Saudigate: Trump, los motivos y las consecuencias de “MiBolsillo First”

Un político debe ser un “patriota verdaderamente ilustrado e independiente”, opinaba Georg Washington que ahora debe revolverse en su tumba al ver que el último de sus sucesores no cumple ni uno de los requisitos recomendados.

Los demócratas y los sectores más belicistas de EEUU siguen sacando los trapos sucios de Trump y sus prácticas gánsterianas para destituirle, contemplando incluso un golpe de estado, además de Rusiagate, escándalos sexuales (la campaña repentina de  “MiToo”) o “Ucrania/Australiagate”. Sin embargo, no esperen que haya un “Israelgate” o un “Saudigate”, los dos estados extranjeros que, no sólo influyen sobre la política exterior de ambos partido para Oriente Próximo, sino la determinan.

Según Cato Institute, más de un tercio de los congresistas que había sido contactado por las empresas que hacen de cabildeo (Lobby) para el Reino de Arabia Saudita (RAS), como Glover Park Group o DLA Piper, recibieron una contribución de este país. Debido a que los extranjeros no pueden donar dinero a los políticos, este tipo de empresas y los personajes “expertos en Oriente Próximo” hacen un impresionante negocio, y crean unas complejas telarañas financieras y artimañas políticas para despistar a la justicia.

El cambio de tono de Trump respecto a RAS, antes y después de ser presidente,  muestra la hipocresía de un mercader fracasado además el servilismo de la máxima autoridad EEUU ante unos jeques de un estado medieval encabezados por un tal Mohammed Bin Salman (MBS), apodado “Jack el Destripador”: Trump, que es el presidente más pro-saudita de la historia de EEUU, de candidato solía atacar duramente a los demócratas por su trato amable hacia RAS, desde tres puntos:

  1. Atentados del 11S: «¿Quién hizo explotar el World Trade Center?», -preguntaba Trump en el canal Fox-, «No fueron los iraquíes, fue Arabia Saudita,… ¡abra los documentos!«, exigiendo la desclasificación de las pruebas obtenidas.
  2. Recibir “sobornos”: la Fundación Clinton es “una empresa criminal” dijo Trump por los al menos 25 millones de dólares que recibieron los Clinton de los hermanos de caridad árabes del Golfo Pérsico.
  3. Derechos humanos: “¿Hablas de mujeres y derechos de las mujeres?” preguntó Trump a Hilary. «[Los saudíes] lanzan a los gays desde los edificios, matan a mujeres y las tratan horriblemente y, sin embargo, les coge el dinero. ¡Hillary debe devolver todo el dinero de esos países!», pidió un Trump sensible con la igualdad, que llegó a criticar a Michelle Obama por no llevar el velo en su visita a aquel reino de terror (¡si lo hubiera llevado, también le hubiera atacado!): dos años después, Melania e Ivanka Trump también se negarán a cubrir su cabeza en la visita oficial a la tierra de Mahoma. Trump, que es el primer presidente de EEUU que elige a RAS como el primer destino de su visita oficial, que no pidió disculpas a la señora Obama.

Los objetivos que persigue Arabia

  • Promover políticas anti-iraníes, y no por ser éste chiita: entre 2015 y 2016 las empresas de cabildeo de RAS pagaron al senador demócrata Chuck Schumer al menos 21.400 dólares: fue uno de los cuatro votos demócratas contra el acuerdo nuclear que firmó Obama con Irán, pacto que será destruido por un presidente Trump que ni lo había leído, y que curiosamente sólo beneficiaba a Arabia Saudí e Israel, que no a Irán. Ahora, además de ser incapaz de conseguir un acuerdo unilateral con Teherán, Trump está poniendo en peligro la propia existencia de RAS como país, ante una República Islámica que no tiene nada que perder.
  • Lavar la cara de MBS en los medios, presentándole como un joven moderno y reformador, que no un dictador, un misógino, secuestrador, extorsionador,- con la “noche de cristales rotos” incluido-, y asesino de los opositores dentro y fuera del país.
  • Mantener el apoyo de EEUU a su guerra contra Yemen: así consiguió el silenciar a los medios de comunicación sobre la mayor crisis humanitaria del mundo.
  • Conseguir tecnología nuclear: El Congreso ha reconocido que el general Michael Flynn, ex Asesor de Seguridad Nacional del presidente, y Jared Kushner, presionaron al gobierno para que le otorgara la tecnología nuclear a RAS.

Mecanismos de compra de favores

¡Sólo hay uno: sobornar! Y se hace desde varias vías:

  1. Unir los intereses personales de los políticos de EEUU con los de la Casa Real saudí. En este país, no existe el estado. La familia Saud, que junto con Liechtenstein son los únicos países que llevan el nombre de los clanes gobernantes, se presenta como el propietario de los recursos de la “nación-súbdita”. El Post reveló que, en 2017 los saudíes reservaron 218 noches en el Hotel Trump Chicago, un aumento del 169% respecto al mismo período de 2016. ¿A cambio de qué? Michael Gibson un subcontratista de Qorvis MSLGroup que representa a los saudíes alquiló habitaciones en el Trump International Hotel en Washington DC, para un grupo de veteranos y activistas trasladados desde Nueva York, para presionar al Congreso a que revoque la Ley de Justicia Contra los Patrocinadores del Terrorismo, que permite a las víctimas del demandar al RAS. Jared Kushner, el yerno proisraelí del presidente que es el hombre de Riad en la Casa Blanca, después de que MBS realizara un golpe de estado aparatando al príncipe heredero, organizó una comida entre Trump y el nuevo hombre fuerte del reino, declarando su reconocimiento por EEUU: «¡Hemos puesto a nuestro hombre en la cumbre!», había dicho Trump según el periodista USA Today Michael Wolff, lo cual muestra que la injerencia en asuntos internos es mutua. Kushner, también fue el principal apoyo del bloqueo económico de Qatar por Riad durante la extraña crisis del junio del 2017 entre ambos estados árabes. Que Doha se negara a rescatar una de las empresas arruinadas de la familia Kushner pudo encadenar una nueva guerra en esta zona azotada del mundo. Mohammed había presumido de tener al yernísimo “en el bolsillo”, quizás por entregarle información confidencial sobre los rivales de la familia Saud en extranjero, supone el diario Intercept. ¿Tuvo algo que ver el marido de Ivanka en el asesinato de Khashoggi? ¿Qué recibió a cambio?
  2. Crear grupos de presión tradicionales: En 2015, RAS fichó al empresario libanés-estadounidense George Nader para organizar reuniones entre los enviados de los gobiernos saudí y emiratí con Steve Bannon y Kushner en la Torre Trump. Nader ya había canalizado varios millones de dólares de aquellos jeques al republicano Elliott Broidy, comprando su apoyo activo al bloqueo al que sometieron a Qatar: en mayo de 2018 Broidy realizó dos conferencias atacando a Doha.
  3. A través de empresas de “asesoría” y los centros de “estudios”: el Grupo Podesta, Brownstein Hyatt Farber Schreck o el Grupo Glover Park, “donaron” alrededor de 580.000 dólares a los políticos de EEUU, señala The New york Times, en nombre del RAS, a la vez que el Consejo Atlántico, la Institución Brookings, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y el Instituto del Medio Oriente recibían dinero de las petromonarquías del Golfo Pérsico.

¿Cómo es posible “Amar a los saudíes

Esta es la cronología de una historia de amor:

1991: el príncipe saudí, Al Waleed bin-Talal compra “Trump Princess” el yate embargado de Trump por 20 millones de dólares; el magnate de casinos, que estaba arruinado por una deuda de unos 900 millones de dólares, lo había comprado por 29 millones a Adnan Khashoggi, el traficante de armas y el primo de Jamal. En 1995, el mismo Talal también le compra el Hotel Plaza de Nueva York por 325 millones, 65 millones menos de lo que pagó Trump por ello en 1988. Estos datos fueron revelados por el príncipe suadí en respuesta a un desagradecido Trump que en un tuit le criticó por dar entrevistas a la periodista de Fox News, Megyn Kelly.

2001: Trump vende el piso 45 de la Torre Mundial de Trump a RAS a través del fondo buitre Blackstone Group, cuyo presidente Stephen Schwarzman, un antiguo directivo de Lehman Brothers, le acompañará a un Trump ya presidente en su visita oficial a Arabia Saudita en 2017.

