Domingo, 03 Mayo 2020 06:10

Pandemias y guerras verdaderas

 En el contexto de las restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19 una pareja baila con familiares durante su ceremonia de compromiso en Qamishli, Siria.Foto Afp

Después de 40 años de ver la guerra "de verdad", desde luego tengo ideas muy establecidas sobre la lucha que dicen librar estadistas, políticos y mentirosos –los tres son, por supuesto, intercambiables–. Tanto la guerra "real" como la viral (del tipo Covid-19) provocan decesos y producen héroes; son una prueba para la resistencia humana, pero no deben ser comparadas.

Para empezar, muchos paralelos pueden ser vergonzosos. Cuando Matt Hancock en un principio comparó la lucha de Gran Bretaña contra el Covid-19 con los bombardeos aéreos alemanes sobre Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial (conocidos como Blitz), en realidad estaba equiparando un puñado de muertes de británicos con la masiva fuerza aérea alemana (Luftwaffe) que mató a unos 40 mil ciudadanos. Pero ahora que los muertos por el virus en Reino Unido ascienden –incluyendo a los no contabilizados, claro está– a más de 44 mil y quizás más, esas comparaciones con la Segunda Guerra Mundial son poco preocupantes.

¿Cuál es la próxima treta histórica que los defensores del Brexit nos jugarán? ¿Que los más de 66 mil británicos muertos en la Segunda Guerra Mundial demuestran la resistencia de nuestros abuelos?

Para entonces las muertes por Covid en nuestro país pueden haber sobrepasado ya esa macabra estadística.

Pero existe una diferencia mucho más importante entre las guerras "reales" y la guerra viral global. Las "reales" surgen de un conflicto de humanos contra humanos, y normalmente se ganan cuando la infraestructura de uno de los bandos –sus tierras, hogares, fábricas, vías ferroviarias, caminos, hospitales, sus museos y galerías, así como sus sistemas de suministro de agua y plantas de electricidad– se convierte en escombros. Los sobrevivientes emergen de estas guerras con sus países en ruina. No existe una "vuelta a la normalidad", porque lo normal ha sido físicamente destruido.

Nosotros los humanos no enfrentaremos la catástrofe cuando nuestra actual "batalla" haya terminado… si es que termina, pero de eso hablaremos más tarde. Cuando abramos nuestras puertas, las pérdidas humanas podrán ser muy grandes y nuestras pérdidas económicas parecerán insostenibles, pero nuestro mundo físico será, por mucho, el mismo. Nuestras grandes instituciones, nuestros parlamentos, universidades, hospitales y alcaldías, al igual que nuestras estaciones de trenes, aeropuertos, redes ferroviarias, sistemas de aguas y nuestros hogares estarán intactos. Todo esto se verá exactamente igual a como se veía hace unos meses. Estaremos a salvo del suicidio nacional que implica una guerra "de verdad".

Johnson y Cummings, así como sus compañeros de la escuela Brexit –junto con el horrendo equipo científico que los respalda (al menos hasta ahora)– pueden seguir jugando a la guerra, pero no deben enfatizar la diferencia entre esto y la verdadera guerra: es decir, en el hecho de que el mundo afuera de la puerta de sus casas será prácticamente el mismo que en febrero y marzo.

Por esto es que muchas personas se han visto dispuestas a romper las reglas del arresto domiciliario que les impusieron. No es que todos sean suicidas, o egoístas o locos, sino que ven hacia el exterior y lo ven igual a como lo recuerdan. Poco a poco, se prepararon para arriesgarse y poner en peligro a otros porque pueden (esta expresión es muy deliberada) y lo aceptan.

Así que –y aquí dejaré de usar las comillas– debemos volver a las guerras de verdad. Uno de los más notables fenómenos en estos conflictos aterradores es que la vida ordinaria continúa en medio del baño de sangre y la aniquilación inminente.

