Bronx e instrumentalizan a su vez habitantes de la calle para cometer delitos”.


Un problema netamente social


En consecuencia con los fracasos del pasado, el CTI acertó en que la solución no está en tratar de desmantelar las redes que se regeneran y propagan como plagas, tampoco está en arrestar al drogodependiente o meterlo una noche en un calabozo: “Lo primero que se le exigió a la Alcaldía fue un programa integral de atención al habitante de calle y a los menores [lo cual le] corresponde a la Alcaldía. [...] Lo que se debe hacer es una intervención integral y social porque el problema no se puede trasladar a otros sectores de Bogotá. Realmente hay que hacer una rehabilitación de todas estas personas y hacer un programa a largo plazo con el objetivo de resocializarlas a la vida en Bogotá”.


Estas son las palabras de un funcionario que, como siempre, quedarán en el aire pues al poder reinante en el país le sirve y le favorece la existencia y permanencia de este tipo de poderes, los cuales desarticulan comunidades, las dividen y atemorizan, impidiendo que las solidaridades que conocieron persistan en el tiempo. El narcotráfico y el paramilitarismo son una estrategia de control y dominio social.

 

(*) En Colombia han dado en llamar “habitante de calle” al despojado de todo, a miles de personas que no tienen nada y viven arrojados a su suerte –mala situación– en las calles de las principales ciudades del país. En realidad son expropiados, desarraigados, el factor humano arrojado a la calle por la máquina del capital; miles de personas que ante la falta de oportunidades –a todo nivel–, terminan deprimidos, sin motivos para vivir, y por ello atropados por el consumo de todo tipo de sustancias sicoactivas, muchos de ellos/ellas, utilizados, de distinta manera, por bandas criminales.

 

**A la ruleta rusa obligaron a jugar a agentes del CTI secuestrados en el Bronx. En http://www.elespectador.com/noticias/bogota/ruleta-rusa-obligaron-jugar-agentes-del-cti-secuestrado-articulo-563066 


Una disputa de varias décadas

Con el desalojo de El Cartucho, además, avanzaban en su plan por desalojar del centro de la ciudad a sus históricos pobladores. El barrio, parte de San Victorino, hacía parte de un sector histórico de la misma, en el cual el gobierno local no volvió a invertir en mantenimiento ni servicios públicos, presionando así a sus propietarios históricos para que lo abandonarán. Así fue, estos salieron de sus habitaciones de siempre, compradas por El Distrito o por especuladores del suelo, quienes los dejaron como ‘lotes de engorde’. Finalmente la ciudad termina comprando todo y proyecta estas decenas de cuadras para nuevos proyectos urbanísticos entre los cuales está el nuevo Centro Administrativo del país, parques urbanos, avenidas para conectar el oriente con el sur y el norte de la capital, entre otros. Como se sabe, tal proyecto de reorganización urbanística está en marcha hace más de 40 años en la ciudad, y sólo la resistencia interpuesta por sus pobladores en varios de sus barrios ha impedido y postergado su consumación.

Publicado enColombia
Miércoles, 30 Marzo 2016 07:38

La corrupción, un asunto Fiscal

La corrupción, un asunto Fiscal

Termina el periodo de Eduardo Montealegre Lynett como Fiscal General de la Nación. Su partida trae consigo el recuerdo de su participación en uno de los casos más graves de desfalco en contra del Estado colombiano. 1.4 billones de pesos depositados en el Fosyga fueron ilegalmente apropiados mediante recobros ilegales propiciados por la junta directiva de SaludCoop, la misma que contrató a Montealegre Lynett antes de asumir como Fiscal General de la Nación. El favorecimiento del Fiscal a los responsables de este robo, a su impunidad, es una de las peculiaridades de uno de los más grandes, impunes y olvidados escándalos de corrupción en el país. En el contexto de la serie Dos dedos1, del periódico desdeabajo, es retomado y desarrollado este caso como insumo para la memoria, otro de los eslabones capaces de forjar la capacidad de las sociedades para ejercer justicia sobre quienes le han propiciado profundos daños.

Se aproxima una nueva elección

 

El pasado martes 15 de marzo el presidente Juan Manuel Santos anunció a la opinión pública su decisión de conformar la terna para la elección del nuevo Fiscal General de la Nación (FGN) a través de un novedoso mecanismo propuesto por “Elección visible”2. Un día antes, el 14 de marzo del 2016, la Presidencia de la República había expedido el decreto 450 “Por el cual se establece el trámite para la integración de la terna de candidatos a Fiscal General de la Nación por parte del Presidente de la República”. Tal decreto estructura un mecanismo ‘novedoso’ para la postulación abierta de ciudadanos al cargo: en esta oportunidad los postulantes debían hacer llevar su hoja de vida y soportes al Ministro de la Presidencia de la República, quien se encargara de remitir la lista completa al Presidente para que elija tres candidatos y luego los presente a la Corte Suprema de Justicia, Corporación que al menos con 16 de los 23 votos disponibles (las dos terceras partes) elegirá al nuevo Fiscal de los colombianos.

Los requisitos para ser Fiscal General de la Nación resultaron no ser muy elevados: 1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, 2. Ser abogado, 3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos y 4. Haber desempeñado, durante diez años cargos en la Rama Judicial, en el Ministerio Público o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Requisitos que en apariencia harían elegible a miles de colombianos de todas las razas, creencias religiosas, pertenencias étnicas y políticas. Sin embargo nada tan distante de la realidad, nada tan falaz.

La convocatoria para la próxima elección del Fiscal agitó el panorama político y estremeció la compleja urdimbre de redes clientelares estructurantes del Estado, donde se revuelcan lagartos, ratas y otras alimañas en pugna por la cabeza del principal ente de acusación del país, en abierta lucha por el poder coercitivo del cargo, por una parcela gigante donde sembrar impunidad. La pantomima ya está en marcha. Las balotas ganadoras ya han sido depositadas dentro de la bolsa, ahora solo falta llenarla con las perdedoras para maquillar de pulcritud la elección. El 29 de marzo el país debería conocer el nombre de la persona impuesta por las maquinarias para tan importante cargo.

Al llegar a su ciclo final el periodo oficial del Fiscal Luis Eduardo Montealegre Lynett, realizar un poco de memoria sobre el significado de parte de su gestión, nos acerca a una cruda realidad que el país no afronta con toda decisión: la toma de buena parte de sus más importantes instituciones por intereses particulares, en muchos casos corruptos o asociados a la más cruda corrupción.

Con este primer artículo iniciamos la serie Dos dedos, con la cual, y a propósito de lo sucedido con Isagen en el mes de enero de 2016, el periódico desdeabajo pretende traer a la memoria nacional algunos de los más importantes desfalcos sufridos por la nación a lo largo de las tres última décadas. Episodios protagonizados por personas con un enorme capital intelectual, que decidieron aprovechar sus conocimientos para estafar al Estado y conservar la impunidad cooptando las estructuras desde donde podían ser sancionados. Apropiación de recursos y apropiación de la justicia que amenazaba castigar su delito.


