Domingo, 17 Noviembre 2019 05:47

El eterno retorno de los chalecos amarillos

El eterno retorno de los chalecos amarillos

A un año de su marcha más multitudinaria vuelven a la calle en Francia

La conmemoración del primer año quedó trunca. Estaban previstas más de 200 acciones en toda Francia, pero la tensión se focalizó en los enfrentamientos en París.

 “¿Pasarán por acá?”, preguntó temeroso el cliente de un bar situado en la esquina del Boulevard de l’Hôpital y el Boulevard Saint Marcel donde la policía había desplegado un montón de unidades represivas. 700 metros más arriba, en la Place d’Italie, unos 3.000 chalecos amarillos preparaban su quincuagésima segunda manifestación de los sábados. Esta tenía un sabor muy especial: hace un año, el 17 de noviembre de 2018, 282 mil personas se habían manifestado en todo el país y ocupado una infinidad de rotondas. Los chalecos querían hacer de esta jornada una suerte de símbolo de su persistencia, pero la violencia que se desató aún  antes  de que los manifestantes iniciaran la marcha condujo al prefecto de París a prohibir la manifestación. Estaba previsto que la protesta comenzara a las dos de la tarde, pero ya a las 11 de la mañana estallaron los primeros incidentes protagonizados por personas vestidas de negro y con máscaras en la cara: los manifestantes destruyeron los locales del banco HSB (uno de las instituciones bancarias más sucias del mundo), quemaron autos, incendiaron basureros y rompieron las vidrieras de centro comercial Italie 2.

La conmemoración del primer año quedó trunca. Estaban previstas más de 200 acciones en toda Francia, pero la tensión se focalizó en los enfrentamientos en París. Hace un año, Francia asistía, a la vez orgullosa y atónita, al nacimiento de una de las insurrecciones civiles más poderosos y extendidas del último cuarto de Siglo. Con el paso de los meses, con la masiva represión policial, la infiltración del movimiento por radicales de izquierda y de derecha, los episodios de violencia extrema que tuvieron lugar en los barrios ricos de París y las declaraciones desubicadas de varios de sus líderes se aplacaron tanto la capacidad movilizadora de los chalecos amarillos como su legitimidad en las calles. Sin embargo, cada sábado, en pequeños grupos, los chalecos mantuvieron encendida la llama de una insurrección que ha marcado la historia social de Francia. A su manera contradictoria, un año después, los chalecos amarillos obtuvieron una victoria política y otra moral: se instalaron en las rotondas y acudieron a París en protesta por el aumento del precio del gasoil decidido por el Ejecutivo dentro de su programa de “transición ecológica” y consiguieron que el poder anulara esos y otros aumentos, que gastara cerca de 18 mil millones de euros para incremental el poder adquisitivo de los franceses, que organizara un debate nacional para conocer el estado de animo del país y sus demandas y que, desde entonces, el presidente Emmanuel Macron avanzara con paso de antílope y prudencia en la aplicación de su programa de reformas liberales. 

El Ejecutivo vive con la obsesión de un incendio social tanto más presente cuanto que, ahora, se dispone a una enésima reforma del sistema de pensiones. El profundo impacto social que tuvo la insurrección amarilla no se tradujo en un beneficio político para sus lideres. Varios de ellos se presentaron como candidatos en las elecciones europeas, pero no fueron capaces de atraer votos. En cambio, sí se beneficio el país social y político. Los chalecos han conseguido una de esas victorias que no se miden en votos sino en la huella que dejan y los sentidos que abren. De golpe, de la nada, esa clase trabajadora blanca que residía en las zonas periféricas puso al desnudo la estafa globalizada, la existencia de una desigualdad de raíz ocultada por la ficción de una prosperidad que sólo beneficiaba a las zonas urbanas ultra conectadas mientras, al lado, existía un país invisible, sufrido, olvidado por los apóstoles de la promoción liberal y los servicios públicos. Distribución de las riquezas, reparto de la carga fiscal, justicia social, democracia directa, representatividad, servicios públicos, cada una de estas problemáticas presentes pero no verbalizadas emergieron con los chalecos amarillos. Y lo hicieron fuera de todas las cajas de resonancia que, antaño, eran la correa de transmisión de las protestas. Los sindicatos se quedaron afuera, los partidos políticos buscaban en el mapa de dónde venía toda esa gente, los periodistas no entendían qué pasaba y los analistas profesionales descubrían azorados que estaban ante lo no pensado. Esta insurrección no organizada, sin estructuras ni programa llegó mucho más lejos que todas las luchas planteadas por los sindicatos. Obtuvo del poder lo que las organizaciones sindicales jamás lograron, forzaron la puerta de los medios, modificaron el contenido de las prioridades políticas y obligaron a las castas urbanas (periodistas incluidos) a mirar toda la realidad del país. La revuelta amarilla trastornó el mandato de Emmanuel Macron. Ni él como persona ni el ejercicio del poder fueron los mismos. En una entrevista con The Times, Macron reconoció que “de cierta forma, los chalecos amarillos fueron algo bueno para mi. Me recordaron quién debía ser”.

El Estado doblegó al movimiento aplicando una estrategia represiva extrema. Miles de arrestos preventivos, violencia institucional, policías sin control, uso de armas que dejaron cientos de heridos graves (gente sin ojos, otros mutilados por las granadas), juicios y condenas instantáneas desinflaron también la movilización. La doble acción policial y judicial funcionó como argumento disuasivo. Con todo, menos gente en las calles no significó rendición. La visibilidad perdida de un sujeto social restaurado, la evidencia de que la lucha de clases no era una referencia superada en el Siglo XXI, la denuncia de los incontables sistemas de micro desigualdad que el liberalismo había sembrado en las sociedades y la reactivación de otras luchas (hospitales, servicios públicos, jubilación, ferrocarriles) forman parte del extenso catalogo de éxitos colaterales conseguidos por los chalecos amarillos. Ya nada es igual. Son un referente de la lucha social. Habrá hoy menos chalecos amarillos en las calles y las rotondas, pero ya son millones en las conciencias.

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Sábado, 16 Noviembre 2019 07:39

Un largo proceso de degradación

Un largo proceso de degradación

Es clave para entender lo que está sucediendo ahora en Bolivia entender, a su vez, el proceso de división creciente y la degradación que durante los gobiernos de Evo Morales sufrieron los llamados movimientos sociales –que fueron el respaldo inicial del presidente– por una izquierda que permitía una sola posibilidad y no permitía la autonomía


Es una historia que comenzó entre 2009 y 2010, aproximadamente, cuando se armó otra forma de gobierno, otra forma de Estado, distinta a la que se venía proponiendo en las bases. Es un Estado crecientemente autoritario, que va a monopolizar el poder y no va a permitir ningún margen de autonomía a las organizaciones.


