Capitalismo y crimen contra el trabajo mundial

Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), 305 millones de personas perderán en todo el mundo sus empleos a tiempo completo, a causa de las medidas de confinamiento que aplican los gobiernos para hacer frente a la pandemia del Covid-19 [1]. Además 1.600 millones de trabajadores de la “economía informal” perderán completamente sus fuentes de sustento y pasarán del subempleo al desempleo total, en el que ya están más de 470 millones de personas. La misma organización sostenía, antes de la catástrofe laboral desatada, que los 3.300 millones de trabajadores, que tienen empleo y remuneración, no disponen de “garantías sobre condiciones de trabajo decentes ni ingresos adecuados”[2].

El Director general de la OIT, Guy Ryder, sostienen que “Para millones de trabajadores la ausencia de ingresos equivale a falta de alimentos, de seguridad y de futuro. Millones de empresas en el mundo están al borde del colapso. Carecen de ahorros y de acceso al crédito. Estos son los verdaderos rostros del mundo del trabajo. Si no se les ayuda ahora, sencillamente perecerán».

La organización no gubernamental Oxfam, en enero de 2020, en su informe: Tiempo para el cuidado, publicó que los 2.153 milmillonarios que hay en el mundo poseen más riqueza que 4.600 millones de personas (el 60% de la población mundial). “En América Latina y el Caribe el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza. El número de milmillonarios en la región ha pasado de 27 a 104 desde el año 2000. En grave contraste, la pobreza extrema está aumentando. En 2019, 66 millones de personas, es decir, un 10,7% de la población vivía en extrema pobreza, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)”.[3]

La pandemia como las medidas de arresto domiciliario agudizan el desempleo y agravan una situación preexistente de explotación, marginalidad, desigualdad y contradicción social, que en el Ecuador ya alcanza los 400 mil despidos y un riesgo potencial que afectará a más de 743 mil trabajadores del sector público y privado, según un informe de la Cámara de Industrias y Producción.

Hasta diciembre de 2019 la Encuesta Nacional de Empleo, Desmpleo y Subempleo, (Enemdu), del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), informó que alrededor de 5 millones de ecuatorianos “están entre el desempleo y la informalidad”. [4]

En medio de esta trágica situación y en flagrante contradicción con lo manifestado por la OIT respecto a la enfermedad del Covid-19, como una enfermedad profesional que afecta principalmente a los trabajadores y trabajadoras de la salud, entre los que habrían 1.500 contagiados y más de una decena de víctimas mortales en el país, el gobierno de Moreno, enemigo de los trabajadores, confirma su ausencia de humanidad y neuronas, y emite el 28 de abril de 2020 la resolución 022 del Ministerio de Trabajo, determinando que la enfermedad del nuevo coronavirus (Covid-19) no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional.

Moreno y el estultísimo grupo de sus asesores y secretarios desoyen lo dicho por la OIT en el sentido de que el coronavirus provoca “un trastorno de estrés postraumático” que es contraído por exposición en el trabajo, y que «en la medida en que los trabajadores sufran de estas afecciones y estén incapacitados para trabajar como resultado de actividades relacionadas con el trabajo, deberían tener derecho a una indemnización monetaria, a asistencia médica y a los servicios conexos, según lo establecido en el Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964». Igualmente que en el caso de los familiares a cargo (cónyuge e hijos) de la persona que muere por la enfermedad del Covid-19 contraída en el marco de actividades relacionadas con el trabajo, la OIT indica que ellos, también, tienen derecho a recibir prestaciones monetarias o una indemnización, así como una asignación o prestación funeraria[5]. Esto es precisamente lo que intenta negar el gobierno a los trabajadores de la salud, considerados en la propaganda oficial como los “héroes de la patria” que enfrentan a la pandemia pero que en los hechos son las primeras víctimas y no las únicas, no solo de la enfermedad sino de un régimen torpe como cruel, que a las puertas del primero de mayo: día de los trabajadores, se permite tal humillación.

Que se recuerde hoy más que nunca que son las clases trabajadoras del mundo las que con su fuerza de trabajo colaborativa: física e intelectual crean y producen la riqueza del mundo y no el capital, que se limita a explotar y acumular injusta y egoístamente el plusvalor creado con el sudor, las lágrimas y la sangre de una vasta red social de proletarios precarizados, negados ahora incluso de los mínimos medios de subsistencia y cobertura de sus necesidades, como queda demostrado en la historia y en estas semanas de encierro forzado de millones de trabajadores en todo el mundo con la excusa de la pandemia del Covid-19.

Como lo descubrió con profundidad Marx: El capital considera al trabajador y su fuerza de trabajo una “mercancía especial” (una cosa y no un ser humano) que al ser consumida en el proceso de producción, produce más valor que lo que ella misma vale, produce plus valor que se apropia el capitalista. El trabajador que no tiene otra cosa que vender, vende su fuerza de trabajo en el mercado, a cambio de un precio que es el salario, que el capitalista paga para que la mercancía especial pueda reproducirse, paga como a toda mercancía, por el tiempo de trabajo socialmente necesario que se necesita para producirla, según las condiciones técnicas de cada época y lugar. Es decir, que el capitalista fija a su gusto y sazón los bienes de subsistencia como comida, ropa y vivienda que supone son necesarias para el trabajador y su familia. El capitalista calcula cuánto necesita el obrero para vivir, con el objetivo de que cada día ese obrero vuelva a trabajar y producir con un salario que es aparentemente “igual” al trabajo realizado.

En esto consiste la explotación del hombre por el hombre, del trabajador por el capitalista, la lucha de clases está viva y lo impregna todo, incluso la pandemia y el encierro, que no es igual para todos, es desesperación para quienes sienten hambre y siempre tienen necesidades insatisfechas.

La relación de dominación Amo-Esclavo desarrollada por Hegel define que “hay amos y hay siervos porque en unos el espíritu de dominación es más fuerte que su miedo a morir en la lucha por el reconocimiento. Si el siervo se constituye en tanto siervo por su miedo a morir es porque el amo se constituye en tanto amo por su decisión de matar. La pulsión de muerte le es esencial al espíritu de dominación”.[6]

Ahora que el miedo a la pandemia está demasiado inflado por los medios masivos, los gobiernos y sus fuerzas represivas normativas, policiales y militares, ahora que “hay un gran desorden bajo el cielo, la situación es excelente” habría repetido Mao Zedong.

La reclusión obligatoria del toque de queda no debería ser suficiente no solo para protestar y denunciar el crimen masivo del desempleo y el subempleo, sino debería ser el detonante de una gigantesca rebelión global en contra de las condiciones opresivas. Es la hora del “espíritu emancipatorio radical” como diría Slavoj Zizek, que sueñe e imagine “un mundo posible y mejor al igual que realizable”, como decía Lenin. Lo mismo que en términos de Lacan, deberíamos reconocer la situación presente como el momento de la “inconsistencia del gran otro [que] abre el espacio para el acto”.[7]

 

Por José Luis Bedón | 11/05/2020

 

Notas

1) https://actualidad.rt.com/actualidad/351587-alertan-300-millones-perderan-trabajo-covid

2) ttps://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/la-oit-preve-que-el-numero-de-desempleados-aumente-en-25m-en-el-mundo.

3) https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/los-milmillonarios-del-mundo-poseen-mas-riqueza-que-4600-millones-de-personas

4) https://www.elcomercio.com/actualidad/emergencia-covid19-riesgo-ecuador.html

5) https://www.vistazo.com/seccion/pais/politica-nacional/ministerio-de-trabajo-resuelve-que-el-covid-19-no-es-un-accidente-de

6) Feinmann, José Pablo, Filosofía Política del poder mediático, Ed. Planeta, 2013, p.20.

