Una mujer sostiene una pluma de águila durante el acto de presentación de la investigación estatal por el genocidio de las mujeres indígenas, en Quebec, Canadá. / REUTERS - CHRIS WATTIE

La comisaria de la investigación ha alertado de que la desaparición y muerte de mujeres indígenas supone una "emergencia nacional".

Una comisión oficial de investigación ha denunciado después de tres años de trabajo la complicidad de las autoridades canadienses en lo que ha calificado de genocidio perpetrado contra mujeres y niñas indígenas en los últimos años. La investigación se puso en marcha tras la muerte de más de un millar de mujeres y niñas indígenas en las últimas décadas.
Las conclusiones han sido presentadas este lunes en Ottawa e incluyen un amplio abanico de recomendaciones para el Gobierno, la Policía y la población en general para atajar los niveles "endémicos" de violencia contra las mujeres indígenas y también contra personas estigmatizadas por su orientación sexual.


La comisaria jefa de la investigación, Marion Buller, ha defendido las conclusiones no como recomendaciones sino como "imperativos legales" necesarios para poner fin a la espiral de violencia. "Este informe trata del bello pueblo indígena y de factores sistémicos que llevan a que pierda su dignidad, la humanidad y, en demasiados casos, la vida", ha argumentado Buller, la primera indígena que ha llegado a juez de un tribunal provincial canadiense, según recoge la televisión pública canadiense CBC.


"Este informe trata de un genocidio deliberado por motivo de raza, identidad y orientación sexual", ha remachado, al tiempo que ha alertado de que la desaparición y muerte de mujeres indígenas supone una "emergencia nacional".


Entre las medidas concretas que propone, el informe plantea dar reconocimiento oficial a los idiomas indígenas, una renta mínima, profundas reformas del sistema judicial y de la Policía y un agravamiento de las penas para casos de violencia de género.


Así, denuncia que las investigaciones de asesinatos y desapariciones de mujeres indígenas se tratan de forma diferente a los demás casos y por tanto hay menos casos resueltos. Cuando hay opciones razonables de condena, es demasiado frecuente que se alcancen acuerdos de inculpación a cambio de reducciones de condena, que a veces incluso quedan por debajo del mínimo de 10 o 25 años de prisión en los casos de los delitos más graves.


En respuesta propone incorporar más indígenas como jueces, instructores y policías y plantea incluso la creación de una jurisdicción diferenciada para los casos penales con indígenas implicados.


"Los críticos tendrán miedo y se quejarán del coste de la reconstrucción, de que ya se ha hecho bastante, que ya se ha gastado bastante. A ellos les diré que como nación no podemos permitirnos el no reconstruir. De lo contrario, estaremos permitiendo que continúe este genocidio en nuestro propio país y con pleno conocimiento", ha argumentado.
Los indígenas canadienses suponen apenas un 4% de la población de Canadá, pero sus tasas de implicación en crímenes violentos, pobreza y drogadicción son muy superiores a la media.

04/06/2019 10:00 Actualizado: 04/06/2019 10:00

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¿En la era del perdón o de la agresión?

Las reclamaciones de disculpa y de indemnización por atrocidades cometidas en las relaciones entre pueblos o países fueron frecuentes a lo largo del siglo XX. Son ejemplo de ello las iniciativas de Alemania en el caso del holocausto y de Estados Unidos en el caso de los japoneses estadounidenses presos durante la Segunda Guerra Mundial. El siglo XXI ha sido particularmente insistente en la exigencia (no siempre atendida) de reclamaciones de disculpa por crímenes, atrocidades y violencias cometidas en el pasado más o menos lejano en el contexto del colonialismo europeo.

En ocasiones, las reclamaciones de disculpa se acompañan de la solicitud de reparaciones o indemnizaciones. He aquí algunos ejemplos. En 2004, el Gobierno alemán reconoció la atrocidad cometida contra el pueblo de Namibia, el genocidio de 65.000 personas de etnia herero que se habían rebelado contra el colonizador en 1904. En 2018, el gobierno de Namibia exigía la solicitud formal de disculpas y la reparación financiera por el mal cometido, lo que fue rechazado por el gobierno alemán. En 2008, en visita a Libia, el por entonces primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, pidió formalmente disculpas al pueblo libio por las "profundas heridas" causadas por los treinta años de la colonización italiana y prometió una inversión de 5000 millones de dólares como compensación. Poco tiempo después, Libia era invadida y destruida por las "fuerzas aliadas" de las que Italia formaba parte. En 2014, la Comunidad del Caribe aprobó una propuesta de la Comisión de Reparaciones a fin de impartir justicia a las víctimas del genocidio, la esclavitud, el tráfico de esclavos y el apartheid racial considerados por la Comisión como crímenes contra la humanidad. La propuesta estaba dirigida a los principales países esclavistas en la región (Holanda, Reino Unido y Francia), pero abarcaba potencialmente a otros países. Se trataba de una propuesta muy amplia que incorporaba un plan de acción con las siguientes dimensiones: perdón formal, repatriación, programa de desarrollo de los pueblos nativos, instituciones culturales, salud pública, erradicación del analfabetismo,programa de promoción de los conocimientos africanos, rehabilitación psicológica, transferencia de tecnología. En 2015, en visita a Jamaica, David Cameron, entonces primer ministro de Reino Unido, excluyó cualquier posibilidad de reparación. Dos años antes, el mismo David Cameron, en visita a la India, reconocía que la masacre en 1919 de 1000 indios desarmados que protestaban contra el colonialismo británico había sido "profundamente vergonzosa", pero no pidió formalmente disculpas ni accedió a pagar indemnizaciones. Presionado por una acción judicial, en 2013 Reino Unido accedió a pagar 2600 libras a cada uno de los 5.000 kenianos, integrantes del movimiento Mau Mau, presos y torturados en la década de 1950 por su resistencia contra el colonialismo británico y a "lamentar sinceramente” lo sucedido. Sin embargo, cerca de 44.000 kenianos vienen exigiendo la misma indemnización por los malos tratos recibidos en el periodo colonial. En 2017, Emmanuel Macron, entonces candidato a la presidencia de la república de Francia, reconoció que la colonización de Argelia había sido un crimen contra la humanidad.


Más recientemente, al señalar los quinientos años de la colonización de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al rey de España y al papa que pidieran formalmente disculpas por las atrocidades cometidas contra los pueblos indígenas durante el periodo colonial, comprometiéndose a hacer lo mismo como descendiente de los colonizadores. La petición fue terminantemente rechazada por el Estado español, pero el Gobierno de Cataluña se apresuró a reconocer los abusos, las muertes de millones de personas y la destrucción de culturas enteras cometidas por el colonialismo español. Más recientemente aún, el pasado 4 de abril, el Gobierno belga pidió disculpas a los "mestizos belgas", miles de niños hijos de padre belga y madre congoleña, nacidos al final de la colonización belga (entre 1940 y 1950), que fueron sustraídos a las familias e internados compulsivamente en orfanatos y a veces enviados a Bélgica.


¿Cuál es el significado de este movimiento de justicia histórica que, de hecho, se ha ramificado? En la actualidad incluye la reclamación de la devolución de los objetos de arte traídos (¿con qué derecho?) de las colonias europeas y exhibidos en los museos del Norte global. También incluye la devolución de tierras, por ejemplo, en Zimbabue y más recientemente en Sudáfrica con referencia al periodo del apartheid, una forma específica de colonialismo, y también en Australia. Los argumentos jurídicos o éticos en uno u otro sentido no parecen servir de mucho. Obviamente no se trata de encontrar razones para responsabilizar a las generaciones actuales de los países colonizadores por los crímenes que han cometido. El problema es político y emerge como resultado de un conjunto de factores de los cuales el más importante es la coexistencia de la independencia política con la continuidad de la dependencia colonial. Las luchas de liberación colonial en América Latina (siglo XIX) y en África y Asia (siglo XX) tenían por objetivo luchar por la justicia histórica, devolver los territorios a sus pueblos y permitirles construir un futuro propio.