Durante las batallas en Beirut y durante los momentos más temibles de la actual guerra en Siria he ido a bodas. Una pareja musulmana en Beirut y una pareja armenia en la norteña ciudad siria de Kimishle –donde el frente del Isis más cercano está apenas a 19 kilómetros de la puerta de la iglesia. Los novios decidieron casarse y los clérigos apropiados presidieron las ceremonias. Yo los miraba, como dicen, boquiabierto. Tengo amigos que han comprado y vendido hogares durante sus respectivas guerras. Sus vidas están en peligro, pero aún así necesitan certificados de propiedad, fondos bancarios y abogados. En medio de la anarquía, la burocracia formal y la ley toman su curso.

Todo esto –los matrimonios y las transferencias de propiedad– han continuado porque, como dice la más vieja de las frases hechas: la vida debe continuar. Lo mismo ocurre con la guerra global contra el virus. Nuestras bodas tienen menos invitados, las propiedades se compran y venden mediante archivos adjuntos en un correo electrónico y los funerales –una parte esencial de la "vida" normal, supongo– aún se realizan, pero sin que los allegados vean el cadáver o hagan guardia junto a su ataúd.

He notado algo más en las guerras verdaderas que cubro: que los civiles que sufren entre los combates tienen una extraordinaria habilidad de superar las pérdidas a su alrededor. Tiene algo que ver con la idea de sociedad: esa idea de que es posible, sin importar qué tan consternados estemos por circunstancias personales, entender el dolor y la muerte como cosas que se acercan a la normalidad. Las guerras verdaderas, como pueden ver, también se encaminan hacia algo que puede llamarse "nueva normalidad". Amigos y familiares mueren. No conozco a nadie en Líbano o Siria que no haya pasado por este sobresalto, pero el sobresalto también es relativo.

Durante el conflicto en Irlanda del Norte, el secretario del Interior británico, Reginald Maudling –el ahora olvidado predecesor de Priti Patel– se refirió en 1971 a lo que él llamó un "nivel aceptable" de violencia. La expresión fue condenada por aquellos que creen que cualquier violencia es inaceptable, pero sus palabras tenían sentido, si bien macabro. Esta fue una guerra que tuve el privilegio maldito de cubrir y recuerdo cómo los periodistas entendieron exactamente lo que quiso decir Maudling: que el saldo de muertos por bombardeos en seis condados podía alcanzar un punto que podía considerarse normal.

Esto ocurrió en Líbano. Durante los ceses del fuego e incluso las treguas, los habitantes de Beirut iban a la playa, a asolearse y nadar los fines de semana. Una tarde las armas de los cristianos falangistas abrieron fuego en el este de Beirut y su metralla cayó entre los bañistas en la playa del barrio Corniche, en el mar Mediterráneo. La carnicería fue aterradora. Las primeras planas de los diarios al día siguiente estaban llenas de fotografías que jamás se habrían publicado en Europa o Estados Unidos.

A la semana siguiente las playas estaban llenas de nuevo. Muchos libaneses consideraron que había un "nivel aceptable" de muerte. En cierto sentido esto es inspirador –los seres humanos se muestran inconquistables–, pero en otra interpretación, es algo profundamente deprimente. Si los civiles –o el público, para usar una expresión muy occidental– se acostumbran a la muerte, la guerra puede continuar indefinidamente. Y ésta, recuerden, fue una guerra causada por la misma especie humana que estaba muriendo en ella.

Aquí hay una idea inquietante. Todos sabemos que el masivo confinamiento en Europa no puede continuar para siempre. Suecia en realidad nunca se embarcó en ese toque de queda. Alemania, Italia y Holanda están saliendo de él lenta y cautelosamente. Incluso el coctel de bobos de Boris Johnson sabe que esto es cierto e incluso los británicos –con o sin los pequeños brexiters de Downing Street– ahora decidirán por sí mismos cuándo terminará el encierro. No van a esperar a que el Sargento Plod (plod: vocablo en inglés que significa "a paso lento" N. de la T.) les dé permiso.