2015: En víspera de las elecciones presidenciales del 2016, Riad realiza un estudio psicológico al Trump candidato y localiza las tres dimensiones de su Talón de Aquiles: 1) un desbordado ego, 2) una desmesurada codicia, y 3) un profundo complejo de inferioridad, que le hace necesitado de recibir continuos elogios y en cantidades industriales: los saudíes serán generosos con él, utilizado el dinero público. “Me llevo bien con Arabia Saudita. Me compran apartamentos. Gastan 40 millones, 50 millones de dólares” -reiteraba con orgullo el presidente menos docto de EEUU en una entrevista- “Gano mucho dinero de ellos” “Me pagan millones y cientos de millones”.

2016: «Me gustaría proteger a Arabia Saudita. Pero Arabia Saudita tendrá que ayudarnos económicamente«, advirtió el candidato Trump, al ser preguntado por una posible guerra contra Irán: o sea, si me paga, tendrá su guerra, aunque provoque con ello una guerra mundial.

Este año, Trump no pierde tiempo: registra hasta ocho empresas vinculadas con el RAS, entre ellas THC Jeddah Hotel y DT Jeddah Technical Services, y sigue criticando a Obama por no lanzar un ataque militar contra Irán y hacer las paces con Teherán. Luego envía a su hijo Donald J a reunirse con los enviados de RAS,  de EAU, Erik Prince, el fundador del ejercito privado Blackwater -acusado de crímenes de guerra en Irak-, Joel Zamel, un experto israelí en manipulación de redes sociales y director de la firma Psy-Group, quien había elaborado una propuesta para usar miles de cuentas falsas en Facebook, y el “asesor” George Nader para estudiar cómo contribuir al triunfo de Trump en las elecciones. Después de las elecciones, Nader le pagó a Zamel hasta 2 millones de dólares, aunque se desconoce el concepto.

Meses antes de que Trump tomase la posición, The New York Times escribe sobre la firma de contratos entre RAS y el Grupo CGCN, vinculada con Boeing, uno de los vendedores de bombas a Riad, y con el Grupo McKeon, dirigido por Howard McKeon, el presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Congreso, quien recibió unos 834.000 dólares de donaciones por ser uno de los principales inversores del negocio de los aviones no tripulados.

“Blanquear” a los Saud, visitándoles

Una vez presidente, Trump se olvida de lo que había dicho sobre los saudíes, y califica al país como un «reino magnífico», a su dictadura “tan amables anfitriones», y mientras prohíbe la entrada a EEUU a los ciudadanos procedentes de Irán, Siria, Irak, Somalia, Sudán, Yemen y Libia por peligrosos para la seguridad nacional, excluye de la lista de su Eje del Mal al RAS cuyos ciudadanos, según la CIA, mataron a unos 3.000 estadounidenses en el 11S, y su gobierno, según Hilary Clinton, patrocina al ejército de mercenarios más peligroso del siglo: el Estado Islámico. Las huellas de RAS están también en algunos atentados en Europa.

Revela The Nation que en el primer año del gobierno de Trump, los saudíes gastaron un millón de dólares mensuales en una veintena de empresas de cabildeo. Hicieron lo mismo los EAU, con unos 18 lobbies, pagando sólo a uno de ellos, el Grupo Camstoll, unos 10 millones de dólares, para comprar los favores de los políticos.

2019: con el misterioso ataque a la planta petrolífera de Aramco en el suelo saudí, Trump llegó a delegar la política exterior de EEUU a los jeques, y poniendo al ejercito de EEUU a las órdenes y al servicio de la Casa Saud: «esperando recibir noticias del Reino sobre quién creen que fue la causa de este ataque, y bajo qué términos procederíamos”, tuiteó, sin rubor Trump, que vive al borde del precipicio. ¿Será una guerra contra Irán su forma de exportar la crisis existencial que está viviendo?

Por Nazanín Armanian

10 octubre 2019

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Crónica desde Quito, capital de la revuelta contra Lenin Moreno

La revuelta de los sectores populares e indígenas contra las medidas neoliberales del Gobierno de Lenin Moreno abre un nuevo escenario en el Ecuador post-Correa donde todo es posible.

 

El pasado jueves 3 de octubre, la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó, junto a sectores del sindicalismo tradicional, un paro nacional con el objetivo de expresar su discordancia respecto a las últimas medidas económicas establecidas por el Gobierno.

El anuncio de la Conaie conllevó el inicio de una serie de movilizaciones en distintas localidades del país y asambleas permanentes en territorios con fuerte presencia indígena bajo el objetivo de coordinar una gran movilización a Quito demandando la derogación del Decreto 883, que incluía el alza de precios de los combustibles en todo el país.

El antecedente de dicha medida se encuentra en los acuerdos establecidos por el Gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante el cual este organismo financiero multilateral exige a las arcas públicas una optimización económica del 1,5% de su PIB mediante reformas de carácter tributario a cambio de otorgarle algo más de 10.000 millones de dólares en concepto de financiamiento durante los próximos tres años.

El problema de desequilibrio económico del Ecuador no es nuevo: ya en 2016 —última fase de la década de mandato de Rafael Correa— existían informes que recomendaban un ajuste fiscal asertivo para preservar la estabilidad macroeconómica y financiera del país fruto del desequilibrio entre gastos e ingresos existentes en esta economía dolarizada desde inicio de siglo. El Gobierno correista decidió en aquel momento mantener en reserva dichos informes y no hacerlos públicos ante su población.

Dos opciones tuvo que manejar el Gobierno presidido por Lenín Moreno ante tales exigencias fondomonetaristas: o incrementar el IVA en tres puntos porcentuales —medida que según los medios de comunicación parecía ser la más probable y en principio más regresiva— o la que definitivamente fue aprobada.

A priori la opción tomada por el Gobierno ecuatoriano parecía ser la menos conflictiva. La escasa eficiencia de un modelo de subsidio que carecía de focalización y que mayormente beneficiaba a grandes empresas con alto consumo de combustible, grandes flotas de transporte y sectores de las élites económicas que disponen de más de un vehículo por unidad familiar, parecía ser la que menos rechazo social podría generar.

De esta manera el presidente Lenín Moreno decretó el fin de los subsidios, lo que implicó un notable incremento de precios de la gasolina “extra” —la más usada en el país— pasando el galón de 1,45 a 2,41 dólares. De igual manera la gasolina Eco País (extra con etanol) de 1,45 a 2.53 dólares y la Súper de 2,3 a 3,07 dólares.

La reacción inmediata fue el bloqueo de carreteras por parte del sector del transporte y de vías urbanas por parte de los taxistas, aunque al día siguiente se desconvocó el paro tras negociar con los huelguistas un incremento de tarifas. El sector del transporte está acostumbrado a acomodarse de forma sistemática a los distintos gobiernos que han transitado en el poder en Ecuador. Durante la época correísta llegaron incluso a legalizar una formación política en connivencia con el partido de gobierno y ocupar curules en el legislativo.

Sin embargo, por experiencia histórica, el pueblo ecuatoriano es consciente de que el incremento de precios del combustible afecta al bolsillo del conjunto de la sociedad sean propietarios o no de vehículos. Los precios de los productos básicos y los indicadores de inflación suelen ser afectados de manera indirecta por este tipo de medidas.

El descontento generalizado entre la sociedad no hizo cambiar la posición Lenín Moreno, quien ha manifestado de forma permanente que la liberalización del precio del combustible a costos internacionales es una política —entre otras— necesaria para el mejoramiento e las finanzas públicas y sobre la cual “no hay marcha atrás”.

Las organizaciones sociales ecuatorianas definieron las medidas económicas establecidas por el Gobierno como un “paquetazo” neoliberal, argumentando que forman parte de un modelo de políticas públicas que beneficia fundamentalmente a sectores empresariales, flexibiliza el mercado laboral y achica al Estado enviando al desempleo a cada vez mayor número de funcionarios públicos sin que estos sean posteriormente demandados por el sector privado.

Así las cosas, durante todo el pasado fin de semana se sucedieron movilizaciones y asambleas indígenas en gran parte del territorio nacional pese a que el Gobierno Nacional optó por declarar el estado de excepción buscando suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilios, libertad de tránsito, libertad de asociación y de reunión. Con movilizaciones cada vez de mayor afluencia en todos los territorios afectados por la convocatoria, las resoluciones fueron unánimes: se determinó una gran movilización indefinida en el conjunto del país en rechazo a las medidas económicas y en defensa de los territorios indígenas, ríos, agua, páramos, la justicia indígena, la educación intercultural, salud, transporte y radios comunitarias.

