Miércoles, 12 Mayo 2021 06:05

Fiesta de la libertad

Fiesta de la libertad

Henchido de alegría, el presidente del Interamerican Institute for Democracy (IID) Tomás Regalado, abrió el foro por la Defensa de la democracia en las Américas que tuvo lugar la semana pasada, en el hotel Biltmore de Miami:

Dijo: “Este es el evento más serio [sic] a nivel hemisférico que se ha realizado […]. Hoy vamos a escuchar a las voces de la verdad [sic], a presidentes y líderes excepcionales [sic] que nos dirán que la democracia es la única opción para alcanzar la libertad. ¡Bienvenidos a esta fiesta de la libertad!”

Como es imposible nombrar a todos los ponentes del foro, aquí van algunos: Alejandro Aguirre, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); María Paula Romo (ministra de Gobierno del presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno); Carlos Alberto Montaner, legendario alcahuete cubano de la CIA y terrorista todoterreno; Carlos Sánchez Berzain, mano derecha del ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada, y ambos prófugos de la justicia; Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia, narcoterrorista y padrino político del actual, Iván Duque; Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, con docenas de causas abiertas por espionaje, entreguismo y corrupción, y, faltaba más, el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

En el panel uno, la ecuatoriana Romo lamentó que en octubre de 2019 (12 días de protestas), "más de 400 policías y militares fueron secuestrados por los manifestantes". Y a su lado, el político peruano Luis González Posada advirtió que el candidato de izquierda Pedro Castillo sería “más transparente y honesto de lo que fueron Fidel Castro y Hugo Chávez porque él ha adelantado que en caso de ganar disolverá el Congreso…”. Mientras Montaner, moderador del panel, iba a lo suyo: “…a Cuba hay que darle un ultimátum. O deja de apoyar al narcorrégimen de Maduro en Venezuela o debe atenerse a las consecuencias”. Cosa que puso a temblar al gobierno de la isla.

El panel dos fue igual de luminoso. El cubano Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de Florida, aseguró que la detención de la ex presidenta golpista Jeannine Áñez, mostraba que "en Bolivia la política se ha judicializado". Y el orador principal del panel tres, Sánchez Berzain (refugiado en Miami tras ser acusado del asesinato de 67 manifestantes en la ciudad de El Alto en octubre de 2003), aseguró que los gobiernos de Argentina y México son "paradictatoriales que le hacen de soporte a las dictaduras" (sic).

Sin embargo, cuando Macri subió al ­estrado del panel cuatro junto con Almagro y los ex presidentes de Colombia Andrés Pastrana, y de Costa Rica Luis Guillermo Solís, el recinto quedó semivacío. Aunque no por disentir con los ponentes. Horas antes de viajar a Miami, corrió la voz de que el argentino había estado en contacto estrecho con un legislador de su partido que había dado positivo de Covid y en esos momentos luchaba por su vida, intubado.

Impasible, Macri se limitó a recordar que "el coronavirus es menos peligroso que el populismo, pero que ahora existe una combinación más peligrosa: el populismo conduciendo una crisis sanitaria" (sic). “Las democracias –aña­dió– no mueren por golpes de Estado. Ahora, el proceso es gente que gana las elecciones (sic), y desde adentro empieza a socavar las instituciones”. Agregando algo que comparten libertarios de izquierda y derecha: "No hay ninguna crisis sanitaria que justifique que nos arrebaten nuestras libertades".

El foro de Miami fue ampliamente cubierto por Infobae, el tóxico portal mediático que dirige el oscuro empresario Daniel Hadad (otro de los invitados), quien hizo fortuna apoyando al gobierno de Carlos Menem (1989-99). Según algunos entendidos, Infobae contaría con el respaldo financiero de Mario Montoto, titular de la Cámara de Comercio argentino-israelí, y conocido traficante de equipos de seguridad, armas y pertrechos bélicos, durante el gobierno de Macri.

Finalmente, no hay fiesta sin cereza sobre el pastel. Por ende, Lenín Moreno comunicó al foro que "los servicios de inteligencia de Ecuador" (sic), habrían detectado ("y ya se lo he comunicado al presidente Iván Duque"), la "grosera intromisión del dictador Maduro en Colombia" (sic). Revelación que entre los asistentes al foro desencadenó un quejumbroso y sentido "¡ohhhhh!"

Autor de varios libros de humor, Moreno deleitó a los participantes del encuentro contando que en Quito un joven se le acercó para criticar su gestión: “‘Ojalá tuviéramos un mejor presidente’, dijo el muchacho. Y yo respondí: ‘Ojalá tuviera yo un mejor pueblo, también’”.

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Cientos de personas celebrando los resultados parciales del plebiscito constitucional por una nueva Carta Magna, en Santiago (Chile). Foto: EFE / Alberto Valdes

Todo ejercicio de poder, todo gobierno se para sobre lo posible, pero el progresismo latinoamericano hizo de ese lugar una narrativa militante. La figura de la “correlación de fuerzas” se utiliza de manera abstracta y amañada. Frase de mago, abracadabra que, al pronunciarse, nos paraliza. Le pone nombre, justificándola, a la desmovilización social.

 

Tras la caída del muro, es decir, tras el derrumbe del horizonte socialista y el decreto de la ausencia de alternativas bajo la forma de una provocación (“There is no alternative”), las agendas sociales fueron recuperadas por posiciones clásicamente reformistas que, gracias a su dominio sobre lo posible (1), pasaron a ocupar un cómodo sillón al costado izquierdo de la discusión hegemónica y otro al costado hegemonista de la discusión de las izquierdas. Nos preguntamos: ¿cómo se disponen las energías colectivas, las luchas situadas y deseos de buen vivir en relación a la categoría de lo posible? Todo ejercicio de poder, todo gobierno se para sobre lo posible, pero el progresismo latinoamericano hizo de ese lugar una narrativa militante. En dicho imaginario, la ideología de base o el punto de partida “idealista” sufrirán sacrificios para construir la posición más “realista” de lo posible.

No somos los protestantes que desembarcaron en Nueva Inglaterra, ni los laboriosos seguidores de Mao; el reformismo en tiempos de neoliberalismo no es endógeno. Lo posible no es, como en esos casos, un punto de partida posible o una forma de pragmatismo teórico. En el imaginario populista de izquierda, a lo posible se llega. Se llega, entonces, como sacrificio que acerca al centro, que concede por derecha. No se trata de una izquierda pragmática como podría ser la bolchevique o la vía chilena al socialismo, sino de un pragmatismo que para ser formulado abandona el núcleo “idealista”, asociado a ese punto de partida por izquierda.

De algún modo, la pregunta algo avejentada “¿qué hacer?” no deja de ser reemplazada por una dilucidación algo cobarde y poco honesta en torno a lo posible. Es decir, una vez resignados desde abajo por todo lo que no se puede, el Estado se reinventa como único lugar de decisión sobre lo posible. Sin embargo, ese Estado no deja de presentar grietas y, en particular, durante el último período en que América Latina vio nacer gobiernos de raíz popular, funcionó como un aliado parcial de la pujanza multitudinaria y heterogénea de la región.

Pero nos preguntamos ¿qué puede un gobierno hoy? Las construcciones de poder de raíz popular del último ciclo latinoamericano, presentándose como la opción negociadora y hacedora se presentaron, al mismo tiempo, como parámetro de lectura, funcionaron como el realismo en sí. El populismo es el ángel de lo posible. Es el “realismo político”, decíamos, como conformación de una posición enunciativa que se arroga la decisión sobre lo posible. Y decide, desde esa misma posición quiénes aparecen como enemigos, por derecha e izquierda. Pero el enemigo que el realismo niega, por temor o por falta de lectura –o por exceso de realismo– es la laboriosa tarea de inventarse otra cosa, la imaginación política.

Durante los últimos años, cada vez que pareció dibujarse un nuevo ciclo insurrecto tan heterogéneo como la geografía en que se emplazó (desde las revueltas en plaza Tahrir hasta el 15M, desde Occupy hasta las jornadas de junio 2013 en Brasil), se reabrió en las discusiones locales la posibilidad de un nuevo realismo, o bien, de una nueva distribución entre potencia y poder (2) como tensión interna de todo realismo. Cada experiencia, al construir una nueva posición, al ejemplificar otro modo de pensar-hacer, al forzar nuevas agendas, al impugnar relaciones de dominio concretas desde el territorio, se debe su propio “realismo”, es decir, la construcción y defensa de su lugar existencial y político como punto de vista irreductible ante los aspectos del realismo del poder que desmovilizan.

Brasil: la retórica del golpe 1

En el Brasil posterior a junio de 2013 se consolidó inorgánicamente una suerte de movimiento anticorrupción contra el PT, ya sin la vocación de rebeldía y protesta joven que había estallado a partir de la lucha contra el aumento del transporte. En esos años, mientras se sentían los efectos de la crisis mundial, la disputa no pasaba por izquierda o derecha tradicionales, sino por la orientación de la novedad en juego y el destino del descontento. La política partidaria se dirimía entre la imposibilidad de encontrar una “tercera opción” y la búsqueda de asumir el nuevo mapa tomando registro de lo que podría describirse como un terremoto que cambiaría totalmente el paisaje. Después de una dura campaña en 2014, todavía con junio de 2013 presente, el PT emprendería un camino conservador, de ajustes y política de austeridad, con una ley antiterrorista que criminalizó activistas y con fuertes alianzas con sectores de la derecha y el empresariado financiero, del agronegocio y explotación minera, además de gestos continuos con las fuerzas de seguridad y los pastores evangelistas, que evaluaba indispensables para retener el gobierno. Mientras tanto, se organizaba un Mundial de fútbol y aparecían denuncias por la construcción sobrefacturada de estadios, priorizando aliados políticos, con desalojos y reubicaciones fallidas de población más pobre.

La caída de Dilma, impeachment mediante, no ocurrió en el momento más dinámico; el PT no estaba, precisamente, reformulando la vieja reforma agraria, ni estatizando servicios o bajando el costo de los transportes para la población, ni mucho menos reconstruyendo su base social, sino que el país transitaba un ajuste económico, concomitante con el endeudamiento y fragilización de las economías domésticas. Dilma nombró como ministro de hacienda a Joaquim Levy, formado en Chicago y ex presidente de Bradesco Asset Management, además de autor del programa económico del PSDB para las elecciones de 2014. Según un estudio de Levinas comentado por Raúl Zibechi y Decio Machado, “Entre los más pobres, casi se duplicaron los que accedieron a tarjetas de crédito y cuentas corrientes. De ese modo, mientras el salario creció un 80 por ciento entre 2001 y 2015, el crédito individual aumentó un 140 por ciento” (3) 

La crisis de 2015 dio como resultado un crecimiento muy importante del peso de la deuda de las familias más pobres en relación a sus ingresos (aproximadamente un 48%), mientras que para los sectores medios la deuda financiera fue mayor aún (cerca del 65%). Después de años de aumento del consumo, de “40 millones de brasileños en la nueva clase media”, encontrábamos el mayor endeudamiento registrado entre sectores populares con la banca privada.

La oposición surgida frente a la política estatal en junio de 2013 tuvo semejanzas, en términos de vitalidad y de malestar no orientado de antemano, con el 2001 argentino (“Que se vayan Todos”) o el 15M Español (“No nos representan”). Una protesta iniciada por el Movimiento Pase Libre frente a un nuevo aumento del transporte creaba un espacio de multiplicidad en las calles frente a gobiernos y alcaldías de los partidos del poder, de todo el arco político. Ante la apertura surgida de las calles, el gobierno –a diferencia de lo actuado por Néstor Kirchner bajo el efecto dosmilunero en 2003– había descartado la posibilidad de construir una escucha, de producir nuevas relaciones, entregando el descontento a las capturas más reactivas.

El poder político se presentó en conjunto contra el “desorden”, y la ola de movilizaciones planteó un punto de inflexión en la política brasileña. En 2015, sectores conservadores convocaron protestas multitudinarias que, esta vez, darían lugar a la destitución de la presidenta aprovechando la mayoría conservadora del congreso, incluso con los aliados conservadores con los que el PT co-gobernaba. Ya no era la crítica al “padrão FIFA” que no se aplicaba a las demandas sociales… y el sector político que llegaría al poder no era un nuevo actor, sino el poder empresarial que formaba parte de la vida institucional hacía años. El gobierno de Temer realizaría reformas conservadoras que afectarían derechos laborales. La operación Lava Jato que llevaría a Lula a la prisión, después de un desfile de “arrepentidos” que relatarían por televisión sus negocios con el poder, encumbraría al juez Sergio Moro como actor político que daría base electoral al ignoto Bolsonaro, quien ganaría aprovechando el clima antipetista y las banderas conservadoras de seguridad, orden y prisión para los corruptos.

