La Casa Blanca trató de encubrir la llamada de Trump con Zelensky

 En reunión con personal de EU ante la ONU, dice que le gustaría saber quién informó de la plática con el presidente de Ucrania y lanza: ¿saben qué se hacía con los espías en los viejos tiempos?

 

Nueva York. La Casa Blanca intentó encubrir una llamada de Donald Trump con su homólogo de Ucrania en la cual solicita su interferencia en la contienda presidencial estadunidense, según el informe de un denunciante confidencial que detonó la anunciada indagatoria legislativa para formular cargos para la destitución (impeachment) del presidente.

El informe entregado al Congreso el miércoles y desclasificado la mañana de ayer afirma que funcionarios y abogados de la Casa Blanca intentaron ocultar todo archivo sobre la llamada ocurrida a finales de julio entre Trump y Volodymir Zelensky, presidente de Ucrania.

El denunciante confidencial anónimo informó al inspector general de inteligencia nacional a través de una queja formal por escrito, procediendo bajo las reglas para divulgar por canales oficiales quejas de abuso de poder o actos ilegales, que "el presidente de Estados Unidos está empleando el poder de su puesto para solicitar la interferencia por un país extranjero en la elección de Estados Unidos de 2020". Así empieza el informe.

Agrega que "esta interferencia incluye, entre otras cosas, presionar a un país extranjero para investigar a uno de los mayores rivales políticos domésticos del presidente", al resumir lo que más de seis funcionarios dentro de la Casa Blanca compartieron con él.

En su informe de siete cuartillas fechado el 12 de agosto, el denunciante escribió que Rudolph Giuliani –asesor personal de Trump, pero sin puesto oficial– es "figura central" en este esfuerzo y que hay indicaciones que la mano del procurador general, William Barr, también. Detalló partes de la llamada y el denunciante acusó que Trump "buscó presionar al líder ucranio a emprender acciones para ayudar el esfuerzo de relección del presidente para 2020".

Además, el denunciante comenta que el contenido de esta llamada fue deliberadamente ocultada por funcionarios de la Casa Blanca, colocando la transcripción en un sistema secreto "con el propósito de proteger la información políticamente sensible, en lugar de sensible para seguridad nacional". Más aún, reporta que se enteró de conversaciones entre abogados de la Casa Blanca sobre la llamada porque era probable que "habían sido testigos del abuso de poder del presidente para su ventaja personal".

El denunciante confidencial fue identificado ayer como un oficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) asignado a la Casa Blanca (ya está de regreso a la agencia), un analista de inteligencia capacitado en asuntos europeos y con conocimiento del mundo político ucranio, reportó el New York Times. Pero por ahora, no se sabe más.

El director interino de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire, compareció este jueves ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, donde señaló que todo este asunto "no tiene precedente", pero defendió la manera en que su gente ha manejado el asunto hasta ahora. También consideró que el denunciante "actuó de buena fe".

Los denunciantes anónimos son conocidos como whistleblowers (literalmente, los que soplan un pitazo), y al informar a sus superiores bajo normas establecidas, supuestamente serán protegidos de represalias. El sistema no funciona si los jefes no actúan como deben, lo cual ha sido la razón por la cual tantos oficiales deciden ser filtradores de información a medios externos.

En la ahora famosa llamada del 25 de julio, según un resumen de la transcripción, Trump solicita a Zelensky que le haga un favor e investigue alegatos de que Joseph Biden, quien fue vicepresidente de Barack Obama y ahora es precandidato presidencial democrata, frenó una indagatoria en Ucrania contra su hijo, Hunter, quien era integrante de la junta directiva de una empresa de gas en ese país, entre otras cosas.

El contraataque

Trump continuó rechazando esta acusación afirmando que el anuncio del comienzo del proceso de impeachment "es una desgracia para nuestro país" y repitió que es otra "cacería de brujas".

Pero en lo que se pensaba que era una reunión privada en la Misión de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas ayer por la mañana, Trump asombró al personal reunido ahí en lo que era una ceremonia de agradecimiento a los empleados (algunos reunidos ahí con sus familias), al declarar que deseaba saber quién fue la persona que informó al denunciante sobre la llamada telefónica, ya que eso es "cercano a ser espía". Agregó de manera ominosa: "saben lo que hacíamos en los viejos tiempos, cuando éramos inteligentes con espías y traición, ¿verdad?"

A la vez, continuó atacando a Biden –en la reunión en la Misión, lo llamó "tonto como una piedra"– y los demócratas por ser los verdaderos corruptos y los que buscan usar algo tan poco sustancial para intentar descarrilar su relección.

Eso, como siempre, fue acompañado de ataques contra los periodistas por "corruptos", "animales" y "algunos de los perores seres humanos que uno jamás conocerá", e insistió en que todo es “fake news”.

También se proclamó el "hombre más inocente en el mundo".

Mientras, Giuliani estalló sobre lo que escribió el denunciante, comentando al Atlantic que “es imposible que el denunciante sea un héroe y yo no. Yo seré el héroe… cuando esto acabe, yo seré el héroe”.

La palabra más peligrosa en todo esto es "encubrimiento". Esto fue un "encubrimiento", declaró ayer la presidenta de la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, y no fue accidente que ella y sus colegas, entre ellos varios de los candidatos presidenciales, hayan repetido esa palabra una y otra vez. En los escándalos políticos de Washington, muchos –incluidos presidentes– han caído del poder no por el crimen que cometieron en sí, sino por los intentos de encubrirlo. Así fue en el célebre caso Watergate, como en el impeachment de Bill Clinton, y en casos contra secretarios y directores, y no pocos legisladores.

Este proceso de impeachment apenas comienza.


El proceso de impeachment que comenzó el martes en EU, paso a paso

Lo que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y su mayoritaria bancada demócrata empezaron el martes pasado, el impeachment, es uno de dos procesos constitucionales para remover a un presidente de su puesto.

La Constitución afirma que el Poder Legislativo destituye a presidentes, si tienen los votos, por "traición, soborno u otros altos y menores delitos", los cuales incluyen varios tipos de abuso de poder y que son considerados más bien delitos políticos.

Donald Trump es el cuarto presidente en la historia contra el cual se impulsó este proceso de destitución. Sólo dos, Andrew Johnson, en 1868, y Bill Clinton, en 1998, han sido lo que se llama impeached, o sea, acusados de cargos que ameritan la destitución. Sin embargo, ambos fueron absueltos y llegaron hasta el final de sus periodos. El tercero, Richard Nixon, renunció en 1974 antes de esperar la conclusión del proceso.

La primera fase de este proceso se inicia en la cámara baja, donde en este caso –aunque las reglas no son fijas y no siempre arrancan así– el Comité Judicial, con el apoyo de otros comités, realiza una pesquisa sobre si el mandatario cometió violaciones que ameritan el impeachment.

En este caso, la presidenta de la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, indicó que los seis comités que han estado investigando a Trump y a su gobierno, colaborarán ahora al enviar los elementos y casos al Comité Judicial que se encargará de formular los llamados “artículos de impeachment”, o sea los cargos formales (también podrían ser planteados por algún comité especial para el asunto). Estos primeros serán aprobados por mayoría a nivel del comité, y después presentados ante el pleno.

Si el pleno de la Cámara de Representantes aprueba sólo uno o más de los cargos, se considera que el presidente ha sido impeached, pero no destituido. O sea, es lo equivalente a ser acusado formalmente con cargos.

Vale señalar que la cámara baja es controlada por demócratas, y que por lo menos 218 diputados de esa bancada han expresado estar a favor de impulsar el proceso. Ese es el número mínimo requerido para aprobar los artículos de impeachment cuando sean presentados.

Si los cargos son aprobados, los artículos de impeachment son enviados al Senado que, según este proceso, se transforma en un tribunal para lo que es, en esencia, un juicio político que es presidido por el jefe de la Suprema Corte y un grupo de diputados participan como fiscales. El presidente tiene derecho a sus abogados. La cámara alta es el jurado, pero la reglas del procedimiento son formuladas y adoptadas por el Senado en ese momento (no hay reglas ya existentes). Al concluir el juicio, el Senado debe votar para condenar al presidente. Se requieren por lo menos dos tercios de los senadores presentes para condenarlo. Si lo logran, el presidente sería destituido y el vicepresidente tomaría su puesto.

Pero, por ahora, el Senado está bajo control republicano, y pocos apuestan por que se logrará realizar el juicio, y si es que procede, todo indica que el presidente sería absuelto. Sin embargo, no se puede pronosticar qué ocurriría si hay más revelaciones o si presidente comete errores graves al manejar esta crisis.

O sea, a fin de cuentas no es un proceso judicial, sino un proceso más bien político.

Por David Brooks

Corresponsal

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La presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU activa un proceso de impeachment contra Trump

Nancy Pelosi ha anunciado que los demócratas pondrán en marcha el proceso de juicio político contra Trump por "una ruptura con sus deberes constitucionales"

Un denunciante anónimo afirma que Trump vinculó en una llamada al presidente ucraniano unas ayudas a cambio de investigar por corrupción al hijo de Joe Biden

Trump ha ordenado que se divulgue una "transcripción completa" y "desclasificada" de su llamada con Vladímir Zelenski y ha cargado contra los demócratas

 

La presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, ha activado este martes el proceso de impeachment contra Donald Trump. El anuncio se ha producido tras la revelación de que el presidente habría bloqueado fondos de asistencia a Ucrania como coacción a Kiev para que se investigase por corrupción al exvicepresidente Joe Biden y su familia.