300 cortes de carretera

Los cortes de carretera se sucedieron por gran parte de la red vial nacional, llegándose a contabilizar 300 cortes de carreteras al mismo tiempo durante diferentes momentos del pasado sábado y domingo. En paralelo, el Gobierno intentó combinar dos estrategias disímiles. Por un lado, se intensificaba la represión bajo el eufemístico argumento del uso de la fuerza progresivo. Por otro, sus interlocutores buscaban desesperadamente el diálogo con los manifestantes intentando establecer propuestas de compensación a los sectores movilizados (créditos productivos a bajo tipo de interés, apoyo para la adquisición de maquinaria agrícola, reconocimiento de autoridades locales…). Nada sirvió, la dirigencia nacional de Conaie manifestó públicamente que el diálogo con el régimen está totalmente cerrado. “No habrá ningún acercamiento con ningún representante del Estado hasta que se revea el decreto que eleva el precio de los combustibles”, manifestaron de forma homogénea todos sus voceros. El conflicto se agudizó a lo largo y ancho de la geografía nacional, llegándose a retener en diversos territorios indígenas a unidades militares y policiales para posteriormente ser entregadas tras haberse liberado extraoficialmente a civiles detenidos en dichas comunidades. La Conaie, bajo el principio de autodeterminación de los territorios indígenas, también había declarado su estado de excepción, prohibiendo la entrada de infiltrados y grupos armados pertenecientes a los aparatos de seguridad del Estado.

Amaneció el lunes más tranquilo, los voceros del Gobierno Nacional —titulares de muy diversas carteras ministeriales— salieron a los medios de comunicación a autofelicitarse. El número de detenidos civiles ya sumaban más de 320 en aquel momento. De los 300 cortes de vías se había bajado a cincuenta, de igual manera el número de movilizaciones en diferentes localidades del país también había bajado… el paro indígena y las movilizaciones urbanas en diferentes partes del país aparentemente estaban en retroceso. “Se impone paulatinamente la normalidad”, llegó a aseverar en su ignorancia María Paula Romo, ministra del Interior. Sin embargo, la versión indígena era radicalmente distinta. Según Jaime Vargas, presidente de la Conaie, “la represión de la fuerza pública permitió la movimiento fortalecerse y coordinar con sus bases y otras organizaciones sociales en cada provincia para poder desplazarnos hacia la capital”.

Apenas un par de horas más tarde comenzaban los mensajes de alerta en la capital. La Policía Nacional y el servicio de inteligencia del Estado detectaban fuerte movimiento en carreteras desde las provincias indígenas de la Sierra Central hacía Quito. La reacción no pudo ser más desafortunada, el ministro de Defensa, un general del Ejército en servicio pasivo que responde al nombre del Oswaldo Jarrín amenazó directamente a los movilizados: “Que no se provoque a la fuerza pública, no la desafíen o sabremos responder…”. Estas declaraciones encendieron aún más los ánimos de los movilizados.

Durante todo el día de este lunes 7 de octubre llegaron diversos contingentes de indígenas a la capital ecuatoriana y de forma sorpresiva también a Guayaquil, segunda ciudad en importancia del país. En diversos barrios populares de la periferia quiteña los indígenas fueron recibidos con actos de solidaridad por los pobladores locales, pese a una fuerte campaña de desprestigio y racismo posicionada por influencers de perfil ideológico conservador en las redes sociales. Con los acceso de entrada a las ciudades altamente custodiadas por las fuerzas de orden público —militares y cuerpos de élite de la policía nacional— los enfrentamientos se sucedieron por doquier. Más manifestantes detenidos, más violencia en medio de llamados poco creíbles llamados al diálogo e incluso algún que otra tanqueta policial incendiada durante las reyertas.

Distintas puntos geográficos de la capital ecuatoriana se convirtieron en focos de conflicto entre movilizados y fuerzas del orden público. El presidente Moreno anunció una cadena televisiva gubernamental que fue tres veces aplazada y los periodistas destinados a cubrirla desalojados por los militares del palacio presidencial de Carondelet.

Las movilizaciones populares, tanto en Quito como en Guayaquil, se combinaron con actos de vandalismo protagonizados por grupos organizados que aprovechaban la protesta para sus fines delictivos. De igual manera, militantes políticos que responden a la tendencia correísta se infiltraron en las movilizaciones protagonizando asaltos de edificios públicos —Asamblea Nacional y Contraloría General del Estado— que fueron censurados por la Conaie y otras organizaciones sociales convocantes de la marcha. En otras provincias, los movilizados ocuparon instituciones públicas tales como la Gobernación o el Consejo de la Judicatura en la provincia de Bolívar. Las movilizaciones fueron permanentes en las provincias amazónicas y en la Sierra Central, todas ellas con fuerte ascendencia indígena.

A las 21 h del lunes por fin se produjo la tan esperada cadena nacional. El presidente Lenin Moreno, custodiado por su vicepresidente a la derecha y su ministra de Defensa a la izquierda, junto a los jefes de los diferentes cuerpos militares atrás, manifestaba —con cierto nerviosismo— que el pueblo ecuatoriano está asistiendo a un intento de “golpe de Estado” con asideros en un complot internacional. “El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización”, aseveró el mandatario ecuatoriano, insistiendo en que las medidas tomadas “no tienen marcha atrás” y que “los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el Gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático”.

Para sorpresa de los ecuatorianos la cadena nacional se emitió desde la ciudad de Guayaquil, lo que implica que el Gobierno Nacional abandonó el Palacio de Carondelet en la capital quiteña para, recordando lo que hizo Charles de Gaulle en mayo de 1968, instalarse en otra ciudad.  

La estrategia política y comunicacional del Gobierno de Lenín Moreno no pudo ser más desacertada. Nuevamente una escenografía de fuerza, el presidente de la República rodeado de militares, que realmente emitía comunicacionalmente toda su debilidad —un Gobierno sin base social que tiene un credibilidad inferior al 16%—. En paralelo, un confuso llamado al diálogo en medio de soflamas sobre que bajo ningún concepto se revisará el Decreto 883. Por último, una alerta sobre una supuesta trama internacional desestabilizadora tan poco creíble como las anteriormente posicionadas por Rafael Correa ante cada levantamiento indígena o paro obrero.

La noche quiteña fue larga, el vandalismo se apoderó de algunas zonas de la ciudad mientras manifestantes indígenas y estudiantes universitarios portaban carteles y pancartas cuya consigna era “Ni Correa ni Moreno”, buscando desmarcarse de la pretendida capitalización política correísta de las movilizaciones.

Con la situación al límite, los movilizados se repartieron para pasar en la noche en tiendas de campaña situadas en parques públicos, en coliseos universitarios y locales de organizaciones sociales.

Sectores sociales ciudadanos solidarios con los movilizados suministraron en la noche alimentos y mantas a los recién llegados, estudiantes universitarios de enfermería atienden a los heridos y el periodismo alternativo trata de hacer coberturas coherentes sobre el qué y el porqué de lo que demandan los movilizados. En paralelo, otros sectores de ciudadanos capitalinos expresan su miedo ante la algarabía y convocan para hoy una movilización de rechazo a las movilizaciones, supuestamente para defender Quito. Mensajes xenófobos corren por las redes sociales y líderes conservadores llaman a movilizarse supuestamente contra el correísmo, intentando a su vez desmarcarse oportunistamente de Moreno, pero claramente antagónicos a lo que consideran una invasión de su ciudad por parte de “indios ignorantes”.

Así amaneció el día hoy, martes 8 de octubre, un país donde en estos momentos todo puede pasar… Al cierre de la redacción de esta crónica, los movilizados comienzan a agruparse en zonas aledañas al centro de la ciudad Quito mientras van recibiendo nuevos contingentes de compañeros que van llegando a la capital.

Hoy posiblemente las movilizaciones serán calientes, mañana está convocada huelga general.

40 años de democracia, 7 presidentes y tres constituciones

El pasado 10 de agosto, Ecuador cumplió 40 años de democracia tras una dictadura militar que tuvo distintas fases políticas y que se extendió entre 1972 hasta 1979. En ese período se han desarrollado 11 contiendas electorales, tres constituciones —1978, 1998 y 2008— y una década de desestabilización política que comenzó con la caída Abdalá Bucaram y que perduró hasta la llegada de Rafael Correa a la poltrona presidencial del Palacio de Carondelet. Durante esa década Ecuador asistió a como siete personajes, cada cual políticamente más deplorable, cruzaron sobre su pecho la banda presidencial.

La década correísta estabilizó políticamente el país, si bien terminó decepcionando notablemente a la mayoría del pueblo ecuatoriano y desinstitucionalizando aun más Ecuador, tras haber implementado el predominio del poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado.

