Una mujer vestida con un hiyab toma fotografías este jueves frente el Museo de Santa Sofía en Estambul. EFE/Sedat Suna

Después de un siglo de absentismo en Oriente Próximo, Turquía vuelve a la región para defender sus intereses vitales. El presidente Erdogan se enfrenta a un aislamiento creciente de las potencias regionales y occidentales a causa del islamismo moderado que practica, lo que le obliga a intervenir en conflictos que hasta ahora los turcos ignoraban.

 

A fines de junio el diario francés Le Figaro se alarmaba al dar cuenta de la creciente influencia de Turquía en el Mediterráneo oriental, destacando la preocupación que esta circunstancia suscita en numerosos países de la región, desde Grecia a Egipto y desde Arabia Saudí a Israel, así como entre ciertas potencias occidentales, incluida Francia, cuyos planes para la zona son bien distintos a los de Ankara.

Naturalmente, los intereses de París y Turquía en Libia están alejados. Los franceses quieren un norte de África estable y apartado de cualquier forma de islamismo, por moderado que sea, mientras que los turcos aspiran a que los gobiernos acojan con afecto el islamismo moderado o que lo representen directamente, por supuesto garantizando la estabilidad.

Desde la desaparición del califato en el siglo XX, y desde que perdió sus posesiones en Oriente Próximo a manos de las potencias europeas en la Primera Guerra Mundial, Ankara había desarrollado una política modesta y nada agresiva en la región, una política sin aspiraciones trascendentes. Sin embargo, en los últimos años el presidente Recep Tayyip Erdogan ha puesto fin a un siglo de absentismo por motivos estratégicos.

Desde París el presidente Emmanuel Macron ha lanzado una campaña internacional para desacreditar a Erdogan, campaña que gira especialmente entorno al acuerdo marítimo que Ankara firmó en noviembre de 2019 con el gobierno de Trípoli reconocido internacionalmente. París asegura que ese acuerdo "suscita los miedos de una escalada regional a la luz de un creciente riesgo de conflicto".

Los franceses sostienen que con el acuerdo marítimo, Turquía podría impedir que se construyera el gasoducto que planea Israel para exportar gas a Europa. Los libaneses dicen que una parte de ese gas está en yacimientos situados dentro de su zona marítima, aunque lógicamente no están capacitados para defenderse de lo que califican de robo por parte del estado judío.

Además, las aguas de Chipre son también ricas en gas, lo que suscita una disputa entre Chipre y Grecia por un lado, y Turquía, que ocupa el norte de Chipre desde los años setenta, por otro lado. Los israelíes no han entrado abiertamente en el conflicto, aunque es evidente que no se quedan al margen y hacen que otros países, incluidos Chipre y Grecia, defiendan sus intereses.Turquía es un tema central en los medios de comunicación hebreos. Israel, que es con gran diferencia la potencia dominante en Oriente Próximo y la que dicta las políticas de sus aliados, es la enemiga número uno de Ankara y mueve activamente unas fichas que incluyen los Emiratos Árabes Unidos (EUA), Arabia Saudí y Egipto por este orden. Los ataques de los medios hebreos contra Turquía están a la orden del día y son muy numerosos.

Los medios hebreos no solo se hacen eco de los conflictos internacionales de la región. Alegan que Turquía es un país que no garantiza la libertad religiosa y que está destinando millones de dólares a organizaciones benéficas palestinas con el fin de manipular a los palestinos según sus intereses. Para más inri, decía la semana pasada The Jerusalem Post, los turcos destinan dinero a la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, donde un creciente número de israelíes quiere establecer el Tercer Templo en cuanto se presente la oportunidad.

Desde el momento en que Turquía, Francia y Grecia son miembros de la OTAN, parece difícil imaginar un escenario de guerra, pero bien podría ser que se registren incidentes como el que ocurrió en las aguas libias en junio entre los ejércitos de Francia y Turquía, donde Turquía se llevó el gato al agua a costa de Francia, una ofensa que Macron no ha digerido.

El ministro de Defensa griego, Nikolaos Panigiotopoulos, dijo hace pocas fechas que su país "está listo para un conflicto militar con Turquía". Atenas ha denunciado que los turcos están perforando en busca de gas y petróleo en dos decenas de lugares que los griegos consideran que están dentro de su jurisdicción, y hace pocos días barcos militares de los dos países registraron un incidente.

Con este complejo panorama es difícil definir las ambiciones de Erdogan. Por un lado es evidente que los países de Oriente Próximo y Europa están a disgusto con su islamismo y no quieren que llegue a otros lugares. Por otro lado, es obvio que a causa de ello, Turquía está siendo aislada por las potencias dominantes, una situación que a Erdogan no le queda más remedio que corregir buscando aliados a cualquier coste.

Las relaciones entre Erdogan y Washington han experimentado altibajos en los cuatro años de mandato del presidente Donald Trump. En el libro publicado en junio por el exconsejero para la seguridad nacional de Trump, John Bolton en más de una ocasión indica que Trump ha estado dando su apoyo a Erdogan, lo que por ejemplo justificaría la presencia turca en Libia.

Esta situación quizá cambiará si Trump pierde las elecciones de noviembre como indican las encuestas. Esto le crearía un serio problema a Erdogan, máxime si Francia consigue arrastrar al resto de la Unión Europea contra Turquía. La política exterior europea con respecto a Oriente Próximo no puede estar más equivocada. No solo no hay una voz unificada sino que cada país va a su bola sin tener en cuenta los intereses del continente en su conjunto, una circunstancia que aporta más inestabilidad a la región.

JERUSALÉN

05/07/2020 08:49

EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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Ciudadanos con cubrebocas en Caracas frente a un mural del fallecido presidente Hugo Chávez. El gobierno venezolano busca desesperadamente recursos para enfrentar la pandemia de Covid-19.Foto Ap

Caracas. Once colaboradores del líder opositor Juan Guaidó fueron imputados en Venezuela por "traición a la patria", acusados de "despojar" a Venezuela de las reservas de oro almacenadas en el Banco de Inglaterra, informó este viernes la Fiscalía. "A todos estos criminales que han actuado para favorecer los intereses de potencias extranjeras (...) se les imputan los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir", anunció el fiscal general, Tarek William Saab, en declaraciones a la televisión estatal.

El gobierno de Maduro requiere los fondos para atender la pandemia de Covid-19 en Venezuela.

Figuran en la lista Vanessa Neumann y Carlos Vecchio, delegados de Guaidó en Reino Unido y Estados Unidos; así como el diputado Julio Borges, exiliado en Colombia, encargado de las relaciones exteriores del dirigente parlamentario, quien reclamó la presidencia encargada de Venezuela en enero de 2019 con reconocimiento de medio centenar de países. También están entre los acusados los cinco miembros de la directiva ad-hoc del Banco Central de Venezuela, Ricardo Villasmil, Guaicoima Cuius, Manuel Rodríguez, Nelson Lugo y Carlos Suárez; el ex procurador especial José Hernández y dos miembros de su equipo, Irene Loreto y Geraldine Afiuni.