Un Fiscal al servicio del “Mega Cartel” creado por Carlos Palacino


Los rostros de la corrupción

 

Luis Eduardo Montealegre Lynett fue elegido el 21 de marzo del 2012 por 16 votos en la Corte Suprema de Justicia para desempeñar el cargo de Fiscal general de la Nación

Fue postulado para ese cargo porque ostentaba una respetable hoja de vida: Juez de Instrucción Municipal, Juez Penal Municipal, Conjuez de la Sala Penal de los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca, del Tribunal Nacional de Aduanas, Viceprocurador General de la Nación, y magistrado de la Corte Constitucional entre 2001 y 2004.

Sus estudios habían sido cursados en la Universidad Externado de Colombia, especializado en derecho penal; desarrolló, además, estudios de Derecho Constitucional en Alemania. Podría hablarse entonces del Fiscal en términos de un profesional altamente ilustrado. ¿Y corrupto?

 

 

Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas nos habla con amplitud del Fiscal en su libro “Megacartel de la salud. SaludCoop-Palacino y el Fiscal Montealegre”. Su narrativa es útil como ninguna en el esfuerzo por develar las relaciones entre Montealegre Lynett y la plana mayor de SaludCoop, liderada por Carlos Palacino, quien propició uno de los mayores desfalcos al Estado en Colombia. ¿Cómo empezó todo? Es la pregunta que debe esclarecerse de entrada.

La historia comienza con el nombre de Carlos Palacino. Nacido en el municipio del Líbano (Tolima) recibió grado en licenciatura de matemáticas en la Universidad Santo Tomas, de Estadístico Administrativo en la Universidad De La Salle. Especialista en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana y máster en Seguridad Social en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en España. En 1975 comienza a desempeñarse como cobrador en Seguros La Equidad, entidad donde trabajó hasta el año de 1991 alcanzando cargos como director del departamento de seguros de vida, asistente de presidencia, vicepresidente comercial y financiero3. Pablo bustos señala en su libro: “En menos de diez años, Carlos Palacino, un desconocido corredor de seguros, construyó la empresa más grande de la salud en Colombia [...] Muchas de sus ideas eran seguidas y copiadas por Eps, hospitales y empresas del sector por su forma de ahorrar costos y ganar dinero”.

Meteórica carrera susceptible de ser cuestionada porque en Colombia, país enlazado al sistema económico mundial desde la periferia, con grandes asimetrías y desigualdades estructurales, es poco probable alcanzar este tipo de fortunas y posiciones de poder sin robar, saquear, aprovecharse de las zonas grises de la Ley o ejercer la violencia. Precisa Bustos: “Además, es claro que Palacino y su equipo tuvieron el soporte de toda una red de empleados, contadores, revisores fiscales, funcionarios públicos, políticos, congresistas, asesores y abogados”. Uno de los abogados del buffet al servicio de los saqueadores de SaludCoop y de Carlos Palacino fue, por supuesto, Montealegre Lynett.

Macabro duo. Sobre ellos amplía Pablo Bustos: “[...] con el tiempo vivieron en el mismo vecindario de la exclusiva vía a La Calera de Bogotá, compartieron un mismo destino vacacional construido por Palacino en el condominio conocido por la muy polémica Villa Valeria4 construida en Acacias, Meta”. Pero esto no es todo, a partir de la denuncia presentada por la entonces contralora general de la nación Sandra Morelli ante el representante a la Cámara Carlos Edgard Osorio Aguilar (presidente de la Comisión de Investigación y Acusación) el 9 de junio del 2014, puede ahondarse en el esclarecimiento de las relaciones entre estos dos reputados profesionales.

$6.200 millones de pesos fueron los recibidos por Montealegre (entre el 2007 y el 2012), la mayoría cancelados a través de anticipos, en pago por su intensa labor de asesoría y defensa de SaludCoop presidida por su amigo Palacino. Bustos cita a la contralora Morelli5 en su denuncia: “Sobre las sumas de honorarios pagadas por SaludCoop EPS, no se entiende como la EPS utilizó recursos públicos de la salud para pagar honorarios de abogados que defienden a la EPS por las posibles irregularidades, infracciones y violaciones al sistema de salud; actuaciones irregulares del sistema que son investigadas por el Estado”.

De acuerdo a lo suscrito en los contratos de labor, los objetos contractuales para los cuales les fueron entregadas gruesas cantidades de dinero contemplaban, como en el caso de una oferta de servicios presentada por Montelagre a Palacino el 21 de septiembre del 2009: “1. Asesorar a la entidad, y si es del caso asumir su representación, ante la superintendencia nacional de salud, en la actuación administrativa originada en la visita inspectiva ordenada mediante auto Nº 2741 del 20 de marzo de 2009; 2. Elaborar los documento y conceptos necesarios para controvertir las posiciones jurídicas de la superintendencia en la actuación administrativa de la referencia”. Fueron 950 millones “libres de impuestos”, más una prima de 650 millones “libres de impuesto” en caso de obtener una decisión favorable para la entidad, los solicitados por Montealegre Lynett (en esta oferta de servicios) por defender a los responsables de haber desfalcado en 1.4 billones6 al Estado, uno de los desfalcos más grandes sufridos por los colombianos.

Acciones sospechosas. Así lo hizo ver la contralora Morelli cuando afirmó en su denuncia al Fiscal: “Porque el Estado –Minisalud, Supersalud e interventores– dentro del proceso de intervención de SaludCoop Eps permitió al Dr. Eduardo Montealegre siguiera siendo su abogado y asesor, cuando uno de los encargos fundamentales que recibió como abogado de Saludcoop y la gerencia de Carlos Palacino fue la de atacar y demandar todas las actuaciones del Estado-Minisalud, Supersalud e Interventores [...]”. Extraña dualidad: defensor del la Eps de Palacino y asesor de la Eps dentro de la intervención administrativa protagonizada por el Estado, ¿Defendía acaso los mismos intereses privados en ambas versiones de SaludCoop? Prosigue la Contralora formulando inquietudes en su denuncia: “El Estado interventor de SaludCoop, tampoco verificó qué pasó con el cumplimiento, ejecución y liquidación de más de nueve (9) contratos suscritos originalmente por el abogado Dr. Eduardo Montealegre y en relación a SaludCoop, su pago, terminación y liquidación. De igual manera, existe constancia de solo dos (2) contratos cedidos, sin que haya explicación o justificación de lo que pasó con los otros cinco (5) contratos a su nombre”.

Millonarios contratos otorgados generan enormes solidaridades. Adquiere entonces tintes de veracidad la hipótesis de la contralora Sandra Morelli cuando afirma que la diligencia de allanamiento, registro e incautación ordenada7 por el Fiscal General de la Nación y ejecutada el 11 de septiembre del 2013 contra las instalaciones principales de la Contraloría, respondían a la necesidad de entorpecer el proceso de responsabilidad fiscal en el caso de SaludCoop que llevaba a cabo el Organismo de Control Fiscal8.