Todos sabemos que el actual brote de Covid-19 no "termina" en el mismo sentido tradicional que una guerra concluye. No habrá un último muerto. Pero cuando disminuyan las cifras y no exista una segunda visita de esta cosa espantosa, Gran Bretaña habrá alcanzado, me temo, un "nivel aceptable" de muerte. Cuando la estadística diaria vaya de los cientos a las docenas y luego a las decenas diarias, ya no habrá más conferencias desde Downing Street, y disminuirán nuestros pensamientos para los expertos de la salud, no recordaremos el sacrificio de enfermeras y doctores. Incluso podremos hacer apuestas sobre cuándo los tories volverán a hacer recortes al sistema nacional de salud.

El tema es que todos –a excepción de hombres y mujeres que ahora están en duelo por sus seres queridos– tenemos la capacidad de absorber la muerte. Cuando el gobierno británico crea que ese momento de la presente crisis llegó, abrirán las puertas, los caminos y los restaurantes. La economía debe sobrevivir.

Johnson y sus acólitos proclamarán su victoria, pero esto será falso. Los británicos seguirán muriendo, pero sus muertes se habrán convertido en algo normal, igual a quienes mueren de cáncer, ataques cardiacos o son víctimas de accidentes de tránsito; como dice Johnson en su deplorable frase, "los que perdimos antes de tiempo".

De esta forma, los británicos no disfrutarán de una "inmunidad de rebaño". Con o sin protección para este virus o el que le siga; con o sin vacuna, se convertirán en "rebaño" en un sentido diferente. Se convertirán, tal y como lo desea el gobierno, en un rebaño inmune a la muerte de los otros; que habrá asumido un nivel aceptable de muerte entre sus compatriotas. Se habrán vuelto un poco más "endurecidos" –una buena palabra victoriana– a que se inflija tal sufrimiento, y dejarán de rezongar sobre lo ineficaz que fue el gobierno británico para evitar este atropello.

Y entonces –usemos ese repugnante mantra de todos los políticos– "seguiremos adelante". Tendrán que "asumir" al virus, como lo hizo el gobierno hace mucho y como seguirá haciéndolo.

Podemos olvidar cualquier planeación costosa para su siguiente visita, hasta que nos topemos con el Covid-20, o el Covid-22 o el Covid-30 o cualquier otro que se nos atraviese.

© The Independent

Traducción: Gabriela Fonseca

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Un policía golpea con un palo a un hombre por saltarse el confinamiento obligatorio impuesto en India. Prabhat Kumar Verma/ZUMA Wire/dpa/EP

La policía en Ecuador e India golpea a la población que no cumple el confinamiento, Hungría ha dado poderes especiales casi dictatoriales a su presidente y China o Rusia vigilan a la población con cámaras en las ciudades

La epidemia de coronavirus está otorgando a las autoridades poderes excepcionales que en países con democracias frágiles están agravando tensiones sociales o problemas que ya previamente estaban bajo la crítica internacional.

Guayaquil, la capital económica de Ecuador y uno de los principales focos de la epidemia en América Latina -la zona con más casos por detrás de Brasil-, ha sido testigo durante dos días de violencia policial contra la población más pobre de la ciudad, donde la gente vive del comercio ambulante, principalmente, hacinados en casas minúsculas y en ambientes de delincuencia y marginalidad. En Guayaquil, la población local denuncia las condiciones indignas que sufren las víctimas del virus y sus familias, con ataúdes que permanecen en casas durante días sin que nadie los traslade o cuerpos envueltos en sábanas que se acumulan en calles y cunetas.

En declaraciones a eldiario.es, Adrián Tarín, profesor español de comunicación social en la Universidad Nacional del Ecuador y periodista en un medio comunitario, relata que tras el anuncio de las medidas para paliar la progresión del virus, tanto en los barrios pobres como en los ricos nadie cumplía con las recomendaciones por lo que la policía decidió intervenir.

"Eran las propias fuerzas del orden las que grababan y colgaban las escenas en redes sociales, en las que se puede ver cómo los obligan a hacer ejercicio físico pero además lo combinan con golpes con látigos, palos o cinturones", explica. "Ha habido casos de gente a la que le pintaban la cara, le cortaban el pelo, en plena calle".

Después de que las imágenes empezaran a circular hacia otras partes del país dejaron de trascender. "Puede que siga pasando pero no hay constancia de ello porque tampoco se denuncia", apunta Adrián Tarín.