La última fase de deterioro económico del país comenzó en el año 2014, momento en el que la caída de los precios del petróleo comenzó a golpear fuertemente a la economía nacional. Fue durante la última fase del Gobierno de Rafael Correa cuando el país comenzó a entregarse al Fondo Monetario Internacional. El Presupuesto General del Estado pasó de 44.300 millones de dólares en 2014 a 37.600 millones en 2016, el endeudamiento público —interno y externo— pasó de 2,8% del PIB en 2012 al 8,1% en 2016 y 9% en 2017, las urgencias por obtener financiamiento internacional hizo que el Gobierno correísta llegase incluso a negociar parte de la reserva nacional de oro con Goldman Sachs. Incluso se firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea y llegó a hipotecar el petróleo aun no extraído del subsuelo ecuatoriano con China y Tailandia.


publicado

2019-10-08 21:14

Publicado enCrisis Ecuador
Rob Urie expone que la CIA está detrás del impeachment contra Donald Trump, lo cual tampoco es novedoso cuando se sabe que Soros libra una guerra contra el presidente.Foto Ap

Rob Urie, de Counterpunch, en su artículo el “I mpeachment de la CIA” (sic), además del control geoestratégico de los hidrocarburos (sic) de Ucrania, desmenuza la operatividad de las tres fases de los "golpes de Estado" de la CIA contra Trump (https://bit.ly/2o5K2KZ), acorralado por el espionaje del Deep State, que incluye al FBI (https://bit.ly/33abMg4).

Rob Urie se basa en la "fórmula del derrocamiento de la CIA", del libro del ex corresponsal del NYT, Stephen Kinzer: Todos los Hombres del Sha: El golpe de Estado de EU y las raíces del terror en Medio Oriente (https://amzn.to/2wsDgR5).

Stephen Kinzer expone que en 1953 la CIA y el Mi6 británico asestaron un golpe de Estado contra el primer ministro iraní Mossadegh, elegido democráticamente y cuyo pecado capital fue nacionalizar el petróleo.

El objetivo de las iniciales "siete hermanas" petroleras anglosajonas era controlar los hidrocarburos de Irán, colocando a su títere idóneo: el déspota Sha –más que llevar "democracia" y "libertad". ¡Ajá!

Las tres fases son: 1. “Colocar a un inimaginable horrendo villano –llamémosle comunismo; y alinear al líder/gobierno para ser expulsados conjuntamente”; 2. "Derrocar al líder y a su gobierno, mientras se manifiestan los pagados operadores jugando a los comunistas frente a la prensa de EU"; y 3. "Instalar un gobierno títere afín a los intereses de EU y declarar la victoria por la libertad (sic)".

Rob Urie recuerda a los desmemoriados que los “logros de la CIA incluyen la guerra de EU en Vietnam, que dejó cuatro millones de vietnamitas muertos, el "Irán-Contra" que tuvo a Oliver North operando un anillo de contrabando global de cocaína desde el sótano de la Casa Blanca para colectar dinero y financiar a las milicias de extrema derecha que aterrorizaron a Centroamérica en los ochenta, y la epidemia de crack que devastó las vecindades miserables en todo EU al inicio de los noventa” (https://bit.ly/2Znb5ml).

Rob Urie no expone nada nuevo sobre las hazañas macabras de la CIA cuando existen muchas peores.

Lo interesante subyace en que expone que la CIA se encuentra detrás del impeachment contra Trump, lo cual tampoco es novedoso cuando se sabe que el grupo de George Soros, adscrito a la CIA, libra una guerra sin cuartel contra el presidente, lo cual se subsume en la batalla global entre "globalistas" –la banca Rothschild/Soros– contra los "nacionalistas".

En “Occidente (Whatever that means)”, los globalistas han pasado a un feroz contrataque que tiene a la defensiva a los nacionalistas y a sus singulares fenotipos: Trump/Netanyahu/Bolsonaro/Boris Johnson (el primer británico), arrinconados y al borde de serios descalabros políticos.

Llama la atención la audaz voltereta del presidente galo Macron –anterior funcionario de la banca Rothschild– quien se transmutó de ferviente globalista a un muy creativo nacionalista europeo cuando diagnosticó el "fin de la hegemonía de Occidente" (https://bit.ly/2kyu367) –muy diferente a los nacionalismos economicistas y "evangelistas sionistas" de corte anglosajón (https://bit.ly/2oum0sN) –cuando maniobró un espectacular acercamiento con el nacionalismo de corte "espiritual ortodoxo" de Rusia y entiende los alcances de otros subtipos/fenotipos de nacionalismos ideológicos/teológicos redivivos de China e India (con su supremacismo hindú; https://bit.ly/2JZur8P).

No todos los nacionalismos se parecen e incluso pueden colisionar entre si, cuando entra en juego su idiosincrática geopolítica.

Es la geopolítica la que acerca al desglobalizado presidente galo Macron y su neonacionalismo que lo aleja de la variante nacionalista del eje anglosajón conformado por Trump y Boris Johnson, mientras lo acerca del nacionalismo ruso del zar Vlady Putin.

Al final del día, la globalización pudo operar en forma imperturbable gracias a la imperante unipolaridad que al momento de sufrir sus sonoros descalabros financieristas, dio pie a la multipolar resurrección de los nacionalismos multiformes en los cuatro rincones del planeta: desde Irán hasta México (con su neo-nacionalismo regionalizado) bajo el signo de los hidrocarburos.

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Miércoles, 09 Octubre 2019 06:15

Moreno ordenó un toque de queda en Ecuador

Moreno ordenó un toque de queda en Ecuador

La medida se adoptó luego de que manifestantes tomaran este martes el edificio del Congreso al grito de "¡Fuera Moreno!" 

En medio de fuerte protestas contra las políticas de ajuste del gobierno, el presidente de Ecuador,Lenín Moreno ,  trasladó la capital de Quito a Guayaquil y decretó un toque de queda, entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana en las cercanías de los edificios gubernamentales.

"No se podrá circular en horario de 20:00 a 05:00, de lunes a domingo, en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas", tales como edificios donde funcionan las sedes de las Funciones del Estado y otras que que decida el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas", dice el Decreto Ejecutivo 888 , firmado por el mandatario. Según el decreto, la prohibición de circulación se extenderá mientras dure el "estado de excepción", declarado la semana pasada por Moreno. En esa declaración, el mandatario dispuso que se extendía por 60 días; sin embargo, la Corte Constitucional lo limitó a 30 días. 

El decreto 888 se conoció luego de una creciente ola de protestas y paros que sucedieron el anuncio del tarifazo de combustible la semana pasada, protesta que alcanzó su pico máximo  cuando que un grupo de manifestantes i rrumpió, por unos minutos, a la sede del Parlamento, en Quito. 

El decreto fue comunicado en una conferencia de prensa conjunta del mandatario y los demás titulares de los poderes del Estado, quienes calificaron de "acciones conspirativas" las manifestaciones que se llevan a cabo en el país, principalmente en Quito. Acompañaron a Moreno los titulares de la Contraloría, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral (CNE), Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) .

El decreto se firmó luego de que cientos de manifestantes tomaran este martes el edificio de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador al grito de "¡Fuera Moreno!", Luego de una hora, policías y militares pudieron desalojar a los manifestantes con gases lacrimógenos y detonaciones. Unos 10 mil miembros de colectivos indígenas procedentes de distintas regiones de Ecuador llegaron hasta Quito en la víspera de la huelga general del miércoles. Ante la masiva llegada de manifestantes y frente al riesgo de incidentes, Moreno había decidido trasladar la sede de Gobierno a Guayaquil el lunes por la noche.

Una vez que los manifestantes que llegaron a Quito lograron ingresar al hall del Parlamento, las fuerzas de seguridad empezaron a disparar gases lacrimógenos que permitieron el desalojo de los manifestantes, una hora más tarde. También se escucharon varias detonaciones en la cercana Avenida 6 de Diciembre, lugar al que llegaron vehículos blindados antimotines. En las inmediaciones del edificio también se agrupaban miembros de la Policía Montada. Si bien todavía no hay datos oficiales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) alertó sobre los heridos por la salvaje represión a la protesta.

Frente a una nueva jornada de movilizaciones en el país, los colegios permanecieron sin clases y varios comercios cerraron sus puertas a partir del mediodía. La CONAIE y la principal central sindical del país, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), reiteraron la convocatoria de una gran movilización a nivel nacional, pero con epicentro en Quito, a realizarse este miércoles. La idea de los organizadores es marchar hacia el casco colonial y llegar al palacio presidencial de Carondelet.