Las sospechas incrementadas por los tímidos y pésimos resultados obtenidos por las pesquisas que la Fiscalía tuvo que llevar a cabo ante la presión de la opinión pública, señala Bustos: “Frente a tales señalamientos la Fiscalía poco y nada ha avanzado para el completo esclarecimiento de este escandaloso desfalco, y solo muy selectivamente, uno diría “con pinzas, ha vinculado a unos y mantenido en vilo a muchos otros [...]”, incluso cuando la Procuraduría y la Contraloría General de La República emitieron juicios condenatorios9. Señala Pablo Bustos: “[...] La Fiscalía no ha terminado una investigación, ni ha formulado una sola acusación, ni solicitado al menos una sola medida de aseguramiento de detención preventiva con relación al caso de corrupción más grave en la historia del país. ¿No es acaso esta la prueba reina sobre como a la Fiscalía General le quedó grande la lucha contra la corrupción de cuello blanco?”.

 

El ABC del desfalco

¿Cómo lo hicieron? ¿Qué pasó con el dinero robado?

 

Con un gran equipo de “trabajo” integrado por profesionales de diversas áreas y el apoyo de políticos en el Congreso10 iniciaron el saqueo de los parafiscales hacia el año 1998. La bonanza en el sector de la salud generada por la masiva afiliación de colombianos, así como los buenos resultados de la empresa influyeron en que SaludCoop tomara la decisión de crecer ampliando su red de oficinas, clínicas y centros médicos en todo el país. Pero según Bustos: “El problema, como lo indica la entidad de control es que esto no lo hizo con recursos propios o de sus accionistas, sino dejando, primero, de pagar oportunamente los servicios de salud que le habían facturado a los proveedores, y después, apropiándose de una parte de la plata de la salud que entraba a sus arcas y que era registrada como utilidad”11.

 

La legislación abrió la puerta al desfalco. Las posibilidades de recobro puestas al alcance de Carlos Palacino y sus secuaces le dio la oportunidad a la plana mayor de SaludCoop para que durante años estructurara una estrategia de crecimiento y acumulación a través del saqueo de los recursos del Fosyga mediante: 1. El recobro excesivo por servicios, procedimientos o medicamentos no Pos; 2. El cobro ficticio por servicios, procedimientos o medicamentos que no habían sido prestados por hospitales del Estado o Ips alguna; 3. El recobro por servicios, procedimientos o medicamentos no Pos que en efecto habían sido prestados por hospitales del Estado o por Ips, aunado al no pago a estas entidades por tales valores12; 4. La negación sistemática de servicios contemplados en el Pos. Bustos amplia: “A la vez que Palacino y SaludCoop construían su propia red de hospitales y clínicas, con su fachada blanca distintiva, dejaban en el camino a decenas de Ips y personas quebradas económicamente”.

Pero los más afectados fueron, por supuesto, los cientos de miles de colombianos cuyos nombres fueron usados para efectuar recobros al Gobierno mientras les era negada de manera perversa el acceso de medicamentos y servicios que llegaron a ocasionar la muerte o afectaciones físicas vitalicias a un número no conocido de usuarios. Bustos comenta en su libro: “La Defensoría del Pueblo ha documentado como sistemática y crecientemente se han venido negando procedimientos incluidos en el Pos, es decir que debieron ser asumidos por las Eps, lo cual ha derivado en la persistente utilización de la acción de tutela para su protección y amparo –entre 2006 y 2009 por ejemplo crecieron en un 57 por ciento, de las cuales en el 2009, el 68.2 por ciento correspondían a procedimientos incluidos en el Pos–”.

Mientras los colombianos padecían en su salud, llegando incluso a perder la vida por la calidad deficiente de los servicios prestados por SaludCoop, su junta directiva se dedicaba a desarrollar inversiones de alto riesgo y a malversar los recursos apropiados en plena ilegalidad al Fosyga. Entre ellas destaca la adquisición de la chilena Cruz Blanca en el 2001, la adquisición en el 2003 de Cafesalud (hoy también intervenida) por 25 millones de dólares, inversiones en empresas de Ecuador, México, República Dominicana y Panamá, todas fracasadas.

Pero eso no fue todo, con el dinero sustraído patrocinaron equipos y torneos de fútbol, baloncesto y golf, la construcción de colegios privados, compra de vehículos de alta gama13, construcción de condominios campestres, construcción del centro comercial y empresarial Paralelo 10814, viajes internacionales a encuentros mundiales de salud para los directivos de SaludCoop y sus cónyuges, hospedajes en los más prestigiosos hoteles de Asia y Europa, inmensas bonificaciones a los directivos15.

Movimientos de dinero sospechosos. Algunos de los casos documentados por el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Pablo Bustos son: $17.140 millones de pesos invertidos en un software para la empresa Heon Health a pesar de que SaludCoop ya había desarrollado tal sistema, $23.624 millones de pesos gastados en abogados, consultores y asesores, $91.646 millones de pesos destinados entre 2006 y 2011 para pagar los proyectos y promesas de compra venta de las Clínicas Bogotá, Materno Infantil, Castellana, Medellín, Tunja y el edificio Paralelo 108; $165.552 millones destinados para adquirir planta y equipos que contribuyeron a fortalecer muchas de las 43 empresas asociadas directamente a SaludCoop con recursos que de ninguna manera debían ser destinados para otros usos distintos al de la salud de los afiliados.

Fueron estas solo algunas de las maniobras documentadas con las que que Carlos Palacino y su enorme séquito desfalcaron al Estado, transformando el dinero de la salud de millones de colombianos afiliados a su poderosa Eps en patrimonio para su conglomerado de empresas de salud estructuradas para evadir cualquier responsabilidad ante una posible investigación. Miles de millones de pesos que llevan a cuestas el sufrimiento de compatriotas quienes perdieron su salud y hasta sus vidas sin que hasta el momento hayan sido restituidos en sus derechos constitucionales, vulnerados en profundidad por quienes colocaron por sobre el interés general de millones de colombianos su interés particular de enriquecimiento, sin importar el cómo lo hicieron ni las consecuencias de sus actos.

 

La débil actuación de la Justicia colombiana

Las victimas y el castigo de los victimarios.

 

Cuando en el 2012 Eduardo Montelagre Lynett, uno de los prestigiosos abogados del poderoso equipo de juristas16 contratado por SaludCoop para defenderse de las acusaciones de los organismos de control estatal asumió la dirección de la Fiscalía General de la Nación, el panorama para la actuación de la justicia sobre quienes propiciaron este enorme desfalco no podía ser más sombrío17.

Pablo Bustos señala en su obra: “Desde su postulación el Fiscal ha confrontado permanentemente y justificó a la postre incluso la creación de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto, la cual parece dejar por fuera los delitos de megacorrupción más grandes en la historia del país como son los de SaludCoop”.

