Jueves, 15 Agosto 2019 05:33

China critica a Samsung y Huawei 

China critica a Samsung y Huawei 

El gobierno chino acusó a las compañías de telefonía celular Samsung y Huawei de mantener posiciones sospechosas en torno a Hong Kong y Taiwán, al considerar en sus sistemas operativos y sitios web a estos territorios como países independientes. Tras dos meses de masivas manifestaciones en el conflictivo territorio de Hong Kong, la administración de Xi Jinping se muestra especialmente sensible ante la cuestión del estatus de la ex colonia británica, y de la posición de compañías y países internacionales frente a la crisis.

Samsung, el mayor fabricante en el mundo de celulares inteligentes (smartphones), recibió fuertes críticas por ofrecer a sus usuarios la posibilidad de elegir a Hong Kong o Taiwán como países distintos a China, un hecho que es interpretado por muchos cibernautas como una amenaza para la unidad del gigante asiático.

La compañía surcoreana ofrece a los clientes a través de su sitio web la posibilidad de elegir el lugar donde viven, mediante una lista en la que aparecen nombres de países independientes, pero también estados asociados como Puerto Rico. 

El cantante chino Zhang Yixing, conocido por su nombre artístico "Lay", y una figura pública muy reconocida en el país, decidió romper su colaboración comercial con Samsung, a la que acusa de "herir los sentimientos del pueblo".

Aún más sorprendentes resultan las críticas de sectores nacionalistas chinos a Huawei, hasta ahora protegida como pocas compañías, tras ser objeto de sanciones por parte del gobierno estadounidenses.

El número dos del mercado de la telefonía celular en el mundo fue cuestionado por la forma en que presenta a estos dos lugares en la selección de franjas horarias de los teléfonos de su conocida serie P. Por ejemplo, los habitantes en la capital taiwanesa deben elegir la opción “Taipei, Taiwán”, medida criticada por varios clientes que argumentan que no se respetan las leyes asiáticas.

"Huawei ha transformado Taiwán en un país, es inaceptable", criticó un usuario en la red social Weibo. "¿Por qué las empresas chinas no pueden respetar las leyes de nuestro país?", lamentó indignado otro participante.

Por el momento, ni Samsung ni Huawei se manifestaron acerca de la controversia. Hasta ahora, varias empresas occidentales dedicadas a la venta de artículos de lujo, como Givenchy, Coach, Versace o Swarovski, habían sido acusadas de insinuar en sus productos o publicidad que Hong Kong es un país independiente.

Hong Kong es un territorio reunificado a China en 1997 que dispone de moneda propia, y Taiwán, cuya soberanía es reivindicada por Beijing, dispone de gobierno propio, aunque con escaso reconocimiento internacional.

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Diez semanas y la protesta en Hong Kong no cede 

Según el gobierno, las manifestaciones llevan a la ciudad a un "camino sin retorno. Se suspendieron varios vuelos. 

Tras la segunda jornada de protestas en el aeropuerto de Hong Kong, autoridades locales anunciaron la suspensión de varios vuelos. Según el gobierno, las manifestaciones llevan a la ciudad a un "camino sin retorno", luego de que cientos de manifestantes vestidos de negro volvieran a ocupar las instalaciones de la terminal con carteles y barbijos, mientras coreaban distintas consignas.

"Todos los servicios de facturación para vuelos de salida han quedado suspendidos a partir de las 16.30 hs. (5.30 de la Argentina)", indicó un comunicado de la jefatura aeroportuaria, que también pidió a los pasajeros que abandonen la terminal, e indicó que "otros vuelos de salida y llegada seguirán operando", aunque sin especificar bajo qué condiciones. El lunes, una manifestación similar había provocado la cancelación de 300 vuelos.

Frente al conflicto, China lanzó la advertencia más dura desde el inicio de las movilizaciones, diez semanas atrás, a través de videos que se difundieron por medios oficiales, en los que se puede ver a las fuerzas policiales agolpadas en la frontera de la región, aparentemente listas para reprimir y despejar las zonas de conflicto.

La ex colonia británica atraviesa la crisis política más grave desde su retorno al dominio chino en 1997. Desencadenada por el rechazo a un proyecto de ley que autorizaba extradiciones a China, las protestas en Hong Kong extendieron sus reivindicaciones al denunciar un retroceso en las libertades y derechos individuales, y, a su vez, una injerencia cada vez mayor del gobierno chino.

El lunes, durante la primera jornada de protestas en el aeropuerto, más de 5 mil personas invadieron la terminal para denunciar la violencia policial. La jefa de gobierno de Hong Kong designada por Beijing, Carrie Lam, alertó sobre las peligrosas consecuencias que las protestas podrían ocasionar. "La violencia, ya sea su uso o justificación, llevará a Hong Kong por un camino sin retorno y hundirá a la sociedad en una situación muy preocupante y peligrosa", aseguró el martes en rueda de prensa. "La situación en Hong Kong la semana pasada me hizo temer que podíamos llegar a esta peligrosa situación", agregó.

Lam defendió la actuación policial que, según ella, está basada en sólidos lineamientos. "Los policías toman decisiones en momentos puntuales en defensa de la seguridad de la gente. No se puede decir que hayan hecho algo mal", señaló. "Hemos oído muchos discursos de odio contra la Policía. Esto no es beneficioso para Hong Kong", añadió.

Pero sus declaraciones no lograron ni por asomo detener a los miles de manifestantes que este martes por la tarde regresaron al aeropuerto, uno de los más frecuentados del mundo, con 74 millones de pasajeros anuales. Los manifestantes endurecieron la protesta levantando barricadas con carros de equipaje que bloqueaban los pasillos que conducen a las zonas de embarque de las terminales.

"¡Defiendan Hong Kong! ¡Defiendan las libertades!", gritaban los manifestantes, mientras pegaban vinilos en las paredes con la expresión: "¡Ojo por ojo!". Ésa fue la frase que caracterizó a la protesta, luego de que una mujer sufriera una grave lesión en el rostro que le habría hecho perder la vista de un ojo durante una manifestación en la noche del domingo. Varios manifestantes, de hecho, exhibían uno de sus ojos tapados con una venda.

El jefe de la policía local, Stephen Lo, se limitó a decir por la tarde que estaban siguiendo de cerca la situación en el aeropuerto, tras preguntarle si planeaban dispersar a los manifestantes. Según el diario estatal chino Global Times, la policía se planteaba el uso de la fuerza según las circunstancias que se dieran en el aeropuerto.

Por la noche, en las afueras de la terminal, un grupo de policías antidisturbios utilizó gas pimienta contra algunos protestantes, mientras trataban de escoltar a dos hombres (según los activistas, espías infiltrados) para ser trasladados en ambulancia. El camino de los agentes se vio bloqueado por cientos de manifestantes, lo que llevó a la policía a despejar la calle usando gas pimienta y deteniendo a al menos a dos personas.

Los medios oficiales chinos calificaron a los manifestantes de "gánsteres", y amenazaron con una fuerte intervención de las fuerzas de seguridad. El movimiento, cada vez más radicalizado, constituye un desafío inédito para el gobierno central, que el lunes dijo ver en las protestas "signos de terrorismo".

Distintos funcionarios y organizaciones internacionales se manifestaron frente al conflicto. Amnistía Internacional pidió a la policía "contención" para evitar una mayor escalada de violencia, en respuesta al uso de gas lacrimógeno y balas de goma. Por otra parte, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la represión de las protestas y reclamó una "investigación imparcial" en la ex colonia británica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera que "nadie salga lastimado, ni nadie sea asesinado", en medio de las nuevas protestas. "Lo de Hong Kong es una situación difícil", dijo el presidente frente a periodistas en Nueva Jersey.  

El mandatario también se refirió a la movilización de tropas chinas en el territorio, según informes de la inteligencia estadounidense. "Nuestra inteligencia nos ha informado que el gobierno chino está moviendo tropas a la frontera con Hong Kong. ¡Todos deben estar en calma y seguros!", aseguró Trump vía Twitter.

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Margarita Isaza, No soy observador, esas cosas las descubrí poco a poco, carboncillo sobre papel, 162 x 130 cm. (Cortesía de la autora)

La política económica del gobierno Duque no deja dudas sobre a quienes pretende favorecer. Sus prioridades políticas tampoco. 

 

Sin sorpresas. Así ha resultado el gobierno Duque, vaticinado como un cuatrenio de continuidad y ahondamiento de la política económica y social padecida por la sociedad colombiana a lo largo de las últimas décadas, y de regreso del uribismo a la Casa de Gobierno.

