Por qué el futuro de Reino Unido se decide esta semana

El Parlamento británico vuelve al trabajo en una semana crucial. La oposición y una veintena de ‘tories’ rebeldes intentarán sacar adelante una legislación que impida el brexit sin acuerdo y fuentes del Gobierno aseguran que, si lo consiguen, Boris Johnson convocará elecciones anticipadas para el 14 de octubre.

 

El reloj que marca los tiempos de la política británica vuelve a ponerse en marcha hoy después de las vacaciones de verano y lo primero que ha hecho ha sido activar la cuenta atrás. A 59 días para la fecha en la que debe producirse el brexit (31 de octubre) y a siete para que el Parlamento británico suspenda su actividad (si la justicia no lo impide), los diputados regresan a la Cámara de los Comunes dispuestos a todo para garantizar que Reino Unido no abandonará la Unión Europea la noche de Halloween si el Gobierno no ha alcanzado antes un nuevo acuerdo con Bruselas.

Cierto que no es lo que toda la Cámara quiere -sigue habiendo mucho ‘brexiter’ en la bancada conservadora- pero las cuentas indican que sí es lo que desea la mayoría, la denominada ‘alianza rebelde’ formada por la oposición y en torno a una veintena de diputados del Partido Conservador. Eso a pesar de que Boris Johnson les ha amenazado con expulsarlos del partido si votan contra el gobierno y con forzar unas elecciones generales. Por todo eso, ésta es una semana histórica.

¿Qué va a pasar?

Partiendo de la premisa de que nadie tiene la respuesta, sí hay certezas, rumores y pistas que permiten al menos aventurar la agenda de los próximos días. A las 15:30h. (hora española) de hoy los diputados británicos regresan a la Cámara de los Comunes y, aunque no está en la agenda del día, la oposición pondrá sobre la mesa un texto que evite un brexit sin acuerdo para que sea debatido y votado de forma urgente. Lo que plantea es que el gobierno esté obligado a pedir a Bruselas una prórroga del brexit de 3 meses, hasta el 31 de octubre. Si dicho proyecto de ley sale adelante de ahí pasará a la Cámara de los Lores para que lo ratifiquen y después a la Reina para que lo firme y lo convierta en ley. Todo en un tiempo récord porque el próximo lunes la actividad en el Parlamento quedará suspendida hasta el próximo 14 de octubre como decidió unilateralmente Boris Johnson.

¿Pero la suspensión del Parlamento es legal?

De momento, sí. Varias causas sigue abiertas en tribunales de Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra, esta última con el apoyo del exprimer ministro John Major. Precisamente hoy martes está previsto que se celebra una nueva vista en el juzgado de Edimburgo cuyo magistrado lo rechazó el pasado viernes en primera instancia. Aunque la convocatoria de unas elecciones generales también dejaría silenciado al Parlamento durante las cinco semanas de rigor que van desde que se convocan hasta que se celebran.

¿Entonces habrá elecciones generales?

Todo apunta a que así será, siempre y cuando la ley para evitar el brexit ‘a la bravas’ salga adelante. Lo que Johnson dijo ayer Johnson frente al 10 de Downing Street fue: “No quiero unas elecciones. Vosotros no queréis unas elecciones”, pero no que no vaya a haberlas. El primer ministro no puede convocarlas él solo así que lo que se espera que haga es que el miércoles someta el asunto a votación en ‘los comunes’. Necesita una mayoría de dos tercios de la cámara y muy raro sería que no lo lograra. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ha dicho que votará a favor a pesar de que otro exprimer ministro que ha entrado en escena, Tony Blair, sostiene que no debería hacerlo.

¿Y cuando serían las elecciones?

Hasta ahora cuando se hablaba de elecciones la cuestión era saber cuándo se celebrarían: si antes o después del 31 de octubre. Pero toda vez que Johnson se vea obligado a pedir una extensión, la fecha es lo de menos. Sin dar el nombre de la fuente pero asegurando que se trata de un miembro del gobierno, los medios británicos señalan que se celebrarían el jueves 14 de octubre, cuando estaba previsto que el Parlamento retomara la actividad después de la suspensión con el discurso de la Reina. Siguiendo el procedimiento electoral, esto significaría que las cámaras se disolverían en la madrugada del lunes 9 de septiembre.

¿Por qué todo esto beneficia a Boris Johnson?

Porque se va a vender como un mártir que ha luchado por cumplir la voluntad del pueblo, que votó en mayoría por abandonar la UE en el referéndum de 2016. Dirá que lo ha intentado por todos los medios y que, como ha sostenido en su declaración del lunes: “las oportunidades de conseguir un acuerdo con Bruselas han aumentado en las últimas semanas”. Pero que el empeño de los diputados por pedir una nueva extensión hace que Bruselas no les tome en serio y convierte n las posibilidades de una negociación en algo “completamente imposible”.

Su programa electoral ya está escrito y con él no sólo buscaría conservar el respaldo de los conservadores pro-brexit sino también arañar algunos votantes a El Partido del Brexit, de Nigel Farage; con quien no se descarta que pudiera pudiera acabar llegando a algún acuerdo. La última encuesta de intención de voto confirma su jugada maestra: da la victoria a Johnson con un 34% de los votos frente al 22% para los laboristas.

Y siguen las protestas en las calles

Las organizaciones que han convocado manifestaciones durante los últimos días contra la decisión del primer ministro de suspender el Parlamento durante cinco semanas volverán a protestar hoy en Londres y otras ciudades del país. La cita en la capital británica es a las 19h. (hora española) frente al Palacio de Westminster. Ya avisaron de que tomarían las calles, bloquearían los puentes y asaltarían el Parlamento si fuera necesario.

LONDRES

03/09/2019 07:34 Actualizado: 03/09/2019 07:36

CRISTINA CASERO

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El fantasma de una nueva quiebra acecha a Argentina

Alberto Fernández, gran favorito para ganar la presidencia argentina en octubre, rompió la baraja. “Argentina está en una suspensión de pagos virtual y oculta”, declaró en una entrevista. “No hay quien quiera comprar deuda argentina, y no hay quien pueda pagarla”, añadió. El peronista Fernández se desvinculó del plan de emergencia lanzado por el presidente Mauricio Macri, basado en un aplazamiento de pagos en la deuda pública, y opinó que los mercados “saben ya cómo va a acabar esto”. También calificó al FMI de “corresponsable” del desastre. Sin un mínimo consenso político y con una tormenta financiera que no amaina, el fantasma del colapso de 2001 sobrevuela el país.

Las medidas de emergencia de Macri no funcionan, al menos hasta ahora. El aplazamiento en el pago de las deudas públicas, dirigido a calmar el nerviosismo financiero, ha logrado más bien lo contrario. El presidente, fragilizado por su derrota en las primarias, intenta mantener una apariencia de normalidad y se había negado hasta ahora a imponer controles sobre la compraventa de divisas. Pero finalmente ha tenido que ceder. El Banco Central dispuso este viernes que las entidades financieras deberán pedirle autorización antes de enviar a sus casas matrices las ganancias en dólares que generen en el país.

Por ahora se trata de un control limitado a los bancos y no afecta a empresas o particulares que quieran depositar sus dólares fuera del país. Pero la medida es radicalmente contraria al ideario liberal del presidente argentino. Hace poco la criticó el propio Fernández, diciendo que cualquier control impedía que salieran dólares, pero también que entraran.

La realidad es que el peso sigue depreciándose (el viernes rebasó las 61 unidades por dólar), haciendo más difícil el pago de la deuda en dólares y agravando la inflación (estimada en un 65% anual por diversos analistas), y cada vez se alzan más voces que reclaman controles para contener la hemorragia. Argentina es un hervidero de rumores y temores.

En la Casa Rosada se esperaba algún tipo de respaldo por parte de Alberto Fernández para ganar credibilidad ante los inversores internacionales, pero lo que llegó fue una dura descalificación del dirigente peronista. Con sus declaraciones a The Wall Street Journal, Fernández cargó sobre las espaldas de Macri, y sobre el FMI, “que prestó dinero a un gastador compulsivo”, toda la responsabilidad. Afirmó que su política, si como parece resulta vencedor el 27 de octubre, se basaría en “un plan para estimular el consumo” interno y que no pediría permiso al FMI para aplicarlo. Las palabras de Fernández solo pueden, a corto plazo, agravar la crisis.

El actual mandato de Macri se aproxima a su conclusión bajo las circunstancias más sombrías. Todos los indicadores están en rojo. Se extiende la sensación de que los antiguos valedores internacionales de Macri le han abandonado. Su amigo Donald Trump guarda silencio. Y el Fondo Monetario Internacional, que hace un año concedió a Argentina el mayor préstamo en la historia de la institución, por un total de 57.000 millones de dólares, no parece dispuesto a seguir desembolsando la ayuda al menos hasta que las elecciones despejen el panorama político.

El FMI ya no es dirigido por Christine Lagarde, que respaldó rotundamente la gestión de Macri. Lagarde está en tránsito hacia el Banco Central Europeo, y la opinión en la institución de Washington sobre las perspectivas de la economía argentina tiende a lo negativo. El directorio del Fondo se reunió el viernes de forma informal para “evaluar la nueva situación”, sin dar a conocer conclusión alguna. La calificación de “default selectivo” con que la agencia Standard&Poor´s etiquetó el jueves la deuda argentina, aunque fuera provisional, contribuyó a atemorizar a los inversores grandes y pequeños.