Si hoy en día buena parte de los cuadros militantes e intelectuales petistas presentan a junio de 2013 como génesis de un “golpe” (4), desde junio podemos más bien percibir un fin de ciclo atado a la incapacidad de conexión del gobierno progresista con las demandas populares, tanto las de su propia historia, por caso la movilización contra el neoliberalismo, como las nuevas pautas para una ficticia clase media (que caería por su peso). Tras la victoria pírrica de Dilma en 2014, el PT fue perdiendo base de sustentación hasta que la propia presidenta fuera descartada por “inhábil” en una maniobra de Palacio de baja estofa.

Como el gobierno en Brasil se compone en buena medida en el Congreso, mucho más que en cualquier otro país latinoamericano, Lula y Dilma no podían soñar con los ministerios homogéneos del kirchnerismo o el evismo; es en ese esquema que encontramos los citados empresarios del agronegocio, pastores, líderes partidarios conservadores, que ayudaban a componer la mayoría y obtenían ministerios a cambio. Fue esa misma base política la que se independizó (nada menos que con el propio vicepresidente de Dilma a la cabeza) y se inclinó por la destitución.

Amén del mecanismo, que para algunos se acercaba al derrocamiento súbito de Manuel Zelaya en Honduras y de Lugo en Paraguay, como “nueva modalidad de golpe”, mientras para otros se asemejaba a la caída de Allende, pero que en Brasil fue un proceso de juicio político que duró meses y contó con la supervisión de los tribunales supremos, lo ocurrido fue más bien “coherente” con el voto de los brasileños que no salieron a las calles a defender un gobierno, que alcanzó el nivel más bajo de popularidad en los sondeos de empresas encuestadoras. Lo posible vuelto posibilismo: como no se puede transformar la realidad, se presenta con mística la política de crédito, el consumo atado a la financiarización o políticas sociales que dejan intacto el armado del capital concentrado.

Sin reacción popular y movilización en defensa de los líderes, el sistema político asimiló la caída de Dilma con un PT que siguió haciendo alianzas de gobierno a nivel local con el PMDB y otros partidos “golpistas”. En 2018 la suerte estaría echada, el PT representado por Fernando Haddad, un candidato con imagen de buen gestor, anunciado un mes antes de las elecciones no podría enfrentar el fenómeno social y virtual de Bolsonaro, y que había sido el alcalde que decretó el aumento del pasaje que derivó en el levantamiento de junio de 2013. En esa misma elección, Dilma perdería en la contienda para senadores en Minas Gerais, su propio distrito y el PT incluso vería en 2020 un progresismo que empezaría a crecer ya con los colores de otros partidos. La retórica del golpe se volvió un asunto central solo para un sector político y militante, ideológicamente de izquierda y de extracción social alta. Pero no caló ni en el día a día de la administración estatal, ni en las calles, ni entre las mayorías que los partidarios presentan como “lulistas” en el nordeste del país, o en municipios de la periferia de São Paulo, considerados bastiones del PT desde su origen.


Más allá de discusiones conceptuales, jurídicas o de ciencia política, que defendieron que un impeachment sin un crimen de responsabilidad es “golpe”, en el proceso de juzgamiento no fueron tratados temas como la construcción sin consulta previa de la represa de Belo Monte –que financió campañas electorales de Dilma y es símbolo de la destrucción de la Amazonia. La lectura política es la del fin de un ciclo, con un gobierno derrotado políticamente, que después se manifestó como deterioro electoral. Si ganar elecciones significa construir gobernabilidad para terminar gobernando en nombre de los de abajo y en función de los de arriba, éstos últimos, en algún momento, se disponen a gobernar directamente. Lo simbólico, lo mediático, lo estratégico de los relatos que parecen volverse la totalidad de la política, pierden peso específico fuera de las elecciones y en un balance para el que la renovación política se vuelve necesaria.

El bolsonarismo se construiría en el plano del imaginario como un anti PT: elogio de la dictadura, destrucción de políticas públicas progresistas, discurso de odio contra minorías y ultraliberalismo explícito. Pero el modelo económico de bancos, agronegocio, con precarización del trabajo quedaría por fuera de la discusión. En estos días se anularon las condenas de Moro contra Lula sobre el caso Lava Jato en que había sido juzgado por un departamento que empresas contratistas del Estado le habrían ofrecido como pago a cambio de favores políticos. La instrucción y pruebas, sin embargo, no fueron anuladas y otro juez podría condenarlo nuevamente. Pero la noticia repercute políticamente por la recuperación de derechos de Lula para candidatear contra Bolsonaro en la elección de 2022.

El nuevo dato político llega en un país que enfrenta un crecimiento imparable de las muertes por covid, con un gobierno que juega a favor de la muerte. El aumento del precio de los combustibles, el desempleo y la discontinuidad de los apoyos estatales en los primeros meses de pandemia crean una situación de preocupación social, que mantiene cierta indiferencia frente a los caminos políticos que se presentan. Bolsonaro no generó un movimiento propio, pero mantiene un apoyo electoral considerable que se fortalece desde una postura anti-sistema y de apoyo a la economía popular que exige y se moviliza para continuar en funcionamiento a pesar del riesgo epidemiológico.

La candidatura de Lula se presenta en este contexto como salvación. Los años felices del lulismo, en que Brasil vivió una explosión de consumo que se presentó como entrada de 40 millones de ciudadanos pobres a la clase media, aparece ahora como retórica de la salvación ante el desgobierno de Bolsonaro. El fortalecimiento de la polarización favorecería a los dos campos. El bien contra el mal, para el lulismo, en un debate político alejado de la realidad neoliberal de trabajo precario y falta de alternativas. La vuelta de la corrupción y el riesgo del comunismo, para los antipetistas, en un debate que escapa al día a día para orbitar en la esfera de la comunicación política como falsa totalidad. ¿Nace la retórica del “Lula vuelve”?

Ecuador: la retórica de la traición

Habiendo llegado al gobierno Rafael Correa en 2007, reformando la Constitución al año siguiente y asumiendo parte de la agenda sindical (por ejemplo, reduciendo significativamente el nivel de tercerización), de los Derechos Humanos (abriendo comisiones de investigación de los crímenes dictatoriales), avanzado en la participación estatal en la renta petrolera (el sector más rentable de la economía ecuatoriana), planteando la necesidad de estabilizar la balanza comercial y evitar la salida de dólares (en un país cuya economía está literalmente dolarizada), no se logró alterar la matriz productiva y distributiva. Incluso Ecuador fue uno de los pocos países que avanzó en la tarea de investigar su deuda externa, para lo que contrató a Alejandro Olmos Gaona (hijo), argentino desoído en su país, y dictaminando la ilegitimidad de una parte importante de ésta, aunque luego no profundizando el diagnóstico con medidas acorde.

Entre 2014 y 2015 tuvo lugar una crisis asociada al precio del petróleo y la valorización del dólar (dos elementos estructurales en la economía ecuatoriana), que mostró la fragilidad del esquema económico y social del país. Fue el momento del ajuste: eliminación del aporte estatal obligatorio al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, supresión parcial a los subsidios a los combustibles, eliminación de subsidios al transporte a nivel nacional, etc., trasladando, en todos los casos, los costos a una población cuyos ingresos disminuían como parte del achicamiento del PIB. La crisis política y económica coincidió con una actitud defensiva del gobierno que, en lugar de rearmar sus alianzas o fomentar nuevos apoyos por abajo, se cerró y, más allá del anticorreismo reaccionario, fue acusado de utilizar al poder judicial para disciplinar a opositores políticos y militantes sociales (no solo en los niveles más bajos del poder judicial, sino con un Tribunal Supremo adicto).

Con ocho años en el gobierno y una crisis que tomó la calle por escenario, el 3 de diciembre de 2015 el gobierno envió una enmienda constitucional que dota a las fuerzas armadas de competencias en materia de seguridad interior. Este gesto formal coincidió con hechos de represión concreta ante consecuentes levantamientos indígenas que se desarrollaron desde entonces hasta el momento de las elecciones en 2017. Particularmente en las provincias de Amazonia y la Sierra, la represión era seguida de allanamientos, persecución judicial, detenciones arbitrarias (con cargos típicos de una enunciación derechista: terrorismo, sabotaje, resistencia a la autoridad, etc.). Según Decio Machado, la represión y la criminalización de la protesta se remontan incluso a los inicios del gobierno de Correa, pero fue en el período de crisis que alcanzó una escala callejera significativa y hasta cierta sistematicidad.

Los asesinatos de José Tendetza, Fredy Taish y Bosco Wisuma, referentes opositores al modelo extractivista cortaron definitivamente amarras entre el gobierno y las bases indígenas. Así como en el proceso electoral posterior el correísmo fue acusado de traicionar en buena medida a sus bases, tras su victoria electoral en ballotage, producto de una sobreactuada polarización con el empresario derechista Lasso, el vicepresidente de Correa, Lenin Moreno, se encargó de “traicionar” lo que quedaba.

Tal vez, más allá de la orientación de sus políticas de ajuste, el mayor pecado para cierta militancia consistió en traicionar el plano del lenguaje mismo, teniendo en cuenta la importancia que los gobiernos progresistas de la región le dieron al discurso y las consignas. Lo cierto es que la traición de Lenin Moreno demostró que ni el gobierno de Correa se encontraba en su momento más dinámico (todo lo contrario), ni fue necesario un golpe palaciego o militar para derrocarlo, sino que bastó un simple gesto en el interior mismo de la lógica representativa. Es esa misma lógica representativa la que muestra a un referente del movimiento indígena como Yaku Pérez apoyando, primero a Lasso en las elecciones de 2017 (“prefiero un banquero a un dictador”) y luego algunas de las políticas neoliberales del gobierno de Lenin Moreno.

El correísmo entregó parte de sus bases posibles a la derecha. Tal vez se trate de un costo propio del llamado neo desarrollismo o de un estilo de gobierno poco afecto a las transversalidades políticas... o un simple efecto de la decadencia de la representación política. Lo cierto es que las protestas de septiembre y octubre de 2019 contra las medidas del ya terminado gobierno de Lenin Moreno revitalizaron la militancia indigenista, pero las elecciones de 2021 parecían devolver el juego al campo de las declaraciones y la maquinaria electoral pone a prueba su capacidad de simplificar la complejidad social con el efecto polarizador del ballotage. El candidato indígena buscaría encontrar un tercer lugar señalando los límites del correísmo y reiterando la distancia con la derecha tradicional, pero a pesar de la alta votación para el movimiento Pachakutik por parte de las bases de las organizaciones indígenas, el escenario tripartito sería desalentador, teniendo en cuenta las posiciones irreductibles entre Pérez y el correísmo y una posibilidad de Lasso de arrastrar a la oposición mayoritaria bloqueando la impugnación franca a las políticas de Moreno, más allá de la retórica de la traición. Por un lado, es cierto que su buena elección remite a la revuelta de 2019 pero, como dice Raúl Zibechi “las insurrecciones no caben en las urnas” y la notable elección de Yaku Pérez Guartambel no es suficiente ni siquiera sumada al voto “anti neoliebral”, que es mayoría absoluta en los curules parlamentarios, para avanzar de hecho contra el neoliberalismo devenido refeudalización corporativista y el extractivismo.

¿La ubicación de Pérez en el mapa es similar a la que ostentó en Brasil Marina Silva? Con todo el cuidado de la traspolación, es menester dar cuenta de lo que se mueve, ambivalente, por abajo y alcanza umbrales nada despreciables también en la lógica electoral. Lo que parece ser clave, pasando el tiempo electoral, es entender los matices, diferencias y convergencias de las distintas líneas del movimiento indígena que se unificaron a la hora de defender el voto y expresan un mundo político que se abre cuando el correísmo y la derecha financiera quedan atrás.

Bolivia: la retórica del golpe 2

La caída de Evo Morales en Bolivia suscitó un áspero debate que tuvo lugar especialmente fuera del país. Las izquierdas regionales e incluso a nivel mundial cerraron filas con la defensa de Evo Morales, lo que significaba sumarse a la campaña contra lo que fue considerado un golpe militar. Presidentes como López Obrador y Alberto Fernández se sumaron personalmente a la campaña, al punto que el presidente argentino hizo del acompañamiento a Evo en su exilio primero y en su posterior vuelta a Bolivia una cuestión de Estado.