Son unas características más allá de lo enunciado por el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, cuando en su posesión llamaba a la unidad, al tiempo que Ernesto Macías, recién elegido presidente del Senado, llamaba a la vindicta contra los contradictores del uribismo. 

Este desayuno, indigesto, presagiaba el almuerzo: el “periodo Macías” se caracterizó por no brindar plenas garantías a las bancadas de oposición en no pocas ocasiones, tal como lo manifesté en el balance de su periodo (1) y el llamado de Duque a la unidad se reveló demagógico de cara a una agenda legislativa que acentúa las exclusiones, las segregaciones y marginalidades existentes, empobrece más a amplios sectores populares y de clases medias, ampliando la brecha de la desigualdad tan histórica como acentuada en colombiana. Además, contrario a esos llamados, la exacerbación de los odios anidados en la sociedad por décadas de violencia resaltó con frecuente: la obsesiva intencionalidad de deslegitimar la JEP y las altas Cortes es prueba de ello. 

 

La agenda económica

 

El mazazo inicial en contra de los excluidos de siempre vino por cuenta de los proyectos económicos en el primer periodo de la legislatura: Ley de Financiamiento, Presupuesto General de la Nación y Presupuesto Bianual de Regalías. El siguiente, por cuenta de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el segundo periodo. 

De esta manera continua el ajuste fiscal permanente al que nos somete el déficit recurrente del sector externo. Treinta años de libre comercio traducido en numerosos TLC y acuerdos comerciales no pasan en vano. Hoy el agro, con sus 14 millones de toneladas importadas (2), después de solo importar un poco más de 2 millones de toneladas en 1992 (3), representa toda una tragedia endosable a esa ideología del libre comercio y el fundamentalismo del mercado.

La Ley de Financiamiento, eufemismo con que se llamó a la reforma tributaria Duque, intentó cuadrar el faltante de 14 billones de las finanzas públicas. Según analistas económicos, se pretendía arrancar 11 billones de pesos a los sectores populares a través de la extensión de la base del IVA (4). Afortunadamente, las alertas y el ruido desatado provocó el rechazo generalizado y echó para atrás esta pretensión, muy a pesar de que lo aprobado, en su balance general, favoreció a los poderosos del país: la eliminación del IVA a los bienes de capital, la reducción del impuesto a la renta y la supresión de la renta presuntiva fueron exenciones tributarias adicionales a las establecidas para este segmento, calculadas en unos 9 billones (5). Exenciones que, en algunos sectores, entre ellos el de la economía naranja y el turismo, tuvieron su capítulo especial. Se sabe que esta reforma recaudará algo así como 7.5 billones y, desde luego, ya el gobierno anunció en las bases del PND una nueva reforma tributaria que se entiende complemento a esta ley de financiamiento para cubrir el faltante. Además, en el mismo sentido fiscalista, el PND establece la autorización de enajenar la participación del Estado en 88 empresas, lo que suman más o menos ½ billón, y desde inicios de año voces oficiales especulan con la posibilidad de vender el 8.5 por ciento restantes de las acciones de Ecopetrol, permitida por la ley 1118/2006.

 

Reformas con nombre propio

 

Con relación al presupuesto, en el contexto de desmovilización de las Farc no se justifican los 33.4 billones para el rubro de defensa que presenta un incremento respecto al anterior. Aunque aún persisten el Eln y las disidencias farianas, es innegable que el conflicto disminuyó sustancialmente de intensidad, lo cual ameritaba sino una disminución sí un congelamiento. En el rubro de la deuda pública la reprogramación de pagos de 14 billones efectuada por Carrasquilla es sin duda un alivio presupuestal a corto plazo para fortalecer el rubro de inversión, pero tendrá consecuencias a mediano y largo plazo en el incremento del endeudamiento público que anda por el orden del 58 por ciento del PIB.            

“Yo les dije que saldríamos de la crisis, no que los sacaríamos de la crisis” le dice el acaudalado a una muchedumbre hambrienta y con cara de reclamo en la famosa caricatura. Pues bien, todas las medidas referenciadas tienen el propósito de recuperarle la economía a los grandes negocios y al gran capital de manera general, no de resolver las apremiantes demandas de los de abajo. Algunas medidas incluso tienen nombre o sector propio como beneficiarios directos, y responden la pregunta de para quién gobierna Duque. Una relación de las medidas tomadas a lo largo de estos primeros meses así permite comprobarlo: 

-El PND recién aprobado concede prorrogas de 30 años adicionales a los contratos de concesión minera del decreto 2655/88 que las había otorgado ya por 30 años sin prórroga, para ser devueltas a la nación. Los beneficiarios directos: Argos –propiedad Grupo Empresarial Antioqueño con 32 contratos y el grupo Mineros S.A. del cual hace parte el grupo Aval (Sarmiento Angulo) y Scotiabank, con 5 contratos. ¡60 años garantizados de inmensas ganancias!

-Los porcentajes de regalías establecidos en el artículo 329 del Plan para los reconocimientos de propiedad privada concedidos a particulares, como Cerrejón y Mineros S.A, siguen muy por debajo de los establecidos, por un lado, por la Ley 756 del 2002 para todas las demás concesiones de carbón en el país, 3,27 por ciento –más de 3 millones de toneladas– y 1,64 por ciento –menos de 3 millones de toneladas (PND)–, frente al 10 por ciento que pagan las demás concesiones de este tipo de explotación, y por otro lado, de los establecidos por la Ley 488 de 1996 de 4 por ciento para explotaciones de oro (veta) y que gracias a los vacíos jurídicos del Código minero de 2001 han venido pagándose al 0,4 por ciento. Luego, es responsabilidad de todos los gobiernos posteriores a dicho Código (y del que lo promovió), incluido el actual de Duque, no reglamentar ajustando estas regalías en favor de la nación y la ciudadanía.

-En materia de servicios públicos, indigna que el plan le haya dedicado todo un bloque de artículos dirigidos a socializar el saqueo de los dineros públicos que la Multinacional Fenosa le propinó a la Costa Caribe. Este bloque de 8 artículos fue llamado curiosamente “Equidad para la eficiente prestación del servicio público de Energía en la Costa Caribe” y es representativo, sin ninguna duda, del fracaso de la privatización de los servicios públicos domiciliarios: nos referimos a Electricaribe. 

La socialización de este saqueo se concretó específicamente en dos de estos artículos, el primero de los cuales estipula la creación de una sobretasa de $4 pesos por kilovatio-hora de consumo de energía a los estratos 4, 5 y 6, además de los usuarios comerciales e industriales que al final les transferirán esta sobretasa a los usuarios vía precios. El segundo, socializa el pasivo pensional, antes contractualmente a cargo de la empresa que incumplió con esta obligación de carácter laboral. Comparto plenamente el criterio garantista de la Constitución del 91 que sabiamente ordena garantizar los derechos pensionales y prestacionales de la población ante la quiebra de las empresas, lo que pretendo resaltar es que el incumplimiento de las obligaciones pensionales por parte de Electricaribe se tradujo en ganancias para la multinacional Fenosa, ganancias que hoy este PND apunta a preservar al transferir a los usuarios las deudas contraídas por la multinacional. 

Lo particular es que las Empresas Públicas de Cali –Emcali– no tuvieron el mismo trato, a pesar de la importancia regional de la empresa, y fue gracias al esfuerzo de la bancada vallecaucana que se logró un compromiso con el Gobierno, plasmado en las bases del Plan, de abordar el asunto de la deuda de la Nación con Emcali.

Con relación al Sistema General de Salud y Seguridad Social (Sgsss) el “acuerdo de punto final” plasmado en el PND, solo contempla sanear las deudas No POS excluyendo la multiplicidad de deudas que mutuamente se reclaman los actores del sistema: EPS, IPS, entes territoriales, trabajadores y personal médico. Precisemos que las deudas No POS son fundamentalmente las representadas en los recobros y que estos, es bueno recordarlo, han operado como el incentivo perverso que ha facilitado en buena parte el desfalco de los recursos de la salud por parte de las EPS. 

Aunque “el acuerdo de punto final” intenta disipar suspicacias frente a SaludCoop y Palacino, al estipular que los recobros que estén bajo investigación judicial no entran en el acuerdo, ya sabemos que la condena a Palacino en lo de la trama SaludCoop terminó por motivos distintos a los recobros. Es evidente, entonces, que la prioridad del gobierno es resolverle el problema a las EPS, en claro favorecimiento de un solo actor del sistema que, dicho sea de paso, son las que se han enriquecido con el Sgsss. Al respecto, un dato sugestivo: apenas el Gobierno anunció la idea del proyecto de punto final, algunas EPS le hicieron llegar al MinSalud las facturas que la Administradora de Recursos del Sistema General de Salud y Seguridad Social (Adres) les debería pagar ¡algunas con fecha de más de diez años! Como cereza del pastel, dicho acuerdo reconoce estas deudas como públicas, pagaderas con cargo a la “deuda pública” del Presupuesto General de la Nación o mediante operaciones de crédito público. El mismo Gobierno admite que las deudas de la salud rondan los 10 billones, cifra que expresa otro más de los fracasos de las privatizaciones y que pagaremos los colombianos. 