Este proceso fue deteriorando la relación del gobierno con los movimientos sociales. En 2010 esos malestares se dieron en organizaciones indígenas que adoptaron una posición autónoma y pidieron una mesa en la cumbre de Tiquipaya, una cumbre con la que el oficialismo pretendía mostrar que Evo Morales tenía una actitud de respeto para con la Madre Tierra y la protección de derechos indígenas. Allí, una de las mesas tenía que tratar el tema de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (Iirsa) y la contaminación minera, y el gobierno se negó a tocar esos temas. Allí estaba planteada la contaminación de los campos y las aguas de riego, que ya estaba produciendo graves problemas, sobre todo en Potosí, Oruro y Huanuni, que se sumó a la patética destrucción y la desaparición del lago Poopó, el segundo más grande del país.


Obviamente, se trata de procesos cuyos orígenes datan de mucho tiempo atrás, pero que estaban siendo promovidos por la intensificación del extractivismo. Este proceso llevó a que se destruyera la noción de tierras comunitarias de origen (Tco), que fueron en su momento la base de la autonomía indígena. A fines de 2010 se dictó un decreto que establece que esas tierras indígenas, además de “originarias”, son “campesinas”, lo que permitió la invasión de parques nacionales por cocaleros, como en el caso del Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro‑Sécure (Tipnis). Se firmó luego un protocolo de financiamiento, cargado de corrupción, con la constructora brasileña Oas para construir en ese parque una carretera. Es mucho lo que se podría detallar de ese episodio en particular, pero vale recordar que el gobierno optó por reprimir a los indígenas del parque y favorecer la invasión cocalera y la construcción de esa carretera.


Ese fue un momento de quiebre. A partir de entonces y en 2013, el gobierno dio la instrucción de invadir la sede del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), y se instaló como dirigente, contra los procedimientos indígenas de rotación de las autoridades que allí había, Hilarión Mamani, un empresario minero.


Es un proceso largo, de muchos años, que tiene entre sus últimas manifestaciones el incendio de la Chiquitanía (véase “La otra frontera”, Brecha, 30‑VIII‑19), originado en un decreto del gobierno que alentaba la invasión por colonos del occidente del país de ese ecosistema único. Ya el año pasado se había dado un enorme acercamiento del gobierno con los ganaderos en un plan de exportación de carne a China. Obviamente es mucho más barato quemar el bosque, como habilitaba ese decreto, que traer tractores o retroexcavadoras. Con la sequedad que hay en la Chiquitanía, el fuego se les fue de las manos. Fue una tragedia sin nombre y el más grande detonante de la debacle de Evo Morales.


Luis Fernando Camacho y la derecha que él encabeza viven ahora un momentáneo estrellato, gracias a haber logrado articular diferentes broncas hacia el Mas. Pero la disputa más grande todavía está en la acaparación de tierra y en la expansión de la frontera agrícola, que ha sido pactada entre la derecha y Evo Morales. La derecha no va a deshacer este pacto, no va a entregar a los indígenas la tierra que Evo Morales les arrebató, sino que, con la euforia momentánea de estas horas, está preparando la consolidación de la economía de la soja, del agronegocio, ya empezado con Evo.


Lo que se avecina es un proceso de mucha incertidumbre, de fragilidad institucional, de sabotaje, de liquidación económica. Los masistas van a tratar de dejar un país en ruinas para volver triunfantes. Ha sido un gravísimo error de la clase política prescindir del Mas y darle un viso de ilegalidad a este gobierno. Este gobierno de transición que ahora se ha posesionado nace cojo y manco, no es legítimo. No se puede borrar de un plumazo a un 40 por ciento del electorado. Una cosa es reconocer las fallas del gobierno de Evo Morales y otra es desconocer que efectivamente el Mas tiene un electorado y que ha tenido un papel simbólico muy importante por la dignificación de lo indígena.

 


Aquí cayó toda la clase política, no sólo Evo Morales. Y hay un vacío de poder porque la gente no ha reconocido aún su propia energía, su propia fuerza organizativa. Lamentablemente, hemos perdido muchos años en esta disputa por el control corporativo de los movimientos y las organizaciones sociales, lo que nos ha dejado fuera de combate en un momento en que la derecha está levantando cabeza y el ejército sigue intacto con todos sus negocios y todas sus empresas dolosas y corruptas. Estamos en una situación muy crítica.


A pesar de todo, en estos últimos años ha habido un reconocimiento y un autorreconocimiento de lo indígena como una fuerza moral. Aunque ha sido, hasta cierto punto, degradado por el gobierno del Mas, en la vida cotidiana se reconoce que lo indígena es valioso en cuanto a idioma, comida, cultura, y formas comunitarias y solidarias. Toda una serie de colectivos está saliendo con la whipala para dejar claro que no vamos a retroceder 17 años. Camacho ha ido al viejo palacio de gobierno, como para decir que no existió este proceso de reconocimiento y autorreconocimiento, para intentar tapar el sol con un dedo. Pero no hay vuelta atrás.


Lo que sí hay es una necesidad imperiosa de reencausar las movilizaciones populares, quitándoles aquellos aspectos muy fuertes de misoginia y autoritarismo fomentados por el gobierno del Mas. La negación de la democracia horizontal de las organizaciones y la degradación de estas están cobrándonos la cuenta en este momento, una cuenta que se llama parálisis y estupor.


En medio de eso, en la lucha contra eso, las mujeres estamos en la primera fila en cuanto a pensamiento y acción. Y en cuanto al dolor que nos produce toda esta situación. Las mujeres estamos en todos lados, articulando formas más locales de democracia y bregando por que la idea de la indignación, la idea del cabildo, la idea del Parlamento de Mujeres se fragmente en miles de parlamentos, miles de cabildos para que podamos deliberar qué país queremos, qué es democracia, qué es ser indígena. ¿Ser indígena es vestir poncho y organizar una gran borrachera? Nosotras, en nuestra posición como mujeres, no lo creemos así. En varios colectivos hemos creado una especie de plataforma para hacer de cada esquina un espacio de deliberación.


Nos vamos a apoyar en la Constitución, una Constitución que ha sido maltratada por el propio gobierno del Mas. Estamos ahorita en la defensa de la Constitución, en la defensa de la whipala, en la defensa de la democracia comunitaria de los ayllus* y la defensa de las mujeres.