Ecuador empezó a aplicar medidas de confinamiento desde mediados de marzo y de forma progresiva ha ido aumentando las restricciones. Ahora hay toque de queda entre las 2 de la tarde y las 5 de la mañana. El resto de la jornada se permite la salida de personas para acudir a los puestos de trabajo esenciales y la compra de productos de primera necesidad, según el número de identificación, para evitar aglomeraciones. Además en Guayaquil hay una fuerte militarización de las calles y un cierre de la ciudad a la que solamente tienen acceso los transportes de abastecimiento.

En India, que la pasada semana anunció el confinamiento de 1.300 millones de personas, la policía está rociando a trabajadores que volvían de las grandes ciudades a sus lugares de origen para pasar la cuarentena con productos químicos en lo que parece un intento de desinfectarlos antes de entrar en sus localidades. Según el periódico local Indian Express, se utilizó una solución de hipoclorito sodio, producto utilizado para la limpieza de piscinas y que puede causar quemaduras en piel, ojos y pulmones.  

Pero este no ha sido el único caso, la policía india también ha recurrido a la violencia para reprimir a la gente que sale a la calle. Utilizan palos de bambú para golpear a los civiles que vulneran el confinamiento.

Desde que se impuso un toque de queda en Kenia el pasado 27 de marzo, varias organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, entre ellas Amnistía Internacional, vienen denunciando la brutalidad policial y del ejército y el uso de gases lacrimógenos contra quienes intentan volver a casa desde sus trabajos.

Según reporta EFE, las autoridades kenianas están investigando la muerte de un niño de 12 años que murió, supuestamente, a causa de un balazo de la policía mientras estaba en el balcón de su casa el pasado martes. 

Represión contra los presos políticos

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció la pasada semana que liberará a 100.000 de las cerca de 300.000 personas que están entre rejas en el país para evitar así la propagación del virus en las cárceles. Aunque la propuesta es todavía un borrador que necesita ser debatido en el parlamento, no permitiría la excarcelación de personas acusadas por terrorismo, una acusación utilizada en muchas ocasiones contra opositores políticos. De esta forma, y como denuncia Human Rights Watch, la medida supondría "una herramienta para atacar a los presos políticos".

Rusia anunció la semana pasada, según informa Foreign Policy, que cancelaba la amnistía anual que se concede para celebrar el aniversario de la victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial (aunque seguirán en pie los desfiles conmemorativos). De esta forma, quedarían en prisión las 230.000 personas que estaba planeado que fueran liberadas de cárceles rusas, por un supuesto "miedo" de la población a las infecciones que hay en las prisiones y que "podrían infectar a toda la población", según ha explicado el subdirector del Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, un órgano consultivo dependiente del presidente ruso, Vladimir Putin.

Putin ha anunciado que extiende la declaración de no laborables todos los días hasta el 30 de enero, lo que ha provocado la cancelación de los servicios de paquetería, una consecuencia que se agrava también para la población carcelaria, que podía comer y recibir medicinas gracias a los paquetes que envían sus familiares, puesto que según denuncian "el gobierno no da acceso a medicinas la comida es de muy baja calidad".

Naciones Unidas ha pedido en un comunicado que los gobiernos eviten la puesta en marcha de medidas excesivas de seguridad que pudieran suponer una forma de acallar la disidencia. Varios expertos de la ONU en derechos humanos han recordado que las decisiones "deben notificarse a los órganos pertinentes" y "en ningún caso como un objetivo contra grupos particulares, minorías o individuos".

Poderes especiales frente al coronavirus

Esta semana el parlamento húngaro aprobaba una enmienda para dar más poderes al primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, para gobernar por decreto por tiempo indefinido para luchar contra el coronavirus. La medida, criticada ampliamente por la oposición y organizaciones de derechos humanos, da la posibilidad al gobierno de suspender leyes y bloquear la divulgación de informaciones "que puedan obstaculizar o imposibilitar la defensa" (frente a la epidemia) y aplicar penas de hasta cinco años de cárcel para los infractores.