El Banco Central tuvo que efectuar el viernes tres nuevas subastas de dólares, por un importe superior a 300 millones, y subir los tipos de interés de las Letras de Liquidez hasta el 85% anual. Pero el peso siguió flaqueando. La deuda argentina en dólares, incluyendo el bono a un siglo que logró un gran éxito cuando se emitió en 2017, se cotiza casi a precio de default. Y muchos analistas subrayan que ocurre un fenómeno nunca visto: un Gobierno, el de Macri, ha incumplido sus compromisos de pago en pesos, y no solo en dólares, por una deuda contraída por ese mismo Gobierno. Ambas cosas son novedad.

Los políticos cercanos a Macri tratan de ser prudentes. El senador radical Julio Cobos, integrado en la alianza macrista, expresó su confianza en que las reservas del Banco Central (56.000 millones de dólares, 10.000 menos que a principios de agosto y en descenso) y el aplazamiento del pago de las deudas fueran suficientes para capear el temporal. Muy duro fue, sin embargo, el empresario Claudio Belocopitt, una de las mayores fortunas de Argentina. Beolocopitt descalificó con dureza la gestión de Macri: “Baten todos los récords de locura extrema, todas las medidas que tomaron son horribles”.

El agravamiento de la crisis tiene como efecto la profundización de la “grieta” que divide al país. Unos culpan del desastre a Fernández y a su compañera de candidatura, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el argumento de que el posible retorno del kirchnerismo al poder atemoriza a los inversores. Olvidan que la deuda y la inflación disparada son producto de la gestión de Macri. Otros culpan de todo a Macri. Olvidan que el actual presidente heredó un país sin reservas, con una alta inflación encubierta y un tipo de cambio artificial, y que el temor al kirchnerismo es real entre los inversores.

Por Enric González

Buenos Aires 706

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Retoma las armas una facción de  las Farc

El amanecer trajo los vientos de la guerra. Los tambores resonaron, primero, en redes sociales. El video de “Ivan Márquez”, el antiguo jefe negociador de las Farc en los Diálogos de La Habana, anunciando que retoma las armas, causó conmoción nacional, el pedido de guerra de parte de empresarios y gente en las ciudades, las súplicas por respeto a sus vidas en las zonas más apartadas y humildes, y la movilización de una generación de colombianos y colombianas que no están de acuerdo con la lucha armada, pese a reconocer que hay dificultades en la materialización del Acuerdo de Paz. “No conocemos la paz del todo, aquí la coca y el oro nos tienen rodeados de grupos armados, están matando líderes, no se puede salir tranquilo, pero saber que esos señores que fueron comandantes y duros vuelven a organizarse como guerrilla, eso sería peor. Tenemos un susto muy grande”, le cuenta a Página/12 un campesino de una alejada vereda de Antioquia.

Quienes defienden el acuerdo de paz, el gobierno y las víctimas, se ocuparon en insistir en que el grueso de ex combatientes están cumpliendo el Acuerdo. Según datos que divulgó el gobierno y el presidente del partido Farc, Rodrigo Londoño “Timochenko”, el 90 por ciento de los ex rebeldes siguen en la legalidad. De acuerdo a informes de la Fundación Ideas para la Paz eran más de 300 los hombres y mujeres que habían regresado a las armas. Sin embargo, los datos no son claros pues la mayoría han salido de las antiguas zonas veredales donde se reunieron para el desarme y la reintegración. Y de más de mil de ellos no se tiene información sobre su paradero. Varios empezaron a “desaparecer” de los Espacios Territoriales de Reincorporación tras la captura de Seusis Hernández “Santrich” el 9 de abril del año pasado.

La desconfianza se instaló entre muchos mandos que pensaron que algo similitar podría ocurrirles. De Walter Mendoza, por ejemplo, que aparece a un costado de “Romaña” en el video, no se tuvo noticia tras la liberación de Santrich. A otros como el mismo Ivan Marquez, Henry Castellaños  y “El Paisa” se les había perdido el rastro desde el año pasado. Página/12 pudo conocer la identidad de varios de los hombres que aparecieron en el anuncio de refundación de la guerrilla de Farc. Conocido como “Villa”, el hombre que está junto a "Romaña" es uno de los que más conoce la zona del Catatumbo donde hoy operan bandas criminales y la guerrilla del ELN con la cual, dijo Marquez, buscarán alianza. De la zona oriental que limita con Venezuela y donde las Farc tendrían buena parte de su riqueza están los comandantes Henry Castallenos “Romaña”, “El Paisa” y “Aldinever” de quien tampoco se sabía su paradero un par de meses después de la captura de Jesús Santrich. Los hombres más antiguos en esta guerra están allí de fusil al hombro: además de los ya mencionados están “Nelson Robles” Walter Mendoza, ubicado junto a una de las pocas mujeres que son visibles en el video. También está liderando este sector de disidencias, según el video, quien se conoce como “El Loco Iván”, quien dio graves golpes a la Fuerza Pública. Pero no aparece “Gentil Duarte”, el primer comandante en desertar y con quien, según fuentes le dijeron a este diario, Iván Marquez intenta reorganizar el “Ejército del Pueblo”:

En total son 19 personas en armas las que se aprecian en una pieza audiovisual de dos horas que incluye el uso de un dron. Estaría allí reunida la inteligencia militar más antigua de los rebeldes por lo que muchos temen que los golpes que asesten sean de graves consecuencias. “Una nueva modalidad operativa conocerá el Estado. Sólo responderemos a la ofensiva. No vamos a seguir matándonos entre hermanos de clase”, describe Luciano Marín, líder de la ahora nueva guerrilla. También hace hincapié en que no continuarán los secuestros sino que se financiarán con dineros de empresas y economías ilegales. De acuerdo con información de Semana y Caracol Radio, en el video también están presentes Enrique Marulanda, hijo del fundador de Farc Manuel Marulanda Vélez, “Ariel”, “Gonzalo”, y “Jhon 40”

El Presidente Iván Duque, por su parte, expresó que “este grupo de delincuentes pretende burlarse del país y no se lo vamos a permitir” e invitó a la ciudadanía a “entregar estos terroristas” ofreciendo unos 100 mil dólares por información que lleve al paradero de éstos. Pero están en la selva, en el Sur, en la selva, y, según el mismo Marquez, sitiados por las fragancias del Vaupés. Aunque ofrecer la ubicación de sus campamentos no parece creíble sino una provocación al ataque armado, un ex comandante de las Farc le dijo a Página/12 que es probable que sí estén en esa zona o hacia la provincia del Vaupés. “Por allá nadie lo derrota a uno”, le dijo a este diario desde una ciudad capital del país donde adelanta su reincorporación esquivando a los líderes actuales del Partido Farc del cual se retiró hace unas semanas.

Para este hombre, que acumuló cuatro décadas en la guerra de guerrillas en las montañas de Colombia y junto a más de 10 mil entregó su fusil, quienes aparecen en el video junto a Marquez y “Jesús Santrich” “es la gente que hizo la guerra; ahí están los verdaderos comandantes, los que están ahora en Bogotá en el Congreso y en la dirección del partido siempre fueron los políticos, nunca condujeron la guerra, y fueron quienes llevaron a las filas a esta traición que fue el Acuerdo de Paz y trae consecuencias como la noticia de hoy”. Para muchos exintegrantes de la guerrilla más antigua del mundo, la ya conocida división interna comenzó cuando el propio Marquez, Santrich (recluido por más de un año por supuesto delito de narcotráfico, liberado y fugado recientemente) y “El Paisa” se opusieron a la temprana dejación de armas y exigían como condición el cumplimiento de buena parte del acuerdo, la entrega de tierras por ejemplo, para su desarme.

Hoy, “Márquez” y la nueva guerrilla que lleva el mismo nombre de la que negoció bajo su mismo liderazgo en La Habana argumentan en los incumplimientos del Acuerdo la razón para volver a la clandestinidad y reiniciar su lucha armada. En el video, que tiene la misma estética y música de los anuncios de las Farc pasadas, Márquez asegura que se funda desde ayer la nueva Marquetalia. Hace más de 50 años el nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se dio en un pueblo con dicho hombre: “Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado al Acuerdo de Paz de La Habana. Es la marcha de la Colombia humilde, ignorada y despreciada hacia la justicia que destellan las colinas del futuro. Será la de la paz cierta, no traicionada, desplegando sus alas de anhelos populares sobre la perfidia del establecimiento”.

 “Yo estoy de acuerdo, claro, las guerrillas estarán vigentes siempre y cuando las causas del alzamiento en armas estén vigentes”, responde un excombatiente que fue mando medio en la guerra ante la pregunta de Página/12 sobre si apoya la decisión de las disidencias anunciada ayer. Sobre si regresaría al monte, dice que ya no es momento para él ni otros que están cansados y viejos.

En los espacios de reincorporación donde permanecen unos tres mil excombatientes de los más de once mil que ingresaron al proceso de paz, la incertidumbre subió a su tope. También la tristeza. “Por la mañana cuando me llegó ese video me dolió el corazón, me dolió el alma, me dolió todo, porque tener que ir a la guerra es lo más difícil”, cuenta "Maritza" bajo uno de los techos y entre las paredes que se instalaron hace dos años y que, se suponía, serían provisionales, pero cuyo destino es incierto. Aunque el gobierno ha reafirmado una y otra vez en los últimos días su compromiso con la paz, en los Espacios Territoriales esperan el nuevo decreto que le de legalidad a esta figura vencida el pasado 15 de agosto. Para "Maritza", entre esos techos y con las actividades productivas que ellos mismos están sacando adelante con apoyo de fondos extranjeros, los días que vienen serán de angustia en medio del trabajo sin cansancio por respaldar a quienes siguen en la legalidad. “Es muy duro saber, ya desde la sociedad civil, que continuará esta guerra, para nuestros hijos, nuestros nietos… Es un momento muy difícil; pero así como pedimos respeto antes cuando decidimos tomarnos de la mano para venir a dejar la guerra atrás, así mismo respetamos las decisiones de todos”.