Dentro de Bolivia hubo movilizaciones de sectores del MAS, especialmente en El Alto y Cochabamba, bastión cocalero. Enfrentaron la represión, con asesinatos en Sacaba y Senkata a manos del ejército, que obtuvo con el nuevo gobierno garantías para reprimir que Evo Morales no había otorgado –por ejemplo, para contener la crisis desatada por movilizaciones posteriores a la elección de octubre de 2019. Como ocurrió en Brasil, sin embargo, después de la renuncia y salida del país de Evo Morales la política no se dirimiría con movilizaciones masivas ni una resistencia decisiva contra el golpe, sino con comunicación política: “golpe”, “dictadura”, de un lado; “gobierno corrupto” y “fraude”, del otro.

Dentro de Bolivia, los propios legisladores del MAS apoyaron y dieron legitimidad al nuevo gobierno, formado ante un vacío de poder y la renuncia de la línea de sucesión presidencial detallada en la Constitución, con Jeanine Áñez asumiendo la presidencia aduciendo su carácter de máxima autoridad del Senado. Asumió por votación simple ante la ausencia de mayoría, controlada por el MAS. Pero días después, incluso movimientos sociales se sentarían con la nueva presidenta, y en el Congreso la mayoría optaría por reconocerla, aceptando la renuncia de Evo Morales y su vicepresidente, no dejando que la controversia activa en el plano de la comunicación política llegara a las instituciones (5).

Mientras tanto, la izquierda latinoamericana se orientaba a denunciar el golpe en Bolivia, haciendo resonar las imágenes cruentas con la memoria de las dictaduras militares. En el país no sería esa la resonancia principal, y se producían jornadas de movilización contra el denunciado fraude, que ponían un manto de duda sobre una elección que ya antes de ocurrir estaba deslegitimada por contradecir la Constitución promulgada por el propio Morales en 2009 (más de una reelección estaba expresamente prohibida).

En 2016, Evo Morales llevó adelante un referéndum para cambiar este punto del texto constitucional, pero perdió en las urnas. La salida de Evo Morales fue vivida por muchos como la caída de alguien que se postuló contra el mandato de un referéndum popular (lo hizo gracias al fallo de un poder judicial presionado políticamente), y en el contexto de movilizaciones sociales que no pueden reducirse a la derecha o la clase media y alta opositora. Hubo jóvenes de todo el país y, antes que los militares recomendaran la renuncia, la propia Central Obrera Boliviana, aliada política del MAS y otros sectores sociales habían solicitado eso mismo (6).

La relación del MAS con las Fuerzas Armadas merece un capítulo aparte, con contradicciones, compra de lealtades y una relación afianzada que en el momento de las definiciones se quebró. Algo parecido puede decirse de la relación con la OEA. Luis Almagro se manifestó favorablemente a la candidatura de Evo Morales, ganando el desafecto de la oposición. Se desató una crisis por las movilizaciones masivas que denunciaban fraude, después de haberse interrumpido el conteo televisado de votos y retomado con un cambio pronunciado de tendencia que declararía a Evo Morales electo en primera vuelta. En ese momento fue el propio Evo Morales quien convocó una auditoria de la OEA, dándole un papel de juez en el proceso. La OEA recomendó la realización de nuevas elecciones, por irregularidades. El mandatario aceptó el desafío, pero horas después presentaría la renuncia.

En Bolivia, la retórica del golpe tuvo como fuente principal una posición partidaria asociada al evismo. En cambio, personalidades como el actual vicepresidente electo, David Choquehuanca y otros funcionarios no se refieren a un “golpe” y no hubo una ruptura del orden constitucional con los efectos conocidos en dictaduras convencionales. Los de octubre y noviembre de 2019 fueron acontecimientos de alta complejidad política que se mantendrán abiertos a interpretación y disputa de narrativas.

El gobierno de Jeanine Áñez, que asumió con la promesa de llamar elecciones y practicó una política represiva y racista, terminó postergando la convocatoria con el argumento de las condiciones sanitarias de la pandemia. Su gobierno inició juicios anticorrupción y buscó derrotar al MAS, de facto, desde el gobierno. No lo consiguió. Como es sabido, en octubre de 2020 el MAS volvió al poder con Evo Morales fuera de la disputa (se adujeron motivos burocráticos de falta de residencia para no habilitar su candidatura al senado). La solución que encontró el MAS fue una fórmula con un vicepresidente indígena crítico, que había sido el candidato elegido por las bases (e impugnado desde Buenos Aires por Evo Morales) y un candidato propio de perfil moderado y “técnico”, para la presidencia (7).

Las bolivianas y bolivianos parecen haber dado un mensaje también complejo. Quizás algo pragmático, pero alejado de la mística militante del MAS y, especialmente, de las voces latinoamericanas de opinión a la distancia. El resultado de la elección de octubre de 2020 muestra conformidad con la continuidad el MAS, pero sin clamor por la vuelta de Evo; también el fin de la reelección parece acomodarse al sentir popular. Evo Morales perdió la presidencia, pero también ganó, con su partido nuevamente en el poder y su influencia eligiendo a dedo muchos otros candidatos a gobernadores o alcaldes, en no pocos casos en contra de lo que las bases proponían.

En una lectura de mediano plazo, sin embargo, se percibe el fin de ciclo y un cambio político notable, desde aquella victoria de 2005, como expresión del ascenso de las movilizaciones que se iniciaron en el año 2000, expresadas también en su ratificación en el referéndum revocatorio de 2008. Posteriormente, se volvió preponderante el discurso desarrollista y nacionalista, buscando seducir a las clases medias, que llevó nuevamente al MAS a la presidencia en 2009 y en 2015, ya con un Estado Plurinacional Comunitario constituido, pero sin que la política del MAS buscara avanzar en la implementación de los puntos contenidos en ella –lo que podría haber significado un conflicto real con el poder tradicional e económico.

Un gobierno del MAS que también reprimió las marchas en defensa del TIPNIS (8), que incluso buscaría intervenir, comprar o partir organizaciones históricas de los pueblos indígenas, y que a pesar de los números macroeconómicos favorables empezaría a sufrir un cuestionamiento en las urnas y en las calles.

En ese sentido, Eva Copa representa una nueva generación de líderes. Alteña, se convirtió en presidenta del Senado representando al MAS después de la caída de Evo Morales. En 2021, luego de ser elegida candidata por las bases en la ciudad del Alto fue rechazada por las autoridades partidarias, que forzaron su salida del partido. Ahora se impuso como alcaldesa con amplia votación en la ciudad que protagonizó la guerra del gas en 2003, e incluso fue palco de las muertes en la tranca de Senkata, poco después de asumida Áñez, por represión militar cerca de una planta de gas.

Por otra parte, se mostraba favorito en las encuestas para la gobernación de La Paz el líder indígena Felipe Quispe Huanca, que protagonizó los bloqueos y resistencia anti neoliberal con un fuerte planteamiento anticolonial y de autodeterminación aymara, y que falleció poco antes del pleito electoral, teniendo a su hijo como heredero político que disputará todavía la segunda vuelta para el mismo cargo (9). El fin de ciclo boliviano parece abrir nuevas posibilidades con y sin el MAS, dentro del MAS y con un posible nuevo MAS, como parte de una transversalidad política y social más afín a la complejidad de la hora.

Argentina: la retórica del mal menor

El gobierno de Cristina Fernández fue convalidado como parte de un proceso de recuperación de índices macroeconómicos, laborales y sociales. En ese momento, en pleno reencantamiento popular (y de sectores medios) con un nuevo auge del consumo, sonaba la candidatura de Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, hasta que tras la muerte de Néstor Kirchner la imagen de Cristina repuntó y sus dotes como cuadro político terminaron de posicionarla.

La elección de 2011 determinó su victoria por el 54% de los votos, quedando en segundo lugar con aproximadamente 17% el Frente Amplio Progresista encabezado por el Socialismo santafecino. ¿Cómo es que solo cuatro años después la derecha más rancia, encabezada por la figura de Mauricio Macri, se quedó con el 51% de los votos en ballotage ante la más conservadora de las opciones del hasta entonces oficialismo, el antes postergado Scioli? De algún modo se puede decir que en 2011 no solo el gobierno ganó una elección, sino que el plano electoral ganó lugar en relación a otras dimensiones de la construcción política.

Así, el gobierno se autonomizó definitivamente de la trama que incluía movimientos sociales y actores diversos en condiciones de discutir transformaciones, haciendo de ese modo a un lado al elemento crítico que podía albergar su base de sustentación. Liberó la fuerza del número (más de la mitad de los votantes) de rendiciones de cuenta, poniendo en riesgo la fuente misma de legitimación política, en un derrotero que la propia presidenta reelecta abrió con el eufemismo “sintonía fina”.

El período de 12 años de gobierno kirchnerista se caracterizó por su heterogeneidad, tanto a nivel de las condiciones externas, como del plan económico, la construcción política hacia adentro e incluso la seguridad interior. En el último tramo, disminuía significativamente el ingreso de divisas, con consecuencias graves en la generación de empleo (se amesetó definitivamente el empleo privado, tanto como el surgimiento de nuevos pequeños agentes económicos); por otra parte, aumentaba la preocupación del gobierno por la conflictividad social: el plan “Cinturón sur” desplegó a la Gendarmería en los barrios populares, villas y asentamientos, hizo su aparición en escena el punitivista e inefable secretario seguridad Berni, se reformó la Ley Antiterrorista con endurecimiento de penas, en tándem con la existencia – hacía ya unos años– del Proyecto X (que espiaba y operaba militantes). El rumbo extractivista siguió cumpliendo etapas, con la instalación de una planta de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas en Córdoba (resistida por movimientos territoriales), los subsidios a grandes empresas superaron las inversiones en vivienda y programas sociales, el aumento del pan en 2013 dejó ver, una vez más, los entretelones de la concentración económica en  rubros sensibles como la alimentación, y se votaron leyes casi anacrónicamente noventistas como la de ART y la baja de los aportes patronales.

La devaluación de enero de 2014, del 16% en solo tres días, seguida de un ajuste a los consumidores vía quita de subsidios a servicios básicos, repercutió en el poder adquisitivo de la clase trabajadora formal, informal y de las economías populares. El intento del gobierno por volver a los mercados internacionales de manera oficial lo encontró condescendiente con el CIADI y pagando punitorios al Club de París. El 70 % de los jubilados ganaban la mínima (muchos de ellos se habían beneficiado por el reconocimiento por primera vez de su jubilación) cuando el defensor de la tercera edad reconoció que justamente ellos venían perdiendo capacidad de compra de lo mínimo necesario para sostenerse cotidianamente. La ley de Hidrocarburos y el acuerdo secreto con Chevron entregaron soberanía por la necesidad de financiamiento en el cortísimo plazo, mientras que ahí donde se había recuperado terreno con la estatización parcial de una mermada YPF (que representaba el 34% del sector hidrocarburífero), se contrató a un CEO para aplicar una política de ingresos vía aumento de combustibles y usar a la empresa como boca de endeudamiento externo.

Cuando marcamos la pérdida de protagonismo y dinamismo social justo en el tiempo posterior a una victoria electoral de tal contundencia, nos preguntamos si se perdió de vista la propia génesis de la impugnación al neoliberalismo que había tenido lugar en 2001 y la composición social heterogénea que luego funcionó como base de sustentación. En cambio, notamos que el triunfalismo de los actos y enunciados oficialistas funcionaron como contracara y espejo de la animosidad y las operaciones de medios y sectores opositores. Los vectores más dramáticos en términos de antagonismos territoriales y económicos concretos, permanecían inalterables. Pablo Hupert escribía, en ese sentido: “En cuanto a los antikirchneristas, mantienen con los kirchneristas un consenso de fondo en el modelo de acumulación de capital (extractivismo rural, hidrocarburífero, minero y urbano, devastación del medio ambiente, concentración y extranjerización de la economía, precariedad laboral, mercantilización general de la vida).” (10)

La figura de Scioli, candidato elegido sin internas ni mayores discusiones por Cristina Fernández, dio cuenta de las líneas generales del último tramo del oficialismo y de un sobreentendido preocupante que recuerda al caso brasilero: “si va a haber ajuste, mejor hacerlo nosotros”. Más allá del tratamiento bien conservador en materia de seguridad que el gobierno de Scioli llevaba adelante en la provincia de Buenos Aires, del crecimiento exponencial de los countries durante sus dos mandatos consecutivos, de su pasado de fidelidad al menemismo hasta último momento, entre otras cualidades, el dato de la construcción de su candidatura había que buscarlo en su propuesta económica. Sus asesores, fundamentalmente Miguel Bein –a quien llevó a más de una entrevista televisiva en el prime time para que respondiera por él asuntos claves de la economía–, no dejaban dudas acerca de la “necesidad” de un ajuste y pretendían diferenciarse de sus adversarios electorales en dos puntos: el ajuste debía ser gradual y el actor principal no sería el mercado financiero, sino la oligarquía industrial. En definitiva, el “fin de ciclo” en Argentina estuvo dominado por un consenso no siempre explicitado en torno a la necesidad de un ajuste según dos matices: gradualismo o shock. ¿El gobierno de Alberto Fernández es la sobrevida? ¿Se trata de un progresismo post mortem bajo la máscara de un “progresismo liberal” que se sostiene en la apuesta extractivista, la ambigüedad discursiva, el mantenimiento del ala conservadora en la disputa por la tierra (Berni exaltando la represión en la toma de Guernica)?