 

 

El 27 de marzo del 2016 entregó el puesto el fiscal Montealegre sin que hasta ese momento fueran tomadas en serio las copias compulsadas al organismo de fiscalización por parte de la Contraloría y la Procuraduría de las investigaciones llevadas a cabo, tampoco los juicios condenatorios emitidos.

Desde 2012 ninguna investigación dio resultados palpables en el caso SaludCoop. Cuando fue presionada por la opinión pública para que avanzaran las investigaciones citó a interrogatorios (sin efectos procesales) a Carlos Palacino y otros directivos de la Eps, interrogatorios a los que el expresidente de SaludCoop no asistió argumentando la “poca frecuencia” de vuelos entre Miami y Bogotá, ciudad de los Estados Unidos donde reside en la actualidad. En palabras de Pablo Bustos: “Adicionalmente, es claro que inexplicablemente la Fiscalía no ha solicitado restricción alguna para la salida del país de Carlos Palacino [...] Súmese a lo anterior que Carlos Palacino, cabeza del grupo SaludCoop, ha sido una especie de “niño consentido” de la Fiscalía, por decir lo menos, pues precisamente ésta solo lo investiga por el cobro de facturas que suman $27.000 millones, es decir menos del 3% del total de la suma manejada irregularmente, 1.4 billones. En otras palabras le exonera la investigación y responsabilidad por más de 1 billón 383 mil millones, es decir por cerca del 97% del total del desfalco, y del impacto en los derechos a la salud y la vida de miles de afiliados”. Majestuoso proceder de la justicia.

Montealegre se fue de la Fiscalía dejando en la completa impunidad al grupo de saqueadores que había contratado sus servicios de jurista para que los defendiera cuando la justicia comenzaba a insinuarse sobre SaludCoop en el 2007. En artículo publicado el 26 de marzo del 2016 por El Tiempo titulado: “Montealegre se va de la Fiscalía y caso SaludCoop no avanza”18, se detalla: “[...] la Fiscalía no avanzó en estos cuatro años en ese proceso, salvo en la toma de testimonios. El fiscal Eduardo Montealegre se declaró impedido para conocer el tema –según la Contraloría recibió 6.200 millones de pesos de honorarios de SaludCoop– y el caso se lo asignaron a un grupo especial de la Fiscalía que investigaba el capítulo de corrupción en el sector de la salud. Ese grupo llevó a juicio varios de los casos relacionados con otras EPS, pero el de SaludCoop aún sigue en etapa de investigación y ninguno de sus directivos ha sido llevado ante la justicia”.

Prosigue la nota de este diario: “En contraste, la Fiscalía adelantó en tiempo récord y hasta acusó ante la Corte Suprema a la excontralora Sandra Morelli por el polémico arriendo de la sede de la Contraloría en el occidente de Bogotá. En varios sectores, empezando por la misma Morelli, se habló de una supuesta retaliación contra la funcionaria por su papel clave en el destape de las irregularidades en el Grupo SaludCoop”. Cunde la impunidad y el manejo de la justicia en función de intereses criminales en Colombia.

No solo han asegurado la impunidad estos negociantes de la vida y la salud de millones de connacionales, ni siquiera es completamente cierto que hayan dejado de controlar el negocio incluso en plena “intervención” del Estado, detalla Bustos: “La contralora Sandra Morelli ha cuestionado a los dos últimos superintendentes así: “Siguen poniendo en duda a través de decisiones en foros, declaraciones públicas y privadas, la naturaleza pública de los recursos que reciben [las Eps]”. “Nombran interventores que siguen o dejan seguir las relaciones con quienes desviaron recursos. No supervisan el trabajo de los interventores”. “Dejan interventores sobre los que pesan denuncias graves de conflicto de intereses y relaciones propias de personas allegadas con el intervenido”. Se “han seguido utilizando los recursos para gastos no relacionados con la salud, incluyendo re adquisición de aportes, pagos de leasing y promesas de compraventa” [...] “Omiten aplicar la Ley en cuanto a causales de intervención, órdenes de capitalización y liquidación de la Eps”. Flagrante caso de corrupción que ha logrado resistir adaptándose a cambios en la burocracia del Gobierno, de su composición política, a las intervención llevada a cabo por el Estado; la corrupción resultó permear hasta el interventor Guillermo Grosso , elegido para llevar a cabo el proceso de liquidación de la empresa.

En abril del 2014 el Senador Jorge Enrique Robledo también se refirió20 al asunto: “Y con la intervención no concluyó la actuación laxa del gobierno frente al Grupo Salucoop. Por el contrario, según lo ha explicado la Contraloría, el primer hecho inaceptable consistió en que solo fueron intervenidas las EPS, con lo que los socios de Palacino siguieron manejando las IPS del Grupo, empresas que también ha debido el gobierno intervenir para que cesaran las malas prácticas y para que hubiera con qué responder por los 1.4 billones de pesos de la sanción”. El ministerio de salud sigue insistiendo en que SaludCoop apenas tiene participación en nueve Ips, cuando el informe de la Contraloría habla de una enmarañada red de 174 instituciones. En palabras de Robledo: “[...] refundidas en una telaraña de propietarios y figuras legales para que el Estado no pueda cobrarse con ellas, pero que siguen contratando, en integración vertical, con las EPS del Grupo”.

Impunidad absoluta. Victimarios que no ha procesado la justicia, un Fiscal que incumplió descaradamente sus competencias constitucionales, una enorme red de conspiradores que trabaja para Carlos Palacino intentando que retome el control absoluto sobre su enorme botín. Un horizonte lúgubre para este caso de corrupción que contó con la participación de profesionales formados con las más altas calificaciones21, que actuaron insertos en una oscura red conspirativa para desfalcar al Estado y mantener su impunidad. Las victimas no han sido reivindicadas por la justicia, según bustos: “Para ellos todavía no ha habido ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni todavía se ha diseñado ningún plan de restitución de su salud como si existe para los que perdieron sus tierras”.

En el olvido, sepultados entre miles de casos que la justicia poco ha realizado por resolver, se pudren cientos de procesos elevados ante los organismos de justicia por usuarios que tuvieron que sepultar a sus hijos, padres y familiares por todo lo que les negaron en esta Eps y sus afiliadas mientras fueron constituidas empresas con el propósito de cobrar y derrochar el dinero recobrado por estos mismos procedimientos y medicamentos que nunca fueron prestados.

Que las víctimas y la sociedad se encarguen de reclamar justicia, que no olviden a los responsables de tan grande estafa.

 


 

 Otras peculiaridades del caso de corrupción

El denominado MegaCartel de la Salud puede observarse a través del concepto de la democracia falseada, en el cuál, según Pablo Bustos: “Los órganos de administración, control y vigilancia, operación judicial, así como los formadores de Leyes al unisono concurren con estamentos de diverso nivel y orden, para no solo aprender la formalidad institucional y sacar provecho de la misma, sino que principalmente logran incorporarse bajo modalidades social y politícamente validadas, para sustituirlas por completo hasta moldear su propia forma de legitimidad [...]”. No es entonces el Estado colombiano un organismo capturado por corruptos, sino un Estado que funciona al compás de la corrupción, que necesita de ella para sobrevivir y legitimarse a través de una democracia corrupta, mientras la sociedad habilita, legitima, potencia y autoriza semejante funcionamiento gracias a una cultura oprobiosa de Gobierno y de manejo de lo público que han terminado por imponer el ejemplo de enriquecimiento e impunidad exhibido por delincuentes como Carlos Palacino.

