Lunes, 27 Abril 2020 06:31

Auxilio

El distrito comercial de Soho, en Manhattan, donde por lo regular las calles estaban atiborradas, se ve vacío en estos días por la pandemia del Covid-19.Foto Afp

Donald Trump nos quiere matar.No hay otra conclusión posible. Pronto será el primer mandatario en presidir sobre más muertes estadunidenses que el total que pereció en la guerra de Vietnam (58 mil), con más de 54 mil hasta ahora, la gran mayoría de las cuales eran prevenibles. De hecho, él declaró que su respuesta al "enemigo invisible" es "una guerra".

No es un huracán, o un tsunami, o un sismo; las dimensiones de esta catástrofe no se pueden atribuir a "fuerzas mayores" o"divinas", sino al manejo inepto, irresponsable y francamente criminal de los encargados de gobernar este país. Aunque el terreno para la crisis fue cultivado por políticas neoliberales bipartidistas durante décadas, el presidente es el responsable de que las dimensiones de los efectos de esta crisis sean las que estamos atestiguando.

Pero aparentemente no satisfecho con el saldo creciente del Covid-19, y el hecho de que algunos de los que vivimos en Estados Unidos seguimos vivitos y coleando, Trump nos invitó a envenenarnos. Sugirió emplear desinfectantes industriales, inyectarnos cloro, para curarnos del virus, durante su conferencia de prensa del jueves. Como comentó un médico en respuesta: "Trump tiene toda la razón: el cloro sí mata al virus. El problema es que también mata al paciente". El Centro de Control de Enfermedades, departamentos de salud estatales y municipales, junto con los fabricantes de desinfectantes como Lysol y Clorox, se vieron obligados a trasmitir alertas declarando que ingerir tales productos era peligroso. Su contrincante demócrata, Joe Biden, publicó en un tuit: "no puedo creer que sea necesario decir esto, pero por favor no beban cloro". El columnista del Washington Post David Von Drehle resumió el mensaje presidencial: "María Antonieta: que coman pastel. Donald Trump: que se inyecten Lysol". Poco después, varios centros y agencias de salud pública estatales y municipales reportaron un incremento en casos de envenenamiento o quemaduras por gente que le hizo caso al presidente, reportaron vamos medios en Maryland, Nueva York y Chicago.

Fue tan intensa la reacción que Trump se vio obligado a huir de sus declaraciones y el viernes argumentó que había sido un comentario "sarcástico" sólo para provocar a los medios. ¿En medio de una pandemia con más de 50 mil muertos el presidente decidió bromear? Poco después tuiteó que tal vez ya no haría conferencias de prensa diarias porque "no valen la pena", ya que los medios distorsionan todo lo que dice. Pero al parecer, sus estrategas temen que sus expresiones de "genio estable" no ayuden a su relección en esta coyuntura.

Por otro lado, si uno no se muere de virus, pues también está la lenta muerte por desempleo y hambre. Algunos economistas calculan que la tasa de desempleo real está entre 20 y 45 por ciento, o sea, es posible que casi la mitad de la fuerza laboral está sin trabajo, muy por arriba del peor momento de la Gran Depresión. Esto es acompañado de un incremento de millones de personas –sobre todo niños– que no tienen acceso a suficiente alimento.

No todos están en la línea de fuego de esta crisis, algunos están sufriendo la cuarentena en lugares de lujo como Los Hampton o en sus yates. De hecho, entre el 18 de marzo y el 10 de abril, mientras 22 millones de estadunidenses perdieron sus empleos, la riqueza de los multimillonarios en Estados Unidos se incrementó en 282 mil millones de dólares, una ganancia de 10 por ciento, reporta un nuevo informe del Institute of Policy Studies (https://inequality.org/ great-divide/billionaire-bonanza-2020/).

En tanto, los inmigrantes están entre los más afectados aquí por la pandemia, en gran parte por las medidas antimigrantes de este gobierno. Y para los que pensaban que estaban más seguros porque vivían fuera de este país, el más contagiado del mundo, Trump ha estado exportando el virus a varios puntos del planeta al deportar a inmigrantes que habían estado encarcelados en centros de detención contagiados sin primero administrar pruebas para diagnosticarlos. https://twitter.com/CASAforall/ status/1253442753511464960?s=20).

La gran pregunta ante todo esto es: ¿nos vamos a dejar?

https://youtu.be/LNNPNweSbp8

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Bukele autoriza a los cuerpos de seguridad a usar la "fuerza letal" para combatir a las pandillas ante el aumento de homicidios en El Salvador

La decisión del presidente llega en medio de los reportes de que al menos 53 personas fueron asesinadas entre el viernes, sábado y este domingo a lo largo

de todo el país.

Ante el incremento de los homicidios en El Salvador en los últimos días, el presidente del país, Nayib Bukele, autorizó este domingo a los cuerpos de seguridad a usar la "fuerza letal" para combatir a las pandillas, acusadas de la mayoría de los asesinatos cometidos en la nación centroamericana.

"El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños", señaló Bukele a través de su cuenta en Twitter, pidiendo a "la oposición que se ponga del lado de la gente honrada, y a las instituciones que controlan que dejen de proteger a quienes asesinan" al pueblo.

"Las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia [de coronavirus]. Tendremos que mover recursos para combatirlas", dijo el presidente. 

Además, Bukele indicó que el Gobierno "se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados por defender la vida de la gente honrada" e instó a la Fiscalía General a "procesar a los aliados de las pandillas" por "asociaciones terroristas" y "apología del terrorismo".

Por su parte, el director general de centros penales, Osiris Luna, informó que han empezado a mezclar y recluir en las mismas celdas a miembros de diferentes pandillas. "En este Gobierno no habrá beneficios y privilegios para ningún miembro de estructura criminal", declaró el alto funcionario. 

Al menos 53 personas han sido asesinadas entre el viernes, sábado y este domingo en todo El Salvador, según informan medios locales. 

Estas cifras rompieron con las estadísticas de asesinatos en el país, que a lo largo de la cuarentena por el covid-19 se mantuvieron en un promedio de dos por día. Además, hubo algunos días con cero muertes violentas. 

Publicado: 27 abr 2020 03:39 GMT

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Israel estudió cómo aplastar una posible revuelta civil armada por el coronavirus

El ejército y otros estamentos israelíes consideraron la posibilidad de un grave deterioro de la situación social en el país y examinaron cómo aplastar una hipotética revuelta causada por la parálisis económica. En un documento al que tuvo acceso Haaretz, redactado en el pico de la crisis, el ejército recomendó al gobierno suavizar las restricciones y mostrar menos fuerza y más compasión para no exacerbar las tensiones.

 

El ejército israelí empezó a prepararse hace dos semanas para hacer frente a un escenario de revuelta armada popular si la situación económica del país se deterioraba significativamente como resultado del cierre casi completo de la economía decretado por el gobierno para hacer frente a la pandemia, revelaron varios medios de comunicación.

El Consejo para la Seguridad Nacional reunió un panel de 30 miembros entre los que había analistas y oficiales del ejército, funcionarios del gobierno, delegados de la policía y notables del mundo académico, para discutir en qué circunstancias podría darse una revuelta civil y de qué manera habría que aplastarla.

