Protestas en Bielorrusia: denuncian que la Policía detuvo a 12 mil personas

Manifestaciones en las principales ciudades del país europeo

 

En Bielorrusia la policía reprimió y detuvo a miles de personas durante manifestaciones contra el presidente Alexander Lukashenko. Ocurrió este domingo, cuando alrededor de 100.000 personas se reunieron para protestar contra el mandatario, quien prestó juramento en secreto luego de las elecciones en agosto pasado. Lukashenko lleva 26 años consecutivos al frente del país europeo.

Es que desde la elección presidencial, miles de personas colman a las calles, cada domingo en Minsk, para denunciar la reelección de Lukashenko, que consideran fraudulenta. Las movilizaciones resisten pese a la fuerte represión por parte de las fuerzas policiales que arrestaron a decenas de manifestantes pacíficos y a líderes de la oposición. Según Hanna Liubakova, periodista bielorrusa, "más de 80 mujeres fueron arrestadas ayer, incluyendo menores de edad". 

Desde las elecciones, "alrededor de 12 mil peronas han sido detenidas. No tiene precedentes en la historia de Bielorrusia. Muchos han sido torturados y golpeados", denunció en sus redes sociales.

En el centro de Minsk, varias estaciones de metro habían sido cerradas al público antes de que comenzara la marcha. El Palacio de la Independencia, sede del gobierno de Lukashenko, estaba rodeado de barreras y con una fuerte custodia de la policía antidisturbios.

Oposición

Tras ser encarcelado su marido, Serguéi Leonídovich Tijanovsk, Svetlana Tijanóvskaya se presentó como candidata a las elecciones presidenciales de 2020 en Bielorrusia. Aglutinó a la oposición frente al presidente Lukashenko y, según datos oficiales negados por la oposición, logró el 9,9 % de los votos.

"¡Somos millones!", lanzó este domingo la rival de Lukashenko, Svetlana Tijanóvskaya, en un mensaje subido a las redes sociales en apoyo a la protesta, "¡ganaremos!", añadió.

"No es más presidente de Bielorrusia: es simplemente el jefe de los antidisturbios que sin distintivos actúan en las calles", completó la líder de la oposición .

Por su parte, las criticas de varios países occidentales -incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York- no tardaron en llegar. El gobierno alemán no reconoció al presidente Lukashenko y consideró que el "secreto" que rodeaba la ceremonia de investidura era un símbolo "revelador" de la debilidad del régimen y de su "falta de legitimidad".

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró por su parte que lo que ocurre en Bielorrusia es "una crisis de poder, un poder autoritario que no consigue aceptar la lógica de la democracia y que se aferra por la fuerza", en una entrevista este domingo con el periódico Journal du dimanche. "Está claro que Lukashenko debe irse", concluyó.

Estados Unidos tampoco considera a Lukashenko "como el presidente legítimo" de Bielorrusia, según afirmó en un comunicado el Departamento de Estado.

El mandatario bielorruso, que acusa a los países occidentales de impulsar las protestas, prometió una difusa reforma constitucional para hacer frente a esta crisis política, pero rechaza cualquier diálogo con los detractores del régimen, del que está al frente de 1994. El presidente se niega a dar su brazo a torcer y ha pedido ayuda a su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien prometió apoyo a nivel de seguridad "de ser necesario" y un préstamo de 1.500 millones de dólares.

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Sábado, 19 Septiembre 2020 05:29

Apoyo condicionado

Apoyo condicionado

Pese a las manifestaciones multitudinarias en su contra, el gobernante de Bielorrusia, Aleksandr Luka-shenko, se aferra al poder por tres razones: el carácter eminentemente pacífico de las protestas, el control absoluto sobre la policía y el ejército, y el apoyo que le brinda el Kremlin como mejor opción, en estos tiempos revueltos, al considerar al vecino país pieza clave para la seguridad nacional de Rusia.

Si no se produce un baño de sangre –el cual no garantiza a nadie que la balanza se incline hacia su lado, además del elevado costo que tendría– Lukashenko podrá seguir gobernando sin legitimidad, repudiado por cientos de miles de compatriotas que cada domingo salen a la calle y con el silencio cómplice de los empleados y trabajadores del sector público, cuyo salario depende de su fidelidad.

En ese contexto, teniendo en cuenta que la economía de Bielorrusia dista de ser el modelo exitoso que pregona el gobierno de Minsk y que Lukashenko necesita dinero que ya no puede obtener de Occidente para comprar la lealtad de la policía y el ejército, mantener a flote las empresas públicas y pagar los 300 millones de dólares que adeuda por combustibles rusos, el crédito por mil 500 millones de dólares anunciado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, resulta esencial para la supervivencia política de su colega bielorruso en el corto plazo.

Importa no tanto qué prometió Lukashenko –en su encuentro a puerta cerrada con Putin en Sochi– a cambio de esa tabla de salvación, sino cuánto podrá cumplir, acostumbrado a ofrecer una subordinación que nunca se concreta en hechos y que ya colmó la paciencia de Putin.

El apoyo de Rusia depende de las concesiones –desde formar una confederación en que Bielorrusia tendría un papel secundario, no mayor al de cualquier región de Rusia hasta entregar a potentados rusos las grandes corporaciones públicas mediante privatizaciones amañadas– que exige el Kremlin y que difícilmente Lukashenko esté dispuesto a hacer.

Cuando quede claro que de nuevo las expectativas acabarán en nada, Putin va a incrementar su presión sobre Lukashenko para que acepte una salida decorosa mediante una reforma constitucional que satisfaga a la oposición y convoque nuevas elecciones. Mientras, habrá que ver qué pasa mañana domingo en Minsk y otras ciudades de Bielorrusia.

 

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Sábado, 05 Septiembre 2020 05:34

Activo tóxico

Activo tóxico

El presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, repudiado desde el 9 de agosto por cientos de miles de compatriotas que exigen su dimisión y la convocatoria de nuevas elecciones, ha perdido todo contacto con la realidad y parece dispuesto a hacer importantes concesiones a Rusia con tal de mantenerse en el poder.

Emulando al inolvidable Tin Tan en la película ¡No me defiendas, compadre!, Lukashenko llegó a decir que el espionaje militar bielorruso interceptó una llamada entre Varsovia y Berlín donde queda claro que no hubo ningún envenenamiento del líder opositor Aleksei Navalny, según él lo inventaron todo.