"Anuncio que la Cámara de Representantes inicia de manera oficial el proceso de juicio político", ha asegurado Pelosi en una declaración pública tras más de tres horas reunida con los miembros demócratas de la Cámara de Representantes.

Los demócratas han abierto el procedimiento para iniciar el impeachment contra Trump después de que un whistleblower haya denunciado que el presidente de EEUU condicionó en una llamada al nuevo presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, la reactivación de un paquete de ayudas por valor de casi 400 millones de dólares al país a cambio de que iniciase una investigación por corrupción contra el hijo de Biden.

Trump ha negado las acusaciones y este martes ha anunciado vía Twitter que había ordenado la divulgación de una "transcripción completa" y "desclasificada" de su llamada con Zelenski. Una propuesta que no ha convencido a los demócratas y que Trump ha tachado de "caza de brujas" minutos después del anuncio de Pelosi. "Ni siquiera han visto la transcripción de la llamada. ¡Es una caza de brujas". "¡Acoso presidencial!". 

"Un día tan importante en las Naciones Unidas, tanto trabajo y tanto éxito, y los demócratas tenían que arruinarlo a propósito y despreciarlo con más basura de la caza de brujas en una noticia de última hora. ¡Muy malo para nuestro país!", ha tuiteado desde Nueva York.

Sobre las 20.00 hora peninsular, Pelosi ha convocado de urgencia a los congresistas demócratas para discutir las posibilidades reales de iniciar el procedimiento de impeachment. Los demócratas ha estado trabajando en dos escenarios: activar directamente el procedimiento para un juicio político o poner en marcha una comisión de investigación cuyas conclusiones permitan activar el proceso. Finalmente han optado por la vía del impeachment.

¿Cómo funciona el impeachment?

Cualquier miembro de la Cámara de Representantes puede plantear un proceso de impeachment si considera que el presidente es culpable de "traición, soborno u otros crímenes o delitos graves". Tras evaluar la acusación, la Cámara de Representantes tendrá que votar. Si una mayoría simple (51%) aprueba el impeachment, comienza el juicio político.

El proceso pasa en este momento al Senado, donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia lo preside. Por su parte, miembros de la Cámara de Representantes actúan como fiscales y miembros del Senado como jurado. En este caso, el presidente puede nombrar abogados que le defiendan. El juicio político se desarrolla en el Senado y, a su finalización, se procede a una votación. Esta vez se necesitarán al menos dos tercios de los votos. Si al menos el 67% de los senadores encuentra al presidente culpable, se le destituye de su cargo y el vicepresidente asume su puesto durante el resto del mandato.


Las siete claves para entender el impeachment contra Trump

Estas son las claves y lo que sabemos hasta el momento del posible proceso de destitución contra el presidente estadounidense

Carlos Hernández-Echevarría

25/09/2019 - 07:37h

"Hay que exigir responsabilidades al presidente. Nadie está por encima de la ley". Con estas palabras, la líder demócrata en el Congreso de EEUU, Nancy Pelosi, ha anunciado que inicia formalmente la investigación para un posible proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump. Estas son las claves y lo que sabemos hasta el momento.

¿Por qué le hacen ahora un impeachment a Trump?

Los demócratas creen que Trump "ha traicionado la seguridad nacional y la integridad de las elecciones". La acusación llega después de que el presidente haya reconocido que, en al menos una llamada telefónica, presionó al nuevo presidente de Ucrania para que investigara los negocios en el país del hijo de su principal rival político, Joe Biden, vicepresidente de Obama y hoy por hoy el favorito entre los demócratas para presentarse contra él en 2020. En otras palabras: le acusan de conspirar con una nación extranjera para influir en el resultado electoral en EEUU. Pero hay más.

Después de negarlo repetidamente, Trump también ha reconocido este martes que, poco antes de esa conversación con el presidente de Ucrania, ordenó congelar las ayudas a ese país a pesar de que está en mitad de un conflicto con Rusia. Trump dice que no ofreció al presidente ucraniano un intercambio, es decir, que no le dijo que desbloquearía el dinero si atacaban a Biden, pero hay dudas sobre eso. Para empezar, el presidente sigue impidiendo al Congreso acceder a la denuncia del oficial estadounidense de inteligencia que fue la que descubrió todo el asunto y tampoco hace pública la grabación de la llamada. Eso sí, hoy en pleno jaleo se ha comprometido a hacer pública una transcripción completa de la conversación.

¿Cómo es el proceso?

Es un proceso largo y complejo. Primero debe producirse la investigación anunciada por Pelosi, en la que los seis comités de la Cámara de Representantes que han investigado a Trump remitirán al comité judicial los delitos que creen que ha cometido el presidente. Este comité debe decidir entonces si estos son "graves crímenes y faltas", como indica la Constitución, y por tanto si recomienda que se adopten como "artículos de impeachment" contra Trump. Después de eso, el pleno de la Cámara debería votar si acusa o no formalmente al presidente. Los demócratas tienen mayoría en todos esos comités y en el pleno, así que es razonable pensar que lo logren.

Después de todo ese proceso para formalizar la acusación, cambiaríamos de escenario porque el juicio en sí se celebraría en el Senado, presidido por el juez jefe de la Corte Suprema. No hay reglas claras sobre su desarrollo, la propia cámara tendría que establecerlas, pero sí sabemos que para alcanzar un veredicto condenatorio y destituir al presidente haría falta que votaran a favor de su culpabilidad dos tercios de los senadores. Eso parece muy improbable porque los republicanos tienen mayoría en la cámara y Trump tendría que sufrir al menos 20 deserciones de su propio partido. Extremadamente difícil.

¿Algún presidente ha sido destituido mediante impeachment?

Solamente dos presidentes han llegado a ser formalmente acusados por la Cámara de Representantes y juzgados en el Senado y, además, los dos fueron declarados inocentes. Andrew Johnson se libró por muy poco en 1868, cuando se quedó a un voto de ser condenado. El caso más reciente es el de Bill Clinton, procesado por mentir bajo juramento sobre su relación con la becaria Mónica Lewinsky y obstaculizar la investigación, que fue también absuelto por el Senado en 1999.

Aunque a veces se mete en ese saco a Richard Nixon, el presidente 37º nunca fue acusado formalmente. Cuando el comité judicial de la Cámara de Representantes recomendó adoptar artículos de impeachment contra él, los líderes republicanos en el Congreso le anunciaron que acabaría condenado. Nixon decidió entonces dimitir, el primer presidente de la historia de EEUU en hacerlo, antes de que el pleno de la cámara pudiera votar si acusarle o no.

Si destituyen a Trump, ¿quién manda en EEUU?

En el momento en que el presidente fuera condenado por el Senado y apartado del cargo, automáticamente el vicepresidente se convertiría en presidente. Mike Pence recibiría todos los poderes, pero solo hasta que tomara posesión el ganador de las elecciones de noviembre de 2020. En el caso de que Pence no pudiera asumir el caso por cualquier motivo (muerte, incapacidad, dimisión...) se daría la coincidencia de que sería la líder demócrata Nancy Pelosi la que se mudaría a la Casa Blanca, la primera mujer en ostentar el cargo, ya que la presidenta de la Cámara de Representantes es la siguiente en el orden sucesorio.

¿Podría Trump presentarse otra vez tras ser destituido?

Estaríamos en terreno inexplorado, pero parece que no. Nunca se ha destituido al presidente mediante impeachment, pero sí a otros cargos como jueces federales. En esos casos, tras condenarles el Senado y apartarlos del cargo, la cámara ha votado inmediatamente después para prohibirles que puedan ocupar otra vez cualquier responsabilidad en el gobierno. Es lo que se llama "descualificación" y está prevista en la Constitución.

¿Qué pasa con las elecciones del año que viene?

La Constitución dice claramente que el proceso de impeachment no puede continuar después de que el acusado abandone el cargo, así que en el improbable caso de que las cosas se alarguen hasta entonces, el proceso moriría si Trump pierde las elecciones de noviembre de 2020 y su sucesor toma posesión en enero de 2021. Pero, ¿y si gana? Interesante, pero no tengo la respuesta.

Ahora en serio, ¿puede Trump perder el cargo?

Es extremadamente difícil, pero no imposible. Cuando se inició el proceso de impeachment contra Nixon por el Watergate, el presidente acababa de arrasar en su reelección y sólo un 19% de los estadounidenses pensaba que debía dejar el cargo. 14 meses de investigación después, Nixon se vio obligado a dimitir ante el abandono de los senadores de su partido y el 57% de los ciudadanos quería echarlo. Todo puede ser.

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Domingo, 22 Septiembre 2019 05:36

Volvieron los chalecos amarillos 

La policía reprime  en la protesta de los chalecos amarillos en Bordeaux.  Imagen: AFP

La convocatoria coincidió con las movilizaciones de sindicatos que se oponen a la reforma jubilatoria impulsada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y movimientos ambientalistas. El saldo: represión, gases lacrimógenos y 160 detenidos.