-Para el uso del espectro electromagnético las licencias se ampliaron a 20 años, cuando eran solo a 10. Ganadores: las multinacionales de las comunicaciones como Claro (Carlos Slim), Movistar, entre otras.

-Como si las prebendas a Carlos Sarmiento Angulo en el tema minero no bastaran, recién escribía este artículo el gobierno anunciaba la liquidación de la Concesionaria de Ruta del Sol S.A.S. a cargo de los Solarte, Corficolombiana (Sarmiento Angulo) y Odebrecht, además de que “por lo menos $1,2 billones que se le adeudan a los bancos serán cancelados por la Nación a cargo del Presupuesto General y que se emitirían un billón de pesos en TES (papeles oficiales) para pagar esa deuda” (6). Ya podemos adivinar a qué bancos se les salvará la plática: Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco AV Villas (Grupo Aval-Sarmiento Angulo), 4 de los 7 bancos acreedores de la concesionaria.

 

Ahondando el neoliberalismo

 

Es claro, entonces, que el gobierno de Iván Duque es no solo continuista sino que profundiza toda la política económica neoliberal impuesta hegemónicamente desde el “Bienvenidos al futuro” gavirista. Es sabido que el neoliberalismo es un proyecto histórico que no es posible imponer a rajatabla en un solo período presidencial, por lo que cada gobierno contribuye desde las posibilidades que le brinda la coyuntura política. Es decir, cada antecesor le abona el terreno al siguiente. Un ejemplo: para las industrias creativas es fundamental la legislación sobre propiedad intelectual implementada por Santos y que ahora Duque intenta desarrollar con la economía naranja. 

Es preciso resaltar, no solo continúa sino que profundiza la política económica, subrayando así que la agresividad de sus políticas también requieren de cierto tono autoritario. Es que, a falta de industria nacional –como resultado del proceso devastador de tres décadas de libre comercio–, no queda más que echarle mano a las montañas, ríos y selvas. La determinación de usar la tecnología del fracking para extraer petróleo es el destino fatal de esta política. Por lo que este gobierno es todo un retroceso en materia ambiental, así como en la garantía de los derechos sobre la tierra: todo un pacto por el extractivismo con los grandes capitales.

 

Con vocación hegemónica

 

En lo político, este gobierno representa el regreso del uribismo al poder que, si bien presenta una pérdida considerable del consenso social nacional alcanzado en su inicial octenio, se muestra hoy envalentonado por el retroceso del progresismo en la región latinoamericana y el avance de la extrema derecha en EE.UU. y Europa. Esa debilidad interna y ese talante hace que, a diferencia de Santos que congregó en torno a su partido las demás denominaciones cercanas al establecimiento, éste se atrinchere en un intento por hacer un gobierno de partido procurando ensancharse como proyecto hegemónico en la sociedad. 

Tenemos así un primer año de un Gobierno del cual no pueden vanagloriarse las mayorías nacionales. Primeros meses de una gestión que no dejan dudas sobre lo que será la totalidad de su cuatrenio. 

 

1. Arias, Wilson. 2019. Presidencia de Macías: más pena que gloria. Confidencial Colombia. Recuperado de: https://confidencialcolombia.com/opinion/columnista-invitado/presidencia-de-macias-mas-pena-que-gloria/2019/06/15/

2. González, Jorge Iván. 2019. Sigue la apertura “hacia adentro”. Recuperado de: https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/sigue-la-apertura-hacia-adentro-2871071

3. Tovar Martínez, Edmer. 1997. El país, lleno de alimentos importados. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-625349

4. Cigüenza Riaño, Noelia. 2018a. Ley de financiamiento incluirá IVA para casi todos los productos de la canasta familiar. Recuperado de: https://www.larepublica.co/especiales/contexto-de-la-ley-de-financiamiento/ley-de-financiamiento-incluira-iva-de-18-para-toda-la-canasta-familiar-2787764

5. Cigüenza Riaño, Noelia. 2018b. Solo cuatro exenciones a las empresas restan $9 billones a la tributaria en 2020. Recuperado de: https://www.larepublica.co/especiales/contexto-de-la-ley-de-financiamiento/solo-cuatro-exenciones-a-las-empresas-restan-9-billones-a-la-tributaria-en-2020-2806977

6. El Espectador. 2019. Gobierno liquida Concesionaria de Ruta del Sol y asume deuda por $1,2 billones. Recuperado de: https://www.elespectador.com/economia/gobierno-liquida-concesionaria-de-ruta-del-sol-y-asume-deuda-por-12-billones-articulo-872159?utm_source%3DWhatsapp%26utm_medium%3Dorganic%26utm_campaign%3DCompartido-Mobile

*Senador de la República, Polo Democrático Alternativo

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Artículos de esta edición:

 

Primer año: gobierno Iván Duque. Entre palabras y simulaciones

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37434-primer-ano-gobierno-ivan-duque-entre-palabras-y-simulaciones.html

Las obsesiones no siempre son buenas consejeras

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37436-las-obsesiones-no-siempre-son-buenas-consejeras.html

"¿Quiren más paz? Aquí la tienen..."

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37440-quieren-mas-paz-aqui-la-tienen.html

 

Cosmología y vida cotidiana

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37437-cosmologia-y-vida-cotidiana.html

 

Los talibanes de San Francisco

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37438-los-talibanes-de-san-francisco.html

 


 

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Margarita Isaza, No soy observador, esas cosas las descubrí poco a poco, carboncillo sobre papel, 162 x 130 cm. (Cortesía de la autora)

La política económica del gobierno Duque no deja dudas sobre a quienes pretende favorecer. Sus prioridades políticas tampoco. 

 

Sin sorpresas. Así ha resultado el gobierno Duque, vaticinado como un cuatrenio de continuidad y ahondamiento de la política económica y social padecida por la sociedad colombiana a lo largo de las últimas décadas, y de regreso del uribismo a la Casa de Gobierno.

Son unas características más allá de lo enunciado por el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, cuando en su posesión llamaba a la unidad, al tiempo que Ernesto Macías, recién elegido presidente del Senado, llamaba a la vindicta contra los contradictores del uribismo. 

Este desayuno, indigesto, presagiaba el almuerzo: el “periodo Macías” se caracterizó por no brindar plenas garantías a las bancadas de oposición en no pocas ocasiones, tal como lo manifesté en el balance de su periodo (1) y el llamado de Duque a la unidad se reveló demagógico de cara a una agenda legislativa que acentúa las exclusiones, las segregaciones y marginalidades existentes, empobrece más a amplios sectores populares y de clases medias, ampliando la brecha de la desigualdad tan histórica como acentuada en colombiana. Además, contrario a esos llamados, la exacerbación de los odios anidados en la sociedad por décadas de violencia resaltó con frecuente: la obsesiva intencionalidad de deslegitimar la JEP y las altas Cortes es prueba de ello. 

 

La agenda económica

 

El mazazo inicial en contra de los excluidos de siempre vino por cuenta de los proyectos económicos en el primer periodo de la legislatura: Ley de Financiamiento, Presupuesto General de la Nación y Presupuesto Bianual de Regalías. El siguiente, por cuenta de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el segundo periodo. 

De esta manera continua el ajuste fiscal permanente al que nos somete el déficit recurrente del sector externo. Treinta años de libre comercio traducido en numerosos TLC y acuerdos comerciales no pasan en vano. Hoy el agro, con sus 14 millones de toneladas importadas (2), después de solo importar un poco más de 2 millones de toneladas en 1992 (3), representa toda una tragedia endosable a esa ideología del libre comercio y el fundamentalismo del mercado.