Las recomendaciones del panel, a las que tuvo acceso el diario Haaretz, se redactaron después de estudiar dos posibles escenarios: una "revuelta civil"  y "una desobediencia civil a gran escala" debido a una "tensión que podría conducir a un resentimiento o enfado entre la gente".

En opinión del panel, la tensión y el enfado "no conducirían a fenómenos sociales a gran escala por sí mismos, al menos a corto plazo", pero el segundo escenario existiría la potencialidad de causar un "daño a largo plazo a la sociedad israelí y a la democracia".

Una posible causa para un levantamiento popular a gran escala, dice el documento, podría ser la falta de fe en el gobierno y en el sistema político, o el hecho de que pareciera que el gobierno está perdiendo el control sobre la pandemia o el estado.

Otros elementos que podrían causar un levantamiento civil serían la lucha económica, las hipotecas y la incapacidad de algunos de pagar el alquiler o incluso de comprar alimentos, así como una escasez de alimentos en las tiendas. Precisamente, el viernes el gobierno de Benjamín Netanyahu, fuertemente presionado por los sectores económicos, decidió levantar más restricciones autorizando la apertura de los pequeños comercios, pese a la oposición inicial del ministerio de Sanidad.

En el documento redactado hace dos semanas se decía: "La rutina de la vida al completo se ha roto de repente para la mayoría de la población (...), el final del cierre todavía no se conoce y la gente ha recibido distintas estimaciones, desde varias semanas a muchos meses". Esta circunstancia, decía el panel, puede conducir a tensiones sociales, desobediencia civil y resentimiento hacia las autoridades"

Se mencionaba un sondeo realizado por el ejército donde se recogía que el 88% de los encuestados aseguraban que sus vidas se habían visto gravemente afectadas por la crisis, y un 75 por ciento decían que solo salían de sus casas si era absolutamente necesario. El 19% no salía de sus domicilios bajo ninguna circunstancia.

El panel advertía que la gente podría encontrar una cabeza de turco en un grupo social particular como los árabes, los ultraortodoxos o los extranjeros, inmigrantes ilegales y refugiados, quienes podrían llegar a pagar por la expansión de la pandemia y la crisis económica.

"El bienestar de la gente se ha dejado de lado para concentrarse en detener la propagación. Con la extensión de la cuarentena es necesario prestar atención y dar recursos a la gente para enfrentarse a la causa de las tensiones entre la gente", decía el documento, que advertía que si no se proporcionaban recursos, la gente podría levantarse contra el gobierno.

El panel recomendó al gobierno que contratara a miles de israelíes para trabajar en los hospitales y en unidades de seguridad comunitarias semejantes a las que funcionan en las poblaciones cercanas a la Franja de Gaza. También recomendaba que los soldados participaran en la distribución de alimentos y realizaran patrullas nocturnas.

Al gobierno le indicaba que debía adoptar una posición más relajada con la gente. "Menos munición y más compasión", sentenciaba. También le recomendaba que policías desarmados visitaran a los israelíes de más edad y que distribuyera alimentos por las tardes entre los musulmanes durante el mes de ramadán que empezó este viernes.

Según The Jerusalem Post, a pesar de la recomendación de que el ejército y la policía deberían actuar sin tanto rigor, el gobierno ha usado ampliamente la fuerza en otras protestas a gran escala, especialmente contra el sector árabe. En octubre de 2000, se aplastaron las protestas árabes con un coste de 13 civiles muertos en la Galilea poco antes de que estallara la segunda intifada.

jerusalén

26/04/2020 09:02

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La caída del precio del petróleo afecta la aspiración releccionista de Donald Trump.Foto Ap

Las terapias esotéricas de Trump para lidiar con la pandemia lo tienen arrinconado. Pero no hay que subestimarlo cuando le quedan varios ases bajo la manga de aquí al 3 de noviembre (bit.ly/2VQOiuo).

Estrategas del Partido Republicano y el connotado politólogo Walter Russell Mead consideran que la “mejor apuesta de Trump para su relección es irse contra China ( on.wsj.com/3bDxrCb)”, al menos, de forma retórica.

Durante la guerra de precios entre su aliado Arabia Saudita (AS) y Rusia, las medidas contradictorias que tomó Trump –más bien, su yerno talmúdico Jared Kushner, quien maneja de manera ineficaz la triple agenda de: 1. AS/Medio Oriente, 2. México y 3. El combate al Covid-19, lo que resultó contraproducente y puso en agonía a la industria del petróleo/gas lutita (shale oil/gas) de Estados Unidos (EU), cuya viabilidad es sostenida con artificios por Wall Street (bit.ly/2yMahuY).

Los 38 votos electorales de Texas –segundo estado con el mayor PIB de EU, tras California–, sumados de la demografía mexicana, son demasiado importantes para descuidarlos sin rescatar a la industria del petróleo/gas lutita.

Se desprenden dos hipótesis: 1. La del célebre Scott Ritter (SR), que vislumbra una guerra de EU contra Irán para elevar el precio del barril a niveles donde sea viable la extracción del petróleo/gas lutita, entre 40 y 60 dólares el barril (bit.ly/3eQ9ucS); y 2. La de un servidor que contempla una teatral tensión paroxística sin llegar a la guerra.

SR, ex espía de los marines e inspector de la ONU en la guerra del Golfo, quien desmintió la posesión de "armas de destrucción masiva" de Irak, aduce que "en tiempo de la pandemia, EU se prepara para la guerra", cuando "la debilidad (sic) de Irán es gravemente exagerada".

Más allá de la vulgar "propaganda de guerra", SR comenta que "Irán está preparado para defenderse" y "cualquier movimiento de EU podría ser un pésimo cálculo con resultados devastadores".

SR refiere que el hoy secretario de Estado, Mike Pompeo, ex director de la CIA y "evangelista sionista" que defiende más los intereses de Israel que los de EU y Robert O’Brien, consejero de Seguridad Nacional, pugnan por una guerra contra Irán y su "cambio de régimen" cuando alucinan que las sanciones y la "máxima presión de EU" han desangrado al país persa.

Un operativo de EU contra las milicias chiítas en Irak, apoyadas por Teherán, pudiera ser el atractivo fatal para aniquilar a Irán.

En contraste, el comandante en Irak, Robert White, quien sí sabe de teatros de guerra, emitió una brutal advertencia para no desviarse de los objetivos primarios de EU en Irak (bit.ly/35gjd85).

A diferencia de los blufs de Trump y Pompeo, los iraníes aún no se emplean a fondo con sus nuevos misiles furtivos y sus novedades tecnológicas como su satélite militar Nur-1.

SR arguye que una nueva guerra de EU en Irak para atraer a Irán sería una "carnicería para todos" que, a mi juicio, el misticismo chiíta está dispuesto a tolerar, a diferencia de la sociedad hedonista de EU, que castigaría a Trump en las urnas funerarias y electorales.