Tendría gracia el galimatías si no fuera porque Navalny sigue en coma desde el 20 de agosto y destacadas figuras del oficialismo ruso no descartan lo que llaman "probable conspiración occidental" para dañar la imagen del Kremlin, mientras Moscú dice haber creído la versión de Minsk de que en su territorio "están listos para entrar en acción no menos de 200 extremistas de Ucrania".

Acorralado Lukashenko, antes reacio a aceptar un papel secundario en una eventual confederación con Rusia, la coyuntura es favorable para que el Kremlin intente avanzar en la articulación de un proyecto de integración que prime sus intereses geopolíticos, más allá de evitar que Bielorrusia le dé la espalda, busque alinearse con la Unión Europea y, después, abra la puerta a la OTAN.

Esta semana ambos países intercambiaron visitas de alto nivel –el canciller bielorruso vino a Moscú y el primer ministro ruso estuvo en Minsk–, que mostraron el respaldo del Kremlin al gobierno de Lukashenko, previo a la anunciada reunión de éste con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, en la cual se podrá ver hasta qué punto el huésped acepta las exigencias del anfitrión.

En paralelo, y pese a la represión, los adversarios de Lukashenko no cejan en sus demandas con multitudinarias manifestaciones y el sector más prorruso, el del banquero Viktor Barbariko, ahora en la cárcel, fundó Juntos, partido político que pretende agrupar a todos los inconformes.

Para el Kremlin, Lukashenko se presenta como mejor opción hasta que se defina la actual crisis en Bielorrusia, pero se convirtió en una suerte de activo tóxico y a la primera intentará deshacerse de él y promover a un político de su total confianza.

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Más de 200 mil personas se manifestaron en Minsk para exigir la dimisión del presidente, quien ha encabezado la nación eslava desde 1994. Especialistas califi caron la protesta como la más numerosa de la historia postsoviética. La concentración se dio en respuesta a un mitin de apoyo al mandatario, organizado por las autoridades, con miles de acarreados. En discurso, Lukashenko advirtió que el país le debe todo y que sin él desaparecerá como Estado soberano. Volvió a rechazar nuevos comicios. Foto Afp Juan Pablo Duch

Moscú. La capital de Bielorrusia, Minsk, se convirtió ayer en escenario de un mitin que reunió al menos a 200 mil personas que pidieron la dimisión de quien ha sido, desde 1994, su invariable líder, Aleksandr Luka-shenko, en lo que los observadores califican de la protesta más numerosa de la historia postsoviética de este pequeño país eslavo.

El día comenzó con un mitin de apoyo al mandatario, organizado por las autoridades con los recursos todavía a su alcance (las empresas públicas son 70 por ciento de la economía bielorrusa): miles de acarreados desde varias ciudades –el propio Lukashenko estimó que asistieron 50 mil seguidores suyos–, entre jubilados, soldados de civil y trabajadores bajo la amenaza de perder subsidios o el empleo en caso de no asistir, según numerosos testimonios.

Lukashenko –acompañado de su hijo Nikolai, de quien ha llegado a decir que le gustaría que algún día fuera su sucesor– agradeció las muestras de respaldo y dedicó la media hora que duró su discurso a advertir que Bielorrusia le debe todo y que sin él desaparecerá como Estado soberano, ante la agresividad de sus vecinos, Ucrania y varios países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que exigen a Bielorrusia repetir los comicios, lo cual él de ningún modo acepta por, sostiene, haberlos ganado sin trampas.

La inmediata respuesta de la mayoría de los bielorrusos que no temen el despido –muchas empresas del sector público ya se declararon en huelga– y consideran que, después del escandaloso fraude que Lukashenko cometió hace una semana, debe dimitir ya, se dieron cita de manera espontánea en otro mitin, esta vez de rechazo al todavía presidente, que reunió cuatro veces más participantes: al menos 200 mil personas frente a las 50 mil que por la mañana tuvieron que acudir al mitin de apoyo.

"¡Vete ya!", "¡Vivan las mujeres!" (en alusión a Svetlana Tijanovskaya, candidata unificada de la oposición que desconoció la victoria de Luka-shenko, se declaró ganadora y tuvo que exiliarse en Lituania, así como a las miles de mujeres que estos días salieron a protestar), "¡Las mujeres débiles son más fuertes que los tiranos!" y "¡Gloria a Bielorrusia!", entre otras consignas acompañaron la intervención de María Kolesnikova, quien ejerce de portavoz de Viktor Babariko, candidato presidencial encarcelado, y que forma parte del equipo de Tijanovskaya.

Al terminar el mitin, decenas de miles de inconformes –formando una columna de tres kilómetros de largo– marcharon hacia el centro de Minsk, a la plaza de la Independencia, para reiterar –en otro discurso de Kolesnikova– sus demandas frente a la sede del gobierno bielorruso, la principal de ellas: la renuncia inmediata de Lukashenko.

También exigen la libertad de los presos políticos y de los 4 mil manifestantes que aún permanecen entre rejas, así como castigar a quienes dieron la orden de reprimir a la gente que expresaba de manera pacífica su inconformidad.

Los actos de repudio a Luka-shenko ayer se extendieron por 27 ciudades de Bielorrusia, entre otras Baranovichy, Borisov, Bobruisk, Brest, Gomel, Grodno, Moguiliov, Vitevsk y Zhlovin.

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Miembros de la comisión electoral se preparan en Minsk para la jornada anticipada de las elecciones presidenciales en Bielorrusia. EFE/EPA/TATYANA ZENKOVICH

El régimen está en modo supervivencia y decidido a reprimir las protestas, incluso si tiene que derramar sangre en las calles

 

En el barrio residencial de Minsk donde me encuentro escribiendo este artículo se oye el incesante pitido de los cláxones de los coches. El sonido expresa la protesta popular en la capital de Bielorrusia contra Alexander Lukashenko y su deseo de permanecer en el poder, sumando otro mandato presidencial a un gobierno que cumple ya 26 años.

El domingo, cuando la Comisión Electoral Central anunció los resultados provisionales que indicaban un "elegante triunfo" de Lukashenko, con casi el 80% de los votos, la gente salió a las calles a defender sus votos por la candidata de la oposición, Svetlana Tikhanovskaya, que oficialmente sólo obtuvo alrededor del 10%.

Mientras los números oficiales dan una clara victoria a Lukashenko, sondeos independientes realizados a pie de urna revelaron resultados llamativamente diferentes: le daban casi el 80% de los votos a Tikhanovskaya y menos del 10% al presidente en funciones. La diferencia entre ambos recuentos, sumado a que a los observadores independientes se les prohibió quedarse en los centros de votación, generaron reacciones sin precedentes en el país.