La Ley de Financiamiento, eufemismo con que se llamó a la reforma tributaria Duque, intentó cuadrar el faltante de 14 billones de las finanzas públicas. Según analistas económicos, se pretendía arrancar 11 billones de pesos a los sectores populares a través de la extensión de la base del IVA (4). Afortunadamente, las alertas y el ruido desatado provocó el rechazo generalizado y echó para atrás esta pretensión, muy a pesar de que lo aprobado, en su balance general, favoreció a los poderosos del país: la eliminación del IVA a los bienes de capital, la reducción del impuesto a la renta y la supresión de la renta presuntiva fueron exenciones tributarias adicionales a las establecidas para este segmento, calculadas en unos 9 billones (5). Exenciones que, en algunos sectores, entre ellos el de la economía naranja y el turismo, tuvieron su capítulo especial. Se sabe que esta reforma recaudará algo así como 7.5 billones y, desde luego, ya el gobierno anunció en las bases del PND una nueva reforma tributaria que se entiende complemento a esta ley de financiamiento para cubrir el faltante. Además, en el mismo sentido fiscalista, el PND establece la autorización de enajenar la participación del Estado en 88 empresas, lo que suman más o menos ½ billón, y desde inicios de año voces oficiales especulan con la posibilidad de vender el 8.5 por ciento restantes de las acciones de Ecopetrol, permitida por la ley 1118/2006.

 

Reformas con nombre propio

 

Con relación al presupuesto, en el contexto de desmovilización de las Farc no se justifican los 33.4 billones para el rubro de defensa que presenta un incremento respecto al anterior. Aunque aún persisten el Eln y las disidencias farianas, es innegable que el conflicto disminuyó sustancialmente de intensidad, lo cual ameritaba sino una disminución sí un congelamiento. En el rubro de la deuda pública la reprogramación de pagos de 14 billones efectuada por Carrasquilla es sin duda un alivio presupuestal a corto plazo para fortalecer el rubro de inversión, pero tendrá consecuencias a mediano y largo plazo en el incremento del endeudamiento público que anda por el orden del 58 por ciento del PIB.            

“Yo les dije que saldríamos de la crisis, no que los sacaríamos de la crisis” le dice el acaudalado a una muchedumbre hambrienta y con cara de reclamo en la famosa caricatura. Pues bien, todas las medidas referenciadas tienen el propósito de recuperarle la economía a los grandes negocios y al gran capital de manera general, no de resolver las apremiantes demandas de los de abajo. Algunas medidas incluso tienen nombre o sector propio como beneficiarios directos, y responden la pregunta de para quién gobierna Duque. Una relación de las medidas tomadas a lo largo de estos primeros meses así permite comprobarlo: 

-El PND recién aprobado concede prorrogas de 30 años adicionales a los contratos de concesión minera del decreto 2655/88 que las había otorgado ya por 30 años sin prórroga, para ser devueltas a la nación. Los beneficiarios directos: Argos –propiedad Grupo Empresarial Antioqueño con 32 contratos y el grupo Mineros S.A. del cual hace parte el grupo Aval (Sarmiento Angulo) y Scotiabank, con 5 contratos. ¡60 años garantizados de inmensas ganancias!

-Los porcentajes de regalías establecidos en el artículo 329 del Plan para los reconocimientos de propiedad privada concedidos a particulares, como Cerrejón y Mineros S.A, siguen muy por debajo de los establecidos, por un lado, por la Ley 756 del 2002 para todas las demás concesiones de carbón en el país, 3,27 por ciento –más de 3 millones de toneladas– y 1,64 por ciento –menos de 3 millones de toneladas (PND)–, frente al 10 por ciento que pagan las demás concesiones de este tipo de explotación, y por otro lado, de los establecidos por la Ley 488 de 1996 de 4 por ciento para explotaciones de oro (veta) y que gracias a los vacíos jurídicos del Código minero de 2001 han venido pagándose al 0,4 por ciento. Luego, es responsabilidad de todos los gobiernos posteriores a dicho Código (y del que lo promovió), incluido el actual de Duque, no reglamentar ajustando estas regalías en favor de la nación y la ciudadanía.

-En materia de servicios públicos, indigna que el plan le haya dedicado todo un bloque de artículos dirigidos a socializar el saqueo de los dineros públicos que la Multinacional Fenosa le propinó a la Costa Caribe. Este bloque de 8 artículos fue llamado curiosamente “Equidad para la eficiente prestación del servicio público de Energía en la Costa Caribe” y es representativo, sin ninguna duda, del fracaso de la privatización de los servicios públicos domiciliarios: nos referimos a Electricaribe. 

La socialización de este saqueo se concretó específicamente en dos de estos artículos, el primero de los cuales estipula la creación de una sobretasa de $4 pesos por kilovatio-hora de consumo de energía a los estratos 4, 5 y 6, además de los usuarios comerciales e industriales que al final les transferirán esta sobretasa a los usuarios vía precios. El segundo, socializa el pasivo pensional, antes contractualmente a cargo de la empresa que incumplió con esta obligación de carácter laboral. Comparto plenamente el criterio garantista de la Constitución del 91 que sabiamente ordena garantizar los derechos pensionales y prestacionales de la población ante la quiebra de las empresas, lo que pretendo resaltar es que el incumplimiento de las obligaciones pensionales por parte de Electricaribe se tradujo en ganancias para la multinacional Fenosa, ganancias que hoy este PND apunta a preservar al transferir a los usuarios las deudas contraídas por la multinacional. 

Lo particular es que las Empresas Públicas de Cali –Emcali– no tuvieron el mismo trato, a pesar de la importancia regional de la empresa, y fue gracias al esfuerzo de la bancada vallecaucana que se logró un compromiso con el Gobierno, plasmado en las bases del Plan, de abordar el asunto de la deuda de la Nación con Emcali.

Con relación al Sistema General de Salud y Seguridad Social (Sgsss) el “acuerdo de punto final” plasmado en el PND, solo contempla sanear las deudas No POS excluyendo la multiplicidad de deudas que mutuamente se reclaman los actores del sistema: EPS, IPS, entes territoriales, trabajadores y personal médico. Precisemos que las deudas No POS son fundamentalmente las representadas en los recobros y que estos, es bueno recordarlo, han operado como el incentivo perverso que ha facilitado en buena parte el desfalco de los recursos de la salud por parte de las EPS. 

Aunque “el acuerdo de punto final” intenta disipar suspicacias frente a SaludCoop y Palacino, al estipular que los recobros que estén bajo investigación judicial no entran en el acuerdo, ya sabemos que la condena a Palacino en lo de la trama SaludCoop terminó por motivos distintos a los recobros. Es evidente, entonces, que la prioridad del gobierno es resolverle el problema a las EPS, en claro favorecimiento de un solo actor del sistema que, dicho sea de paso, son las que se han enriquecido con el Sgsss. Al respecto, un dato sugestivo: apenas el Gobierno anunció la idea del proyecto de punto final, algunas EPS le hicieron llegar al MinSalud las facturas que la Administradora de Recursos del Sistema General de Salud y Seguridad Social (Adres) les debería pagar ¡algunas con fecha de más de diez años! Como cereza del pastel, dicho acuerdo reconoce estas deudas como públicas, pagaderas con cargo a la “deuda pública” del Presupuesto General de la Nación o mediante operaciones de crédito público. El mismo Gobierno admite que las deudas de la salud rondan los 10 billones, cifra que expresa otro más de los fracasos de las privatizaciones y que pagaremos los colombianos. 

-Para el uso del espectro electromagnético las licencias se ampliaron a 20 años, cuando eran solo a 10. Ganadores: las multinacionales de las comunicaciones como Claro (Carlos Slim), Movistar, entre otras.

-Como si las prebendas a Carlos Sarmiento Angulo en el tema minero no bastaran, recién escribía este artículo el gobierno anunciaba la liquidación de la Concesionaria de Ruta del Sol S.A.S. a cargo de los Solarte, Corficolombiana (Sarmiento Angulo) y Odebrecht, además de que “por lo menos $1,2 billones que se le adeudan a los bancos serán cancelados por la Nación a cargo del Presupuesto General y que se emitirían un billón de pesos en TES (papeles oficiales) para pagar esa deuda” (6). Ya podemos adivinar a qué bancos se les salvará la plática: Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco AV Villas (Grupo Aval-Sarmiento Angulo), 4 de los 7 bancos acreedores de la concesionaria.

 

Ahondando el neoliberalismo

 

Es claro, entonces, que el gobierno de Iván Duque es no solo continuista sino que profundiza toda la política económica neoliberal impuesta hegemónicamente desde el “Bienvenidos al futuro” gavirista. Es sabido que el neoliberalismo es un proyecto histórico que no es posible imponer a rajatabla en un solo período presidencial, por lo que cada gobierno contribuye desde las posibilidades que le brinda la coyuntura política. Es decir, cada antecesor le abona el terreno al siguiente. Un ejemplo: para las industrias creativas es fundamental la legislación sobre propiedad intelectual implementada por Santos y que ahora Duque intenta desarrollar con la economía naranja. 