En Filipinas, el parlamento también le ha otorgado "poderes especiales" al presidente, Rodrigo Duterte, durante la emergencia nacional declarada en el país por la epidemia. De esta forma, Duterte puede actuar sin contar con el Legislativo, modificar los presupuestos a su antojo e intervenir empresas privadas.

Además, ha reducido el control del Departamento de Salud sobre las medidas a aplicar para colocar a las Fuerzas Armadas al frente de la gestión de la crisis. En las últimas tres semanas, según denuncia Human Rights Watch, han sido detenidas más de 17.000 personas por violar el confinamiento, además muchas de ellas han sido metidas en jaulas a pleno sol durante horas como forma de castigo.

En los últimos días, en barrios pobres de la capital, se han sucedido las protestas para pedir ayudas al Estado para sobrellevar la cuarentena, y este mismo jueves, el presidente ha ido un paso más allá y ha ordenado a las fuerzas de seguridad "disparar a matar" a todo aquel que se salte el confinamiento, informa EFE. "Muerto. A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba", dijo en un mensaje televisado.

El coronavirus como excusa para la videovigilancia

China no solamente ha cerrado varias ciudades para evitar la propagación del coronavirus, también ha implementado una serie de medidas de seguridad para controlar a la población en un nuevo episodio de intromisión gubernamental en su privacidad: controles de acceso para entrar en casa, las operadoras móviles rastrean los desplazamientos de la población y las conversaciones, e incluso sistemas de reconocimiento facial capaces de distinguir entre la multitud a los que tienen fiebre o a los que no llevan la mascarilla.

Moscú, que ha ordenado el confinamiento para toda la población, está haciendo uso de las más de 170.000 cámaras que ya existen en la ciudad para controlar que los ciudadanos cumplen con las medidas. Solamente la semana pasada, la policía reportó 200 multas a personas que habían violado la cuarentena, detalla CNN. Además, pretenden utilizar la videovigilancia, igual que en China, para encontrar posibles casos de coronavirus, notificar a las autoridades sanitarias y a otras personas que pudieran haber tenido contacto con ellos.

En Israel, según ha informado The New York Times, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dio orden a la agencia de seguridad nacional de rastrear los dispositivos de personas que dieron positivo en la enfermedad COVID-19 y de poner en cuarentena a otras que tuvieron un contacto directo con los infectados. Según este mismo medio, la medida tenía que haber pasado por la subcomisión parlamentaria de Servicios Secretos, pero finalmente no fue así. Además, ha impuesto penas de hasta seis meses de prisión por saltarse la cuarentena y ha prohibido las visitas en las cárceles, incluidos los abogados defensores.

04/04/2020 - 20:37h

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Coronavirus: vaticinan la peor crisis económica de los últimos 75 años

El economista italiano Gustavo Piga analiza el impacto global de la pandemia 

"Estamos hablando de la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial, mucho peor que la del 2008", afirma el experto de la Universidad Tor Vergata. Y sugiere que las reglas europeas cambien en función de la coyuntura. 

 

Algunos piensan que la crisis económica que puede desencadenar la pandemia del coronavirus en el mundo, será la peor de las últimas décadas, es decir desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos el economista italiano Gustavo Piga, profesor de Economía Política de la Universidad Tor Vergata de Roma, que en una entrevista con PáginaI12 caracterizó la actual situación como un “momento histórico que nos permite darnos cuenta que no todo anduvo bien en la gestión del mundo en el siglo XXI”. “Creo que la crisis nos encontró faltos de preparación. Es necesario razonar, con una visión a larga distancia, sobre las necesidades verdaderas de los ciudadanos que deben combinar la dinamicidad de los mercados con la certeza del apoyo a los menos pudientes”.

-¿Cuáles son los efectos de la pandemia del coronavirus sobre la economía de Italia, segun usted?

-Todavía no se sabe dónde irá a parar este virus, cómo se difunde, cómo puede ser controlado eficazmente, no solo en Italia sino en todo el mundo. Esto se percibe cuando los gobiernos del mundo actualizan repetidamente sus previsiones y aumentan el número de restricciones administrativas para reducir la interacción social. Lo que ha significado una serie de medidas preventivas a nivel de salud pública pero también sobre la economía para compensar el efecto negativo de las medidas de restricción aplicadas. En Italia este proceso empezó con una maniobra económica para afrontar los efectos del coronavirus que en un principio era de de 5 mil millones de euros. Luego se amplió a 25 mil millones de euros y ahora se está hablando de 50 mil millones.