Lo cierto es que nada de esto sucedió, como quedó patente de la manera más dramática en la primera liberación colonial, la de Haití, en 1804. Las condiciones impuestas a los esclavos liberados para superar el aislamiento internacional al que se vieron sometidos fueron brutales (tan brutales como las condiciones del ajuste estructural que el FMI sigue imponiendo impunemente en el Sur global) y el resultado es bien patente en el Haití de hoy. Kwame Nkrumah, primer presidente de Ghana, denunció brillantemente la continuidad de la dependencia colonial en 1965 al acuñar el término neocolonialismo, una realidad tan vigente entonces como hoy. El pillaje de los recursos naturales que caracterizó al colonialismo continúa hoy, llevado a cabo por empresas multinacionales del Norte global con la complicidad de las élites locales que, en el caso de América Latina, son descendientes de los colonos. La reclamación de la justicia histórica no es más que una forma adicional de legitimar la lucha contra la injusticia y la desigualdad que siguen caracterizando las relaciones entre los países centrales y los países periféricos. Y cuando la respuesta se traduce en meras reclamaciones de disculpa, sean estas aceptadas o no, no pasan de rituales legitimadores de quien los exige o acepta para que todo siga igual. Es decir, el colonialismo no terminó con las independencias políticas. Terminó solo el colonialismo de ocupación territorial por una potencia extranjera. No obstante, continúa hoy bajo otras formas, algunas más brutales que las del colonialismo histórico. Tal y como la esclavitud continúa hoy bajo la forma vergonzosa del "trabajo análogo al trabajo esclavo", para usar la terminología de la ONU, el colonialismo continúa hoy no solo en forma de dependencia económica, sino también en forma de racismo, xenofobia, apartheid racial, brutalidad policial contra la juventud negra, islamofobia, "crisis de los refugiados", "guerra contra el terrorismo", asesinatos de líderes sociales en lucha por la defensa de sus territorios contra la invasión de las empresas mineras, de extracción de madera o de agricultura industrial, desastres ambientales contra poblaciones desechables, viviendo en lugares asumidos como "zonas de sacrificio", etc.


En el caso de América latina, en el que las independencias fueron conquistadas por los descendientes de los colonizadores, la continuidad del colonialismo asumió una forma específica, el colonialismo interno al que fueron sometidos los pueblos indígenas y los pueblos de matriz africana, descendientes de esclavizados. Los "modelos de desarrollo" de los últimos 150 años han ignorado sistemáticamente los intereses, las aspiraciones y las culturas de estos pueblos.


Si López Obrador insiste en cualquier variante de estos modelos no puede sorprenderse si, en lugar de disculpas, los pueblos indígenas le exigen respeto efectivo por sus culturas y territorios, así como el abandono de megaproyectos y de políticas neoextractivistas una vez rechazados por las poblaciones después de ser previamente consultadas de manera informada y de buena fe. Al reclamar disculpas al colonizador y al comprometerse su gobierno en el mismo proceso, López Obrador trae algo nuevo a la polémica sobre la justicia histórica. Asume la estatura de una sinceridad política trágica en el sentido de la tragedia griega. Se mueve en el filo de una navaja que lo puede desequilibrar hacia la caída en el propio movimiento de levantarse. Sabe, quizá mejor que nadie, que presenta hoy el máximo de conciencia social posible de un modelo de desarrollo de vocación antisocial destinado a crear rentabilidades que en gran proporción irán a los bolsillos de intereses capitalistas globales. Sabe que el capitalismo de hoy, dominado por el capital financiero, solo acepta negociar los términos del saqueo si el pillaje no se cuestiona. Sabe que, con una u otra variante, este modelo fracasó en otros países de América Latina en tiempos muy recientes (Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela). Tiene al norte un muro imperial, vergonzoso, demasiado sólido para derretirse con la sangre de quien intenta pasar a través de él. En él está depositada la esperanza que queda en un continente desgarrado por el imperialismo estadounidense y europeo con la complicidad de las élites locales que nunca toleraron que las clases populares, los de abajo, soñaran con el fin del colonialismo. En estas condiciones, quien es responsable de la esperanza lo es también de la frustración. La respuesta del rey de España no fue un buen presagio. Pero también es verdad que de un rey de nada no se puede esperar todo.

Traducción de Antoni Aguiló

 

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Sábado, 23 Marzo 2019 06:00

Las Madres de Mayo

Las Madres de Mayo

¿Cuántas rondas habrán dado las Madres de Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada durante 43 años? Este jueves 21 de marzo, tres días antes de que se cumpla un aniversario más del día más trágico de sus vidas, una ronda más de madres, familiares y acompañantes volvió a la plaza, como todos los jueves desde el mes de abril de 1977, fecha en la que por primera vez se reunieron 14 mujeres en este lugar para iniciar el camino más doloroso del que tienen memoria: buscar a sus hijos e hijas detenidos y/o desaparecidos en la dictadura más cruenta que ha vivido Argentina.

CON MÁS DE cuatro décadas de lucha, las Madres de Plaza de Mayo son una de las organizaciones más emblemáticas de derechos humanos del mundo. "Muchos abrazos hemos recibido en todo este tiempo", dice Mirta Acuña de Baravalle, una de las 14 fundadoras que aún vive y con sus 94 años a cuestas no deja de asistir a la simbólica ronda.

MIRTA PIDE QUE se le permita no tocar otro tema de la coyuntura nacional que no sea el recuerdo de aquel 24 de marzo de 1976, fecha siniestra en la que un Golpe de Estado cívico-militar y eclesiástico le arrebató a su hija Ana María Baravalle, secuestrada en agosto de 1976, embarazada de 5 meses.

A LAS MADRES en Argentina se les pidió perdonar a los verdugos de sus 30 mil hijos e hijas. Y al finalizar cada ronda reiteran su negativa: "No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos". Hoy, dice Mirta, "estamos aquí para hacer presente ese genocidio". No están solas y agradecen el acompañamiento de cada jueves en la plaza, "pese a las lluvias, vientos, temperaturas que arden y fríos que entumecen".

"DARLES PRESENCIA A los hijos que sacaron de nuestras vidas", es el objetivo de la ronda. Las madres saben que hay mucho camino por recorrer, pues, dice Mirta, "teníamos la ilusión de que la entrega de nuestros hijos no iba a ser en vano, pero se demora mucho la conquista de igualdad y dignidad para todos y todas".

EN ESTOS DÍAS de aniversario del golpe, cierra Mirta: "nos arrinconamos un poco en nuestros propios recuerdos y dolores"; trae, como cada jueves, la memoria de dos de ellos, y cierra con el grito: "30 mil detenidos-desparecidos. Presentes. Ahora y siempre".

www.desinformemonos.org

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EU procesará a jueces de la CPI si actúan contra sus soldados en Afganistán

Estados Unidos amenazó este lunes con arrestar y procesar a jueces y a otros funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) si el tribunal emprende acciones por crímenes de guerra contra estadunidenses que lucharon en Afganistán, afirmó que esa instancia “está muerta para nosotros” y la calificó de ilegítima.

“Vamos a impedir a esos jueces y fiscales la entrada a Estados Unidos. Vamos a aplicar sanciones contra sus bienes en el sistema financiero estadunidense y vamos a entablar querellas contra ellos en nuestro sistema judicial”, advirtió John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos.


“Haremos lo mismo con cualquier compañía o Estado que ayude a una investigación de la CPI en contra de los estadunidenses”, dijo ante la organización conservadora Federalist Society, en Washington.
Bolton acusó a la corte internacional encargada de juzgar principalmente crímenes de guerra y de lesa humanidad de ser “ineficaz, irresponsable y francamente peligrosa para Estados Unidos, Israel y otros aliados”.