Decenas de miles de personas se reunieron en las calles de Minsk, unidos por una simple consigna: "¡Vete!". En respuesta, los siloviki  –fuerzas de seguridad especiales del Estado– dispersaron las multitudes de forma violenta, arrestando a unas 3.000 personas la primera noche e hiriendo a cientos de manifestantes. Algo especialmente llamativo es que se realizaron protestas a lo largo y ancho de todo el país. Esta no es la reacción de un pequeño grupo de progresistas carente de representación.

Hace dos días que está bloqueado el acceso a internet. Ni siquiera funcionan bien los métodos alternativos, como las VPN (esto ya había sucedido la noche de las elecciones en 2010 y esporádicamente durante la campaña electoral de 2020). El lunes por la tarde los manifestantes ––muchos de ellos confiando en información encriptada por la aplicación Telegram– seguían intentando tomar las calles. Gracias a momentos de conectividad, se pudieron leer informaciones en Telegram que advertían que estaban entrando a la ciudad camiones militares y equipo militar adicional.

El plan de Lukashenko para permanecer en el poder se está desmoronando. En un discurso reciente ha advertido a toda la nación que no piensa "entregar el país". Tanto él como los otros miembros de su Gobierno saben que si dejan el poder ahora, serán perseguidos por las numerosas violaciones a los estándares democráticos y a los derechos humanos que han cometido, como el referéndum inconstitucional que permitió a Lukashenko presentarse como candidato a presidente de forma ilimitada; la desaparición de opositores en los años 90; y el encarcelamiento de todo aquel que se atreviera a cuestionar su autoridad, entre otras. Además, el pueblo se sentiría libre de analizar lo que ha sucedido en los últimos 26 años. El régimen está en modo supervivencia: están decididos a reprimir las protestas, incluso si tienen que derramar sangre en las calles.

Aunque Lukashenko todavía tiene poder sobre el aparato represivo del Estado –como ha demostrado la imagen de los siloviki metiendo manifestantes desarmados en camiones a plena luz del día– y sigue teniendo influencia sobre los empleados del sector público que trabajan en las comisiones electorales, ya hay señales de grietas dentro del sistema.

Varios centros de votación, tanto en Bielorrusia como fuera del país, informaron que sus recuentos de votos daban un triunfo de Tikhanovskaya sobre Lukashenko. La propia Tsikhanouskaya declaró a Associated Press que su equipo tenía pruebas de que hay muchos centros de votación "donde la cantidad de votos a [su] favor multiplicaba los votos a favor del otro candidato".

Algunas informaciones indican que la noche del domingo la policía apareció en algunos centros de votación y obligó a las comisiones a informar los resultados 'correctos'. Además, aunque muchos de los siloviki que estaban ayer en las calles reprimieron a los manifestantes, otros se negaron a participar en la represión. Estos son hechos sin precedentes en el país.

Otro motivo de inspiración para los manifestantes y aquellos que se oponen al régimen desde dentro (en las comisiones electorales y la policía) es la creciente consolidación de la sociedad civil. Los bielorrusos, aquellos que viven en el país y los de la diáspora, ya han metido la mano en el bolsillo para colaborar colectivamente con las personas detenidas y reprimidas.

Estamos en un punto de inflexión. Lukashenko tiene pocas opciones, más allá de aferrarse al poder, lo cual abre la puerta a más violencia estatal contra el pueblo. Al mismo tiempo, nunca antes ha habido este tipo de protestas contra lo insoportable que es la vida bajo el régimen de Lukashenko. Incluso si logra reprimir las protestas de los próximos días, la sociedad bielorrusa ya ha despertado hacia una lucha por la libertad que ha llegado para quedarse.

Por Katsiaryna Shmatsina investigadora del Instituto Bielorruso de Estudios Estratégicos.

11 de agosto de 2020 22:07h

 

Traducido por Lucía Balducci

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Varios heridos en los enfrentamientos entre manifestantes y policía en Bielorrusia tras la reelección de Lukashenko por sexto mandato consecutivo E

La comisión electoral del país ha otorgado a Alexandr Lukashenko el 80% de los votos en medio de múltiples denuncias de fraude

 

La principal candidata de la oposición en las elecciones de Bielorrusia, Svetlana Tikhanovskaya, ha rechazado los resultados oficiales que otorgan la victoria al presidente Alexander Lukashenko con un 80,23% del voto. "Me creo a mis propios ojos: la mayoría era nuestra", ha afirmado la candidata este lunes en una rueda de prensa en la capital, Minsk. Tikhanovskaya se considera la ganadora y ha prometido permanecer en la país para hacer campaña a favor de un cambio de régimen. Lukashenko lleva 26 años ocupando la presidencia del país y es referido a menudo como el último dictador de Europa.

Tras el anuncio de los resultados preliminares el domingo, multitud de manifestantes salieron a la calle a protestar contra el presidente en varias ciudades del país. Una persona ha fallecido y varias personas han resultado heridas en los violentos enfrentamientos ocurridos tras el cierre de los colegios electorales en Minsk entre la policía antidisturbios y manifestantes opositores indignados con la victoria del presidente, según informa Reuters. Los servicios sanitarios han informado del ingreso de varios heridos en hospitales de la capital, aunque la policía local no lo ha confirmado.

Lukashenko, de 65 años y en el poder desde 1994, buscaba un sexto mandato presidencial en medio de las tensiones con su principal aliado, Rusia, y el deshielo con Estados Unidos, que envió este domingo una segunda partida de petróleo para cubrir el vacío dejado por el crudo ruso. Su victoria ha quedado empañada por las detenciones de opositores y periodistas, el bloqueo de internet y las sospechas de fraude.

En un vídeo publicado por la prensa local se puede ver cómo un camión de la policía atropella a un grupo de manifestantes en el centro de la capital, accidente en el que habrían resultado heridas varias personas. La policía recurrió a balas de goma, mangueras y granadas ensordecedoras para dispersar a los miles de manifestantes, que en una de las avenidas de la ciudad levantaron una barricada con bidones y otros objetos del mobiliario público. la policía ha detenido a alrededor de 3.000 personas, según ha informado la agencia de noticias rusa RIA citando al ministro de Interior bielorruso.

También se informa de la llegada de numerosas ambulancias a las zonas de la ciudad donde se han producido los choques más violentos, que también se han registrado en otras ciudades de este país, presidido por Lukashenko desde 1994. La prensa habla de protestas en Brest, Gomel, Grodno y Vitebsk, entre otras, aunque la líder opositora, Svetlana Tijanóvskaya, había instado a los bielorrusos, "civiles y de uniforme", a no recurrir a la violencia tras las presidenciales.