Es preciso resaltar, no solo continúa sino que profundiza la política económica, subrayando así que la agresividad de sus políticas también requieren de cierto tono autoritario. Es que, a falta de industria nacional –como resultado del proceso devastador de tres décadas de libre comercio–, no queda más que echarle mano a las montañas, ríos y selvas. La determinación de usar la tecnología del fracking para extraer petróleo es el destino fatal de esta política. Por lo que este gobierno es todo un retroceso en materia ambiental, así como en la garantía de los derechos sobre la tierra: todo un pacto por el extractivismo con los grandes capitales.

 

Con vocación hegemónica

 

En lo político, este gobierno representa el regreso del uribismo al poder que, si bien presenta una pérdida considerable del consenso social nacional alcanzado en su inicial octenio, se muestra hoy envalentonado por el retroceso del progresismo en la región latinoamericana y el avance de la extrema derecha en EE.UU. y Europa. Esa debilidad interna y ese talante hace que, a diferencia de Santos que congregó en torno a su partido las demás denominaciones cercanas al establecimiento, éste se atrinchere en un intento por hacer un gobierno de partido procurando ensancharse como proyecto hegemónico en la sociedad. 

Tenemos así un primer año de un Gobierno del cual no pueden vanagloriarse las mayorías nacionales. Primeros meses de una gestión que no dejan dudas sobre lo que será la totalidad de su cuatrenio. ν

1. Arias, Wilson. 2019. Presidencia de Macías: más pena que gloria. Confidencial Colombia. Recuperado de: https://confidencialcolombia.com/opinion/columnista-invitado/presidencia-de-macias-mas-pena-que-gloria/2019/06/15/

2. González, Jorge Iván. 2019. Sigue la apertura “hacia adentro”. Recuperado de: https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/sigue-la-apertura-hacia-adentro-2871071

3. Tovar Martínez, Edmer. 1997. El país, lleno de alimentos importados. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-625349

4. Cigüenza Riaño, Noelia. 2018a. Ley de financiamiento incluirá IVA para casi todos los productos de la canasta familiar. Recuperado de: https://www.larepublica.co/especiales/contexto-de-la-ley-de-financiamiento/ley-de-financiamiento-incluira-iva-de-18-para-toda-la-canasta-familiar-2787764

5. Cigüenza Riaño, Noelia. 2018b. Solo cuatro exenciones a las empresas restan $9 billones a la tributaria en 2020. Recuperado de: https://www.larepublica.co/especiales/contexto-de-la-ley-de-financiamiento/solo-cuatro-exenciones-a-las-empresas-restan-9-billones-a-la-tributaria-en-2020-2806977

6. El Espectador. 2019. Gobierno liquida Concesionaria de Ruta del Sol y asume deuda por $1,2 billones. Recuperado de: https://www.elespectador.com/economia/gobierno-liquida-concesionaria-de-ruta-del-sol-y-asume-deuda-por-12-billones-articulo-872159?utm_source%3DWhatsapp%26utm_medium%3Dorganic%26utm_campaign%3DCompartido-Mobile

*Senador de la República, Polo Democrático Alternativo

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Artículos de esta edición:

 

Primer año: gobierno Iván Duque. Entre palabras y simulaciones

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37434-primer-ano-gobierno-ivan-duque-entre-palabras-y-simulaciones.html

Las obsesiones no siempre son buenas consejeras

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"¿Quiren más paz? Aquí la tienen..."

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Cosmología y vida cotidiana

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37437-cosmologia-y-vida-cotidiana.html

 

Los talibanes de San Francisco

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37438-los-talibanes-de-san-francisco.html

 


 

Lunes, 12 Agosto 2019 06:09

Contundente derrota de Macri

Contundente derrota de Macri

Mauricio Macri recibió un contundente rechazo en las urnas este domingo y será muy difícil que logre la reelección como presidente de Argentina. La fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner alcanzó el 47% de los votos y lo superó por quince puntos, dejando al peronismo a un paso de volver a la Casa Rosada. "Hemos tenido una mala elección", reconoció el actual mandatario que habló antes de que se difundan los datos oficiales. También aseguró que inmediatamente se pondrá a trabajar para revertir estos resultados en Octubre, cuando se realicen las elecciones generales y vinculantes. La tarea será cuesta arriba, su partido también perdió por 17 puntos los comicios para gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, y apenas logró imponerse en Córdoba y la Capital Federal, cuna política de Macri.

"Gracias a todos y a todas las argentinas que confiaron, gracias de corazón, porque estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia", señaló Alberto Fernández minutos después de conocerse los resultados. "A partir de hoy se acabó el concepto de venganza y de grieta", destacó en seguida anticipándose a un discurso del oficialismo que seguramente busque extremar la polarización antes de los comicios de Octubre para convencer a los votantes que prefirieron otras fuerzas políticas. "No venimos a derrotar un regimen, sino a crear una nueva Argentina", concluyó ante un enfervorizado auditorio de más de cuatro mil personas que colmó la sede del Frente de Todos, el espacio político que logró nuclear a casi todo el amplio espectro peronista.

Un tono muy parecido había usado un rato antes la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, que habló primero y cuya intervención se transmitió por pantalla gigante, ya que se encontraba en Río Gallegos, capital de la austral provincia de Santa Cruz. Allí tiene residencia y por tanto allí debía votar. "Sabemos que tenemos que llegar a todos y a todas. A los que nos votaron y a los que no", explicó. "Todos debemos escuchar la voz de las urnas para intentar que la Argentina tenga la posibilidad de ser una opción mejor, más feliz", agregó.

Como contó eldiario.es, Cristina fue la gran protagonista del triunfo de ayer. La mujer que hace cuatro años dejó la Casa Rosada nunca cedió el centro de la escena política e incluso fue quien nominó a Alberto Fernández como candidato a presidente. También fue el centro de las críticas de la alianza electoral de Macri durante la campaña. Algo que seguro se profundizará en los próximos días aprovechando las causas judiciales por corrupción que aún tiene abiertas.

Pero las elecciones del domingo no solo avizoran un cambio presidencial y de gobernador en la Provincia de Buenos Aires. También se votaron candidatos para disputar 130 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores (Argentina tiene un sistema bicameral como Estados Unidos). Si se repitieran los comicios en Octubre el peronismo podría alcanzar el quórum propio, es decir, el número mínimo de legisladores necesario para debatir y votar los proyectos de ley. Esto podría sacar al Congreso de la parálisis que vivió este año en el que Cambiemos evitó pasar por el recinto medidas que podían afectar su imagen.

El peronismo también pudo cerrar el día festejando un rotundo triunfo en la única elección vinculante de la jornada. Alicia Kirchner, hermana del fallecido ex presidente y cuñada de la actual candidata a vice, reeligió como gobernadora de la provincia de Santa Cruz.

Y mientras el peronismo celebraba, el oficialismo se sumía en la preocupación. Anoche ya improvisaron una reunión de funcionarios jerárquicos en la sede de campaña de Cambiemos y comenzaron a circular versiones de posibles cambios en el gabinete. El gobierno sabe que tiene dos meses todavía, pero la diferencia parece irremontable aún para los más optimistas.

¿Para el gobierno aún hay esperanza?

El único dato alentador para Macri es que para casi todos los cargos en juego los comicios no fueron vinculantes. Se trató de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un mecanismo creado en el año 2009 para permitir que todos los votantes participen de las internas de los partidos para elegir sus candidatos sin necesidad de que estén afiliados. Sin embargo, como todas las fuerzas políticas presentaron listas únicas para los cargos nacionales, lo que se vio fue la encuesta electoral más representativa posible. De hecho, votó un 75,85% del padrón, una proporción mayor a la que participó de las elecciones generales españolas (71,76%).

Si bien es un número considerable, para la Argentina es inferior al que habitualmente vota en las elecciones generales. En los comicios presidenciales de 2015, por ejemplo, de las PASO participó un 74, 91% del padrón y en las generales la cifra llegó al 81, 07%. Eso significó que se sumaran dos millones de votantes nuevos que en aquel momento fueron muy útiles para la estrategia macrista. Los encuestadores caracterizan a este grupo como "desencantado de los partidos". Una línea permeable a inclinarse por Cambiemos ya que suele apelar a un discurso considerado "apolítico".

En aquella instancia a Macri le funcionó. Había quedado a ocho puntos de Daniel Scioli, el candidato del peronismo, en las PASO (30% vs 38%). Y logró achicar esa diferencia a tres (34% vs 37%). Eso forzó a un desempate entre los dos principales rivales y terminó dándole un triunfo a Macri con el 51% de los votos. El recuerdo ilusiona al entorno del actual presidente, pero la remontada en esta oportunidad deberá duplicar a la anterior. Y lo que más preocupa es que esta vez quedaron a más de 2,3 millones de votos de diferencia. Asi que ni siquiera consiguiendo que todos los que se quedaron en sus casas ahora los voten a ellos les alcanzaría.