Desde el jueves pasado, Ecuador vive una ola de protestas sin precedentes en los últimos años, originadas por una serie de medidas adoptadas por Lenín Moreno que incluyen la anulación del subsidio a los combustibles. Ante la masiva llegada de manifestantes, Moreno trasladó la sede de su Gobierno a Guayaquil, donde el martes por la mañana mantuvo una reunión con todos los poderes del Estado para analizar la difícil situación que atraviesa el país. El lunes, las protestas habían llegado a unos pocos metros de la llamada Plaza Grande, donde se encuentra la sede del Ejecutivo.

El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, dijo que aún no han llegado a Quito todos los manifestantes, y que espera que estos alcancen mañana miércoles los 20 mil. A su vez, reiteró que el diálogo con el presidente Lenín Moreno está atado a la derogación del decreto con el que decidió la suba de los combustibles. 

"Esta lucha, esta marcha, este reclamo es del pueblo, aquí no hay banderas políticas, no hay dirigentes a título personal", declaró por su parte la dirigente nacional del pueblo Kayambi, Teresa Margarita Ulcuango. "La principal reivindicación hoy es que Lenín Moreno tiene que largarse, queremos un presidente del pueblo para el pueblo”, agregó.

Ulcuango cree además que el mandatario ecuatoriano cometió un "grave error" al abandonar el lunes la sede de Gobierno para viajar a la ciudad costera de Guayaquil. "Carondelet es la casa de los presidentes y ahí debe esperarnos, pero en el momento que abandonó nos la entregó, entonces llegaremos a la Presidencia, a nuestra casa y veremos qué vamos a hacer", dijo antes de gritar "¡Abajo Lenín Moreno, carajo!", acompañada por varios manifestantes.

La movilización indígena, que arrancó el fin de semana en varias provincias, bloqueó decenas de vías y desató violentos choques con los uniformados. En Quito, miles de manifestantes llegaron a copar dos puntos céntricos de la militarizada capital ecuatoriana. También durante las últimas horas hubo intentos de saqueo y ocupación de sedes oficiales, aunque la dirigencia de la CONAIE tomó distancia de los desmanes y dijo que esas protesta fueron infiltradas.

Desde el exterior, el expresidente Correa negó las acusaciones de golpismo con las que lo acusa el Gobierno y pidió el adelantamiento de elecciones ante lo que describió como una "grave conmoción social". "Aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos: (...) adelantar elecciones", dijo. "Los golpistas han sido ellos, que han roto la Constitución cuantas veces les ha dado la gana", agregó. El exmandatario vive en Bélgica y enfrenta una orden de captura en Ecuador por un presunto delito que le endilga la fiscalía desde antes de que estallaran las protestas la semana pasada.

Las grandes protestas, inéditas en los últimos años de la historia ecuatoriana, dejaban hasta el martes el saldo de un muerto, 73 heridos y 570 detenidos, según cifras oficiales. Jaqueado por el alto endeudamiento y la falta de liquidez, Moreno desató la ira del pueblo ecuatoriano con la quita de subsidios acordada con el FMI como requisito para obtener créditos por 4.209 millones de dólares. Los precios de los combustibles llegaron a aumentar hasta un 123 por ciento. El grueso de los sindicatos también se manifestó contra las reformas laborales y tributarias que son exigidas por el organismo de crédito internacional.

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La Casa Blanca no cooperará más con el Congreso en el proceso de impeachment

Nueva York. La Casa Blanca calificó de ilegítimo e inconstitucional el proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump, después de ordenar a un embajador no presentarse ante un audiencia, y asegurar que no cooperará más con la Cámara de Representantes, bajo control de los demócratas.

El gobierno de Trump bloqueó a último momento la comparencia del embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, quien estaba programado para testificar en la investigación del proceso de impeachment que ha puesto en marcha la cámara baja.

Trump justificó la decisión afirmando que el embajador estaría testificando ante lo que calificó de una “kangaroo court”, o sea, un tribunal parcial e ilegítimo.

Poco después, la Casa Blanca envió una carta a líderes demócratas en la cual acusa que la investigación está violando los derechos del presidente y anunció que no cooperará más con el proceso, tal como está constituido por ahora. Además, sostuvo que la pesquisa sólo tiene el propósito partidario de "anular los resultados de la elección de 2016", un argumento que se empleó, efectivamente, durante la investigación del mundo de Trump del fiscal especial Robert Mueller.

La carta está firmada por el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, quienayer declaró que la indagación es "partidaria e inconstitucional".

Los legisladores demócratas que habían convocado a Sondland respondieron que ahora girarán órdenes –ya no una solicitud– para que éste se presente y se supone otros testigos, y acusando a la Casa Blanca de obstrucción; algunos advirtieron que eso en sí puede ser un delito que amerita el impeachment. "El presidente está obstruyendo al Congreso a tener acceso a los hechos. Es un abuso de poder actuar así", declaró la presidenta de la cámara baja y la demócrata más poderosa en Washington, Nancy Pelosi.

Al parecer, la orden de no cooperación pone en duda si a la ex embajadora a Ucrania, Marie Yovanovitch, más otros testigos en fila de espera, les será permitido comparecer ante los comités de la cámara en los próximos días.

Por su parte, el abogado personal –y no funcionario oficial– de Trump, Rudolph Giuliani, quien es figura clave en la relación política con el gobierno de Ucrania, también avisó que no cooperará con la cámara baja, y "no podría imaginar" que cualquiera del gobierno lo haga, insistiendo en que sólo estaba afirmando la postura del gobierno.

El proceso de la investigación para el impeachment de Trump fue detonado por una queja de un denunciante oficial dentro de la Casa Blanca sobre una llamada telefónica el 25 de julio, en la que el presidente presionó a su homólogo ucranio Volodymir Zelensky a investigar a uno de los principales contrincantes políticos de Trump, el ex vicepresidente Joe Biden, y propiciando así su interferencia en el proceso electoral de 2020.

El pasado fin de semana se anunció que un segundo denunciante, quien a diferencia del primero, sí tiene información de primera mano de esa llamada y sus secuelas, está ya bajo protección de las leyes para denunciantes internos, y se supone corroborá la información de la primera queja. Ayer un oficial de la Casa Blanca que estaba en la ahora famosa llamada, la calificó de "una locura" y "aterradora", reportó el New York Times. El denunciante, sobre quien sólo se sabe que era un agente de la CIA, señaló que el funcionario que había escuchado la conversación estaba "visiblemente agitado" por lo que había escuchado, ya que estaba muy afuera de los límites de este tipo de llamadas entre mandatarios.

Mientras se intensifica la guerra política entre la Casa Blanca y la Cámara de Representantes, nuevas encuestas continúan registrando un incremento en el apoyo para un proceso de impeachment. Después de que hace más de dos semanas, la mayoría se oponía al proceso, una nueva encuesta del Washington Post publicada ayer registra que una mayoría (58 contra 38 por ciento) de los estadunidenses apoya la decisión de la cámara baja para iniciar el proceso de impeachment, y casi una mitad ahora opina que la cámara debería recomendar la destitución de Trump.

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Miles de indígenas armados con palos pasaron ayer por Machachi, provincia de Pichincha, en su caminata rumbo a Quito, para exigir al gobierno de Lenín Moreno dar marcha atrás al paquetazo económico impuesto para cumplir exigencias del FMI.Foto Afp

Quito. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció anoche el traslado de su gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil y acusó a su antecesor Rafael Correa (2007-2017) y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de "desestabilizar" a su gobierno, en momentos en que miles de campesinos comenzaron a llegar a Quito en medio de enfrentamientos con fuerzas militares, al aumentar la presión de las masivas protestas iniciadas el jueves pasado en rechazo a la eliminación del subsidio a combustibles.

En un mensaje transmitido en cadena nacional, un acorralado Moreno aseveró: “Me he trasladado a Guayaquil y he movido la sede de gobierno a esta querida ciudad, de acuerdo con las atribuciones constitucionales que me competen.

"Lo que ha sucedido estos días en Ecuador no es una manifestación social de descontento ante una decisión de gobierno. No, los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar al gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático", denunció Moreno, quien en los últimos días atribuyó las movilizaciones a los "zánganos correístas", lo que ha dado pie a que en las calles y redes sociales se habla ya de la Revolución de los Zánganos.

En cadena nacional, el mandatario agregó que "en las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir y dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Creen ustedes que es coincidencia que Correa y (el ex canciller Ricardo) Patiño hayan viajado al mismo tiempo hace algunas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización".