Una vez estallaron los enfrentamientos, Tijanóvskaya se dirigió de nuevo a manifestantes y fuerzas de seguridad para frenar la violencia. "Quiero pedir a la policía y a las tropas (de Interior) que recuerden que son parte del pueblo. Y a mis votantes que abandonen las provocaciones y no den motivos para el uso de la violencia en su contra. Por favor, cesen la violencia", dijo.

Lukashenko, cuyo poder se sustenta en el Comité de Seguridad del Estado (KGB), había advertido al votar en la mañana del domingo que no permitiría una revolución a la ucraniana y descartó que el país se pudiera ver abocado a una "guerra civil".

Mientras el sondeo oficial encargado por el Gobierno otorgaba a Lukashenko una victoria con el 79,7% de los votos y a Tijanóvskaya apenas un 6,8%, el recuento paralelo de la oposición daba un resultado muy diferente: un 80% a favor de la candidata de la oposición unificada. El exiliado candidato opositor Valeri Tsepkalo, que apoyó a Tijanóvskaya en los comicios, advirtió que la opositora podría no reconocer los resultados y recurrir a los tribunales.

El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, había pedido a las autoridades que garantizaran unas elecciones "pacíficas, libres y justas". Las elecciones tuvieron lugar en medio de las tensiones con Rusia y la normalización de las relaciones con EEUU, que acordó con Minsk el envío de un embajador tras 12 años de ausencia.

Por EFE/elDiario.es

10 de agosto de 2020 08:22h

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Juan Orlando toma posesión como presidente de la mitad de Honduras

El mandatario asumió el cargo este sábado en medio de violentas manifestaciones en las calles de Tegucigalpa en protesta por una reelección que consideran ilegítima


El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, asumió hoy su cargo como jefe del Estado para los próximos cuatro años. Orlando gobernará un país dividido en el que la oposición no reconoce su victoria electoral y donde crecen las voces que señalan el giro autoritario en su gestión.


Mientras prometía un futuro mejor para el país, miles de personas llegadas de todos lados hasta la capital, Tegucigalpa, protestaban en contra de lo que consideran una reelección ilegítima y una turbia victoria electoral que ganó en noviembre por poco más de 50.000 votos.


Precisamente el miedo a las protestas marcó la ceremonia, y hasta pocas horas antes de su toma de posesión se desconocía la hora y el lugar desde donde juraría el cargo —con la mano sobre la Biblia— y se dirigiría al país, con la banda presidencial cruzándole el pecho.


Solo cuando apareció sobre el pasto junto a su esposa y rodeado de guardaespaldas, se supo que la investidura sería en el Estadio Nacional. A pesar de que tiene una capacidad para 35.000 espectadores, el mandatario definió el acto como algo “sencillo”, alejado de la ostentosidad de otras veces. Esta vez se querían evitar los disturbios ante una potencial movilización de miles de personas.


La oposición, liderada por Salvador Nasralla y Manuel Zelaya, no reconoce los resultados de las elecciones del pasado 26 de noviembre que dieron la victoria al mandatario conservador por unos 50.000 votos. Hasta el momentoEstados Unidos ha dado por bueno el resultado pero la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió nuevas elecciones al constatar graves irregularidades antes durante y después del día de votación. El conflicto desató una ola de protestas en todo el país que han dejado hasta el momento 34 muertos, según cifras de organizaciones de Derechos Humanos, decenas de heridos y negocios quemados y saqueados.


Consciente de su escaso apoyo popular, Orlando reconoció la división que su reelección ha generado. “Si una casa está dividida no puede permanecer y soy consciente de las diferencias políticas en el país, pero no hay diferencias que justifiquen la violencia (...). No es justo generar ese temor”, señaló.


Durante una hora, defendió su gestión en tres aspectos: la economía, la reducción de homicidios y su lucha contra la corrupción. “Hemos reducido los homicidios y pusimos en orden las finanzas públicas. Somos el país que mejor lo hizo en Centroamérica” presumió. Sobre corrupción, en un ejercicio de impúdico de funambulismo, el mandatario citó a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) como ejemplo de su compromiso solo unos días después de que el Congreso mutilara las principales competencias de esta Comisión creada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la impunidad.


Desde hoy Juan Orlando tendrá que gobernar un país de más de nueve millones personas, que expulsa anualmente 75.000 migrantes y que produce cada año cinco millones de piñas.


Sin embargo, el enérgico abogado de 49 años, que con 22 entró en política, es hoy un mandatario sobre el que recaen sospechas de fraude electoral y acosado por la corrupción y el narcotráfico. El presidente del congreso, de su partido, ha sido acusado de apropiarse de fondos destinados a organizaciones no gubernamentales y al jefe de la policía está señalado por encubrir el envío de una tonelada de cocaína.


“Soy Juan Orlando Hernandez y estoy listo para darlo todo por honduras, por mi pueblo, por todos...el trabajo lo vence todo”, terminó gritando mientras agitaba el puño a la multitud que lo aplaudía. Mientras esto ocurría una batalla campal entre policías y manifestantes se libraba en las calles de Tegucigalpa.

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Graves incidentes en Honduras antes de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández

La tensión crece en Honduras a una semana de que el presidente Juan Orlando Hernández jure el cargo para un nuevo mandato. Cientos de manifestantes salieron a las calles este sábado para bloquear carreteras del país centroamericano y oponerse a lo que consideran la consumación de un fraude electoral en las elecciones del 26 de noviembre de 2017. El expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009 y coordinador de una alianza de izquierda, ha asegurado a la agencia de noticias AFP que la policía mató a un hombre de 60 años en la comunidad de Sabá (Colón) durante la protesta.


"Se han registrado algunas tomas de carreteras a nivel nacional, pero se están despejando en forma pacífica", confirmó un portavoz militar esta tarde. Las autoridades habían desplegado, desde este viernes, a miles de militares y policías en el país para disuadir a los manifestantes convocados por la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Este grupo había hecho un llamamiento para manifestarse en contra de la asunción de Juan Orlando Hernández, el próximo 27 de enero, bloqueando carreteras, accesos de aeropuertos, puertos y fronteras. Una de las zonas afectadas esta tarde fue la carretera principal del país, que conecta la capital, Tegucigalpa, con San Pedro Sula, a 100 kilómetros al norte.