Conclusiones abiertas

Cuando hablamos de “fin de ciclo” progresista, no nos referimos a una coyuntura electoral. Es cierto que se pone de manifiesto una debilidad cuando una figura anti popular como Mauricio Macri destrona al kirchnerismo, o en la reducción de la presencia en gobiernos municipales del PT de 600 a solo algo más de 100 municipios, de los cinco mil en todo Brasil. Pero la derecha tampoco logra consolidar una hegemonía política como fue la del progresismo (excepto en Colombia de forma estable y en Perú con inestabilidad y recambio). En Chile, tras el estallido iniciado en octubre de 2019 y la convocatoria de una convención constituyente, es muy probable que el progresismo se imponga como lo hizo en Bolivia y Argentina, mostrando más bien un péndulo inestable de transición, donde también la extrema derecha y las nuevas izquierdas se suman a la disputa, siguiendo los pasos de algunos países europeos. Más allá de lo electoral, entonces, el fin de ciclo es vivido por los más identificados desde cierto endurecimiento interno o incluso ensimismamiento. Aumenta la mistificación mientras disminuye la capacidad de movilización, se interrumpe la continuidad con las luchas que llevaron a los gobiernos de raíz popular al Estado. A su vez, se consolida la perspectiva estatal tendiente a la criminalización de las protestas, políticas de austeridad más y menos disimuladas y, fundamentalmente, una ambigüedad que queda cada vez más lejos de los movimientos y experiencias alternativas.

El dirigente social argentino Juan Grabois desafió al Frente de Todos (al que pertenece) al insistir en que la cautela supuestamente estratégica del gobierno podría terminar alejándolo de sus bases. Pero se excede (reincide) en confianza a los liderazgos cuando sostiene que hace falta una dirigencia “que tenga el coraje, la inteligencia y la planificación para lograr cambiar la estructura absolutamente regresiva, degradatoria, primarizante, colonial que tiene la Argentina...”. En buena medida, los movimientos sociales reproducen las dificultades que se observan a nivel de los gobiernos y su pérdida de dinamismo explica también el alcance limitado de una red de espacios (nada limitada de antemano), a la hora de alterar las condiciones macroeconómicas y las características del Estado mismo –que Grabois reconoce como un Estado neoliberal ocupado circunstancialmente por gobiernos populares o progresistas.

En el caso de Chile, los límites para el cambio estructural ya se encuentran interiorizados en las limitaciones que el poder político (conservador o progresista) impuso en acuerdo político de cúpulas mientras las calles ardían en una histórica movilización social, para definir las reglas de funcionamiento del foro en vistas a la Constituyente. Como ocurrió en Bolivia, el poder constituyente surge limitado (constituido) por la necesidad de aprobación por dos tercios, que políticamente garantiza poder de veto a las fuerzas políticas tradicionales –finalmente, intérpretes en última instancia de los mensajes de las calles. Quizás sea ilustrativa la “funa” (escrache) que encontraría a fines de 2019 Gabriel Boric, ex líder estudiantil de las protestas de 2001 y creador del Frente Amplio, por su participación en el acuerdo con el gobierno y otros sectores políticos, accediendo a sellar el acuerdo para encaminar la Constituyente con el gobierno y también la ex Concertación, fuerza cuya derrota fue la condición que lo había transformado en líder político con el mote de “nueva política”.

La figura de la “correlación de fuerzas” se utiliza de manera abstracta y amañada. Últimamente, la militancia partidaria, sindical y social, en el momento mismo en que se refiere a las relaciones de fuerza no se asume como parte de esa relación. Frase de mago, abracadabra que, al pronunciarse, nos paraliza. Le pone nombre, justificándola, a la desmovilización social. ¿Dónde quedan nuestras fuerzas entonces? ¿De qué modo hacemos parte en situaciones concretas de esa relación? Se da por concluida de antemano una relación que, por definición, no está cerrada; se piensa como gesto estratégico la repetición de lo mismo, como si las estrategias no fueran también parte de un campo en disputa dependiente de las condiciones que, justamente, no son una repetición de lo mismo. ¿Y si no es un problema de “gran estrategia” voluntarista o sacrificial, sino de tacticismo radical y alegre? De hecho, hay fuerzas de distinta índole, no sólo desde el punto de vista cuantitativo, sino en el plano de la imaginación política, de las transformaciones a nivel de los vínculos dentro y fuera de las organizaciones, en el seno de complicidades transversales, tácticas de guerrilla o formatos de unidad de acción. La imaginación no es una abstracción o una utopía perdida por lejana, sino una fuerza que abre posibles.

¿Cuáles fueron los límites de los aspectos dinámicos de esos procesos se cerraron o viven aun a costa de su fin de ciclo? Pensamos en, al menos, dos niveles: la relación de los movimientos, los sectores populares, las denominadas bases y organizaciones con los gobiernos propiamente dichos, por un lado, y las medidas concretas, entre rupturas y continuidades con los regímenes previos (la vigencia del neoliberalismo, de las oligarquías, etc.). Este último punto relativiza las acusaciones de claudicación, de traición o de giros conservadores de los gobiernos, en tanto ya estaban escritos en la matriz de relación entre éstos y la dinámica de los movimientos. Incluso, ¿hasta qué punto, parte de los movimientos y de la militancia de base se perciben y piensan a sí mismos de entrada identificados con el realismo del poder? El realismo político que transforma un análisis automático de la correlación de fuerzas en una excusa para no repensar las relaciones del dinamismo social con los formatos de poder existente, opaca toda imaginación política con su velo indolente.

Por nuestra parte, el diagnóstico y las preguntas que nos propusimos no surgen de una mirada exterior a los deseos de transformación de las relaciones de desigualdad y destrucción del medio vigentes, ni de una inmaculada concepción de izquierdas, sino de un realismo doloroso (11) que no está dispuesto al silencio público de las diferencias, ni al razonamiento extorsivo cuya única razón de ser son los poderes que se tiene en frente. Nos permitimos sospechar del sobredimensionamiento jactancioso y en bloque del enemigo, gesto correlativo de una victimización también excesiva respecto de las potencialidades propias y vitalidades inesperadas. Apostamos, más bien, a un realismo de la potencia que ponga de relieve las expresiones de dinamismo encarnadas por actores y formas de relación y organización existentes, para una imaginación política capaz de actuar, de intervenir en nuestras condiciones, con todo el barro que la historia disponga. Desde la marea de feminismos hasta las luchas ambientalistas, los espacios de contracultura, las experiencias de economías solidarias y populares, hasta las resonancias entre un buen vivir contemporáneo y la vigencia comunitaria de los pueblos indígenas, pasando por las revueltas estudiantiles, los nuevos modos de agrupación y democracia gremial o de lucha de trabajadores autónomos y precarios por fuera de las estructuras que ya no los contemplan ni representan, y el activismo informático… la fenomenología del dinamismo político es muy vasta y no lo es menos la potencialidad de articulaciones e interfaces capaces de la necesaria transversalidad a la hora de contrapesar e incluso superar las asimetrías concretas que conforman la actual correlación de fuerzas, es decir, la trama que define cuánto podemos.

Es clave atender e investigar lo que hay de vivo por abajo y por los costados, así como propusimos repasarlo comparativamente en la historia insurreccional latinoamericana del último tramo del siglo XX. ¿Qué pasa hoy con los enjambres de repartidores y trabajadores logísticos por aplicaciones que bien podrían parar las ciudades? ¿Qué lugar tiene en algunos países la construcción comunitaria indígena por fuera de las ciudades, o enhebrando campo y ciudad? La movilización de los pobres por el auxilio económico o renta universal en Brasil reorientó los recursos del Estado; las tomas de tierras con grados cada vez más altos y sofisticados de organización y enunciación en Argentina dejan ver un deseo de vivir bien sin temor a la confrontación. Algo se mueve por fuera de lo posible, ¿algo imposible? Entre la máquina neoliberal y su “There is no alternative” implícito –o incluso fracasado neoliberalismo devenido refeudalización corporativista– y el posibilismo progresista, suerte de liberalismo sensiblero, izquierda que ladra, pero no muerde; es decir, entre el realismo de la impotencia y el realismo político, se cuela una potencia que busca su propia realidad.

Ariel Pennisi

@ArielPennisi1

Salvador Schavelzon

@schavelzon

2 abr 2021 05:56

Publicado enPolítica
Domingo, 28 Febrero 2021 05:28

Bill Gates: el clima de los billonarios

Bill Gates: el clima de los billonarios

El 16 de febrero de 2021, Bill Gates, el tercer hombre más rico del planeta, lanzó su libro Cómo evitar un desastre climático. Gates no sabía nada de cambio climático hasta hace pocos años, aunque su "huella climática" personal y empresarial es enorme, miles de veces mayor que la de cada persona de la vasta mayoría de la población mundial. Nada propone para cambiar esa realidad. Su receta es aplicar una mezcla de tecnologías extremas de alto riesgo –energía nuclear, nuevos transgénicos y geoingeniería–, mercados de carbono y fondos de inversión, y que los gobiernos apoyen a las empresas para ello con incentivos económicos, normativas a su favor e infraestructura con dinero público.

El libro no agrega nada a sus propuestas ya conocidas. Es más bien un resumen organizado para gobiernos, empresas e investigadores, en formato “como salvar el planeta para dummies” (o tontos, usado en manuales para referirse a principiantes). En una reciente entrevista con el periodista Anderson Cooper, Gates dice que el primer libro que leyó sobre clima hace 10 años, fue Weather for dummies (El tiempo para principiantes) (https://tinyurl.com/47x45b9v). En el libro aclara que además de otras lecturas, expertos como los promotores de la geoingeniería David Keith y Ken Caldeira le han estado informando sobre el tema.

La lista de tecnologías propuestas por Gates da vértigo: no duda en manipular desde los átomos a los genomas y el clima. La combinación de su mentalidad de ingeniero que ve al mundo, la naturaleza, el clima y los pueblos como partes de una máquina donde todo se puede mover con tecnología e inteligencia artificial, contrasta con sus rampantes declaraciones de fe de que nada de eso tendrá ningún problema, al menos ninguno que no pueda afrontar con más tecnología. Propone, por ejemplo, desplegar masivamente reactores para energía nuclear –que asegura que ahora no tendrán problemas como los desastres de Chernóbil o Fukushima; nuevas megaplantaciones de agrocombustibles, que al ser con semillas transgénicas y microbios de biología sintética ahora no competirán con la producción de alimentos, al igual que más plantaciones de soya y maíz transgénico para fabricar carne sintética en laboratorio, tambien con microbios manipulados genéticamente. Promueve la geoingeniería tanto para remover carbono como la geoingeniería solar. Financia la tecnología de impulsores genéticos para extinguir especies que, pese a presentarla como combate a la malaria, tiene sobre todo aplicaciones en agricultura industrial y química.