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Iván Márquez anuncia que la disidencia de FARC retoma la lucha armada en Colombia

El guerrillero, que había participado en las negociaciones de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, anunció este jueves que ha iniciado la "nueva Marquetalia", en referencia al lugar de nacimiento del grupo armado hace medio siglo.

El disidente y prófugo de la justicia, Iván Márquez, informó este jueves que una parte de los excombatientes desmovilizados por el acuerdo de paz, firmado en 2016 con el Gobierno de Colombia, se han reagrupado para tomar las armas y continuar "la lucha guerrillera".

"La rebelión no es una bandera derrotada ni vencida", dijo Márquez en un video divulgado en redes sociales en el que aparece junto a hombres y mujeres armados con fusiles, entre los que se encontraban Seuxis Paucías Hernández Solarte, conocido como 'Jesús Santrich', y . "Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas", agregó.

El ahora líder de las disidencias alegó que retomarán las armas con miras "a la paz cierta, no traicionada". "Estamos trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio político y social", indicó Márquez, quien dejó de comparecer ante los mecanismos establecidos tras la firma del pacto con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

El guerrillero, sobre quien pesa una orden de captura, advirtió que la nueva insurgencia no seguirá "operando en las profundidades de la selva" y agregó que el objetivo del grupo armado es "la oligarquía excluyente y corrupta".

El pronunciamiento llega a pocos días que se cumplan dos años del nacimiento del Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido fundado por los exlíderes de la guerrilla desmovilizada.

Mensaje a policías y militares

Uno de los puntos en los que insistió Márquez fue en su mensaje a los policías y militares en Colombia que "no quieren seguir siendo utilizados por políticos dementes como gatillo de los falsos positivos". Aseguró que no serán objetivo de la agrupación guerrillera, pero advirtió que responderán ante cualquier "ofensiva".

Otra de las políticas que, según Márquez, dejarán de practicarse en las filas de la guerrilla reagrupada serán los secuestros: "desmarque total de las retenciones con fines económicos, priorizaremos el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y la gente pudiente del país, para buscar por esa vía su contribución al progreso de las comunidades rurales y urbanas", sostuvo.

En junio pasado, Márquez fue despojado de su investidura como congresista y la Jurisdicción Especial para la Paz abrió un incidente de verificación de incumplimiento. Caso similar ocurrió con Santrich, quien se ausentó del mecanismo de justicia transicional ante el tribunal que lo citaba por un caso de retención ilegal de personas; el 11 de julio se emitió la circular roja de Interpol en su contra.

En una entrevista con Efe, Rodrigo Londoño, actual presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), dijo que tanto 'Santrich' como el excombatiente Iván Márquez quedaron a un lado del "carro de la historia de la construcción de la paz de Colombia" por su deslinde del acuerdo de paz.

"La paz traicionada"

Márquez, quien ahora lidera esa fracción de la disidencia, hizo un recuento histórico de las "traiciones" que, a su juicio, la "oligarquía colombiana" ha hecho a los procesos revolucionarios para concluir que "desde el desarme ingenuo de la guerrilla a cambio de nada, no cesa la matazón".

"En dos años, más de 500 líderes y lideresas del movimiento social han sido asesinados, y ya suman 150 los guerrilleros muertos en medio de la indiferencia y la indolencia del Estado", apuntó.

Publicado: 29 ago 2019 09:39 GMT | Última actualización: 29 ago 2019 10:37 GMT

 

Video relacionado

Iván Márquez anuncia disidencia Farc

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Jueves, 29 Agosto 2019 06:20

Contra el silencio y el olvido

Contra el silencio y el olvido

Después de más de un año de la rebelión cívica en Nicaragua, y de la despiadada ola represiva que dejó centenares de muertos, heridos, encarcelados y exiliados, el régimen se encierra en sí mismo para negar toda posibilidad democrática. Su aspiración parece ser la de prolongarse en una "normalidad" forzada, que haga a la comunidad internacional acostumbrarse a convivir con una dictadura más en América Latina, de las muchas a lo largo de la historia.

El férreo control único, policía, fiscales, tribunales, diputados, magistrados electorales, apunta a ganar tiempo y silencio para llegar a las elecciones del año 2021, y bajo las mismas reglas fraudulentas del sistema electoral viciado, y quizás apenas retocado, conseguir de nuevo la relección de Ortega, que empezaría su quinto periodo acercándose a los ochenta años de edad.

Un país convertido en el reino del olvido, sujeto a la mediocridad cotidiana, del que nadie se acuerde, como el Paraguay del doctor Francia, en la primera mitad del siglo XIX, que describe en colores tan sombríos Augusto Roa Bastos en Yo el Supremo.

Si los niveles de deterioro siguen progresando, las condiciones económicas habrían devuelto a Nicaragua en ese año de 2021 al Producto Interno Bruto que tenía a comienzos de los años sesenta del siglo pasado. Un país situado en la cola del desarrollo, ese territorio de allá atrás desde donde los ruidos llegan confusos y amortiguados.

Y más exiliados, jóvenes sobre todo. Ya hay centenares de miles en Costa Rica, en el resto de Centroamérica, en Estados Unidos. El primer producto de exportación de Nicaragua son los nicaragüenses: las remesas de los emigrantes se colocan ya muy por encima del café, o de la carne, o del oro.

De acuerdo a esa visión arcaica, los aliados internacionales de Ortega son ahora casi todos lejanos y fantasmagóricos: Abjasia y Osetia del Sur, los dos territorios del Cáucaso que Putin arrancó a Georgia; Sudán del Sur, sometido a la guerra civil y las hambrunas, con el que Ortega ha establecido recientemente relaciones diplomáticas; Irán, cuyo canciller, Mohamad Javad Zarif, estuvo hace algunas semanas de visita oficial en Managua; y, hasta cuando dure, la agónica Venezuela de Nicolás Maduro.

Pero Nicaragua es, por el contrario, un país vital y abierto, que resistirá el aislamiento y la parálisis, y que no dejará nunca de demandar libertad y democracia, como lo ha hecho a lo largo de su historia. Y que pugnará siempre para que no se olvide que por debajo de la losa de silencio que se trata de imponer, y por encima de la arbitrariedad cotidiana, está latente la rebeldía, que es la que al fin y al cabo se impondrá.

Las arbitrariedades llegan a volverse cómicas, pese a la cauda trágica que arrastran. Este es el único país del mundo donde los colores de la bandera nacional, azul y blanco, convertidos en símbolos de resistencia por la gente, están prohibidos, y exhibirlos o desplegarlos es penado con golpizas y prisión: como en una novela de Jorge Ibargüengoitia, a un ciudadano que pintaba las paredes de su casa de azul y blanco la policía le decomisó la brocha y los botes de pintura, y luego, manu militari, fue vuelta a pintar de verde y amarillo, colores que la autoridad estimó que la casa de este ciudadano debería tener: los gustos y colores están confiscados.

Que no se olvide, fuera de nuestras fronteras, que la empresa de televisión 100% Noticias sigue silenciada, sus oficinas y estudios ocupados por fuerzas policiales, y su director, Miguel Mora, pasó preso medio año en una celda de aislamiento.

Las instalaciones de la empresa de comunicaciones que publica el semanario Confidencial y emite los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, también se encuentran ocupadas, y su director, Carlos Fernando Chamorro, fue forzado al exilio en Costa Rica, igual que otros periodistas de esos medios.

Los únicos dos diarios de Managua, La Prensa y El Nuevo Diario, están siendo estrangulados por la retención arbitraria de papel y tinta en la aduana lo que los obliga a salir con un reducido número de páginas, y hace inminente el cese de su publicación.

Un país donde los jóvenes, con inmensa sabiduría y madurez, han renunciado a la lucha violenta y buscan una salida democrática sin más derramamiento de sangre, merece ser escuchado, y no ser sometido al silencio y al olvido que la dictadura pretende, convirtiendo en normal lo anormal.

Lo que la gente quiere, y se impondrá al fin y al cabo, es un país con alternabilidad democrática, sin posibilidad de relección, ni de sucesión familiar; donde los votos sean contados limpiamente, donde impere la separación de poderes, donde los jueces fallen de manera independiente, donde la política no sea el refugio de los mediocres, los actos de corrupción deban ser castigados, y todos puedan expresarse libremente; un país libre de la mentira oficial.

Y es lo que Nicaragua conseguirá.

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Guaidó busca un nuevo impulso a su proyecto de Gobierno con Leopoldo López al frente

El líder de la oposición comienza a formar Gabinete, lo que supone una agudización del conflicto institucional que se vive en la Venezuela de dos presidentes

El forcejeo institucional que vive Venezuela inicia un nuevo round. Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado por más de 50 países, ha designado nuevos funcionarios que dan forma una especie de Gabinete. “Esto viene orientado en dos elementos centrales, atender la emergencia humanitaria compleja que vive en Venezuela y las consecuencias de esto como es el flujo migratorio y aumentar la presión para lograr el cese de la usurpación y por supuesto para prepararnos para la transición y una elección libre. Con esto buscamos ejercer con mayor efectividad las competencias y capacidades que ya hemos conquistado y aumentar la presión de cara a la nueva etapa que estamos por iniciar”, ha dicho este miércoles en una rueda de prensa.