Uno de los que convocaron a la protesta fue Salvador Nasralla, el candidato derrotado en las elecciones presidenciales del año pasado. El aspirante, un popular expresentador de televisión de 64 años, estuvo presente en una conferencia de prensa este martes, donde enseñó a sus simpatizantes cómo colocarse una máscara de gas para las protestas. Nasralla perdió los comicios después de un retraso de 36 horas en el recuento y la intervención del tribunal electoral hondureño.


El portavoz de la policía dijo que un agente y un militar fueron heridos por piedras arrojadas por los manifestantes en Colón. Otro policía también fue lesionado en las protestas de Taulabé, al norte de Tegucigalpa. Siete personas fueron detenidas por la quema de neumáticos alrededor del país. Las fuerzas del orden respondieron a los manifestantes con gases lacrimógenos. El portavoz militar también confirmó que fueron decomisados varios cargamentos con llantas que iban a ser quemadas para extender las protestas.


El expresidente Zelaya denunció ante las agencias de información internacionales que el hombre fallecido se llamaba Anselmo Villarreal. "La gente dice que escucharon una ráfaga de tiros y el hombre cayó herido y se desangró", dijo. Las organizaciones no gubernamentales afirman que más de 30 personas han muerto desde que iniciaron los enfrentamientos poselectorales. Tanto Zelaya como Nasralla llamaron a sus simpatizantes a extender la ola de protestas hasta el próximo sábado, cuando Hernández pretende iniciar un nuevo mandato en una ceremonia austera que no contará con la presencia de dignatarios de otros países de la región.

 

Tegucigalpa 20 ENE 2018 - 21:40 COT

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Sábado, 09 Diciembre 2017 05:44

La ingeniería del estado de sitio

La ingeniería del estado de sitio

 

Darío Euraque es uno de los historiadores hondureños más reconocidos internacionalmente por su trayectoria y producción académica. Entre otros méritos, ha matizado exitosamente la noción de “república bananera”, idea peyorativa con la que históricamente se asocia a los países centroamericanos y que precisamente se inició y ambientó en Honduras a partir de la novela de Williams S Porter (1862-1910). Además de sus obras históricas, Euraque es autor de un libro testimonial sobre el golpe de Estado de 2009, episodio que vivió en carne propia mientras colaboraba con el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales. Desde entonces, despojado de su cargo al frente de la gestión del patrimonio cultural del país, regresó al Trinity College, en Estados Unidos, donde estudió y es profesor titular desde hace más de dos décadas. Brecha conversó con él acerca de la débil institucionalidad en Honduras y la influencia de Estados Unidos en su país, pero también sobre los desafíos novedosos que enfrenta una nueva generación de jóvenes que ha comenzado a participar y defender con fuerza sus derechos.


—¿Qué hay de novedoso, y también de continuidad, en lo que acontece actualmente en Honduras?
—Hay ciertos fenómenos que sí son novedosos, otros que no, y que si no se comprenden ambos, uno puede menospreciar, reduciendo lo que está sucediendo a la caricaturización de lo que es un país pobre, o “república bananera”. Lo más novedoso es lo siguiente: por primera vez en la historia del sistema político hondureño, desde la independencia hasta ahora, un gobierno que se quiere reelegir –algo nada nuevo para el país– se enfrenta en una elección general a una coalición de partidos integrados en una alianza electoral. Aunque parezca normal en otros sitios, es totalmente nuevo para Honduras, nunca se había hecho eso. La Alianza de Oposición Contra la Dictadura –así se llama– la conforman tres partidos, todos nuevos, generados a raíz de la resistencia contra el golpe de Estado de 2009. Esto también aporta otra novedad, porque no sólo es que están en “alianza” sino que los partidos más antiguos, el Partido Libertad y Refundación (Libre), del ex presidente derrocado Manuel Zelaya Rosales, y el Partido Innovación y Unidad (Pinu), socialdemócrata, fundado a comienzos de los setenta, le ceden la candidatura presidencial a Salvador Nasralla, un personaje que en 2011 había fundado el Partido Anticorrupción (Pac). Hasta su título es interesantísimo en un contexto como el de Honduras. Nasralla es un hombre que no tiene vínculos políticos con los partidos antes de 2011 y que es de ascendencia árabe-libanesa. Esto es relevante, dado que en Honduras, aun después del golpe de Estado –no es menor señalarlo–, existió, incluso desde la izquierda, una etnofobia contra la presencia de la “hondureñidad palestina”, en parte porque el gran capital hondureño ha estado en manos de muchas familias de ascendencia árabe-palestina, y en parte porque muchos de ellos, no sólo de familias importantes sino los dueños del gran capital –sobre todo financiero, comercial– y de los principales periódicos de Honduras, radioemisoras y canales de televisión, apoyaron el golpe de Estado de 2009. En ese marco tener a Nasralla como el candidato de esta coyuntura, con ese perfil, es totalmente nuevo en la historia política del país. A ello debe agregarse que, aun si presumimos que no existió fraude –aunque yo creo que existió–, el hecho de que una alianza de estas características, con este candidato, pierda –aunque eso está por verse todavía– con una diferencia de uno o dos puntos es inédito, no sólo en la historia de Honduras, sino de toda Centroamérica.


—Más aun si tenemos en cuenta la débil institucionalidad histórica de los países centroamericanos, y más incluso en el caso de Honduras.
—Hay un hecho que no se conoce fuera pero es importante: Honduras ha tenido 15 constituciones desde la independencia, con todo, ésta bajo la cual se organizaron las elecciones y que fue violentada con el golpe de Estado de 2009 es una de las que han durado más tiempo. Se remite al año 1981, cuando Honduras y otros países de Centroamérica intentaron transitar a la democracia como forma de dejar atrás las guerras civiles. Hasta entonces Honduras, al igual que los países de la región, salvo Costa Rica, había estado bajo regímenes militares que gobernaban dictatorialmente, más allá de que existía otro texto constitucional de 1965 pero al que nadie le prestaba atención. Por lo afirmado, debe tenerse presente que el país ha tenido en promedio una Constitución cada diez o quince años, lo cual tiene una indudable repercusión en todo el sistema político.