Sólo bastaron las amenazas de Trump de represalias por un supuesto amago de embarcaciones iraníes en el Golfo Pérsico –que según la prensa iraní no existieron– para repuntar en 20 dólares el barril y romper su letal espiral, en medio de la hazaña tecnológica del país persa al irrumpir en la élite del Club Espacial de 10 países con la colocación en órbita de su satélite militar Nur-1 (bit.ly/2VVpbqE).

Ni a EU ni a Irán les conviene una guerra. Las posturas son prístinas: EU se encuentra a la ofensiva en el Golfo Pérsico, mientras Irán se ubica a la defensiva (bit.ly/2W0juYa).

A EU e Irán les conviene más una tensión paroxística de corte teatral/hollywoodense en el Golfo Pérsico para elevar geopolíticamente el precio del barril: uno de “los cinco precios del petróleo (bit.ly/3aEEU2C)”.

alfredojalife.com

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La débil reacción fiscal frente al coronavirus

Una revisión de las medidas económicas más fuertes tomados por el gobierno nacional desnudan la pequeñez e insuficiencia de la inversión pública en nuestro país, así como la incomprensión del potencial de la crisis que golpea a nuestro país, como parte de un sistema global también afectado en su integridad.

Gasto público como porcentaje del PIB en respuesta al Coronavirus

Alemania  28
 Italia  20
 España 16
 Francia  15
 Bélgica 14
 Austria  10
 USA9
 Polonia9
Suecia9
Colombia2

Fuente: Oxford Economics.

 

La respuesta de los países al Coronavirus ha sido muy diferente. En el cuadro se presenta el gasto público que cada gobierno estima destinar para combatir la pandemia. Las cifras corresponden a porcentajes del PIB de cada país. De lejos, el mayor gasto es el de Alemania (28% del PIB). Le siguen Italia (20%) y España (16%). Hasta ahora el costo de las medidas que el gobierno colombiano ha anunciado, sumando los gastos de las administraciones locales, podría llegar a 20 billones de pesos, que más o menos corresponde a 2 por ciento del PIB. Comparado con otros países, es clarísimo que los estímulos son mínimos. Parecería que el Gobierno todavía no se hubiera percatado de la gravedad de la crisis.

Cada gobierno percibe el contagio de manera distinta, y por esta razón las respuestas no son homogéneas. El cuadro refleja, además, el músculo financiero de las políticas fiscales. Mientras que en Alemania, el gasto público total, como porcentaje del PIB es cercano al 60 por ciento en Colombia apenas llega al 19 por ciento. La brecha es significativa y refleja la confianza que tiene la sociedad alemana en la acción del Estado, y el profundo desprecio que existe en Colombia por lo público. En momentos de crisis como la actual se siente con mayor fuerza la falta que hace la protección del Estado. En Colombia es evidente la debilidad de lo social.

Recursos para las empresas o para los ciudadanos

El debate ha sido muy álgido sobre los beneficiarios de los recursos. En Estados Unidos, de los 9 puntos del PIB destinado para enfrentar la crisis, 5 irán para apalancar los créditos y darle garantías a los bancos. En Colombia se ha privilegiado la financiación de la salud y la atención a los más vulnerables, pero de nuevo queda en evidencia la debilidad de la infraestructura hospitalaria, y la falta de cobertura efectiva. Y en cuanto a las personas pobres, por ahora la atención recae en Familias en Acción –que cobija a 2,6 millones de hogares–, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción. Esta semana comenzó la devolución del IVA a las familias de menos recursos (75 mil pesos por familia cada dos meses). Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) está distribuyendo mercados a las familias que tienen niños en las guarderías. El gobierno nacional, siguiendo el ejemplo de Bogotá Solidaria, está armando un programa que se llama Ingreso Solidario, para atender a las personas vulnerables que hasta ahora no están en las bases de datos de los programas sociales mencionados. Este proceso apenas está comenzando, y se están tratando de mejorar las bases de datos.

La reacción de los gobiernos locales ha sido muy heterogénea. Pero, en general, se ha tratado de atender rápidamente a la población vulnerable, para evitar que el desespero del hambre lleve al vandalismo. Las ciudades grandes (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) tienen mayor músculo financiero, y le dan prioridad a la distribución de alimentos. Para complementar los programas nacionales, en Bogotá, por ejemplo, la Secretaría de Educación comenzó a entregar mercados de 50 mil pesos por niño matriculado, a través del Éxito y de tiendas de barrio. Y está comenzando el programa Bogotá Solidaria, que busca atender a quienes tienen necesidades urgentes pero no están inscritas en los programas regulares. Son personas pobres que viven del día a día, y que no están en los registros usuales del Distrito. En general ha sido notoria la dificultad para lograr una buena focalización de la población más vulnerable.

Fuera de las grandes ciudades, el margen de maniobra que tienen los municipios, y los departamentos, es muy bajo. Por esta razón tienen que depender de los recursos nacionales. En los departamentos y municipios se están ejecutando programas como Familias en Acción. Y se están haciendo ajustes para implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Parte de las dificultades logísticas se originan en que el Gobierno decretó el comienzo de vacaciones el 16 de marzo, y de acuerdo con las normas vigentes no se podría dar alimentos a niños y jóvenes que estén en vacaciones. En Bogotá ha sido distinto, porque no hay vacaciones, y se ha mantenido el aprendizaje en la casa. Se ha buscado que los estudiantes no interrumpan el proceso educativo.
La pandemia ha puesto en evidencia las limitaciones de los registros administrativos, que eran razonablemente buenos para cálculos estadísticos, pero no son adecuados para distribuir subsidios, porque se requiere la plena identificación del beneficiario. De todas maneras, los recursos que les están entregando a las familias no son suficientes. Los subsidios nunca han garantizado el sostenimiento de los hogares, porque en condiciones normales pueden obtener ingresos adicionales. Es absurdo pretender que una familia pueda vivir únicamente con los subsidios.

Hay mucha duda sobre las ayudas por darle a los grupos medios de la población (estratos 3 y 4), que también están sintiendo el impacto de la crisis. Por ahora, se están buscando alternativas para aligerar los créditos y el pago de servicios públicos. El Gobierno está analizando la posibilidad de darle subsidios a los trabajadores formales, pero aún no toma una decisión clara.

En Colombia todavía no le han dado subsidios directos a las empresas, y le han pedido a los bancos que sean más flexibles con los créditos. Y para estimular esta política el Banco de la República bajó la tasa de interés de referencia anual de 4,25 por ciento a 3,75, y se recapitalizó el Fondo Nacional de Garantías. No obstante esta reducción, los bancos comerciales siguen cobrando intereses muy altos (25% en tarjetas de crédito). A pesar de los esfuerzos que ha hecho el Banco de la República, los bancos comerciales no bajan las tasas de manera importante. En medio de la crisis le están proponiendo a los clientes ampliar los plazos, pero no han tomado decisiones que, efectivamente, alivien la situación de los deudores. El sector financiero, que ha sido uno de los grandes favorecidos en los últimos 10 años del desempeño de la economía, todavía no está dispuesto a reducir sus enormes ganancias. Si mantiene esta posición obstinada, también tendrán problemas cuando las familias no les puedan pagar.