Gates afirma que el mayor desafío "para la humanidad" es llegar a reducir las emisiones de dióxido de carbono a cero en 2050. Una meta demasiado distante para no sobrepasar un aumento de temperatura global de más 1.5 grados, según el Panel de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Tanto Gates, como muchas empresas trasnacionales contaminantes y el Foro Económico de Davos, han anunciado compromisos de alcanzar "cero emisiones netas" en unas décadas. Es una trampa: Gates aclara en el libro que se refiere a emisiones cero "netas", es decir que se puede seguir emitiendo gases, incluso aumentar las emisiones, porque se puede asociar compensaciones ( offset), para que la suma sea cero. Esas compensaciones se harían con mercados de carbono y tecnologías de geoingeniería para remover carbono de la atmósfera una vez emitido. Nada de eso ha funcionado para enfrentar el caos climático, ni va a funcionar. Gates lo sabe, por ello exhorta a apoyar también el desarrollo de la geoingeniería solar para bajar la temperatura, para evitar que parte de los rayos del sol lleguen a la Tierra, como un plan B, aunque reconoce que tiene grandes riesgos.

Una de las técnicas de geoingeniería que presenta el libro es la captura directa de aire, en particular la empresa Carbon Engineering, donde Gates es inversor junto a Chevron, Occidental Petroleum y la minera BHP Billiton. La técnica requiere tanta energía para capturar y filtrar carbono de la atmósfera, que aumenta las emisiones totales de CO₂ si se tiene en cuenta todo el ciclo. Salvo con megainstalaciones de energías no fósiles, que de todos modos requerirán materiales, tierra, agua y competirán con mejores usos de tales fuentes de energía. El fundador (e inversor) de Carbon Engineering es David Keith, quien también dirige desde la Universidad de Harvard el programa de geoingeniería solar, financiado por Gates y otros millonarios. En este momento en el ojo de la tormenta por el cuestionamiento a su proyecto ScoPEx para experimentar en territorios indígenas cómo bloquear la luz del sol (https://tinyurl.com/t3wr59r5).

Aunque Gates declara que él y la Fundación Gates han retirado sus inversiones en las industrias petroleras, un ilustrativo artículo de Tim Schwab muestra lo contrario (https://tinyurl.com/dkuapxbk). Además, las empresas en las que invierte, como Microsoft y Carbon Engineering, siguen haciendo negocios con ellas. Señala, que aunque Gates promueve sus propias empresas, no es porque necesite más dinero. El punto más importante que comunica no es sobre clima, sino el poder de los milmillonarios sobre los gobiernos, para avanzar en lo que quieran, y qué éstos le pavimenten el camino.

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

Publicado enMedio Ambiente
La ONU en alerta ante la pasividad de los países contra el cambio climático

Tan solo 75 países han comunicado una actualización de sus compromisos nacionales de reducción de emisiones, lo que supone aproximadamente el 30% de todas las emisiones globales.

 

La Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (UNFCCC, por sus siglas en inglés) ha reclamado a los países que redoblen sus esfuerzos y aumentar su compromiso nacional de contribución a la lucha contra el cambio climático en 2021 si quieren cumplir con los objetivos del Acuerdo del Clima de París.

La organización ha publicado este viernes el 'Informe de Síntesis de los Compromisos Nacionales de Reducción de emisiones (NDC, por sus siglas en inglés)' que muestra como los niveles actuales de ambición climática están "muy lejos" de situarse en el camino con el que se pueden alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, según ha asegurado la secretaria Ejecutiva de Cambio Climático de la ONU, Patricia Espinosa.

De hecho el informe concluye tras analizar los compromisos expresados hasta el 31 de diciembre de 2020, que de momento 75 países han comunicado una actualización de sus compromisos nacionales de reducción de emisiones, lo que supone aproximadamente el 30% de todas las emisiones globales de efecto invernadero.

"Las decisiones para acelerar y ampliar la acción climática en todo el mundo debe ser adoptada. Esto subraya por qué la COP26 debe ser el momento en el que avancemos en la senda hacia un mundo más verde, limpio, saludable y próspero", ha afirmado.

El informe publicado fue solicitado a propuesta de las partes del Acuerdo de París para medir el progreso de los planes climáticos de cada país de cara a la próxima cumbre del Clima (COP26) que se celebrará el próximo mes de noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow (Reino Unido).

El informe muestra como la mayoría de estas naciones han aumentado sus niveles individuales de ambición para reducir las emisiones pero su impacto combinado les sitúa en la senda de lograr una reducción un 1% superior en 2030 comparado con los niveles de 2010.

En un comunicado, la UNFCCC explica que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático por su parte, ha indicado que los rangos de reducción de emisiones para llegar al objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5ºC debería ser incluso un 45% más bajos.

Espinosa ha aclarado que este informe de síntesis es una instantánea pero no da la fotografía completa dado que los retos que ha supuesto el COVID-19 ha supuesto un reto para numerosas naciones con respecto a como cumplir sus compromisos en 2020.

2021, una oportunidad "sin precedentes"

Para la secretaria ejecutiva, el año 2021 supone una oportunidad "sin precedentes" para hacer un progreso significativo en la lucha contra el cambio climático y urge a "todas las naciones" a construir un futuro tras el COVID-19 economías más sostenibles y más resistentes contra el cambio climático.

"Este es un extraño momento que no se puede perder", ha añadido Espinosa que señala que mientras se acomete la reconstrucción no se pude volver a la "vieja normalidad". "Los compromisos nacionales de contribución al cambio climático deben reflejar esta realidad, sobre todo los mayores emisores y en especial los países del G20 que deben liderar este camino", ha señalado.

El presidente entrante de la COP26, Alok Sharma, ha defendido que este informe debería servir para urgir una llamada a la acción. "Estoy pidiendo a todos los países, particularmente a los mayores emisores, que suscriban objetivos ambiciosos de reducción de emisiones para 2030", ha reclamado.

El Acuerdo de París está fallando

En la misma línea, la directora ejecutiva de Greenpeace International, Jennifer Morgan, considera que el informe de síntesis de la secretaría de Cambio climático de la ONU dice una cosa "clara" y es que en este momento el Acuerdo de París está fracasando.

"Nos dirigimos hacia una catástrofe climática. Los gobiernos deben trabajar juntos para dar prioridad a las personas y al planeta sobre los intereses de los combustibles fósiles", ha insistido.

Por ello, exige a los mayores emisores del mundo, Estados Unidos y China, que presenten el mes que viene unas NDC que den "motivos de esperanza".

A su juicio, las "promesas rotas" del Acuerdo de París cuentan la historia de un sistema multilateral "rehén de los intereses de los combustibles fósiles, obstaculizando la acción climática y arriesgando el futuro de todos nosotros".

madrid

26/02/2021 17:49

Europa Press

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Cuánto se pierde por los paraísos fiscales

Informe del Panel FACTI, creado hace un año por Naciones Unidas

Alrededor del 10 por ciento del PBI mundial está escondido en jurisdicciones con opacidad fiscal, unos 7 mil billones de dólares.

 

Alrededor del 10 por ciento del PBI mundial está escondido en jurisdicciones con opacidad fiscal. Se trata de una riqueza de 7 mil billones de dólares canalizada a través de paraísos fiscales. Solamente teniendo en cuenta el flujo de fondos derivado de la operatoria de las multinacionales con jurisdicciones cuyos sistemas impositivos son reducidos o nulos, el costo para los países en términos de pérdida de recursos fiscales asciende a unos 500 a 600 mil millones de dólares por año. Se calcula que un 2,7 por ciento del PBI global es lavado de dinero que proviene del crimen.

Los datos del párrafo anterior constituyen la principal señal de alarma que plantea el informe del Panel FACTI (Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financiera), creado hace un año en el marco de Naciones Unidas. “El panel propone un acuerdo global en el cual todos los países acepten adoptar medidas para fortalecer la integridad financiera para el desarrollo sostenible”, dice el trabajo, presentado este jueves mediante videoconferencia.

Entre las recomendaciones del informe, sobresale la propuesta de aplicar una tasa mínima global para las empresas de entre el 20 y el 30 por ciento sobre las ganancias, "lo cual ayudaría a limitar los incentivos a la operatoria de las empresas con los paraísos fiscales y a la competencia entre países para bajar impuestos".

"Está demostrado que la competencia fiscal y la reducción de los tipos del impuesto de sociedades no traen inversión como tal. Sólo trae flujos financieros, sin más actividad y empleo en el país que ha reducido los impuestos. Pero sí provoca una reducción de los ingresos fiscales para todos los países", indicó José Antonio Ocampo, Profesor de la Universidad de Columbia y uno de los autores del informe.

¿Cómo se mide?

Los flujos ilícitos de dinero o los artilugios financieros para evadir impuestos están confeccionados para escapar a los organismos de control, por lo cual son naturalmente muy difíciles de medir. El informe del FACTI explica que una de las formas utilizadas para realizar estimaciones es medir los desvíos entre la información de comercio exterior: si Argentina en teoría exportó por 100 millones a Estados Unidos, el país del norte debiera haber importado por la misma cuantía desde el territorio nacional. Sin embargo, esto no es así.

El informe detalla que, por ejemplo, los estudios sobre el intercambio comercial de Japón arrojan discrepancias de 31 mil millones de dólares todos los años, mientras que entre 2006 y 2015 se calcula que el margen de error es de 44 mil millones de dólares en Costa Rica.

Otro capítulo está vinculado al esquema de desviación de ganancias de parte de multinacionales en favor de los países con alta opacidad fiscal. “La pérdida de recursos fiscales derivada de esta práctica se calcula a partir de las desviaciones entre las ganancias de las empresas y la actividad económica real”, indica el documento.

¿Cuánto es?

En el caso de Canadá, esa pérdida de la recaudación se calcula en 5,7 mil millones de dólares por año, mientras que para Tailandia, es de 1,1 mil millones de dólares. El Estado alemán pierde 35 mil millones de dólares por año en elusión fiscal y en Sudáfrica la pérdida anual de recursos a partir de la planificación fiscal nociva por parte de los multinacionales es de 3 mil millones.

En el caso de Brasil, la pérdida de recaudación se calcula en 15 mil millones de dólares al año, lo cual serviría para construir hogares para 8 millones de familias de bajos ingresos. Si bien el informe no presenta estimaciones para el caso argentino, se puede calcular lo siguiente: si el grado de perjuicio para las finanzas públicas es proporcional al caso brasileño, en 2019 los recursos en juego hubieran más que alcanzado para financiar el déficit fiscal primario de 95 mil millones de pesos.

¿Quiénes son?

"La mayor responsabilidad radica en los centros financieros tradicionales de los países desarrollados, donde se encuentran los mercados más grandes y los servicios profesionales de las empresas", indica el informe, aunque aclara que "todas las jurisdicciones, incluyendo aquellas que tratan de construir nuevos centros financieros, deben asumir la responsabilidad de lo que sucede en su territorio". 

"Banqueros, abogados y contadores son actores importantes en la organización de los negocios y al igual que los asesores, facilitadores, negociadores y mediadores, están en su derecho de cuidar por los intereses de los clientes. Sin embargo, esto no los excluye de actuar de forma ética y en línea con los valores y las normas globales", agrega

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Martes, 26 Enero 2021 05:59

Pandemia y deuda, los ejes de Davos

António Guterrez, de la ONU, reclamó disponibilidad de vacunas para todos los países.  Imagen: EFE

Empezó el foro económico del establishment global

Las consecuencias de la covid-19 marcarán otra vez el año económico. Xi Jinping advirtió a Biden y la ONU pidió alivio por las deudas.

 

El encuentro anual del Foro de Davos, que congrega a la crema del establishment global, comenzó este lunes, con una agenda dominada por la pandemia y su impacto en la economía, el cambio climático y el comienzo de la presidencia demócrata de Joe Biden en los Estados Unidos. Por primera vez, tiene un carácter virtual y entre las presencias de la primera jornada se destacaron el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. También estuvieron Pedro Sánchez, primer ministro de España; Antonio Fauci, asesor de Salud de Joe Biden, y entre las figuras empresariales, Pascal Soriot, CEO del laboratorio AstraZeneca; James Quincey, CEO de Coca-Cola y Herbert Diess, CEO de Volkswagen. El plato fuerte del día fue la declaración del presidente de China, Xi Jinping, quien solapadamente advirtió a Biden acerca de una nueva guerra fría.