Ahora bien, soslayando los períodos dictatoriales, en los pocos momentos en que ha habido gobiernos civiles, esos mismos gobernantes, para mantenerse en el poder y continuar y neutralizar resistencias, han recurrido al fenómeno que está viviendo Honduras actualmente, y que es un estado de sitio. A este respecto es importante mencionar el trabajo de un colega estadounidense, Kevin Coleman, quien fue el primero en generar un registro sistemático del número de veces y la cantidad de tiempo en que, desde fines del siglo XIX hasta los sesenta del siglo XX, Honduras vivió en estados de excepción durante los cuales la población perdía sus libertades de asociación, reunión o expresión. Obviamente que cuando hay una dictadura se pierde eso, pero lo que no se sabe es que los mismos gobiernos civiles y democráticos han recurrido a este recurso: el hecho de que el presidente Juan Orlando Hernández recurra en Consejo de Ministros al estado de sitio ha sido como sacarse una pluma del bolsillo. Es parte de la ingeniería antidemocrática que usan todos los partidos.
Incluso iría más lejos, eso permea muchos impulsos antidemocráticos y autoritarios de la población hondureña en general, y lleva a que la forma de resolver los problemas sea –a sabiendas de la historia de golpes y estados de excepción– recurriendo a la violencia.


—Por lo que explicas, parece que entonces la Alianza es temporal.
—No. A pesar de esta tradición antidemocrática que de alguna manera acabo de caracterizar, hay una serie de factores que incidieron no sólo en que surgiera un Libre, una figura como Nasralla, sino un Frente de Resistencia Nacional Popular, que si bien ha sido golpeado con asesinatos y más, es posible que todo esto sea quizás una transición a una cultura política mucho más madura. Y allí hay factores clave que pueden explicar esto. Uno es que la población hondureña en general –y la población electoral– es bien joven, y en torno a ella surge el carácter no alienado de su comportamiento electoral con los partidos históricos, sea con los liberales como con el Partido Libre. Entonces tenemos un fenómeno extraordinariamente novedoso y a mi juicio bienvenido: la destrucción del Partido Liberal, un partido que definitivamente perdió la visión social que tuvo en los cincuenta y los sesenta, y que más recientemente apoyó el golpe de Estado, ahora cosecha una adhesión de 15 por ciento. Eso quiere decir que las nuevas generaciones de votantes no cayeron en el tradicionalismo.


—¿Cuánto incidió entonces una figura como la de Nasralla, en su rol de comunicador, relator y presentador de televisión, para cosechar el apoyo de esa nueva generación juvenil de votantes?
—A mi juicio debe añadirse otro elemento que es más estructural que Nasralla y que pasa por el acceso a los medios de comunicación y a una cultura de las redes sociales que no existía tan masivamente en 2009. Desde esa fecha hasta ahora se ha desarrollado toda una cultura de redes sociales que los partidos ya no controlan y que sí la maneja esa juventud, que se articula incluso a nivel internacional. He aquí entonces el vínculo entre ese fenómeno y Salvador Nasralla. Él es ingeniero, estudió en Chile también, pero políticamente no construyó nada en Honduras hasta muy recientemente, y de hecho es conocido en el país por dos papeles muy populares que desempeñó. Uno tiene que ver con ser narrador de fútbol, por radio y televisión. Además cultivó su imagen: es un hombre alto, blanco, lo que en Honduras es una excepción al fenotipo y llama la atención. Es un gran amante del deporte, sobre todo del fútbol, gran defensor de la camiseta hondureña, y tiene una forma particular de narrar o relatar –como dicen en Uruguay– los goles. Entonces miras en sus discursos y parece que nunca se le olvida que ya no está narrando partidos sino que está brindando discursos políticos.


Para finalizar, en torno a su papel mediático, él fundó y conduce un programa de televisión de sorteos que se llama X0 da dinero, muy popular, que se emite en vivo y se ve no sólo en la capital, y que tiene como quince años.


—Resulta inevitable consultarte acerca de Estados Unidos, que ha permanecido extremadamente silencioso en una región donde históricamente su poder se ha impuesto decisivamente.
—Cuando digo Estados Unidos me refiero fundamentalmente a la embajada. No dudo de que tras las sombras está buscando formas de proteger sus intereses. Pero se da una coyuntura muy especial y creo que es importante no reducirla a superficialidades. Lo primero es la Alianza, algo a lo que nunca se ha enfrentado un gobierno estadounidense en Honduras. Están acostumbrados a los viejos políticos tradicionales, y Salvador Nasralla no lo es. Por otro lado está también el grave problema del narcotráfico. En los últimos cuatro años se han extraditado 16 capos a Estados Unidos, pero eso no quiere decir que desaparecieron las estructuras. Entonces eso es parte de la preocupación, porque en esta coyuntura no desean otro vacío de poder como el acontecido en los meses siguientes al golpe de 2009, cuando los cárteles de México y Colombia prácticamente contribuyeron a la elección de Juan Orlando Hernández en 2013. Y es importante recordar que el hijo del ex presidente Porfirio Lobo –del Partido Nacional, que asumió tras el golpe de Estado–, Fabio Lobo, está preso en Estados Unidos por narcotráfico, condenado a 24 años. No sólo eso: el hermano de Juan Orlando Hernández que es diputado del Partido Nacional ha sido sindicado por uno de los cárteles, el de Los Cachiros, como uno de los puentes del financiamiento que otorgó el narcotráfico a la campaña de Hernández en 2013. Entonces a los estadounidenses les preocupa también que si apoyan a Juan Orlando Hernández –por no querer a la Alianza donde está Zelaya, y que no pueden controlar– apoyan al narcotráfico.


En suma, lo anterior debe contextualizarse y analizarse a la luz de lo que es la política interna de Estados Unidos. Recuérdese la investigación en marcha en torno a las relaciones entre el círculo más inmediato del presidente Trump –y quizás él mismo– con los rusos en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia. Por otra parte, debe recordarse que el Departamento de Estado no es bien visto por este presidente, todo lo cual parece explicar también ese silencio. En otros tiempos hubiera habido pronunciamientos mucho más fuertes. Trump ni siquiera ha nombrado un embajador en Honduras. Ese es un contexto de sospecha que no debe menospreciarse.