Los chalecos amarillos volvieron a salir a las calles en París, en una jornada de protesta en la capital francesa. Ese mismo día también convocaron sindicatos que se oponen a la reforma jubilatoria impulsada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y movimientos ambientalistas. Esto encendió la alarma del gobierno francés que desplegó un mega operativo con 7.500 policías en las calles. Los agentes no dudaron en reprimir las movilizaciones que tuvieron un saldo aproximado de 160 detenidos.

Los chalecos amarillos intentan volver a tomar fuerza en la que fue su 45ª jornada de protestas. Se concentraron en varios puntos de la capital francesa, como en la plaza de la Madeleine, para manifestarse contra las políticas del presidente francés La jornada no había sido autorizada por el gobierno, pero sus integrantes la mantuvieron y acabaron siendo dispersados con gases lacrimógenos en distintos puntos de la ciudad. 

El colectivo indicó en su cuenta en las redes sociales "Le nombre jaune" (El número amarillo), creada para ofrecer sus propias cifras, que la participación se elevó a un mínimo de 91.430 personas. También formaron parte de la jornada los denominados “black blocs”, grupos de personas que visten completamente de negro y apoyaron a los “chalecos amarillos”. En medio de un gran dispositivo de seguridad que blindó la capital francesa, los agentes también reprimieron a los manifestantes que se dirigían hacia la avenida de los Campos Elíseos. El operativo policial comenzó el viernes por la tarde, cuando acordonaron barrios enteros del centro de la capital. Durante toda la jornada policías de uniforme y de civil cachearon a los asistentes.

Las movilizaciones de los chalecos amarillos comenzaron en noviembre del año pasado en oposición a la suba de los impuestos al gasoil. En diciembre alcanzaron su punto más álgido con las protestas contra la represión que sufrieron en movilizaciones anteriores. La presión ejercida por este grupo obligó al presidente Macron a anunciar un paquete de medidas económicas para mejorar las condiciones de vida de la clase media y trabajadora. Sin embargo muchos de sus miembros las consideraron insuficientes y reanudaron la toma de las calles. El movimiento se extendió, aunque en menor medida, a países como Bélgica, Holanda, Alemania y España.

Esta movilización coincidió con otras dos. Por un lado el Frente Obrero llamó a salir a las calles contra la reforma del sistema jubilatorio que promueve el ejecutivo francés. También convocaron a una marcha grupos defensores del medio ambiente, un día después de la histórica “huelga mundial por el clima", que en Francia no resultó muy importante (en torno a 10.000 personas en París). En otras partes de Francia también se organizaron este sábado manifestaciones por la "urgencia climática y social". En Lyon (centro-este), unas 5.000 personas se congregaron por la mañana en el centro de la ciudad, según la prefectura. "Stop al ecocidio", se leía en la pancartas. Ante los enfrentamientos con la policía paricina, las oenegés Grenpeace y Youth For Climate, que convocaron, instaron a los manifestantes a abandonar la marcha.

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Viernes, 20 Septiembre 2019 06:40

El poder de Netanyahu disminuye

El poder de Netanyahu disminuye

Existe una extraordinaria ironía en el destino de Netanyahu y el de Irán. El primero ha sido el capitán del Titanic, como lo llamó hace un par de días un académico israelí. El segundo –que se puede decir es mejor capitán– encabeza un par de buques tanque que salen y entran al Mediterráneo y al Golfo.

Irán también es el objetivo de la retórica del premier y su partido, Likud, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). ¿Recuerdan esas pruebas de caricatura que Netanyahu mostró ante la ONU, que supuestamente demostraba el tiempo que le llevaría a la república islámica fabricar un arma nuclear? Afirmó que a Irán "debían arrancársele los colmillos", con lo que quiso decir que el tirano nuclear islamita debía ser desarmado.

Y aquí estuvimos esta semana, con la bestia iraní, en efecto, disparándole a las plantas petroleras de Arabia Saudita, si bien recalco que los sauditas afirmaron que el ataque fue "incuestionablemente patrocinado" (aquí va un sic muy grande) por Irán. En otras palabras: fueron los hutíes quienes lo hicieron, pero los iraníes quienes están detrás del hecho.

Sin embargo, el hombre que encabezó el gran ataque antiraní en la ONU parece haber hundido su barco, y el hombre que una vez nos dijo en la conferencia de Herzeliya, hace muchos años, que Beirut era "el centro del terror", el entonces jefe del Estado Mayor, Benny Gantz, podría ser ahora quien dirija al Estado de Israel hacia el futuro.

¿Y el ganador? Irán, por supuesto.

Es extraña la frecuencia con que esto sucede. Los británicos pierden un buque petrolero al tiempo que un navío iraní aparece en el puerto sirio de Banias. ¿Y qué dijo Trump? Ni siquiera hizo su habitual alharaca para informar que más sanciones contra Irán serían reveladas "dentro de las próximas 48 horas" –tiempo suficiente para que a sus colaboradores se les ocurriera algo– y añadió que "hay muchas opciones".

Una opción para Trump, ahora que sabe el destino de Netanyahu, sería volverse en contra de los sauditas, cuyos hombres de inteligencia decapitaron al pobre Jamal Khashoggi hace un año. Le hicieron cosas inauditas antes de, seamos francos, tirarlo por un desagüe, a una fuente o a un lavabo del consulado. ¿Qué sabía el príncipe heredero saudita de este abismal y vergonzoso asunto?

Permítanme agregar otra otra pregunta: ¿habrán colocado el rostro de Khashoggi hacia la Meca, si es que lo sepultaron? Quizá Mike Pompeo pudo preguntar a Mohamed bin Salmán, con una amplia sonrisa, cuando se reunió con él miércoles pasado, qué es lo que sabe del espantoso asesinato de un viejo amigo mío.

Eso no fue amable. Los sauditas son nuestros aliados –recordemos que los británicos seguimos patrocinándolos– y ellos nos dicen que los ataques con drones de los hutíes/iraníes fue "poner a prueba la voluntad global". ¿Nuestra respuesta al asesinato de Khashoggi también fue una prueba para la voluntad global?

No que yo quiera apaciguar a Irán con sus ahorcamientos, torturas e injusticias, pero me sorprendió que en estos acalorados días en Medio Oriente nadie –ni Irán, ni Estados Unidos, ni los israelíes– recordaran que esta semana marcó el 37 aniversario de la matanza de Sabra y Chatila: una atrocidad creada por las milicias cristianas israelíes que Tel Aviv tenía en Líbano, y que asesinaron a mil 700 personas, en su mayoría palestinos en campos de refugiados a los que fueron enviados por un ministro derechista de Likud en 1982. Sí, el mismo partido Likud para el cual Netanyahu probablemente ya perdió la elección israelí.

Siempre me sorprenden estos aniversarios y cómo los olvidamos. Cómo ni un solo presidente o primer ministro o rey llegó al desolado cementerio lleno de maleza enredada donde yacen esos hombres, mujeres y niños muertos en el oeste de Beirut. Aún recuerdo sus semblantes, el olor, la vileza de las fosas comunes entre las que caminé.

Hace unos días pasé por ahí en taxi y me sorprendí al darme cuenta de que yo mismo ya los había olvidado.

En 1982 Beirut era conocida como "la capital del terror". En 1983 un pequeño ejército de atacantes suicidas se lanzó contra la embajada estadunidense, los marines y paracaidistas franceses.

¿El ataque contra Arabia Saudita fue ordenado por Irán? ¿Inspirado por Irán? ¿Ese país con el que estadunidenses, europeos y rusos, en su momento, lograron un acuerdo nuclear? El cielo nos guarde de los enemigos que se convierten en nuestros amigos, para luego volverse enemigos de nuevo, y del aliado que decapita a uno de mis colegas.

Hay muchas opciones, nos dice ahora el presidente estadunidense.

En efecto, las hay.

Traducción: Gabriela Fonseca

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De la esperanza a la rabia: Ecuador rechaza por cinco votos despenalizar el aborto en casos de violación

 El proyecto para legalizar el aborto en caso de violación necesitaba este martes 70 votos a favor en el Parlamento, pero solo logró 65

Abortar en Ecuador es ilegal excepto en dos casos: cuando la vida de la madre está en riesgo o cuando una mujer con discapacidad mental ha sido violada

 

Si hubiera que elegir una palabra para describir el sentir de las organizaciones feministas en Ecuador sería, sin duda, indignación. El Parlamento ha rechazado este martes despenalizar el aborto en todos los casos de violación y malformación del feto. Los colectivos lamentan que el Estado continúe así "criminalizando" a las mujeres, sobre todo a las jóvenes y a las que disponen de escasos recursos económicos.

Un total de 65 parlamentarios votaron a favor de la reforma del Código Penal que proponía ampliar los casos en los que se habilita el aborto, mientras que 59 se opusieron y seis se abstuvieron. Tan solo cinco votos más habrían bastado para aprobar la reforma legislativa.