Su estrategia, entonces, deberá apuntar a lograr que aquellos que hayan elegido otros partidos cambien su decisión en Octubre y lo acompañen. Por eso apuntará a polarizar la elección apelando al "voto útil" y continuará la campaña de demonización del kirchnerismo. La semana pasada ya había iniciado ese camino con mensajes en su cuenta de Twitter en los que se planteaba un antagonismo entre su propuesta y la de los "mafiosos, corruptos, delincuentes y narcotraficantes". La dificultad con la que se encontrará es que ahora deberá explicarle a quienes no lo votaron en las PASO que no se refería también a ellos.

Una jornada de votación tranquila y las dudas sobre el manejo de la información

La jornada electoral transcurrió sin mayores controversias. El único dato que llamó la atención durante los comicios fueron las denuncias de que las boletas de Cambiemos llegaron a varias escuelas dobladas ocultando el tramo que correspondía al candidato presidencial. Esta estrategia buscó evitar que la imagen de Mauricio Macri afecte el resultado de los demás candidatos de su partido que van pegados a él en la boleta. Pero no resultó efectiva al final.

Lo que dejó más lugar a dudas fue el desempeño del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda en su tarea de llevar a cabo el recuento de votos. La entrega de datos se demoró una hora y media más del tiempo previsto. Incluso los primeros datos oficiales se publicaron quince minutos después de que Macri hubiera reconocido la derrota. La pregunta que quedó en el ambiente es si contaba con información antes que los demás.

El ministro Rogelio Frigerio dijo que no. Que probablemente se había expresado sobre bocas de urna y datos de los fiscales distribuidos por los colegios donde se realizó la votación. Argumentó que la demora en hacer públicos los datos oficiales fue a raíz de que la Justicia Electoral les había pedido que dieran difusión a los resultados provisorios recién cuando contaran al menos con un 10% del padrón procesado de los cuatro distritos principales (Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal). Desde el Ministerio dijeron que la demora fue específicamente porque aguardaban los datos de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo cuando los hicieron públicos ya estaba procesado el 39,36% de esa jurisdicción.

Los funcionarios se negaron a responder al respecto. Apenas felicitaron a la fuerza política ganadora y repitieron lo que había dicho el presidente minutos antes: que les tocaba escuchar a las urnas y trabajar para revertir la situación. Al parecer les queda poco tiempo.

Por Javier Borelli- Periodista en Tiempo Argentino

12/08/2019 - 10:45h

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Se rompe el diálogo en Venezuela por el bloqueo de Trump  

Washington endureció sus sanciones y colocó a Venezuela en una situación de embargo total similar a la de Siria, Cuba, Irán y Corea del Norte. El gobierno de Nicolás Maduro respondió con la retirada de sus negociadores en el proceso iniciado con la oposición.

 

El gobierno venezolano anunció el miércoles por la noche que no asistirá a la nueva ronda de diálogos en Barbados, prevista para los días jueves y viernes. La decisión fue tomada por el presidente Nicolás Maduro, que optó por “no enviar a la delegación venezolana en razón de la grave y brutal agresión perpetrada (…) por la administración de Trump contra Venezuela, que incluye el bloqueo ilegal de nuestras actividades económicas y financieras”.

La resolución fue tomada con el margen de maniobra cerrado por Estados Unidos (EEUU) luego del decreto presidencial firmado por Trump, y con declaraciones de John Bolton, asesor de seguridad nacional, que atacó los procesos de diálogo. La administración Trump lo dejó claro: no es tiempo de hablar ni abrir canales económicos, es momento de buscar el asalto final.

Ante eso la opción del gobierno se vio reducida. Una de las demandas, tal vez la principal, para llegar a un acuerdo es que EEUU levante el bloqueo. La respuesta de Washington fue la antítesis: recrudecer hasta el punto de situar a Venezuela en la lista de pocos países que están en esa situación de congelamiento total, como son Siria, Cuba, Irán y Corea del Norte.

Europa y EEUU, a destiempo

El punto de inflexión dejó la puerta abierta a mayores niveles de incertidumbre y de posiciones en tensión. En efecto, la reacción de la Unión Europea (UE) fue de poner cautelas sobre la decisión unilateral norteamericana y subrayar su apuesta al diálogo. El Grupo Internacional de Contacto (GIC), formado y conducido por la UE, con participación de gobiernos como el de Uruguay, así lo escribió: “una salida negociada sigue siendo la única vía factible para superar esta crisis multidimensional”.

Los temores por las implicaciones del embargo se deben a un punto central: el decreto presidencial amenaza a empresas y gobiernos que hagan negocios con Venezuela. La narrativa norteamericana es clara, el gobierno debe hundirse, y con él, la economía y la población si es necesario para lograr el objetivo.

El destiempo entre EEUU y UE no se da solo por Venezuela. Otro caso significativo es el de Irán, donde la administración Trump decidió salirse del Acuerdo Nuclear. Allí Europa quedó en una zona gris, sin respuesta de peso real ante el pedido del gobierno iraní de mediar para lograr un cese del bloqueo económico, y la guillotina de las sanciones a sus empresas, varias de las cuales se retiraron del país. El resultado está a la vista: un bloqueo y una escalada guerrerista.

En el caso venezolano se está en zona vital geopolítica norteamericana: ¿Está dispuesta la UE a endurecer posiciones para obligar a EEUU a no poner bajo cuarentena al país? ¿Forma parte de sus planes dentro su relación asimétrica con EEUU? Son preguntas que están sobre la mesa en cada bloque de fuerzas.

Los escenarios tras la ruptura del diálogo

La decisión del gobierno de Maduro fue entonces la de expresar lo que ya había sucedido: la ruptura de los diálogos. EEUU lo produjo, Venezuela lo expresó. En cuanto a la oposición venezolana en Barbados, la pregunta siempre ha sido: ¿qué fuerza real, capacidad de ofrecimiento tienen en un posible acuerdo? La respuesta siempre fue que esa fuerza era norteamericana y su principal carta para ofrecer era desbloquear partes del ataque económico y financiero. Redoblarlo fue romper.

Los escenarios son cambiantes. Sin embargo, dos cartas de EEUU parecen claras: no darán marcha en su decisión de derrocar a Maduro, y, dentro de la administración Trump, así como en tramas del Estado profundo norteamericano, tienen capacidad de acción tendencias que buscan acelerar las operaciones antes que apostar a la denominada “paciencia estratégica”.

A eso se le debe agregar la variable de los tiempos electorales internos de EEUU y la forma en que Trump busca capitalizar parte de un electorado con estas medidas.

No existían hipótesis consolidadas acerca de posibles acuerdos en Barbados. Parte de eso se debía al llamado del gobierno de Noruega de mantener cautela y gran discreción. Lo que habían manifestado voceros norteamericanos, como John Bolton -parte del sector que busca acelerar las maniobras y quemar el país en su paso- era que se debía llegar a una elección presidencial sin Maduro en el gobierno. Esa postura nunca expresó un diálogo posible sino una amenaza.

La ruptura de Barbados empujada por EEUU significa el recrudecimiento de las otras formas de ataque. Trump ya anunció que prepara “otras herramientas”, el gobierno de Iván Duque en Colombia volvió a vaticinar una pronta salida de Maduro, y por debajo, en los subterráneos del país, laten las amenazas de una violencia mercenaria. Como han señalado varios análisis, los embargos no provocan caídas de gobiernos por sí solas, sino que, cuando lo logran, es por estar combinadas con otras formas de asalto.

El gobierno ha afirmado que se “dispone a revisar los mecanismos de este proceso (de diálogo) a fin de que su continuación sea realmente efectiva”. Los diálogos detenidos son las puertas abiertas a los escenarios más inciertos. ¿Una negociación con un bloqueo total es una negociación? El chavismo movilizará este sábado para expresar su desacuerdo, su voluntad de dar la pelea. 

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Suspende Maduro diálogo con la oposición por bloqueo de EU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, canceló ayer el viaje de su delegación a la mesa de diálogo con la oposición que se instalaría hoy y mañana en Barbados, en respuesta al bloqueo que esta semana impuso el gobierno de Estados Unidos, y anunció una "revisión" al mecanismo de negociación.

Esta decisión se tomó "en razón de la grave y brutal agresión perpetrada de manera artera por la administración de Donald Trump contra Venezuela, que incluye el bloqueo ilegal de nuestras actividades económicas, comerciales y financieras", explica un comunicado.