El decreto 444 y la reacción airada de los gobiernos locales

De manera inconsulta, el Gobierno expidió el decreto 444, mediante el cual crea el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), que se nutre de dos fuentes que tienen su origen en las regalías. Por un lado, el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y, por el otro, el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). Entre estas dos fuentes suman unos 14 billones de pesos. El Decreto dice que estos recursos, que son de los departamentos y de los municipios, serán tomados en calidad de préstamo. Varios gobernantes locales, como Claudia López en Bogotá, y Carlos Caicedo en el Magdalena, reaccionaron en contra, porque consideran que esta decisión es unilateral y abusiva. Desde su perspectiva, las administraciones locales necesitan estos dineros para poder responder a la emergencia.

Además, los usos que tendrán los recursos del Fome no son claros. En el Decreto se dice que podrán servir para apalancar las necesidades financieras de los bancos e intermediarios financieros. Como lo ha señalado el gobernador del Magdalena, se debería mirar el ejemplo de Islandia, que en lugar de entregarle la plata directamente a los bancos, se la transfirió a los deudores para que le pagaran a los bancos, y pudieran conservar sus activos.

 


El uso de las reservas

 

Llegó el momento de volver la mirada hacia las reservas internacionales. Colombia tiene en el exterior –sobre todo en bonos del Tesoro de los Estados Unidos– 53 mil millones de dólares. El país puede utilizar de manera responsable parte de estos recursos, digamos 5 mil millones de dólares, que serían equivalente a 20 billones de pesos.

El Banco de la República se niega a hacer operaciones heterodoxas, pero en medio de la crisis hay que seguir el ejemplo de otros bancos del mundo, que también lo hacen. Es factible, además, que en las circunstancias actuales el Banco le haga préstamos directos al Gobierno.

Un impuesto urgente al patrimonio

Dadas las condiciones excepcionales de la emergencia, podría decretarse de manera inmediata un impuesto al patrimonio que sea progresivo, de tal forma que la tarifa vaya creciendo con el valor del patrimonio. Esta medida favorece la distribución del ingreso y permite fortalecer las finanzas públicas.

La crisis desprendió inmensos retos para el gobierno nacional y éste aún no responde al nivel requerido; de proseguir así los efecto negativos de su proceder serán más fuertes no solo en el corto sino también en el mediano y largo plazo, cuando el impacto de la anunciada recesión haya golpeado con todo su potencial al conjunto social.

 

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6 de abril de 2020

 

 

Periódico desdeabajo Nº267, pdf interactivo

 

 

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Publicado enEdición Nº267
Las banderas rojas: entre la emergencia y la protesta social

A comienzos del mes de abril la alcaldía del municipio de Soacha promovió una particular estrategia para identificar a las familias que necesitan ayuda por la emergencia social del coronavirus: la instalación de banderas rojas en las viviendas. Pronto este símbolo se ha extendido por todos los barrios periféricos de la ciudad de Bogotá. En la última semana, más exactamente a partir del día 14 de abril, los trapos rojos cambiaron su sentido. Han pasado de las fachadas, puertas y ventanas de las viviendas a las manos de desplazados, desempleados y trabajadores informales que se toman las vías de la ciudad exigiendo el apoyo del gobierno durante la cuarentena.

Los manifestantes desobedeciendo el mandato gubernamental de quedarse en casa, han protagonizado una fuerte jornada de bloqueos, cacerolazos y confrontaciones con la Policía en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Suba, Bosa y Santafé. Las causas de este estallido social van más allá de la coyuntura generada por la pandemia de Covid-19, obedeciendo a elementos estructurales de la sociedad colombiana.

Una primera razón, se encuentra en la profunda desigualdad social existente en Colombia. El país ocupa el tercer puesto en el ranking mundial de desigualdad siendo su ingreso distribuido de la siguiente manera: el 1% de sus habitantes es dueño del 20% de los ingresos económicos nacionales mientras el 40% sobrevive con menos de 12.000 pesos al día. Por otra parte, en Colombia perdura una política elitista y colonial que desprecia a su pueblo, ya que en palabras de William Ospina “aquí siempre existió la tendencia a dejar a las muchedumbres en la pobreza y en el abandono, y correr a esconder a los pobres cuando el mundo venía a visitarnos”. Esto ha configurado una forma de gobierno que niega los derechos humanos de los pobres y promueve acciones de control estatal a sus espacios y actividades. Para la política tradicional las clases populares son una amenaza a la seguridad y no ciudadanos que gocen de los beneficios de la democracia.

Aunque desde los primeros días de la cuarentena fue lanzado por la alcaldía el programa Bogotá Solidaria en Casa para atender a las personas más vulnerables de la ciudad, consideramos que persisten elementos elitistas en esta estrategia. Las clases populares han señalado esta contradicción diciendo a las autoridades: “si no nos mata el coronavirus nos mata el hambre”. Este grito cuestiona la existencia de un lenguaje de clase media sintetizado en la frase “quédate en casa” que ignora, por un lado, las condiciones de hacinamiento y pésima infraestructura de las viviendas, el trabajo informal y la configuración de tejidos comunitarios de supervivencia con base en los paisanos, familiares, compadres y vecinos. Todos estos factores motivan la salida de las personas de sus casas, siendo más adecuado decir, como lo propone Raúl Zibechi, quédate en tu barrio.

Por otra parte, evidencia los errores de una estrategia de donación de dinero y alimentos sin intermediarios, ya que con la buena intención de limitar el clientelismo fue desconocido el papel que tienen las organizaciones populares en la priorización de los recursos a los más necesitados. Las demoras en la entrega de los apoyos económicos o mercados obedecen a esta concepción. Se ignora que son los líderes sociales y no los funcionarios del DANE quienes conocen el territorio.

Los gobiernos –nacional, distrital y local– y los ciudadanos en general deben escuchar la movilización de las banderas rojas, extrayendo de allí valiosos aprendizajes sobre la cuarentena y la acción política.

Uno de ellos consiste en comprender que la voluntad de vivir es una fuente vigorosa de poder político. El deseo de vida ha llevado a los habitantes de las periferias a desafiar las adversidades, el dolor y la muerte, enseñándonos que es la vida y no la acumulación de dinero y poder el valor supremo de la humanidad. También, nos recuerdan la posición central que deben tener las clases populares en los planes, programas y acciones de las instituciones estatales. Dicha política desde abajo no debería preocupar a los demás grupos sociales –en espacial a las clases medias–, ya que como señala Enrique Dussel “la mera reproducción de la vida del pobre exige tales cambios que, al mismo tiempo, produce el desarrollo civilizador de todo el sistema. Afirmación de vida de la víctima es crecimiento histórico de la vida toda de la comunidad. Es a través de la solución de las insatisfacciones de los oprimidos, los últimos, que los sistemas históricos han progresado”.

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Un nuevo comienzo rebosante de dignidad y autonomía

“No queremos tus donaciones. No queremos tus víveres disfrazados de intenciones de exploración”, dice el comunicado de comuneros y autoridades de rondas campesinas de las provincias de Huancabamba y Ayabaca, en la región Piura, norte del Perú.