"Es indignante; tanto los asambleístas que votaron en contra como los que se abstuvieron o decidieron no estar en la Asamblea no nos representan. Tuvieron un momento histórico para el avance de los derechos de las mujeres y, sin embargo, no les interesó. Lamentablemente retrocedimos diez años en los derechos de las mujeres", cuenta a eldiario.es la psicóloga Cristina Cachaguay, presidenta de la organización ecuatoriana Mujeres por el Cambio.

El rechazo de esos diputados a la despenalización del aborto en determinados casos responde, según la activista, a "un cálculo político" de cara a las elecciones presidenciales de 2021, ya que si hubieran votado a favor de esa reforma "no serían reelectos en los próximos comicios", afirma.

Tampoco hay que olvidar que Ecuador es un país conservador, con un 80% de población católica, y, al igual que en otras naciones de la región como Brasil, Argentina y Colombia, "también aquí ha habido un fortalecimiento de una ultraderecha a la que no interesan los temas relativos a los derechos", añade Cachaguay.

Abortar en Ecuador es ilegal excepto en dos casos: cuando la vida de la madre está en riesgo o cuando una mujer con discapacidad mental ha sido violada. Se trata de una legislación vigente desde 1938 y establece penas de cárcel de seis meses a dos años para las mujeres que deciden abortar.

Según datos de la organización feminista ecuatoriana Surkuna, un total de 435 mujeres fueron criminalizadas por aborto entre enero de 2013 y enero de 2019 en el país. Este mismo colectivo cifra en 20.632 los abortos registrados a lo largo de 2016 en adolescentes de 15 a 19 años, o dicho de otra manera: 56 adolescentes interrumpen su embarazo cada día poniendo en riesgo su salud, pues en su mayoría se someten a prácticas inseguras. Asimismo, Surkuna sostiene que en 2016 hubo 1.102 abortos en niñas de 10 a 14 años, si bien la ley ecuatoriana considera violación toda relación íntima con menores de 14.

"La decisión que tomó el martes la Asamblea Nacional fue lamentable, una medida que contribuye al retroceso de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas porque continuar con un embarazo producto de una violación es un acto de tortura, un trato cruel y degradante", indica a eldiario.es Mayra Tirira, abogada de este colectivo encargado de defender a mujeres que han sido criminalizadas por abortar en el país latinoamericano.

Desde las organizaciones feministas también recuerdan que la mayor parte de las mujeres que en Ecuador "son ultrajadas y violentadas" provienen de los sectores más populares. "El Estado sigue criminalizando la pobreza. Las mujeres ricas abortan fuera del país, mientras que las pobres lo hacen de forma clandestina y mueren", sostiene Cachaguay.

Aunque el proyecto para legalizar el aborto en caso de violación y malformación del feto haya fracasado esta vez –y otra más en 2013–, los colectivos de mujeres en Ecuador ya han advertido de que "esto recién empieza" y de que continuarán "posicionando el tema en la agenda" con el objetivo de poder decidir sobre sus propios cuerpos.

América Latina es una de las regiones del mundo con leyes más restrictivas en cuanto al aborto. En El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana la interrupción del embarazo está prohibida bajo cualquier circunstancia. El aborto en la región solo está despenalizado en Uruguay, Cuba, Guyana, Puerto Rico y Ciudad de México, lugares donde las mujeres siguen enfrentándose a numerosas dificultades para acceder a estos servicios.

por María García Arenales

19/09/2019 - 21:52h

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El diputado Edgar Zambrano, de Acción Democrática, fue liberado. Imagen: EFE

El chavismo y un sector de la oposición firmaron un pacto de cinco puntos y establecieron la Mesa de Diálogo Nacional. 

 

El gobierno y un sector de la oposición firmaron un acuerdo de cinco puntos y establecieron la Mesa de Diálogo Nacional. El hecho vino a modificar los ritmos y posibles desembocaduras del conflicto, en un escenario donde el principal espacio de diálogo, mediado por Noruega, había quedado congelado. La reacción generalizada ante las cámaras enfocadas en la firma fue de sorpresa: no formaba parte de las piezas previstas en el escenario de juego.

 En las úlitimas horas ocurrió el primer avance en el marco del pacto: fue liberado el diputado y vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, perteneciente al partido Acción Democrática, quien había sido detenido por haber participado en la acción militar del 30 de abril. El parlamentario opositor deberá presentarse cada 30 días ante los tribunales.

La actuación del gobierno fue en unidad. El chavismo, como acostumbra en estos escenarios, no dejó evidenciar ninguna diferencia ante lo que presentó como un logro central en medio de una escalada de varios frentes, en principal el de la frontera colombiana y el diplomático.

El acuerdo fue ratificado y defendido ante cámaras por cuatro formaciones políticas: los partidos MAS, Cambiemos, Soluciones para Venezuela, y Avanzada Progresista. Las fuerzas de la oposición consideradas mayoritarias, como Voluntad Popular, Se sumó también  Javier Bertucchi, ex candidato a la presidencia. Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, rechazaron el acuerdo firmado. 

Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) brindó declaraciones en simultáneo con la firma televisada. Allí dio por terminado el espacio iniciado bajo mediación de Noruega -reunido primero en Oslo, luego en Barbados- culpó al gobierno de la imposibilidad de llegar a un acuerdo y minimizó a los sectores opositores firmantes, descartando que eso pudiera ser una posible solución.

Los cinco puntos del acuerdo, a desarrollarse, fueron: la reincorporación de los diputados del chavismo a la AN, la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), trabajar con el sistema de justicia para abordar la situación de los políticos detenidos para aplicar medidas de libertad en los casos que lo permitan, el rechazo a las sanciones económicas norteamericanas, la defensa de la Guyana Esequiba -territorio en disputa internacional- y la aplicación de un programa de intercambio de petróleo por alimentos.

La instalación de la Mesa de Diálogo Nacional deja así entrever la posibilidad de una salida electoral, marcada centralmente por la renovación del CNE, una petición siempre sobre la mesa por parte de la oposición. Sostiene a su vez el intento por salir del choque de poderes estatales marcado por la situación del legislativo, así como el consenso acerca del rechazo al bloqueo internacional que impide una recuperación y normalización económica.

Los puntos negociados evidencian una diferencia con el planteamiento de sectores opositores ausentes, que han defendido la necesidad de las sanciones norteamericanas para forzar al gobierno a una negociación en posición desfavorable, y se han opuesto a una resolución que no tenga como punto inicial la salida de Nicolás Maduro antes mismo de realizar elecciones presidenciales de las cuales, sostienen, no podría participar.

Esas posiciones no son a su vez homogéneas: fuerzas políticas como Acción Democrática se han mostrado favorables a un posible escenario electoral, pero no forman parte del acuerdo firmado, otros han sostenido toda salida por las urnas es inviable y debe ser por la fuerza -como Antonio Ledezma o María Corina Machado- y partidos como Primero Justicia, han mantenido posiciones oscilantes.

La apuesta del acuerdo firmado parece ser el de, además de lograr los puntos de avance anunciados, traccionar a aquellos sectores que están contra una salida violenta con intervención extranjera, y podrían acordar con una posición intermedia.

La cuestión de la resolución nacional y pacífica del conflicto quedó subrayada durante el acuerdo y en declaraciones posteriores. Se trata de una toma de posición en un escenario marcado por tres hechos recientes que indican el avance de las líneas que buscan la maniobra violenta para quebrar la correlación de fuerzas a su favor.

El primero ha sido la denuncia por parte del gobierno de la amenaza de una acción de falsa bandera preparada desde Colombia para provocar una escalada con aceleramiento de tiempos y choques. El segundo, fue la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que será debatido entre los cancilleres de países firmantes en los días de la Asamblea General de Naciones Unidas. En cuanto al tercero se trató de la nueva confirmación, a través de fotografías y testimonios, de la vinculación de Guaidó con sectores del paramilitarismo colombiano.

Todavía resulta temprano saber cómo se darán los próximos pasos, cómo será la posible reincorporación de los diputados del chavismo a la AN, qué se intentará desde esa instancia declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, o cómo será la renovación del CNE.

En ese marco la respuesta de Estados Unidos fue doble. En primer lugar, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones a dieciséis empresas vinculadas a Venezuela. En segundo lugar, el Departamento de Estado emitió un comunicado donde acusó al gobierno de ser responsable del fracaso de los diálogos, ratificó que no quitará el bloqueo hasta tanto Maduro no deje la presidencia, y subrayó la invocación del TIAR para “facilitar más acciones colectivas”.

Con este nuevo escenario el gobierno ha tomado un paso de iniciativa en acuerdo con sectores opositores que fueron inmediatamente calificados de traidores por las otras fuerzas de la derecha. Queda por ver, entre otras cosas, si logrará traccionar a más partidos, y si la propuesta reunirá un consenso suficiente, nacional e internacional, para abrir las puertas de posibles elecciones que serían, según indican repetidas declaraciones de Maduro, legislativas. 

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Sábado, 14 Septiembre 2019 06:17

Guaidó estuvo reunido con paramilitares

Guaidó estuvo reunido con paramilitares

La pertenencia de los individuos al grupo paramilitar fue aportada por una organización de DD.HH. y confirmada por la prensa y la justicia colombiana.