El jueves, el gobierno de Nicolás Maduro pidió una investigación penal para determinar "responsabilidades por el robo" de más de mil millones de dólares en oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, tras un fallo de la justicia británica que se derivó de que el gobierno británico es uno de los que reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

El Ministerio Público solicitó "órdenes de aprehensión y congelamiento de bienes" contra los acusados, afirmó Saab. No habló, sin embargo, de procesos de solicitud de extradición.

El fiscal, quien se refirió a Guaidó como "payaso", calificó a los acusados de "falsos representantes de Venezuela que han intervenido en la apropiación del oro de la República".

Contra Guaidó cursan varias investigaciones penales en la justicia venezolana, sin que haya sido ordenada su detención.

El gobierno de Maduro lleva año y medio intentando sin éxito recuperar más de 30 toneladas de oro que Venezuela tiene guardadas en las cámaras del Banco de Inglaterra.

La oficina de prensa de Guaidó dijo en un comunicado que mientras el "proceso judicial continúa", los recursos se mantendrán en el Reino Unido y no serán usados a corto plazo.

El Banco Central de Venezuela, controlado por Maduro, anunció el jueves que apelará de la sentencia del juez británico.

En tanto, el presidente estadunidense, Donald Trump, utilizó el dinero robado a Venezuela para construir parte del muro en la frontera con México, según un informe del sitio digital thegrayzone.com.

Se estima que 24 mil millones de dólares del dinero público venezolano fueron saqueados y la administración Trump uso al menos 601 millones de dólares para construir un muro militarizado en la frontera entre Estados Unidos y México, precisa el sitio.

La denuncia suscrita por Ben Norton, periodista, escritor y cineasta, señala que desde que la Casa Blanca comenzó con un intento de golpe de estado contra el gobierno electo de Venezuela en enero de 2019, hasta 24 mil millones de dólares de bienes públicos venezolanos fueron confiscados por países extranjeros, principalmente por Washington y los estados miembros de la Unión Europea.

Durante su campaña presidencial de 2016, Trump insistió en innumerables ocasiones en que "haría pagar a México" para construir un gigantesco muro que cubriera los aproximadamente 3 mil 145 kilómetros de su frontera común.

Al calificar de cuestionables las fuentes de financiación usadas por el mandatario estadunidense, Norton señala que Trump recurrió a ellas incapaz de obligar al país vecino a financiar su proyecto favorito de 18 mil millones de dólares, que ya costó unos 30 millones de dólares por milla en el sur de Texas.

Norton cita como fuente de la información a la cadena Univisión, la cual revisó los registros del Congreso estadunidense y documentos judiciales, en los cuales encontró que la administración Trump aprovechó 601 millones de dólares del "fondo de confiscación" del Departamento del Tesoro para la construcción del muro.

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La justicia británica se queda con las reservas de oro de Venezuela

Un juez sentenció que el gobierno de Maduro no podrá usar las 31 toneladas de oro que se encuentran en el Banco de Inglaterra 

El Banco Central del país bolivariano anunció que “apelará inmediatamente la absurda e insólita decisión de un tribunal inglés".

 

El juez británico Nigel Teare del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra, sentenció que las 31 toneladas de oro venezolano que se encuentran en el Banco de Inglaterra no pueden ser manejadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) ya que el “el gobierno de su Majestad reconoce a Guaidó en calidad de presidente constitucional interino de Venezuela”.

La justicia británica dictaminó entonces que quien tendrá acceso al oro en reclamación, valorado en cerca de 1.6 mil millones de dólares, será el “gobierno de Guaidó” a través de la “junta ad hoc del BCV” que designó en julio del 2019, pocos meses después de su autoproclamación.

El BCV anunció que “apelará inmediatamente la absurda e insólita decisión de un tribunal inglés que pretende privar al pueblo venezolano del oro tan urgentemente necesario para hacer frente a la pandemia de covid-19”.

La demanda por el oro por parte del BCV había iniciado a finales del 2018. El reconocimiento en enero del 2019 de Guaidó como “presidente encargado” por parte de Gran Bretaña, congeló la respuesta del gobierno británico a la demanda venezolana, algo que el gobierno de Nicolás Maduro denunció diplomáticamente en reiteradas oportunidades.

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, se refirió en su libro La habitación donde sucedió, una memoria de la Casa Blanca a esa decisión británica. Allí afirmó que el entonces ministro de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, estaba “encantado de cooperar” con Estados Unidos, “por ejemplo congelando los depósitos de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra”.

Bolton se refiere a esa decisión de inicio del 2019 como parte de los “pasos que ya estaban aplicando para presionar financieramente a Maduro”. En ese mismo párrafo, el ex asesor de Seguridad Nacional destaca como, en esos días, trabajaban para recrudecer las sanciones sobre la industria petrolera venezolana.

El BCV prosiguió durante el 2019 y 2020 en el intento de acceder a las reservas de oro. En mayo pasado realizó una demanda ante el Tribunal Comercial de Londres para que el Banco de Inglaterra entregue el oro venezolano. Allí no solamente fue expuesto el argumento legal, sino también humanitario: el monto del oro sería destinado para ir directamente al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para hacer frente a la pandemia en el país.

La falta de respuesta del Banco de Inglaterra durante meses se debió a la zona gris diplomática construida hacia Venezuela. Mientras el gobierno inglés reconoció a Guaidó, su “embajadora”, Vanessa Neumann, fue recibida, pero sin las credenciales formales, una situación similar a la ocurrida en varios países de Europa y América Latina.

Así, mientras por un lado la política exterior apoyaba la política de gobierno paralelo en Venezuela, la situación legal no era clara, algo diferente al caso estadounidense donde fueron alineados en la misma política -con tensiones- la Casa Blanca, el Departamento de Estado, del Tesoro, y de Justicia. Esa situación de falta de claridad, sobre la cual el Banco de Inglaterra se amparaba para su falta de respuesta, fue despejada con la sentencia del día jueves.

Este fallo representa no solamente una pérdida para el BCV, sino que sienta a su vez un precedente para otros expedientes en una situación similar, como los 120 millones de dólares pertenecientes al BCV que se encuentran en el Deutsche Bank, o las numerosas cuentas congeladas en diferentes bancos.

Se abre entonces una nueva puerta para que se profundicen los mecanismos de robo de activos y bienes de Venezuela en el exterior, algo que ha venido sucediendo desde el inicio del reconocimiento estadounidense a Guaidó. El caso paradigmático es el de CITGO, la filial de PDVSA en Estados Unidos (EEUU) -valorada en 8 mil millones de dólares-, que fue embargada por el gobierno estadounidense en el 2019, y se encuentra actualmente bajo amenaza judicial de remate y desmembramiento para ser apropiada por una minera canadiense, Crystallex, o una petrolera estadounidense, ConocoPhillips.

Este proceso de despojo ha sido uno de los objetivos centrales contra Venezuela. El gobierno venezolano convocó, por ejemplo, en el mes de mayo al encargado de Negocios del Reino Unido en Venezuela para “presentarle protesta formal y exigir explicaciones ante la creación en su Cancillería de una Unidad para la Reconstrucción de Venezuela”.