 

Notas:

[1] “[...] ¡Dos dedos!.../Sos junao por el “taquero”/, No sos un simple ratero/ Sos un punga que valés.../Y dicen.../ Que hasta tiemblan las vitrolas/, Porque sacás las chirolas/ Por las ranuras que ves./ ¡Dos dedos!/, Sos el rey de los afanos/, Si te cortaran las manos/ Vos afanás con los pies [...]. Has nacido con el arte del “choreo”/ Y tu record no pueden igualar [...]”. Tango, letra y música: Carlos Acosta (Lionel Félix Corbalán, canta Alberto Echagüe)

[2] Es una coalición de nueve (9) organizaciones de la sociedad civil, que nace en el año 2008 con el objeto de hacer seguimiento a los procesos de nominación y elección de magistrados de las Altas Cortes y otros altos dignatarios de la justicia.

[3] ¿Quién es Carlos Gustavo Palacino? http://caracol.com.co/radio/2011/05/12/nacional/1305194880_470874.html  12 de mayo de 2011

[4] Para ampliar la información sobre este lujoso condominio construido por Palacino puede consultarse http://www.semana.com/por-clasificar/recuadro/un-sueno-resort/275484-3 . En este lujoso complejo habitacional también tenía su suite el fiscal Montealegre Lynett.

[5] ¿Ladrón que acusa a ladrón? La excontralora Sandra Morelli había sido fuertemente cuestionada por un posible detrimento patrimonial del orden de $76.000 millones de pesos propiciado por cuatro contratos que firmó como directora del Organismo de Control Fiscal. En dichos contratos firmados entre el 2012 y 2014 se arrendaban seis pisos del Centro Comercial Gran Estación II, durante dos años a la firma Proyectos y Valores por un monto de $89.733 millones. ¡Salia más barato construir un nuevo edificio! El edificio de la Contraloría, ubicado en la carrera 10a con calle 17 en la ciudad de Bogotá, vendido por la misma contralora en $13.000 millones, tenía en realidad un precio de $35.000 millones. Esta fue otro de los procedimientos administrativos por los que fue cuestionada Morelli. Para ampliar consultar http://www.elespectador.com/noticias/judicial/sandra-morelli-contra-cuerdas-articulo-510503 

[6] Investigaciones la Contraloría General de la República fijaron la cantidad de dineros ilegalmente apropiados (entre 2006 y 2011 por SaludCoop y cuatro empresas vinculadas en $1 billon 421 mil 174 millones 105 pesos con 40 centavos.

[7] ¿Qué buscaba la Fiscalía en la sede de la Contraloría? http://www.semana.com/nacion/articulo/fiscalia-allano-contraloria/357337-3  9 de septiembre del 2013.

[8] En el numeral 14 de la denuncia presentada por la contralora Sandra Morelli especifica: “Los servidores públicos de la Contraloría General de la República que han tenido relación directa o indirecta con los casos de SaludCoop han sido citados a la Fiscalía como indiciados, ejerciendo sobre ellos un presunto constreñimiento con el objeto de obligarlos a omitir el desarrollo oportuno de sus funciones en los casos ya indiciados o entrevistados [...]”.

[9] En marzo del 2013 la Procuraduría General de la Nación sancionó a Carlos Palacino y a 11 directivos con una inhabilidad de 18 años para ocupar cargos públicos y pagar 56 millones de pesos por estafa e incremento injustificado de patrimonio. Pablo Bustos comenta en su libro: “[...] dicha sanción fue impuesta sobre la base de 8.000 cheques por $270 mil millones que habrían sido girados a proveedores de SaludCoop para pagar supuestos medicamentos o tratamientos médicos que fueron cobrados al Fosyga como servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud”. El 11 de noviembre del 2013 la Contraloría General de la Nación, profirió el fallo de primera instancia 001890 dentro del proceso de responsabilidad fiscal número 010 del 2011 en donde se responsabilizaba a SaludCoop por el desvío de 1 billón 774 mil millones de pesos, cantidad que por apelación y consulta es finalmente fijada a febrero del 2014 en 1.421 billones de pesos.

[10] Destaca el nombre del Representante a la Cámara Holger Diaz quien trabajaba a sueldo para Carlos Palacino, impulsando actos legislativos de su conveniencia. Para ampliar consultar: http://www.semana.com/opinion/articulo/un-congresista-sueldo/243505-3 

[11] El método predominante a través del cual se apropiaron del dinero de la salud de los colombianos fue a través de cobros ficticios al Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía). Esta es una cuenta adscrita al Ministerio de Protección Social creada por la Ley 100 de 1993 a las que las Eps remiten los costos de los medicamentos, servicios y procedimientos no cubiertos por el Pos (Plan Obligatorio de Salud), en ocasiones prestados por hospitales públicos o Ips, para que el Estado devuelva los dineros que las Eps ya han asumido o pagado a terceros. A la suma se encuentra asociada una ganancia que las Eps pueden invertir en patrimonio, pero nunca la cantidad total de dinero devuelta por el Gobierno porque se determinó que ello podía poner en riesgo tanto su estabilidad económica y como la calidad de los servicios prestados a los usuarios. Los servicios, medicamentos y procedimientos que están cubiertos en el Pos el Estado los cancela a través de la Upc (Unidad de Pago por Capitación) que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado. Es una cantidad de dinero establecida y girada con cierta periodicidad a las Eps que en ningún momento es recobrada.

[12] Según Bustos: “[...] SaluCoop giró a 31 de diciembre de 2010 un total de 8.021 cheques por $266.988 millones que, sin embargo nunca llegaron a su destino. Por eso, en marzo de 2012 ya enfrentaba embargos por $7.037 millones promovidos por catorce de sus acreedores”.

[13] De acuerdo a las investigaciones efectuadas por Pablo Bustos un lujoso auto BMW 750 fue adquirido con los recursos de los afiliados a la Eps Epsifarma, la misma Eps cuyos recursos fueron empleados entre 2008 y 2010 para adquirir e importar baldosas y porcelanato proveniente de China por un valor de $2.326 millones para construir el complejo de Villa Valeria en el Meta.

[14] Para construir este lujoso edificio en el Norte de Bogotá también fueron usados los recursos de Epsifarma. Cotizado en $200.000 millones de pesos es el icono del imperio erigido por Palalcino que de manera inexplicable aparece dos veces en el video oficial del Himno Nacional de Colombia: la primera de ellas al minuto y tres segundos cuando suena el verso “ [...] de su invencible luz”, la segunda al minuto y cuarenta y dos segundos cuando corre el verso que inicia por “Oh Jubilo....”. Tal video puede encontrarse en la cuenta de Youtube de la Presidencia de la República de Colombia en el link: https://www.youtube.com/watch?v=SrvKADxxsqg 

[15] Bustos amplia: “Según la Contraloría, solo entre 2005 y 2010, se pagaron $6.000 millones de pesos en bonificaciones a los directivos, de los cuales $3.541 millones fueron a parar a un solo bolsillo, el del presidente de SaludCoop Carlos Palacino”.