El detonante de las protestas fue un acuerdo de Moreno con el Fondo Monterio Internacional para acceder a préstamos por 4 mil 209 millones de dólares, a cambio del despido de miles de trabajadores y la eliminación de subsdios a los combustibles, vigentes desde hace 40 años, y que provocó aumentos hasta de 123 por ciento. El galón de 3.79 litros de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina común de 1.85 a 2.40 dólares.

Pero Moreno dijo que no dará marcha atrás con las medidas "porque lo correcto no tiene matices" y agregó que la eliminación a los subsidios del combustible es una decisión histórica que afecta a grandes intereses económicos y financieros.

El anuncio de Moreno desde la conservadora ciudad portuaria, donde al cierre de esta edición se multiplicaban las protestas, se conoció poco después de que comenzaron a llegar miles de campesinos al centro colonial de Quito, y de reportes de que el presidencial Palacio de Carondelet, fue evacuado por militares y es vigilado con el sobrevuelo de helicópteros.

Los indígenas, provenientes de provincias del sur andino, algunos armados con palos y fuetes, partieron antenoche a pie y en camionetas rumbo a la capital con la exigencia de mantener los subsidios para evitar el consecuente aumento de tarifas.

Otros grupos de indígenas también se desplazaban desde el norte para sumarse a una gran movilización de sindicatos este miércoles en la capital, donde ayer por la tarde hubo violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías.

En Machachi, a 35 kilómetros de Quito, militares y policías atacaron la marcha con bombas de gas lacrimógeno. La primera caravana conformada por miles de indígenas llegó a Quito y al ingresar a la ciudad atacaron una tanqueta del ejército, la cual fue quemada sin que los militares pudieran hacer nada, según imágenes transmitiras por televisión. Otros manifestantes ocuparon pozos y redujeron la producción petrolera.

La multitudinaria caravana llegó por la noche al centro de Quito, mientras los caminantes que vienen desde el norte ya estaban en Calderón, en las afueras de la capital.

En 19 de las 24 provincias hay bloqueos, principalmente en la Panamericana, indicó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

"Grupos indígenas están cerrando vías en diversos puntos, lo que es lamentable", señaló el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, quien advirtió que si hay "cualquier intento de llegar a Quito u otro lugar, o de seguir obstaculizando las vías, las fuerzas armadas están atentas para impedir que escale este nivel de violencia".

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que en 2000 impulsó el derrocamiento de Jamil Mahuad, cuestionado por su política económica, declaró que se espera que llegarán a Quito "más de 20 mil indígenas".

La organización declaró antier el "estado de excepción" en sus territorios, que implica que "militares y policías que se acerquen a ellos serán retenidos y sometidos a la justicia indígena (reconocida por la Constitución)".

Decenas de militares ya han sido retenidos en varias comunidades, señalaron dirigentes indígenas.

"Estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados", expresó Moreno, quien se distanció de su aliado y antecesor Rafael Correa (2007-2017) apenas asumió el poder.

Pero Vargas replicó: “El problema es que ya estamos cansados de tanto diálogo. Hemos tenido llamadas, miles y miles de llamadas, y no hemos respondido hasta este momento. Mientras mi pueblo no llegue a la ciudad de Quito están cerrados todos los canales de diálogo.

"Convocamos al paro del pueblo y la huelga nacional del 9 de octubre. Las acciones del pueblo no terminan allí si el gobierno no retrocede en las medidas", manifestó Nelson Erazo, titular del Frente Popular, que reúne a grupos de trabajadores y estudiantes.

En las calles y en las redes sociales se multiplica el hashtag #YoTambienSoyZángano y #RevoluciónDelosZánganos, en alusión a la calificación de "zánganos correístas" que hizo Moreno a los miles que salieron a las calles del país tras la aplicación del paquetazo.

Bajo ese mismo hashtag el propio Correa retuiteó una nota que destaca un llamado de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a las autoridades ecuatorianas "de garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse".

El ex presidente uruguayo José Mujica tuiteó: "Mi solidaridad al pueblo ecuatoriano víctima del FMI. Siguen peleando por el país. Lamentablemente se encontraron con un traidor que ha vendido la patria".

Las protestas han dejado hasta el domingo un civil muerto, 73 heridos (incluidos 59 uniformados) y 477 detenidos (la mayoría por vandalismo), de acuerdo con cifras de las autoridades.

Diversos sectores sociales rechazan desde el pasado jueves la eliminación de subsidios dispuesta como parte de un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para acceder a préstamos por 4 mil 209 millones de dólares.

Antes de 2007, la dolarizada y petrolera nación ecuatoriana sufrió casi una década de inestabilidad política y protestas sociales que derivaron en el derrocamiento de tres mandatarios, dos de los cuales intentaron aplicar severos ajustes económicos.

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Lunes, 07 Octubre 2019 06:46

El FMI gobierna hoy en el Ecuador

El FMI gobierna hoy en el Ecuador

No ganaron las elecciones, el pueblo no los convocó, pero los técnicos del Fondo Monetario Internacional ordenan hoy el Ecuador en plena alianza con el gobierno de los empresarios. Pocos días antes del paquetazo de medidas económicas y laborales anunciadas por el presidente Lenin Moreno, ya la prensa comercial anunció que el FMI no daría el nuevo desembolso del crédito contratado si no se hacían las reformas desde el gobierno.

Y, una vez tomada la decisión, el FMI salió a dar su “apoyo” a la decisión gubernamental, como si la bendición del organismo multilateral la santificara.

Pero las medidas tienen el carácter de las recetas neoliberales: debilitar el Estado y fortalecer las grandes empresas; obligar a los pobres a pagar la crisis que causaron los poderosos y los benefició; hambrear a un pueblo entero para garantizar el pago de la deuda externa.

Ello se enmascara en discursos de transparentar las finanzas, de “poner la casa en orden” y, por supuesto, de sacrificarnos “todos” para lograr días mejores. Los gobiernos neoliberales en el momento de tomar medidas de este tipo dicen que hay que apretarse los cinturones por un tiempo, pero que a la vuelta está el paraíso. Este, pretende que no hay que apretarse los cinturones, que el incremento del precio de gasolinas y del transporte de alimentos y personas, no afectará a la población.

Que las medidas tengan relación directa con imposiciones colocadas sobre el país a cambio de deuda externa es uno de las causales de su ilegitimidad. Las condicionalidades que vienen con los desembolsos, que ponen obligaciones al Estado que se califica de soberano, los registros de avances en el que se entrega al FMI información que se mantiene oculta al pueblo, destruye cualquier sentido de la democracia.

Añádale las expresiones de Lenin Moreno en la ONU, llamando a la intervención contra el pueblo de Venezuela, la entrega de una base aérea en Galápagos para uso de naves de inteligencia de Estados Unidos (que el gobierno niega que sea una base, como si el imperialismo no hubiera ampliado su definición de las mismas), las salidas del Ecuador de Unasur y la OPEP, centros de integración Sur-Sur, y se tendrá el cuadro completo de un gobierno sumiso a intereses extranjeros, que pisotea la independencia del Ecuador.

Su alianza con la gran burguesía es natural pues este pequeño sector de la sociedad ecuatoriana se encuentra integrada, en relaciones constantes y permanentes, con las transnacionales y los intereses foráneos.

El paquete de medidas impuestas supuestamente traerá trabajo. Este fue el ofrecimiento del plan de gobierno de Alianza País, que se ha cumplido al revés. Según el ministro del Trabajo, Andrés Madero, en una comparecencia en la Asamblea Nacional señaló que solo desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2019 se habían despedido a 11.820 trabajadores del sector público. Ahora se anuncia 10 mil despidos más.

Desde el sector privado la reducción de trabajadores también ha sido una constante, de manera grave en el sector de la construcción que es uno de los que más obreros contrata, pero cuya situación nada tiene que ver con las medidas económicas.

En Ecuador hay una contracción económica general, el PIB crece en un punto o menos, el consumo de las familias ha decrecido, el manejo económico lleva a muchos a buscar productos de primera necesidad en Colombia (por eso el paro reciente de la pauperizada provincia fronteriza de Carchi), de manera que no hay condición de crecimiento de empresas para consumo interno. De hecho, se habla de miles enfocadas en servicios y comercio que han quebrado, aumentando el desempleo.

En estas condiciones, el anuncio del gobierno no es más que demagogia y el pretexto para eliminar derechos laborales, incrementando la precarización laboral. Entre las medidas de este tipo, que empiezan con los nuevos contratos, están:

Los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de remuneración. Se violan principios constitucionales que protegen los derechos adquiridos, se viola el principio de a igual trabajo igual remuneración y se permite la sobre explotación.