Para Estados Unidos cualquier iniciativa sobre las acciones de efectivos de seguridad suyos sería “una investigación completamente infundada e injustificable”.


A principios de noviembre de 2017, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció que pediría a los jueces la autorización para investigar crímenes de guerra cometidos presuntamente en el conflicto armado afgano, principalmente por el ejército estadunidense.


En Afganistán, Estados Unidos sigue a la cabeza de una coalición militar que depuso al régimen talibán en 2001.


“En cualquier momento la CPI podría anunciar la apertura de una investigación formal contra esos patriotas estadunidenses”, explicó el consejero de Donald Trump.


Y le dirigió un mensaje sin ambigüedad a la corte: “Estados Unidos utilizará todos los medios necesarios para proteger a nuestros conciudadanos y los de nuestros aliados, de enjuiciamientos injustos por parte de esta corte ilegítima”.


La Corte Penal Internacional se rige por el Estatuto de Roma, un tratado ratificado por 123 países. Su fiscal puede abrir sus propias investigaciones sin permiso de los jueces, siempre y cuando impliquen a un país miembro, en este caso, Afganistán.


Bolton, quien fue embajador de Washington en la ONU durante el gobierno de George W. Bush, dijo que la principal objeción de la administración Trump es la idea de que la CPI podría tener mayor autoridad que la Constitución de Estados Unidos y su soberanía.

 

 

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Para Colombia se acabó el Mundial, pero las masacres continúan

Sucede en un país “en paz”. Entre el 2 de junio y el 4 de julio, 16 lideresas y líderes sociales y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados por grupos paramilitares y afines. En lo corrido de 2018 los líderes asesinados suman 116. ¡Un genocidio que ya tiene que parar! Para las 6:00 pm del viernes 6 de julio, a las 6 pm, en diversidad de plazas públicas del país, está convocado el país a una movilización nacional en contra del plan macabro que está en marcha.

 

Con la fiebre del Mundial llega la euforia por las estadísticas y por las marcas batidas: número de goles, de asistencia a los estadios, del goleador, en fin. Colombia, ya eliminada de tal certamen, tiene sus propias marcas. En 20 días de competición la Selección consiguió 6 goles en 4 juegos, es decir 1,5 por partido. Alegrías y tristezas arrojó tal resultado por todo el país.

Mientras esto acontecía en Rusia con la selección de fútbol, en nuestro territorio nacional, en 33 días –entre 2 de junio y 4 el de julio– la sociedad colombiana padeció en silencio el asesinato de 24 líderes/as sociales y defensoras/es de derechos humanos; 16 de ellas entre el 14 de junio y el 3 julio (20 días), es decir 2 personas cada tercer día, en promedio.

Contrario a lo sucedido en Rusia, en este caso el país guardó silencio ante semejante récord; las caras largas y los llantos solo se vieron entre las personas cercanas a cada una de las víctimas, y un poco más allá, entre sus pares activistas; de manera sorprendente, mientras el espectáculo de la pelota era cubierto por todos los medios, el desangre de los líderes y lideresas apenas mereció una que otra columna, pero sin llegar a conmover al país como un todo.

Son contradicciones y paradojas: mientras que el Mundial sucede cada 4 años, la violencia nos toca todos los días, ¿será por eso que el primero es sensación y la segunda ya no nos impacta?

Un desangre con lectura territorial. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en lo que va corrido de este año son 116 los líderes/as y defensoras/es de derechos humanos asesinados. Así las cosas, en 186 días alcanzamos un promedio de 0,62 asesinados por día, es decir, cada 48 horas ocurre un asesinato por persecución política. Esta entidad también reportó que Cauca (78), Antioquia (43), Norte de Santander (21), Nariño (18), Valle del Cauca (16), Chocó (16), Risaralda (14) y Arauca (13), son los departamentos con mayor número de víctimas mortales por esta causa. Sin parecer que semejante realidad conmueva al país, un sector del mismo propone recolectar firmas para reclamar ante la Fifa las decisiones arbitrales que caracterizaron el partido contra Inglaterra. Cuesta creer semejante frivolidad.

Aunque las cifras ya son aterradoras, es preciso recordar que a diario son reportadas, en todo el país, amenazas de muerte dirigidas en contra de individuos o grupos de personas, ya sea vía telefónica o con panfletos. Y es que luego de que Iván Duque y el Centro Democrático ganaran las elecciones para la presidencia, se conocen amenazas contra algunas de las personas que participaron en la campaña presidencial del ex candidato Gustavo Petro, las cuales tienen como sitio de vivienda pequeños municipios de distintas coordenadas del territorio nacional; estas amenazas las colocan como objetivo militar.

Son contradicciones y paradojas que no parecen tener límite. Este 5 de julio el país habla de la recepción que le harán a los 23 “héroes” que dejaron en alto en Rusia el nombre del país; algunos se quejan porque quieren que el homenaje se realice en Barranquilla, sede de la Selección, otros se sienten indignados porque el artista encargado del espectáculo no es de su agrado. ¿Y las 24 personas asesinadas en estos últimos días por defender a los más débiles? ¿Y las 24 personas asesinadas en escasos 33 días por defender la tierra que es de todas y todos? ¿Y las 24 personas asesinadas por denunciar la injusticia o porque simplemente pensaron distinto? Silencio… ni asombro, ni dolor, ni inquietud, ni protesta…

Seguro, millones en Colombia saben a la perfección los nombres de los 23 jugadores inscritos para el Mundial, pero ninguno de los nombres de alguna de las 24 víctimas de la oleada criminal que mancha con sangre indeleble al actual Gobierno, y señala con interrogante al que asume el 7 de agosto.

1. ORLANDO NEGRETE. H. 02/06/2018. TIERRA ALTA. CORDOBA. Presidente de la Junta de Acción Comunal del Camu Las Delicias, CAMPESINO – COMUNAL.

2. CARLOS JIMMY PRADO GALLARDO. H. 02/06/2018. OLAYA HERRERA. NARIÑO. Directivo ASOCOETNAR, Representante legal de Satinga Joven y Delegado al Espacio Nacional de Consulta Previa por las Comunidades Negras del Pacífico Nariñense, CONAFRO y Marcha Patriótica. AFRO DESDENDIENTE. MAPA.

 3. JULIO CESAR MONTALVO. H. 02/06/2018. MONTELIBANO. CORDOBA. Hermano de la gobernadora indígena Meisa Montalvo Teherán, del cabildo la Meta Territorial del resguardo Zenú alto San Jorge. INDIGENA. ONIC.

4. YEISON RAMIREZ. H. 11/06/2018. VALLE DEL GUAMUEZ. PUTUMAYO. Presidente Junta de Acción Comunal vereda la Yet. CAMPESINO – COMUNAL.

 5. FRANCISCO JOSÉ GUERRA GUERRA. H. 11/06/2018. ITUANGO. ANTIOQUIA. Líder comunitario en calidad de presidente de la junta de acción comunal de la vereda El mandarino. CAMPESINO – COMUNAL.

6. HOLMAN MAMIAN. H. 12/06/2018. LA VEGA. CAUCA. Docente la Institución Educativa Santa Rita sede el Ventiadero del municipio de la Vega- Cauca. Afiliado a ASOINCA. DOCENTE.

 7. ARNULFO CATIMAY BLANCO. H. 19/06/2018. SANTA ROSALIA. VICHADA. Pueblo Saliva en Vichada. INDIGENA. ONIC.

8. CRISTIAN ANDREY RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. H. 20/06/2018. HACARI. NORTE DE SANTANDER. Líder comunal. CAMPESINO.

 9. LUIS CARLOS CABRERA SEGURA. H. 20/06/2018. FLORENCIA. CAQUETA. Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Berlín. COMUNAL.