*Comunidades tradicionales de los pueblos originarios de la región andina (N de E).Silvia Rivera Cusicanqui 15 noviembre, 2019

Por Silvia Rivera Cusicanqui, historiadora y socióloga boliviana, especializada en las cosmologías quechua 

15 noviembre, 2019

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Sábado, 16 Noviembre 2019 05:59

La represión en Bolivia sumó cinco muertos

Represión policial en Huaillani, Cochabamba, contra cocaleros simpatizantes de Morales.  ________________________________________ Imagen: EFE

Las protestas del movimiento indígena son cada día más masivas. La CIDH condenó la masacre y le recordó a la autoproclamada presidenta “la obligación de asegurar el derecho a la vida”. 

Las protestas protagonizadas por seguidores de Evo Morales van volviéndose cada día más masivas. Encabezadas por el movimiento indígena las marchas tomaron las calles para pedir la renuncia de la presidenta autoproclama Jeanine Áñez. Una enorme columna de cocaleros fue duramente reprimida por la policía en Sacaba, Cochabamba. El saldo fue de cinco muertos y varios decenas heridos, según denunciaron dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales. A su vez, La Paz sigue tomada por manifestantes que descienden en caravana día tras día desde El Alto. También allí hubo represión durante largas horas de la tarde. Desde el exilio Evo Morales condenó los hechos de violencia.

En Cochabamba se vivieron imágenes dantescas durante la represión al movimiento indígena. Miles de personas huyeron desesperadas para escapar de los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Se pudo ver a varios heridos en camillas y otros tirados sobre colchones afuera del hospital México de Cochabamba, según videos publicados por La Razón Digital. Dirigentes del MAS informaron que hubo cinco víctimas fatales, en lo que no dudaron en calificar como una masacre. "La marcha ha sido atacada con gases y también con armas de fuego, sin provocación de los cocaleros", aseguró el dirigente de las Federaciones del Trópico de Cochabamba y secretario de comunicación del MAS, Gualberto Ariste a Caras y Caretas de Uruguay. La columna de cocaleros había comenzado a marchar hace más de un día desde el Chapare, la cuna política del presidente derrocado Evo Morales. Deberían llegar a La Paz el domingo para unirse a las decenas de miles de campesinos e indígenas que reclaman en las calles. Desde el gobierno no confirmaron las muertes.

Tras las primeras noticias de la represión y las víctimas Morales twitteó: "Condeno y denuncio ante el mundo que el régimen golpista que tomó el poder por asalto en mi querida Bolivia reprime con balas de las Fuerzas Armadas y la Policía al pueblo que reclama pacificación y reposición del Estado de Derecho. Ahora asesinan a nuestros hermanos en Sacaba, Cochabamba".La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA,  a su vez condenó el "uso desproporcionado de la fuerza policial y militar" en la masacre de Sacaba, Cochabamba,

En La Paz los manifestantes volvieron a salir a las calles en la protesta más masiva de los últimos días. Los campesinos e indígenas exigieron la renuncia de Áñez. También allí tuvieron que soportar los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Las columnas de federaciones campesinas, docentes rurales y grupos de juntas vecinales avanzaron a veces corriendo, a veces caminando, a lo largo del centro de La Paz. Todo el recorrido estuvieron vigilados por cordones de policías y soldados. El clima fue de máxima tensión, siempre a la espera de la próxima ronda de gases. Al caer la noche la Policía informó que detuvieron a 110 manifestantes al diario El Deber .

En la calles laterales a la plaza céntrica de La Paz un campesino de 65 años describió la situación que vivieron. "Nos quieren gobernar los mismos que nos masacraron en 2003. Los mismos vuelven ahora. Pero ahora puede ser peor porque la gente se despertó. Ya vivimos años en paz con Evo (Morales) y ahora ninguno de nosotros está dispuesto a volver a lo que pasaba antes", aseguró Alberto Zomero de 65 años. En el mercado callejero que bordea una de las calles zigzagueantes que une El Alto con La Paz, aparecieron colas para comprar pan y los alimentos. El gobierno de Áñez tuvo que reconocer que existe temor a un desabastecimiento de combustible en la capital. 

Por su parte, la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, aseguró que no reconocerá a los presidentes del Congreso nombrados el jueves por la mayoría del MAS. Durante esa sesión el Senado había designado como presidenta de la Cámara alta a la masista Eva Copa. Áñez sostiene que no hubo el quórum necesario en el recinto. "Según la información que manejo, en la sesión del jueves a la anoche no se logró el quórum necesario y por lo tanto será impugnada", afirmó Áñez en el Palacio Quemado, sede del gobierno boliviano.

El autoproclamado gobierno también anunció la ruptura de relaciones con Venezuela. Denuncian un intento de Caracas de atentar contra la seguridad interna del país. El gobierno adelantó que abandonará la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), según manifestó el canciller Karen Longaric. Tambíen informó que analizan retirarse de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). A su vez, anunciaron que al menos 725 cubanos que cumplían en Bolivia misiones de cooperación abandonarían el país a partir del sábado.

Cada día que pasa, más personas llegan a la capital de las zonas rurales y de otras ciudades del país. Para el domingo se espera el arribo de la columna de cocaleros del Chapare en una jornada que se prevee histórica.

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Sábado, 16 Noviembre 2019 05:55

El acuerdo político no llevó paz a la calle

Una manifestante es llevada detenida por la policía chilena en Santiago.  ________________________________________ Imagen: EFE

El 20 de abril se vota por si o por no a una nueva constitución y de qué manera estará integrada la convención constituyente.  Pero sigue la movilización callejera y la represión.

El gran acuerdo nacional parlamentario anunciado a las 3 de la mañana de ayer para escribir una nueva constitución en Chile es, hasta ahora, la única respuesta de peso en los mas de 28 dias de estallido social. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, al principio largó una declaración de guerra, luego un congelamiento de tarifas, después un aumento de pensiones, la anulación del incremento tarifario del subte y hasta un recambio total de su gabinete. Nada de eso detuvo las manifestaciones. 

El anuncio de madrugada tampoco. Ayer seguian llegando de a miles a la Plaza de la Dignidad. Siguen los gases, los camiones hidrantes, las piedras, las barricadas, la pintadas, los cánticos y las comparsas. Antonia es una joven estudiante q lleva un pañuelo verde para protegerse de los gases y una cacerola y una cuchara y dice que ¨la propuesta de una nueva constitución es un buen paso pero que no se habla de la vulneración a los DDHH ni de la necesidad de justicia.¨

La forma en la que se redactará la nueva carta magna encierra dudas y desconfianzas. El partido Comunista fue el único que no firmó el acuerdo. La sociedad también desconfía de una solución elaborada por una clase política duramente cuestionada. Dice Ineés, una mujer de 59 años que movia una bandera mapuche en la enorme marcha de ayer, q la propuesta parlamentaria ¨no tiene nada que ver con las demandas sociales del pueblo, q ellas no están en la constitución y q necesitamos q nos mejoren el sistema de educación y de jubilaciones y pensiones¨.