Los nombramientos corresponden a la denominación de comisionados presidenciales, pero ejercerán roles similares a los de ministros de distintas carteras. Al frente del equipo está Leopoldo López como Comisionado Presidencial para el Centro de Gobierno. De acuerdo a lo dicho por Guaidó, su función “será articular la gestión administrativa y de Gobierno de los comisionados presidenciales en las áreas de relaciones exteriores, economía, gestión de activos, ayuda humanitaria, derechos humanos y Plan País”. López, quien ha sido el preso político más notorio de Nicolás Maduro, está en resguardo en la Embajada de España en Caracas luego de que el 30 de abril fue sacado de su arresto domiciliario durante una operación militar fallida para defenestrar al régimen chavista. Se desconoce si esta designación cambia su estatus como huésped en la legación.

Como Comisionado para Relaciones Exteriores fue nombrado Julio Borges, diputado en el exilio, que ejercerá funciones similares a la de un canciller. “Julio Borges tiene la misión de aumentar la presión diplomática y financiera a la dictadura, hacer crecer una coalición sin precedentes a favor de la causa de Venezuela, coordinar embajadores y servicio diplomático y atender el flujo migratorio”. También se nombraron funcionarios en las áreas de Desarrollo Económico (Alejandro Plaz), Gestión de Activos (Javier Troconis) y Defensa de los Derechos Humanos (Humberto Prado). Fueron ratificados anteriores designaciones en el área de Ayuda Humanitaria y Estrategia, esta última a cargo de Sergio Vergara, uno de sus colaboradores más cercanos, y el polémico asesor político JJ Rendón. Ha dicho que todos los cargos tienen adjunto y que próximamente avanzará con la designación de agregados militares en las embajadas en países vecinos.

Guaidó ya había hecho designaciones de embajadores, ratificados por Estados Unidos y otros países como los del Grupo de Lima que lo respaldan, procurador especial y juntas directivas de empresas claves como Pdvsa y Citgo. Todos ellos se corresponden con opositores que están fuera de Venezuela y ejercer una especie de gobierno remoto, como manera de evitar la persecución del régimen de Maduro que ya ha encarcelado al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, a la mano derecha de Guaidó, Roberto Marrero. Estas serían los primeros nombramientos de funcionarios que, en teoría, ejercerían funciones desde el país.

Los nombramientos suponen un paso adelante en la lucha que inició hace siete meses por sacar a Maduro del poder, luego de este se juramentara para un nuevo período en base a unos comicios fraudulentos. Junto con las recientes sanciones de Estados Unidos contra el Gobierno chavista se convierten en los golpes más fuertes que ha dado la oposición y son un paso adelante en un proceso que lucía estancado luego de la suspensión de las negociaciones impulsadas por Noruega en Barbados y de la falta de resultados de otras mediciones internacionales como la que integra la Unión Europea.

Un sector más radical de los detractores de Maduro ha reclamado la falta de arrojo de Guaidó en la lucha y le exigía conformar Gobierno y mover más fichas en el tablero de ajedrez que se juega en Venezuela desde enero. El impulso que recuperó con las manifestaciones de calle se ha ido debilitando luego de meses de resultados poco evidentes, en los que Maduro parece aferrarse más a Miraflores, el choque institucional aumenta y la situación económica y social se hace cada día más insostenible. Para este fin de semana ha convocado a nuevas actividades de calle.

Este miércoles el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció la creación de la Unidad de Asuntos de Venezuela para “apoyar el retorno de la democracia en Venezuela y a los venezolanos vulnerables que están en toda la región”. Según Guaidó, los nombramientos están engranados con esta medida de su principal aliado.

Aliado con Corea del Norte

Nicolás Maduro también ha movido sus apoyos en el escenario internacional. Recientemente abrió embajada en Pyongyang como una manera de estrechar sus vínculos con los pocos aliados que tiene: Rusía, Cuba, China, Turquía y la República Popular y Democrática de Corea del Norte con su incendiaria política belicista. En 2015, el Gobierno de Kim Jong Un había abierto embajada en Caracas y nombrado representante. Venezuela se convertía en el quinto país de la región donde tenía representación el hermético y hostil país asiático.

Kim Yong Nam, presidente de la Asamblea Popular y líder ceremonial de Corea del Norte, viajó en noviembre a Venezuela, en la primera visita de un dirigente norcoreano de ese nivel. En la oportunidad el emisario de Kim Jong Un se reunió con Maduro para “fortalecer las relaciones diplomáticas y políticas entre ambos Estados”. Semanas atrás, el hijo del líder chavista, Nicolás Maduro Guerra, sancionado por Washington, estuvo en un festival de las juventudes comunistas en apoyo al dictador norcoreano

Por Florantonia Singer

Caracas 29 AGO 2019 - 02:07 COT

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Domingo, 25 Agosto 2019 06:25

Corte raso

Corte raso

En plena cruzada para aumentar su frontera agrícola y minera, Brasil arde con más de mil incendios por día. Al fuerte aumento de la deforestación en lo que va de su mandato, Bolsonaro respondió echando al director del organismo que alertó de la situación. Su política ambiental genera resistencias incluso en la bancada ruralista y dificulta las relaciones diplomáticas brasileñas.

 

El cielo paulista se oscureció de repente, y las tres de la tarde se hicieron las tres de la madrugada. A miles de quilómetros de la metrópolis, vastas extensiones de la selva amazónica ardían desde hacía más de diez días. Hasta hoy arden. La señal del 19 de agosto fue clara: la destrucción de la Amazonia nos afecta a todos. La cantidad de queimadas, como se conoce a las quemas de extensiones de selva para convertirlas en áreas de cultivo, es la mayor registrada por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (Inpe, por su sigla en portugués). Sólo en agosto y hasta el martes 20 se constataron 23 mil focos de incendio en la Amazonia, más de mil por día. Desde enero, son más de 53 mil. La cantidad de incendios y la llegada de un frente frío sería la causa del desplazamiento de las cenizas hasta San Pablo.

En el norte, en el estado de Pará, estancieros promovieron el “Día del fuego”, el pasado sábado 10. Según dijo al diario local Folha do Progresso uno de los organizadores, la idea era “mostrarle al presidente que queremos trabajar y la única forma es desmontando. Para limpiar nuestras pasturas es (necesario) el fuego”. Según el Inpe, en esa región los focos aumentaron 300 por ciento con relación al día anterior. Jair Bolsonaro se desmarcó y levantó la sospecha de que podían ser incendios criminales promovidos por “oenegeros”, en respuesta a los recortes del gobierno en los fondos de preservación de la Amazonia. Marina Silva, ex ministra de Medio Ambiente y candidata a la presidencia en la última elección por el partido Rede, escribió: “La Amazonia está siendo quemada por una mezcla de ignorancia e intereses truculentos. El gobierno está inaugurando un tiempo de delincuencia libre, en el que se puede agredir la naturaleza y las comunidades sin miedo de punición”. Y quizás ahí esté el punto central. Los efectos de estas queimadas pueden ser gravísimos y su alcance, todavía incierto. Pero más grave aun es el contexto en el que se encuadran.

OSCURANTISMO. 

La reciente divulgación por parte del Inpe de datos sobre la deforestación de la Amazonia puso el tema en el centro de la discusión pública brasileña y generó polémica a nivel internacional. El instituto ya había señalado un importante aumento del desmonte en junio de este año, un 88 por ciento mayor con relación al mismo mes del año pasado. Los datos fueron recogidos por el sistema satelital Deter, que rastrea el desmonte en tiempo real y genera alertas para colaborar con los organismos de fiscalización. Las reacciones del gobierno no se hicieron esperar y, en vez de hablar de la fiebre, el presidente le pegó al termómetro. El 19 de julio, Bolsonaro atacó los datos publicados y dijo que el presidente del Inpe, Ricardo Galvão, “podría estar al servicio de alguna Ong”. Galvão respondió, al día siguiente, que Bolsonaro no puede actuar “como si estuviera en una conversación de bar” y agregó que lo del presidente eran “comentarios impropios y sin ningún fundamento (…), ataques inaceptables no solamente a mí, sino a las personas que trabajan por la ciencia de este país”. El jerarca afirmó que no renunciaría, pero la situación se volvió insostenible, y el 2 de agosto fue destituido. Pero nuevos datos, divulgados el 6 de agosto, mostraron un aumento de la deforestación ocurrida en julio: 278 por ciento más en relación con julio de 2018. En total, el aumento de los últimos 12 meses es de 40 por ciento respecto de los 12 meses previos, y esa tendencia seguramente se confirmará con los datos que se emiten anualmente, que se esperan para fines de octubre. Carlos Nobre, doctor en Meteorología por el Mit que trabajó en el Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia y se desempeñó como investigador del Inpe durante 35 años, dijo a Brecha sobre la salida de Galvão que “la destitución de un científico renombrado, que es uno de los mejores gestores de instituciones científicas que Brasil ha producido en las últimas décadas, es una pésima señal y transmite una inseguridad muy grande sobre el papel de las instituciones públicas de ciencia”. Nobre entiende que el mensaje es “anacrónico” y remite a la idea de que “las instituciones no sirven a la sociedad, sino al gobierno, y que si el gobierno está insatisfecho con un dato que las instituciones difunden como parte de su misión, se las obliga a alinearse en una posición política de sólo divulgar lo bueno”. Sin embargo, “los satélites no mienten”, recordó Nobre. Por eso, el científico afirmó que la estrategia de atacar al mensajero es de tiro corto: “Existen numerosos sistemas de monitoreo de alta calidad en varias partes del mundo, que miden lo que acontece con la vegetación en todo el planeta, principalmente en las selvas tropicales. No tendría ningún sentido intentar esconder lo que pasa en la Amazonia o enojarse por la divulgación de lo que está ocurriendo: esa política no lleva a ningún lado”.