[16] Otros de los abogados de este equipo fueron José Joaquín Bernal, Marcela Monroy, Jaime Lombana y Hernán Jiménez.

[17] Al posesionarse Montealegre Lynett como Fiscal, se declaró impedido por sus vínculos con SaludCoop, para llevar a cabo desde el organismo de acusación el proceso investigativo que ya se adelantaba en contra de esta Eps e Ips asociadas. En julio del 2013 la Corte Suprema de Justicia declaró con 19 votos en contra de 1 que el fiscal no estaba impedido entre otras razones, tal como lo señala el periódico El País, porque “no existe posibilidad que los expedientes del caso lleguen a manos de Montealegre ya que están en el despacho del vicefiscal, Jorge Perdomo, y de dos fiscalías seccionales en Bogotá ya que estos gozan de autonomía”. Para ampliar consultar http://www2.rcnradio.com.co/noticias/fiscal-no-esta-impedido-en-caso-saludcoop-corte-suprema-10057 y http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/corte-rechaza-impedimento-del-fiscal-montealegre-en-caso-saludcoop 

[18] http://www.eltiempo.com/politica/justicia/investigacion-de-nexos-del-fiscal-con-saludcoop-no-avanzo/16546762 

[19] Bustos sostiene en su libro: “Para este interventor, designado por el Superintendente de Salud, Gustavo Morales Cobo, la suma defraudada o faltante en SaludCoop, es de $650.000 millones, es decir, lo que detectó la superintendencia de salud es menos de la mitad de los definido por la Contraloría [...] resulta altamente preocupante que el interventor Grosso, quien se supone debe defender al estado y no a palacino, entre publicamente una desición en firme de la Contraloría General de la República mediante un juicio Fiscal, es decir mediante un proceso en el cual con la comparecencia de los implicados o presuntos responsables, asistidos por sus abogados, fueron oídos y vencidos”.

[20] http://www.kienyke.com/kien-escribe/se-gobierna-a-favor-de-saludcoop/ 

[21] Para conocer alguno

Publicado enColombia
"No pierden ni la sonrisa ni la rebeldía"

El martes 28 de Julio, después veinte días de su cinematográfica captura, fueron "cobijados" con medida de aseguramiento los trece jóvenes detenidos en la ciudad de Bogotá a quienes les fueron imputados varios delitos. La jueza 72 de garantías, en consideración a la "claridad y precisión" del material probatorio presentado por la Fiscalía para sostener la imputación, al "peligro" que representan los inculpados para la sociedad, ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario.

A la hora de su decisión, la juez del caso no contempló los argumentos presentados por la defensa en el sentido de demostrar las calidades humanas y profesionales de los imputados y evitar esta lamentable medida, por el contrario sus cualidades fueron usadas para sostener la decisión: "No estamos frente a cualquier actuación, son profesionales, estudiantes universitarios con un nivel educativo y cultural, por lo que se pide un mayor grado de exigencia para respetar la ley, no por sus ideales diferentes sino que a todos los colombianos se les pide mantener un respeto", explicó. De esta manera, la juez pide a los estudiantes el mismo grado de respeto a la Ley que ha sido severamente impuesto a altos dignatarios del Estado, a prestigiosos empresarios cuando han infringido la legalidad, el orden constitucional vigente.

Para hacerle seguimiento a este proceso judicial y político, desdeabajo entabló contacto con Alexandra Bermúdez, vocera nacional del Congreso de los los Pueblos (CP), quien ha mantenido relaciones en el ámbito de la organización política/social con once de los jóvenes detenidos y tiene amplios conocimientos sobre la dinámica del proceso que se lleva en su contra. Aquí las impresiones del diálogo sostenido.

 

Serias sospechas sobre el proceso judicial

 

¿Justicia imparcial? Mucho se ha comentado, desde siempre sobre el carácter de la justicia en una sociedad como la nuestra, y la manera de su proceder cuando de disidentes, o de sectores sociales por fuera del mercado, se trata. Y en esta ocasión todo parace reconfirmar lo ya sabido. Bermudez confirmó en sus palabras la exactitud de lo desvelado en la nota "Con proceso judicial viciado pretenden condenar a trece estudiantes en Bogotá", sobre las maniobras empleadas para imponer el aseguramiento en centro carcelario de los detenidos: "Frente al tema de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento vimos que estuvieron presentes muchas irregularidades en medio del proceso, primero porque a esa audiencia se sumaron los hechos de las amenazas al vigilante de la Universidad Nacional –que no aparecía en ninguna de las pruebas– y la amenaza anónima de supuestos atentados que afectarían a la sede de Paloquemao y la misma Fiscalía, con la amenaza de muerte del fiscal. Y se toman esos hechos como sustento para reforzar la solicitud de medida de aseguramiento y decir que las personas detenidas, entonces, son peligrosas, casi que esos hechos son una prueba y los inculpan a ellos de esas actividades [...] son cosas que aparecen nuevas, que no estuvieron presentes al momento de imputación cargos y que, entonces, sí aparecen para reforzar el fallo de la medida de aseguramiento".

Otro de los acontecimientos recientes que dejan serias dudas sobre la independencia e idoneidad para llevar el proceso por parte de la juez de garantías 72 fue la reunión sostenida por parte de la funcionaria, el martes 28 de julio, con un General de la Policía, minutos antes de dictar la medida de aseguramiento. "Ella ya reconoció que esa reunión se dio, dice que "para discutir la seguridad del edificio", cosa que no le compete a ella, y sí al Consejo Superior de la Judicatura, y en el caso que tuviera relación con su seguridad le competería a la Unidad Nacional de Protección, no a ella en especifico".

"Entonces, esto permite entrever que en este proceso persiste una injerencia por parte de distintas instituciones estatales, así como del alto Gobierno. Son de conocimiento general que en el mismo momento en que son capturados los estudiantes, el Presidente de la República, el Vicefiscal y dos comandantes de la Policía aseveran que los detenidos son los responsables, condenándolas de manera anticipada, obstruyendo, además, la justicia al no respetar el principio constitucional de la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso. El hecho de la reunión ya comentada se suma a todas las declaraciones en público realizadas desde las instituciones estatales y desde el Gobierno para manipular el caso [...]. No es extraño, por tanto, que desde la defensa y desde nosotros, que hemos acompañado todo el proceso, se valore la existencia de una manipulación de la información y de la opinión pública respecto a este caso".