Trump firmó el pasado martes una orden ejecutiva que congela todos los bienes del gobierno bolivariano en territorio estadunidense y sanciona a terceros que apoyen a la presidencia de Maduro, en una decisión que fue celebrada por Guaidó, quien se proclamó "presidente encargado" en enero pasado.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien encabeza la delegación oficialista, anunció la ruptura, por ahora, de las negociaciones. No se precisó si se retomará el proceso más adelante.

Al cierre de edición no se conoció reacción de Guaidó, cuya delegación ya está en Barbados.

En tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció que un barco que se dirigía a su país con 25 mil toneladas de soya para la producción de alimentos fue retenida en el Canal de Panamá, lo que fue rechazado por autoridades de esa zona.

Miles de chavistas vestidos de rojo y con banderas venezolanas marcharon en el centro de esta capital para rechazar el bloqueo de activos de Venezuela en Estados Unidos.

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, denunció que "una agresión de este tipo no es contra los chavistas, sino contra todo el país, donde se ha levantado un sentimiento de patria y nacionalismo, ante esta nueva agresión del imperialismo".

En tanto, la cancillería de China manifestó que su gobierno se opone a la interferencia estadunidense en los asuntos internos de Venezuela, tras la aplicación de las nuevas sanciones, y llamó a Estados Unidos a dejar de "acosar" a otros países.

La Unión Europea reiteró que está en contra de la aplicación de sanciones unilaterales estadunidenses, mientras el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que no existe una solución militar a la situación política o económica que atraviesa Venezuela.

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Los hondureños vuelven a la calle para exigir la salida de Juan Orlando Hernández

 El presidente del país centroamericano ha sido señalado por la fiscalía de Nueva York por usar dinero del narcotráfico para financiar su campaña presidencial

Miles de hondureños volvieron a las calles este miércoles en las principales ciudades del país centroamericano en la que es la segunda jornada de protestas para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Las movilizaciones llegan después de que la fiscalía del distrito sur de Nueva York vinculase al mandatario con una presunta conspiración para usar dinero del narcotráfico en sobornos para lograr apoyos a su última campaña electoral y conceder favores con el fin de mantenerse en el poder. Las manifestaciones se tornaron violentas en la capital, Tegucigalpa, donde oficiales antidisturbios dispararon gases lacrimógenos contra los manifestantes. Un día antes ya se habían producido graves incidentes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en San Pedro Sula —la segunda ciudad en importancia—, que dejaron varios heridos —entre ellos un camarógrafo de un canal local— por la represión policial.

 “Estamos en una nueva etapa de las protestas”, apunta desde Tegucigalpa la dermatóloga Ligia Ramos, integrante de la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación en Honduras, la organización gremial que desde abril pasado ha convocado protestas contra el Gobierno de Hernández. “El Gobierno está inmerso en escándalos de corrupción que han cansado a la población. Esto ya es demasiado, exigimos que él [Hernández] salga para poder reconstruir Honduras”, subraya en declaraciones a EL PAÍS.

Las manifestaciones comenzaron en abril como respuesta a la pretensión de Hernández de imponer reformas al sector salud y educación, que médicos, maestros y estudiantes consideraron un paso para privatizar los servicios públicos del país centroamericano. El presidente reaccionó con una violenta represión que dejó al menos seis muertos y 80 heridos, según un informe preparado por Amnistía Internacional. Y en junio, el mandatario ordenó el despliegue del Ejército en las principales ciudades del país, lo que hizo que se menguaran las protestas. Estas se reanudaron, sin embargo, el martes, después de que se conociera el señalamiento de la fiscalía neoyorquina contra Hernández.

Los policías intentaron este miércoles contener las protestas en la capital, pero fueron recibidos a pedradas, por lo que respondieron disparando gases lacrimógenos y con agua a presión. En paralelo, cientos de personas marcharon de forma pacífica por otro extremo del mismo bulevar hasta las inmediaciones de la residencia presidencial, que permanece custodiada por un fuerte contingente de las fuerzas de seguridad.

Otro grupo de manifestantes, casi todos con el rostro cubierto, bloquearon la calle que cruza frente a la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) impidiendo el libre tránsito de vehículos por la zona, en protesta por el ataque de este martes a universitarios en San Pedro Sula, norte del país, por fuerzas de seguridad. En un comunicado, la UNAH condenó "enérgicamente la agresión". Periodistas hondureños exigieron hoy en Tegucigalpa y San Pedro Sula respeto a su trabajo y un alto a la violencia contra los comunicadores sociales tras la agresión contra el camarógrafo Carlos Castillo.

Supuestos vínculos con el narcotráfico

Hernández ha sido señalado por la fiscalía de Nueva York en una presunta conspiración para usar dinero del narcotráfico con el fin de mantenerse en el poder, algo que el presidente ha rechazado y que ha atribuido la denuncia en tal sentido a "un ataque con afán de venganza" de narcotraficantes de su país. Aunque la fiscalía del distrito sur de Nueva York no identifica al mandatario por su nombre ni ha presentado acusaciones en su contra, en el documento se alude al hermano del excongresista Juan Antonio Tony Hernández como CC-4 (Juan Orlando Hernández) y se subraya que fue "elegido presidente de Honduras a fines de 2013". Según el documento, se destinaron 1,5 millones de dólares para sobornos en apoyo a la campaña de Hernández y que se compraron regalos y favores a políticos locales a cambio de protección, y además involucra a otros políticos hondureños, a quienes no menciona por sus nombres, pero.

“El presidente viene siendo asediado por una gran cantidad de escándalos desde 2015. Ahora la gente exige su renuncia no solo por esos escándalos de corrupción, sino por las irregularidades en las elecciones presidenciales, que consideran fueron fraudulentas”, explica a EL PAÍS Eugenio Soza, sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en relación con los comicios generales de 2017, cuyo resultado causó un gran descontentó que llevó a miles de hondureños a las calles y socavó la legitimidad del mandatario.

“La plataforma ha planteado ahora la necesidad de la movilización para la renuncia del presidente, pero está por verse si realmente se va a convertir en una ola de protestas fuertes o no va a ser sostenible en el tiempo. Probablemente las protestas tomen oxígeno, pero a nivel de articulación todavía es un movimiento bastante débil”, explica el catedrático Soza en conversación con EL PAÍS. Será clave, agrega, el papel que Estados Unidos juegue tras conocerse el señalamiento de la fiscalía de Nueva York, dado que Washington tiene en el Gobierno de Hernández a un aliado en su estrategia para frenar la migración de centroamericanos hacia territorio estadounidense. “Es un desafío para los líderes políticos y sociales. Está por verse qué acciones van a tomar, o si esperarán a ver qué hace Estados Unidos”, en un país donde la clase política y las élites son obedientes a los designios que llegan desde el gigante norteamericano.

La médica Ramos, sin embargo, asegura que las manifestaciones se mantendrán. “Nos estamos organizando, porque este ha sido un movimiento de lucha social autoconvocado por varios sectores sociales. Ahora solicitamos a la empresa privada que se nos una, a los campesinos, a las universidades privadas”, cierra. “También hemos convocado a los partidos políticos, aunque todavía no nos hemos reunido con ellos”.

Por S. Maldonado

EFE

México / Tegucigalpa 8 AGO 2019 - 03:05 COT

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¿Cómo está actuando EE.UU. en las elecciones en Sudamérica?

Primero fue Evo Morales Ayma: el presidente boliviano, que busca un nuevo mandato, denunció a fines de julio que EE.UU. había enviado agentes de inteligencia a su país, en vías a reunirse con la oposición a su gobierno de cara a las elecciones de octubre próximo. “Quiero que sepan, el Departamento de Estado de Estados Unidos está enviando sus agentes de inteligencia. Estamos informados: están reuniéndose con algunos comités cívicos. ¿Qué estarán planificando? ¿Qué mentira estarán inventando otra vez?” dijo el Jefe de Estado, que suele confrontar públicamente con el país del norte, desde una agenda anti-imperialista, desde antes de llegar al gobierno

Luego fue Rodolfo Nin Novoa, canciller de Uruguay: afirmó días atrás que Estados Unidos "se mete en la campaña electoral" uruguaya. ¿Qué fue lo que provocó el encono del canciller del Frente Amplio? La decisión de EEUU de emitir un alerta a los turistas que visiten Uruguay en torno a la inseguridad. "Es notorio que el tema de la seguridad está en la campaña electoral en Uruguay. Hay un plebiscito planteado (Vivir sin miedo) para reformar la Constitución y endurecer las medidas para combatir el delito. Es uno de los ejes de campaña del Partido Nacional" recordó Nin Novoa, vinculando la campaña doméstica de la derecha con el anuncio de Washington.