En el foro también se presentó un documento sobre la economía global en donde se plantea que los riesgos de los próximos dos años están vinculados al empleo y vivienda, desilusión entre los jóvenes, inequidad digital, estancamiento económico, daño al medio ambiente, erosión de la cohesión social y ataques terroristas. Pero además, el informe presenta un cuadro en donde la Argentina aparece como una de las economías más golpeadas por la pandemia, solo superada por España y Perú. En paralelo, el país aparece con una de las mayores tasas de muerte por coronavirus cada 100 mil habitantes, algo peor que México,

En su presentación ante el Foro de Davos, el presidente de China, Xi Jinping, alertó sobre el comienzo de una nueva “guerra fría”, un dardo dirigido al flamante presidente norteamericano, Joe Biden. “La confrontación siempre va a terminar hiriendo a los intereses de todas las naciones y sacrificando el bienestar del pueblo”, advirtió. También reafirmó el compromiso de China de reducir en un 65 por ciento las emisiones de carbono para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono (emisiones netas igual a cero) para 2060. La economía de China creció 2,3 por ciento el año pasado, su peor marca desde 1976. Aun así, se trata de la única economía grande del mundo con crecimiento positivo en 2020. Se espera para 2021 una recuperación del 7,9 por ciento.

El crecimiento de China volverá a estar muy por encima del promedio del avance mundial, que será de 4,7 por ciento, según detalló en Davos Antonio Guterres, secretario general de la ONU. El funcionario advirtió que la recuperación económica va a depender de la “disponibilidad y eficacia de las vacunas para todos, del apoyo fiscal y monetario inmediato en los países desarrollados y en vías de desarrollo y de medidas transformadoras de estímulo a más largo plazo".

"Muchos de los países con ingresos medios y los menos desarrollados necesitan liquidez para evitar impagos de la deuda. Se necesita el alivio de deuda de todos los países que lo necesiten para que nadie se vea forzado a elegir entre ofrecer los servicios básicos a su población o cumplir con sus deudas", señaló Guterres. La declaración apunta a la situación de los países más pobres pero sirve para reforzar la posición de Argentina, que se encuentra en plena negociación con el FMI para llegar a un acuerdo de renegociación. "Nuestro principal objetivo para 2021 es construir una coalición global para lograr un saldo nulo en

Por otro lado, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, anticipó que el crecimiento económico esperado de la Eurozona en el primer trimestre de 2021 es de apenas 0,6 por ciento, la mitad de la predicción que se había hecho en diciembre pasado. "Todavía se trata de cruzar el puente hacia la recuperación. El tren está demorado, pero no descarrilado", dijo Lagarde.

Para la jornada de este martes, se espera la presencia (virtual) de la Canciller de Alemania, Angela Merkel, su par de Francia, Emmanuel Macron, y la titular del FMI, Kristalina Georgieva. El jueves está prevista la participación del presidente argentino, Alberto Fernández.

Publicado enEconomía
Biden dice que suspenderá la construcción del muro, pero no demuele los mil 488 km construidos por sus antecesores. En imagen de ayer, la obra continúa.Foto Afp

 

Si en algún rubro tan estratégicamente delicado pulula la tóxica desinformación es en la construcción de mil 488 km del muro de EU en la frontera con México: iniciada por el demócrata Bill Clinton en 1994.

Los denomino los "cuatro muros" al sumar la parte que corresponde a los otros tres ex presidentes –al republicano Baby Bush, al demócrata Obama y al republicano Trump–, quienes ostentan profundos significados geo-demográficos desde hace 27 (sic) años.

Es más atroz la complicidad de cuatro presidentes neoliberales "mexicanos": dos del PRI, Zedillo y Peña, y dos del PAN, Fox y Calderón.

Los foráneos orígenes biográficos de Fox y Zedillo son tan oscuros que no los deseo exponer ahora.

La transfrontera aproximada de 3 mil 200 km consta de mil 126 km terrestres y 2 mil 92 km del "Río Grande" (la mayor parte).

Aquí señalo un error del excelente diagrama alusivo (https://bit.ly/2Y56sud): en EU su "Río Grande" (Great River) en México es "Río Bravo". Esto no es ocioso, ya que las conquistas comienzan con el uso lingüístico.

Desde hace 27 años, Clinton tenía ya la proyección del crecimiento demográfico de los mexicanos, que no "latinos", cuando inició sus 100 km que avaló en forma sincrónica el "apátrida" (en el doble sentido castizo y "romano") neoliberal Zedillo, quien llegó al poder por el asesinato de Colosio.

Clinton fue impuesto por la banca de Wall Street para impulsar el neoliberalismo global (https://bit.ly/3peRH3E) y estuvo a punto de desencadenar la "Tercera Guerra Mundial" con Rusia en Kosovo.

La construcción acumulada de los "cuatro muros" –sin contar el proyectado "quinto muro" de la dupla Videgaray/Jared Kushner en Tapachula (Chiapas), frontera con Guatemala (https://bit.ly/3qOuiqu)– se aceleró con Baby Bush, que edificó 781 km que reflejaban la dinámica demográfica de los mexicanos en EU y sus "guerras permanentes" contra el terrorismo yihadista mediante el "Acta Patriótica" de la "Seguridad del Hogar" a raíz del montaje hollywoodense del 11/9.

Amén del desastre del Plan Puebla-Panamá del locuaz Fox, su infatuado cuan logorreico canciller Castañeda Gutman (https://bit.ly/3sTDV8O), quien sirvió a intereses anti-mexicanos (https://bit.ly/3peKrVw), causó un grave daño migratorio a México con su delirante "enchilada completa".

Tampoco los coetáneos de Baby Bush, los neoliberales panistas Fox –otro "apátrida" (en el doble sentido castizo y "romano")– ni Calderón, impuesto por un fraude electoral, osaron chistar ante la erección del muro de Baby Bush de 781 km: ¡52.5 por ciento del total acumulado con los otros tres muros!

Es curioso que de los tres neoliberales "mexicanos", dos llegaron a la Presidencia en circunstancias aberrantes –uno, gracias a un asesinato, y otro, con el magnicidio de la "democracia electoral"– y el tercero, Fox, cuyo padre no fue "mexicano", por lo que se cambió el artículo 82 de la Constitución.

Obama, que hoy gobierna su "tercer (sic) mandato" tras bambalinas, construyó 222 km para que el muro alcanzara mil 102 km, mientras libraba sus guerras en Medio Oriente –¡que le valieron su vacuo Premio Nobel de la Paz!–, mientras impulsaba el contrabando masivo de armas mediante el operativo Rápido y furioso que permitió la complicidad de Calderón.

Trump construyó 386 km –¡la mitad de lo hecho por Baby Bush!–, con lo cual el muro alcanzó un total de mil 488 km.

Los 386 km del "muro Trump" fueron construidos en Texas, hoy notable feudo republicano que busca su secesión (https://bit.ly/3aJFhwz), por lo que lo bauticé como el "muro de la secesión", al comportar características geodemográficas diferentes con los otros tres muros.

No pasó desapercibido que en su plena debacle –derrota de dos senadurías republicanas en Georgia, toma del Capitolio e inicio de su insólito “segundo impeachment”– Trump se haya dado el lujo en forma desparpajada de ir a visitar el "muro de la secesión" (https://bit.ly/3c5rgtD).

Joe Biden anunció que "detendrá" la construcción del muro, pero no demuele los mil 488 km, prácticamente la mitad de la frontera total, construidos por sus cuatro antecesores. Es solamente una "pausa" (https://wapo.st/3qPrVTY). A ver qué sigue.

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Mervyn King, exgobernador del Banco de Inglaterra, en una imagen de 2019.Chris Ratcliffe / Bloomberg

Mervyn King, exgobernador del Banco de Inglaterra, alerta de la posibilidad de una crisis financiera en la eurozona

 

Barón King de Lothbury, nada menos, y “el economista más brillante de nuestra generación”, según dejó por escrito uno de los grandes, el historiador Tony Judt. El currículo de Mervyn King (Chesham Bois, al noroeste de Londres, 73 años) no cabría en una sábana de matrimonio, pero en estas páginas aparece por dos libros imprescindibles (El fin de la alquimia, Deusto, e Incertidumbre radical, aún por traducir) y por ese peculiar descaro al hablar de los temas más delicados que da el haber sido uno de los banqueros centrales más poderosos durante esos tiempos turbulentos que llamamos Gran Recesión. King fue gobernador de La Vieja Dama: el Banco de Inglaterra, el segundo banco central más antiguo del mundo, fundado en 1694 con la finalidad de recaudar dinero para refundar la armada inglesa después de que Francia la destruyera. Capaz de sacudir por igual a los dirigentes británicos (“incompetentes” en el Brexit) y a los europeos (predijo la ruptura del euro en 2016), y capaz de zumbarle por igual al sistema (“estancamiento es sinónimo de capitalismo”) y a los banqueros (“codiciosos y arrogantes, se creyeron aquello de que hacían el trabajo de Dios”), King conversa con EL PAÍS para vaticinar “una crisis de endeudamiento”. Y pronto. Su gestión a partir de 2008 fue muy discutible, pero después entendió el problema mejor que otros y adoptó políticas monetarias ultraexpansivas, a pesar de que ahora es crítico con los banqueros centrales. En especial con el BCE: “Se ha adentrado en territorio político”.

Covidnomía. “La covid es un ejemplo clásico de incertidumbre radical: una pandemia global era un acontecimiento altamente probable, como lo es un accidente climático, pero aun así puso el mundo patas arriba. Lo imposible era saber que un coronavirus procedente de China iba a expandirse por el mundo y asignarle una probabilidad a ese suceso: los modelos matemáticos son estupendos, pero antes de enfrascarse en esa absurda tarea de intentar medirlo todo hay que hacer un esfuerzo por conocer la naturaleza de fenómenos como la covid. Veo a un montón de economistas creyendo que van a aplicar sus modelitos a cualquier cosa, y eso es no haber entendido nada”.

¿Aprendemos algo? “La Gran Depresión fue una sacudida para la ciencia económica. La Gran Recesión fue decepcionante en términos de pensamiento económico: la crisis fue un fracaso del sistema y de las ideas que lo sostenían, y aun así perdimos la oportunidad de repensarlo. Con las normas que regulan la aviación, los accidentes aéreos se han vuelto menos habituales; las crisis financieras, en cambio, son cada vez más frecuentes. Pero con la covid quizá pase una cosa buena: que los recursos pasen de sectores y empresas inviables a sectores y empresas con futuro”. King parafrasea a Schumpeter y su destrucción creativa.

Fragilidad. “La economía moderna pone el acento en la eficiencia. El sistema financiero es un buen ejemplo: antes de la crisis la banca era muy eficiente y ganaba montones de dinero, pero luego vimos lo frágil que era, y se hizo un esfuerzo (con un éxito solo parcial) por aumentar su resiliencia”. “Yo no luché en ninguna guerra. No pagué por mi educación. En nuestros países tenemos Seguridad Social, prestaciones, sanidad pública. Pero el coronavirus ha puesto de manifiesto lo frágiles que son nuestras sociedades, incluso las más avanzadas: los políticos deben centrarse en eso, en aumentar la resiliencia del sistema”.

Crisis: próxima parada. “En 2020 los países desarrollados caímos un 10% y este año creceremos en torno al 5%: las cifras exactas dan completamente igual, lo de verdad importante no es pronosticar el PIB, sino ampliar el foco. Y lo que se avecina es una crisis de endeudamiento, que llegará pronto. La deuda global está por encima de los niveles de 2007, y empresas y Estados la han aumentado aún más con la pandemia. Cuando se retiren las muletas del Estado habrá quiebras de empresas, y muy probablemente crisis de deuda soberana en los países emergentes. El hecho de que todo eso vaya a suceder de forma más o menos sincronizada es un problema serio, con potencial para provocar una crisis financiera, particularmente en la zona euro. Es imposible saber cuándo y dónde va a suceder exactamente eso, por la incertidumbre radical, pero el sistema chirría por el lado de la deuda”.

Políticas monetarias. “Es el momento de decir alto y claro que hay límites que los bancos centrales no pueden traspasar porque no tienen mandato y porque nadie vota a los banqueros centrales. En 2020, con la irrupción de la covid, los Gobiernos hibernaron la economía: la narrativa económica en vigor nos dice que la combinación de estímulos fiscales y políticas monetarias ultraexpansivas ha sido un éxito, pero yo no termino de ver el beneficio del activismo de los bancos centrales. Llevo días discutiendo con mi mujer si es el momento de ir a cenar a nuestro restaurante favorito en Londres: el tenor de esa discusión no va a cambiar porque nos sigan bajando los tipos de interés. Lo que hace falta es que los Gobiernos apoyen a empresas y trabajadores: no son los bancos centrales quienes tienen que hacer eso, y no tienen mandato para hacerlo”.