De ese modo, el 21de abril las comunidades afectadas por la empresa minera Río Blanco Cooper S.A., rechazaron la maniobra de la minera que desde hace años pretende ingresar en esa zona y que ahora se aprovecha de las necesidades para dividir a la población.

El comunicado destaca que la empresa “disfraza sus verdaderas intenciones a través de donaciones”, ya que “desde que llegó a nuestra provincia sólo ha traído muerte y ahora viene tendiendo actos de persecución y juicios iniciados contra nuestros dirigentes”. Les dicen que las medicinas que dona “no servirán cuando contamines nuestro medio ambiente y nuestras aguas” y que la ropa que quieren donar “no servirá cuando destruyas nuestros bosques de neblina”.

Además responsabiliza a la minera Rio Blanco “de las acciones que tome cada base o central de rondas contra sus promotores en la zona quienes deben estar en su casa y no dividiendo a nuestra población”.

Raphael Hoetmer, que ha acompañado las resistencias y marchas de los comuneros de Ayabaca, reflexiona por teléfono sobre la importancia del páramo y de los bosques de neblinas para el abastecimiento de agua de Piura y Cajamarca. “Es una zona de fuerte organización campesina, con rondas autónomas y autogestión de la vida. Rechazan la minería porque, aunque se saben pobres, quieren conservar un modo de vida que les ofrece bienestar y libertad, que empeoraría con la minería”.

Otra muestra de dignidad la ofrecen las comunidades de Morona Santiago (Ecuador), que son denunciadas por la minera Explorcobres, por haber atacado el campamento La Esperanza el 28 de marzo. Siempre según la empresa, los comuneros (a los que tilda de “delincuentes”), tomaron el campamentos , “quemaron varias instalaciones, equipos y un vehículo” (comunicado en https://bit.ly/2Vxgt2w).

También en Ecuador, la comunidad San Pedro Yumate, que resiste a la minera Río Blanco en el macizo de Cajas, a una hora de Cuenca, instaló el lunes la tercera pluma (barrera) frente a la vía Cuenca-Molleturo- Naranjal, en una minga para impedir el paso a carros y personas no autorizadas por la asamblea comunitaria, nos escribe Paul desde su momentáneo confinamiento entre los shuar, en la Amazonía.

Mientras las mineras destruyen vidas, contaminan aguas y montes poniendo en riesgo la continuidad de las comunidades, los campesinos e indígenas no golpearon ni atacaron a ninguna persona, sólo las instalaciones de las empresas multinacionales.

Seguimos en la región andina. El compañero y antropólogo Rodrigo Montoya nos envía un texto maravilloso, titulado “Aquí termina Lima”. Relata que miles de pobladores de Lima, que migraron años atrás desde diferentes provincias andinas, emprendieron una marcha de retorno a sus pueblos. “No se trataba de manifestante camino a una plaza pública para protestar” Tenían en común su deseo de irse de la mega ciudad.

“La mayoría de caminantes era joven y tenía rostro andino”, escribe Rodrigo, que a sus casi 70 años fue alumno de la escuelita zapatista. Traigo este recuerdo porque es un compañero que ha hecho de su compromiso una forma vida. Aunque no sabe si desean irse de la capital para siempre, constata que se trata de un hecho “tal vez, demasiado importante”.

Se van de Lima porque no tienen trabajo, pasan hambre, y porque el individualismo de la gran ciudad golpea sus corazones. “A los viajeros de regreso les queda la reciprocidad del ayni -un día de trabajo por un día de trabajo, una carga de leña por una carga de leña- y la minga -un día de trabajo por una comida, con música, bebida y baile- entre familiares de un mismo ayllu o comunidad, como el último recurso en las tierras altas, allí donde los retornantes sin virus esperan llegar y ser bien recibidos”.

Tal vez estamos ante el comienzo de un ciclo inverso, la migración de la ciudad al campo, como nos proponen estos días los rebeldes de Rojava, “volver a la tierra” para “repoblar aldeas rurales”, como reza el comunicado del Comité de Solidaridad con Kurdistán de Ciudad de México. Siento que lo que están haciendo unos cuantos andinos, es todo un programa para enfrentar el colapso del sistema.

Desde la región andina vamos hasta Montevideo (Uruguay). Allí se produjo lo que un jerarca del gobierno municipal definió como “la ocupación urbana más grande de los últimos cincuenta años”. Se trata de unas mil familias que ocupan un enorme predio de una empresa de servicios portuarios, abandonado desde hacia 50 años, cuyos dueños tienen una elevada deuda con el Estado..

La ocupación comenzó en enero con apenas 28 familias, en Santa Catalina, la periferia pobre del oeste de Montevideo. La necesidad provocó un estallido de familias que decidieron correr el riesgo de tomar un terreno privado, para superar el hacinamiento en el que viven. El jueves 16 de abril el Ministerio del Interior  desplegó un fuerte operativo con decenas de policías, helicópteros y drones, deteniendo a cinco vecinos. Dos de ellas fueron procesadas con prisión domiciliaria.

El lunes 20, desafiando la cuarentena, entre 50 y cien ocupantes se manifestaron frente a la casa de gobierno. Resistieron el desalojo, tomaron la iniciativa y desafiaron la cuarentena. Se trata de trabajadores empobrecidos, desocupados, empleadas domésticas, changarines, pescadores y hasta algunos policías, que no pueden siquiera pagar un modesto alquiler en una zona que fue cuna del movimiento obrero.

El abogado Pablo Ghirardo, que representa sindicatos y trabajó durante varios meses con los ocupantes del barrio que bautizaron “Nuevo Comienzo”, asegura que lo hicieron “por el hacinamiento, ya que viven hasta siete personas en un mono-ambiente que se llueve, además de la fuerte especulación inmobiliaria que hace impagables los alquileres”. En la concentraciónportaban pancartas donde se leía: “Tierra para quienes la habitan” y “No nos condenen por ser pobres” (https://bit.ly/2S0LFVK).

En el barrio funciona un merendero con donaciones de varios sindicatos y de vecinos solidarios. Trazaron las futuras calles y dejaron lugares libres para espacios colectivos y el salón comunal. Están tan bien organizados que la policía no pudo desalojados. La estaca que un día de enero colocó una vecina para marcar su espacio en un terreno baldío, se multiplicó hasta convertirse en barrio.

Jorge Zabalza califica la masiva ocupación como “una explosión social como la que iniciaron aquellos estudiantes que saltaron los controles en el metro de Santiago de Chile”. Cientos de miles son expulsados por el modelo extractivo a los márgenes de la ciudad. Para Zabalza, “la iniciativa individual que se volvió alud colectivo permite adivinar la existencia de un imaginario que anticipa futuras rebeldías populares” (https://bit.ly/2KwB4Ou).