7) Zizek Slavoj, Viviendo el final de los tiempos, Ed. Akal, 2012, p.26.

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Sábado, 09 Mayo 2020 05:54

Una invasión de utilería

Policías de las fuerzas oficiales de Venezuela vigilan la zona donde ocurrió el enfrentamiento con un grupo armado que incursionó con lanchas en la costa de la localidad de Macuto / Foto: Xinhua, Marcos Salgado

La Operación Gedeón contra Venezuela.

 

La reciente invasión a la costa próxima a Caracas por pequeños comandos fue reducida por las fuerzas leales a Nicolás Maduro con sorprendente facilidad. Lo difícil, en cambio, se presenta con el cierre de las vías para los acuerdos políticos, bajo el peso de una grave crisis social y económica.

 

Rebeldes venezolanos, con el apoyo de mercenarios estadounidenses, intentaron un golpe de mano, el 3 de mayo, para atacar y quizá capturar al presidente Nicolás Maduro: a bordo de pequeñas lanchas buscaron infiltrarse por las playas cercanas a la capital, pero fueron descubiertos. Ocho resultaron abatidos y 18 fueron detenidos, según la información oficial.

El primer episodio se registró en Macuto, una población a orillas del mar Caribe y 32 quilómetros al noreste de Caracas, donde diez individuos, que arribaron de madrugada en una pequeña lancha de turismo, alcanzaron una casa en la que, se supone, tenían vehículos con armas. Los descubrió un comando policial, que los enfrentó con apoyo militar. Allí se dieron las ocho muertes y dos de los arrestos. Del lado oficial no hubo bajas.

Sólo se informó la identidad de uno de los fallecidos, el capitán de la Guardia Nacional Robert Colina (36), alias Pantera, autoexiliado en Colombia desde el año pasado. Horas después, en Chuao, pequeño pueblo costanero al noroeste de Caracas, ocho individuos a bordo de un bote fueron interceptados por pescadores, que los capturaron con ayuda de policías, sin disparar un tiro. Otros individuos fueron aprehendidos en otros puntos de la costa y en Maracaibo, la capital petrolera del Occidente, hasta completar 18 detenidos. Las autoridades aún buscan más.

Entre los cautivos de Chuao están dos capitanes retirados de la Guardia Nacional, el hijo de un excomandante general del Ejército y dos estadounidenses, Airan Berry y Luke Denman, que sirvieron en fuerzas especiales de su país y al parecer ayudaron durante semanas a entrenar a los atacantes en una casa en el norte de Colombia. Desde allí habrían partido las lanchas para la incursión en el centro-norte de Venezuela, un recorrido de cientos de millas por aguas del Caribe.

BOINAS, MENTIRAS Y VIDEO.

En un video del interrogatorio a Denman, mostrado por Maduro en una conferencia de prensa virtual el 6 de mayo, el estadounidense declaró que actuaba contratado por la firma de seguridad Silvercorp, registrada en el estado de Florida y propiedad de Jordan Goudreau, un ex boina verde que actuó como médico militar en Afganistán e Irak.

Denman dijo que su misión era asegurar y controlar un aeropuerto para cuando llegase un avión a trasladar a Maduro. Es decir, el comando contemplaba la captura del presidente y su posterior traslado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al sucesor de Hugo Chávez de narcotráfico y otros delitos, y ha ofrecido 15 millones de dólares de recompensa por su captura, así como cantidades algo menores por una docena de sus colaboradores civiles y militares.

La madeja de la invasión, destejida parcialmente mediante revelaciones de prensa desde antes de los hechos, muestra que Goudreau pactó, con asesores de la oposición radicados en el exterior, entrenar a los expedicionarios e infiltrarlos en Venezuela para atacar instalaciones militares, propiciar levantamientos y desmembrar el gobierno. Se discute si Juan Guaidó, titular del Parlamento y reconocido como “presidente legítimo” por Washington y otro medio centenar de gobiernos, firmó o no un contrato millonario con Goudreau para financiar la fallida Operación Gedeón.

Mientras la operación fracasaba en las costas de Venezuela –obviamente el gobierno la había infiltrado y la esperaba–, Goudreau declaraba en Miami, junto con otro militar desertor de Venezuela, que Guaidó había incumplido con los pagos previstos en el contrato, los que, según el ex boina verde, sumarían 200 millones de dólares. A su vez, Guaidó negó que hubiese firmado un contrato, rechazó cualquier imbricación con el contratista estadounidense y la fallida invasión, reclamó respeto a los derechos humanos de los capturados y reiteró su demanda de que Maduro se aparte del poder para conformar un gobierno de transición que atienda la crisis y organice nuevas elecciones.

Por su parte, Maduro acusó de complicidad a Guaidó y a la oposición radical, recordó que está en marcha un proceso para renovar el poder electoral –pero no para elegir un nuevo presidente, sino un nuevo Parlamento– e insistió en la tesis oficial de que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia son cómplices de la Operación Gedeón. Bogotá rechazó la acusación, y el presidente estadounidense Donald Trump dijo que su administración nada tiene que ver con lo ocurrido. “Si hubiéramos participado, el resultado habría sido distinto”, comentó a la prensa su secretario de Estado, Mike Pompeo.

 

MIENTRAS, SIGUE LA CRISIS.

 

La Operación Gedeón sorprende a los venezolanos en su tercer año de hiperinflación (130.160 por ciento en 2018 y 9.589 por ciento en 2019, según cifras oficiales), con más del 80 por ciento de la población en la pobreza (el salario mínimo equivale a 3 dólares mensuales) y nueve de sus 28 millones de habitantes en inseguridad alimentaria, según agencias de las Naciones Unidas. Y con los servicios esenciales –agua, luz, gas, transporte y acceso a la salud– desplomados, al punto de causar decenas de protestas diarias en todo el país aun con la cuarentena implantada por la covid-19 en marcha, y de provocar, en algunos pueblos deprimidos de provincia, saqueos a tiendas de alimentos (véase “Maduro camina en un campo minado”, Brecha, 30-IV-20). El deterioro de la calidad de vida empujó a emigrar, desde 2015, a casi cinco millones de venezolanos.

Capítulo aparte merece la escasez de gasolina, en un país que durante un siglo fue un importante exportador de petróleo crudo y derivados. Las refinerías no funcionan y las sanciones impuestas por Estados Unidos dificultan la importación de combustible y, sobre todo, la obtención de divisas para poder comprarlo. Por añadidura, el desplome del mercado petrolero al caer la economía global con el avance de la covid-19 puede dejar a Venezuela con ingresos por exportaciones de crudo de apenas unos 3.000 millones de dólares, cuando hace una década rozaba los 100.000 millones anuales.

En las pocas estaciones de servicio que despachan combustible, todas de la estatal Petróleos de Venezuela, se forman durante horas o días colas de cientos de vehículos para adquirir unos pocos litros de gasolina si el propietario demuestra que trabaja en un servicio esencial en medio de la cuarentena. Venezuela tiene oficialmente la gasolina más barata del mundo, unos diezmilésimos de dólar por litro, pero en el omnipresente mercado negro tiene la más cara, hasta cuatro dólares por un litro de carburante.

Sobre esta crisis social y económica está la política, con los herederos de Hugo Chávez –fallecido en 2013– abroquelados en el poder y una oposición que no acierta a reunir fuerza y estrategia para desalojarlos. No hay acuerdos para dirimir electoralmente esas diferencias y convenir una mínima convivencia. Y ahora, al asomar la nariz mediante la Operación Gedeón la lucha política armada –aun si se trata de un grupo marginal que no expresa a la mayoría opositora–, se cierran más los caminos del diálogo, del entendimiento y los acuerdos propios de la lucha política pacífica y democrática. No es un buen presagio.