TAL ASTILLA. 

La línea del nuevo gobierno en política ambiental ya había quedado clarísima en diciembre pasado, con la elección del ministro que se encargaría de implementarla. Ricardo Salles es un cuadro de la derecha reaccionaria, ligado fuertemente a los ruralistas. Actualmente miembro del partido Novo, y fundador del movimiento conservador Endireita Brasil, durante la campaña repartió un panfleto con un paquete de balas en el centro y con sus destinatarios alrededor: “Contra la plaga del jabal픓Contra la izquierda y el Mst (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra)“Contra el robo de tractores, ganado e insumos”“Contra los bandidos en el campo”. Impulsor de una línea dura de la defensa de la propiedad privada, en una entrevista publicada en su cuenta de Youtube y citada por el portal Nexo, manifestó: “Tenemos que garantizar un ambiente seguro, estable y previsible para que la producción rural pueda ir hacia adelante”. Léase: para aumentar su área de expansión, o sea, aumentar el desmonte. En esa misma entrevista, Salles se quejaba de “esas invasiones, esas cosas del Mst, de los quilombolas e indios que amenazan la propiedad productiva. Eso es un gran atraso, y precisamos defender al productor para que trabaje en paz. El productor rural siempre fue cuidadoso, consciente de sus deberes, y ahora es amenazado todos los días a causa de esa falta de seguridad jurídica y del exceso de Estado”. En la disminución del papel del Estado, precisamente, está enfocado el gobierno.

Para Telma Monteiro, pedagoga brasileña que se dedica desde hace años a la investigación de las políticas ambientales y los procesos de licitación de grandes obras en la Amazonia, esa es la cruzada del ministro elegido por Bolsonaro: “Está ahí con un papel muy específico, que es acabar con las leyes ambientales y desmontar la estructura de gobernanza ambiental que se ha construido en el país a lo largo de los años”. De acuerdo con Monteiro, estas estructuras no siempre funcionan para el bien del medio ambiente, pero al menos permiten que exista un cierto contrapeso de la sociedad civil. Cree que el objetivo del gobierno es abrirle paso a los monocultivos y acabar con ese contrapeso, y de ahí el discurso tan radical contra las oenegés y las organizaciones sociales: “El agronegocio precisa expandirse, y esa expansión solamente se puede dar en regiones que todavía no fueron deforestadas. Para eso está Salles, para trabajar desde adentro a favor de los ruralistas y contra la preservación ambiental”. La investigadora afirmó a Brecha que Salles “no está informado, no conoce la Amazonia ni sus problemas, ni a las poblaciones indígenas, no sabe para dónde ni cómo corren los ríos, ni qué es lo que pasa en el suelo de la selva”. Para Monteiro, la situación actual de deforestación puede alcanzar niveles mucho más dramáticos, porque “si se atacan las estructuras que cohíben el desmonte, caminamos hacia el caos total”.

Ni siquiera dentro de los sectores ruralistas hay consenso sobre esta cruzada antiambiental. Katia Abreu, una de las más radicales defensoras del agronegocio, ministra de Agricultura de Dilma Rou-sseff entre enero de 2015 y mayo de 2016, y actualmente líder de la bancada ruralista en el Senado, dijo en una entrevista a O Estado de São Paulo publicada el lunes 13 que “los agricultores que están alegres hoy, van a llorar mañana”. Abreu, que fue una de las voces más expresivas del antiambientalismo, cree que Bolsonaro está “transfiriendo toda su visión reaccionaria al agro” y que ese discurso, además de “alimentar el desmonte”, puede “cerrarle mercados a los productos brasileños”. La senadora incluso defendió el trabajo de muchas oenegés y lo calificó como “serio”, a contramano del gobierno. El propio Blairo Maggi, ex ministro de Agricultura de Temer y uno de los pesos pesados del agronegocio, manifestó a Valor Económico que el discurso “agresivo” de Bolsonaro genera “confusión” y puede llevar al sector al “punto cero”, poniendo en peligro el acuerdo comercial con la Unión Europea.

HACHAN, TIRAN, ROMPEN, SACAN. 

A comienzos de mayo, y en un hecho inédito, los ocho ex ministros brasileños de Medio Ambiente vivos se reunieron y lanzaron una carta en la que denunciaron que “la gobernanza socioambiental en Brasil está siendo desmontada, en afrenta a la Constitución”. Afirmaron que “en las últimas tres décadas, la sociedad brasileña fue capaz, a través de sucesivos gobiernos, de diseñar un conjunto de leyes e instituciones aptas para enfrentar los desafíos de la agenda ambiental del país”, pero que actualmente se asiste a “una serie de acciones sin precedentes, que vacían la capacidad de formulación e implementación de políticas públicas por parte del Ministerio de Medio Ambiente”. También cuestionaron “el discurso contra los órganos de control ambiental, en especial el Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) y el Icmbio (Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad), los cuestionamientos a los datos de monitoreo del Inpe”, que “se suman a una crítica situación presupuestal y de personal de estos órganos”. Todo esto, sostuvieron, refuerza “la sensación de impunidad, que es la señal para más desmonte y más violencia”.

En su respuesta, Salles recayó en los mismos clichés que acostumbra el presidente y escribió: “Lo que viene perjudicando la imagen de Brasil es la permanente y bien orquestada campaña de difamación promovida por oenegés y supuestos especialistas, para dentro y fuera del país, ya sea por prejuicios ideológicos o por una innegable contrariedad a las medidas de moralización contra la farra de los convenios, los eternos estudios, los recursos transferidos, los patrocinios, los viajes, los seminarios y charlas”. El ministro, al igual que Bolsonaro, sostiene que existe un componente ideológico que vicia el accionar tanto de los órganos estatales de control ambiental como del Fondo Amazonia (FA), un mecanismo creado en 2008, durante la presidencia de Lula da Silva, para captar recursos de Estados extranjeros y de empresas con el objetivo de financiar proyectos de “preservación ambiental” y “desarrollo sustentable en la Amazonia”. En una conferencia de prensa en San Pablo, en mayo de este año, Salles dijo que habían encontrado “irregularidades en el cien por ciento de los contratos (del FA) con oenegés” y cuestionó los resultados de los proyectos financiados y la gestión de sus recursos (más de 840 millones de dólares). Sin embargo, en una relatoría citada por O Globoeste martes 14, el Tribunal de Cuentas de la Unión –que comenzó una auditoría del fondo a fines del año pasado– elogió la transparencia en la información y la gestión de recursos del FA, contradiciendo al ministro. De todas maneras, el gobierno ya afirmó que quiere utilizar esos recursos para indemnizar ruralistas afectados por expropiaciones de tierras para unidades de preservación ambiental. La reacción de las embajadas de Alemania y Noruega, principales financiadoras del fondo, fueron inmediatas. El jueves 15, Noruega suspendió el pase anual de recursos para el FA, equivalente a 33 millones de dólares, y siguió así los pasos de Alemania, que había hecho lo propio días atrás. El ministro de Clima y Medio Ambiente noruego, Ola Elvestuen, dijo que los aumentos en los índices de destrucción de la Amazonia demuestran que “el gobierno brasileño ya no quiere parar el desmonte”.

Guilherme Carvalho, doctor en desarrollo sustentable del trópico húmedo por la Universidad Federal de Pará y coordinador en la Amazonia de la Ong Fase, llamó la atención, en diálogo con Brecha, sobre el papel de los diferentes niveles de gobierno en el debilitamiento de las políticas ambientales: “El gobierno federal es el eje propulsor, pero este es un proyecto de todo el bloque de poder que está en control del Estado. Los gobiernos estatales y municipales también desarrollan una serie de políticas en la misma línea. Muchos alcaldes usan la revisión de los planos de directrices municipales para poder abrir más áreas para grandes empresas, e intentan que cada vez más las licitaciones sean realizadas por las intendencias y las alcaldías, donde las empresas tienen un poder de lobby todavía mayor que en instancias superiores. Si estos gobiernos pasan a tener la responsabilidad de adjudicar los proyectos en la región, gran parte de la Amazonia va a caer”.

PRECISAMOS PARAR. 