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La erradicación forzosa de plantaciones de coca en Colombia, una chispa en medio de la pandemia

El Gobierno de Iván Duque intensifica el combate contra los cultivos ilícitos en la cuarentena, mientras productores cocaleros salen de sus casas a impedirlo y se enfrentan a la Policía. Ya hay dos muertos

Mientras las grandes ciudades en Colombia están volcadas a la crisis del coronavirus, en el campo colombiano se libra otra batalla que ya ha dejado dos cultivadores de hoja de coca muertos y un policía herido. De acuerdo con varias asociaciones de productores, durante la cuarentena el Gobierno de Iván Duque ha intensificado la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y los campesinos han salido de sus casas, donde cumplen el aislamiento obligatorio, para evitar que les arranquen las hojas.

El miércoles fue el indígena Ángel Artemio Nastacuas quien murió en Tumaco, sur del país, después de enfrentamientos con la Fuerza Pública que acompaña a las brigadas encargadas de la erradicación; pero la resistencia se ha presentado en varias regiones. En el otro extremo, en la frontera con Venezuela, el 26 de marzo la víctima mortal fue Alejandro Carvajal, un caso por el que se investiga a un soldado que le disparó con su arma de dotación.

La Coalición de Acciones para el Cambio, que reúne a 11 organizaciones civiles del país ha detectado que durante el aislamiento obligatorio por la covid-19, el Ejército ha realizado operativos de erradicación forzada en siete departamentos. La organización solicitó al Ministerio de Defensa que se suspendan para “garantizar el derecho a la salud y a la seguridad alimentaria de las comunidades campesinas”. El Ministerio les respondió que no interrumpirán las operaciones militares.

Colombia tiene 169.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, a cierre de 2018, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci). Dada la magnitud del fenómeno, el acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas FARC contempló un programa de sustitución voluntaria de la coca en algunos de los territorios con más sembrados. Cerca de 100.000 familias campesinas se acogieron a él y arrancaron sus propias matas a la espera de lo prometido por el Estado. Sin embargo, la transición entre la Administración de Juan Manuel Santos y la de Iván Duque supuso un viraje de la política antidroga. El actual Gobierno privilegió la erradicación forzosa en lugar de la sustitución voluntaria, y apostó por el prohibicionismo y el retorno de la aspersión aérea.

Desde la frontera con Venezuela, Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Acamcat), cuenta que muchos de los que hoy “se van detrás del Ejército a impedir la erradicación” son campesinos que creyeron en el Gobierno, firmaron los acuerdos colectivos de sustitución de cultivos en 2018 y, tras sentirse abandonados y sin sustento económico, volvieron a sembrar cultivos ilícitos. “En Sardinata, Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela, son cerca de 1.500 familias productoras de hoja de coca que se habían comprometido a sustituir. Ni el Gobierno de Santos ni el de Duque han hecho la tarea completa ni han cumplido con la segunda parte del proceso”, afirma. Precisamente estos productores llevaban varios días de protesta en las carreteras cuando el Ejecutivo decretó la cuarentena por el coronavirus. Por temor al virus decidieron detener las manifestaciones y aislarse en sus casas.

La preocupación por un posible contagio de coronavirus es otra de las razones que argumentan los pobladores para pedir que se detengan las erradicaciones forzosas. Temen que los erradicadores, civiles contratados por el Gobierno, les lleven el virus desde las ciudades. Y a su manera, intentan protegerse de la covid-19. En El Capricho, un pequeño poblado del selvático departamento del Guaviare, los campesinos instalaron un puesto de control donde desinfectan a los vehículos que abastecen de comida y la ponen en cuarentena durante 12 horas en una casa. En esa zona, como explica Olmes Rodríguez, líder de Asocapricho, antes raspachín de hoja de coca y ahora defensor de bosques, unas 6.000 familias cambiaron sus cultivos de forma voluntaria pero luego no les cumplieron con el dinero para el recambio a otros productos.

La realidad es similar en los departamentos de Córdoba, Chocó, Cauca y Caquetá, pero en otras zonas como Putumayo y Nariño, en frontera con Ecuador, la violencia de los grupos armados suma dramatismo a la ecuación. Durante los primeros días de la cuarentena fue asesinado en Putumayo, Marco Rivadeneira, uno de los líderes más visibles de la sustitución de cultivos ilícitos. Los armados les cobran a los líderes haber intentado abandonar la hoja de coca. Y en Nariño, los choques entre los cocaleros y el Ejército cada vez son más fuertes. “Nunca la erradicación forzada va a ser la salida para enfrentar este flagelo, la violencia siempre va a generar más violencia. Hoy tenemos que enfrentar el riesgo de una pandemia como la covid-19, las amenazas por la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales y las agresiones desmedidas contra los indígenas”, expresó a través de un comunicado la Unidad Indígena del Pueblo Awá y exigió investigaciones tras la muerte de su compañero en el cultivo de hoja de coca.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 23 abr 2020 - 12:42 COT

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Bolsonaro sigue quemando etapas para provocar el autogolpe en Brasil

El presidente brasileño cesa al máximo jefe de la policía en un intento de tener el control del cuerpo. Con este gesto genera una crisis probablemente irreversible con Sérgio Moro, el popular ministro de Justicia y uno de sus pilares de gobierno. La actitud de Bolsonaro  afirma la línea que avanza un autogolpe militar provocado por el círculo de confianza del presidente.

Hace apenas una semana el presidente brasileño defenestró a su ministro de Salud, Luíz Henrique Mandetta, político que había cobrado prestigio social desde que adoptara las normativas prescritas por la Organización Mundia de la Salud en el combate al coronavirus. El sanitarista mantenía notorias discrepancias con el ex capitán al frente del gobierno, que en el tema coronavirus es un consumado negacionista.

Su destitución fue una decisión en solitario del gobernante que ─según los medios brasileños─ no habría contado con el apoyo del círculo de militares que acompañan su gestión y ni siquiera con el de sus colaboradores cercanos, entre ellos los ministros de Economía y de Justicia, Paulo Guedes y Sérgio Moro, que ha dimitido pasadas las 16h de la tarde hora española. Todos se manifestaron a favor de las directrices de Mandetta ante la pandemia, eso sí, teniendo la precaución de no desmentir en público las tesis radicalmente contrarias de Bolsonaro. Hay que tener en cuenta que Guedes y Moro constituyen dos soportes de sustentación del gobierno del ex militar.

Hoy, 24 de abril, Bolsonaro ha decidido dar otro golpe en la mesa relevando al jefe de la Policía Federal, Mauricio Valeixo. Lo hace tal vez reforzado por la manifestación de sus leales frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia, el pasado domingo 19. Se convocaron en su apoyo y en explícita demanda de una asonada militar, una de las líneas en desarrollo en el complejo escenario político brasileño.

Las consignas coreadas no dejaron lugar a dudas: exigían la supresión de las instituciones del Estado ─explícitamente del Supremo Tribunal Federal (STF) y del congreso nacional─ y la instauración de una dictadura, a cuyo frente solicitaban al propio Bolsonaro, en el formato de la inaugurada en el país en 1964. Entre otras consignas, cabe destacar una en favor del Acta Institucional 5 (AI-5), que ─en aquella época─ dio poderes extraordinarios al presidente, suspendió las garantías individuales y, solapándose a la Constitución, suprimió, de hecho, su vigencia.