Al mediodia de ayer el gobierno tapizó el piso de la plaza con sabanas blancas, las estatuas y monumentos también, en señal de ¨la pagina en blanco¨ que proponen para escribir una nueva constitución. Un sospechoso contraste a la arrebatada declaracion de guerra al ¨enemigo poderoso¨. Por eso hay desconfianza. Luego de unas horas quitaron las sabanas blancas por temor a q los manifestantes q llegaban las prendieran fuego. 

Pero, ¿cual es la propuesta? Llamar a un plebiscito para el 20 de abril (no obligatorio) donde se vote por si o por no a una nueva constitución y de qué manera estará integrada la convención constituyente. Para ello proponen una integración de 50 por ciento de delegados parlamentarios de todos los partidos políticos y 50 por  ciento de delegados ciudadanos o, la otra opcion, 100 % de delegados ciudadanos constituyentes. Cualquiera sea la formula ganadora (50 y 50 o 100 por ciento) los constituyentes deberán ser votados en la elección ya programada de medio termino en octubre y, a partir de ese mes, tomar 9 meses extensibles a 11 para escribir la nueva constitución que luego será puesta a disposición de lo que llaman Plebiscito de salida, y que será de voto obligatorio. Todo lo que se escriba en la nueva carta magna deberá tener la aprobación de los dos tercios de los constituyentes. La constitución nueva estaría terminada como para el 2021, un extenso tiempo para una sociedad apremiada y dispuesta a encontrarse con soluciones mas veloces.

 Es cierto que sepultar la constitución pinochetista es un gran paso de este proceso pero pareciera q los tiempos propuestos no sintonizan con el hastío y la premura de la sociedad. Matias dice que ¨es una propuesta para el pueblo pero sin el pueblo ¨ y reconoce que ¨puede descomprimir algo pero no soluciona nada ¨ . Mientras tanto ingresa a la plaza un enorme perro de cartón llamado ¨el mata paco¨ , un perro negro que, en las revueltas diarias, ataca a los policias sin temor y se ha vuelto el emblema de la lucha en las calles. Hay hasta un documental sobre el perrito. 

Los musicos se juntan y siguen tocando ¨el derecho de vivir en paz ¨ y los manifestantes saltan y saltan al grito de ¨el que no salta es un paco¨ y ¨Chile despertó ¨. Las distancias entre la clase política y la invasión alienigena que describiera la esposa del presidente Sebastián Piñera en un mensaje de wassap que se filtró hace 25 dias, parecieran no encontrar la sutura que devuelva la paz y la normalidad a las calles. 

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La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, habla en conferencia de prensa este viernes en Palacio de Gobierno en La Paz. EFE / Martin Alipaz

Jeanine Áñez toma medidas para el país que van más allá de su período de interinidad hasta la convocatoria de nuevas elecciones

La autoproclamada presidenta pone en duda la participación de Evo Morales y su partido en los futuros comicios

Jeanine Áñez tomó posesión el martes declarándose una presidenta transitoria y prometiendo elecciones "cuanto antes". Sin embargo, los tres días desde su nombramiento tras el golpe de Estado a Evo Morales no han sido desaprovechados por la nueva mandataria boliviana que se ha olvidado de su periodo de provisionalidad hasta unos nuevos comicios y ha ido tomando decisiones de un calado muy importante que podrían afectar a la política nacional, pero también a las relaciones internacionales del país no sólo en el hoy, sino en un todavía incierto futuro.

Áñez entró en el puesto prometiendo devolver la Biblia al Palacio. Sus primeras imágenes como presidenta fueron con el libro sagrado de los cristianos en la mano lo que supone un retroceso a antes de la Constitución de 2009 en la que se establece la laicidad del Estado. Esto es, la separación del poder eclesiástico y de influencia de la Iglesia de todo lo que tenga que ver con las Administraciones Públicas. Asimismo, esta toma de poder la hizo en el Palacio Quemado, la antigua sede de gobierno antes de que Morales mandase construir la Casa Grande del Pueblo, un imponente edificio que se encuentra justo detrás.

Pero esa imagen es puro simbolismo comparadas con las otras decisiones que Áñez ha tomado o que plantea tomar. El mismo día de la toma, quien le anudaba la banda era el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman. Hoy, para hablar del hombre que provocó la renuncia de Evo Morales hay que hacerlo en pasado. La mandataria cambió en su primer día de gobierno la cúpula militar sustituyendo a Kalima, quien se le consideraba un aliado de Morales hasta que el domingo pidió la marcha del presidente, por el general Carlos Orellana Centellas.

En tres días de gobierno, el gobierno boliviano también ha mostrado su predisposición hacia las críticas a los medios de comunicación y a la petición de encarcelamientos. La nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, amenazó a la prensa nacional y a la internacional con acusarla de sedición "si no cumplen con su trabajo". "Algunos periodistas, bolivianos y extranjeros, que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder ante la ley boliviana", explicó la responsable gubernamental. Estas acusaciones también se dirigieron hacia antiguos ministros y funcionarios del país. El ministro de Gobierno anunció "una cacería" contra su predecesor al que acusó de haber estado sembrando la violencia en el país.

Ha sido en política exterior y especialmente relacionado con Venezuela donde Áñez ha dejado su impronta sin importarle el calificativo de "transitorio" que le puso ella misma a su mandato. De los primeros reconocimientos internacionales que tuvo al jurar su cargo fue el de Juan Guaidó, proclamado presidente de Venezuela por la Asamblea Nacional en la que hay mayoría opositora. Vía Twitter él felicitó a la nueva presidenta y ella le invitó a nombrar un nuevo embajador en el país lo que en ese momento suponía una quiebra con el gobierno de Maduro y el reconocimiento expreso de Guaidó como máximo dirigente venezolano.

A esto se añadió este viernes el anuncio por parte de la canciller interina, Karen Longaric, que el país rompía relaciones con el Ejecutivo venezolano. El motivo que esgrimió Longaric fue que había venezolanos vinculados con la embajada del país en La Paz que estaban "atentando contra la seguridad interna de Bolivia". Asimismo, señaló que el actual gobierno será "consecuente" con los principios democráticos de respeto a los derechos humanos y la carta democrática de la Organización de Estados Americanos.

La responsable de la diplomacia boliviana también anunció la marcha del país andino del ALBA, la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe que ideó el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y a la que se unió Bolivia en cuanto Evo Morales subió al poder. Bolivia se añade ahora a Ecuador que en 2018 decidió salir tras la crisis de refugiados venezolanos. Ahora mismo, el grupo está compuesto por Antigua y Barbuda, Cuba, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Dominica, San Vicente y las Granadinas y la propia Venezuela además de Haití como observador.