De esta manera, mientras Guaidó perdió toda gravitación dentro del país, su mantenimiento artificial permite que avancen procesos de robo a la Nación. Esa política de piratería y bloqueo es parte de las divisiones de la oposición en el país. El sector que aún se mantiene alrededor de la estrategia del gobierno paralelo sostiene la necesidad de las sanciones y congelamiento de activos. Afirman, contra toda evidencia, que no afectan al conjunto de la población, sino únicamente al núcleo de poder del chavismo.

Otro sector en cambio, tanto político como de sectores económicos, se opone a la estrategia de asfixia y despojo progresivo. Ese sector es quien participará de las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, para las cuales ya se han anotado 89 partidos políticos.

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La tripulación del buque iraní "Fortune" durante su llegada a la refinería El Palito, en Venezuela. 25 de mayo de 2020.Palacio de Miraflores / Reuters

El dictamen apunta al decomiso de cuatro buques con una carga aproximada de 1,1 millones de barriles de combustible, que van rumbo al país suramericano.

La Justicia Federal de EE.UU. emitió una orden para decomisar cuatro buques iraníes que trasladan combustible hacia Venezuela, por considerar que la transacción beneficia a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que han sido catalogados por la Casa Blanca como una supuesta "organización terrorista".

El dictamen del juez James Boasberg responde al pedido de cuatro fiscales, y pretende el decomiso de aproximadamente 1,1 millones de barriles de gasolina, que son trasladados actualmente por los buques Bella, Bering, Pandi y Luna, hacia Venezuela.

De acuerdo con Boasberg, esta gasolina quedará bajo jurisdicción exclusiva de la corte federal para el Distrito de Columbia. Sin embargo, no indica qué métodos aplicará el gobierno de EE.UU. para confiscar las cargas.

El Departamento de Justicia estadounidense mostró su apoyo a la medida, al considerar que las ganancias por la venta de este combustible supuestamente "respaldan toda la gama de actividades nefastas de la Guardia Revolucionaria", incluyendo "terrorismo y abusos contra los derechos humanos".

Entre el 23 de mayo y el 1 de junio, los buques iraníes Clavel, Petunia, Fortune, Forest y Faxon, ignoraron las amenazas del gobierno de EE.UU. y se trasladaron a Venezuela, con un total de 1,53 millones de barriles de gasolina y alquilato. Sin embargo, los barcos Bella y Bering desistieron de la transacción para evitar las sanciones de Washington. 

Dos semanas después, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó en su lista de sancionados a los capitanes de estos cinco barcos, por "apoyar a grupos terroristas y dictadores".

En esa oportunidad, el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, dijo que ese organismo perseguirá "a cualquiera que apoye los intentos iraníes de evadir las sanciones de los EE.UU. y que además permita un comportamiento desestabilizador en todo el mundo".

Venezuela ha registrado problemas con el abastecimiento de gasolina debido a las medidas unilaterales y coercitivas aplicadas por EE.UU., que no solo implican sanciones a altos funcionarios del Gobierno y el bloqueo de sus activos, sino que también contemplan amenazas a cualquier país que intente establecer relaciones comerciales con Caracas.

Publicado: 2 jul 2020 23:41 GMT

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Maduro echa a la embajadora de la UE y el bloque analiza represalias

Aumenta la tensión entre Venezuela y la Unión Europea

Luego de que la UE anunciara sanciones a funcionarios venezolanos, Maduro le dio 72 horas a la embajadora Isabel Brilhante para dejar el país. 

 

El presidente Nicolás Maduro dio 72 horas a la embajadora de la Unión Europea (UE) en Venezuela, Isabel Brilhante, para dejar el país. La decisión fue expresada el lunes por la noche, luego de que la UE anunciara nuevas sanciones a funcionarios venezolanos. La UE, por su parte, anunció este martes que convocará a la embajadora de Venezuela ante la UE, Claudia Salerna Caldera, ante las instituciones europeas. Josep Borrell, representante para Asuntos Exteriores, quien condenó la decisión del gobierno venezolano, anticipó que habrá “medidas necesarias habituales de reciprocidad”.

 “¿Qué poder se abrogan ellos? ¿Quiénes son para sancionar? ¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza?”, afirmó Maduro al anunciar la decisión. Las nuevas sanciones europeas afectaron a 11 personas, entre ellas, a miembros de la dirección de la Asamblea Nacional Constituyente, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y de la Asamblea Nacional (AN) reconocida por el TSJ, en particular a su presidente Luis Parra.

Las sanciones habían sido anticipadas por la UE el pasado 9 de enero, cuando, en un comunicado, la diplomacia europea respaldó nuevamente a Juan Guaidó como presidente de la AN, luego de que el 5 de enero el órgano legislativo quedara dividido en dos directivas: una encabezada por Guaidó y otra por Parra.

El total de sancionados por la UE asciende así a 36 personas. Las medidas implican la prohibición de viajar a territorio europeo, el congelamiento de activos y se suman al embargo de armas decretado en noviembre del 2017.

La decisión europea tuvo lugar luego de que el pasado 12 de junio el TSJ nombrara la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE). La Unión Europea no reconoció la validez de ese acto, por lo tanto, al nuevo poder electoral, institución medular de las elecciones legislativas previstas para este año.

Jorge Arreaza, canciller venezolano, rechazó entonces la “pretensión europea de imponer una suerte de supervisión al funcionamiento de las instituciones democráticas en Venezuela”.

La decisión tomada por el gobierno venezolano respecto a la embajadora europea es así una respuesta a las declaraciones y medidas europeas. “Vamos a ordenar nuestras cosas con la UE, vamos a ir paso a paso, ya basta, si no nos quieren que se vayan, si no respetan a Venezuela que se vayan”, indicó Maduro.

El presidente también se refirió al caso específico del embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, sobre quien, afirmó, “Venezuela se reserva las acciones diplomáticas”, debido a su rol en la denominada Operación Gedeón, el intento de un desembarco armado en las costas del país a finales de mayo, del cual participaron dos mercenarios estadounidenses.

Maduro señaló la “complicidad” de Silva “con los actos criminales denunciados en el Wall Street Journal. El periódico estadounidense publicó un reportaje pocos días atrás donde indicó que López consideró “al menos seis propuestas de contratistas de seguridad privada para llevar a cabo incursiones militares para provocar una rebelión en las fuerzas armadas de Venezuela y derrocar al presidente”.

Leopoldo López se encuentra en la embajada de España desde el 30 de abril del 2019, luego de su intento fallido de encabezar un golpe de Estado junto a Guaidó y un grupo de militares. Así, según denuncias del gobierno y ahora de la investigación del Wall Street Journal, el dirigente del partido Voluntad Popular fue parte central del plan de la Operación Gedeón desde la embajada.

Esta nueva sucesión de hechos entre Venezuela y la UE sucede antes de las próximas elecciones legislativas que deberán ser anunciadas por el CNE. Todo indica que los comicios no serán reconocidos por quienes actualmente no reconocen al gobierno de Maduro, es decir centralmente Estados Unidos, Canadá, la UE, los gobiernos de derecha de América Latina.