 

Las fotografías de Juan Guaidó junto a dos dirigentes del grupo paramilitar Los Rastrojos no pudieron ser negadas. Allí está el autoproclamado presidente abrazado y sonriente junto a dos hombres -uno de los cuales porta una pistola en la cintura- con la misma ropa con la cual cruzó de Venezuela a la ciudad de Cúcuta, Colombia, el 22 de febrero para asistir a lo que debía ser el gran concierto seguido del intento de ingreso por la fuerza a territorio venezolana el día 23.

La pertenencia de los individuos al grupo paramilitar fue aportada por una organización de derechos humanos, confirmada por recortes de periódicos, y por los informes de la justicia colombiana.

 “La banda Los Rastrojos es una de las organizaciones más peligrosas de Colombia dedicadas al narcotráfico, sicariato, secuestro, extorsión y reclutamiento de menores. En la frontera se concentran para el contrabando de extracción desde Venezuela hasta el país neogranadino, especialmente contrabando de combustible para el procesamiento de cocaína”, informó el ministro de interior, justicia y paz de Venezuela, Néstor Reverol.

Gustavo Petro, candidato a presidente en las últimas elecciones presidenciales de Colombia, aportó otros datos para caracterizar a Los Rastrojos: “Tienen una casa de pique para descuartizamiento de seres humanos, en Puerto Santander”.

Fue justamente por Puerto Santander que Guaidó ingresó el 22 a territorio colombiano: “los paramilitares le brindaron seguridad y custodia en el traslado, desde La Palmita en Táchira (Venezuela) hasta Puerto Santander, las comunidades fueron sometidas a toque de queda paramilitar para que no fuera visto”, informó Reverol.

El ministro aportó más fotografías de Guaidó junto a miembros de Los Rastrojos, una de las principales organizaciones paramilitares de Colombia contra la cual el gobierno venezolano ya había actuado en dos oportunidades en territorio propio.

La primera vez fue en el 2012 al detener a uno de sus líderes fundadores Diego Pérez Henao -alias Diego Rastrojo- en Barinas en el año 2012, quien fue luego deportado a Colombia. La segunda oportunidad ocurrió el 23 de marzo de este año, al detener en la ciudad de Valencia a Wilfredo De Jesús Torres Gómez -alias Neco- jefe de Los Rastrojos con alerta azul de Interpol por sicariato.

La detención de Neco había sido informada por el ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, quien lo asoció con las estructuras paramilitares y mercenarias introducidas por la derecha venezolana en el país para realizar acciones terroristas en el marco del intento de derrocamiento de Nicolás Maduro. Su detención se logró gracias a, había informado Rodríguez, la información encontrada en el celular de Roberto Marrero, mano de derecha de Guaidó, perteneciente a su partido, Voluntad Popular.

La aparición de las fotografías vino a poner en imágenes lo que muchas veces denunció el gobierno en el país, así como ámbitos internacionales como la Organización de Naciones Unidas: la existencia de una trama oculta ligada al paramilitarismo, grupos mercenarios, con la finalidad de realizar un proceso de guerra no declarada para lograr la salida por la fuerza del gobierno venezolano.

Guaidó respondió: “a mí me piden miles de fotos”, como único argumento para intentar demostrar que no sabía con quiénes se estaba fotografiando ese día.

La aparición de las fotografías también implicó al gobierno de Iván Duque, anfitrión del evento en Cúcuta y de las maniobras que fueron realizadas el 23 para intentar el ingreso por la fuerza a territorio venezolano bajo argumento de querer ingresar ayuda humanitaria. 

Duque, luego de guardar silencio, afirmó: “nosotros facilitamos su ingreso a territorio colombiano...más allá de si hay foto o si no hay foto, de si saludó o no saludó a muchas personas con afecto, porque muchas personas lo saludan con aprecio y con afecto, lo que quiero resaltar es quién es él, él es un titán, un héroe que está luchando por la democracia en su país”.

Las fotos no dejan lugar a dudas: Guaidó se abraza con cuatro dirigentes de Los Rastrojos. No da explicación al respecto. Aún así su discurso, así como el de varios dirigentes de oposición, fue el de continuar acusando al gobierno de Maduro de encubrir a grupos guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares. Esa acusación será llevada por Duque a la Asamblea General de Naciones Unidas.

La noticia se produce en un momento de alta tensión entre el gobierno venezolano y el de Colombia Nicolás Maduro ha declarado la alerta naranja, desplegado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y denunciado de que desde el gobierno de Duque se prepara una acción de falsa bandera para aumentar la escalada que podría abrir a un escenario de guerra declarada. 

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Viernes, 13 Septiembre 2019 06:01

Asfixiar al ahogado

Para conseguir una garrafa de gas muchas veces es necesario recorrer a pie grandes distancias / Foto: Afp, Yuri Cortez

Un vistazo a la economía venezolana de los últimos años indica que, lejos de ser la razón de la crisis actual, las sanciones sirven de excusa al gobierno de Maduro para desviar la atención de sus graves errores. Al mismo tiempo, complican aun más el ya difícil acceso de los venezolanos a medicinas y alimentos.

Venezuela tiene actualmente la crisis más severa en la historia de América y una de las más destructivas en la historia del capitalismo. Las estimaciones más moderadas calculan la caída del Pbi, para el período comprendido entre 2013 y el primer trimestre de 2019, en alrededor de 60 por ciento. Una destrucción sin precedentes. Para tener una idea, entre 1939 y 1943 la Polonia devastada por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial sufrió, según historiadores como el británico Mark Mazower, una contracción del 43 por ciento del Pbi. En medio de este hórrido panorama, se yerguen una serie de sanciones financieras y económicas, impulsadas por Donald Trump, que buscan atizar los efectos de la crisis hasta el extremo y completar la tarea de devastación.

Por motivos de espacio no se podrá detallar el complejo devenir de la crisis venezolana, la totalidad de sus razones y causas, ni ver en profundidad la ristra de sanciones y asfixias económicas que Estados Unidos ha impuesto con inusual ferocidad al país caribeño.1 Ahora se buscará, más bien, explicar las principales interrogantes que este tema suscita: ¿La crisis de Venezuela se debe a las sanciones? ¿Cómo afectan estas a la población venezolana? ¿Son útiles para impulsar el cambio político en el país? Veamos.

EL AUGE Y DESPLOME DEL CHAVISMO Y LA CRISIS RENTÍSTICA.

En 1998 el chavismo surge como alternativa política con base en un discurso nacionalista que retrotrae al imaginario de la Gran Venezuela, de los tiempos de Carlos Andrés Pérez. Con una retórica popular y patriótica, el proyecto bolivariano se vendía como una esperanza de regreso a los años de esplendor de la economía.

El período dorado del gobierno bolivariano fue entre 2004 y 2008. La primera crisis puramente económica (la crisis de 2002-2003 fue completamente política) se desarrolló entre 2009 y 2010, motivada por la caída en los precios del petróleo como efecto de la crisis mundial de 2008 y por una gestión económica que no ahorró durante los tiempos de bonanza rentística. En 2014 y 2015 el precio del petróleo empezó a caer otra vez. El ritmo incrementado de gastos del gobierno y la hipertrofia en las importaciones hicieron que precios del petróleo cinco o seis veces más altos que los observados a inicios de la década del 2000 –según cifras de 2016 del Banco Central de Venezuela (Bcv)– luzcan ahora como “pequeños”. En 2014 y 2015 empezó la contracción de las importaciones, la caída en la oferta de bienes y servicios, y comenzaron a reflejarse los resultados de un proceso de desindustrializaciónque, en favor de un entusiasmo importador, llegó a traer leche líquida, cemento, gasolina, plástico, e incluso obreros (desde China) para construir viviendas.

La caída estrepitosa de la producción y de la productividad hizo más patente la escasez de bienes, con lo que se agudizó el incremento en sus precios. La enorme impresión de dinero inorgánico, componente útil para la expansión del gasto y la cobertura de déficits fiscales, se vio reflejada en un aumento de la base monetaria en más de 125 mil por ciento (desde enero de 1999 a enero de 2017). Todo ello incrementó, para 2015, las tasas de inflación a casi el doble de las más altas de la historia del país, registradas en 1996. En Venezuela, apenas acaece un descenso de la renta, parece inhibirse la producción agrícola e industrial y tiende a diluirse el salario, como bien lo explica el estudioso del sector petrolero venezolano y ex representante de los gobiernos chavistas ante la Opep, Bernard Mommer, en su libro Petróleo global y Estado nacional.

LA CRISIS: HIPERINFLACIÓN, FUGA DE CAPITALES Y DESTRUCCIÓN ECONÓMICA.

Por quinto año consecutivo, según la Asamblea Nacional (AN), el país exhibirá la inflación más alta del mundo, estimada por la AN, ya para 2018, en 1.698.488,2 por ciento. Aunque puede considerarse la estimación de la AN como exagerada, la cifra oficial para el año pasado ofrecida por el Bcv –130.060 por ciento– parece quedarse muy corta debido a que la metodología empleada subestima los precios de muchos bienes, al tomar sólo las versiones “reguladas” por el gobierno nacional.