Por Humberto Márquez

8 mayo, 2020

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Donald Trump durante una visita en Phoenix este martes. Shealah Craighead / Casa Blanca

EEUU planea reabrir el país a pesar de haberse convertido en el foco internacional de la pandemia con el 27,8% de las muertes en todo el mundo y el 42% de todos los casos activos registrados

 

Estados Unidos se ha convertido en el foco internacional de la pandemia de coronavirus y su papel como corazón del sistema económico mundial y gran arquitecto del sistema internacional determinará el porvenir del resto del mundo. Con 73.566 muertos, el país norteamericano acumula el 27,8% de todas las víctimas mortales registradas en el mundo por la COVID-19, según datos de la universidad John Hopkins. Además tiene actualmente el 42% de todos los casos activos registrados en el planeta.

A pesar de las recomendaciones de sus expertos sanitarios, el presidente Donald Trump está presionando por la reapertura porque "este país no se levantó para estar cerrado". "No podemos mantener nuestro país cerrado, tenemos que abrirlo. La gente no lo va a aceptar y no debería hacerlo. Tenemos un gran país, no lo podemos mantener cerrado", insistió el miércoles el presidente.

En el pasado, el desastre económico ha saltado rápidamente de la principal potencia económica mundial al resto del mundo. Pasó en la Gran Depresión de 1929, pasó en la Gran Recesión de 2008 y los expertos temen que pase en el Gran Cierre de 2020. "Es muy probable que este año la economía global sufra su peor recesión desde la Gran Depresión, superando la vivida hace una década durante la crisis financiera global", señala el último informe de perspectivas de la economía mundial elaborado por el FMI. Según los datos del organismo, la evolución de la producción mundial en 2020 será de un -3% (en la crisis de 2008 fue de -0,1%). En el caso de EEUU, el PIB pasará de un crecimiento de 2,3% en 2019 a uno de -5,9% este año.

"Se proyecta que el llamado Gran Cierre hunda dramáticamente el crecimiento global. Una recuperación parcial está prevista para 2021, pero el nivel de PIB seguirá por debajo de la tendencia anterior al virus, con una incertidumbre considerable sobre la fortaleza de dicha recuperación", sostiene el FMI. "Resultados de crecimiento mucho peores son posibles e incluso probables. Esto ocurriría si la pandemia y las medidas de contención duran más tiempo, si las economías emergentes se ven más gravemente afectadas, si persisten unas condiciones financieras ajustadas o si se producen efectos de 'cicatrización' debido a los cierres firmes y un desempleo prolongado", añade.

Juan de Lucio, profesor de Economía Mundial en la Universidad de Alcalá de Henares, señala: "El peso de Estados Unidos en el mundo es aproximadamente un 15% y viene experimentando una tendencia decreciente principalmente por el impulso de los países asiáticos. Esta tendencia continuará en 2020 y probablemente se agravará". "EEUU es una pieza fundamental en la maquinaria económica mundial y sin vuelta a normalidad en esta economía será difícil la recuperación de la actividad a nivel global. Los lazos y efectos directos y indirectos de EEUU sobre otras economías son muy potentes", añade.

Gita Gopinath, directora del departamento de investigación del FMI, afirma en el blog de la institución: "La magnitud y velocidad del colapso de la actividad es algo sin precedentes en nuestra vida. Es una crisis como ninguna otra y hay bastantes incertidumbres sobre su impacto. Mucho depende de la epidemiología del virus, la efectividad de las medidas de contención y el desarrollo de vacunas y tratamientos, los cuales son todos de difícil predicción". "Hay dudas considerables sobre cómo será el escenario económico cuando salgamos de este cierre", añade.

 

La polémica reapertura de EEUU

 

"Estados Unidos lleva algunas semanas de retraso en la incidencia de la pandemia con relación a Europa. En este sentido cabe esperar un agravamiento de la situación", explica De Lucio. Sin embargo, tras varias semanas de cierre total o parcial, 30 estados de EEUU han empezado ya o van a empezar pronto a reabrir la actividad económica. De ellos, la gran mayoría (21) no cumple las directrices generales y lo hace con más nuevos casos o con un porcentaje más elevado de tests positivos que hace dos semanas, según recoge The New York Times.

Por otro lado, la agencia AP ha publicado este jueves que el Gobierno de Trump ha guardado en el cajón una guía detallada para reabrir el país elaborada por al principal agencia de control de enfermedades (CDC). El diario Politico publicó este miércoles conversaciones entre la agencia de emergencias (FEMA) y de sanidad (HHS) en la que los expertos alertaban del peligro de reabrir la actividad económica, advirtiendo de un aumento de muertes y de escasez de respiradores.

Caitlin Rivers, experta del John Hopkins center for Health Security declaró este miércoles en un comité de la Cámara de Representantes que ningún estado había cumplido todos los criterios establecidos por la Casa Blanca como recomendaciones para reabrir sus respectivas economías. "Hasta donde yo sé, no hay estados que cumplan los cuatro criterios", afirmó. Estos criterios son: descenso en el número de casos en las últimas dos semanas, capacidad para diagnosticar a todos los que presenten síntomas, capacidad de trazar y contactar con los nuevos casos y capacidad del sistema sanitario para tratar a todos los pacientes infectados. "Sugerimos que se deberían cumplir los cuatro requisitos", afirmó.

"Las tensiones sociales serán más evidentes en Estados Unidos que en otros países por las diferencias en gestión entre Estados, la menor cobertura de sus prestaciones sociales y la intensidad y rapidez de la desaceleración. Existen dudas todavía sobre la capacidad de control rápido de la crisis sanitaria en algunas zonas de EEUU", sostiene De Lucio.

"La economía de EEUU es mucho más flexible que la europea y por eso su incidencia en variables como el desempleo y la distribución de la renta puede ser superior. En términos desestacionalizados son 33,5 millones de trabajadores los que han pedido el subsidio de desempleo. Aproximadamente uno de cada cinco trabajadores. La tasa de desempleo estaba por debajo del 4% y al final de la crisis se habrá multiplicado por cuatro o cinco", añade.

Por Javier Biosca Azcoiti  

07/05/2020 - 22:33h

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50 senadores de Colombia proponen al Estado como garante de vida digna

13 senadores (ras) del Partido de la U, 11 del Partido Liberal, 9 del Partido Alianza Verde, 5 del Polo Democrático, 5 del Partido Farc, 2 de Coalición Decentes, 1 de Cambio Radical, 1 Colombia Humana y 1 Partido Mais firmaron en la sesión plenaria no presencial del miércoles 6 de mayo de 2020 la Propuesta Económica: “El Estado como garante de la vida digna de la población y del sostenimiento de la economía”, con la expectativa de alcanzar un acuerdo nacional que permita a las dos ramas del poder trabajar de la mano para superar las amenazas y el daño que trae a la nación la pandemia covid-19.

“La propuesta en su totalidad permite beneficiar a cerca de 34,5 millones de personas, es decir al 71 por ciento de la población colombiana, por un periodo de tres meses. Tendría un costo total de 40.5 billones de pesos, lo que corresponde al 4% del PIB […} el ingreso que se propone para estas poblaciones unificaría, reemplazaría e incrementaría la cuantía y la cobertura de las transferencias monetarias existentes: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y el recién creado Ingreso Solidario”, anotaron los firmantes en el documento presentado en la sesión plenaria ya relacionada.