El cuadro internacional respecto a Venezuela seguirá así similar al actual, donde, ese conjunto de gobiernos desconocerá los comicios, sus resultados y la nueva AN electa. ¿Qué sucederá luego? Seguramente una situación también similar a la que ahora acontece, con mayores sanciones y un intento de institucionalidad paralela, cada vez más reducida, bajo la figura de Guaidó.

El cambio estará a lo interno del país, donde participarán diferentes partidos de la oposición. Ese crecimiento de factores dispuestos a participar de las elecciones es el principal cambio que se ha venido construyendo en los últimos meses a través de diferentes mecanismos de diálogo. Parra, sancionado por la UE el lunes, es uno de los dirigentes que respaldan la próxima contienda electoral.

Aún faltan varios meses para las elecciones. Mientras tanto Venezuela enfrenta otro conflicto: la demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por parte de la República Cooperativa de Guyana para tratar acerca del territorio en reclamación de Guayana Esequiba, territorio venezolano apropiado ilegalmente por Gran Bretaña a inicios del siglo XIX.

El gobierno venezolano ya anunció su desconocimiento de la audiencia de la CIJ iniciada este martes, debido a que la Corte “carece de jurisdicción para tratar la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba”, uno de los reclamos históricos de Venezuela.

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Netanyahu refuerza su política de hechos consumados con la anexión israelí de parte de Palestina

El primer ministro israelí ha anunciado que el país comenzará a extender su soberanía a partes de Cisjordania a partir de julio

 

La anexión de buena parte de Cisjordania, sea de un solo trago o por fases, no es el primer paso ni tampoco será el último. Son muchos los que Israel ha dado en esta dirección en los últimos 72 años.

A fuerza de insistir en el empeño, no solo parece haber perdido la sensibilidad para darse cuenta de ello, sino que también ha acostumbrado a los demás a aceptar como normal lo que no lo es. Porque violar directamente el derecho internacional y resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU –sea en relación con la capitalidad de Jerusalén, los Altos del Golán sirios, el castigo colectivo a la población ocupada o los asentamientos– no es lo normal.

Cabría pensar que a Israel le ocurre lo mismo que a Gregorio Samsa en la Metamorfosis de Kafka. Tras lo que inicialmente su familia recibe como una monstruosidad –su súbita conversión en algo parecido a un insecto– pronto da paso a una nueva normalidad que, a la postre, resulta mortal para él mismo. En este sentido, la comunidad internacional ha terminado anestesiada ante una secuencia imparable de violaciones israelíes que por mera acumulación se han convertido en "normales".

Israel ha denominado 'plan de paz' a lo que para los palestinos tan solo es el certificado de defunción de su sueño político y como resultado de una persistente (y consentida) estrategia de hechos consumados, ha logrado inclinar (¿irreversiblemente?) la balanza a su favor. Todo esto, con el salvoconducto concedido por Donald Trump para que Benjamin Netanyahu pueda proseguir su huida hacia adelante.

Una huida que ha acabado con la justicia pisándole los talones. Su estrategia deja una larga ristra de perdedores. Pierden, en primer lugar, los palestinos que sueñan con un Estado propio, tras haber renunciado en 1947 a aceptar el 44% de la Palestina histórica que les concedía el Plan de Partición (a pesar de ser el 70% de la población). En 1993 no les quedó más remedio que acepar quedarse reducidos al 26% del territorio y, ahora, el plan de Netanyahu es restar otro 30% de la menguada Cisjordania a partir del 1 de julio. El primer ministro israelí asegura que no se trata de una anexión, aunque implica aplicar la soberanía de Israel a partes de Cisjordania que contienen asentamientos y al Valle del Jordán.

A eso hay que añadir que no se ha escuchado la voz de los palestinos durante el proceso que ha llevado hasta aquí, que la anexión remata la discontinuidad física y que el control marítimo, aéreo y fronterizo del 'bantustán' palestino remanente estará en manos israelíes. Solo los que sueñan despiertos encuentran algún resquicio de esperanza política en el futuro. Y, por el camino, la decisión de Netanyahu se lleva definitivamente por delante a la depauperada Autoridad Palestina, con un Mahmud Abbas agotado y sin crédito alguno para pedir moderación a una población que hace tiempo le ha vuelto la espalda.

Pierden también los israelíes porque lo que se avecina no puede tampoco ser la ansiada paz, con el reconocimiento dentro de fronteras seguras por parte de sus vecinos (solo Egipto y Jordania lo han hecho) y con la normalización de relaciones. Nadie duda de la superioridad de fuerza de Tel Aviv, pero tras seis guerras y dos intifadas, nadie puede dudar tampoco de que no hay solución militar al conflicto.

Tratar de imponerse de este modo –sabiendo que Benny Gantz no se atreverá a romper la coalición porque es consciente de que, electoralmente, está en rumbo de caída sin freno– alimenta las opciones violentas tanto de los desesperados que ven arruinados sus proyectos de vida como de los grupos que, en ambos lados, siguen apostando por el "cuanto peor, mejor".

Igualmente, salen muy mal parados los Estados árabes, no solo sumisos ante los fuertes, sino también fragmentados entre sí y visiblemente acomodados a los dictados de Washington y Tel Aviv, lo que difícilmente va a encontrar eco positivo entre sus propias poblaciones. Y lo mismo cabe decir de la Unión Europea, que no ha logrado adoptar una línea de acción común por las diferencias internas entre sus miembros. El bloque comunitario sigue buscando en el diccionario palabras que expresen descontento y rechazo, pero se cuida de que no transmitan ninguna voluntad de pasar a los hechos y de que no hieran la sensibilidad de los gobernantes israelíes.

Estados Unidos, por su parte, dilapida así los últimos vestigios de credibilidad y de liderazgo que le quedan en la calle árabe, con un Donald Trump convertido en el valedor principal de Netanyahu. Trump sigue sin querer entender que, de ese modo, daña los intereses de su propio país, al tiempo que Washington pierde lustre inevitablemente como líder mundial, al bendecir una violación del derecho internacional. Y, en definitiva, pierde toda la comunidad internacional porque nunca es buena noticia que la ONU muestre su impotencia y que no se cumpla el derecho internacional.

A corto plazo, el único ganador es Netanyahu, pero son muchos los responsables de consentir su comportamiento.

Por Jesús A. Núñez

30/06/2020 - 21:22h

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La gestión de la pandemia ha acrecentado el enfrentamiento entre Estados Unidos y China.

El coronavirus ha disparado la rivalidad entre las dos potencias y cada vez es más evidente que los demás países no podrán permanecer neutrales y se tendrán que posicionar.

 

George Kennan, jefe adjunto de la misión de Estados Unidos en Moscú tras la segunda guerra mundial, supo capturar en sus memorias cómo en las relaciones internacionales las percepciones cambian con gran rapidez. En el libro, el diplomático estadounidense, al que muchos consideran el autor intelectual de la guerra fría, señalaba que si hubiera enviado su famoso Telegrama Largo de 1946 sobre la naturaleza expansionista de la Unión Soviética seis meses antes, su mensaje "probablemente habría sido recibido con muchas reservas por el departamento de estado de la época. Por otra parte, si lo hubiera enviado seis meses más tarde, habría sonado redundante, como si predicara a los conversos”.