-Y la Unión Europea (UE) ¿qué percepción tiene de la situación?

-La Unión Europea habló en un primer momento de un plan de 25 mil millones de euros para ayudar a todos los países europeos. Ahora el Banco Central Europeo habla de 750 mil millones. Con esto quiero decir: no se tiene una idea clara todavía de las dimensiones de esta crisis. Ayer leía que hace dos semanas se hablaba de que la crisis podría llevar a un decrecimiento del PBI (Producto Bruto Interno) italiano del 2 por ciento. Ahora se habla de un descenso del 10 por ciento del PBI. De lo que es seguro es de que estamos hablando de la más grave crisis desde la Segunda Guerra Mundial, mucho peor que la del 2008.

-¿Qué medidas deberían tomarse para afrontar la crisis en su opinión?

- Ya algunas medidas se han tomado en Italia y en Europa para afrontar esta crisis, pero es obvio que si la crisis continúa, deberemos cambiar las reglas europeas. Hasta ahora hemos aprovechado al máximo las leyes europeas y no se ha hecho nada que haya violado los tratados europeos a nivel económico. Pero si las cosas continúan y los países tienen necesidad de un mayor apoyo, habrá que cambiar esas reglas. La Banca Central Europea por ejemplo, se podría ver en la necesidad de prestar dinero a los distintos gobiernos sin ninguna condición, sin pedirles que mantengan una política de austeridad como hasta ahora.

- Lo importante sería entonces cambiar ciertas reglas…El Premio Nobel de Economia Joseph Stiglitz, hablando en el Vaticano meses atrás dijo que la economía capitalista debería cambiar sus reglas porque la gente ha perdido confianza en ella.

-Creo que la UE debería responderse a sí misma dos preguntas. Primero: ¿Estamos de acuerdo en hacer una suspensión provisoria de los tratados o no? Segundo y más importante: Cuando el virus será derrotado ¿con qué políticas queremos volver a la normalidad? Para dar respuesta a estas preguntas el problema clave es saber cuánto será prolongado el retorno a la normalidad. Y se debo tomar un ejemplo de la historia, cito la crisis del 1929 , tal vez menos grave que la actual pero cuyas consecuencias duraron mucho tiempo. Y este es exactamente el panorama que tiene frente a si todo el Occidente ¿Cómo se reconstruye? Cierto, se pueden cambiar las reglas de la economía. Pero también es cierto que puede haber una resistencia, una batalla, entre los conservadores y los que quieren el cambio. Yo espero que los partidos conservadores tengan la clarividencia de entender que serán expulsados de la historia si no van al encuentro del dolor, del terror, del miedo de la gente.

-Si no hay acuerdo sobre las reglas por cambiar entre todos los países miembros ¿la UE podría correr un serio riesgo?

-Si se intenta hacerlo con una política económica que logra conseguir la confianza de la gente, se logrará mucho. Tenemos que estar preparados porque el virus volverá, tal vez el próximo invierno. Si no vuelve, mejor, pero tenemos que estar preparados, tenemos que construir una economía que sepa gestionar mejor los medios para hacer frente al virus, ya que los conoceremos mejor. Si esto será hecho, muy bien. Las cosas mejorarán. Si no se hacen estas cosas, creo que será el fin de la Unión Europea. Le daríamos el gobierno a los partidos anti europeos. Porque una crisis como la actual es la situación ideal para que Europa demuestre su solidaridad. De lo contrario, muchos podrán pensar, ¿qué sentido tiene que me quede dentro de la UE si ella no ha sabido ayudarnos? Esta crisis nos ha tomado de sorpresa. Pero no podemos permitir que otra vez nos tome de sorpresa. Y en esto, el riesgo para el sueño europeo es inmenso. Esta es probablemente la última llamada. Si Europa falla sobre esto, preveo consecuencias muy graves a nivel político.