A lo anterior se suman las sospechas de Alexandra por la persistencia de la fiscalía en tratar de relacionar a los detenidos con los atentados sufridos por Porvenir, causa que el ente acusatorio fue incapaz de sostener en la audiencia de imputación, indilgando finalmente tal cargo solo a tres de los detenidos, con pruebas, por demás, cuestionables e insuficientes.

 

Exceso judicial 

 

La imputación que pesa sobre diez de los estudiantes detenidos son los delitos de violencia contra servidor público, porte y fabricación de armas de uso privativo de las fuerzas militares (las armas, en caso de que les demuestren que las fabricaron, son las 'papas bomba' que solo pueden ser producidas por las FFMM o bajo su autorización). A los tres restantes les fueron imputados los delitos de rebelión, terrorismo y violencia contra servidor público.

Para efectos del proceso judicial, la jueza nunca permitió que fueran individualizados los cargos y exhibió, además, una actitud bastante parcializada hacia la fiscal delegada del caso "[...] Lamentablemente parece que aquí tampoco hay independencia de la justicia, pues, además de los excesos ya comentados, hay que resaltar que la jueza 72 casi que libretió lo que dijo la Fiscalía, es decir, su concepto no tuvo en consideración ninguno de los argumentos de la defensa, que insistió en la necesidad de individualizar los casos para, sobre ello, analizar si aplica la medida de aseguramiento intramural; y que demostró, una y otra vez, las calidades de estas personas, de su vida política, social, de su vida pública, de su vida familiar, mostrando el arraigo, nada de eso fue tomado en cuenta".

Algo está siendo tramado. Persistieron en no individualizar los casos más allá de la reiterativa enunciación de sus presuntos delitos y, finalmente, cuando la jueza tuvo el turno de justificar la medida de aseguramiento, repitió la totalidad de los argumentos presentados por la Fiscalía como si la defensa hubiera sido convidado de piedra del proceso.

 

¿Es posible confiar en la Policía y en la Fiscalía en el contexto del manejo dado a este caso?

 

Una de las preocupaciones centrales de la defensa, de las familias y de las organizaciones que rodean a los jóvenes privados de la libertad, es la posibilidad de que la Fiscalía, junto a la Policía, se encarguen de fabricar pruebas o falsos testimonios para lograr la condena de los detenidos, pues podrían valerse de artilugios que se traman en ámbitos en los que tienen amplia experiencia y poder. Además, también hay que tener en cuenta que la orden de reclusión en cárceles inflige un golpe anímico contundente a los detenidos, por lo que las autoridades policivas y judiciales juegan la partida con una importante ventaja a su favor.

La líder del Congreso de los Pueblos, expresó respecto a estas inquietudes, "Eso es muy probable, y no es una opinión infundada, pues realmente existe ya una ruta conocida de intereses más políticos por parte de la Policía, la Fiscalía y hasta el mismo Gobierno, de presentar resultados ante la situación de seguridad de Bogotá y dar resultados a cuenta de involucrar a estas personas que no tienen nada que ver, o mezclar hechos como es el caso de unas protestas en la Universidad Nacional con los petardos en las sedes de Porvenir para demostrar que la justicia sí está actuando, que realmente hay un control sobre la ciudad [...]. La inquietud es, si los inculpados no son los detenidos, si no hay ninguna prueba de que ellos sean los responsables de los petardos en las sedes de Porvenir, entonces siguen libres los responsables, por tanto, ¿dónde se encuentran los verdaderos responsables?"

 

El proceso y alguno de sus impactos

 

No hay acción sin reacción. También ocurre con este proceso judicial, cuyos efectos se extienden, con hondo impacto, en las organizaciones, en las familias, en las personas que tienen relaciones afectivas con ellos, así lo expresa la vocera del Congreso de los Pueblos: "Ha sido bastante difícil para los núcleos familiares, las redes de afecto existentes alrededor de ellos, porque esto no se esperaba, uno no espera que unos dirigentes de las calidades de ellos se vean involucrados en hechos como estos y con semejantes imputaciones como las que les está haciendo la Fiscalía, que además pide alrededor de 25 años de condena para cada uno de ellos, es decir, acabar con su vida útil".

Alexandra prosigue sustentando sus preocupaciones: "Nosotros mantenemos nuestra preocupación alrededor de la sistemática persecución existente en contra del movimiento social y popular, es decir, este proceso judicial demuestra que pensar distinto en este país es sinónimo de crimen porque igual, como todos lo vimos, las pruebas físicas que hay en su contra son libros, afiches de actividades, de movilizaciones públicamente conocidas, del paro agrario, las banderas del Congreso de los Pueblos, los debates dados alrededor de Camilo Torres, entonces en este país se están proscribiendo los símbolos y la publicidad del movimiento social y popular, porque si sus símbolos son pruebas para demostrar que están cometiendo un delito [...] lo que queda claro es que está en curso una retaliación contra al movimiento estudiantil y sus lógicas de protesta, de llamar la atención y de denunciar sus ideas y su política".

 

Alerta y diálogos de paz

 


En nuestro país el derecho a la protesta social siempre fue y continúa siendo negado, cerramiento de espacios de participación social y política que, entre otras cosas, está entre los motivos por los cuales las insurgencias encontraron ambiente entre las juventudes. Ahora, con procesos de diálogos en marcha con las expresiones de los alzados en armas es, por lo menos, extraño que tal cerramiento se mantenga. Es público que la fiscalía pedirá 25 años de cárcel para 10 de los trece jóvenes implicados y para los tres restantes entre 30 y 35 años. Ante la gravedad de la pena que puede resultar de las imputaciones, del trasfondo político adquirido por el caso y la férrea voluntad de las autoridades por hacer que los sindicados luzcan realmente como culpables, es necesario que el movimiento social y popular encienda todas las alertas y comience a explorar recursos para que el caso transcienda la orbita de la juridicidad nacional, y pase a ser del conocimiento de tribunales y organizaciones de derecho internacionales.

Esta acción judicial toma cuerpo en el contexto de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana, proceso en el que fue redactado entre las partes un acuerdo de participación política, presentado el 26 de agosto del 2012 a la opinión pública, acuerdo que está dirigido a ampliar la participación democrática para dar cabida a que nuevas fuerzas políticas surjan enriqueciendo el debate y la deliberación pública, la representación de las distintas visiones e intereses de la sociedad, otorgando las garantías para asegurar la participación e inclusión política, acuerdo que implica, entre otros aspectos la creación de un Estatuto de Oposición Política, Sistema integral de seguridad, garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales, defensores de Derechos Humanos, garantías para los movimientos y organizaciones sociales.

Ante esta incongruencia –por un lado diálogo y disposición a la apertura política, y por otro represión– permite pensar, de acuerdo a Bermúdez, que "[...] vamos a seguir la misma lógica de los anteriores procesos de paz en medio de los cuales fue cuando más asesinatos selectivos ocurrieron, más desapariciones y más judicializaciones, vamos a repetir la historia, vamos a seguir reforzando la política de seguir vinculando al movimiento social y popular con la insurgencia, o sea, aquí nadie puede pensar distinto, ni protestar, ni hacer oposición, porque entonces lo relacionan con la insurgencia y, por ende, entonces, el tratamiento que le dan es un tratamiento de guerra; todas estas son preguntas que tenemos que hacernos dentro de la ruta en construcción hacía una paz estable y duradera[...]".