Ahora, en un contexto de enfrentamiento de Estados Unidos con China por la pandemia de coronavirus, parece que muchas de las democracias del mundo están adoptando, tan rápidamente como en 1946, una nueva percepción del orden mundial. Mike Pompeo, el Secretario de Estado de Estados Unidos, ha declarado que el partido comunista chino es la principal amenaza para la seguridad nacional, por delante del terrorismo internacional, y un número creciente de países parece estar de acuerdo con esta afirmación.

Aquellos que defendían la teoría de que si China se liberalizaba económicamente después lo haría políticamente temen haber estado del lado equivocado de la historia. La firmeza del gobierno chino es patente a lo largo y ancho del país; desde el espacio aéreo sobre Taiwán, los rascacielos de Hong Kong, la fría Himalaya en la frontera con India y los arrecifes que rodean las islas Xisha/Paracelso en el Mar de la China Meridional. Son muchos los países que están reevaluando la naturaleza de esta potencia. La decisión del gobierno australiano de denunciar un ciberataque orquestado por un país, sin nombrar a China, es solo un ejemplo de la percepción imperante. Ahora, Estados Unidos exige que sus aliados no sólo reconozcan que han sido ingenuos sino que se unan a una alianza en contra de la potencia. Por otra parte, China, tal vez menos abiertamente, está presionando a otros países para que se unan a un bloque rival.
 
Muchos países están tratando de evitar las presiones de ambas superpotencias, pero cada vez es más evidente que se está reduciendo la posibilidad de ser un país neutral o no alineado. India, por ejemplo, que siempre ha estado orgullosa de lo que su ex asesor de seguridad nacional Shivshankar Menon llama su "autonomía estratégica", tiene dificultades para posicionarse después de que el ejército chino apaleara brutalmente a sus soldados en el valle de Galwan [en el enfrentamiento murieron 20 soldados indios que patrullaban la frontera]; un acto que según Menon no tiene precedentes por su alcance y las implicaciones sobre las relaciones entre los dos países vecinos.

Durante mucho tiempo Menon ha argumentado que India debería evitar las alianzas permanentes con otros países. “Evidentemente, la posición ideal para India es estar muy cerca tanto de China como de Estados Unidos, mucho más cerca de lo que estas dos potencias están entre sí”, ha señalado. Sin embargo,  a medida que la retórica y las amenazas se intensifican, es cada vez más difícil navegar entre las dos potencias de la forma que defendía Menon. Más bien parece que se está gestando una nueva guerra fría, en la que se lucha tanto con tecnología y aranceles como con armamento convencional.

De hecho, la gran pregunta para los próximos seis meses es hasta qué punto los países que se oponen a que el mundo vuelva a dividirse en dos bloques podrán mantenerse neutrales y si los países a lo largo y ancho del mundo están tan conectados económicamente que el precio del desacoplamiento que exige Estados Unidos es demasiado alto.
 
Solo unos años atrás, muchos hubieran argumentado que íbamos a plantearnos estas cuestiones a finales de esta década. Al fin y al cabo, durante la presidencia de Barack Obama, ya se fue gestando lentamente una rivalidad entre superpotencias. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump estas preguntas requieren una respuesta más urgente. En palabras de uno de los asesores de Trump caídos en desgracia, Steve Bannon, “estamos ante dos sistemas que son incompatibles, y uno va a ganar y el otro va a perder”. El coronavirus, el Gran Acelerador, ha llevado esta cuestión a un punto crítico antes de lo esperado.

Según Kishore Mahbubani, fellow del Asia Research Institute, Trump se ha preparado de forma caótica para esta batalla. "El problema clave es que Estados Unidos ha decidido librar una batalla geopolítica contra China, la civilización más antigua del mundo, sin diseñar primero una estrategia detallada sobre cómo lo va a hacer. Es muy desconcertante. Para Corea del Sur y Japón esto no es un problema abstracto. Estados Unidos quiere que ambos se separen de China, pero para ambos países esta brecha es un suicidio económico".

Mahbubani fue el representante de Singapur ante las Naciones Unidas. El primer ministro del país, Lee Hsien Loong, defiende con la misma vehemencia que a Asia no le conviene adoptar el punto de vista de Bannon. "Los países asiáticos ven a Estados Unidos como una potencia residente [una potencia que no tiene territorio en una región pero sí influencia] con intereses vitales en la región", dice. "Al mismo tiempo, China es una realidad muy cercana. Los países asiáticos no quieren que se les obligue a decantarse por uno. Y si alguno de los dos intenta forzar esa elección - si Washington intenta contener el ascenso de China o Pekín intenta construir una esfera de influencia exclusiva en Asia - iniciarán una trayectoria de confrontación que durará décadas y pondrá en peligro el tan anunciado siglo asiático".

Loong urge a Estados Unidos a no ver esta situación como una repetición de lo que pasó en 1946. "China está lejos de ser un pueblo de Potemkin o de la tambaleante economía dirigida que definió a la Unión Soviética en sus últimos años. Es poco probable que cualquier confrontación entre las grandes potencias termine, como la guerra fría, con el colapso pacífico de un país".

Europa también lucha por mantenerse neutral. Sí, es cierto que un año atrás Europa declaró que China era “un rival sistémico” y la mayoría de los países de la UE están tratando de diversificar sus cadenas de suministro, limitar las subvenciones extranjeras o revisar la forma en que regulan las delicadas inversiones internas chinas. Pero Josep Borrell, el jefe de la política exterior de la UE, es reacio a ser arrastrado a la guerra total de Trump. Después de las conversaciones por vídeo con el ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi a principios de este mes, reveló la doctrina de Sinatra; Europa lo hará “a su manera”.

Borrell ha insistido en el hecho de que China no es una amenaza militar y ha reconocido que Wang le había dicho que a China no le gusta que la llamen "rival sistémico". Borrell ha tenido que reconocer a regañadientes que  "las palabras importan", antes de tener que compartir una enrevesada teoría lingüística sobre el significado de la palabra "rival".  ¿'Rival' en qué? ¿Es 'sistémico' una cuestión de rivalidad entre sistemas? ¿O es una rivalidad sistemática? Hay dos interpretaciones".

Para países como Alemania no se trata de un juego de palabras. China se gastó 96.000 millones de euros (87.000 millones de libras esterlinas) en productos exportados alemanes en 2019, casi la mitad que la UE. Volkswagen vendió 4,2 millones de coches a China en el año fiscal 2017. Si Deutsche Telekom se viera obligada a retirar de su red a los proveedores de equipos chinos - un escenario llamado Armagedón - tomaría 5 años y costaría miles de millones. Berlín no tiene ningún interés en cultivar una rivalidad sistémica con China, y tampoco es lo que quieren los alemanes.  En una encuesta tras otra afirman que Trump es una amenaza mayor para la paz mundial que Xi.

De manera similar, en América Latina resulta sorprendente ver cómo giran en torno a  China. Para Chile, probablemente la economía de mercado más libre del continente, China es su principal socio comercial tanto en términos de importaciones como de exportaciones.