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Honduras: una resistencia que revela los límites de la represión

La mañana del 30 de noviembre de 2017, la poeta hondureña Melissa Cardoza, feminista radical y acompañante del movimiento indígena, negro y campesino de su país, se comunicó conmigo: “Hoy por la mañana han prendido fuego a la Casa-Museo del Hombre, lugar emblemático del quehacer cultural en Tegucigalpa. Ayer lxs artistxs e intelectuales de Honduras enviaron un manifiesto fuerte a la población para que saliera a defender el estado de derecho. Hoy a las 6 a.m. inició el incendio en el Museo, se ha quemado todo. El poeta Fabricio Estrada escribió: Han tenido que incendiar un museo para alumbrar su era de barbarie”. Hacía cuatro días que las elecciones presidenciales no arrojaban resultados sobre el ganador, ya que las tendencias favorecían al candidato de la oposición, Salvador Nasralla. La amenaza de un fraude, después de que con el 57% de los votos contados Nasralla ganaba con un 5% de ventaja, iba caldeando los ánimos. La población hondureña cuestionó un sistema electoral que, después del golpe de Estado de 2009, sólo ha servido para sostener el estado de las cosas. El sistema de cómputo del Tribunal Supremo Electoral colapsó antes de dar a conocer los resultados y, al reinstalarse, el presidente Juan Orlando Hernández, iba ganando por un 1%. Nadie le creyó. La noche del 30 de noviembre, en el puerto de La Ceiba, los militares tiraron de un puente y mataron a José Abilio Soto, quien se manifestaba con una banderita que decía “Fuera JOH”.


A la mañana siguiente otro muerto por los militares, en el mismo puente, un muchacho de 16 años, José Fernando Melgar al que le dispararon desde lejos. Y golpes brutales, violencias verbales, lanzamientos de gases asfixiantes en todo el país. A las 23 horas del 1 de diciembre de 2017, quienes estábamos pendientes de la realidad hondureña anochecimos con la noticia de que, para no tener que comprobar los resultados de la contienda electoral del 26 de noviembre, José Orlando Hernández había decretado diez días de toque de queda. El ejército, a los 15 minutos, mató de un disparo en la cabeza a una jovencita que intentó avisar a su hermano, Kymberly Dayana Fonseca Santamaría.


Sobre Honduras recae desde siempre un silencio mediático que ha convertido al segundo país más grande y más poblado de Centroamérica es un enigma. Desgraciadamente, también ha construido el desinterés para desentrañarlo. Así que cuando un Golpe de Estado (y Honduras después de Bolivia es el segundo país que más golpes de estado ha sufrido en América) saca momentáneamente del anonimato a Honduras, muchos (y hablo en masculino porque son casi siempre hombres) analistas políticos recurren a lugares comunes que no han construido sólo las burguesías locales y la política imperialista de Estados Unidos, sino que fueron reciclados y repetidos por las izquierdas poco críticas.


Según estos analistas, Honduras no es más que el país de donde salió la coalición militar encabezada por los estadounidenses con el apoyo de tropas centroamericanas para derrocar el gobierno legítimo de Jacobo Árbenz en 1954; el país que alberga la base aérea estadounidense de Soto Cano, la más grande de América latina, en Palmerola; el territorio donde se refugiaba la contra nicaragüense durante la guerra sucia que se llevó a cabo contra la Revolución Sandinista; el país cuyo ejército fue reformado por un embajador USA, John Dimitri Negroponte, en la década de 1980 para garantizarse el apoyo irrestricto a las tropas de su país cuando actúan en el Istmo centroamericano o desplazan los militares de su Comando Sur hacia la América meridional.


Todo ello es cierto, por supuesto. Así como es cierto que ha sido un país donde las derechas mundiales han ensayado sus políticas. Como en el Chile de Pinochet se experimentó la imposición del neoliberalismo, en el Honduras de 2009 se editó el modelo de los golpes blandos o golpes parlamentarios que se sucedieron sin éxito en Ecuador, y exitosamente en Paraguay y Brasil, la segunda economía americana.


Después de las retóricas afirmaciones posteriores a la caída del muro de Berlín, era muy difícil que el mundo unipolar volviera a la mano fuerte sin contravenir sus propios postulados de que, donde no había intentos comunistas, eran inútiles los gobiernos fuertes y los golpes militares. En 2009, exactamente veinte años después de la declaración del fin de la historia por parte de los dirigentes neoliberales, en Honduras los golpes de estado se reciclaron. Contra un presidente que se había atrevido a subir el salario mínimo más reducido de América y que intentó una consulta popular para reformar la constitución a través de una Asamblea

Constituyente, se levantó un sector de la derecha parlamentaria, apoyada por las cúpulas religiosas católicas y neoevangélicas, que instó al ejército a sacar de su cama en palacio presidencial a Manuel Zelaya y su familia y mandarlos al exilio en pijama.


Después del golpe militar del 28 de junio de 2009, las mujeres hondureñas salieron a la calle y congregaron alrededor de sus figuras de madres, trabajadoras de los mercados, campesinas, afanadoras, maestras, abogadas, escritoras, feministas y no, todas indignadas, no sólo a decenas de organizaciones populares y juveniles, sino que a los mismos sindicatos que las habían marginado históricamente. Hasta la realización de elecciones, el 29 de noviembre de 2009, elecciones que en el enrarecido clima político de la Honduras que resistía el golpe representaban de hecho un abuso de autoridad, las mujeres y sindicatos hondureños organizaron una protesta visible, caminada, gritada, de cuerpo presente, cada mañana por las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula. El 15 de septiembre, día en que se conmemora la Independencia de Centroamérica, casi el 8% de la población salió a manifestarse: 600 000 personas desafiaron al Congreso que había decretado un estado de sitio y suspendido las garantías de la ciudadanía. Motociclistas, peatones, señoras que interponían sus autos entre las tanquetas policiales y las y los manifestantes. Honduras respondió que no al golpe. Logró el apoyo de la Organización de Estados Americanos, que suspendió a Honduras como miembro hasta que el país restaurase “el Gobierno democrático” (que sólo podía ser el de Manuel Zelaya). Asimismo, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezuela y Suecia anunciaron sanciones económicas para Honduras; el Banco Internacional de Desarrollo y el Banco Mundial suspendieron la ayuda financiera que le otorgaban. Todas las delegaciones diplomáticas de la Unión Europea se retiraron, mientras muchas feministas llegaban a las sentadas de la poeta Amanda Castro en la Plaza Morazán y a las marchas de apoyo al pueblo hondureño. Contra el Golpe, Poesía llamaron a su acción, que contemplaba lecturas en voz alta, escrituras colectivas, abrazos a la población, huelgas de compras, distribución de donaciones recibidas de manos de otros poetas y de editores de libros y revistas.