Además, los congresistas firmantes de la proposición señalaron que: “Esta propuesta garantiza a la población la supervivencia digna y sostener la estructura productiva durante la emergencia, amenazadas por el desempleo, la pérdida de ingresos y la destrucción de empresas. Busca darles la mano a los hogares pobres y vulnerables del país, a los empleados formales y trabajadores independientes vinculados a actividades laborales vulnerables, aunque no pertenezcan a hogares pobres y vulnerables, así como a las empresas que debieron cerrar su producción y sus ventas”.

La iniciativa está construida sobre dos grandes apoyos:

“1. Un subsidio por valor de un salario mínimo mensual con todas las prestaciones sociales legales ($1.409.000) que se entregaría a 3.5 millones de personas empleadas en actividades formales e independientes vulnerables a la crisis, y

2. Una transferencia de un salario mínimo ($877.000) a los 9.5 millones de hogares pobres y vulnerables que tiene Colombia. Esta medida cubrirá a 31 millones de personas.

La propuesta, en otros términos, concreta una renta básica temporal por implementar en Colombia a lo largo de un trimestre.

Como es conocido, por decretos y comunicaciones oficiales, la destinación de ayudas financieras por el gobierno nacional tiene como preocupación central extender la mano a los grandes empresarios, inyectarles liquides, facilitarles créditos de diverso tipo, además de autorizarles acudir al recurso de vacaciones individuales o colectivas anticipadas de los trabajadores. ¿De dónde se sacarán los recursos necesarios a mediano plazo para financiar la propuesta liderada por esta coalición de congresistas?


El documento señala: “para financiar el programa deberán provenir de una reforma tributaria estructural, por lo mismo progresiva, equitativa y eficiente como lo ordena la Constitución, que elimine beneficios tributarios injustos e innecesarios, aumente el impuesto al patrimonio, los dividendos y la renta de personas naturales de mayor riqueza. Así mismo, contemple la creación de una sobretasa a los sectores beneficiados durante la emergencia, servicios domiciliarios, supermercados, etc. De otro lado, es necesario avanzar en el trámite de créditos con la banca multilateral y la refinanciación de la deuda pública.”

¿Cuáles serían las fuentes de financiación inmediatas de la propuesta?

“1, Ampliar el impuesto al patrimonio;

2.Reasignar gastos del presupuesto nacional: llevar a este plan de urgencia los recursos de transferencias monetarias existentes;

3. Reducir los gastos de funcionamiento que no sean indispensables;

4. Los recursos de proyectos aplazables y los cancelados como consecuencia de la emergencia;

5. Los recursos disponibles en el FOME (en particular, los recursos de los títulos de solidaridad);

6. El recaudo del impuesto solidario COVID-19 creado mediante el Decreto 568 del 2020;

7. Suspender con efecto inmediato los beneficios tributarios aprobados en la Ley 2010 de 2020, Ley de Crecimiento Económico; y

8. Solicitar un crédito directo al Banco de la República, garantizado en reservas internacionales, en desarrollo del artículo 373 de la Constitución Política”.

Con la expectativa de alcanzar un acuerdo nacional “[…] que permita a las dos ramas del poder trabajar de la mano para superar las amenazas y el daño que trae a la nación la pandemia COVID-19”, quienes lideran esta propuesta llaman a integrar “[…] una comisión compuesta por miembros de los partidos a los cuales pertenecen los senadores firmantes de la presente proposición para que se reúna a la mayor brevedad con el Gobierno nacional a presentarle la ‘Propuesta Económica: el Estado como garante de la vida digna de la población y el sostenimiento de la economía’ “. Y enfatizan: si el acuerdo nacional resulta imposible, “[…] los senadores y senadoras que suscribimos la presente proposición seguiremos adelante con nuestra función legislativa y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 215 de la Constitución Política, la presentaremos como iniciativa legislativa en el propósito de modificar y adicionar disposiciones contenidas en los decretos legislativos expedidos por el gobierno al amparo de la Emergencia Económica declarada el pasado 16 de marzo, así como de nuevos decretos que pueda expedir el gobierno al amparo de otras declaraciones de emergencia en el marco de la actual crisis originada en la pandemia COVID-19, los cuales se encuentran sometidos a la revisión del Congreso”.

La iniciativa liderada por esto 48 congresistas es posible y viable, como lo hemos anotado en desdeabajo a través de distintas propuestas presentadas a la opinión pública desde el momento mismo en que la pandemia covid-19 también fue declarada en nuestro país. Para desdeabajo la crisis desatada debe ser asumida como una oportunidad para ahondar relacionamientos sociales, profundizar solidaridades y fraternidades, así como para levantar una alternativa ante lo estatal.

La crisis abre una oportunidad para los de abajo. Otra democracia, directa, radical, plebiscitaria, es posible. Actuemos en consecuencia.

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Qué pasará con la brasileña Embraer después de la patada en el trasero de Boeing

La alianza estratégica entre el Gobierno cívico-militar de Brasil y EEUU sufrió un serio revés con la decisión de Boeing de cancelar el acuerdo de compra de Embraer, la tercera empresa de construcción de aviones comerciales del mundo. Ahora la joya de la corona de los militares brasileños no encuentra su rumbo y puede caer en una crisis demoledora.

La empresa estadounidense "no ha recibido ni un solo pedido nuevo de suministro de aeronaves en enero" por primera vez en más de medio siglo. La crisis es tan profunda que en 2019, "los suministros de aviones comerciales Boeing se redujeron a la mitad en comparación con el mismo período de 2018".

El negocio consistía en la compra del 80% de la división comercial de la brasileña por unos 4.200 millones de dólares y la creación de una joint venture para la búsqueda de nuevos mercados para el avión militar de carga C-390 y el desarrollo de aerotaxis para la movilidad aérea urbana. En la tercera semana de abril, Boeing rescindió el Master Transaction Agreement (MTA) firmado con Embraer, en virtud del cual las dos compañías buscaron establecer un  "nuevo nivel de asociación estratégica".

"Es decepcionante. Pero hemos llegado a un punto en que la negociación no va a resolver los problemas", afirmó el vicepresidente senior de Boeing, Marc Allen. La fecha límite para llegar al acuerdo era el 24 de abril y un día después Boeing hizo el anuncio. Del lado brasileño se asegura que "Boeing ha finalizado injustamente la alianza y ha inventado pretextos para evitar pagar los 4.200 millones de la compra".

Las razones no expresadas por Boeing hay que buscarlas en la crisis provocada por la paralización de la producción del 737 MAX, a lo que debe sumarse la situación creada por la pandemia de coronavirus en la industria aeronáutica.

Boeing tuvo un déficit de 633 millones de dólares en 2019, con la consecuente crisis financiera, ya que el fin de la producción del MAX implica pérdidas de 19.000 millones de dólares. La empresa estadounidense debió pedir ayuda a la administración Trump por 60.000 millones de dólares para sobrevivir en la situación actual de paralización del sector aéreo. 

Según el periódico El Economista, la crisis de Boeing arrancó cuando dos aviones 737 MAX se estrellaron en menos de cinco meses, obligando a la firma a dejar en tierra durante más de un año el modelo, que estaba llamado a ser su nuevo superventas.

El objetivo de la compra de Embraer era competir en el segmento del mercado de aviones medianos (90-120 asientos) que actualmente domina Airbus con el A220. Para la europea es una excelente noticia, pero para la brasileña es algo así como una monumental patada en el trasero, ya que la continuidad de la empresa queda en entredicho.

Apenas se conoció la cancelación de la venta, las acciones de Embraer cayeron un 14%, pero a lo largo de este año sus acciones se desvalorizaron hasta un 60%. Ahora Embraer busca un plan B que no parece nada sencillo.