El euro. “El peligro es que los bancos centrales están empezando a hacer cosas para las que no tienen mandato y pongan en peligro su independencia. El caso extremo es el BCE, que se ha convertido en un animal político: lleva años relocalizando recursos de una parte de la eurozona a otra sin mandato para ello. El euro se creó pretendiendo que una unión monetaria es viable sin unión fiscal. Eso provoca constantes tensiones, como ya vimos en 2010 en el Sur: en ausencia de transferencias fiscales del Norte al Sur es muy difícil mantener unida la zona euro. Con la covid, Europa no ha optado esta vez por la austeridad sino por los fondos europeos: por las transferencias fiscales. Pero de momento es algo temporal, para una sola vez, y en cambio ese es un reto permanente para la eurozona”. “El ministro alemán Wolfgang Schäuble vino una vez a mi despacho en Threadneedle para pedirme consejo sobre cómo solucionar los problemas del euro. Y yo no tengo la solución, pero sí le di tres opciones: desempleo permanente en el Sur, más inflación en el Norte o unión fiscal. ‘No me gusta ninguna de las tres’, dijo. Y ese es el problema, porque lo único seguro es que llegará otra crisis y entonces será tarde para arreglar el avión en pleno vuelo. Argumentar como hizo Schäuble en su día que el superávit alemán es útil para el conjunto del euro porque genera déficits en otros países es no haber entendido las consecuencias de una unión monetaria”.

Lagarde en territorio político. “El riesgo ante la incapacidad de los políticos de dar el paso adelante que requiere la zona euro es que el BCE reciba presiones para hacer transferencias fiscales por la puerta de atrás. Esa no es una forma transparente ni honesta para lidiar con el problema. Fráncfort está cada vez más cerca de esa ventana, que implica aceptar interferencias políticas. Tanta responsabilidad sobre los hombros del BCE no es buena: Christine Lagarde se adentra más y más en territorio político. Con la pasada crisis descubrimos que hay un límite al dolor económico que puede imponerse en la búsqueda de una Europa federal sin una respuesta política. Y en la próxima crisis pueden resurgir las divisiones en esa batalla entre la voluntad política y la realidad económica”.

España.Cuando España ingresó en el euro pudo crecer con gran rapidez, pero perdió competitividad a raudales: los salarios subieron a lomos de una burbuja y la competitividad desapareció por el camino. España ha sido un ejemplo de lo difícil que es recuperar competitividad incluso haciendo reformas: no consigue rebajar el paro por debajo del 15%. Los tipos de cambio existen por alguna razón: España se unió al euro y perdió esa posibilidad de ajuste, como le ocurrió a mi país hace 100 años con el patrón oro. España ha hecho los deberes, ha hecho duras reformas, pero el desempleo sigue muy arriba. Los españoles tienen que aceptar que el alto desempleo tal vez sea el precio por estar en el euro. España salía de una dictadura y Europa fue un salto hacia la democracia; entiendo que los españoles estuvieran dispuestos a hacer en su día ese sacrificio. Los británicos nunca lo estuvimos. Pero el precio es muy alto. El resto del Sur tiene problemas parecidos. Si a los italianos les hubieran dicho hace 20 años que si entraban en el euro no iban a crecer nada de nada, ¿se hubieran unido al euro? Lo dudo”.

Brexit. King criticó con dureza “la aproximación incompetente de los políticos británicos” durante la negociación del Brexit. “Teniendo en cuenta cómo estábamos hace un par de años, este me parece un buen acuerdo para las dos partes”. “El debate sobre la pertenencia del Reino Unido a la UE nunca fue económico: era político. La Unión nunca se avino a considerar que podía haber dos tipos de miembros en la UE: quienes quieren estar en el euro, en una unión política, y quienes no. Los británicos no entendimos lo fuerte que era ese compromiso. El Brexit era casi inevitable tras la creación de la Unión Económica y Monetaria: no queremos pagar por mantener unido el euro, preferimos nuestro parlamentarismo a la Eurocámara, no queremos estar sujetos a la Corte europea de justicia. Las consecuencias políticas del Brexit son formidables, pero creo que dentro de un tiempo veremos que las económicas no son para tanto. Lo que no sabemos aún es si el mecanismo creado para potenciales disputas comerciales y sobre regulación va a funcionar. Eso va a ser interesante”.

Estancamiento secular. “Tenemos un problema global de demanda: lo que Larry Summers llama estancamiento secular. Creo que nos falta explicar por qué: si la economía funcionara razonablemente bien, el equilibrio económico global se regeneraría en una recesión porque los recursos pasarían de empresas en decadencia a empresas con futuro, de sectores inviables a sectores viables. Eso no ocurre porque tenemos problemas con los precios: con los tipos de cambio, por ejemplo. China es un ejemplo de libro. El euro también: Alemania y el Norte tienen una moneda significativamente infravalorada; el resultado es que Alemania sigue invirtiendo en su sector exportador, pese a que los retornos son muy bajos, en lugar de invertir en casa, donde podría rentabilizar su demanda interna. Es posible que la crisis que se avecina, paradójicamente, nos venga bien si conseguimos que haya mecanismos de reestructuración bien articulados. Pero para ello deberíamos ser capaces de acertar con las narrativas: Trump ha convencido a los estadounidenses de que los EE UU han sido los perdedores de la Guerra Fría y de la globalización; los alemanes están convencidos de que son los paganinis de Europa. Tremendo error”. “El síntoma más evidente del gran desequilibrio que tiene la economía mundial son los bajísimos tipos de interés. La otra cifra preocupante es el nivel de deuda. Tarde o temprano veremos quiebras de empresas, reestructuraciones de deuda privada, y crisis de deuda soberana en los emergentes. También necesitamos una reforma de la gobernanza monetaria global, que corre el peligro de fragmentarse. Ojalá seamos suficientemente audaces”.

Por Claudi Pérez

Madrid - 16 ene 2021 - 23:30 UTC

Publicado enEconomía
2020: el año más difícil para los movimientos anticapitalistas

Fue un año en el que se acumularon dificultades: desde el crecimiento de la militarización y los diversos controles estatales (materiales y digitales) hasta la imposición de confinamientos que impidieron la movilidad y acentuaron el aislamiento y el individualismo. Un cóctel opresivo y represivo como no se veíamos desde hacía mucho tiempo.

Las limitaciones impuestas a la población en general, y a la movilización en particular, sumadas al abandono de los Estados, llevaron a los movimientos a replegarse, primero, para estar en condiciones de volver a relanzar la protesta y la movilización más adelante.

El momento del repliegue fue importante para salvaguardar la salud colectiva y comunitaria, evitar contagios masivos en los territorios de los pueblos y fortalecer las autoridades propias. Las guardias de autodefensa comunitaria jugaron un papel decisivo, ya sea en áreas rurales como urbanas, destacando entre éstas los controles realizados en ciudades como Cherán y en espacios como la Comunidad Acapatzingo en Iztapalapa, en Ciudad de México.

En vastas regiones rurales el EZLN, el Consejo Regional Indígena del Cauca, los gobiernos autónomos de pueblos amazónicos, comunidades mapuche, palenques y quilombos, además de comunidades campesinas, decidieron impedir o restringir el ingreso de personas que provenían de las ciudades, como forma de regular la pandemia.

Si no lo hubieran hecho así, sobreponiéndose a la violencia estatal y paraestatal, especialmente mortífera en regiones de Chiapas y del Cauca colombiano, hubieran sufrido una severa desestabilización interna. Esa fue la condición para acotar daños y el paso previo a retomar la iniciativa hacia afuera.

Hacia mediados de año, los pueblos comenzaron un nuevo activismo que en varios casos los llevó a romper el cerco militar y mediático..

En el mes de julio la huelga de hambre de veintisiete presos mapuche sacudió a las comunidades del sur de Chile que comenzaron una oleada de movilizaciones en apoyo a los detenidos en las cárceles de Temuco, Lebu y Angol. Los huelguistas demandaban el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT que les permite cumplir la condena en sus comunidades, que se revise la prisión preventiva y para denunciar las condiciones inhumanas en las cárceles.

A pesar de las dificultades generadas por la militarización y la pandemia, se registraron manifestaciones y concentraciones en el norte, centro y sur de Chile. Las huelgas de hambre denunciaron, además, la represión que están sufriendo los mapuche en todo el país, como la persecución contra las vendedoras de hortalizas y de cochayuyo, un alga marina altamente nutritiva.

En los primeros días de agosto se produjeron masivos bloqueos de carreteras en Bolivia en al menos 70 puntos, por grupos de campesinos e indígenas contra la postergación de las elecciones pordel gobierno golpista de Jeannine Añez. Los bloqueos fueron levantados cuando el gobierno aceptó celebrar elecciones el 18 de octubre, que ganó ampliamente el MAS con más del 55% de los votos, superando con holgura el cuestionado resultado de un año atrás.

El 30 de setiembre comenzaron manifestaciones en Costa Rica contra un acuerdo con el FMI que implica aumento de impuestos y una mayor austeridad en el gasto público. Ante la oleada de protestas, el 4 de octubre el gobierno anunció la suspensión de la negociación para abrir un ámbito de diálogo y rever la postura.

El 5 de octubre el EZLN emitió el primer comunicado desde que cerró los caracoles por la pandemia, el 16 marzo de 2020. Informan que en ese lapso fallecieron 12 personas por coronavirus y asumieron la responsabilidad, a diferencia de lo que hacen los gobiernos, y que decidieron “enfrentar la amenaza como comunidad, no como un asunto individual”. Apuestan a la movilización global contra el capital e informan que en abril de 2020 comenzarán una primera gira por Europa, que luego extenderán a otros continentes, con una amplia delegación integrada mayoritariamente por mujeres, porque “es tiempo de nuevo para que bailen los corazones, y que no sean ni su música ni sus pasos, los del lamento y la resignación”.

A fines de octubre de 2020 en Colombia se realizó la Minga Indígena, Negra y Campesina, que arrancó en el suroccidente, en el Cauca y continuó en Cali, recorrió varias ciudades y pueblos para llegar ocho días después a Bogotá. En todo su recorrido, la minga (trabajo comunitario o tequio) dialogó con poblaciones que comparten sus mismos dolores, en un país que se desangra por la violencia narco-militar-paramilitar, con cientos de líderes sociales asesinados.

La Minga hacia Bogotá, en la que participaron ocho mil personas fue escoltada por la Guardia Indígena, la Guardia Cimarrona y la Guardia Campesina, con especial protagonismo de las mujeres y los jóvenes. Fue recibida y acompañada por miles de personas que vienen luchando contra la represión de cuerpos militarizados, contra los que se levantaron en las jornadas memorables del 9 al 11 de setiembre, en las que ardieron o fueron vandalizadas decenas de dependencias policiales.

El 18 de octubre, a un año del inicio de la revuelta social de 2019, miles de chilenos volvieron a salir a las calles de Chile en conmemoración de aquella protesta. Ese día hubo 580 detenidos y un fallecido tras la represión de Carabineros.

El 25 de octubre el pueblo chileno desbordó las urnas en el referendo para redactar una nueva Constitución que sustituya a la heredada por la dictadura militar de Pinochet. El 80% de los votantes aprobó el inicio de un proceso constituyente, cuando se esperaba un resultado de un 60% a favor de la iniciativa. La movilización popular por el referendo la continuación de la revuelta iniciada en octubre de 2019 que le cambió la cara al país, deslegitimando la política oficialista neoliberal y represiva.

En Perú se produjo una notable movilización popular a raíz de la destitución ilegítima del presidente Martín Vizcarra, instalando en su lugar un gobierno corrupto considerado golpista por la población, ya que la mayoría absoluta de los parlamentarios tienen acusaciones de corrupción. En una semana de gigantescas manifestaciones, el golpista Manuel Merino debió abandonar la presidencia abriendo una coyuntura inédita en el país.

El 21 de noviembre en Ciudad de Guatemala miles se concentraron para protestar contra el proyecto de ley de presupuesto que había sido aprobado en el Congreso y que reducía los fondos destinados a la educación, el combate a la desnutrición, defensa de derechos humanos y la respuesta a la pandemia. Los manifestantes ingresaron a la sede del legislativo e incendiaron parte de las instalaciones.

Habría mucho más para relatar. Por todo lo anterior, parece evidente que los pueblos en movimiento, los movimientos sociales y anticapitalistas están lejos de haber sido derrotados por la mayor ofensiva lanzada por el sistema en décadas.