El presidente de China, Xi Jinping, ha extendido su firma de política exterior, la iniciativa Cinturón y Ruta [de la Seda, una iniciativa que fomenta el tránsito de mercancias], a toda América Latina, a la que se han sumado 14 de los 20 países de la región. China ha superado a Brasil como el mayor socio comercial de Argentina. El presidente argentino, Alberto Fernández, predica que "las relaciones comerciales deben desideologizarse".

En Brasil, donde los seguidores del presidente Jair Bolsonaro han enviado tweets racistas sobre los planes de Beijing para la "dominación mundial", las exportaciones a China aumentaron un 13,1% en los primeros cinco meses del año en comparación con el mismo período en 2019. Un tercio de la deuda de Ecuador - 18.400 millones de dólares (15.000 millones de libras esterlinas) - está en manos de bancos chinos.

México, Venezuela y Bolivia también tienen fuertes vínculos comerciales con China. Si otrora fue el patio trasero de Estados Unidos, en la actualidad América Latina se está convirtiendo en el patio delantero de China. Con los vínculos económicos más estrechos viene la calma política. En cuanto a la cuestión de Taiwán, Panamá, la República Dominicana y El Salvador han pasado de Taiwán a China desde 2017. A cambio, han obtenido financiación e inversión en infraestructura.

China ha tenido a África como su mayor acreedor durante mucho tiempo. "Para África no hay ninguna otra estrategia mejor cuando se trata de la financiación", dice el historiador Niall Ferguson. "Nosotros [Occidente] no estamos compitiendo de manera efectiva", dijo recientemente a la Sociedad Henry Jackson.

Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, los países africanos han pedido prestado hasta 150.000 millones de dólares - casi el 20% de su deuda externa - a China.

En los últimos años, los préstamos de China han crecido hasta superar los préstamos combinados del FMI, el Banco Mundial y el Club de París, según el Instituto de Economía Mundial de Kiel. Sin embargo, cerca del 50% de los préstamos internacionales de China a los países en desarrollo y emergentes no se incluyen en las estadísticas oficiales. China dice que como parte del G20, hará su parte para aliviar la carga de la deuda de África, suspendiendo los pagos por lo menos durante ocho meses. Pero no ha anunciado los detalles, y las condiciones de muchos de sus préstamos son confusas.

"Las condiciones de estos préstamos son muy opacas y se necesitará mucho tiempo para reestructurarlas", señala William Jackson, economista jefe de mercados emergentes de la empresa de investigación Capital Economics. "Los países africanos tienen un poder de negociación escaso. China está en la posición más fuerte".

Gradualmente China ha utilizado esta red mundial para tener capacidad de influencia en las instituciones de la ONU, propiciado por el hecho de que Estados Unidos ha ido distanciándose de estos mismos foros internacionales. Occidente recibió la primera señal de alerta en 2017, cuando el candidato del Reino Unido para dirigir la Organización Mundial de la Salud fue derrotado por el candidato etíope que contaba con el apoyo de China, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. La propia China encabeza ahora cuatro de los 15 organismos especializados de la ONU. Antes de la elección del director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2019, China condonó 78 millones de dólares de la deuda del gobierno de Camerún, cuyo candidato nominado casualmente retiró su candidatura poco después. China venció al candidato francés, obteniendo 108 de los 191 votos.

Tras tener durante años una presencia mínima en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ahora las autoridades de Pekín se han vuelto muy proactivas. Han presentado mociones y en julio de 2019 consiguieron sofocar las criticas occidentales al trato que China dispensa al millón de uigures musulmanes del país.

De hecho, la votación sobre esta cuestión fue considerada una prueba de fuego de la influencia china. Veintidós países occidentales apoyaron una resolución que criticaba a China, pero más de 50 países firmaron una carta en la que se oponían a esta resolución y acusaban a Occidente de "politizar los derechos humanos" y elogiaban los "logros notables" de China en materia de derechos humanos. Ni un solo país musulmán apoyó a Occidente. El llamado "Grupo de Países en Desarrollo de ideas afines" todos apoyaron a China o se quedaron fuera. Del mismo modo, un grupo de países de Europa del Este se negó a condenar a Pekín.

El episodio demostró que cualquier suposición de que hay una mayoría innata dispuesta a interpretar y gestionar el autoritarismo de China como quiere Estados Unidos es una fantasía. Mahbubani argumenta que los países que, sumados, representan el 20% de la población mundial están dispuestos a unirse a una alianza en contra de China, pero el resto no lo haría.

El doctor Keyu Jin, profesor asociado de la Escuela de Economía de Londres, señala una brecha a nivel mundial: "La actitud de muchos mercados emergentes hacia China es muy, muy diferente a la de los países industrializados ricos. Quieren aprender y aspirar al modelo de China. Asocian a China con la innovación en tecnología. Hace diez años, durante la crisis financiera, China fue la que llenó los vacíos financieros cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos sólo tenía líneas de intercambio con seis grandes economías avanzadas".

China ha tenido suerte con su enemigo. Así como China ha cortejado a sus aliados, Trump ha insultado a los suyos. Mira Rapp-Hooper, en su nuevo libro Shileds of the Republic [Escudos de la República], documenta cómo Trump se ha crecido con la destrucción de alianzas, como el precio que Estados Unidos están pagando con la actitud de su presidente. Afirma que  "Trump no necesita legalmente romper las alianzas de los tratados - al tratarlas como chanchullos por los que las partes protegidas nunca devolverán lo suficiente, las obvia. Al alinearse con los adversarios, desafía la misma noción de que sus aliados comparten amenazas". No es de extrañar que algunos diplomáticos chinos acogieran con agrado la reelección de Trump, y el hecho de que ha supuesto un duro golpe para las alianzas entre países de Occidente. Sin embargo, los acontecimientos podrían dar un giro inesperado en el último momento, en gran parte debido a que China se ha comportado de una forma tan torpe como Trump. Para Aaron Friedberg, un consejero del National Bureau of Asian Research,  la reacción de China ante la pandemia de COVID-19 es muy reveladora. "Es como si en cada nuevo episodio de esta crisis hubiera quedado un nuevo hecho en evidencia, revelando facetas aún más feas del carácter del régimen y poniendo de relieve todas las amenazas que representa para los demás".

La amenaza que se cierne sobre Hong Kong, y los conflictos en la frontera con la India, son sólo un síntoma de una serie de medidas chinas que han hecho más difícil el día a día de los países no alineados, y que han causado indignación entre los politólogos chinos más tradicionales, como Lanxin Xiang. El experto argumenta que con sus fantasías de orgullo nacional, China se está haciendo un daño incalculable a sí misma y a las relaciones con Occidente.

Si China corre el riesgo de perder su oportunidad de liderar, otros han calculado que existe una posibilidad fugaz de que las potencias intermedias, algunas con armas nucleares, tengan mayor influencia. Se habla de un D10 de democracias - en esencia, el G7 más Australia, India y Corea del Sur. Es una idea que podría prosperar si el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, gana las elecciones en noviembre. Sin embargo, requeriría que Washington fuera más moderado y prudente cuando reta a China.