Según la Comisión de Finanzas de la AN, la economía se contrajo en un impresionante 50,61 por ciento en el breve período que va desde 2013 hasta 2018. La estimación oficial del Bcv no se queda muy lejos de esa cifra y ubica la contracción en un 47,7 por ciento. El colapso es innegable. El valor del dólar paralelo (que sirve para fijar casi todos los precios de la economía) se incrementó en más de 88 mil por ciento en 2018, lo que ha desintegrado por completo el poder adquisitivo. El salario real medido en divisas descendió, en el período 2013-2018, un 95 por ciento.

El corazón del asunto de la crisis estriba en la vertiginosa exportación de la renta petrolera ingresada al país. Ello se realizó a través de una hipertrofia importadora y de una fuga de capitales vigorosa. Las importaciones entre 2003 y 2012 se multiplicaron por cuatro veces y media, y la fuga de capital se conjetura en alrededor de 600.000 millones de dólares si consideramos bajo ese concepto las importaciones fraudulentas. Si vamos a los términos de intercambios aplicados a las exportaciones no petroleras, podemos ver que el precio pagado por cada quilogramo exportado de mercancías subió en apenas 11 por ciento en el período 1998-2014, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (Ine), lo que no justifica un aumento tan fuerte en los precios de las importaciones.

¿SON LAS SANCIONES CULPABLES DEL COLAPSO ECONÓMICO?

El profundo colapso económico en que está sumido el país no tiene nada que ver con las sanciones. Como ya se ha explicado, la crisis estalló en 2014, varios años antes de las primeras sanciones económicas de importancia. Desde el año 2004 se han venido llevando a cabo políticas que facilitaron e incentivaron la exportación de la renta petrolera. Puntualmente, la sobrevaluación de la moneda, la expansión importadora estatal y privada, la fuga de capitales a través de elementos financieros y la tríada endeudamiento externo-sobrefacturación importadora-sobreprecios en la importación. Todo ello condujo a la destrucción del aparato productivo tanto industrial como agrícola, ya que una importación artificialmente barata hacía imposible que la producción a nivel nacional fuese rentable. Así las cosas, la producción y la productividad cayeron en picada tan temprano como 2009. Otro auge petrolero permitió entonces estirar la dilapidación rentística de capital, gracias a que el precio del petróleo subió a niveles nunca antes vistos. Pero ya en 2013 la crisis que se estaba gestando era muy grande y el endeudamiento externo muy severo y costoso. La caída en el precio del petróleo y la disminución en el ritmo de su extracción (por la falta de inversiones en el mantenimiento industrial de esa actividad) evidenciaron que el modelo era insostenible. En 2014 aún se estaba a tiempo para frenar esa avalancha, pero, a falta de renta petrolera para mantener el gasto hipertrofiado, se recurrió a la emisión excesiva de dinero inorgánico para tratar de dar la impresión de que el Estado podía gastar más, aún cuando la sociedad producía menos. Con esas gestas vino la hiperinflación y la producción intensificó su caída. De nuevo, todo ello sucedía al margen de las primeras sanciones de cierta importancia, que llegaron en agosto de 2017.

¿AFECTAN LAS SANCIONES A LA POBLACIÓN VENEZOLANA?

Para setiembre de 2019 las sanciones han alcanzado su punto más alto, luego de su acumulación importante sobre diversos sectores, desde el armamentístico hasta el petrolero, pasando por las finanzas y la economía. El verdadero efecto de las sanciones económicas recién está manifestándose, ya que las sanciones financieras de agosto de 2017 sólo habían venido a refrendar legalmente una imposibilidad cierta: nadie desea adquirir bonos de Venezuela y de Pdvsa, y los tenedores actuales se niegan a negociar una reestructuración. El impacto real arrancó con las sanciones económicas de finales de 2018, mientras que las sanciones petroleras (sin dudas las más fuertes y destructivas de todas) apenas se han iniciado en enero de 2019 (contaron, además, con “licencias generales”, emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ofrecieron ciertas excepciones hasta mediados de julio de 2019). Por ende, el real efecto de estas vigorosas sanciones recién está asomando su rostro, con consecuencias considerables, pero lejos de ser la razón de la crisis.

Los connotados economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs argumentan, en su trabajo para el Centro de Investigación en Economía y Política (Cepr), de Washington, “Sanciones económicas como castigo colectivo: el caso de Venezuela” (abril de 2019), que, gracias a esas medidas de Estados Unidos, Venezuela ha perdido el crédito internacional necesario para su desarrollo. El asunto es que la gravedad de los problemas económicos ya habían alejado a los prestamistas internacionales, que desde 2016 ven imposible que Venezuela pueda cancelar sus compromisos de deuda. Así las cosas, desde hace casi cuatro años el Banco de Desarrollo Chino no le presta más a Venezuela, tampoco el Banco de Asia.

El “embargo” de Citgo2 es gravísimo, pero no es la causa de la caída en la producción de petróleo, como de alguna manera aseveran Weisbrot y Sachs. Si bien Citgo llegó a comercializar, en tiempos relativamente recientes, hasta 580 mil barriles diarios de Pdvsa, las cantidades que esta ya no puede enviar a Citgo se pueden colocar en otros mercados. Los diluentes y el petróleo liviano también se pueden adquirir en otros espacios (aunque a un precio mucho mayor, lo que reduce el beneficio). Lo cierto es que este “embargo” no puede justificar la caída de alrededor del 70 por ciento en la producción petrolera venezolana ocurrido entre 2008 y 2019. Dicha caída se puede apreciar como un tobogán que arranca ya en 2009, como lo señalan en un trabajo conjunto el economista y ex ministro de Planeamiento de Venezuela Ricardo Hausmann y el investigador Frank Muci (Americas Quarterly, 2-V-19), casi nueve años antes de las sanciones petroleras. De hecho, ya para 2016 y según el Atlas de Complejidad Económica (Oec), la exportación de petróleo crudo había caído un imponente 68 por ciento. La caída en la producción petrolera tiene múltiples factores causales por completo ajenos a las medidas de reciente data contra Pdvsa. Entre ellos, la reducida inversión efectiva, la escasez de fuerza de trabajo calificada generada por los bajísimos salarios, la enorme corrupción en los manejos de la empresa, el insuficiente ingreso interno al “regalar”la gasolina, expropiaciones y problemas con transnacionales contratistas y el endeudamiento exagerado para captar divisas, que posteriormente eran regaladas en el mercado interno a un precio irrisorio.

¿CÓMO INFLUYEN LAS SANCIONES EN LA CRISIS?

De 2014 a 2016 la economía se había desplomado ya en casi 25 por ciento –según el informe de marzo de 2017 de la consultora económica venezolana Ecoanalítica– al sufrir, por primera vez en su historia, una caída sostenida de 12 trimestres. Las sanciones financieras irrumpieron recién en agosto de 2017. En los primeros dos trimestres de ese año, la economía había disminuido en alrededor de un 8 por ciento adicional. Por tanto, cuando las sanciones ingresaron al escenario financiero, la economía ya estaba en una gravísima senda de destrucción acumulada.

Ahora bien, como dice el director de política internacional del Cepr, Alexander Main, las sanciones “incrementan” el sufrimiento del pueblo venezolano (Nacla, 17-V-18). Estas sanciones encarecen y dificultan la importación de alimentos y materias primas. De hecho, imposibilitan los procesos necesarios para que empresas estatales o privadas puedan generar divisas con las que adquirir medicinas y alimentos.

Según una extensa investigación realizada en 2017 por el entonces investigador de la Universidad de Mánchester Dylan O’Driscoll, en la mayoría de los casos las sanciones no alcanzan el resultado deseado, y cuando se combinan con el sufrimiento humano que provocan, a menudo pueden ser comparables a intervenciones armadas, aunque sin la misma “tasa de éxito” a nivel de cambios de régimen. En otro estudio, publicado en 2015 en el European Journal of Political Economy por Matthias Neuenkirch y Florian Neumeier, se ha comprobado que en 67 países sancionados entre 1976 y 2012, las sanciones han tenido un impacto muy severo en el crecimiento económico. El impacto observado ronda, en promedio, un 2 por ciento de caída del Pbi per cápita interanual.

¿LAS SANCIONES SON DETERMINANTES PARA EL CAMBIO POLÍTICO?

Como explica el estudio Targeting autocrats: Economic sanctions and regime change, del profesor de economía internacional de la Universidad de Lucerna Manuel Oechslin, en el que se examinó países sancionados entre los años 1914 y 2000, sólo en el 21 por ciento de los casos las sanciones colaboraron en provocar una transición de gobierno. En el 65 por ciento de los casos las sanciones fueron abandonadas sin apenas conseguir sus objetivos. Aún el 14 por ciento de esas naciones seguía teniendo sanciones sobre sus espaldas en el año 2000, sin producir cambio político alguno.

Las sanciones son ideológicamente muy útiles a los gobiernos que las sufren. Al ser, en efecto, medidas que buscan destruir la economía del país afectado, asfixiarlo económicamente, sirven de excusas geniales para culpabilizar al “enemigo externo” de los propios errores locales. Ello permite moralizar a las bases de adeptos y victimizar al gobierno local, que empieza a gastar ingentes recursos en propaganda contraria a las sanciones.