Según analistas citados por la revista Veja, la ruptura con Boeing "no podía haber sucedido en un momento peor: la ventas están paradas, la demanda global de aviones desapareció y la caída de los precios del petróleo debilita aún más al sector".

Boeing presenta el concepto de su nuevo helicóptero | Vídeo

Fracasado el acuerdo y a la espera de la demanda que interpondrá Embraer contra su exsocia, las miradas se dirigen hacia China. "Desde el punto de vista estratégico, es una opción, pero puede ser políticamente problemático", destaca la consultora estadounidense Lundquist Group, especializada en el sector aeroespacial.

La dificultad mayor viene por el lado del Gobierno de Jair Bolsonaro, que mantiene un largo y peligroso contencioso con Pekín, a quien acusa de querer "comprar Brasil" más que hacer negocios. Pedir un préstamo de socorro en estos momentos sería casi imposible por la delicada situación que atraviesa la economía brasileña.

Un relatorio del banco suizo UBS estima que será muy difícil para Embraer seguir adelante sin socios en un mercado cada vez más complejo en el cual su mayor competencia, la canadiense Bombardier, mantiene una alianza con Airbus para la producción de aviones de 70 a 120 asientos, el mismo rango en el cual se destaca la brasileña. 

"No sería una sorpresa ver a otras empresas iniciando conversaciones con Embraer. Creemos que China aún aspira a liderar el mercado aeroespacial global, y en nuestra opinión, Embraer aportaría talento para el diseño y el desarrollo, y lo más importante, conocimiento y capacidad en servicios globales y redes de apoyo", señala UBS.

Dentro del equipo económico de Bolsonaro, algunas voces se inclinan por abrir negociaciones con China. "Una posibilidad que pone los pelos de punta a los generales, ya que el sector aeroespacial es considerado muy sensible porque entrama riesgos para la soberanía nacional", estima al columnista de UOL Thaís Oyama.

Lo sucedido con la relación entre Embraer y Boeing es apenas una señal del naufragio estratégico de Brasil, incluyendo al sector militar del Gobierno. Los hechos demuestran que la alianza con Estados Unidos es un callejón sin salida que, además, obtura la posibilidad de Brasil de erigirse como un país relativamente autónomo en la región sudamericana, capaz de liderarla y de servir como referencia a los demás.

Lo que está en juego es mucho más que el futuro de Embraer. Por cierto, la única empresa brasileña que exporta tecnología punta, ya que un país no puede prosperar vendiendo granos de soja y mineral de hierro.

Quizá por eso, el vicepresidente y general retirado Hamilton Mourao calificó el giro de los acontecimientos como una "bendición disfrazada". En referencia a una posible alianza con China, fue muy claro: "Tenemos los conocimientos, ellos tienen la demanda. Esto muestra una vez más que un matrimonio [con China] debe continuar, porque es un matrimonio inevitable".

Si el sector militar llegara a inclinarse por China, sería un desastre para la estrategia del Pentágono y un revulsivo interno fenomenal en Brasil. Todo indica, empero, que la situación del país debería descender aún varios peldaños antes de que se abriera camino una opción tan radicalmente opuesta a la que predomina todavía en Brasilia.

18:34 GMT 04.05.2020URL corto

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Ecuador, entre el coronavirus y el neoliberalismo

La pandemia llegó al país en medio de la crisis económica

El epicentro de la enfermedad está en Guayaquil, que tiene la tasa de contagio más alta de Latinoamérica. El gobierno de Lenín Moreno está siendo fuertemente criticado por la falta de credibilidad en sus estadísticas.

 

El coronavirus llegó a Ecuador en medio de una profunda crisis económica. El epicentro de la enfermedad se dio en la ciudad de Guayaquil que tiene la tasa de contagio más alta de Latinoamérica. En medio de enormes críticas al gobierno por la falta de credibilidad en las estadísticas, el mismo presidente Lenín Moreno reconoció que las cifras no eran precisas. 

Hasta este domingo se informaron de 30 mil casos positivos y 1.564 muertes. Sin embargo, hace algunos días la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, informó que allí hubo siete mil muertes más que en abril del año pasado. Moreno planteó una salida del aislamiento para este lunes 4 de mayo, pero Guayaquil y Quito seguirán en cuarentena hasta el 31 de mayo. Desde las organizaciones indígenas anunciaron que no van a seguir la medida. “Sin datos reales es imposible hacer una planificación seria. Vamos a mantener el aislamiento”, dijo Leónidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, que integra la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

El Estado ausente

Desde su llegada al gobierno, Moreno fue limitando la capacidad del Estado para intervenir en la economía. De esa manera el país entró en un laberinto del cual parece difícil divisar el final. Y llegó el coronavirus. Sólo en la provincia de Guayas, a la que pertenece Guayaquil, el número de contagios asciende a 13.053, el 62 por ciento del total nacional. Hace algunas semanas el sistema sanitario de la ciudad colapsó ante el creciente número de muertes. La alcaldía demoró entre tres y cuatro días en retirar los cuerpos de las casas, por lo que las familias tuvieron a dejarlos en las calles. En respuesta, la titular de Gobierno, María Paula Romo, reconoció que la situación era alarmante. Sin embargo, dijo que aún no podían saber si la causa de las muertes era por coronavirus. Las cifras oficiales están en el centro del debate.

El gobierno tomó una serie de medidas para contener el contagio. El 16 de marzo declaró el estado de excepción que limitó el tráfico de vehículos y la actividad comercial. También ordenó el trabajo a distancia y cerró todas las escuelas del país. Tres días después decretó un toque de queda que rige entre las 2 de la tarde y las 5 de la mañana. En Ecuador viven 17 millones de personas. El 60 por ciento de la mano de obra es informal, por lo que el aislamiento dejó a millones de familias sin su principal fuente de dinero. Moreno lanzó un Bono Familiar de 60 dólares que se entregará durante los meses de abril y mayo a las personas con ingresos por debajo del salario básico, fijado en 400 dólares. El gobierno estima que 950 mil ecuatorianos recibirán el bono.

En paralelo el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de "Ley de Apoyo Humanitario”. El mismo propone grabar con un impuesto los salarios que superen los 500 dólares. El porcentaje de aporte será progresivo, incrementándose para los sueldos más altos. Por otro lado las empresas que hayan facturado más de un millón de dólares, entregarán el cinco por ciento de esa utilidad en tres pagos mensuales. Al presentar la medida Moreno dijo que la crisis económica se debía a la deuda dejada por el expresidente Rafael Correa. “Esta crisis (...) nos golpeó sin un centavo en las cuentas del Estado y con una deuda histórica de más de 65 mil millones de dólares", se justificó el presidente. 

Desde el partido al que pertenece Correa, Revolución Ciudadana (RC), sostienen que tal monto no es real. “Ante cada crisis política Moreno apela al mismo discurso. Ya no es creíble. Los datos oficiales que maneja el ministerio de Economía y Finanzas no reflejan lo que él sostiene. La deuda real al momento que Correa dejó el gobierno rondaba los 38 mil millones”, sostuvo Pabel Muñoz, asambleísta de RC. Muñoz recalcó que la ley tal como está planteada sólo volcará sobre los trabajadores la mayor parte de la carga impositiva. “Con ella esperan recaudar 1.400 millones de dólares. De ese total 900 millones vendrían de las personas y sólo 500 millones de las empresas. El gobierno no quiere poner impuestos al gran capital por que son su principal base de sustento”, dijo el asambleísta. Desde RC propusieron crear un impuesto a bancos y telefónicas que obtuvieron ganancias extraordinarias mientras la economía se derrumbaba. También una contribución del 0,9 por ciento a los patrimonios individuales de más de un millón de dólares.