El reconocimiento de la legitimidad de las elecciones de noviembre de 2009 por parte de los organismos internacionales golpeó duramente la resistencia hondureña, que poco a poco fue replegándose de las calles. El país se hundió en ocho años de represión, acompañada de un crítico incremento de la delincuencia más letal. Honduras cuenta con más de 90 muertos asesinados por cada 100 000 habitantes, 11 al día, lo cual le valió, en 2013, ser el país con la tasa más alta de homicidios del mundo. La represión contra sindicalistas, activistas de la diferencia sexual y, sobre todo, dirigentes campesinas e indígenas, se ha generalizado. Los feminicidios alcanzan cifras brutales, habiéndose incrementado en un 65% después del golpe. Aproximadamente 53 mujeres son asesinadas al mes, en muchos casos después de ser golpeadas, secuestradas y torturadas. El 3 de marzo de 2016, la dirigente lenca Berta Cáceres, feminista indígena y ecologista, fue asesinada en su casa frente al ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien sobrevivió al ataque porque lo consideraron muerto. Funcionarios hondureños y ejecutivos de la empresa energética DESA estuvieron involucrados en su asesinato. "La evidencia existente es concluyente sobre la participación de numerosos trabajadores del Estado (policías, militares y funcionarios), así como de directores y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento", señala el informe de 92 páginas titulado Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres, que elaboraron juristas de Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Holanda. El plan para matar a la activista, que buscaba paralizar la construcción de la presa Agua Zarca en el río Gualcarque del que dependen varias comunidades del pueblo lenca, se maquinó en noviembre de 2015. Berta Cáceres había sufrido dos intentos de asesinato en los meses inmediatamente anteriores a su muerte, a pesar de haber sido galardonada con el premio internacional Goldman en 2015.
Honduras es un país de represión brutal, a la vez que es un país tenazmente vital, aspecto este último completamente invisible a ojos de la prensa mundial. Seis pueblos indígenas y afromestizos, así como una densa población urbana, suman poco más de 9 millones de habitantes, que han resistido las más despiadadas políticas de aniquilación de la protesta y de la organización comunal y colectiva. Si en las décadas de 1970 y 1980 no sostuvo una guerra de liberación nacional es porque sus grupos políticos armados fueron diezmados al nacer, con una letalidad militar sólo equivalente a la mexicana actual. Sin embargo, sus grupos feministas –tardíos, diversos, más autónomos que institucionales- han sido también de los más irreverentes hacia la cultura patriarcal, el control de las familias nucleares, la dominancia de los mandatos católicos y neoevangélicos, la separación entre las demandas de las mujeres urbanas y letradas de las exigencias de mujeres indígenas, campesinas y defensoras garífunas del territorio contra la industria turística y la explotación hídrica y agroindustrial. Interclasista e intercultural, el conjunto de los feminismos hondureños cuenta con voces autónomas fundamentales, capaces de análisis y descripciones propias de los sentimientos políticos y sociales de las mujeres. Por ejemplo, Melissa Cardoza escribió que la segunda noche de queda, cuando una masa de gente se armó de antorchas y desafió a los militares, fue también la noche de las cacerolas que gritan su descontento. “Pero he ahí que del más humilde rincón de una cocina cualquiera, entre los trastos lavados y ordenados que una mujer dejara en su lugar, una tapadera, una olla de frijoles, un sartén para panqueques, un comal tortillero vinieron a salvarnos del naufragio al que nos avienta con intención una dictadura que aprieta la emoción antigua de la derrota hasta intentar devastarnos. Trastes diarios acudieron con sus ruidos a soplar el rescoldo que tenemos en estos territorios llamados Honduras, donde la brasita de la esperanza no se apaga, aunque la machaque la bota militar”.


La mañana del 5 de diciembre, Honduras fue sorprendida por un hecho tan sorprendente como trascendente. Cientos de policías de la unidad antidisturbios, conocida como Cobras, y los efectivos de la policía metropolitana se autodefinieron como pueblo que no puede reprimir al pueblo. Desde el lunes 4 de diciembre, los Cobras, una élite policial desplazada por la creación de la Policía Militar de Juan Orlando Hernández, habían salido a las calles de Tegucigalpa para mostrar su rechazo a la orden de reprimir a la población. Muchos civiles los recibieron con aplausos, algunas señoras les pasaron botellas de agua, comida y hasta flores.

Cubriéndose la cara para no ser reconocidos por las autoridades y la policía militar (que sigue reprimiendo a los y las manifestantes y ha entrado a disparar en los barrios donde en tiempos de paz no se apersona, propiciando la duda acerca de las finalidades de limpieza social de la represión), gritaron que no quieren reprimir a su gente, “ya no queremos combatir al pueblo". Acto seguido, marcharon con las y los manifestantes reclamando el recuento de votos y el fin del toque de queda. Uno de ellos le dijo a la escritora feminista Jessica Isla que sobre de ellos se dispara sin que nadie los proteja, porque el presidente Juan Orlando Hernández actuó contra la constitución al buscar la reelección. Hasta 2015, la presidencia hondureña tenía proscrito aspirar a un segundo mandato, pero un fallo de la Corte Suprema levantó la prohibición constitucional, provocando el enojo de la oposición. La rebelión de la policía antimotines, así como el hecho que el toque de queda es violado por masas de jóvenes todas las noches, revelan que la autoridad de Juan Orlando Hernández es muy frágil y que la mayoría de la población busca poner fin a 9 años de vejámenes.


En estos días de rebelión contra un fraude electoral que sólo garantizaría la continuidad de gobiernos de dudosa representación política, todos electos en las condiciones de inestabilidad propiciadas por el golpe de 2009, la prensa internacional ha hecho hincapié en el peligro del desborde de la rabia popular. La prensa local, por el contrario, ha resaltado la participación juvenil en las manifestaciones. En las páginas de “memes” y caricaturas contra el fraude circulan imágenes de jóvenes encapuchadas, muchachos indignados y, en general, se hace referencia a una revuelta de “millenials”. Se trataría de una revuelta de personas que nunca conocieron la democracia en su vida adulta.


Jessica Isla no niega la enorme participación juvenil, pero sostiene que más que a un sector etario habría que referirse a las mujeres para dibujar el panorama social de las y los inconformes: “Se ha hablado mucho en los medios y otros espacios de la participación de la juventud. Y eso está bien, no es mi intención negarlo. Sin embargo bajo ese velo de juventud se hacen invisibles otra vez a las mujeres, que no olvidemos, fueron junto a la población joven la mayoría de votantes y buena parte de las que están resistiendo en las casas y en las calles, como el Golpe de Estado de 2009. Son las mujeres las que están entregando flores a los policías, son ellas las que se movilizan, son las que abrazan a las fuerzas represoras para que no disparen, son las que cocinan para la masa de gente que se mueve, son las que limpian y finalmente, somos las que atendemos víctimas, cosemos heridas y enterramos a nuestros muertos”.

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