El mandatario salió al encuentro de sus seguidores y, desde la caja de una camioneta policial respondió en su tono habitual, con un breve discurso cuya síntesis extractamos: “Estoy aquí porque creo en vosotros y en Brasil. Nosotros no queremos negociar nada, queremos una acción en favor del país y un nuevo Brasil. Hay que ser patriota y poner a Brasil en el lugar que se merece. Se acabó el tiempo de la indignidad, ahora es el pueblo quien está en el poder”.

El episodio desencadenó una reacción unánime en contra del Supremo Tribunal Federal, de las asociaciones de abogados y jueces, los políticos brasileños y las entidades defensoras de las libertades y los derechos humanos. Como muestra, el tweet de Gilmar Mendes, uno de los jueces del STF: “La crisis del coronavirus solo será superada con responsabilidad política, con la unión de todos y la solidaridad. Invocar el AI-5 y el retorno de la dictadura es romper el compromiso con la Constitución y con el orden democrático. Dictadura Nunca Más”.

UNA HISTORIA EN CAPÍTULOS

En este marco se produce el relevo del jefe de la policía federal. Pero sucede que este alto mando es hombre de extrema confianza de Sérgio Moro, quien lo nombró en el cargo. Hay que recordar que el ex juez federal y actual titular de Justicia fue el articulador de la Operación Lava Jato, iniciativa judicial rodeada de un aura de cruzada moralizante. La gesta ha acarreado al ahora ministro Sérgio Moro un amplio apoyo y prestigio social, superior al que detenta el presidente.

La historia que acaba con la destitución del jefe policial tiene recorrido. Se inicia en agosto de 2019, cuando Bolsonaro anuncia que “por problemas de productividad” cambiaría a Ricardo Saadi, Jefe de la Policía Federal en Río de Janeiro (ámbito de actuación por excelencia de la mafia bolsonarista) y a renglón seguido intentó colocar en su lugar a Alexandre Silva Saraiva, jefe de la PF en Amazonas. Pero este movimiento suscitó la reacción negativa de la corporación policial y del ministro de Justicia Sérgio Moro, quienes estaban a favor de la designación de Henrique Oliveira Sousa, procedente de la PF de Pernambuco.

La disputa con Bolsonaro duró cerca de tres meses y hasta provocó uno de los proverbiales exabruptos del ex militar, “Si Moro quiere ese cambio va a tener que hablar conmigo. Quien manda aquí soy yo y lo quiero dejar bien claro”. Sin embargo, finalmente el presidente dio marcha atrás y quien tomó posesión fue el candidato de Moro y del cuerpo policial.

Bolsonaro y su clan ─integrado por sus hijos y un grupo cerrado son conscientes de su vulnerabilidad. Su implicación en el asesinato de Marielle Franco y su chófer Ánderson Gomes es algo sobre lo que pocos dudan, así como que son los articuladores y legitimadores políticos de Las Milicias, una vasta red delictiva, parapolicial y paramilitar que opera en el Estado de Río de Janeiro. También es casi de dominio público la vinculación de los Bolsonaro con la llamada Oficina del Crimen, cuyo responsable más visible –el ex capitán Adriano Magalhães da Nôbrega- fuera asesinado hace poco tiempo en una truculenta operación policial, en evidente clave de “quema de archivo”.

EN PELIGRO LA CARRERA DEL PRESIDENTE Y DE SU PROPIO ENTORNO

Según diversos analistas brasileños, si alguien de la cúpula institucional –judicial y/o policial- pusiera alguna voluntad de esclarecimiento podría demostrar sin mayores dificultades la responsabilidad directa de Bolsonaro y los suyos en este extenso magma criminal y delictivo. Equivale a decir que el juez Moro y el Jefe de la Policía Federal que acaba de ser destituido, tienen al presidente y a su clan en un puño y eso es intolerable para Bolsonaro.

Para colmo, en los últimos días un elemento emergente agravó este cuadro de amenaza sobre el ex militar y su círculo áulico: la policía federal investigó una fuente de fake news a cuyo frente estarían los hijos del presidente, destinada a atacar a los adversarios políticos del bolsonarismo. Y las pesquisas habrían llegado a pruebas concluyentes de que este “gabinete del odio” estaría promovido directamente desde la casa de gobierno, en Brasília.

Esta habría sido la gota que rebalsó el vaso y llevó a Bolsonaro a fulminar al máximo jefe policial, parece evidente que sintió que estaba en juego la supervivencia de su clan y de él mismo. El ex capitán, que pocos días atrás no vaciló en quitarse de encima al “estorbo Mandetta” para seguir sin impedimentos con su política negacionista del coronavirus ─por imperativos quizá aún más acuciantes─ ahora se mueve para reemplazar al jefe policial por un mando de su confianza, cuyo nombre aún no es público.

A esta situación, se suma un agravante que amplifica el sino de Espada de Damocles sobre la cabeza del presidente: las conocidas pretensiones de Sérgio Moro de presentarse a las elecciones de 2022, en las que disputaría a Bolsonaro la presidencia del país. Fácil es deducir que poco costaría a Moro destrabar las investigaciones policiales sobre los delitos de la cofradía y así ─por la vía judicial─ quitar de en medio al desequilibrado mandatario. Después de todo, el ex juez ya probó con Lula su habilidad para sacar de la carrera a un candidato que podría haber disputado la presidencia a Bolsonaro, con buenas posibilidades de éxito.

EN LAS ÚLTIMAS HORAS CIRCULAN RUMORES ENCONTRADOS

La situación aún es confusa. Las versiones más consolidadas afirman que Moro ha presentado al presidente su renuncia irrevocable. Esto constituye un problema para Bolsonaro y la cúpula militar que le circunda. Que renuncie el ministro de mayor prestigio da mala imagen y debilita al gobierno, por ello tanto Bolsonaro como los generales Walter Souza Braga Netto y Luiz Eduardo Ramos ─muy próximos al ejecutivo─- estarían intentando hacer desistir de su decisión al ministro Moro. Y aquí los medios brasileños se dividen: algunos sostienen que el ministro estaría decidido a dimitir y otros, que el ministro aceptaría quedarse a condición de nombrar al sustituto del alto jefe policial. Afirman que su candidato sería el director de la Depen, Fabiano Bordignon. Por otra parte, Bolsonaro no desistiría de ser él quien imponga al nuevo mando y sería favorable a la designación de Alexandre Ramagen director general de la Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia) o, en su defecto, del secretario de Seguridad Pública de Brasília, Anderson Torres. Y, yendo más lejos, otros medios afirman que Bolsonaro estaría dispuesto incluso a prescindir del ministro Moro y ya tendría el nombre de su sustituto ─sería Jorge Oliveira, de la secretaria general de la presidencia─ en caso de que el ex juez se mostrase irreductible a negociar el nombramiento del próximo jefe de la policía militar.