El rechazo entre el nuevo gobierno boliviano y el ALBA es mutuo. Los integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América acordaron calificar la salida del poder de Evo Morales y la llegada de Áñez como un "golpe de Estado consumado de la oligarquía boliviana", acusaron al ejército boliviano de violentar el orden constitucional y reclamaron el regreso de Evo Morales al que consideran como el presidente legítimo del país.

Asimismo, también deslizó la posibilidad de abandonar la cada vez más debilitada Unasur. Este proyecto que intentaba integrar a todo el continente latinoamericano, especialmente durante el periodo de gobiernos progresistas en países como Brasil y Argentina, tuvo un papel fundamental en la crisis del Oriente boliviano en 2008 cuando las tres regiones de la ‘media luna’ (Beni -de donde es Áñez-, Pando y Santa Cruz) iniciaron una revuelta autonomista contra Morales. En ese momento, la determinación de los socios de Unasur fue clave para frenar la insurgencia.

Por último, la autoproclamada presidenta del país puso además en duda que Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo pudieran presentarse en las elecciones que debe convocar.  "El tribunal deberá decidir si el MAS puede participar o no", explicó la nueva mandataria del país acusando al partido del ex presidente de causar un golpe de Estado con el intento de fraude electoral. Morales convocó nuevas elecciones tras el informe preliminar de la OEA, unas elecciones que siguen sin tener fecha, pero que tienen como límite el 22 de enero, día en que acaba el mandato constitucional de las cortes. Mientras tanto, Áñez seguirá tomando medidas

Por Diego Aitor San José - La Paz (Bolivia)

16/11/2019 - 06:00h

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Viernes, 15 Noviembre 2019 06:37

El Alto se planta a defender la democracia

El Alto se planta a defender la democracia

El MAS nombro autoridades en Diputados y el Senado boliviano  

 Esta vez fueron campesinos con ponchos rojos, hombres y mujeres con sombreros, venidos de lejos, de arriba en los altiplanos. Luego se sumaron de la ciudad del Alto, los que pudieron llegar, otros fueron retenido al intentar llegar hasta el centro. La Paz ha pasado a ser el escenario de movilizaciones masivas diarias, cabildos, represiones, un río revuelto contra un golpe de Estado.

La jornada esta vez terminó sin gases lacrimógenos ni motos. Los policías y militares se mantuvieron en el habitual cerco a la Plaza Murillo, centro del poder político nacional, donde se encuentra la sede de gobierno, el poder legislativo y la vicepresidencia, entre otras instituciones.

En esas cuadras tuvieron lugar hechos centrales del jueves. Por un lado, el Senado eligió a una nueva presidenta: Eva Copa, oriunda de la ciudad de El Alto, al igual que el presidente de la cámara de Diputados elegido la noche anterior, Sergio Choque. Con la juramentación de ambas nuevas presidencias, pertenecientes al partido del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien detenta los dos tercios, quedó así redefinida la dirección del poder legislativo.

En simultáneo, la autoproclamada presidenta Jeanine Añez posesionó a cinco ministros más en su gabinete. Dos de ellos, nombrados el día de ayer, tuvieron declaraciones que alertaron sobre las políticas que llevará adelante el gobierno nombrado fuera de la Constitución en un intento de construir una imagen institucional.

El primero fue el ministro de Gobierno transitorio, Arturo Murillo, quien anunció que emprenderá una “cacería” contra tres ex funcionarios del gobierno derrocado: Raúl García Linera, Juan Ramón Quintana, Hugo Moldiz, todos por “sediciosos”.

La segunda fue la ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga, quien amenazó a los “periodistas o pseudoperiodistas”, tanto nacionales como internacionales, que hagan “sedición”.

Los pocos anuncios que ha dado el gobierno transitorio, donde también fueron electos altos mandos de la Fuerza Armada de Bolivia y de la Policía Nacional Boliviana, han sido entonces un redoble de amenazas dentro de un cuadro general de noticias de represiones, muertos, heridos, enfrentamientos, militares desplegados en las calles y carreteras.

La estrategia golpista enfrenta una contradicción inevitable. En efecto, se trata de un golpe de Estado que niega serlo, busca construirse una institucionalidad fuera de la ley para sostener esa narrativa, pero en los actos de autoproclamación y anuncios de cacerías a dirigentes y periodistas deja ver su carácter antidemocrático.

Eso ha quedado claro para quienes se movilizan día tras día y tienen entre sus demandas principales la renuncia de Añez, a quien acusan de golpista y de racista. Esas razones, junto con el reclamo del retorno de Evo -que no es homogéneo en las movilizaciones- han puesto en marcha un levantamiento en diferentes puntos del país en un proceso de confluencia hacia La Paz.

Se espera así que entre el viernes y el sábado lleguen quienes se movilizan desde zonas rurales del interior del país, como los cocaleros del Trópico, que este jueves estuvieron en protesta en la ciudad de Cochabamba.

El cuadro se configura así de manera incierta para el golpe de Estado. Por un lado, debe enfrentar un proceso creciente de movilización nacional atravesado cada vez más por el clivaje racial: quienes se movilizan reconocen en la autoproclamada Añez, Fernando Camacho, o Carlos Mesa, dirigentes contrarios a las naciones indígenas, por su historia antigua y reciente y por el atropello a la bandera whipala.

Por otro lado, quienes encabezan el golpe deben resolver la promesa anunciada: la celebración de elecciones presidenciales en un plazo no mayor a los noventa días. Ese pazo forma parte de la arquitectura que cuenta con cuatro pasos centrales: el derrocamiento, la conformación de un nuevo gobierno transicional, el llamado a elecciones y la celebración de las mismas.

El proceso se encuentra actualmente en el momento de conformación del gobierno, y se enfrenta a una dificultad: debe nombrar nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, algo que debe proceder a través del poder legislativo, donde el MAS tiene presidencias y mayorías. ¿Buscará un acuerdo con quien persigue o avanzará contra el poder legislativo, evidenciando aún más su carácter golpista? ¿El MAS aceptará un acuerdo con el objetivo de lograr un cauce electoral?

Se espera que las movilizaciones aumenten en los próximos días con la llegada de quienes vienen de diferentes departamentos del país y la presencia masiva de El Alto, donde esta noche de jueves se velan los muertos. Ya se habla de más de diez en el país, y más de doscientos detenidos, una cifra provisoria y aproximativa en un marco de ruptura del Estado de derecho y persecución a los periodistas que no cumplen con la orden golpista.

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El Gobierno chileno y la oposición acuerdan un plebiscito para redactar una nueva Constitución

El acuerdo fue respaldado por el oficialismo y la oposición -a excepción del PC- y contempla la celebración de un 'plebiscito de entrada' en abril de 2020.