En un texto de 1977 llamado Brasil: tierra de los indios, el reconocido antropólogo brasileño Darcy Ribeiro escribía: “Los efectos del impacto de la civilización sobre las poblaciones indígenas son tan dramáticos y destructivos que, sin duda, las tribus indígenas de Brasil que todavía sobreviven desaparecerán si no son objeto por parte del gobierno federal de una protección específica y más eficaz que la actual. Esto significa que todavía no se interrumpió la guerra secular de diezmado y opresión: continuamos matando a nuestros indios. ¡Precisamos parar!”. Cuarenta y dos años después, la administración liderada por Jair Bolsonaro se empeña en atacar justamente el único punto que para Darcy Ribeiro podría garantizar la supervivencia indígena: la protección del gobierno federal. En el primer día de mandato, el presidente transfirió la responsabilidad de la demarcación y regulación de las tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio (Funai) al Ministerio de Agricultura, liderado por Tereza Cristina, ex líder de la bancada ruralista en el Congreso. El propio Congreso, al analizar a fines de mayo esa decisión presidencial, devolvió la potestad a la Funai, pero Bolsonaro insistió y emitió un nuevo decreto para revertir la decisión. En ese momento, dijo: “El que demarca tierra indígena soy yo. El que manda soy yo”. El pasado 1 de agosto, y por unanimidad, el Supremo Tribunal Federal mantuvo la responsabilidad de la Funai, tras una sesión en la que el magistrado Celso de Mello dijo haber visto “resquicios indisfrazables de autoritarismo” en el accionar del presidente. Diez días después, durante un evento en Pelotas, Río Grande del Sur, Bolsonaro afirmó: “Caca de indio petrificada dificulta la licitación de obras importantes”. Luego dijo que es necesario “integrar a los indios a la sociedad y buscar un proyecto para el Brasil”. La referencia a las heces viene de una de sus declaraciones previas, cuando había dicho que se podía resolver la cuestión ambiental “haciendo caca día por medio”. En otras ocasiones, el presidente ya había defendido la integración forzada de los indígenas, que, según dijo en enero de este año, “viven aislados y son manipulados por oenegés”. Otro de los ataques del gobierno a los pueblos originarios fue la amenaza –realizada en marzo– del eventual cierre de la Secretaría Especial de Salud Indígena, que depende de recursos del gobierno federal. De concretarse, la atención de los indígenas pasaría a depender de recursos municipales y ellos engrosarían las ya saturadas filas de los hospitales. Luego de protestas en varias regiones del país, el gobierno reculó.

Cleber César Buzatto, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero, una organización religiosa que actúa junto con los pueblos indígenas de Brasil desde 1972, dijo a Brecha que hay en marcha un cambio radical, fundamental para entender la gravedad del momento actual: “A través del discurso de Bolsonaro, el gobierno no solamente da indicios de omisión, sino que señala hacia dónde pueden y deben ir los agresores de los pueblos indígenas, y los incentiva. Por eso su discurso es mucho más grave que una simple ‘carta blanca’. No sólo es una especie de autorización: es combustible”. La omisión del Estado, explica, siempre existió y permanece. Pero ahora “es el propio gobierno el que dirige las amenazas y los procesos de agresión y ataque”. Buzatto observa un “aumento significativo de denuncias y reclamos sobre nuevos procesos de invasión” que indica que “está en curso en Brasil una nueva fase de saqueo, de robo de tierra indígena, en la que se ataca incluso tierras ya demarcadas y debidamente regularizadas que ahora pasan a ser loteadas, comercializadas ilegalmente o víctimas de deforestación con corte raso”. Esto se suma al congelamiento en la demarcación de nuevas tierras indígenas, que “aumenta el potencial de conflicto en las regiones y acaba eternizando la situación de vulnerabilidad socioeconómica que sufren estos pueblos”. Para Buzatto, en esta nueva fase, “se corren riesgos muy serios de que ocurran genocidios, especialmente en la región amazónica, contra pueblos que desde el punto de vista numérico son menores, o grupos aislados, libres, que viven sin contacto”. Pero siempre, y como hace más de 500 años, hay lugar para la esperanza: “Los pueblos originarios han demostrado que no van a alterar su posicionamiento y su disposición para luchar y resistir. No se han amedrentado. Esto alimenta la esperanza de que ese proyecto genocida del gobierno sea vencido por los pueblos como fue vencido el proyecto genocida de la dictadura militar”.

Por Marcelo Aguilar

23 agosto, 2019


Aumento en la aprobación de agrotóxicos

El señor de los venenos

En lo que va del año, el gobierno de Bolsonaro liberó 262 agrotóxicos. Un récord. La explosión vino después del impeachment. Empezando en 2016, que había tenido el número más alto de liberaciones de los últimos seis años (106), los permisos casi se duplicaron en 2017 (203), siguieron aumentando en 2018 (239) y en lo que va de 2019 (262). En la última tanda de productos aprobados, en julio de este año, 18 son “alta o extremadamente tóxicos”, según Greenpeace. De los liberados el año pasado, 43 por ciento entran en esa categoría, y dentro de ese grupo, 31 por ciento no son permitidos en la Unión Europea. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, hay más de 2 mil productos esperando aprobación. Mientras tanto, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil aprobó, el último mes, nuevas reglas para clasificar a los agrotóxicos, lo que generó una disminución drástica de los considerados como “extremadamente tóxicos”. Esto ocurre, entre otras cosas, porque la agencia utilizará solamente el riesgo de muerte para definir su clasificación, dejando de lado irritaciones en la piel o problemas respiratorios.

Franciléia Paula de Castro, ingeniera agrónoma, magíster en salud pública e integrante de la Campaña Permanente Contra los Agrotóxicos y por la Vida, dijo a Brecha que “la liberación de estos nuevos registros no tienen nada que ver con la eficiencia agronómica. Es una acción volcada hacia los intereses de las industrias químicas y de la bancada ruralista”. Paula describió otro de los puntos graves: “¿Quién fiscaliza los agrotóxicos en Brasil? Los órganos que defienden liberar nuevos productos y vuelven más laxas las normas, como la de la clasificación toxicológica, son los mismos que deberían fiscalizar. Esa es una gran fragilidad a nivel institucional y es lo que permite esa liberación abusiva de nuevos registros”.

 

Las consecuencias de la deforestación

El rastro del Capitán Motosierra

En medio de las polémicas, Bolsonaro ironizó diciendo que él era el “Capitán Motosierra”. Pero aunque el presidente se los tome con poca seriedad, los efectos de su política son extremadamente graves. En 1989, Carlos Nobre hizo la primera investigación y alertó sobre la posibilidad de que la deforestación en la Amazonia podría llevar a una “sabanización” de la región: incluso parando el desmonte, la selva no volvería y el paisaje se convertiría en una sabana biodegradada. Nobre dice que hoy en día se conoce mucho mejor la relación entre el desmonte, el calentamiento global y el aumento de los incendios forestales, y que al analizar estos factores, la academia llegó a la siguiente conclusión: “Si el desmonte pasa del 25 por ciento del área de la selva, llegaríamos a un punto de ruptura, en el que la vegetación comenzaría a desaparecer de a poco durante los próximos 30 o 40 años, y perderíamos así hasta el 60 por ciento de la selva. De hecho, la deforestación en la cuenca amazónica está entre el 15 y el 17 por ciento, no estamos lejos de ese riesgo”. Nobre explicó lo que está en juego y lo que se puede perder: “En primer lugar, si eliminamos la selva, la temperatura aumentará entre 1 y 3 grados no solamente en la Amazonia, sino también en el centro del país, por causa de los vientos. Estás calentando una región que ya de por sí es caliente. Eso tiene enormes perjuicios para la salud humana y para la propia agricultura de esa región, con picos de calor que disminuyen muchísimo su productividad”. Por otro lado, sostuvo que “el proceso de sabanización tiene un lastre enorme de extinción. Estamos hablando de que desaparecerían de la tierra decenas de miles de especies”. Para el científico, es necesario ir en sentido contrario: “Restaurar selvas en todo el planeta, y sobre todo en los trópicos, es un mecanismo fantástico para retirar gas carbónico de la atmósfera. Necesitamos políticas de restauración forestal”. Y cambiar el paradigma: “Es necesario basar la economía en la biodiversidad, en la selva viva. Su potencial económico es muy superior al de la carne o la soja”.

Publicado enMedio Ambiente
Domingo, 25 Agosto 2019 06:20

Cuestión de precios

El gobierno cubano contrarresta la escasez de alimentos haciendo compras contingentes con recursos de otras partidas presupuestarias / Foto: Afp, Yamil Lage

En las últimas semanas el gobierno cubano emprendió una amplia reforma salarial. La decisión le ha dado un importante rédito político al presidente, aunque se trata de una apuesta riesgosa y abre un espacio de conflicto entre las autoridades y una parte del emergente sector privado.

 

A finales de junio, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció un inesperado aumento de salarios para los trabajadores del “sector presupuestado” en Cuba. Un tercio de la población laboral del país (1,5 millones de personas) fue beneficiado por la medida, que elevó el salario medio mensual desde 634 Cup1(poco más de 26 dólares) hasta 1.056 Cup. Para algunas profesiones, el “salto” fue incluso más acentuado: los maestros de primera enseñanza, por ejemplo, vieron duplicarse sus nóminas, en tanto que para muchos titulares de especialidades médicas se triplicaron.

Nadie consiguió anticipar tan importante decisión, que según rumores se acordó en secreto entre Díaz-Canel y el primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro. Su implementación inicial corrió a cargo de un limitado grupo de burócratas de alto nivel, entre los que predominaron figuras vinculadas al mandatario actual.

Dos meses antes del anuncio, había sesionado en La Habana el XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. El secreto con el que se cocinaba la elevación de pagos colocó a sus dirigentes en una posición equívoca, pues debieron mantenerse defendiendo la que hasta entonces constituía la premisa del discurso oficial sobre el tema: “Sin más productividad, no pueden incrementarse los ingresos de la población”.