10. EVELIA FRANCISCA ATENCIA PEREZ. M. 21/06/2018. MAICAO. GUAJIRA. Docente sindicalista integrante de la Colombia Humana. DOCENTE - COLOMBIA HUMANA.

11. HECTOR SANTIAGO ANTELIZ. H. 21/06/2018. TEORAMA. NORTE DE SANTANDER. Actualmente el líder hacía parte de ASCAMCAT, como responsable de coordinar el Comité Veredal en San José. También se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal. CAMPESINO. MAPA.

12. JANER ALBERTO CORREA ARBOLEDA. H. 23/06/2018. TEORAMA. NORTE DE SANTANDER. CAMPESINO.

 13. ADRIAN PEREZ. H. 23/06/2018. CURVARADO. CHOCO. Hijo de reclamante de tierras. AFRO DESCENDIENTE.

 14. JOSE ABRAHAM GARCIA. H. 25/06/2018. ITUANGO. ANTIOQUIA. Presidente JAC Pascuita. CAMPESINO – COMUNAL.

15. JAMER ALBEIRO IDROBO NAVIA . H. 26/06/2018. EL BORDO. CAUCA. Integrante del comité Cocalero Vereda La Joaquina y COCCAM. PNIS.

 16. JULIO CESAR SUCERQUIA. H. 27/06/2018. ITUANGO. ANTIOQUIA. Miembro fundacional de La asociación de Comité de Barequeros del Norte de Antioquia. MINERO.

17. IVAN DE JESUS LAZARO MAZO. H. 29/06/2018. PUERTO LIBERTADOR. CORDOBA. Integrante de ACSUCOR y Marcha Patriótica, Ex secretario JAC Vereda Rogero . CAMPESINO. MAPA.

 18. LEONEDIS ALEISER SIERRA ORTIZ. H. 02/07/2018. TARAZA. ANTIOQUIA. Miembro la Junta de Acción Comunal de San Agustín Bajo, corregimiento de El Guáimaro, de Tarazá. CAMPESINO – COMUNAL

19. GABRIEL ADOLFO CORREA CHAVESTAN. H. 02/07/2018. BUENOS AIRES. CAUCA Concejal por el Partido Verde, trabajo en la Colombia Humana. COLOMBIA HUMANAL.

20. DAVID MEJIA PRIETO. H. 02/07/2018. LA MONTAÑITA. CAQUETA. Ex presidente Junta de Acción Comunal de Provivienda en el asentamiento Virgen del Carmen. CAMPESINO – COMUNAL

21. SANTA FELICINDA SANTAMARIA. M. 03/07/2018. QUIBDO. CHOCO. Presidenta JAC del Barrio Virgen del Carmen. COMUNAL.

22. LUIS BARRIOS MACHADO. H. 03/07/2018. PALMAR DE VARELA. ATLANTICO. Presidente ASOCOMUNAL Palmar de Varela. COMUNAL.

 23. MARGARITA ESTUPIÑAN USCATEGUI. M. 03/07/2018. TUMACO. NARIÑO. Presidenta JAC Barrio el recreo vereda Vaquerio Llorente. COMUNAL.

24. ANA MARIA CORTEZ MENA. M. 04/07/2018. CACERES. ANTIOQUIA. Coordinadora Municipal de la Colombia Humana.

 Por suerte, en Colombia, pese al constante desangre de sus liderazgos sociales, y a pesar de la indiferencia promovida por los medios de comunicación tradicionales, un sector no despreciable de su sociedad se preocupa por la violencia y el conflicto nacional que no cesan, preocupación que los lleva a dejar a un lado la euforia del Mundial para decir BASTA YA de este genocidio. Para hacer más evidente su rechazo y dolor, citan para este 6 de julio, a las 6 de la tarde, a la “Velatón nacional” en todas las plazas y parques principales del país.

El propósito es romper la indiferencia. Este será uno de los pasos para ponerle fin al amarillismo de los medios oficiosos que desinforman a la ciudadanía negando el contexto del conflicto y la misma ley del terror impuesta en la práctica, una ley que lleva a ampliar el silencio y la impunidad sobre estos hechos; una ley que promueven y desprenden desde el alto poder.

Entre el Mundial de cada 4 años y la vida diaria en nuestro país, estamos ante el momento para unirnos en una sola voz y exigir a la Procuraduría, a la Fiscalía, a las Fuerzas Militares, a los órganos de Derechos Humanos, y al presidente Santos, que se pronuncien al respecto, que investiguen los hechos y castiguen a los responsables y, no menos importante, que protejan a las personas que denuncien amenazas en su contra.

 

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BlacKkKlansman Spike Lee: "La llamada cuna estadounidense de la democracia es una mierda"

El director de cine aprovecha su paso por Cannes para mostrarse duro con su país: "Ha sido construido sobre el genocidio de los pueblos indígenas y la esclavitud".

 

CANNES (FRANCIA)


Spike Lee se mostró hoy en Cannes muy duro con Estados Unidos, un país "construido sobre el genocidio de los pueblos indígenas y la esclavitud", y aseguró que "la llamada cuna estadounidense de la democracia es una mierda".


"Tenemos a un tipo en la Casa Blanca, no voy a decir su maldito nombre, que definió ese momento no solo para los estadounidenses, sino para el mundo, y que ese hijo de puta tuvo la oportunidad de decir que nos referimos al amor, no al odio", dijo el realizador en referencia a la muerte de la joven Heather Heyer.
El pasado mes de agosto Heyer murió atropellada por un joven neonazi blanco en Charlottesville (Virginia) y otras 20 personas resultaron heridas. Este hecho cierra el filme de Lee, basado en la historia real del primer policía negro de Colorado Springs y que le sirve al realizador para apuntar a la complicada situación actual.


"Ese hijo de puta no denunció al hijo de puta Klan, a la derecha alternativa ni a esos nazis hijos de puta. Fue un momento decisivo, y podría haberle dicho al mundo, no solo a los Estados Unidos, que éramos mejores que eso", afirmó con vehemencia el director, que posteriormente se disculpó por su lenguaje.


El "asesinato" de la joven fue el elemento clave de una película, BlacKkKlansman, que comienza con una escena de la Guerra de Secesión de "Lo que el viento se llevó" y acaba con imágenes reales de Trump y del atropello en Charlottesville.


"Esperamos que los jefes de Estado muestren un cierto valor moral, esperamos que tomen las buenas decisiones, pero hay grupos que reaccionan con odio y que surgen por todas partes", dijo el realizador que hizo hincapié en que no se trata de un problema exclusivo de Estados Unidos.


Es algo que ocurre en todo el mundo. "Tenemos que despertar, no podemos estar callados. No es un problema negro, blanco o marrón. Todos vivimos en este planeta, y este tipo en la Casa Blanca tiene el código nuclear", dijo Lee, que también mencionó a los presidentes de Corea del Norte y Rusia antes de preguntarse: "¿qué coño está pasando?".


Una "llamada de atención"


Por eso considera su película como una "llamada de atención" sobre lo que está sucediendo, sobre las mentiras proclamadas como verdades. "No me importa lo que digan los críticos ni nadie más, sé que estamos en el lado correcto de la historia con esta película", agregó.


Un filme que se sitúa en los años setenta, protagonizado por un magnífico John David Washington -hijo de Denzel- que interpreta a Ron Stallworth, el policía que escribió un libro con sus experiencias como primer agente negro en Colorado Springs.


Está acompañado por Adam Driver, como un judío que se infiltra en el Ku Klux Klan, o Topher Grace, como el máximo responsable de ese grupo extremista, en una alocada comedia que se sirve del humor más salvaje para poner en tela de juicio la discriminación sufrida por la población negra en Estados Unidos.


Una historia que le permite al realizador de "Do the Right thing" ("Haz lo que debas", 1989) conectar con el momento actual de su país, una época terrible que se asemeja a una guerra civil, señaló Lee.


Aunque también consideró que su filme "abre la vía a la esperanza".