A contramano del mundo

Además, la "Ley Humanitaria" estipula un recorte en los salarios públicos, según denunció el sociólogo económico Andrés Chiriboga, miembro del Observatorio de la Dolarización. “Aprovechan este contexto para continuar aplicando las medidas que exige el FMI. El gobierno planteó un recorte salarial del 10 por ciento que no se aplicará sólo durante la crisis sino de forma permanente. Para el FMI y Moreno, el sector público es el grande culpable de esta crisis económica”, remarcó Chiriboga. El académico sostuvo que con estas medidas el gobierno va a contramano de lo que está haciendo el mundo para enfrentar la pandemia. 

En paralelo, durante el mes abril hubo una enorme fuga de capitales. “Siguiendo las estadísticas que publicó el Servicio de Rentas Internas, que se encarga del cobro de impuestos, advertimos que hubo al menos 829 millones de dólares se fugaron. Esto afecta gravemente a nuestra economía, dolarizada, ya que el gobierno necesita de esa moneda y no puede emitirla”, sostuvo el sociólogo económico. Además resaltó que la estructura primarizada de la economía es otro componente fundamental de esta crisis. El país depende de la exportación de petróleo, entre otros insumos básicos, y su precio está por el piso. Para Muñoz este caldo de cultivo esta llevando a la implosión del modelo ecuatoriano. “La dolarización termina funcionando como una camisa de fuerza. Uno no elige salir de ella sino que te expulsa y deja a la economía en un estado muy vulnerable. Hoy debemos sostenerla, pero las herramientas con las que contamos cada vez son menos”, sostuvo el economista de RC.

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Lunes, 04 Mayo 2020 06:35

Leones

Los dos leones de mármol que vigilan la entrada de la Biblioteca Pública de Nueva York, en la Quinta Avenida, no tienen visitas desde que comenzó la pandemia del Covid-19. En los años 30, durante la Gran Depresión, el entonces alcalde Fiorello LaGuardia los bautizó como Paciencia y Fortaleza, cualidades que, según él, necesitaba todo neoyorquino para aguantar aquella crisis; lo mismo se requiere ahora.Foto La Jornada

Los dos leones de mármol que vigilan la entrada de la gloriosa Biblioteca Pública de Nueva York en la Quinta Avenida no tienen visitas desde que se implementaron las medidas contra la pandemia. Han sido testigos de tanto desde 1911 –desfiles, protestas, el espectáculo cotidiano en el centro de Manhattan–, pero nada como esto, un silencio sin precedente de una ciudad clausurada. En los años 30, durante la Gran Depresión, el entonces alcalde Fiorello LaGuardia los bautizó como Paciencia y Fortaleza, las cualidades que él decía necesitaba todo neoyorquino para aguantar esa crisis.

Pero en ese tiempo había un presidente llamado Franklin D. Roosevelt, movimientos sociales poderosos, partidos como el comunista y el socialista con gran capacidad de organización (de donde brotaron los conceptos de seguro de desempleo y seguro social que desde entonces forman parte fundamental de lo que queda del estado de bienestar hoy día). Hoy, en lugar de un FDR, está el gobierno corrupto y peligroso de Trump, un movimiento laboral en el punto mas débil de su historia (aunque hay señales de un posible renacimiento) y un partido de oposición, el Demócrata, que ha sido en parte cómplice del desastre con un candidato poco audaz. No es consolación que la pandemia comprobó que los herederos de los movimientos de los años 30 y de la agenda liberal de Roosevelt –Bernie Sanders y un poco Elizabeth Warren– tenían razón de que se requiere de una "revolución política" que recupere la democracia para 99 por ciento, incluyendo a los inmigrantes, y definir la salud, y acceso a ella, como un derecho humano.

Sanders escribió la semana pasada: "somos el país más rico en la historia del mundo, pero en tiempos de desigualdad masiva de ingreso y riqueza, esa realidad importa poco para la mitad del país que vive de quincena en quincena, los 40 millones en pobreza, los 87 millones que no tienen seguro de salud o uno insuficiente, y medio millón de personas sin techo". En el artículo, publicado en el New York Times, señala que el país no cuenta en verdad con "un sistema" de salud, que ese sector es un negocio que en medio de la pandemia está despidiendo a miles de trabajadores, médicos, entre otras cosas. Tal vez lo positivo de esta crisis, afirmó, es que está provocando a que muchos cuestionen los fundamentos del "sistema de valores estadunidense".

El reverendo William Barber, coordinador de la Campaña de los Pobres, comentó que “la enfermedad subyacente… es la pobreza, la cual estaba matando a casi 700 de nosotros cada día en el país más rico del mundo, mucho antes de que alguien supiera del Covid-19”.

Noam Chomsky reiteró que "Estados Unidos con Trump es un Estado fallido que representa un peligro serio para el mundo". En una entrevista reciente, señala que este país cumple con la definición técnica de un Estado fallido: uno que ha demostrado su incapacidad para atender las necesidades mas básicas de su población.

“Por más de dos siglos, Estados Unidos ha generado una amplia gama de sentimientos en el resto del mundo: amor y odio, temor y esperanza, envidia y desdén, asombro e ira. Pero hay una emoción que nunca había sido dirigida a Estados Unidos hasta ahora: lástima… El país que Trump prometió hacer grande otra vez nunca en su historia ha parecido tan lamentable”, escribió Finlan O’Toole en el Irish Times.

El factor fundamental en esta doble crisis, pandemia y economía, es la agenda neoliberal de las últimas cuatro décadas que fomentó la peor desigualdad económica en casi un siglo (https://www.federalreserve.gov/ releases/z1/dataviz/dfa/distribute/ table/#quarter:121;series:Net%20worth;demographic: networth;population:all;units:shares). Con el poder político que esto implica, en otros países eso se llama "plutocracia".

Sí. paciencia y fortaleza son necesarios para aguantar este desastre. Pero también se necesita que los leones acostados convoquen a sus admiradores a ponerse de pie para transformar esta crisis y poner fin de la pesadilla neoliberal.

Si uno escucha con mucha atención, entre el silencio impuesto por la cuarentena a veces se puede oír un nuevo y antiguo rugir.

https://www.youtube.com/watch?v=Gju7TxEvGc

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Un hombre camina frente a un graffitti en una de las calles de Santiago de Chile. EFE

Chile celebraba este pasado domingo un referéndum que iba a dejar atrás la constitución vigente desde Pinochet y Bolivia pretendía celebrar elecciones tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales

 

La crisis del coronavirus ha derivado en el aplazamiento de dos citas clave que iban a tener lugar esta semana en América Latina: las elecciones presidenciales tras el golpe de Estado que sacó del poder a Evo Morales en Bolivia y el referéndum constitucional convocado en Chile después de varios meses de protestas en el país.

Este pasado domingo, cerca de 15 millones de chilenos estaban llamados a votar en un referéndum para elegir si querían una nueva Constitución o continuar con la carta magna promulgada en 1980 bajo el régimen dictatorial de Pinochet. Pero el plebiscito ha sido aplazado para otoño. 

A finales de marzo las diferentes fuerzas políticas acordaron postergar el plebiscito para el próximo 25 de octubre, y que a su vez ha obligado también a cambiar la fecha de las elecciones municipales y regionales –y unas posibles elecciones constituyentes dependiendo del resultado del referéndum– previstas para ese día hasta 2021.

Esta cita era una de las principales apuestas del presidente, Sebastián Piñera, para aliviar las protestas que comenzaron en octubre contra la subida del billete de metro y que se han convertido en una lucha contra la desigualdad, por la falta de acceso a derechos básicos como la salud o la educación, o el actual sistema de pensiones, aunque ahora paralizadas por la epidemia. Pero que hasta enero habían dejado más de 2.000 heridos y una treintena de muertos por la brutalidad del ejército en su intento de reprimir el estallido social.