Tras una intensa jornada de negociaciones, el Congreso de Chile ha llegado la madrugada de este viernes (hora local) a un acuerdo base para elaborar una nueva Constitución que reemplace el texto vigente desde 1981, cuestión que será planteada en plebiscito a la ciudadanía.

El acuerdo fue respaldado por el oficialismo y la oposición -a excepción del PC- y contempla la celebración de un 'plebiscito de entrada' en abril de 2020. "Ahora le corresponderá a la ciudadanía decidir democráticamente en plebiscito. Muere la Constitución del 80 en dictadura, y nace una en democracia", escribió en Twitter Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia (PPD).

En un documento de dos páginas, los representantes políticos recogieron las principales propuestas para llevar a cabo el proceso calificado como "histórico".

El primero de los 12 puntos del acuerdo establece que los partidos que lo suscriben "vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile", así como "el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente".

Por su parte, el presidente del Senado, Jaime Quintana, señaló que el acuerdo es una salida pacífica y democrática ante la crisis que atraviesa Chile desde octubre.

"Somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han señalado", señaló el dirigente y recalcó que los resultados de esta jornada son "una victoria de toda la ciudadanía".

Preguntas del plebiscito

Una de las primeras preguntas planteada a los votantes será si apoya o no un cambio constitucional. Posteriormente, la ciudadanía deberá elegir entre dos mecanismos para la elaboración de la Carta Magna: una convención constituyente compuesta en un 100 % por ciudadanos y la otra, una convención mixta conformada 50 % por parlamentarios y 50 % por miembros electos para este fin.

¿Qué pasará después?

Tras el plebiscito, se prevé la elección de los constituyentes en octubre del próximo año junto a los comicios para gobernadores y alcaldes. Posteriormente, los integrantes trabajarán durante 9 meses con un único plazo prorrogable de 3 meses.

Finalmente, el nuevo texto constitucional se someterá a un "plebiscito ratificatorio" de votación obligatoria.

Publicado: 15 nov 2019 05:53 GMT

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Chile: Mutilación en los ojos, estrategia importada de la represión sionista

“En lo que es una estrategia de mutilación importada directamente de Israel, en apenas dos semanas de protestas Carabineros ha dejado parcialmente ciegas a 157 personas debido a disparos intencionales, una brutalidad de número que no tiene precedente a nivel mundial, donde hasta los medios internacionales están denunciando esta masacre” indica la prensa no oficialista de Chile.

Este sábado se cumplieron 15 días desde el estallido social que vive el país. En este contexto, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, informó una nueva cifra de lesionados. De acuerdo al profesional, hasta las 06:00 horas del sábado, 157 personas han sufrido lesiones oculares. Todas producto de perdigones disparados por Carabineros. Asimismo Micco indicó que como organismo han presentado 179 acciones judiciales; 132 son querellas por torturas y tratos crueles y degradantes. Sobre las lesiones oculares, Micco ya pidió que se realicen los peritajes pertinentes. “Hemos pedido un peritaje para saber la composición de los perdigones; la cantidad de pólvora y la presión que se imprime en su uso. Es un tema que tenemos que estudiar. Es de la mayor gravedad tener a 157 personas con lesiones oculares”, aseveró el director del organismo.

ONU exige el cese del uso de perdigones contra la población

El Sistema de Naciones Unidas en Chile llama a las autoridades a terminar con el uso de proyectiles no letales. A tres semanas del inicio de la crisis social que vive el país, el Sistema de Naciones Unidas en Chile reitera su rechazo a toda forma de violencia y su preocupación por la situación nacional, especialmente por la gran cantidad de muertos y heridos.

En particular, el Sistema de Naciones Unidas en Chile urge a las autoridades a cesar de inmediato el uso de balines y perdigones, que hasta el día de hoy ha causado cientos de heridos y más de 170 traumas oculares, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La utilización arbitraria e indiscriminada de este tipo de armas no letales, constituye una violación grave de los derechos humanos y vulnera el principio de proporcionalidad.

El Sistema de Naciones Unidas en Chile, llama también a alinear las acciones de control de la violencia a los estándares internacionales existentes y que han sido ratificados por el Estado chileno.

El Sistema de Naciones Unidas en Chile, que ha mantenido diálogos con organizaciones de la sociedad civil y del estado se pone a disposición de las autoridades y de la sociedad en su conjunto, para avanzar en medidas que permitan alcanzar la protección de todas las personas y la paz social.

El caso de los niños palestinos mutilados

HISPANtv en un informe sobre los ataques en contra del pueblo palestino, publica: El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en la Palestina en un informe citado este martes por la agencia palestina de noticias Maan, ha informado que en la actualidad 12 residentes de la ciudad de Al-Quds (Jerusalén) se han quedado ciegos tras haber sido blanco de los disparos de las fuerzas israelíes.

Siete de estos casos, agrega, son menores de 6 años que han perdido al menos uno de sus ojos. El organismo en un comunicado ha denunciado el caso al consejero judicial y el inspector general de la policía israelí.

Haciendo referencia a pruebas consistentes han confirmado que los agentes han recurrido ilegalmente a usar este tipo de armas ya que según las leyes está prohibido disparar con balas de goma contra niños, mujeres embarazadas y ancianos.

Incluso, en las manifestaciones solo se puede utilizar para individuos identificados y apuntar la parte inferior del cuerpo.

Estas restricciones, afirma la entidad palestina, no están bien claras ya que teniendo en cuenta las consecuencias peligrosas de estas balas, no hay una legislación específica en la mayoría de los casos.

De este modo, ha advertido sobre la continuación del uso de esta arma por los militares israelíes y la considera como un signo de la irresponsabilidad de la policía del régimen de Tel Aviv.

Al final, ha urgido a tomar lo antes posible las medidas necesarias para el cese inmediato del uso de armas disuasivas como las balas de goma.

El pasado 1 de abril, Palestina ingresó oficialmente en la Corte Penal Internacional de la Haya (CPI), una membresía que le permitirá llevar a las autoridades del régimen israelí ante este ente, para que sean juzgadas por sus crímenes de guerra o contra la humanidad.

14 noviembre 2019 

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El nuevo Gobierno ultraconservador de Bolivia busca enterrar la herencia de Morales

En el Gabinete interino se sientan políticos como Arturo Murillo, que anunció "la cacería" de un rival. El titular de Presidencia trata de rebajar el tono y anuncia un intento de diálogo con el MAS

La etapa de sucesión de Evo Morales en Bolivia comienza en medio de una profunda, aparentemente insanable, quiebra política y social. La recién designada presidenta interina, Jeanine Áñez, nombró el miércoles un Gabinete, aún incompleto, de nítido corte conservador en el que destacan férreos opositores al exmandatario. Prometió “pacificar” el país y convocar elecciones cuanto antes, pero no puso fecha. Arturo Murillo, el ministro de Gobierno, responsable de las políticas de seguridad, se estrenó, sin embargo, con una amenaza a un exministro de Morales: “Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana”.