"No estoy ciego. Este problema de la extrema derecha existe en todos los países del mundo y espero que mi película se vea en todas partes, que levante las conciencias, que sacuda a la gente, que los despierte. Creo que en ese aspecto es un filme importante", señaló.


En su opinión, la obligación de un filme no es aportar soluciones sino plantear preguntas y, en este caso, "provocar una discusión sobre el problema del racismo".
"Hay mucha gente que se pasea sin ser consciente de lo que pasa en la sociedad (...) que se queda en un lado, que no sabe gestionar la situación, que se siente perdida. Yo les digo que no hay que quedarse callados, sin reaccionar", afirmó el director.


Y ante una pregunta de un periodista africano, insistió: "hay que liberarse de los restos del colonialismo en África (...) Hay que trabajar juntos para resolverlo, hay que hacer triunfar la libertad en el mundo y acabar con las injusticias".


No solo en Estados Unidos. "Viajo mucho y se habla mucho de lo que pasa en mi país pero hay que ver en otros países cómo tratan a los inmigrantes, a la gente que ha venido de África. Ustedes tienen sus propios problemas, no es solo EEUU".


Una rueda de prensa monopolizada por el mensaje político de Lee, que estaba acompañado por Washington, Driver, Grace y Laura Harrier, un equipo "magnífico" en palabras del realizador, encantado a sus 61 años de rodearse de gente nueva.

Por ALICIA GARCÍA DE FRANCISCO ( EFE)

15/05/2018 19:23 Actualizado: 15/05/2018 19:23

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Muere impune el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt

El general, de 91 años, fue considerado como uno de los militares más sanguinarios de América Latina

El exdictador José Efraín Ríos Montt, uno de los militares más sanguinarios de América Latina y quien dirigiera con mano de hierro los destinos de Guatemala entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, ha muerto este domingo en la Ciudad de Guatemala, a los 91 años.


Según confirmaron personas allegadas a Ríos Montt, falleció a primera hora de la mañana de este domingo por un paro cardiaco. Su salud se había deteriorado en los últimos meses. Ya en julio de 2015 fue declarado "mentalmente incapaz" para enfrentar un nuevo juicio en su contra, al que quedó sujeto tras la anulación del proceso en el que fuera condenado a 80 años de prisión por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, en mayo de 2013.


"(Ríos Montt) presenta un cuadro de deterioro que le impide rendir adecuadamente desde el punto de vista de pensamiento y juicio (...) No se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales..." reza el informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif, dependiente de la Fiscalía).


Tahúr de la política, el viejo militar, que guste o no manejó a su sabor y antojo los destinos de Guatemala durante la etapa final del siglo XX y la primera década del siglo XXI, murió sin conocer la cárcel, pese a haber sido condenado en mayo de 2013. No pudo evitar, eso sí, saberse condenado por la historia y tener que soportar, a lo largo del proceso, los testimonios de decenas de sobrevivientes del conflicto, quienes durante el juicio pusieron ante los ojos del mundo las atrocidades cometidas por el Ejército durante la guerra civil que ensangrentó Guatemala entre 1960 y 1996, y que alcanzó sus más altas cotas de salvajismo durante el Gobierno riosmonttista.


Desde su calabozo en un cuartel militar, donde tras su condena permaneció dos noches, Ríos maniobró con habilidad extrema para que el Constitucional, en un dictamen sin ninguna legitimidad por razones de competencia, anulara la condena y ordenara repetir el juicio. En la actualidad, y sin la presencia de Ríos, un tribunal de alto impacto conocía nuevamente el caso.


El sátrapa se benefició de todas las garantías procesales propias del Estado de derecho, que él negó a sus víctimas. Durante su Gobierno, 15 personas fueron fusiladas tras ser condenadas por jueces sin rostro en juicios sumarísimos. Los últimos cinco —tres civiles y dos militares de baja graduación— fueron pasados por las armas en la víspera de la visita del Juan Pablo II, la primera vez en la historia que un Papa visitaba Guatemala, lo que motivó un escándalo a nivel mundial. Oficialmente se dijo que los ejecutados habían admitido la comisión de los delitos que se les imputaban —integrar una banda de asaltantes y violadores—, extremo que sus abogados negaron ante la prensa local, señalando que habían sido obligados a aceptar la culpa en medio de salvajes torturas.


Ríos y sus abogados encontraron en la figura de genocidio la clave para revertir la sentencia. Explicaron a los poderes fácticos que ese delito abría las puertas para que algunos empresarios, particularmente de la patronal agraria que financiaron los operativos del Ejército y pusieron a disposición de los militares sus aeronaves para apoyar las operaciones de represión, pudieran ser igualmente procesados.


De acuerdo con los informes Guatemala, Nunca Más, del malogrado obispo Juan Gerardi, y Guatemala, Memoria del Silencio, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico patrocinada por la ONU, fue durante el mandato de Ríos Montt cuando se cometieron la mayoría de masacres de población civil desarmada. Unos 10.000 guatemaltecos, en su mayoría indios, fueron ejecutados extrajudicialmente y el número de refugiados ascendió a 100.000. El Informe de Esclarecimiento Histórico de la ONU eleva a 448 el número de aldeas borradas del mapa en los 17 meses de gestión riosmonttista.


Con el retorno a la democracia en 1985, Ríos aprovechó la disciplina prusiana impuesta a su grupo parlamentario para inclinar a favor de sus intereses la balanza en aquellas leyes que requieren del voto de dos terceras partes de la totalidad de escaños, extremo que le facilitó negociar exitosamente la impunidad que le permitió burlar los procesos en su contra.


Su mayor logro político fue llevar a su partido a la Presidencia de la República en el periodo comprendido entre el 14 de enero de 2000 y la misma fecha de 2004. Como la Constitución de Guatemala prohíbe a los golpistas aspirar al poder –ocupó la jefatura del Estado tras derrocar al también general Romeo Lucas García, Ríos encontró en Alfonso Portillo al hombre que le permitió gobernar a su antojo desde la Presidencia del Legislativo.


El gobierno Portillo-Riosmonttista está considerado como uno de los más corruptos de la historia de Guatemala, solo superado por el gobierno del Partido Patriota, cuyos máximos líderes, el expresidente Otto Pérez Molina y quien fuera su vicepresidenta, Roxana Baldetti, acumulan procesos en la prisión preventiva a la que están sometidos.
Trayectoria sangrienta


Efraín Ríos Montt fue demandado en 1999 ante la Audiencia Nacional española por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, acusado de delitos de lesa humanidad como genocidio, torturas, desapariciones forzadas y terrorismo de Estado. Gracias a la inmunidad que le garantizó su condición de diputado, el viejo general logró evadir su enjuiciamiento.


Con su muerte, Ríos se suma a los también fallecidos generales Romeo Lucas García, presidente de Guatemala entre 1978 y 1982, y Germán Chupina Barahona, jefe de la Policía durante el mismo periodo, considerados, con Ríos, como los mayores violadores de los derechos del hombre en Guatemala. Lucas y Chupina fueron los responsables intelectuales del asalto y quema de la Embajada de España en Guatemala, el 31 de enero de 1980.

 

Por JOSÉ ELÍAS
Guatemala 2 ABR 2018 - 05:24 COT

 

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Protesta masiva en Lima contra Kuczynski por el indulto a Fujimori

El caso Odebrecht ahonda la crisis: el presidente y la líder de la oposición declaran ante la fiscalía por su implicación

 

La protesta contra Pedro Pablo Kuczynski por el indulto concedido a Alberto Fujimori crece a medida que pasan los días y aumenta la sangría de apoyos del presidente. Al final de la tarde del jueves, más de 15.000 manifestantes marcharon por las calles del centro de Lima contra el indulto, encabezados por los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas durante el Gobierno de Fujimori por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército. Flor Huilca, hija de Pedro Huilca, un dirigente sindical opositor al régimen, asesinado por los Colina, afirmó, con voz turbada en el frontis de Palacio de Justicia: "en este país es difícil conseguir justicia, y ahora Fujimori no está en la cárcel. Yo soy víctima, Pedro Huilca es víctima. No entiendo la decisión de Kuczynski y Mercedes Aráoz".