Además, al incrementar notablemente las limitaciones para importar y conseguir alimentos, las sanciones potencian en muchos casos la efectividad moral y material de los programas de asistencia social clientelares del gobierno sancionado. En situaciones de miseria como la actual, la caja de alimentos que reparte el gobierno venezolano mediante comités chavistas de abastecimiento (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), mayoritariamente distribuida con criterios políticos, ha pasado a ser mucho más importante que el salario, al que incluso ha llegado a superar por ocho veces. Las sanciones potencian, así, la efectividad clientelar de una dádiva que en la actual situación de pobreza extrema es, prácticamente, el único sustento de muchos.

13 septiembre, 2019

* Economista, magister scientiarum en ingeniería industrial y director del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela (Cifo).

  1.   He realizado dicho trabajo en extenso en Impacto y naturaleza real de las sanciones económicas impuestas a Venezuela, Provea, 2019.
  2.            Empresa estatal venezolana con sede en Estados Unidos, dedicada a refinar petróleo y a comercializar allí sus derivados (N de E).
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Viernes, 13 Septiembre 2019 05:52

Boris el bárbaro

Unión Europea por Ombú.

A pedido del primer ministro Boris Johnson, la reina Isabel II anunció a fines de agosto la suspensión temporal del parlamento británico. Sin el contralor de otros poderes, el mandatario intenta acelerar el rumbo a un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea, aunque eso lleve al paroxismo las fracturas internas de Reino Unido. El atolladero político que terminó en los últimos meses con el mandato de Theresa May enfrenta ahora a Johnson con una salida incierta: la prevaricación, la renuncia o incluso la cárcel.

 

Hace tres años, cuando Boris Johnson, por entonces alcalde de Londres, se colocó a la cabeza de la campaña por el Brexit –la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE)–, uno de sus principales argumentos de campaña fue que las instituciones regionales le pasaban por arriba al parlamento británico y no respetaban la soberanía del país para decidir sus políticas. Dos meses después de asumir el gobierno y la jefatura del Partido Conservador, tras la renuncia de su predecesora, Theresa May, el rubio tory nacido en Nueva York se convirtió en el primer gobernante de su país en suspender, con la anuencia de la reina, por más de un mes ese mismo parlamento, para que no le pusiera palos en la rueda a su proyecto de salida no negociada de la UE. No es esta la única paradoja de Johnson, observó un editorialista del diario The Guardian: gran defensor de la unidad territorial de Reino Unido, el actual primer ministro está poniendo en peligro, con su plan de ruptura “salvaje” con la UE (sin acuerdo con Bruselas), esa misma unidad por las reacciones que está levantando en Escocia e Irlanda. “Si hace seis meses –escribió por su lado el politólogo y dirigente político español Juan Carlos Monedero– alguien hubiera afirmado que Inglaterra iba a tener una crisis política y territorial más grave que la de España, nadie le habría creído.” Pero en ese punto están precisamente las cosas en el corazón del antiguo imperio.

DERROTAS.

En el espacio de apenas una semana, el camino de Johnson hacia un Brexit duro ha estado empedrado con una serie de derrotas parlamentarias. Seis, más concretamente. La más dura que sufrió fue el fracaso de su plan de adelantar las elecciones en vistas de unos sondeos que lo presentan como claro favorito. Johnson levanta cada vez más resistencias en el aparato de su partido, pero si la elección se hiciera en octubre –como era la intención del gobernante– y las encuestas se confirmaran, los conservadores les ganarían a los laboristas por una diferencia cercana a los 15 puntos. Johnson levanta cada vez más resistencias en el aparato tory, pero su liderazgo –construido con base en postulados y discursos muy similares a los de Donald Trump en Estados Unidos– le ha permitido llegar a amplios sectores populares que lo ven poco menos que como un redentor. El no al adelanto a la consulta fue votado no sólo por toda la oposición, sino por 21 diputados conservadores. Ipso facto, Johnson los expulsó del partido. Otros legisladores tories anunciaron a su vez que no volverán a ser candidatos por una formación política que se está volcando cada vez más hacia la extrema derecha y dos ministros renunciaron al gabinete, entre ellos, Jo Johnson, hermano de Boris. En Escocia, Ruth Davidson, bajo cuyo liderazgo los conservadores desplazaron a los laboristas al tercer lugar en el parlamento local, renunció a la presidencia del partido en rechazo al Brexit “salvaje” promovido por el primer ministro.

¿A LA CÁRCEL?

Justo antes de entrar en receso, esta semana, la Cámara de los Comunes votó además una ley que obligará a Johnson a pedir a la UE una prórroga de tres meses para llegar a un desacople “amigable” de Reino Unido de las estructuras regionales, que vence el 31 de octubre. Johnson pretendía tener las manos libres para manejarse hasta entonces sin control parlamentario y, llegado el caso, irse de la UE a fin del mes próximo a como diera lugar, con o sin acuerdo. De ahí su decisión de suspender el funcionamiento de la cámara por seis semanas, hasta el 14 de octubre. Antes de su última derrota parlamentaria, el primer ministro advirtió en dirección a los diputados: “No voy a pedir otra postergación a la UE. Si el parlamento quiere hacerlo, tiene que convocar a elecciones para que el pueblo decida”. Pero los comunes le negaron la posibilidad de convocar a una elección anticipada y lo forzaron a pedir una nueva prórroga para concretar el Brexit, hasta el 31 de enero de 2020. “Nadie está por encima de la ley”, le recordó al primer ministro Caroline Goodwin, presidenta de la Asociación Legal Penal, cuando este ratificó que está decidido a ir “hasta el final” con tal de “hacer respetar la voluntad popular de romper con la UE cuanto antes”. Nigel Evans, referente de los partidarios del Brexit duro dentro del Partido Conservador, dijo que “existen al menos 20 maneras de eludir una ley” y que Johnson “sólo debería optar por alguna de ellas” para no acatar la norma recién votada.

Otro Nigel, Farage, líder ultraderechista del Partido del Brexit, que en las elecciones para el Parlamento Europeo de mayo pasado resultó ser la más votada de las formaciones políticas británicas, con casi 32 por ciento, afirmó, a su vez, que si el primer ministro no respeta sus promesas de salir de la UE, ahora y a cualquier precio, perderá “seguramente las próximas elecciones”, se realicen cuando se realicen. Una de las “20 posibles maneras de eludir la ley” que manejan los asesores de Johnson es enviar dos cartas a la UE: una en la que se solicite una prórroga del plazo de concreción del Brexit, como forma de acatar lo dispuesto por la Cámara de los comunes, y una segunda, inmediatamente después, en la que se anule ese mismo pedido y se advierta a Bruselas que pondrá todo tipo de trabas al funcionamiento normal de los órganos de la UE, con el objetivo de que sea esta la que diga “así no” y se avenga a una salida no pactada de Reino Unido. Si se decantara por esta “burla” a la voluntad del parlamento, dijo el dirigente nacionalista de Gales Adam Price, Johnson se estaría exponiendo a la posibilidad de un juicio político que bien podría perder e incluso a ir a la cárcel. Algo similar manifestaron los principales dirigentes laboristas e incluso algunos conservadores.

AL SUPREMO.

El miércoles 11 al primer ministro se le complicaron aun más las cosas: el Alto Tribunal de Escocia consideró nula la suspensión del funcionamiento del parlamento y dio la razón así a los casi 80 legisladores que habían denunciado como ilegal esa decisión. “Se trataría, sin ninguna duda, de un acto ilegal si su propósito fuera bloquear el debido control del parlamento sobre el ejecutivo, la columna central del principio de buen gobierno consagrado por la Constitución”, afirma la sentencia. Y agrega: “Las circunstancias en las que se produjo el consejo del primer ministro a la reina y el contenido de los documentos (que fundamentaron ese consejo) demuestran que esa fue la razón verdadera de la suspensión”.

Apenas conocido el fallo, el laborismo y los nacionalistas escoceses reclamaron que el parlamento volviera de inmediato a ser convocado. Pero por ahora no será el caso. Unos días antes de la sentencia de la justicia de Edimburgo se había conocido otra, del Alto Tribunal de Inglaterra y Gales, que iba en sentido totalmente contrario: reconocía la legitimidad de la disposición del ejecutivo.

Será entonces el Tribunal Supremo el que decidirá las cosas, al parecer, el martes 17.

TERRITORIOS.

“La historia del Brexit no termina si el Reino Unido sale de la UE el 31 de octubre o incluso si lo hace el 31 de enero”, le dijo el también conservador primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, a Boris Johnson el lunes 9 en Dublín. “Si no hay acuerdo, tendremos que volver a la mesa de negociaciones y hablar de los mismos temas: los derechos de los ciudadanos de ambas partes, el pago de las deudas pendientes y la frontera irlandesa, todos temas que habíamos resuelto con su predecesora, Theresa May. Pero, incluso con acuerdo, el tratado posterior para determinar cómo será la relación entre Reino Unido y la UE va a ser complejo, porque habrá que lidiar con aranceles, derechos pesqueros, estandarización de los productos y ayuda estatal”, agregó.