La representante del Movimiento Demócrata Social (MDS), que asumió el cargo sin contar con el apoyo de la mayoría del Parlamento, aseguró en la toma de posesión de sus primeros 11 ministros que el equipo encargado de la transición “incluye a personas conocedoras y especializadas y en su mayoría de perfil técnico”. Áñez, que se ha garantizado el control de la Policía y de los militares con el relevo de la cúpula de las Fuerzas Armadas, mantuvo que su meta es “recuperar la institucionalidad y el orden democrático”.

 “Este va a ser un mandato de estricto orden provisional”, prometió. “La labor principal de nuestra gestión de Gobierno será restaurar la paz social, realizar elecciones libres y transparentes en el plazo más breve posible y traspasar el Gobierno a quienes los bolivianos elijan con plena legalidad y legitimidad democrática”, agregó.

Ella y todos los dirigentes que se opusieron a Morales llevan tres días negando que la dimisión del primer presidente indígena del país sea fruto de un golpe de Estado, aunque su salida se produjo después de un pronunciamiento del jefe del Ejército, que lanzó la “sugerencia” de que Morales dejara el cargo. Con todo, desde el Palacio de Gobierno Áñez arremetió contra el exmandatario, asilado en México, y lo calificó de “caudillo”.

El más polémico de los halcones de su equipo es Arturo Murillo, senador muy cercano a Óscar Ortiz, el candidato del MDS en las elecciones del 20 de octubre. Murillo es ministro de Gobierno y sus primeras palabras fueron una amenaza a los “sediciosos” y en particular a Juan Ramón Quintana, el exministro de la Presidencia, a quien las nuevas autoridades consideran el cerebro detrás de las fuertes movilizaciones en El Alto y de los bloqueos de caminos. “Que comiencen a correr”, dijo Murillo, que quiere “cazar” a Quintana, porque “es un animal que se alimenta de la sangre del pueblo”. "Vamos a hacer que la ley caiga con el más fuerte peso, que se cumpla a cabalidad, vamos a reunirnos con el señor fiscal general y le vamos a decir que apoye la patria, que apoye al pueblo de Bolivia", continuó. "Este no va a ser un ministerio de persecución, para nada, este va a ser un ministerio que va a ayudar a la gente y va a buscar seguridad, pero aquel que trate de hacer sedición, a partir de mañana que se cuide".

Este político de Cochabamba es conocido por sus arremetidas extremas en contra del Movimiento al Socialismo (MAS) y también en contra de las causas progresistas, el movimiento feminista o la despenalización del aborto. “Si quieren, suicídense, pero no maten a otros”, dijo en una ocasión en referencia a las defensoras de la interrupción del embarazo. Murillo mezcló también sus intereses privados en las primeras declaraciones y denunció que, durante la caída del Gobierno, los cocaleros del MAS quemaron el hotel que tiene en el Chapare, haciendo huir a su hermana y a los hijos menores de esta.

Ante una cruz y la Biblia

Jerjes Justiniano, nuevo ministro de la Presidencia, trató este jueves de rebajar el tono y anunció un intento de diálogo con el Movimiento al Socialismo, cuya viabilidad aún está en el aire. Para favorecer el clima de negociación con ese partido, que teme una persecución, prometió que no habrá "caza de brujas". El MAS, partido de gobierno durante los últimos 14 años, rechazó apoyar la designación de Áñez, senadora elegida en las filas de la oposición y vicepresidenta segunda del Senado. Esta asumió la presidencia porque las demás autoridades de la línea de sucesión previstas en la Constitución habían dimitido. Sin embargo, la presidenta del Senado, la socialista Adriana Salvatierra, reivindicó seguir todavía en el cargo porque el Parlamento no debatió ni ratificó su renuncia.

Áñez tuvo de su parte el respaldo de los poderes fácticos, empezando por el Ejército y el Tribunal Constitucional, que interpreta que el trámite de la sucesión no tenía por qué obtener el visto bueno de la mayoría del Senado.

En su Gabinete sentará también a Roxana Lizárraga, la nueva ministra de Comunicación, una periodista que se hizo popular acusando al Gobierno de Morales de vínculos con el narcotráfico, con Cuba y Venezuela. Comenzó su gestión diciendo que el Gobierno aplicará “todo el peso de la ley” en contra de quienes lo desestabilicen, y que los medios aliados del MAS deben “cambiar de línea” editorial.

La nueva canciller, Karen Longaric, es diplomática de carrera, acérrima crítica de la política exterior del anterior Ejecutivo. En su discurso de posesión, señaló que Bolivia estuvo bajo ataque de la “delincuencia internacional” e insistió en que Morales no fue derrocado por un golpe de Estado.

Más moderados son los ministros de Economía, Servicios Públicos, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, todos ellos dirigentes de MDS, el partido de la presidenta, que tiene como líder histórico a Rubén Costas, el gobernador de Santa Cruz.

Luis Fernando Camacho, el dirigente cívico de esta misma región que lideró la protesta contra Evo Morales, se ha visto compensado hasta ahora con dos ministerios, el de la Presidencia y el de Defensa, en los que figuran dos de sus más estrechos colaboradores. Se espera que Marco Pumari, el líder del comité cívico de Potosí, la ciudad que destacó por su radicalidad y por aportar grupos indígenas a la rebelión contra el expresidente, sea favorecido también con alguna de las carteras que todavía falta designar.

Todos los ministros juraron ante una gran cruz y una Biblia, en cumplimiento de la promesa de la “resistencia pacífica a la dictadura” de “devolver a Dios al Palacio de Gobierno”.