El Ministerio de Interior rechazó la solicitud para hacer un recorrido de unos cinco kilómetros, del centro hasta Miraflores, y autorizó una ruta más corta que un sector de los manifestantes no conocía. Por ello hubo enfrentamientos entre policías y los estudiantes universitarios que optaron por la ruta larga, y también detenidos. Luego de casi cinco horas de movilización, con gritos de "Fujimori: ladrón y asesino" y "Fuera, fuera, PPK", los manifestantes aún continuaban en una concentración frente a Palacio de Justicia.
Mientras, el avance del caso Odebrecht profundiza la crisis política peruana. El fiscal Hamilton Castro, jefe del equipo especial de investigación para el caso Lava Jato, interrogó durante cuatro horas al presidente Kuczynski acerca de su participación en las empresas Westfield Capital y First Capital, con sede en Estados Unidos, a las que la constructora brasileña Odebrecht contrató entre los años 2004 y 2013 para servicios de asesoría. A la misma hora, Keiko Fujimori, la presidenta del partido Fuerza Popular (que hasta el viernes pasado era la mayoría opositora), respondía en una fiscalía de lavado de activos por los supuestos aportes que recibió de Odebrecht en la campaña electoral de 2011 y otros fondos supuestamente recaudados mediante “rifas y cocteles” ese mismo año y en 2006.


El exbanquero de inversión fundó Westfield Capital en 1992. La firma recibió de Odebrecht, entre 2004 y 2007, 782,207 dólares por reembolsos, comisión fija y dos asesorías financieras. Kuczynski fue ministro de Economía del Gobierno de Alejandro Toledo entre 2004 y 2005, y luego primer ministro hasta julio de 2006. En ese período, la empresa Odebrecht se hizo de la concesión para construir la carretera Interoceánica Sur, una obra que terminó de construirse luego de sobrevaloración y cuestionamientos técnicos de la Contraloría.


Por otra parte, First Capital fue creada por el socio de Kuczynski, Gerardo Sepúlveda, y consigna el mismo domicilio que Westfield. El presidente declaró la semana pasada en mensajes televisados y en el Congreso, durante la sesión del jueves 21 que debatió su destitución, que cuando asumió como ministro delegó las operaciones al gestor Sepúlveda y que no se enteró de los contratos de su empresa con Odebrecht.


La empresa brasileña aclaró en una carta que los servicios prestados por ambas empresas están en la contabilidad legal de Odebrecht, y no en el Departamento de Operaciones Estructuradas, el área encargada de los sobornos a políticos y funcionarios en América Latina y África para obtener concesiones, contratos y arbitrajes a su favor.
La lista de pagos de Odebrecht fue difundida por parlamentarios de Fuerza Popular hace dos semanas y condujo al debate de destitución presidencial. Kuczynski la evitó con los votos del congresista Kenji Fujimori y otros nueve parlamentarios fujimoristas disidentes que buscaban el rápido indulto del autócrata Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.


Esta no ha sido la primera citación por el caso llamado ‘fujicocteles’ para la hija mayor de Fujimori. Sin embargo, por primera vez responderá a las autoridades sobre la anotación del ex presidente ejecutivo de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, en su móvil: “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” (Aumentar 500 a Keiko y la visitaré).
El 7 de diciembre pasado el fiscal José Domingo Pérez allanó dos locales de Fuerza Popular para recoger documentación sobre las campañas electorales 2011 y 2016 y, posteriormente, hizo lo mismo en el Organismo Nacional de Procesos Electorales, el ente al que los partidos políticos deben reportar por ley los detalles de sus fondos utilizados en las campañas electorales. La hipótesis de Pérez es que el fujimorismo preparó una contabilidad paralela, y que las supuestas rifas y cócteles que reportan como medios para recaudar dinero esconden la procedencia real del dinero.


El caso ya se ha llevado por delante a dos expresidentes: Toledo, para quien el fiscal Castro prepara un cuadernillo de extradición que debe entregar en breve a Estados Unidos, debido a que presuntamente recibió 20 millones de dólares en sobornos, y Ollanta Humala, en prisión preventiva desde julio por supuestamente haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para las campañas electorales de 2006 y 2011. De todos los investigados –incluidos Alan García y la exalcaldesa Susana Villarán– estos dos son los más débiles, sin partido político ni una red que los defienda en su país.


Mientras, precisamente esta semana, el juez Richard Concepción Carhuancho, uno de los pocos magistrados populares entre los peruanos, que dictó la orden de captura contra Toledo en febrero y la prisión preventiva contra Humala y su esposa Nadine Heredia, quedó fuera del caso Odebrecht, luego de una resolución de cambios en el Poder Judicial, lo que allana el camino para un cambio en las decisiones judiciales sobre este caso que está devorando la política peruana.


Las reacciones internacionales contra el indulto a Fujimori continuaron la mañana de este jueves. "Es el mayor revés para el Estado de derecho en Perú: un indulto humanitario concedido a un condenado por serios delitos luego de un juicio justo, cuya culpabilidad no está en cuestión y que no cumple los requisitos legales para un perdón", ha cuestionado un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas desde Ginebra.


En tanto, Kuczynski ha anunciado que está preparando con la primera ministra Mercedes Aráoz un “gabinete de reconciliación”, y los congresistas puente entre el oficialismo y el fujimorismo lanzan nombres de líderes de Fuerza Popular que se sumarían al Ejecutivo para seguir concretando la nueva alianza política.

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¿Cómo convertir el crimen del “descubrimiento de América” en una inolvidable epopeya?

Sostienen los más ilustres historiadores que los reyes Católicos, Isabel y Fernando, son los fundadores de la nación española. Algo que se consumó en el preciso instante en el que las tropas cristianas toman Granada el 2 de enero de 1492 culminando de este modo la llamada “reconquista”. En el preciso momento en que el emir Boabdil entregó las llaves de la ciudad al conde de Tendilla, Iñigo López de Mendoza se inicia uno de los periodos más tétricos que jamás haya vivido la humanidad. Meses después en el campamento de Santa Fe el día 17 de abril de 1492 se firmaron las Capitulaciones entre los Reyes Católicos y el aventurero Cristóbal Colón en las que se estipulaba cuáles iban a ser las normas por las que se tenía que regir este “contrato mercantil”. Colón se llevaría el 10% del botín además de ser nombrado Virrey, Almirante de la mar océana y gobernador general de las denominadas posteriormente como las “Indias”. Además sus descendientes heredarían sus bienes, sus títulos y tierras descubiertas.
Ambiciones desmedidas y delirios de grandeza más propias de un lunático o de un iluminado.


Podríamos decir que el descubrimiento del Nuevo Mundo fue un artero acto de piratería muy bien planificado al que incluso el Papa de Roma Alejandro VI con su bula Inter Caetera le brindó su bendición urbi et orbi. La autoridad de Dios omnipotente y omnipresente otorgó el dominio exclusivo y perpetuo de los territorios donde se clavó el pendón castellano con la condición que los evangelizaran. De este modo se justificó la rapiña, el expolio y las masacres cometidas contra los “gentiles” en un afán por imponer la autoridad de los nuevos amos y señores. Este decreto papal puede considerarse el detonante de la crueldad que caracterizó a todos los imperios coloniales que surgieron posteriormente. Es el génesis de la globalización que en el siglo XXI se manifiesta como la máxima expresión del imperialismo político y económico.