Los funcionarios públicos pasarán de tener 30 días de vacaciones a 15, como el sector privado, pero desconociendo que esos días eran una suerte de compensación porque el empleado público no recibe reparto de un reducido pedazo de las utilidades empresariales.

Trabajadores de empresas públicas aportarán mensualmente, como mínimo, un día de su salario. Más los 15 días anteriores y doce aquí, estamos hablando de un mes entero al año que se afecta y que, podría decirse trabajaran sin cobro (en los 15 días de vacaciones se recibía pago por vacaciones pagadas, no por días laborados).

A cambio, estas son las medidas para el sector empresarial:

Eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que venían exigiendo al gobierno.

Eliminación o reducción de aranceles para equipo, maquinaria y materia prima, tanto agrícola como industrial, para que tengan “mayor competitividad”.

Eliminación de aranceles a la importación de teléfonos celulares, tabletas y computadoras.

Reducción y simplificación del Impuesto a la Renta al sector bananero.

Devolución de tributos a los exportadores para “dinamizar la economía”.

Reducción a la mitad del Impuesto de Salida de Divisas (ISD) para materias primas, insumos y bienes de capital.

Las empresas que perciben anualmente más de 10 millones de dólares “Pagarán por tres años una contribución especial, que totaliza más de 300 millones, que se destinarán exclusivamente para seguridad, educación y salud”, según anunció Moreno. Una mínima cantidad frente a los impuestos, intereses y multas que ya les perdonó con la remisión tributaria, con la que los Grupos Económicos se acogieron al pago de USD 801 millones, pero dejaron de pagar USD 987 millones (Jonathan Báez, ISIP, 2019), aunque hay estimaciones que sería mucho más, llegando a señalarse la cantidad total estaría por encina de los 2.000 millones de dólares.

Como se ve, la balanza de las decisiones del FMI y el gobierno tiene una clara identidad de clase. A ello se añade la liberación de los precios de las gasolinas y diésel, hasta hoy subsidiados. El inmediato aumento del transporte de carga y pasajeros implica otro golpe a la economía de los sectores populares y medios, pero no afecta a los industriales que pasan esos costos a los precios del consumidor.

En estas condiciones, se justifica la pronta reacción de la población para protestar. Principalmente convocados por sectores perseguidos por el anterior gobierno como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que agrupa a las mayores centrales sindicales y a la Unión Nacional de Educadores, la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Frente Popular, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), y otras, que han logrado gran respaldo social.

Junto a un paro de los gremios del transporte que inició a media noche del 2 de octubre, apenas a un día de anunciadas las medidas, dificultan el asalto a los intereses populares y conducen a que incluso sectores de derecha pretendan ser “comprensivos” con la respuesta popular que va en aumento. La lucha social apenas está iniciando.

“Se acabó el miedo, retomamos la lucha”, ha sido una expresión repetida en las calles y las redes sociales. Hoy el miedo pasó a las filas del gobierno que a primeras horas de la tarde del 3 de octubre dispuso el estado de excepción en todo el territorio nacional.

El decreto presidencial 884 tiene 10 artículos que, entre otras cosas, moviliza a las Fuerzas Armadas y la Policía para mantener el orden, suspende en todo el territorio nacional el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión, para impedir la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día, limita el derecho a la libertad de tránsito en todo el país “en los casos en que se atente contra los derechos y garantías del resto de ciudadanos” y se autoriza la requisición de bienes y de servicios.

La medida, altamente represiva y antidemocrática, es condición normal de las medidas impuestas por el FMI y los sectores empresariales de mayor poder. La injusticia de las decisiones gubernamentales se apoya en la reducción de derechos.

En las marchas y calles, se observa una gran agresividad de las fuerzas represivas del Estado, se arresta a personas que están amenazadas de juicios penales y se pretende amedrentar a la población. La paz social buscada por los gobiernos se ha roto en el Ecuador, ahora reinicia el tiempo de la lucha directa. “Se acabó el miedo, retomamos la lucha”.

6 octubre 2019

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Lunes, 07 Octubre 2019 06:29

Pitazos

Los pitazos de denunciantes o filtradores contra el abuso de poder han marcado la historia reciente de Estados Unidos. Un caso emblemático fue el escándalo de Watergate, que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon el 9 de agosto de 1974 (en la imagen, al abandonar la Casa Blanca luego de dimitir).Foto Ap

Los pitazos contra el abuso y empleo ilegal del poder han marcado la historia de Estados Unidos, sobre todo durante el último medio siglo. Trump ahora está bajo investigación para un juicio político gracias a un whistleblower (literal, alguien que sopla, o que da el pitazo), y vale recordar que los pitazos han ayudado a poner fin a una guerra, frenar algunos programas de espionaje masivo de ciudadanos y programas de tortura, revelar corrupción a varios niveles y hasta derrumbar a un presidente.

Hay una diferencia entre un denunciante y un filtrador, el primero emplea los canales internos oficiales establecidos por ley para alertar al Congreso sobre algo indebido en el ejercicio del gobierno, el segundo intenta entregar información sobre abusos y delitos oficiales al público generalmente vía los medios. Ambos dan el pitazo para revelar abusos de poder o actos ilegales.

Para algunos son héroes que rescatan la democracia; para otros son espías y traidores. Depende de los intereses de las cúpulas en dadas coyunturas y obviamente sobre qué se está divulgando y sobre quién.

Fue hace justo 50 años que el analista militar Daniel Ellsberg empezó a hacer copias de los llamados Papeles del Pentá gono que revelaban las mentiras oficiales sobre la guerra en Vietnam. Fue acusado por la Casa Blanca de Nixon de violar la Ley de Espionaje y el gobierno intentó prohibir la publicación de los documentos en el Washington Post y el New York Times en 1971, disputa que llegó hasta la Suprema Corte, la cual falló a favor de los medios.

Poco después, estalló el escándalo conocido como Watergate y fue otro tipo de denunciante, apodado Garganta Profunda ( Deep Throat), quien guió a los reporteros del Washington Post hasta llegar al fondo de las operaciones ilegales de Nixon, lo que detonó un proceso de impeachment y culminó con la renuncia del mandatario antes de que fuera destituido. La fuente fue revelada en 2005: Mark Felt había sido durante ese tiempo nada menos que el subdirector de la FBI.

El denunciante (y ahora son dos o tal vez más), un oficial de inteligencia, quien de-tonó el proceso de impeachment actual contra Trump es festejado como un patriota valiente que cumple con su deber por la cúpula política demócrata que exige que le sean brindadas todas las protecciones que otorga la ley.

Pero, a diferencia de los denunciantes en el caso Trump, la cúpula política estadu-nidense, de manera bipartidista, acusa de "criminales" a los filtradores/denunciantes y a los que los publican, incluidos tres de los más importantes de los últimos años, a quienes han acusado de violar la ley de espionaje, entre otras: Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien se encuentra encarcelado en Londres con la amenaza de ser extraditado a Estados Unidos por publicar documentos oficiales secretos que incluyen crímenes de guerra y manipulaciones diplomáticas. Chelsea Manning, de nuevo encarcelada por negarse a cooperar en el caso contra Assange después de que cumplió siete años de prisión por filtrar documentos militares a Wikileaks. Y Edward Snowden, asilado en Moscú después de tal vez la mayor filtración de documentos de seguridad nacional en la historia de Estados Unidos que revelaron, entre otras cosas, programas de espionaje masivo a ciudadanos en Estados Unidos y otras partes del mundo.

En su libro recién publicado, Permanent Record, Snowden se identifica así: "Antes yo trabajaba para el gobierno, pero ahora trabajo para el público".

Y hay varios más que están o fueron encarcelados, perdieron sus empleos y más por atreverse a alertar sobre programas que son ocultados a la opinión pública y que van desde tortura hasta métodos de espionaje e incluso programas secretos de asesinato con drones y múltiples mentiras oficiales.

Las cúpulas políticas, y sobre todo el sector de seguridad nacional, en general detestan en principio toda revelación no autorizada por ellos sobre lo que desean ocultar del pueblo al que supuestamente sirven. Por ello, el debate sobre los pitazos es esencialmente una disputa sobre la democracia (y dentro de ello, la libertad de la prensa).

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Lunes, 07 Octubre 2019 06:06

Legitimidad

Legitimidad

Una de las preguntas esenciales de la experiencia social en torno al poder, la política y en especial en cuanto al modo de gobernar, bien podría ser: ¿Quién habla por la gente?