La reflexión y el llamado de atención es real, pues lo que está en marcha en el alto Gobierno es la preparación de todo un contexto "legal" para arremeter contra la desobediencia social, contra el inconformismo popular, resumido, por ejemplo, en leyes como la de Seguridad Ciudadana, la reforma al Código de Policía y también con la Ley de fuero penal militar, con las que el Estado puede decidir arbitrariamente sobre los derechos que tienen las personas y las asociaciones, rompiendo los principios constitucionales.

 

Los 13 actúan con firmeza y dignidad

 

A pesar de la adversidad que enfrentan sorprenden las imágenes de los jóvenes procesados cuando alzan las manos y entonan al unísono canciones de rebeldía junto a sus compañeros que solidariamente han esperado en la salida de los juzgados para expresarles todo su apoyo, solidaridad y sentimientos. Los 13 no se han roto, han comportado en las audiencias una actitud firme, digna, respetable De esta manera lo narró Alexandra: "Al principio, los primeros días, mientras iniciaron las audiencias estuvieron bastante tristes, compungidos, pues les sorprendió mucho la situación, muy desanimados por lo que estaba pasando alrededor de ellos, pero después elevaron mucho su ánimo por todo el respaldo brindado nacional e internacionalmente, eso ha sido también muy favorable para el mismo proceso y para ellos en su situación particular; la gente, por ejemplo, pidiendo garantías políticas alrededor del ejercicio de la labor de la defensa de derechos humanos, de la labor de los movimientos estudiantiles y de la labor que hace el Congreso de los Pueblos, eso los ha mantenido fuertes, muy anímicos, con mucha esperanza; sus familiares también los han respaldado mucho, ha sido muy llamativa la fortaleza de las familias, sin dudar en ningún momento de sus hijos, de su activismo y liderazgo social [...]".

 

Recluidos en establecimiento carcelario

 

El juicio contra los 13 continua. Un largo camino debe ser recorrido por los jóvenes, la defensa, las familias y las organizaciones sociales, pues vendrán numerosas audiencias en las cuales la Fiscalía intentará probar la culpabilidad de los implicados, enviar a la mayoría a prisión durante años por haber –presuntamente– propiciado disturbios en la Universidad Nacional durante el mes de mayo, mucho más tiempo del que recibieron como condena los hermanos Nule por robar billones de peso al Estado, muchísimo más de lo que han pagado parapolíticos como Eleonora Pineda por asesinar colombianos, despojar y concentrar tierras, adueñarse política y económicamente de regiones enteras e infiltrar el Estado a nombre del paramilitarismo. Gran justicia.

Mientras son juzgados, deben aguardar tras los muros de la cárcel. Bermudez, al tanto de los pormenores de las situación informó: "Por el fallo de la jueza y por la boleta de aseguramiento sabemos que deben ir a la cárcel Modelo o a La Picota, y las mujeres al Buen Pastor. Ese será el sitio de reclusión. Nosotros insistimos públicamente, hicimos un llamado al Inpec para que garantice condiciones de seguridad a estas personas, y sus acciones no pueden ser tratadas como delitos comunes; la idea es que se mantengan como grupo, garantizando su cohesión; a su vez también solicitamos condiciones y garantías de seguridad dentro de los establecimientos carcelarios, porque parte de los temores que tenemos –y no es infundado– es que este tipo de judicializaciones, un falso positivo judicial, deriva después en amenazas de los grupos paramilitares, así como en desapariciones o asesinatos de los inculpados [...]".

 

¿Caso fortuito o persecución política del Estado?

 

De acuerdo a Alexandra Bermudez, un mecanismo para silenciar la protesta social está operando en el Estado colombaino: "Nosotros también alertamos alrededor de este proceso, que algunos de estos dirigentes sociales habían sido amenazados por paramilitares antes de esta judicialización. Es decir, estamos otro modus operandi de persecución política en contra de los dirigentes y organizaciones sociales. Mecanismo claro: primero aparecen amenazas de los paramilitares, luego, envés de abrir investigaciones para esclarecer esas amenazas y buscar los responsables, lo que vienen son acciones de los organismos de inteligencia del Estado alrededor de las actividades de estos dirigentes que terminan en judicializaciones, que luego se demuestra que son falsos positivos judiciales; así continúa de alguna manera esa lógica macabra que termina, en ocasiones, en asesinatos, desapariciones de dirigentes [...], de ahí nuestras preocupaciones de que nos estén aplicando esa misma estrategia de eliminación del movimiento social".

Pese a esta realidad y al conjunto de injusticias en que nada la "justicia" colombiana, nuestra entrevistada termina su narración con una sonriza que resume su confianza en el desenlace final de este proceso, en el cual saldrá airoso el movimiento social juvenil y estudiantil, representado en esta ocasión en los 13 que ahora paceden el horror del Estado inculpador, ese mismo que dio origen al paramilitaismo y lo protegió.

 

Artículo relacionado

 

http://www.desdeabajo.info/colombia/item/26896-con-proceso-judicial-viciado-pretenden-condenar-a-trece-estudiantes-en-bogota.html

Publicado enColombia
Bogotá, 12 de marzo. A sólo dos días de las elecciones legislativas en Colombia –preludio de los comicios y la sucesión presidencial de este año– agentes de la Fiscalía General arrestaron hoy a 30 líderes políticos en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Santander por tener supuestos vínculos con grupos paramilitares de ultraderecha.
 
En la región de Urabá (noroeste), fueron detenidos 25 políticos por estar presuntamente ligados al jefe paramilitar Freddy Rendón, alias Alemán, quien está preso junto con su hermano Daniel Rendón, alias Don Mario, señalado como uno de los principales narcotraficantes del país.
 
Entre los arrestados se encuentran el alcalde de la población de Arboletes, Gustavo Guerra, y sus antecesores en el cargo, Jorge Monsalve y William Saleme, además del periodista Jairo Banquets y varios funcionarios municipales.
 
De acuerdo con el fiscal general, Guillermo Mendoza, los sospechosos serán trasladados a la capital, Bogotá, para que aclaren sus supuestos vínculos con el bloque paramilitar Élmer Arenas, dirigido por Rendón, supuestamente desmovilizado después de llegar a un acuerdo con el gobierno.
 
Medios locales afirmaron que los detenidos formarían parte del grupo político Urabá Grande, surgido en 2000 en apoyo a Rubén Darío Quintero, ex congresista involucrado en la parapolítica, es decir, los nexos entre la clase política y los grupos paramilitares.
 
Los 30 detenidos de este viernes se suman a los 80 candidatos cercanos al presidente Álvaro Uribe que fueron arrestados el pasado jueves, también por supuestas ligas con el paramilitarismo.

Dpa, Afp y Reuters
Publicado enColombia