Nunca ha podido dirigir un think tank internacional, pero en una reflexión sobre el anterior interregno, el comunista italiano Antonio Gramsci, hizo una afirmación muy acertada: “El viejo mundo se muere y uno tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”.

Por Patrick Wintour

28/06/2020 - 21:20h

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En Japón, crean la súper computadora más rápida del mundo

Los superordenadores son cruciales para avanzar en investigación científica o analizar conjuntos masivos de datos en la industria, detectar patrones y generar predicciones mediante la Inteligencia Artificial.

“También ayudan a buscar fármacos para la COVID-19, secuencian genomas enteros de tumores, establecen modelos más fiables sobre el cambio climático, estudian el organismo humano, cartografían el Universo o diseñan nuevos materiales”.

Con estas potencialidades cuenta el nuevo superordenador más rápido del mundo, la máquina japonesa Fugaku, que ha logrado completar más de 415 billones de cálculos por segundo, aproximadamente 2,8 veces más ágil que el sistema Summit desarrollado por Estados Unidos, del Laboratorio Nacional Oat Ridge, que anteriormente reclamó el título en noviembre de 2019, informó Ticbeat.

Por primera vez en nueve años -afirma el reporte—, una supercomputadora nipona ocupa el primer lugar, según una clasificación semestral anunciada este lunes por el proyecto TOP500 estadounidense-europeo.

Desarrollada por el Instituto de Investigación Riken (de forma conjunta con Fujitsu en las instalaciones del Instituto en Dobe), Fugaku, la nueva supercomputadora de Japón,“no solo se destaca por suvelocidad, sino que también ocupó los primeros puestos en tres categorías adicionales que miden el rendimiento en métodos computacionales basados ​​en la industria, análisis de big data y aplicaciones de Inteligencia Artificial". Así, Fugakuha batido un nuevo récord.

“Es la primera ocasión en la que una máquina de esta índole encabeza el ranking mundial en las cuatro categorías mencionadas”, según la Agencia Kyodo News.

Por otra parte, la supercomputadora constituye una base clave para poderosas simulaciones utilizadas no solo en la investigación científica, sino también para tecnologías militares e industriales.

“Esperamos que ayude a resolver problemas sociales difíciles como la lucha contra el nuevo coronavirus”, dijo Satoshi Matsuoka, director del Centro de Ciencias Computacionales del Instituto.

El Presidente de Fujitsu IT Products Ltd., Shinichi Kato también celebró los méritos del aparato y se consideró “extremadamente feliz y honrado de haber estado involucrado en la creación de Fugaku”.

Otra supercomputadora de fabricación estadounidense ocupó el tercer lugar, mientras que una China se aseguró el cuarto y quinto lugar. Por el momento Fugakuopera en formato de pruebas investigando posibles medicamentos para combatir el nuevo coronavirus. Se espera que alcance parámetros completamente operativos al comienzo del año comercial 2021.

27 junio 2020 

(Tomado de Resumen Latinoamericano)

La India es el peón 'nazi' en la escalada de EEUU contra China

El reciente enfrentamiento militar entre la India y China en la región fronteriza de Ladakh (Cachemira), en el que murieron 20 soldados indios, debe ser analizado desde un punto de vista estratégico más que militar.

 

Si el análisis se circunscribiera a este aspecto, el balance de fuerzas no deja lugar a dudas: China es capaz de derrotar a la India, como lo hizo en la breve guerra de 1962.

El principal foco del conflicto es la carretera china NH 219 que une Xinjiang y Tibet atravesando la región denominada Aksai Chin, un enclave estratégico entre China, India y Pakistán que reclama Nueva Delhi, pero forma parte de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang para Pekín.

Una región desolada y despoblada de 37.000 kilómetros cuadrados de pedregales desiertos a una altitud mínima de 4.300 metros fue la causa de una guerra hace medio siglo y de las confrontaciones actuales, no por sus riquezas sino por su valor geopolítico.

Cachemira es el punto de fricción entre las dos naciones más pobladas del planeta y además con Pakistán, que mantiene un largo litigio con la India desde su separación en 1947. Entre los tres países reúnen el 40% de la población mundial en una región como Eurasia, en disputa estratégica entre Occidente (EEUU y sus aliados) y la alianza China-Rusia.

Cachemira es la única región de mayoría musulmana que no se integró a Pakistán cuando fue la partición, quedando en manos de la India. Es un punto tan conflictivo en las relaciones sino-hindúes, que mereció un duro editorial de Global Times el 21 junio. "India estará más humillada que después del conflicto fronterizo de 1962 con China".

No es, por cierto, el lenguaje habitual en los medios oficialistas chinos. Global Times llama al gobierno de Narendra Modi a "enfriar el nacionalismo" anti-chino que estos días barre la India y le recuerda que la brecha militar y económica entre ambas naciones es cinco veces mayor que en 1962.

"Intentar aventuras militares en esa área es pedir que se vuelvan a humillar en una escala cinco veces cinco veces mayor que en 1962", concluye el rotativo. Agrega que si hubiera una guerra, India sufrirá "un retroceso de décadas en su economía y su posición global".

Las relaciones se deterioraron abruptamente en agosto pasado, cuando India decidió acabar con la autonomía limitada de Jammu y Cachemira y redibujar el mapa de la región, una decisión duramente criticada por Pekín. De ese modo India creó una nueva región administrativa, Ladakh, que incluye Aksai Chin, el área que India reclama pero que controla China.

Un factor adicional de tensiones es la desconfianza de India ante la alianza de China y Pakistán, y la sospecha de Nueva Delhi de que Pekín ayudó a Islamabad a adquirir tecnología nuclear. China ha invertido alrededor de 60.000 millones de dólares en infraestructura en el corredor económico China-Pakistán, que parte de la Nueva Ruta de la Seda impulsada por el Dragón.

Para China el corredor es decisivo para la conexión con el puerto pakistaní de Gwadar, en la entrada al Mar Arábigo. Para India es un riesgo ya que la operativa china en ese puerto puede ser usada para apoyar las operaciones navales cerca de sus costas.

El ex diplomático indio M. K. Bhadrakumar sostiene que el conflicto sino-hindú comenzó con "la firma del tratado nuclear entre EEUU e India en 2008, cuando la relación entre Washington y Nueva Delhi experimentó una transformación histórica y la doctrina de la 'interoperabilida' con el ejército estadounidense comenzó a impregnar subrepticiamente el cálculo estratégico indio".

A partir de ese momento, escribe el diplomático, "la política exterior de la India quedó atada a la de EEUU". Entre las elites indias, arrasadas por un fervor nacionalista, existe la convicción de que el país puede derrotar a su adversario.

"Es una creencia delirante", sostiene Bhadrakumar, ya que China es una superpotencia que "ha modernizado fenomenalmente sus fuerzas armadas con tecnologías que tienen un efecto multiplicador de fuerza que está mucho más allá de la capacidad de la India".