Esta es la cuestión que aborda el historiador británico Simon Schama en un artículo reciente.

La manera de formular este asunto indica la relevancia de las palabras y en general del lenguaje, en la relación entre gobernantes y gobernados. Esta es una aproximación similar a la que propone Boris Groys en su libro La posdata comunista, donde apunta que: “La política funciona en el medio del lenguaje. Opera con palabras –con argumentos–, programas y demandas, pero también con órdenes, prohibiciones, resoluciones y decretos”.

Schama señala en su texto la situación que prevalece hoy en lo que denomina como las dos democracias anglófonas en ambos lados del Atlántico.

Se trata del embrollo político que se ha gestado desde 2016 en Gran Bretaña alrededor del Brexit y en ese mismo año con la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Dice Schama que la retórica del desacuerdo tiende hacia la recriminación en torno a lo que es una legítima conducta política y, aun más problemáticamente, hasta al cuestionamiento sobre cuáles son las posturas que se consideran patrióticas, frente a aquellas que pueden constituirse en traición.

En este ámbito se advierten similitudes entre ambos personajes en sistemas muy distintos de gobierno; Boris Johnson, primer ministro de una monarquía constitucional, y Trump, presidente en una república federal y una democracia constitucional representativa.

Las semejanzas aparecen en la forma de abordar el conflicto político, en la manera en que se satisface o no, la voluntad de los ciudadanos y se cumplen los intereses nacionales y, de ahí, la pugna que tiende a ser cada vez más incisiva con los órganos legislativos.

De tal manera se expresa la práctica de gobierno cuando Johnson dice que las próximas elecciones generales en su país constituirán el enfrentamiento de la gente contra el Parlamento; o bien, cuando Trump coloca como su antagonista primordial al Congreso. Ambos han entablado también una confrontación similar con respecto a las resoluciones de los jueces.

En los dos casos se incide en contra de la separación efectiva de los poderes y se desdibujan los contrapesos que ponen un límite al ejercicio del poder. Aquí cabe apuntar una noción expresada por Diego Valadés (antiguo ministro de la SCJN) en cuanto a que, idealmente, "la Suprema Corte de Justicia no es ni debe ser un contrapeso del gobierno. La Corte resuelve conforme a derecho y no con criterios políticos. Los contrapesos deben estar en el Congreso. Esto es lo que se hace en toda democracia constitucional".

Así, volviendo a Schama, él sostiene que se desplaza el lugar de la soberanía popular desde las instituciones representativas hacia una especie de comunión creada entre un líder –con ciertos atributos carismáticos– y una masa de ciudadanos que puede movilizarse de muy distintas maneras.

Finalmente, se trata de la elección que hacen los ciudadanos en cuanto a formas alternativas que hoy pueden proponerse acerca de la democracia. grosso modo, una en la que el líder postula como primordial su versión de la voluntad popular y, otra, en la que se establecen parámetros de la representatividad institucional con límites legislativos sobre el ejecutivo, y la observancia de las leyes desde el Poder Judicial y, además, en un entorno de libertad de expresión y asociación.

En este contexto, Schama recuerda, de modo oportuno, la postura de Viktor Orbán, primer ministro húngaro, quien ha dicho que la democracia representativa ha llegado a su fin y será remplazada inevitablemente por una "democracia iliberal" en la que prevalece el nacionalismo militante sin cortapisa, o bien, dicho de otro modo, sin derechos ciudadanos que lo estorben. A contrapelo hay, sin embargo, casos como el de las ya largas protestas en Hong Kong.

En todo caso, cualquier discusión acerca de la pregunta original de ¿quién habla por la gente? en esta etapa histórica, se sitúa en una transición incierta en las formas de organización del Estado, del ejercicio del poder desde el gobierno y de la conformación misma de la sociedad.

En este entorno no puede perderse de vista que en ningún caso la voluntad de la gente es de una sola pieza; que no necesariamente las mayorías siempre tienen la razón, menos aún en sociedades donde esta voluntad se divide en ocasiones en partes prácticamente iguales, o bien, en otras en las que la diversidad manifiesta en las elecciones sólo consigue un bloqueo para gobernar. Estas situaciones están hoy a la vista.

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Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Repre-sentantes, quien anunció el inicio de una investigación para someter a juicio político a Donald Trump por el Ucraniagate.Foto Ap

A cada quien su tesis en espera de la "post-verdad". Para un segmento de la información cupular, el deseo de Trump de perseguir al "Big Pharma", vinculado a la élite del Partido Demócrata, y que descuelga casi un billón de dólares al año (bit.ly/2LX4l6K), provocó que la devota católica Nancy Pelosi, aguerrida lideresa de la Cámara de Representantes de mayoría Demócrata, lanzara el grito de guerra para defenestrar a Trump, arropada en un impecable discurso legaloide.

En mi más humilde sindéresis, Trump cometió un grave pecado capital, que le puede costar la vida, que versa sobre la persecución criminal por el Departamento de Justicia del mega-banco híper-mafioso JPMorgan Chase (bit.ly/2ANNcWu).

Lo obsceno es la intervención flagrante de la CIA para derrocar a Trump, quien ha cometido muchas pifias legales justificables de su defenestración ( impeachment): desde el fétido Ucraniagate, donde fueron expuestos los intereses energéticos del establishment de Estados Unidos, hasta el reciente Chinagate.

Aquí no importa la "legalidad" cuando tanto Demócratas como Trump han incurrido en punibles falsedades.

Lo que vale, primero, son los votos del Partido Demócrata, que cuenta con la mayoría en la Cámara de Representantes, pero que, salvo volteretas y traiciones, no podrá pasar su impeachment en el Senado, que requiere las 2/3 partes, donde el Partido Republicano reina omnipotente (bit.ly/2oTXCB1). Vale, en segundo término, la percepción de los votantes, que castigarán en las elecciones a quienes juzguen más "mentirosos".

Mientras Trump peligra de muerte, sea física o presidencial vía el expedito impeachment, en el campo Demócrata yacen ya dos cadáveres: la candidatura insostenible de Joe Biden, ferviente católico, debido a las bribonerías criminales de su hijo Hunter desde Ucrania hasta China (aquí por mil 500 millones de dólares (reut.rs/2MhSZJa ) cuando ya empieza a apestar Adam Schiff, jefe del Comité de Espionaje de la Cámara: vulgar títere de George Soros (bit.ly/2nziLjH), coludido con el contrabandista de armas ucraniano Igor Pasternak (bit.ly/2mTizeP), y quien aleccionó al fallido anónimo (sic) delator (whistleblower) de la CIA, según New York Times, rotativo adscrito al Deep State (nyti.ms/2oBDqDK).

En medio de una casi-guerra civil y de un casi-golpe de Estado de espionaje policiaco de la CIA, las comparecencias para el impeachment de Trump son "a puerta cerrada", lejos de los media, en su mayoría lubricados por el Deep State y que abominan al presidente.

Dos jefes de los tres Comités de la Cámara de Representantes, Adam Schiff y Eliot Engel son financiados por George Soros (bit.ly/2NS8IOq) quien ha sido expuesto como un operador predilecto de la CIA por Wayne Maddsen ( goo.gl/F6h7sC).

Trump acepta que el impeachment, con o sin razón (es lo de menos cuando se trata de una guerra civil legislativa), tendrá éxito en la Cámara, pero será desechado en el Senado.

Aquí lo que importa es qué tanto saldrá dañada la ya de por si mancillada imagen de Trump entre tantos escándalos reales o montados.

RobUrie, del portal alternativo de izquierda Counterpunch, articula en forma fascinante que detrás del "impeachment de la CIA(sic)" se encuentra la geoestrategia del control de los energéticos de Ucrania que enfanga a los Clinton, a Obama, a Joe Biden y a su hijo Hunter (https://bit.ly/2o5K2KZ).

Mientras arde Washington (bit.ly/2Ou5vrs), el anónimo (sic) delator contra Trump se está incinerando y la casi-candidata por el Partido Republicano, Elizabeth Warren –cuando el muy popular judío progresista Bernie Sanders acaba de sufrir un infarto que lo deja prácticamente fuera de la jugada– ha advertido que el whistleblower de la CIA puede ser asesinado –como presuntamente lo fue el pederasta Jeffrey Epstein, que en un retwiit Trump le endosó a Bill Clinton.

Aquí llama la atención que aún no haya corrido sangre, sin desearlo….

Esto apenas empieza, cuando a la CIA se le quemó su delator anónimo, pero ya prepara a un segundo más eficaz.

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