En las próximas horas se dirimirá el episodio, pero de lo que no cabe duda es que esta jugada implica una conmoción en el interior del gobierno. La biografía de Jair Bolsonaro lo retrata como un hombre de audacia, al límite de la cordura. Jugar con fuego le pone y el paso que acaba de dar podría interpretarse como un nuevo avance en favor del (auto)golpe que sus más fieles le instigan a dar. Para más inri, habría un segundo frente de conflicto en la cúpula gubernamental y sería con el ministro de Hacienda Paulo Guedes, el otro pilar del gobierno Bolsonaro. Algunos de sus proyectos estratégicos estarían siendo congelados en los cajones del escritorio presidencial y se rumorea que el presidente ya no está tan convencido de la eficacia de las recetas hÍper neoliberales del ministro para dar una salida consistente a la mayor recesión en la historia del país.

La analista del periódico O Globo, Miriam Leitão, en su columna de hoy, compara la crisis del gobierno Bolsonaro con la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Sin augurar cualquier desenlace final, afirma que el presidente habría decidido atacar a los dos pilares de sustentación del actual gobierno: los ministros Sérgio Moro y Paulo Guedes.

ACTUALIZADO TRAS LA RUEDA DE PRENSA DE MORO

El ministro de Justicia renunció sí, pero cayó tirando y dejó el camino expedito para un impeachment al presidente Jair Bolsonaro. En la rueda de prensa que acaba de dar en la tarde del 24 de abril ante los periodistas en que anunció su decisión, acusó al presidente de haber cometido crimen de responsabilidad al destituir al director de la Policía federal, para reemplazarlo por alguien en quien confiase, que le pase información confidencial sobre las investigaciones de crímenes protagonizados por su familia. Más claro, agua.

Y, hasta confidenció que Bolsonaro se lo habría dicho sin tapujos: “el presidente me comentó que pretendía nombrar al nuevo cargo, para poder tener informaciones personales. Y eso no es función de la Policía Federal”, denunció. “Tampoco es función del presidente, tener comunicaciones permanentes para obtener informaciones personales. Ese es un valor fundamental que debemos preservar dentro de un estado democrático de derecho”, agregó.

De pasada, hizo un elogio explícito a la gestión en ese ámbito de la depuesta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, reconociéndole haber dado autonomía e independencia a la Policía Federal durante el período de la Operación Lava Jato, que comandara el propio Moro. Como para no dejar dudas respecto a la intención de sus declaraciones, acrecentó: “Tenemos que garantizar la autonomía de la Policía Federal contra las interferencias políticas”. A renglón seguido, se refirió directamente a Bolsonaro: “Me había garantizado autonomía”. Y aseguró que él no se habría opuesto a la sustitución del director de la Policía Federal, si hubiera habido causas consistentes para ello, “pero no puedo concordar con esto, voy a empaquetar mis cosas y a presentar mi carta de renuncia”, concluyó, recibiendo un fuerte aplauso de los periodistas presentes.

Por ALBERTO AZCÁRATE

24 ABR 2020 14:34

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Jeanine Áñez sujeta los Evangelios tras proclamarse presidenta interina, el pasado noviembre

Las fuerzas de seguridad arrestan a la alcaldesa vejada por una turba de violentos en noviembre y otros ediles del MAS

Mientras se cumple la cuarentena por el coronavirus en Bolivia, se han producido varios incidentes en los que han estado involucrados la Policía y el principal partido de oposición, el Movimiento al Socialismo (MAS), del expresidente Evo Morales. El último de ellos fue la detención de Patricia Arce, alcaldesa de la pequeña ciudad de Vinto, candidata a senadora y una de las figuras más simbólica de este partido izquierdista. Arce se volvió conocida en noviembre del año pasado, cuando fue golpeada y humillada por un grupo de manifestantes violentos opositores a Morales. Su caso constituye una pieza importante en la investigación internacional sobre las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron antes, durante y después de la caída del poder del exmandatario boliviano.

Ahora Arce ha sido acusada por la Policía de reunir a un grupo de personas en su casa y de beber alcohol en ella, lo que rompe las reglas de la cuarentena. Según la alcaldesa, los agentes allanaron sin orden judicial ni medidas de bioseguridad su domicilio, en el que solo estaban ella, sus hijos y su chófer celebrando el cumpleaños de uno de los miembros de la familia, sin romper el aislamiento que impone la cuarentena. Arce también aseguró que el control de alcoholemia que le hicieron arrojó un resultado normal, aunque esto último no ha sido confirmado oficialmente. “Es el peor abuso que he sufrido en mi vida; mi hijo menor ha sido llevado a un reformatorio y mis otros hijos están presos conmigo como delincuentes, cuando ellos no son responsables de nada”, declaró en un vídeo. La Policía comunicó que la alcaldesa será procesada por “daños a la salud”, delito sancionado con entre tres y diez años de prisión. Esta grave acusación ya se ha realizado y probado en otros casos, durante el mes de cuarentena. Si Arce fuera declarada culpable, quedaría inhabilitada como candidata al Senado en las próximas elecciones.

Evo Morales publicó en un tuit que el delito de su compañera de partido fue “ser solidaria con familias pobres” y afirmó que denunciaría lo sucedido a los organismos internacionales de derechos humanos. Relacionó así la detención de la alcaldesa, que en las últimas semanas se había dedicado a repartir comida a los hogares pobres de su municipio, con otro apresamiento, realizado cuatro días antes, de funcionarios de la alcaldía de Villa Tunari, también dirigida por el MAS, que habían viajado por carretera en un camión, según dijeron, a llevar alimentos a otros municipios.

Villa Tunari se encuentra en el Chapare, una zona controlada por los sindicatos de campesinos cocaleros que constituyeron el núcleo fundador del MAS. Según el dirigente de estos sindicatos e importante líder del partido, Andrónico Rodríguez, su propósito de trasladar productos agropecuarios del Chapare a la ciudad de Cochabamba y otros sitios ha sido obstaculizado por el Gobierno por razones políticas. “La solidaridad se criminalizó, llegamos al extremo de que la cuarentena se judicializó, tal parece que la justicia tiene un fin político", declaró Rodríguez a la prensa.

En el Chapare no se habían estado repartiendo las ayudas en efectivo que aprobó el Gobierno interino de Jeanine Áñez para posibilitar que las familias más vulnerables sigan en cuarentena. Esto se debía a que los bancos no funcionaban en esta región. Así lo había decidido el gabinete después de que los policías asignados a proteger uno de estos centros financieros en el pueblo de Shinaota fueran expulsados por un grupo de ciudadanos. Aunque finalmente se llegó a un acuerdo y la Policía volverá a Shinahota, esta institución no puede operar con tranquilidad en el Chapare desde el derrocamiento de Morales, en el que participó activamente. Esto provocó la animadversión contra ella de una importante parte de la población de esta zona del país. El MAS ha negado haber organizado la protesta y Morales ha denunciado que la suspensión de la ayuda financiera a los habitantes del Chapare fueron una sanción política contra sus adherentes.

En las últimas horas fue detenido, además, un activista digital del MAS, acusado de sedición por llamar, en las redes, al “levantamiento popular“ contra la “dictadura de Áñez”. Para este partido, se trata de una acción directamente orientada contra la libertad de expresión.

La Paz - 23 abr 2020 - 20:26 COT

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