Es interesante otra frase de Novoa para graficar porqué cree que EEUU. intenta un cambio de gobierno en Uruguay. "No tengo ningún dato más que la historia de Estados Unidos en los últimos 50 años" afirmó el canciller, con gran poder de síntesis. Si bien tiene razón en cuanto a los frondosos antecedentes, por ahí no hace falta ir tan atrás: el ex presidente Lula da Silva, en sus recientes entrevistas en la cárcel de Curitiba, denunció el involucramiento del Departamento de Justicia de EE.UU. con el juez Moro, algo que aparece con sutileza en los chats filtrados por el periodista Glenn Greenwald. Moro, que condenó a Lula, es ahora Ministro de Bolsonaro, quien llegó al Planalto por esa condena. Viene bien recordar la secuencia completa para darnos cuenta del absurdo que fue aquella elección en el país más importante del continente.

En Argentina, la connivencia del actual presidente de la Nación con EE.UU. viene de larga data: el periodista Santiago O´Donnell documentó cómo Macri, cuando era Jefe de Gobierno, pedía en la Embajada de EE.UU. mayores presiones sobre Néstor Kirchner y aseguraba que Washington era "pasivo y permisivo" con el ex presidente, algo que se desprende de los cables filtrados en WikiLeaks. El antecedente directo era el "No al ALCA" de 2005 en Mar del Plata, en el cual Kirchner tuvo una destacada actuación como anfitrión, junto a Lula y Chávez. Luego del kirchnerismo, Macri llegó a la Rosada: se vinculó primero con Obama, apoyó a Hillary Clinton y, tras su derrota, giró velozmente a un trumpismo irreflexivo e incondicional, bajo la necesidad de que este lo apoye en el rescate del Fondo Monetario Internacional.

Visto estos antecedentes, y reflexionando sobre lo que sucede en Bolivia y Uruguay, surge una pregunta crucial: ¿cómo estará actuando EE.UU. en la decisiva elección de Argentina, aquella que puede cambiar la correlación de fuerzas a nivel regional? Es tarea del mundo académico y periodístico investigar rigurosamente y responder sin vacilaciones a esa pregunta, decisiva para el futuro de una democracia no tutelada en nuestro país. En estas elecciones presidenciales Argentina no solo define quien se sienta en Balcarce 50: también define si tendrá (o no) márgenes de autonomía en un mundo que va camino a una confrontación cada vez más nítida entre EEUU y China, como lo muestra la escalada arancelaria y una posible guerra de monedas. Por los ejemplos que hemos visto en este artículo, y como parte de esa misma puja con China, EE.UU. está decidido a tener un rol cada vez más activo -y ampliamente cuestionable- en nuestra región. Es tarea de las y los latinoamericanos poner un freno a ese injerencismo. ¿Será Argentina la nueva punta de lanza, tal como sucedió en 2005 en Mar del Plata?

Juan Manuel Karg es politólogo UBA. IIGG - Facultad de Ciencias Sociales

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Bolsonaro devuelve favores políticos convirtiendo Brasil en paraíso de los agrotóxicos

 

262 nuevos pesticidas han sido colocados en el mercado. La bancada ruralista del Congreso fue fundamental en la elección del presidente, y les necesita para aprobar sus principales reformas.

 

 

El lobby del agronegocio brasileño sabe ganar elecciones y sacar adelante legislaturas. Su presión fue clave en el impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff y en la llegada a la cima de Jair Bolsonaro. El dirigente ultraderechista, que no se cansó de repetir que esquivaría la vieja política de intercambio de favores, ahora agradece al agronegocio los servicios prestados, convirtiendo Brasil en paraíso de los productos tóxicos. Exigencias del guion.

De la misma manera que en los últimos días Bolsonaro ha prometido apadrinar a un magistrado evangélico para alguna de las próximas plazas libres en el Tribunal Supremo, una de las primeras medidas que tomó cuando ganó las elecciones de octubre de 2018 fue entregar el ministerio de agricultura a Tereza Cristina, la que fuera líder del Frente Parlamentario Agropecuario. La denominada bancada ruralista del Congreso Nacional se traduce actualmente en casi la mitad de la Cámara de Diputados y casi la mitad del Senado Federal, liderados por el diputado Alceu Moreira (Movimiento Democrático Brasileño, MDB). Esta maniobra de recompensa ha significado, en la práctica, vía a libre para el agronegocio, pasando por encima de las mínimas exigencias medioambientales de una era como la actual.

Dejando al margen el discurso gubernamental que banaliza la deforestación de la selva amazónica, el gran caballo de batalla de los activistas medioambientales latinoamericanos, Bolsonaro está en el centro de todas las críticas por ir aprobando uno tras otro el uso de todos los productos fitosanitarios que van solicitando los miembros de la bancada ruralista, elegidos a base de los votos del agronegocio en las regiones del país con mayor nivel de actividad. El sector necesita mantener su actividad y su porcentaje de beneficios, y la excesiva reglamentación bloquearía sus planes.

La última tanda de providencias logró que 51 nuevos pesticidas aterrizaran en el mercado. En total ya van 262 desde enero. “El Gobierno está pasando por encima de la opinión pública y de las instituciones sanitarias”, se lamentaba en un comunicado Marina Lacôrte, coordinadora de la campaña de Alimentación y Agricultura de Greenpeace.

Trece de esas sustancias han sido prohibidas o no permitidas en la Unión Europea. “Podemos producir sin agrotóxicos, en equilibrio con el medio ambiente y respetando la salud de las personas”, indica Lacôrte. “Sin embargo, cada vez llega más veneno a la mesa de la población brasileña y más insostenible queda nuestra agricultura, inviabilizándola a largo plazo. Es escandaloso”.

El presidente y su ministra de agricultura demostraron su buena sintonía en la presentación del “Plano Safra 2019/20”, el tradicional sistema de créditos, subvenciones e incentivos agropecuarios del Gobierno Federal. Tereza Cristina (Demócratas), ingeniera agrónoma y empresaria del sector rural, está habituada a frecuentar la primera línea de fuego.

Desde su primer cargo de relevancia, como consejera de desarrollo agrario de su estado, Mato Grosso do Sul, ya hizo hincapié en la liberación de pesticidas; apoyó el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff; abandonó su anterior partido porque criticaba la gestión de Michel Temer, y ya como coordinadora de la bancada ruralista dirigió proyectos de ley que iban en esta misma línea agresiva contra el medio ambiente.

Hace unos días, en un encuentro preparatorio de la reunión de ministros de agricultura de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) que tendrá lugar en septiembre precisamente en su estado, la ministra Tereza Cristina sostenía, con aparente tranquilidad, que “Brasil está listo y dispuesto a contribuir para garantizar la seguridad alimentaria global, incorporando, en el centro de su estrategia, los principios de desarrollo sostenible”.

Dado que el intercambio de favores continúa, la bancada ruralista ha sido uno de los apoyos del presidente Bolsonaro para que la primera votación de su reforma de la seguridad social  en la Cámara de Diputados le haya resultado medianamente favorable. La inmensa mayoría de los diputados que defienden los intereses del agronegocio le apoyaron. Interponiendo alguna enmienda a su favor –que recortó una parte del ahorro económico que ha programado el Gobierno–, pero votaron sí a la reforma, lo cual le garantiza oxígeno al presidente hasta después del parón vacacional.

El desparpajo de Bolsonaro y Tereza Cristina a la hora de aprobar el uso de decenas de nuevos agrotóxicos ha llegado ya al Tribunal Supremo, al cual se le acumula el trabajo por momentos en esta legislatura. La abogada Vera Lúcia da Motta, integrante del Partido Verde, ha presentado una acción por incumplimiento de preceptos fundamentales de la Constitución Federal. “La liberación de los nuevos productos no ha sido precedida de un análisis serio de seguridad química ni de impacto tóxico y ambiental”, argumentan.

El PV, que está tratando de movilizar a la población en torno a marchas de protesta, pide suspender los efectos de las medidas gubernamentales, que, en su opinión, “exponen de modo perverso a toda la población a riesgos incalculables de contaminación y desarrollo de diversas enfermedades, sin que los ciudadanos tengan posibilidad real de defensa”. En la lista de productos tóxicos permitidos, la organización subraya la presencia del Imazetapir, la Sulfentrazona y el Sulfoxaflor. Este último polémico en Estados Unidos “por ser uno de los principales responsables del exterminio de abejas en algunas regiones del país”.

 

05/08/2019 08:40 Actualizado: 05/08/2019 08:40

Por víctor david lópez

@VictorDavLopez

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