Los sondeos publicados antes la pandemia apuntaban a una holgada victoria de la opción 'apruebo' por la que se abriría el proceso constituyente para reformar la Constitución. Aunque según la Agencia EFE, la población estaría más dividida respecto a qué órgano debería redactar el eventual nuevo texto, la otra pregunta que planteará el plebiscito y en la que los ciudadanos elegirán entre una asamblea de ciudadanos electos o integrada también por parlamentarios.

 

El coronavirus ancla en el poder a Jeanine Áñez

 

Bolivia celebraba este domingo elecciones presidenciales para reconfigurar el poder en el país. Los comicios tenían previsto renovar los cargos de la presidencia y vicepresidencia, así como los senadores y parlamentarios en las cámaras legislativas pero la COVID-19 ha paralizado los comicios 'sine die'.

El pasado 21 de marzo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que se suspendían las elecciones después de que el gobierno interino de Jeanine Áñez decretara cuarentena nacional por la pandemia, ahora ampliada hasta el 10 de mayo. En una rueda de prensa y posteriormente en un mensaje enviado al Parlamento, el presidente del TSE pidió "consenso" a las formaciones políticas para convocar una nueva cita electoral basándose en "criterios técnicos y científicos sólidos".

En el escrito proponen también que los comicios tendrán que celebrarse entre el domingo 7 de junio y el domingo 6 de septiembre. De esta forma, era la Asamblea Legislativa la que tenía que aprobar un proyecto de ley que fije la nueva fecha, pero en la sesión que tuvo lugar este pasado miércoles, la Cámara de Diputados, con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, en un primer trámite del proyecto ha aprobado que sea el órgano electoral el que diga la fecha exacta, en un plazo de noventa días desde que se dé el visto bueno a la ley.

Ahora la ley ha pasado al Senado, que por la fiesta del 1 de mayo no está claro que pueda celebrar el pleno por lo que trastocaría todavía más la propuesta del MAS en la Cámara de Diputados para que las elecciones tengan lugar el 2 de agosto.

El MAS iba primero en las encuestas antes de que se aplazaran los comicios y antes de tratar el proyecto afloraron supuestas diferencias internas sobre la conveniencia o no de demorar más o menos la cita electoral, negadas luego por voces del partido como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque. Además de que el propio Morales ha acusado de presiones a algún parlamentario afín al Gobierno interino para aplazar lo más posible los comicios.

Desde que la epidemia llegó al país andino, varias organizaciones humanitarias han criticado la deriva autoritaria y de restricción de libertades que Áñez sigue imponiendo en el país. Human Rights Watch denunció a principios de abril que el gobierno interino "aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren 'incorrecta'". Además, según esta misma organización, altos funcionarios bolivianos han mencionado expresamente a opositores políticos como posibles blancos de procesamiento por "desinformar", y se enfrentarían a penas de hasta 10 años de prisión por una interpretación "ambigua" del decreto sobre las medidas contra la COVID-19.

Bolivia se encuentra desde el pasado mes de octubre bajo un gobierno interino presidido por la senadora Jeanine Áñez, después de que entrara en sede parlamentaria con una Biblia y se autoproclamara presidenta de Bolivia a través de un golpe de Estado. Evo Morales se vio obligado abandonar el poder entre denuncias de fraude a su favor, informes de organismos internacionales sobre presuntas irregularidades en los comicios y presionado por las fuerzas armadas.

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Centro Penitenciario de Los Llanos, en la ciudad de Guanare. TWITTER

El Gobierno de Maduro asegura que se trató de un intento de fuga. Diputados de la región señalan que fue por falta de alimentos

 

Una refriega de un motín de reclusos en una cárcel del occidente de Venezuela dejó al menos 46 muertos y algunos informes reportan hasta 50 heridos. La ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, confirmó el hecho sin precisar el número de fallecidos. Aseguró en un medio local que se trató de un intentó de fuga de los reclusos de la llamada cárcel de Los Llanos, ubicada en la ciudad de Guanare, del Estado venezolano de Portuguesa.

La diputada María Beatriz Martínez dijo que los reclusos estaban en la puerta del Centro Penitenciario de Los Llanos, mientras dialogaban con el director del penal y un militar encargado de la seguridad del penal, cuando se registró el motín.

Una refriega de un motín de reclusos en una cárcel del occidente de Venezuela dejó al menos 46 muertos y algunos informes reportan hasta 50 heridos. La ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, confirmó el hecho sin precisar el número de fallecidos. Aseguró en un medio local que se trató de un intentó de fuga de los reclusos de la llamada cárcel de Los Llanos, ubicada en la ciudad de Guanare, del Estado venezolano de Portuguesa.

La diputada María Beatriz Martínez dijo que los reclusos estaban en la puerta del Centro Penitenciario de Los Llanos, mientras dialogaban con el director del penal y un militar encargado de la seguridad del penal, cuando se registró el motín.

“Extraoficialmente se habla de más de 40 muertos. Y aunque se pretende hacer ver como consecuencia de una fuga frustrada, familiares con los que he hablado dicen que el motín ocurrió por la prohibición de ingresar a la cárcel los alimentos a los privados de libertad. Ellos lo que tienen es hambre”, dijo Martínez.

La diputada contó que los presos tenían una protesta desde temprano e intentaban negociar con las autoridades. En un momento la alteración fue mayor y un grupo intentó romper la cerca y fueron repelidos por las fuerzas de seguridad. Luego hubo dos enfrentamientos armados más entre presos y guardias.

Durante la refriega, los reos usaron armas de fuego y blancas, así como objetos punzantes y una granada. El director de la cárcel, Carlos Toro, resultó gravemente herido de una puñalada en la espalda y la cabeza. Una custodio también resultó herida por esquirlas de una granada lanzada por uno de los reclusos. Los heridos de mayor gravedad fueron trasladados al hospital Dr. Miguel Oraá. En las cercanías de la cárcel se improvisó una morgue para identificar los cadáveres.

Como todas las cárceles de Venezuela, ese penal está en grave hacinamiento. Fue construida para alojar a 750 reclusos y adentro hay más de 2.500 hombres en graves condiciones de salubridad, con casos de enfermedades como tuberculosis, escabiosis y hepatitis, denunció el activista Humberto Prado, comisionado de Juan Guaidó para Derechos Humanos.

La alimentación de la mayoría de los presos en Venezuela está a cargo de sus familiares. Luego de casi 50 días de cuarentena por el coronavirus, en la que se han suspendido las visitas a familiares para evitar contagios, las dificultades de movilidad que hay en el país por la falta de gasolina y las restricciones de circulación de vehículos impuestas por el Gobierno de Nicolás Maduro han complicado aún más la logística de los familiares para atender a los detenidos.

 

Caracas - 01 may 2020 - 22:19 COT

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Viernes, 01 Mayo 2020 06:40

Maduro camina en un campo minado

Disturbios y saqueos en Upata, Venezuela. / Foto: RRSS

¿Se avecina una insurrección popular en Venezuela?

 

Con la crisis petrolera y el desplome de las remesas que los emigrantes venezolanos envían a su país, el presidente Nicolás Maduro ve temblar el piso bajo sus pies. Saqueos y protestas, ocasionados por el aumento del costo de los alimentos y la escasez de combustible, desafían la cuarentena.