-Si la economía de Estados Unidos – ahora el país con más contagiados por el coronavirus- sufre el crack que muchos suponen, ¿será un precio que pagará todo el mundo?

-Esta es una crisis global. Yo estoy bastante admirado de cómo el estado chino ha permitido que naciera un virus de este tipo pero también de cómo ha sabido controlarlo tan rápido. Nuestras sociedades occidentales son menos capaces de hacer esto. Las medidas del gobierno chino fueron muy drásticas. Paradójicamente tal vez, esta crisis se transformará en una crisis más occidental que china. Estamos aprendiendo día a día. Es difícil hacer grandes previsiones.

-¿Y la economía de América Latina qué precio pagaría?

-Para América Latina el golpe importante será a sus exportaciones. Sobre la demanda interna el efecto será importante pero dependerá de cómo los gobiernos logren contener todo. No es que hay una relación entre la riqueza del país y su capacidad de contención. La capacidad de los gobiernos cuenta en este sentido. Dependerá entonces de la bravura de los líderes para prevenir lo que pueda ocurrir. El virus es global pero sus efectos no serán exactamente iguales para todo el mundo. 

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Qué medidas han venido aplicando frente a la crisis del coronavirus

¿Cómo responden los países al colapso económico?

El parate económico derivado de las restricciones sanitarias representan un gran desafío para los gobiernos, que lanzaron masivamente planes estímulo.

 

Los países industrializados, con Europa y Estados Unidos a la cabeza, anunciaron en las últimas semanas enormes paquetes de estímulo para evitar el colapso de sus economías. Según un proyecto de la OCDE que actualiza en tiempo real las medidas sanitarias y económicas, los 46 países más importantes en términos de riqueza (que forman parte de la OCDE y/o del G-20) adoptaron medidas de “distanciamiento social” y todos ellos comenzaron a implementar fuertes medidas económicas paliativas.

Una de las particularidades de la crisis económica que se está desatando a partir de la pandemia del coronavirus es que se trata de una situación autoinflingida, ya que es resultado de las medidas de restricción sanitaria adoptadas por los propios gobiernos. Es decir, no se trata de un shock exógeno, como puede ser un terremoto, ni del estallido de los desequilibrios internos del sistema, al estilo crisis de las hipotecas subprime, sino que es el producto de la decisión soberana de los países, de proteger antes que nada la vida de su población y evitar el colapso de los sistemas de salud.

El gobierno argentino anunció el aumento de la asignación universal por hijo y jubilaciones, transferencias directas a monotributistas, congelamiento de cuotas, alquileres y precios, reducción de cargas patronales en sectores especialmente afectados, créditos para recomponer capital de trabajo y Repro para que el Estado afronte el pago de salarios en empresas en crisis, entre otras medidas. Las políticas adoptadas por otros países tienen varios puntos en común: apoyo monetario directo a no asalariados, diferimiento en el pago de impuestos, apoyo crediticio a pymes y en el pago de sueldos para las empresas más afectadas. A continuación, algunos ejemplos:

España

El gobierno español anunció un paquete económico de 200 mil millones de euros, el mayor en la historia democrática del país, equivalente a un 20 por ciento del PIB. “El Estado va a asumir el choque económico”, dijo el presidente, Pedro Sánchez. La mayor parte de ese dinero estará disponible para que las empresas no se queden sin liquidez y puedan continuar pagando los sueldos. Se suspende por seis meses el pago de impuestos para las pymes y para empleados autónomos así como la devolución de los créditos otorgados por el gobierno. También hay prórroga automática de los seguros de desempleo y se prohibieron los despidos.

Italia

Enfrenta la situación sanitaria más dramática. Redujo en 100 euros impuestos para trabajadores que reorganizaran su actividad desde el hogar y para aquellos que no pueden trabajar, el Estado se hace cargo del salario. Se aplicó una suma de 600 euros para la mayoría de los empleados autónomos, artistas y 100 euros para trabajadores asalariados de bajos ingresos. Se suspendieron las condicionalidades para acceder a un ingreso básico estatal y se aplicaron 700 millones de euros para apoyar a las aerolíneas y flexibilidad en el cobro de impuestos para las pymes. Los despidos se suspendieron por dos meses, así como también el pago de hipotecas.