“Si se reparte salario sin respaldo productivo, prepárense para la subida de los precios”, había alertado en julio de 2015 el todopoderoso titular de Economía y Planificación y vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo. Durante el tiempo transcurrido no sólo se verificó la caída de ese jerarca (los dominios del antiguo “zar de las reformas” se limitan hoy a la presidencia de una anodina comisión partidista), sino también un cambio en la filosofía de Estado.

A tono con las nuevas circunstancias, el presidente Díaz-Canel ha considerado fundamental poner orden en la política financiera de la isla. El mencionado incremento de jornales y de las pensiones más pequeñas y el traspaso de facultades de la administración gubernamental a las empresas públicas constituyen los primeros pasos de un proceso mucho mayor, señaló en las últimas semanas.

UNA APUESTA ARRIESGADA. 

Entre mediados de julio y comienzos de este mes, los trabajadores de entidades presupuestadas recibieron sus nuevos pagos. En paralelo, el gobierno desplegó una amplia operación logística orientada a surtir las tiendas con productos de primera necesidad, que desde el año anterior venían escaseando.

Cuba inició 2019 en medio de una crisis de desabastecimiento motivada por la falta de liquidez y la persecución del gobierno estadounidense contra sus operaciones comerciales. La situación resultaba tan compleja que en abril, al promulgar la nueva Constitución, Raúl Castro le dedicó buena parte de su intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Sus referencias al Período Especial, la debacle provocada por el derrumbe de la Unión Soviética, motivaron una intensa inquietud (véase “Como un déjà vu”, Brecha, 26-IV-19).

Como para alimentarla, a mediados de julio se sucedieron prolongadas interrupciones del servicio eléctrico. Sólo la capital y los balnearios destinados al turismo internacional escaparon a la oleada de apagones, que según la explicación oficial se debieron a roturas en las plantas generadoras. Otra versión, difundida entre el funcionariado, atribuyó los hechos a la carencia de combustible, consecuencia directa de las presiones de la Casa Blanca sobre navieras de terceros países contratadas para trasladar el crudo desde Venezuela (véase “Tres horas y tres minutos”, Brecha, 19-VII-19).

Las cuentas nacionales arrojan un sombrío balance. El año pasado el Pbi cerró el ejercicio con un magro 1,2 por ciento de crecimiento, que en julio fue revisado para agregarle un entero porcentual; aun así, el indicador se mantiene lejos del 7 por ciento que años atrás se presentaba como imprescindible para generar desarrollo. La Comisión Económica para América Latina ha estimado que Cuba completará el calendario en curso “sin decrecer” (como resaltó, a comienzos de este mes, un titular de Granma, el diario oficial del Partido Comunista), pero sus proyecciones no bastan para sostener el optimismo (la estimación es del 0,5 por ciento).

“El propósito (de Donald Trump y su gabinete) es asfixiarnos económicamente, provocando mayores carencias que irriten y desmovilicen a nuestro pueblo”, resaltó Díaz-Canel al clausurar el período parlamentario de julio. Por esos días el mandatario contrapuso la difícil coyuntura económica a la necesidad de elevar los salarios. A su juicio, la medida se traduciría en mayor eficiencia del aparato estatal. Por lo pronto, el retorno a las aulas de más de 8 mil maestros que habían solicitado la baja a causa de los pobres ingresos del sector indica que no andaba desencaminado.

 

¿POPULISMO O SENTIDO DE LA OPORTUNIDAD? 

Durante su primer año en el cargo, Díaz-Canel cargó con el sambenito de ser considerado sólo una figura de paja tras las que se ocultaban Raúl Castro y el Grupo de Administración Empresarial, el holding de compañías gestionadas por ex oficiales de los ministerios del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Bajo ese punto de vista, se especulaba que el nuevo presidente tendría poco margen para desarrollar sus propias estrategias de gobierno.

La decisión de alterar la política salarial fijada en los tiempos de Fidel Castro constituye la primera jugada de peso emprendida bajo su conducción y se pondrá a prueba en los próximos meses. La cuestión es tan “simple” como lograr que no se traduzca en inflación el gigantesco volumen de efectivo que se distribuirá entre la ciudadanía. Datos oficiales han cifrado el costo de los incrementos salariales y de pensiones en alrededor de 7.700 millones de Cup, sólo durante los meses que restan de 2019. Para tener una idea de la magnitud de la erogación, basta apuntar que los ingresos planificados del Estado, en todo el año, rondan los 60 mil millones de Cup.

En su empeño por alterar las variables del juego, La Habana ha conseguido hasta ahora un éxito parcial. Por un lado, la red comercial bajo su control no ha colapsado ante la demanda acrecentada de millones de consumidores, pero, por otro, queda la duda de si las autoridades estarán en condiciones de sostener el ritmo actual de abastecimientos (en su mayoría, a partir de importaciones). Otro aspecto que ha cobrado particular preeminencia es el de las relaciones con los cuentapropistas, quienes en junio sumaron –por primera vez– más de 600 mil personas. Su labor resulta fundamental en servicios como los del transporte y la comercialización de productos alimenticios, pero casi siempre ha estado marcada por una tensa relación con las autoridades.

Anticipando que ahora no sería diferente, desde principios de julio numerosos funcionarios se apresuraron a aclarar que, para ser “exitoso y sostenible”, el aumento salarial debía ir acompañado por “el no incremento de precios”. Así lo señaló la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, al recordar que “no ha existido un incremento de los costos o impuestos; por tanto, no puede ser la subjetividad del incremento salarial la que lo motive. (…) Se trata, sobre todo, de que no se sigan estableciendo precios abusivos”.

La de “precios abusivos” es una de las expresiones más repetidas por la prensa oficial en las últimas semanas. Para enfrentarlos, se han topeado los importes de numerosos productos y servicios, y se han habilitado líneas telefónicas y direcciones de correo para que la población denuncie a quienes violen lo establecido. A nivel nacional, el proceso es supervisado por un observatorio gestionado por el ministerio de ese ramo.

No es una estrategia nueva. A finales de 2015, a raíz de otra crisis alcista, un diputado demandó en la Asamblea Nacional el fin de la política de “oferta y demanda” que defendían el vicepresidente Murillo y otros dirigentes. Consciente del malestar que generaba la situación, Raúl Castro secundó el reclamo y durante los meses siguientes se ensayó en la isla un primer intento de control centralizado de precios, que terminó con más penas que glorias. Durante los años transcurridos otros “experimentos” (como se les conoce en la jerga burocrática local) pretendieron ordenar la comercialización de materiales de construcción y el transporte de pasajeros, siempre sin éxito.

El de los taxis “almendrones” (los autos particulares estadounidenses de la década del 50) de La Habana se contó entre los fracasos más rotundos, recuerda el periodista José Jasán Nieves, del sitio alternativo El Toque“Fue una iniciativa cuyo resultado debería estar tallado sobre las paredes de los ministerios de Transporte y de Finanzas y Precios: 4.359 vehículos menos sirviendo, oficialmente, a los pasajeros en la capital y los precios aumentados el doble y hasta dos veces y media en las rutas que sobrevivieron”.

Para Díaz-Canel, esa es una referencia preocupante y cercana a la vez (el “experimento”’ fue abandonado recién en abril pasado). Con todo y las buenas intenciones, ni siquiera el respaldo de la población garantiza el éxito de medidas tan radicales. En especial, en un país con sus finanzas en permanente estado de contingencia.

  1.   Peso cubano, principal moneda de cambio en Cuba; 25 Cup equivalen a 1 Cuc (peso cubano convertible).

Por Amaury Valdivia

23 agosto, 2019

Publicado enInternacional
A Mauricio Funes Cartagena no le bastó la corrupción de un país centroamericano. Necesitó la de dos

El expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) fue el primero de izquierda en un país que padeció la ineptitud y el saqueo de la derecha democrática durante 15 años. Hartos de gobiernos que despilfarraron las arcas del Estado mientras idolatraban la figura de Roberto d’Aubuisson, el asesino de San Óscar Romero, los votantes eligieron a Funes en aquel marzo esperanzador. Era la transición democrática tan anhelada. Era la llegada al poder de los que décadas atrás combatieron fusil en mano a los militares tiranos que gobernaron a punta de tortura y represión. Y el salvadoreño Funes estuvo a la altura de la noche. “Es la noche más feliz de mi vida y quiero que sea la noche de la más grande esperanza de El Salvador”, dijo tras ganar. Dijo también que aquel era el “mismo sentimiento de esperanza que hizo posible la firma de los acuerdos de paz”. Dijo que era tiempo de reconciliarnos y que sería el presidente de todos. Lo que dijo hizo a muchos emocionarse hasta el llanto. Miles sintieron que todo lo sufrido –y fue mucho lo sufrido- valió la pena.

Aquella noche en que la democracia salvadoreña –tan peleada, tan sangrienta- llegó a la madurez, nada permitía imaginar que el saqueo ya había empezado.

Desde antes de asumir la presidencia, Funes y sus más allegados funcionarios hacían lo necesario por entender a detalle cómo funcionaba una bolsa presupuestaria que su antecesor –ahora preso por lavado de dinero- ocupó para enriquecer sus empresas y erigir su mansión. Nada tardaría el salvadoreño Funes, otrora un periodista incisivo que pagaba a plazos su carro Mazda, en entender aquel infame presupuesto y empezar a derrochar. El nombre de ese rubro, por si no fuera poco descaro que no sea auditable por la Corte de Cuentas, es partida secreta. En su quinquenio, Funes tuvo más de $300 millones en este paisito donde hay escuelas cuyo presupuesto anual es de menos de $1 000.