En este clima, la abrogación del artículo 370 de la Constitución india para cambiar el estatuto de Jammu y Chachemira, fue una "línea roja" que Nueva Delhi se decidió a cruzar sin escuchar las quejas de Pekín. Autoridades indias declararon que "algún día" van a recuperar Aksai Chin, arrebatándole el control a China.

El análisis de Roy es más duro aún, al detenerse en la razones políticas y culturales de lo que denomina como "ascenso del nazismo hindú". Sostiene que el RSS (Rashtriya  SwayamsevakSangh), fundado en 1925, es "la nave nodriza del gobernante Partido Bharatiya Janata", influenciado "por el fascismo alemán e italiano".

Los miembros del RSS compararon a los 200 millones de musulmanes de la India "con los judíos de Alemania, y creyeron que los musulmanes no tienen lugar en la India hindú". Agrega que el RSS "tiene 57.000 shakhas (sucursales) en todo el país y una milicia armada y decidida de más de 600.000 voluntarios". Tiene además enorme influencia en las Fuerzas Armadas.

El primer ministro Modi fue miembro del RSS desde niño. En julio de 2013, un periodista de Reuters le preguntó si lamentaba el pogromo de 2002 en Gujarat, donde 2.500 personas, casi todas musulmanas, fueron asesinadas a plena luz del día y las mujeres violadas en grupo en las calles. "Respondió que lamentaría incluso la muerte de un perro si accidentalmente terminaba bajo las ruedas de su automóvil", escribe una indignada Roy.

Siete millones de personas habitan el valle de Cachemira, "un gran número de las cuales no desean ser ciudadanos de la India y han luchado durante décadas por su derecho a la autodeterminación, están encerradas bajo un asedio digital y la ocupación militar más densa en el mundo", denuncia Roy.

Con el régimen de Modi, "los musulmanes indios han sido privados de sus derechos y se están convirtiendo en las personas más vulnerables: una comunidad sin representación política, sin voz".

Tres consideraciones

  1. Los medios occidentales no se molestan en informar sobre la deriva ultraderechista de la India, aliada de los EEUU, mientras denuncian la persecución china de los musulmanes de Xinjiang.
  2. La ofensiva de la India en la frontera con China, sumada a la anexión de Cachemira y Jammu y la persecución de los musulmanes, dibuja un panorama irritante para Pekín, que observa cómo se cierra un cerco desde Japón, el mar del Sur de China y Taiwán, hasta el océano Índico y la India continental.
  3. El tono fuerte de los medios chinos y del Gobierno parecen más que justificados ante esta tremenda situación. El más reciente editorial de Global Times arremeta contra el nacionalismo hindú y advierte: "La mayoría de las armas avanzadas de China se fabrican en el país, pero todas las armas avanzadas de la India se importan".
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Pablo Bustinduy: “Vamos hacia un nuevo equilibrio entre EEUU y China, con más polarización y conflicto”

Pablo Bustinduy es profesor adjunto en el City College de Nueva York y profesor invitado en la Universidad de Columbia. Fue coordinador de la Secretaría Internacional de Podemos y candidato a las elecciones europeas hasta su dimisión, en marzo de 2019.

 

¿Estamos ante un nuevo orden mundial? ¿Corre riesgo la hegemonía americana frente al auge de China?

De momento estamos ante un momento de gran desorden mundial: una gran interrupción del sistema económico y una profunda crisis del orden multilateral. A la vez se anuncia una fase, quizá transitoria, de desglobalización. Trump había prefigurado ese movimiento rompiendo con los Acuerdos de París o Irán, replegándose en el “America First”, boicoteando el orden multilateral. La nueva derecha populista ya trabajaba con una idea de soberanía cerrada sobre sí misma. Pero deberíamos desconfiar del diagnóstico de una rápida transición hegemónica hacia China. Este país está en posición de fuerte dependencia respecto al orden económico de la globalización y el libre comercio. Una crisis de ese orden le afectaría. Y la primacía financiera, tecnológica y militar de los EEUU no está en cuestión, puede salir de esta crisis incluso reforzada. Así que no habrá una transición repentina. Sí, probablemente, un nuevo equilibrio entre las dos superpotencias, más polarización y conflicto, y una rearticulación de alianzas, coaliciones y esferas de influencia entre ellas.

¿Cuál cree que serán los escenarios de los conflictos que se puedan ir en este caminar hacia un nuevo orden?

La hegemonía norteamericana de la globalización se apoyaba en tres pilares fundamentales: la apertura económica, concretada en la integración de las cadenas globales de producción y el libre comercio; una primacía militar y tecnológica incuestionada, y un orden de gobernanza multilateral con vocación de extenderse al planeta entero. El pilar económico afronta un futuro incierto en aspectos esenciales como la reordenación de las cadenas de valor, el modelo energético o el comercio. La reconstrucción también plantea una disputa por el control de zonas geopolíticas de influencia, algo que China lleva tiempo prefigurando con su presencia económica en África o América Latina, y a lo que Rusia ha jugado también en Siria o Ucrania.

Con la crisis del orden multilateral se pierde capacidad institucional para gestionar conflictos, y de hecho las exportaciones de armas se han multiplicado en la última década. De salir reelegido, Trump afrontará esta fase de reordenación confiando tan solo en su fuerza financiera y militar y con una sociedad rota. Pero los demás actores también sufrirán.

¿Qué papel espera a Europa en este “desorden”?

Dependerá de sí misma. Si el proyecto de integración europea aprovechara esta crisis para reconstruir su estructura económica y su contrato social, podría pesar decisivamente en ese tablero. Europa debería hacer el trayecto inverso al de la crisis del 73. Entonces se reformuló el proyecto de la posguerra en clave neoliberal. Esa lógica, que lleva a Maastricht, a Lisboa y al pacto fiscal de la austeridad, demostró en 2008 sus contradicciones, en 2012 nos llevó al borde de la implosión total, y hoy ya no es capaz de avanzar. No es ya cuestión de “solidaridad” entre norte y sur, sino de economía política.

Hay que rehacer la eurozona desde los cimientos, dotarla de coherencia política y legitimidad democrática, basarla en un modelo social de bienestar para el siglo XXI. Sin esa reconstrucción, el proceso de conflicto, bloqueo y desagregación que concretó el brexit se acelerará. Solo hay dos alternativas a esa larga decadencia del orden europeo: la deriva autoritaria de Visegrado, que encabeza Hungría con Viktor Orban, y la propuesta democrática del sur.

Los estados-nación han vuelto a cobrar protagonismo. ¿Están en crisis instituciones globales como la ONU?

Es una realidad que el sistema multilateral salido de la posguerra mundial cada vez menos capaz de solucionar conflictos, y que hay una crisis general de los proyectos de integración. Pero el proyecto darwinista que defienden Trump, Bolsonaro y Netanyahu es una amenaza existencial. Ante realidades como el cambio climático, la regulación de los paraísos fiscales o la gestión de las crisis y los conflictos, necesitamos defender los foros multilaterales y el derecho internacional. Quizá la gran reconstrucción, que es el momento en que cristalizan los nuevos órdenes políticos, sea también una oportunidad para imaginar su reforma.

Por Alejandro Torrús

23 junio 2020

 

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