Por Francesco Manetto  / Fernando Molina

La Paz 15 NOV 2019 - 04:11 COT

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Jueves, 14 Noviembre 2019 06:05

Golpe a golpe

Golpe a golpe

América Latina tiene la derecha más depravada, pusilánime, corrupta e iletrada del mundo. Está dispuesta a quemar en la hoguera a un país entero con tal de no ceder ni un céntimo de sus ya monumentales beneficios. Respaldada por Washington, aliada al militarismo golpista y embebida de una ideología involutiva, las derechas continentales actúan como si los países de los cuales extraen sus riquezas fueran para ellas un mero exilio y no la patria original. El destino de golpes y destierros de seis presidentes latinoamericanos de orientación socialdemócrata es un retrato fantasmagórico de la carga destructiva que las castas oligarcas de América Latina están dispuestas a activar. Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y ahora Evo Morales en Bolivia han sido los tótems malditos de un ala ultraconservadora que no dudó en desparramar muerte y represión para apartar del poder a una opción política que, más allá de sus retóricas, se asemejaba más a una socialdemocracia con perfil redistributivo que a una revolución socialista. El expresidente norteamericano Barack Obama fue el primero en inaugurar el siglo y entregar envuelto en papel castrense un golpe de Estado. Ocurrió en Honduras, en 2009. En junio de ese año, con la pueril excusa de una supuesta “traición a la Patria”, Manuel Zelaya terminó destituido, expulsado y exiliado (República Dominicana) por las fuerzas armadas en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia. Se trató de una obscena patraña cuyo único objetivo consistía en impedir, entre otras cosas, que Zelaya llevara a cabo un plebiscito sobre una Asamblea Nacional Constituyente. Con Honduras se inauguró la fase del nuevo golpismo a través de la construcción masiva de un relato contaminante. Los medios y las redes sociales adquirieron en Honduras el perfil que hoy le conocemos: se volvieron armas de disuasión masiva armadas con falsedades. El 28 de junio de 2009, Zelaya, en ropa interior, fue sacado a la fuerza de su residencia por los militares y expulsado del país. No le perdonaron su plebiscito ni su alianza con el eje liderado por el difunto presidente venezolano Hugo Chávez.

Fernando Lugo, en Paraguay, corrió una suerte similar. El “obispo de los pobres” había sido el segundo presidente de izquierda que llegó al poder después del corto periodo presidencial de Rafael Franco (1936-1937), otro desterrado. Ganó la presidencia en abril de 2008 y terminó destituido en junio de 2012 por un voto mayoritario de la Cámara de Diputados por un supuesto “mal desempeño” de sus funciones. Como en Honduras, la caída de Lugo resultó de un relato armado con minuciosa eficacia a partir de hechos reales pero alterados en beneficio de la destitución. En Ecuador, Rafael Correa gobernó por un periodo de 10 años, entre enero de 2007 hasta mayo de 2017. Su plataforma política, económica y social, así como su interlocución con la población indígena de Ecuador, hicieron de Correa un presidente de ruptura con respecto a los anteriores. Tampoco se lo perdonaron, sobre todos los medios hegemónicos acostumbrados a manipular todo el espacio de la comunicación y los negocios. Su ya famosa “revolución ciudadana” trascendió las fronteras de Ecuador hasta volverse el argumento central de partidos de la izquierda radical europea como fue el caso de Francia Insumisa (Jean-Luc Mélenchon). Pero las castas no admiten procesos de transformación profundos. Correa sacó a millones de personas del marginamiento (según el Banco Mundial, la tasa de pobreza en Ecuador pasó del 36,7% en 2007 al 22, 5% en 2014), otorgó derechos a las personas LGBT+, modificó la relación de fuerzas de los medios, multiplicó por cinco los gastos en sanidad, amplió la asistencia a los discapacitados, rehusó que Estados Unidos siguiera contando con una base militar en Ecuador y le brindó asilo a Julian Assange en la embajada ecuatoriana de Londres. Correa dejó el poder en mayo del 2017. Fue reemplazado por su exvicepresidente, Lenín Moreno, quien se convirtió en un aliado de la venganza de las castas contra Correa. En 2018, la oposición de Correa al referéndum constitucional para reformar la Constitución le valieron los dardos de la justicia. En julio, la jueza ecuatoriana Daniella Camacho dictó una orden de prisión preventiva contra el ex mandatario y hasta solicitó a Interpol que fuera arrestado. El presidente que más hizo por su país vive exiliado en Bélgica.

Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil son el anteúltimo peldaño del infierno al cual las derechas latinoamericanas están depuestas a someter a los dirigentes socialdemócratas para apartarlos del camino. Los escándalos de corrupción de su partido, el PT, sirvieron como frase inaugural del gran relato desconstructor del lulismo emprendido por los abanderados históricos de la corrupción brasileña. Atrás quedaban los programas sociales, la inversión en salud, educación, justicia, desarrollo, así como los millones de brasileños que salieron de la pobreza. Con un tejido de acusaciones respaldadas por un relato hegemónico, Lula fue arrestado el 4 de marzo de 2016 en el marco de la operación anti-corrupción Lava Jato, teledirigida por el juez Sergio Moro. Lula fue condenado a nueve años y medio de cárcel acusado de recibir sobornos de la constructora OAS a cambio de contratos millonarios y Dilma Rousseff destituida en septiembre de 2016 al cabo de 13 años de gobiernos progresistas.

Evo Morales cerró en Bolivia la serie negra iniciada hace casi 15 años antes en Honduras. Las condiciones de su renuncia, la brutalidad, la violencia y la ilegitimidad de los actores políticos e institucionales que intervinieron sembraron la imagen de una venganza sangrienta. Fueron dos de las fuerzas menos creíbles que existen en América Latina, las más corruptas, la policía y el ejército, quienes decidieron el destino político de una Bolivia que vivió sus años más prósperos y orgullosos bajo el mandato de Evo Morales. Las circunstancias con las que se acorraló al presidente a la renuncia, el odio y la violencia liberadas en las calles, su partida al exilio mexicano, el silencio de las grandes democracias de Occidente y la pasividad retórica de los vecinos quedarán en la historia como una de las grandes heridas de nuestra América.

No es la hegemonía de un medio la que hace titubear la democracia sino la hegemonía de su mala fe. De Manuel Zelaya en Honduras a Evo Morales en Bolivia, la mecánica de la destitución ha sido similar: una casta oligarca que se apoya en los medios para viciar el relato, en la justicia y los militares. En cada caso se buscó arrancar del poder a opciones políticas reformistas, nacionalistas y con un fuerte ánimo redistributivo. Ninguno de estos seis expresidentes ha sido un dictador, o un revolucionario violento, ninguno reprimió, amordazó a su pueblo, sentencio la libertad de expresión, ni derramó sangre en las calles. Llegaron para abrir el juego político, social y económico en países cautivos de una casta explotadora, no para llenar las cárceles o los cementerios. Sus enemigos sí. Nuestras derechas cavernícolas jamás atravesaron el Siglo de las luces. Siguen ancladas en los tiempos de la barbarie ideológica y la obscuridad. Lo acaban de probar en Bolivia, amparadas, una vez más, en la protectora dependencia de Washington. La Casa Blanca siempre ha estado a la vera de todas las hecatombes políticas de América Latina. Ha sido el capacitador ideológico y operativo de los golpes de Estado militares del Siglo XX como lo es ahora de los golpes cívico militares que promueve desde el inicio del Siglo XXI.

Por Eduardo Febbro

Desde París

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