La República de Irlanda está entre los países que más pueden perder en caso de un Brexit duro. Es un país clave, dice el corresponsal de Página 12 en Londres Marcelo Justo, “porque la gran causa que unifica a la alianza de pro‑Brexit moderados y extremistas que conforman el gobierno es el llamado ‘backstop’ que firmaron Theresa May y la UE el pasado noviembre”. Y explica: “El backstop es un mecanismo a aplicar en caso de que Irlanda del Norte (parte de Reino Unido) y la República de Irlanda (miembro de la UE) no logren encontrar los medios para evitar la erección de una frontera terrestre visible con aduanas, chequeos y puestos de vigilancia. En este caso, Reino Unido permanecería en la Unión Aduanera con la UE e Irlanda del Norte, además, formaría parte del mercado único europeo hasta que se encontrara la manera de tener una frontera invisible que controle la circulación de mercancías y personas. Para los pro‑Brexit esto equivale a una renuncia a la soberanía británica, una partición de Reino Unido y una traición al referendo de 2016”.

Al problema irlandés se le puede sumar el escocés. Cuando se votó el Brexit, hace tres años, en Escocia hubo una clara mayoría en favor de la permanencia en la UE. Las tensiones entre los nacionalistas escoceses, hoy hegemónicos en su país, y Londres y los nacionalistas ingleses han ido creciendo desde entonces y podría plantearse, a término, la posibilidad de un nuevo referéndum sobre la pertenencia de Escocia al reino. “No es casual que los primeros recursos jurídicos contra las decisiones de Johnson se hayan producido en Escocia e Irlanda del Norte. El rechazo a las elites políticas y la frustración manifestada en relación con la UE en Gran Bretaña se inscriben en el marco de un auge del nacionalismo inglés y del deseo de revancha de Inglaterra. Segmentos importantes del electorado de esta nación, que es, sin embargo, dominante en el seno de Reino Unido, se sienten ignorados, despreciados y cultivan cierto resentimiento por Escocia”, apunta Emmanuelle Avril, coautora del libro ¿Adónde va Reino Unido?, en una entrevista con el portal francés Mediapart (29‑VIII‑19). Johnson está, de hecho, provocando el estallido de todas las costuras del reino –institucionales, territoriales– y acentuando sus fracturas, piensa Avril.

¿SALIDAS?

Como a su mayor ídolo, Donald Trump, al gobernante británico no se le reconocen grandes dotes de ajedrecista o fino maniobrero político, de esas que se necesitarían para salir del atolladero en que está. Muchas salidas, en verdad, no tiene. Andrew Rawnsley, analista político del diario The Observer, afirmó el domingo 8 que una de las más realistas es la renuncia pura y simple en los próximos días. Obligaría al laborismo liderado por el socialista Jeremy Corbyn y al ala moderada de los conservadores a formar un gobierno provisorio para negociar con la UE, antes de convocar a unas nuevas elecciones, en las que él podría moverse con más soltura. Ese panorama, apunta Marcelo Justo, “le permitiría a Johnson acudir a las elecciones como Míster Brexit y portavoz de los 17 millones de leavers (los partidarios del Leave, el abandono de la UE, en el referéndum de 2016) frente al parlamento y el establishment, una figura trumpiana que recurriría a la guerra cultural y a los mismos métodos del presidente estadounidense”.

Enfrente, los laboristas se preguntan sobre el camino a seguir. El partido está dividido entre quienes promueven que se haga un nuevo referéndum y defender claramente en él la pertenencia a la UE y quienes prefieren ceñirse al resultado de 2016 y acordar con Bruselas un “buen plan de salida”. Corbyn dijo que, en el caso de que el laborismo llegara al gobierno, primero negociaría con la UE y luego convocaría a un referéndum para decidir entre aprobar ese acuerdo de “divorcio amigable” y permanecer en el bloque. Entre el domingo 21 y el miércoles 25 el laborismo hará su congreso anual y este será uno de sus puntos centrales. La ambigüedad que mostró en el referéndum de 2016 (un tercio de sus votantes apoyó el Leave, mientras que la mayor parte de la bancada parlamentaria convocó a respaldar la permanencia en la UE) le costó caro al partido en elecciones posteriores.

El Brexit duro es la única opción que los laboristas descartan por completo, y por allí le pegan a Boris Johnson. Obligado por el parlamento, el gobierno difundió el miércoles partes de un documento secreto que muestra cómo una salida “inamistosa” de la UE perjudicaría sobre todo a los sectores populares, al encarecer el precio de los alimentos y el combustible, y provocar un desabastecimiento en medicinas y productos médicos. Desde esa perspectiva, el gobierno prevé que se produzcan “protestas y contraprotestas” masivas y un aumento del gasto en seguridad. “El Brexit duro es la apuesta de los más ricos. Como Trump, en Estados Unidos, Johnson se viste con ropajes populares para defender a los más privilegiados”, dijo Corbyn ayer, jueves.

Por Pablo Pozzolo

13 septiembre, 2019

Publicado enInternacional
El gobierno cubano espera que a finales de mes se normalice la venta de diésel en Cuba; mientras, la población hace largas filas para conseguir el combustible.Foto Afp

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, llamó a una mayor "austeridad y ahorro" ante una crisis de combustible que afectará el transporte, la distribución de mercancías y la generación eléctrica y de la cual culpó a Estados Unidos.

"Es una situación coyuntural" por "baja disponibilidad de diésel" debido a la "gran escalada" de la administración de Donald Trump, "que se empeña en evitar la llegada de combustible a Cuba", indicó el mandatario la noche del miércoles en una comparecencia televisada.

Díaz-Canel afirmó que desde el martes no llega combustible al país y que esa situación se mantendrá hasta mañana, cuando está previsto el arribo de un barco petrolero.

El gobierno espera que a finales de septiembre atraquen más buques con combustible y que la situación se normalice "relativamente" en octubre, cuando debería llegar a la isla el combustible previsto.

En los últimos meses, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a varias empresas por transportar petróleo venezolano a Cuba.

"El petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano, y no debería ser usado como herramienta de negociación para respaldar a dictadores y prolongar la opresión", sostuvo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado el pasado abril.

Venezuela es el principal proveedor de petróleo a Cuba y Estados Unidos acusa a la isla de ser sostén de su aliado, el presidente Nicolás Maduro.

Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de actuar "con mayor agresividad hacia Cuba para propiciar un estallido social y desmotivación de la población, y para arrancarnos concesiones políticas".

Asimismo, le reprochó haber "intimidado y presionado" a navieras y armadores para que desistan de transportar combustible a la isla.

Cuba tiene que importar 60 por ciento del combustible que consume, alrededor de 9 millones de toneladas anuales, y logra producir 40 por ciento a partir de un petróleo muy pesado, destinado a la generación eléctrica y producción de cemento.

Según el mandatario, esta crisis provocará afectaciones en la distribución de mercancías, aunque aclaró que "no de abasto", pues al país continúan llegando los barcos con alimentos y otras mercancías.

Cuba importa 80 por ciento de los alimentos que consume, en lo cual invierte unos 2 mil millones de dólares anuales. En los meses finales de 2018 y en los primeros de este año, sufrió desabasto de aceite, pollo, harina y otros alimentos.

El presidente, acompañado de tres ministros, declaró que la situación hay que afrontarla "sin sustos ni miedos".

La falta de combustible provocará restricciones al transporte público, algunas actividades productivas, así como la generación de electricidad.

Díaz-Canel trató de alejar el fantasma de la crisis de los años 90. "No estamos en periodo especial, y de la manera que hemos trabajado en estos años no debe conducirnos a algo similar", señaló.

En los próximos días, el gobierno anunciará medidas específicas de limitación en el transporte de pasajeros en ómnibus y ferrocarril, la adecuación de la jornada laboral a horarios que eviten la transportación masiva, y un ahorro de consumo de energía eléctrica para evitar "apagones".

El anuncio no tomó por sorpresa a los cubanos, que en los últimos días sufrieron la ausencia de diésel y la disminución del transporte público, al tiempo que ayer se reportaron largas filas en gasolineras y paradas de autobuses.

Censura en Twitter

Las autoridades de la isla y la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) denunciaron "censura" de Twitter tras la suspensión de decenas de cuentas de medios de comunicación, periodistas y organismos oficiales, pero la red social argumentó que tomó esta medida porque hubo violaciones a sus normas.

La tarde del miércoles, decenas de cuentas en Twitter de periodistas y medios cubanos fueron bloqueadas por la plataforma, minutos antes de que comenzara la comparecencia de Díaz-Canel para exponer de manera exhaustiva "las medidas económicas excepcionales, en respuesta al recrudecimiento de las acciones de guerra económica de Estados Unidos contra nuestro país", aseguró la UPEC.

"Exigimos que se restablezcan de inmediato las cuentas bloqueadas que, en ningún caso, han violado las políticas de Twitter, mientras la plataforma pisotea flagrantemente los derechos de los comunicadores, les impide ejercer su trabajo e intenta amordazar un suceso informativo de primer orden en nuestro país."

La UPEC consideró que esta acción es una "guerra cibernética para limitar la libertad de expresión de instituciones y ciudadanos cubanos, y silenciar a los líderes de la revolución".

Entre los medios bloqueados se encuentran: Cubadebate, con cerca de 300 mil seguidores en Twitter, la página digital del periódico Granma, y las cuentas de @MesaRedondaCuba, @RadioRebelde, @DominioCuba, @Cubaperiodistas y @CanalCaribe.

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