El salvadoreño Funes derrochó: en febrero de 2011, tras dos años de haber logrado la histórica transición, el izquierdista llevó a su familia en un jet privado a Florida. En tres días gastó $115,389, el equivalente a dos años y dos meses de su salario. El viaje quedaría retratado en una foto que subió a redes su cuñada brasileña. La familia posa feliz frente al castillo de la Cenicienta del Magic Kingdom en Disney World. El presidente Funes se volvió un hombre de gustos finos: un día, $7,372 en la tienda de cueros Salvatore Ferragamo de Miami; otro, $10,000 en la fiesta infantil de su hijo en San Salvador; o $9,840 en una compra de joyas en la capital salvadoreña; Montblanc, Chanel, Futuretronics, compras en 29 ciudades del mundo a costillas de sus gobernados. Su entonces esposa y primera dama, Vanda Pignato, no se quedó atrás: $245,537 en un jet para viajar a Brasil en 2011, por ejemplo. Cuando en mayo de este año publicamos en El Faro el reportaje del saqueo, Pignato respondió que el dinero siempre se lo daba Funes y que los vuelos y sus tarjetas las pagaba el salvadoreño, que ella nunca supo con qué dinero.

Pignato está en El Salvador, en detención domiciliaria y enfrentando cargos de lavado de dinero. Funes tiene cinco acusaciones en los juzgados salvadoreños, pero vive opulentamente en la Nicaragua de Daniel Ortega. El represor nicaragüense dio asilo al corrupto salvadoreño. El argumento del expresidente Funes es sacado del manual del corrupto latinoamericano: dice ser víctima de una persecución política. Funes, que saqueó bajo la roja bandera efemelenista, encontró otra, rojinegra esta vez, para ocultarse en Centroamérica. La más rastrera solidaridad de la izquierda latinoamericana se consumó en la región.

El caso Funes sigue destapándose. Las investigaciones fiscales están apenas en curso y una bodega llena de documentos que alguien sacó de Casa Presidencial y a la que solo El Faro ha tenido acceso parcial aún está por explorar. Todo apunta a que apenas conocemos los caprichos de un hombre más que se torció en el poder.

El pasado martes 30 de julio el Gobierno orteguista asestó otra bofetada a El Salvador: nacionalizó a Funes. Desde esa fecha, el expresidente que desvalijó a los salvadoreños es nicaragüense. Funes no puede ser extraditado.

El nicaragüense Funes, quien suele tuitear hasta altas horas de la madrugada, no tardó en echar en cara al nuevo presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien prometió en campaña traerlo al país, que su extradición ya no procede.

Quizá Funes no entiende que esto no se trata de banderas ni de promesas grandilocuentes de candidatos presidenciales. Esta no es una partida entre adversarios políticos. Esto se trata de la dignidad de un montón de gente que trabaja con sueldos de hambre para vivir en lugares de miedo. Se trata de millones con dieta de frijoles y tortilla que ven cómo ese hombre despilfarró más de $6,000 en comida y bebidas en cinco horas de vuelos en un viaje en jet por Florida. Se trata de miles de policías del país más violento que sabrán impune a un señor que gastó en globos para una fiesta infantil lo que ellos ganan en dos meses. Esto va sobre un país que se ilusionó con una transición peleada por décadas, por la que decenas de miles dejaron la vida en las montañas y las lágrimas en las tumbas de sus familiares, para luego ver todo eso resumido en la figura de un sibarita que salía de joyerías con las muñecas adornadas y se paseaba por el mundo vestido de Ermelegildo Zegna y calzado con Ferragamos.

La impunidad construye –deforma- país. Lo sabemos en Centroamérica. Lo aprendimos humillación tras humillación, empezando por uno de los cimientos de nuestras democracias, las leyes de amnistía que cobijaron –cobijan- a tantos criminales de guerra. Lo ratificamos en estas democracias tan debiluchas, soportando a corruptos que se jactan de seguir ahí después de haber sido quienes son y hecho lo que hicieron. “Si pude haber robado, robé, pero no tengo mis manos manchadas de sangre”, dijo hace décadas un político salvadoreño, construyendo ese podrido argumento en el que se cobijan tantos funcionarios de la región: fui malo, pero pude ser peor, como otros. Funes aún puede saquear más a El Salvador. Ya saqueó sus arcas, ahora va con su dignidad.

En El Salvador, el fiscal y el presidente prometen que harán todo lo posible para traerlo y juzgarlo en el país. La maraña legal deja posibilidades minúsculas, y la mayor esperanza en los corrillos políticos es otro corrupto, Daniel Ortega, ese hombre conocido por saber sentarse con dios y el diablo en la misma mesa y pactar acuerdos con el purgatorio. Que Ortega llegue a traicionar a su protegido es la esperanza de buena parte de un país.

Sentar al salvadoreño-nicaragüense Funes en un juzgado no debe ser un acto de revanchismo político, sino un ejercicio en pro de que El Salvador se desentumezca un poco y se vaya poniendo de pie.

Por Óscar Martínez

23 AGO 2019 - 19:55 COT

Publicado enPolítica
 Cosecha masiva de soja en una granja en Campo Verde, Mato Grosso, Brasil. Foto: Alf Ribeiro.

El pulmón verde del planeta está ardiendo por los cuatro costados. El fuego arrasa la Amazonia hasta el punto de que el humo ha oscurecido el cielo de São Paulo mostrando una imagen apocalíptica. Y no es para menos.

Según datos ofrecidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología brasileño, se han registrado 71.497 focos entre el 1 de enero y el 18 de agosto de 2019. Un aumento del 82% con respecto al mismo período del año pasado. Lo que indica que la Amazonia desaparece pasto de las llamas cada año, desde hace ya mucho tiempo.

¿Pero cómo es posible que se produzcan decenas de miles de incendios? Evidentemente 71.497 focos distintos no se generan de manera fortuita.

Quién y por qué los provoca puede sorprendernos e incluso incomodarnos, pero el conocimiento es poder para cambiar las cosas.

En febrero de 2017, la organización MightyEarth publicó un informe desvelando la relación entre la producción de soja y la deforestación masiva en la cuenca del Amazonas. Las imágenes tomadas con drones son realmente escalofriantes y ofrecen una idea contundente de la magnitud del problema.

Su informe señala un dato importante: la producción de soja se utiliza mayoritariamente para alimentar a las vacas que se convertirán en carne para satisfacer la demanda de Europa y Estados Unidos.

Literalmente, estamos devorando el planeta.

Detrás de este macabro negocio, Mighty Earth encontró a dos multinacionales de la alimentación: las estadounidenses Cargill y Bunge, que compran la soja producida en los campos generados tras talar los bosques de Brasil y Bolivia.

No es la primera vez que una organización ecologista señala a estas empresas. Según un informe de Greenpeace de 2006, Cargill es el impulsor de la destrucción de la Selva Amazónica y revela que: «Gran parte de la soja brasileña que alimenta a los pollos, vacas y cerdos en Europa es suministrada por el gigante agrícola Cargill».

Una tercera investigación conjunta realizada por The Guardian, Repórter Brasil y la Oficina de Periodismo de Investigación, constata que cada año se talan hasta 5.800 km2 (una superficie idéntica a la de la provincia de Cantabria entera) de bosques en la Amazonia para convertirlos en pastos utilizados para la cría de ganado que posteriormente es enviado a mataderos que producen carne para los mercados mundiales.

Lo pueden decorar, maquillar y ocultar, pero la realidad es que la creciente demanda mundial de carne se ha convertido en la principal causa de la destrucción de la selva amazónica y del planeta en su conjunto. Las estimaciones no son nada tranquilizadoras: el consumo de carne se duplicará a nivel mundial en los próximos 20 años.

Nos enfrentamos a una seria y profunda crisis alimentaria global. El 80% de la tierra agrícola, incluidas las tierras del tercer mundo, se utiliza para la producción de cereales y grano destinados a alimentar a los animales que se sacrifican en cifras astronómicas para saciar el apetito voraz del primer mundo, donde 2.000 millones de personas tienen sobrepeso u obesidad. Todo ello desoyendo las indicaciones de Naciones Unidas que instan a los gobiernos mundiales a favorecer el consumo directo de proteínas vegetales, garantizando el acceso a comida suficiente a los 10 mil millones de personas que se espera vivan en el planeta para 2050.

Sabemos que el consumo de carne roja y carne procesada está directamente relacionado con el cáncer, desde que nos advirtiera de ello la Organización Mundial de la Salud. 

Sabemos que la industria de la carne genera tantos gases de efecto invernadero como todos los coches, trenes, barcos y aviones juntos.

Sabemos además que la producción de carne consume los recursos hídricos del planeta: para producir un sólo kilo de carne de vaca, se necesitan 15.000 litros de agua, por lo que la industria ganadera contribuye a la sequía, la desertización y como ahora vemos, a la deforestación de nuestros bosques.

Así que podemos rezar por el Amazonas, pero si queremos ser realmente efectivos, tenemos la solución en nuestras manos eligiendo lo que ponemos en nuestros platos. Es urgente tomar en serio de la recomendación de Naciones Unidas y realizar un cambio en nuestra dieta, introduciendo de nuevo en alimentos de origen vegetal: cereales, legumbres, frutas y verduras.

Será bueno para los animales, para nuestra salud y para el futuro del planeta

22 agosto, 2019

Publicado enMedio Ambiente