Desde Caracas

No sólo Trump y Bolsonaro están en aprietos. El gobierno venezolano ha entrado en un campo minado que podría explotar sin necesidad de intervención extranjera alguna. Durante los últimos días se registraron protestas en diversos lugares de la geografía nacional: Upata (suroriente), Cumaná y Margarita (oriente), Maracaibo y Barquisimeto (occidente) y Valles del Tuy (centro norte). El aumento del costo de los alimentos parece ser el principal factor de descontento. Por las redes sociales se pueden observar marchas, saqueos, enfrentamientos con policías y militares, heridos de bala y otras situaciones tumultuarias. Todo ello a pesar de las restricciones de movimiento debido a la cuarentena, decretada el 17 de marzo y vigente hasta el 12 de mayo.

SIN GASOLINA NI REMESAS.

A fines de marzo, cuando la pandemia comenzaba a azotar Estados Unidos, Donald Trump decidió radicalizar el régimen de sanciones contra Venezuela y poner precio a las cabezas de Maduro y varios funcionarios de su gobierno. Washington movilizó incluso una flota militar cerca de las costas venezolanas para “combatir el narcotráfico”.

Por la misma fecha y de forma súbita, la petrolera rusa Rosneft se fue de Venezuela, obligada por las sanciones estadounidenses. Aunque la empresa simplemente traspasó sus acciones a otra estatal rusa, el mayor problema para Moscú y Caracas estriba en los precios internacionales del crudo: ya en esas fechas –y antes de la histórica caída de los precios a valores menores a cero registrada la semana pasada– la mayor parte del petróleo venezolano se vendía a apenas 10 dólares el barril, como consecuencia de la guerra de precios desatada por Arabia Saudí antes de la expansión mundial del coronavirus.

La impresionante baja de los precios internacionales del crudo acentúa los problemas de liquidez del Estado y podría ocasionar así un colapso de la política de asistencia alimentaria desarrollada por el gobierno, de la que viven los sectores más empobrecidos. Por si fuera poco, mientras afuera sobra petróleo, adentro falta combustible: en las últimas semanas la escasez de gasolina sacudió Caracas y vastos sectores productivos se paralizaron. La producción de combustible apenas alcanza para mantener en marcha lo poco de transporte público que sigue en funcionamiento a pesar de la cuarentena. Lo que es peor, Venezuela carece de un sistema ferroviario a la altura de sus necesidades y es fuertemente dependiente del transporte de camiones a gasolina para llevar comida y enseres básicos a las ciudades.

A esto se suma el problema de las remesas. Desde que en 2016 se disparó la emigración de venezolanos de todas las clases sociales, el envío de dinero de los trabajadores en el exterior permitió aligerar la situación económica de muchas familias, especialmente en los sectores de menores recursos con parientes en Perú, Chile, Ecuador y Colombia. Según estimaciones como la de la consultora económica venezolana Ecoanalítica, el año pasado las remesas eran el principal ingreso no petrolero de Venezuela. Economistas como Jesús Casique esperaban que el monto para 2020 ascendiera a los 6,000 millones de dólares (véase “¿Estabilización o desmantelamiento?”, Brecha, 13-III-20). Comenzadas las cuarentenas y otros mecanismos sanitarios similares en la región, miles de emigrantes venezolanos que formaban parte del eslabón más débil de la cadena laboral perdieron su empleo y en algunos casos su hogar, lo que disminuye, cuando no anula, su capacidad para enviar remesas.

EL CORONAVIRUS COMO PANTALLA Y AMENAZA.

A pesar de estos factores, la pandemia permitía que Maduro se mostrara como garante de la gobernabilidad en contraposición a Juan Guaidó. El presidente autoproclamado nunca supo cómo enfrentar la coyuntura sanitaria y económica actual, obligado como está por sus impulsores internacionales a simular una presidencia que no puede llevar a la práctica por carecer del aparato estatal. El lugar de un jefe opositor que cree una estrategia para aglutinar el malestar y avanzar hacia la toma del poder político permanece vacío.

Maduro ha jugado entonces a sobreexponer en sus discursos la amenaza planteada por el coronavirus, aprovechando la alarma mundial. Pero, tras seis semanas de cuarentena general y con poco más de 300 casos y apenas diez muertos confirmados, el coronavirus aparece en la calle como un tema mediático, mientras que el hambre ya es real. Según un informe de fines de febrero del Programa Mundial de Alimentos de la Onu, un 32,3 por ciento de la población venezolana padecía entonces de inseguridad alimentaria. Un 7,9, más de 2 millones de personas, sufría de inseguridad alimentaria severa. Con la cuarentena y el desplome del petróleo y las remesas, la situación empeora de forma alarmante.

Todavía puede haber algo peor: tras el regreso masivo de venezolanos desde los epicentros de la pandemia en la región (Brasil, Ecuador y Perú), el coronavirus podría escaparse del control de las autoridades justo cuando el sistema de salud venezolano se encuentra en una situación de crisis estructural (véase “Al borde del desastre”, Brecha, 2-IV-20). Si bien el gobierno ha activado importantes protocolos de cuarentena para neutralizar esta amenaza, la larga frontera terrestre con Colombia y Brasil, salpicada de cruces ilegales, es un factor de peligro justo en momentos en que los sectores más desfavorecidos piden flexibilizar las medidas y “reabrir” la economía. Ya han comenzado a sucederse medidas en este sentido, como la autorización oficial del viernes pasado de que niños y ancianos salgan a la calle una vez a la semana, y la tolerancia oficiosa de algunos sectores laborales no esenciales.

LA GRAN PREGUNTA.

Jugados todos esos numeritos, surge la pregunta de hasta cuándo aguantarán los sectores sociales más perjudicados por la crisis y si es posible un estallido que cambie el balance de poder en Venezuela. Sin embargo, las protestas y los saqueos de los últimos días han ocurrido de manera descoordinada, sin mayor planificación, y no existe, por el momento, ningún actor político que pueda aprovechar la situación.

Por otra parte, Maduro ya ha demostrado ser un maestro en desactivar terrenos minados. Primero, debe tenerse en cuenta que aún recibe ayuda internacional, así sea coyuntural, de aliados como Irán y Rusia para enfrentar la escasez de gasolina e incluso intentar reabrir algunas refinerías. Segundo, la eventual apertura poscuarentena de las economías de Ecuador, Perú, Colombia y Brasil permitiría la reinserción de los emigrantes venezolanos y el consecuente repunte de las remesas. Tercero, la actual cotización al alza del oro, un nuevo ingreso importante para el país, también favorece al gobierno.

En circunstancias similares, como las de las crisis de 2014 y 2017, la estrategia de Maduro para permanecer en el poder ha sido ganar tiempo y mantener el apoyo de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. En esto último cuenta a su favor el aumento de los ataques internacionales, las sanciones y la criminalización (ahora como narcotraficantes) contra quienes podrían romper la cadena de mando.

Es muy factible, sin embargo, que en los próximos meses veamos un aumento de los saqueos y las protestas, un aumento de las demostraciones de malestar militar y policial, e incluso nuevas y más duras sanciones estadounidenses. De todos modos, las insurrecciones por goteo no se han mostrado suficientes para desalojar al gobierno. De hecho, pueden convertirse, como sucedió en 2017, en tan sólo una válvula de escape para el malestar de la población. Al desechar, por tardía, la oportunidad de canalizar este malestar para negociar la fecha de nuevos comicios para dentro de uno o dos años, la oposición parece alejar un posible cambio de régimen. Por su parte, si Maduro logra sortear esta crisis de forma exitosa, le quedará el camino abierto para permanecer en el poder hasta al menos las presidenciales de 2024. Claro, la coyuntura siempre nos trae sorpresas y los factores explosivos mencionados pueden ser alcanzados por una chispa suicida.

30 abril, 2020

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