En ese entonces y tras finiquitar la guerra contra los musulmanes España iniciaba la aventura Imperial que la llevaría a expandirse por los cinco continentes. Las ansias de conquista material y espiritual marcarán los siguientes siglos plagados de gestas épicas y epopeyas en el nombre de Dios y su majestad el rey. Era necesario engrandecer la gloria de España para hacer frente a sus directos competidores Inglaterra, Francia y Portugal que pretendían hacerle sombra. Una desquiciada carrera por conquistar tierras, naciones, riquezas, súbditos, siervos y esclavos. Como bien queda descrito en el tratado de Tordesillas donde España y Portugal -representados por Isabel y Fernando y el rey Juan II- se repartieron las zonas de navegación y conquista del océano Atlántico y el Nuevo Mundo. Se despojó sin ningún remordimiento de sus tierras a los nativos que fueron considerados por derecho real como menores de edad y, por lo tanto, sujetos a la tutela de los españoles en las mitas, resguardos o encomiendas.


Pero no se nos puede olvidar que uno de los motivos prioritarios de esta magna empresa del descubrimiento fue la evangelización de los herejes blasfemos. Es decir, la redención de las razas inferiores, indígenas sin alma, salvajes antropófagos que había que domar y domesticar por la gracia de Dios. ¿Civilización o barbarie? Este es el dilema que se planteaba y con la espada y la cruz supieron dar una respuesta contundente a tamaño desafío. Dios le brindó este inmenso privilegio a la estirpe española porque Dios se consideraba español.


Para sublimar la identidad hispana se precisaba imperiosamente construir una narrativa en la que intervinieran los más preclaros exponentes de las letras, las artes, la pintura, la escultura o la música. Inventar mitos y leyendas, forjar los superhéroes de una raza invicta y por siempre victoriosa. Al fin y al cabo ellos fueron los que llevaron la luz al Nuevo Mundo apartando las tinieblas del averno. Todo es válido con tal de santificar a villanos y bellacos para transformarlos en insignes paladines.


Las Indias era el mejor reclamo para despertar las ambiciones de los buscadores de fortuna, de los aventureros que ansiaban someter reinos ignotos, adueñarse de incalculables riquezas del Dorado, Cipango y Catay, ciudades de oro y ríos de esmeralda, obsesionados por obtener títulos nobiliarios, fama, poseer tierras, saquear, esclavizar indígenas o africanos, mano de obra obligada a levantar los delirios imperiales para gloria del padre eterno y nuestro señor Jesucristo.


El imperio Español con arrogancia se creía el ombligo del mundo y el centro del universo. La lengua española y la religión católica se impusieron a la fuerza como vehículo vertebrador de los territorios conquistados en los que regía el pensamiento único e indivisible. Por riguroso mandato del monarca cualquier disidencia o rebelión se reprimía sanguinariamente y sin contemplaciones. Al verdugo no le temblaba la mano a la hora de cortar cabezas en el cadalso. En los casos más extremos se aplicó el exterminio para que reinara la paz y el orden.


Tal es el culto que se le rinde al supuesto descubridor de América Cristóbal Colón que son cientos y cientos los monumentos que existen en su honor a lo largo y ancho del mundo. Entre los altares y santuarios más soberbios hay que destacar el erigido en Barcelona con motivo del IV centenario del descubrimiento de América en 1892.


Se trata de un conjunto escultórico de proporciones ciclópeas cuyo autor es el arquitecto catalán Gaieta Buigas y Monrava. Una muestra irrefutable de que el egocentrismo y la megalomanía españolista no tienen límites. Al Almirante de la mar océana Cristóbal Colón, señor de los holocaustos, príncipe de los genocidios, se le ubica en lo alto de una columna o falo al estilo corintio de 57 metros de altura que reposa sobre un pedestal poligonal que lo custodian 8 leones de hierro en actitud vigilante. En las paredes de la base existen 8 bajorrelieves con los escudos de los reinos de España y otros 8 bajorrelieves en los que se narra la vida del almirante Cristóbal Colón - leyendas sacrosantas que están escritas a golpe de martillo y de cincel en el inconsciente colectivo hispano. En esta vil escenografía los protagonistas son los distintos personajes que intervinieron en la gesta del descubrimiento de América a los que cuatro ángeles ciñen sobre sus sienes con coronas de laurel. En un segundo plano se representan a los indígenas como si se trataran de unos animales asustadizos y timoratos; ¿seres irracionales? desnudos o semidesnudos que se acogen sumisos al manto protector de su majestad el rey y de Dios nuestro señor. ¿Se puede tolerar mayor ignominia y mayor humillación? De rodillas un indígena emplumado besa la cruz salvadora que le ofrece un fraile doctrinero como símbolo de la conversión. En otra escena un conquistador posa su mano en la cabeza de un indígena en señal de sometimiento o de obediencia eterna a sus amos. Han sido redimidos por la gracia benefactora del imperio español y es necesario que la humanidad entera reconozca tan inigualable privilegio.


Este esplendoroso monumento de bronce, hierro y piedra caliza -con un peso de 205 toneladas- fue inaugurado el 1 de junio de 1888 por la reina regente María Cristina. Un monumento al odio, al racismo extremo, a la esclavitud y la tortura que veneran e idolatran sus más connotados devotos. Hace 525 años Isabel la Católica y Cristóbal Colón en su lecho nupcial incubaron el maligno virus del imperialismo que desde entonces ha sembrado la muerte y la destrucción sobre la faz de la tierra.
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Daniel Feierstein

 

El sociólogo argentino, que ha investigado durante más de treinta años masacres y holocaustos en diferentes contextos históricos, dice que un genocidio no puede saldarse con impunidad ni reconciliación.

 

Cuando Daniel Feierstein comenzó a estudiar el genocidio, lo hizo por sus raíces judías. La experiencia del nazismo lo atravesó y tuvo que comenzar a hurgar debajo de las almas y de los muertos para entender. Para entenderse. Para descifrar esa palabra creada por el judío polaco Rafael Lemkin, que la había inventado después de su investigación acerca del exterminio de armenios, sirios y griegos de manos del Estado moderno turco, pero que fue aceptada a nivel social y penal después de que exterminaron a su pueblo, en 1946, luego del holocausto judío. Las Naciones Unidas usaron el concepto para definir que “el genocidio es la negación o la destrucción de un grupo social a través del terror”.

Después de que Feierstein se zambulló en esa historia al otro lado del océano, al frente de él estaba pasando algo similar. Comenzó a observar lo que ocurría en su país: una dictadura que desaparecía, hostigaba y torturaba a sus detractores y que de a pocos fue eliminando a cada uno de ellos. Después de eso Feierstein no volvió a ser el mismo. Trabajó con organismos de derechos humanos en la Argentina para pelear una batalla bestial: contra la impunidad. Reabrió el proceso de juzgamiento a los involucrados en los crímenes y logró que se aceptara que esas muertes, esas desapariciones, eran un genocidio. “Mi vida tenía que estar dedicada a eso”, sentenció el sociólogo, que viene por primera vez a Colombia para presentar en la Filbo su libro “El genocidio como práctica social” (Fondo de Cultura Económica, 2011).

 

¿Por qué es importante haber creado el concepto genocidio?

Es fundamental la creación de ese concepto y después transformarlo en figura legal porque habla de una práctica muy distinta a todas las otras prácticas que conocíamos en el código penal. Un genocidio no es un homicidio, no es una suma de homicidios, no es una serie de masacres o de horrores, es algo muy específico que es el intento de destruir la identidad de un pueblo. No existía ningún concepto para abordarlo ni ninguna herramienta legal para abordarlo. Necesitábamos conceptualizarlo para poder enfrentarlo, no sólo legalmente. Para poder enfrentar cualquier práctica necesitas entenderla y para entenderla necesitas nombrarla.

 

¿Cuál es la diferencia entre masacre y genocidio?