14 diciembre 2020 

Publicado enSociedad
Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia

“Sabemos lo que significa para Colombia poder hacer justicia y cerrar medio siglo de guerra”, afirma el magistrado que preside el tribunal de paz

 

Eduardo Cifuentes (Popayán, 1954) fue elegido el mes pasado para relevar a Patricia Linares como presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante medio siglo de conflicto armado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Desde entonces, ha vuelto a estar muy presente en el debate público. Experimentado jurista, su dilatado currículo incluye haber sido parte de la primera Corte Constitucional surgida de la carta política de 1991 y defensor del pueblo a principios de este siglo.

El magistrado defiende en esta entrevista con EL PAÍS la naturaleza inderogable del alto tribunal –parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido del acuerdo de paz con la guerrilla–, a pesar de los ataques del exmandatario Álvaro Uribe, mentor político del presidente Iván Duque. “Ningún colombiano quiere propiciar una involución y un regreso a un pasado de atrocidades”, valora.

Pregunta. ¿Cómo define el momento que atraviesa la justicia transicional?

Respuesta. Colombia está atravesando un momento crítico. Por un lado estamos avanzando en un modelo de justicia transicional, observado por toda la comunidad internacional y por las más de nueve millones de víctimas. Es un modelo novedoso sobre el cual hay muchas expectativas. De otro lado, somos objeto de una embestida política por parte de sectores que le temen a la verdad en Colombia. A pesar de eso, por primera vez está en marcha la judicialización de los máximos responsables por delitos de secuestro, ejecuciones extrajudiciales y los casos mas graves de violaciones de derechos humanos. Con base en las investigaciones iniciadas hace dos años y medio, en siete grandes macro casos que aparejan también macro victimizaciones, se van a comenzar a expedir autos de determinaciones de hechos y conductas, lo que significa que los responsables tendrán que admitir verdad y asumir responsabilidad o someterse a un procedimiento en el cual se les pueden imponer penas hasta de 20 años.

Pregunta¿Es inminente la apertura de nuevos casos?

Respuesta Durante más de medio siglo de guerra se cometieron delitos atroces, graves violaciones de derechos humanos que han dejado una huella indeleble y más de nueve millones de víctimas. Además de los siete macro procesos, esperamos muy pronto poder también avanzar en la investigación de delitos tan dolorosos como el desplazamiento y la violencia sexual. Esa decisión depende de la Sala de Reconocimiento y no puedo anticiparme, pero tenga la certeza que la JEP llegó para hacer justicia, investigar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes mas atroces. No habrá impunidad.

Pregunta. ¿Cuándo pueden producirse las primeras sanciones?

Respuesta. Entendemos que hay una gran presión social y unas expectativas para que pronto se tengan las primeras sentencias. Trabajamos día y noche sin descanso porque sabemos lo que significa para Colombia poder hacer justicia, conocer esa verdad sanadora y cerrar medio siglo de guerra. Entenderá que no se trata de procesos ordinarios. Son delitos complejos, cometidos a lo largo de años por estructuras y sistemas de criminalidad donde participaron miles de personas. Estamos en el proceso de verificar los registros judiciales, practicar pruebas y acopiar y analizar todo lo que se conoce con el fin de contrastarlo con las declaraciones de los excombatientes y las víctimas. Al final del proceso Colombia tendrá la certeza de que se hará justicia.

Pregunta. Usted afirmó en su posesión que la JEP es inderogable, que es justamente lo que se ha propuesto el expresidente Álvaro Uribe. ¿Por qué es imposible derogarla?

Respuesta. El acuerdo de paz, en lo que tiene que ver con la creación de la JEP, tiene un sustento constitucional de la mayor envergadura, hasta el punto de que se trata de una institucionalidad sin la cual decae una vértebra o un principio esencial de la Constitución colombiana, como es el derecho y el deber de la paz y la asunción de buena fe de los compromisos nacionales a internacionales que contrae el Estado colombiano. Hay elementos de la Constitución que son irreformables. Ni siquiera a través de un procedimiento de reforma constitucional como un referendo podrían ser eliminados. Desde el punto de vista del derecho internacional, esta institucionalidad es precisamente aquella a través de la cual el Estado colombiano cumple con el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de delitos internacionales, y por consiguiente se trata de una función judicial que no puede eliminar o soslayar. En síntesis, el acuerdo de paz está íntimamente ligado a elementos esenciales de nuestra constitución política y también a normas de derecho internacional que se imponen al Estado colombiano.

Pregunta, La implementación contempla tres Gobiernos sucesivos a partir de la firma de los acuerdos

Respuesta. Trasciende a los gobernantes de turno, como jefes de Estado tienen que cumplir todos los deberes derivados del acuerdo de paz y no solamente aquel de respetar el componente de justicia. El proceso de paz sí puede ser frágil, independientemente de que la JEP no pueda ser eliminada. El proceso de paz resulta afectado con el asesinato de líderes de derechos humanos, de desmovilizados de las FARC, con la ausencia del Estado en las que han sido zonas de conflicto. Se debe garantizar no solo el ejercicio legítimo de la fuerza, también un Estado social que haga presencia masiva y no deje simplemente unos vacíos territoriales en los que prolifera la violencia incontrolada, el narcotráfico y la minería ilegal.

Pregunta. El presidente Iván Duque ha sido particularmente crítico con la justicia transicional. ¿Ha llegado a percibir un acoso por parte del Gobierno?

Respuesta. La JEP es un órgano jurisdiccional independiente que aspira a que los ciclos de violencia no se repitan. Y no se repiten no solamente como consecuencia de que las FARC dejaron las armas, también a través de actos claros y permanentes de cumplimiento del acuerdo de paz. Este consta de varias estipulaciones que suponen deberes del Estado, que deben ser cumplidos. Realmente lo que plantea el acuerdo de paz es una especie de plan Marshall social, económico y humanitario en aquellos territorios y zonas más afectadas, y también respecto de las poblaciones –sobre todo comunidades étnicas, afrodescendientes y campesinado– más afectadas. Y es lo que no se ha visto. Entonces, más que una tensión con el Gobierno, lo que he puesto de presente es que el acuerdo de paz hay que entenderlo como un todo: no tiene solamente como sustento el componente de justicia, que por supuesto es fundamental. Hay que cumplir las líneas gruesas, que tienen que ver con la presencia efectiva de un Estado social de derecho y principalmente la reforma rural agraria.

Pregunta. ¿La desinformación ha envenenado el debate público alrededor de los acuerdos? ¿Cuáles son las razones de las campañas de desprestigio contra la JEP?

Respuesta. Creo que la población colombiana, la ciudadanía en general, respalda el proceso de paz. La oposición proviene de un sector político que permanentemente ha mostrado insatisfacción desde el plebiscito, y que asume que el proceso de paz carece de legitimidad cuando por el contrario fue incorporado a la propia constitución política. Ha sido igualmente cimentado a través de muchas normas, y por consiguiente la institucionalidad del proceso de paz ha sido tramitada e incorporada normativamente como una pieza esencial del Estado. Pese a esa oposición ciega e irracional de la extrema derecha, el resto del país comparte la necesidad de mantener y desarrollar ese proceso de paz. Creo que ningún colombiano quiere propiciar una involución y un regreso a un pasado de atrocidades. Las antiguas FARC se desmontaron y con ello la apelación a la violencia para conquistar el poder político. Ese es un avance que se debe mantener a toda costa.

Pregunta. Como usted lo ha dicho, la justicia restaurativa exige verdad completa. ¿Los comparecientes están aportando esa verdad?

Respuesta. La verdad es la piedra angular del sistema de justicia transicional y es la condición irrenunciable para poder obtener las sanciones propias alternativas. Durante todo el proceso el rol de la JEP será contrastar sus versiones con los aportes de las víctimas y los expedientes judiciales e informaciones, pruebas y análisis de todo tipo en poder de la JEP. Si se verifica que sus aportes no corresponden a lo que sucedió, los excombatientes y agentes del Estado se podrán ver enfrentados a más de 20 años de cárcel. Por ahora tenemos que surtir todas las etapas procesales para comprobar los aportes efectivos a la verdad y la aceptación de responsabilidad. Esta es la fase en la que nos encontramos. Hasta ahora en los casos que están abiertos se han recibido aportes importantes y sustanciales, pero por supuesto, aún no es suficiente.

Pregunta. Concretamente en el caso del magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez, hay sectores que cuestionan el reconocimiento de ese crimen. ¿Cómo garantizar esa verdad plena?

Respuesta. Entendemos que la verdad pueda ser dolorosa. Pero la guerra y sus consecuencias lo son. Nuestra tarea es develar desde la función judicial lo que pasó durante el conflicto. El caso que usted menciona es uno que conmocionó al país entero, sobre el cual durante lustros no avanzaron las investigaciones y hoy estamos conociendo una versión de la historia de la cual no existían registros. Nuestro deber es contrastarla, verificar si eso que se dijo se corresponde con la realidad o no. Pero descartarlo de plano no solo es contrario a los procedimientos legales, sino que es desleal con el propósito del proceso mismo.

Pregunta. La Comisión de la Verdad, que hace parte del sistema integral surgido de los acuerdos, aunque tiene carácter extrajudicial, cumple su mandato en menos de un año. ¿El informe final de la Comisión puede tener impacto en la dinámica de la justicia transicional?

Respuesta. Sí. El informe es muy importante porque va a ilustrar el contexto, ofrecerá elementos de verdad muy importantes sobre patrones y máximos responsables. Lo hace desde una perspectiva distinta a la de la JEP. Sin embargo, es un insumo esencial también para que las diferentes salas de justicia y las secciones del tribunal puedan profundizar sus investigaciones y su propia tarea de juzgamiento e incorporen esta visión. El informe final profundizará la consciencia de Colombia sobre la gravedad de estos hechos que se cometieron en el conflicto. Espero que tanto la JEP como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, logren su cometido de estabilizar la paz y puedan producir un cambio cultural profundo: erradicar para siempre la violencia política como medio para llegar al poder y como medio para sojuzgar a los otros.

Pregunta. Cuando usted era defensor del pueblo se instauró el sistema de alertas tempranas. Además, es del Cauca, uno de los lugares más críticos. ¿Por qué el Estado ha sido incapaz de detener fenómenos de violencia como el asesinato de líderes sociales?

Respuesta. Lo que está pasando con los líderes sociales y defensores de derechos humanos es una tragedia, una catástrofe. Esta situación desnuda esa ausencia histórica del Estado en esa Colombia olvidada, donde se ha desarrollado la guerra, donde sus ciudadanos están a la merced de los grupos armados ilegales que se alimentan no solo de la ausencia del Estado sino de un sinnúmero de economías ilegales. Ese es el verdadero termómetro de la paz, y es la incapacidad del Estado de ser Estado, de garantizar la vida, la integridad y los derechos de los ciudadanos. Nuestros esfuerzos no serán nunca suficientes si el Estado no logra ocupar el vacío institucional que durante décadas ha marcado la realidad de varias regiones en nuestro país.

Pregunta ¿Qué es el posconflicto?

Respuesta. Posconflicto es el largo proceso de materializar las expectativas sociales, políticas y económicas que garanticen que nunca más se reproduzcan las condiciones que dieron origen a la guerra en nuestro país. Es una aspiración y un derecho. Es pasar una página sin olvidar y sin impunidad. Dar un paso adelante, pero darlo de la mano con las víctimas y con la ciudadanía.

Pregunta. Usted llegó a ser presidente de la primera Corte Constitucional surgida de la carta política de 1991, ¿qué siente cuando escucha las propuestas de una constituyente para reformar a la justicia?

Respuesta. Un acto demencial, igual que cuando escucho voces que pretenden eliminar la JEP. Una invitación esquizofrénica a involucionar, un llamado a la distopía. Colombia afortunadamente ha tenido momentos de lucidez y de sensatez. Uno de ellos fue precisamente incorporar en la constitución política la exigencia de efectividad de los derechos humanos, y crear instituciones como la Corte Constitucional o la Defensoría del Pueblo. Ha tenido también momentos de sensatez cuando se incorporó en la constitución el cumplimiento de un acuerdo de paz y se creó la JEP. Creo que eso es lo que ha salvado al país, que pese a las dificultades tiene una institucionalidad democrática y una justicia que igualmente de una manera robusta ha recordado a todos los gobernantes sus limitaciones y sus deberes en términos de construir un Estado social justo y no afectar las libertades.

Por SANTIAGO TORRADO

Bogotá - 15 DEC 2020 - 18:02 COT

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