Masacre es un término muy amplio que da cuenta de cualquier proceso de muerte masiva. Las masacres pueden ser espontáneas, pueden ser el resultado de una confrontación específica en alguna guerra, pueden ser la represión puntual de algún hecho; eso, obviamente no les quita su horror. Pero, lo que no hay en una masacre es la intención de usar el terror para destruir la identidad: la masacre, podría decirse, es una reacción, mientras que el genocidio nunca es una reacción, el genocidio es una intención planificada. Un proyecto para transformar la identidad de un pueblo.

 

En el caso colombiano, ¿qué caso podría tomarse como un genocidio?

Yo creo que en Colombia hubo varios genocidios. Lo que pasa es que no todo el conflicto armado fue el genocidio. Me parece que ese es el tema más delicado de este país, donde hubo simultáneamente un conflicto armado y un genocidio. El conflicto armado y el genocidio son dos cosas distintas. La guerra tiene determinadas características y determinadas lógicas que tienen que ver con la confrontación de distintos sectores sociales, mientras que el genocidio es otro tipo de proyecto que se propone la destrucción de la identidad. Ha ocurrido en distintos casos históricos, como el nazismo, lo mismo que pasa en Colombia: la guerra y el genocidio coinciden, es decir, ocurren en el mismo período histórico. Lo importante a nivel político es poder distinguir un momento del otro. Porque una guerra requiere un proceso de paz y de reconciliación entre quienes libraron la guerra, pero un genocidio no puede saldarse con impunidad ni reconciliación. Me parece que es fundamental distinguir esos dos procesos. Colombia vivió distintos momentos de prácticas genocidas, los dos más fuertes fueron toda la política dirigida a los sectores rurales, y sobre todo comunidades indígenas y campesinas, por parte del aparato estatal y los paramilitares, y luego, el caso más tratado jurídicamente, el de la Unión Patriótica. Son dos procesos que dejan claro su contenido genocida y, si bien se encuentran articulados con la guerra, sus objetivos no son los objetivos de la guerra. El aniquilamiento de la Unión Patriótica se hace en el contexto de un proceso de paz, cuando uno de los bandos en conflicto decide incorporarse al espacio político y transformarse en un partido. Por lo tanto, hubo una fuerte convicción del Estado para impedir esa posibilidad y lo hizo a través del terror y la persecución sistemática de sus miembros. Lo mismo ocurrió con el intento de transformar la estructura productiva colombiana a partir del ataque a determinadas comunidades indígenas o comunidades campesinas. Creo que el gran desafío del caso colombiano es poder distinguir entre estas dos situaciones. Creo que requieren políticas distintas.

 

¿Cuál es la importancia de distinguir qué fue un genocidio y qué fue parte del conflicto armado?

Una sociedad no puede avanzar con la impunidad de genocidas. El tejido social no puede sanar si los responsables de prácticas genocidas no se hacen responsables de las consecuencias de sus acciones. Si no son atravesados por el aparato judicial, si no son sometidos a la ley, es imposible que esas conductas no se sigan repitiendo. Mientras, en el contexto del conflicto armado existe la posibilidad de evaluar distintos acuerdos dentro de un proceso de paz para poder, de alguna manera, reconstruir el lazo social en función de que no es la misma gravedad de los hechos ocurridos en una guerra que el diseño sistemático de un proyecto de exterminio. Me parece que esa es la importancia de poder entenderlo. Básicamente hay que diferenciarlos para saber cómo abordar estos dos tipos de conflicto.

 

¿Qué hacer cuando el Estado no reconoce un genocidio?

Yo creo que lo más común es que los estados no reconozcan su responsabilidad en procesos genocidas. Ahí está la enorme importancia del conjunto de la sociedad, de las organizaciones sociales, de los movimientos de los derechos humanos y, por supuesto, de la academia. Ellos deben intentar clarificar a la población, no sólo a los miembros del aparato estatal. Hay que aclarar lo ocurrido, tanto en una guerra como en un genocidio. El nivel de afectación de quienes sufren ese proceso es tan alto que lleva mucho tiempo poder percibir lo que ocurrió y poder ordenar dentro de la sociedad ese proceso. Sobre todo en un conflicto tan largo como el colombiano, en donde cada uno de sus factores ha tenido lógicas diferentes: desde la pelea por las tierras hasta el narcotráfico. La academia no puede ser abstracta: los conceptos sirven para actuar, así que en esos espacios se debe propender por la creación de esos conceptos. El sentido del conocimiento en cualquier disciplina es poder generar consecuencias en la acción, y creo que en ese sentido hay una responsabilidad enorme en las ciencias sociales. Es una responsabilidad de todos señalar cuál sería el camino más útil para la sociedad, más aún cuando el Estado va por donde no es.

 

En los últimos 14 meses han asesinado en el país a 120 líderes sociales, sobre todo de zonas rurales. ¿Podría decirse que es el inicio de un genocidio?

Ese trabajo de periodización que he realizado del genocidio en Colombia es muy difícil de distinguir, por la continuidad del conflicto. La pregunta sería: ¿es la etapa de un nuevo proceso genocida o es la continuidad de algo que ha concluido? Uno de los problemas actuales de este país es que no se ha detenido el paramilitarismo y esa debería ser la prioridad número uno en cualquier proceso de paz. Si se sigue garantizando la impunidad de quienes participaron en prácticas genocidas es muy difícil que se pueda detener la práctica genocida, por más que se detenga el conflicto. Porque son actores que se creen autorizados para continuar con esas prácticas. Lo bueno es que en Colombia sí ha habido procesos judiciales, en específico con el caso de la UP.

 

¿Los procesos genocidas tienen un “modus operandi”, comparten similitudes?

Por lo general, siempre hay una serie de cuestiones que se repiten en diferentes procesos genocidas. Una de ellas es el rol de las organizaciones paraestales. Esto es muy común y por lo general se encuentra en la etapa de hostigamiento. Pero los casos de Colombia y México, donde la relación del Estado y lo paraestatal nunca termina de quedar clara, son como una avanzada de una nueva modalidad de implementación del genocidio. En ambos países no hay un golpe militar que establezca un gobierno dictatorial, continúa la formalidad democrática y por eso la participación estatal es más mediada. En la mayoría de los procesos genocidas hay un momento de confusión donde operan las organizaciones paraestatales y luego, por lo general, el Estado asume la coordinación de ese proceso de exterminio. Acá, por el contrario, el aparato paraestatal nunca ha desaparecido y por eso el Estado se ha desentendido de unas prácticas que surgieron desde su propio riñón. Para que el Estado afronte sus nexos con el paramilitarismo va a tener que haber una revolución social.

 

¿Cuáles son los roles más importantes en los grupos que cometen genocidio?

En un genocidio hay distintos tipos de funciones. Lo más importante es poder desarmar al grueso de los que participan en un proceso genocida. Los principales no son los que lo diseñan, los que odian a aquella población que persiguen, sino los que obedecen. Todo un sistema montado sobre el sistema de la obediencia y de no hacerse responsable de las consecuencias de las acciones. Muchos de los genocidas no están contentos con lo que hacen, tienen problemas para asumirlo, pero lo resuelven desde la lógica de la obediencia. El elemento central para combatir la posibilidad de cualquier genocidio es poder construir en la población la idea de hacernos cargo de nuestros hechos y que en ese sentido tenemos la capacidad de oponernos a aquello que nos indigna. De resistirnos, de hacer lo que no queremos hacer. Lo que demuestra la historia de los procesos genocidas es que esto no necesariamente cuesta la vida. Hay mucha gente que se ha opuesto a procesos genocidas, a desempeñar tareas en esos procesos y se pierde el trabajo o hay un traslado —un tipo de castigo—. No es necesariamente algo que requiera un altísimo nivel de heroísmo, pero es algo que puede detener la maquinaria de la muerte.

 

Fuente:http://www.elespectador.com/noticias/cultura/hasta-que-el-estado-no-aclare-sus-nexos-con-el-paramilitarismo-el-genocidio-en-colombia-va-continuar-articulo-692264

 

 

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