Alemania

El gobierno de la mayor economía europea aprobó un paquete de 122 mil millones de euros. El ministro de Economía alemán, Olaf Scholz, describió el plan como una “gran bazooka” para evitar el colapso de la economía. Los trabajadores autónomos y las pymes de hasta 10 empleados tendrán a disposición un fondo de 50 mil millones de euros para solventar la actividad. La ayuda será de 9 mil a 15 mil euros por tres meses. También hay flexibilización en el pago de impuestos y alquileres. Pero complementariamente hay un fondo de 600 mil millones de euros para asegurar que las grandes empresas exportadoras alemanas no debiliten su posición patrimonial. Alemania está enfrentada con España e Italia porque no quiere que el Banco Central Europeo emita “eurobonos” de salvataje para las economías de región.

Estados Unidos

Republicanos y demócratas acordaron lanzar un paquete económico de 2 billones de dólares, “el más grande en la historia de los Estados Unidos”, según el New York Times. 367 mil millones de dólares se destinarán a que las pymes puedan seguir pagando salarios, mientras que 500 mil millones de dólares serán préstamos garantizados y subvencionados para fondear a empresas grandes. Además, hay fuertes transferencias directas de dinero a los hogares. Las personas recibirán 1200 dólares junto a otros 500 dólares por hijo o hija. El beneficio opera para salarios anuales que están por debajo de los 75 mil dólares. Aumenta el seguro de desempleo en 600 dólares por semana por hasta cuatro meses. Las aerolíneas van a recibir 25 mil millones de dólares en garantías y los hospitales, 117 mil millones, entre otras medidas.

Brasil

A pesar del juego mediático del presidente, Jair Bolsonaro, para encender la chispa de su electorado, al minimizar la magnitud de la pandemia, el gobierno de Brasil anunció medidas para reducir la crisis económica. Se definió la entrega de un bono por el equivalente a 120 dólares a los trabajadores informales y desempleados que no reciban recursos de otros programas. Las empresas pueden pagar la mitad de los sueldos, aunque sin compensación para los trabajadores formales afectados. Flexibilización en el pago de impuestos para las pymes. Se abrió también una línea de crédito de emergencia de unos 8 mil millones de dólares para que las pequeñas y medianas empresas puedan pagar sueldos durante los próximos dos meses.

Colombia

Se estableció el pago de un beneficio extra para los programas sociales existentes Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor, la entrega de una canasta de comida para los hogares más vulnerables y libre acceso al servicio de agua a pesar de deudas impagas. Se refinancian deudas e hipotecas y se pospone el pago del IVA y otros impuestos para el sector turístico y aviación.

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El gobierno venezolano ordenó la detención de dos gerentes de PDVSA

Los acusa de entregar información confidencial a Estados Unidos

Las sanciones de Washington contra la petrolera estatal constituyen el último intento de forzar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.

El gobierno venezolano anunció este lunes la detención de dos gerentes de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), a quienes acusó de espiar para Estados Unidos y entregar a este país "información estratégica, sensible y de carácter confidencial". En ese sentido, la comisión presidencial denominada Alí Rodríguez Araque, le solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación penal sobre ambos funcionarios. Debido al fuerte impacto de las sanciones de Estados Unidos a PDVSA y a su principal socio comercial, la compañía rusa Rosneft Oil Trading , Maduro le ordenó el 19 de febrero al vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami, la reorganización de la empresa estatal venezolana. Maduro también designó nuevos vicepresidentes en cuatro áreas importantes de la compañía. Las sanciones de Washington contra PDVSA constituyen el último intento de forzar la salida del poder del presidente venezolano.

A través de un comunicado de la comisión Alí Rodríguez Araque, constituida hace casi dos semanas por el presidente Nicolás Maduro para reformar la industria petrolera venezolana, se informó que los detenidos responden a los nombres de Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, quienes eran "gerentes de operaciones especiales y de operaciones de crudos", respectivamente.

"Ambos funcionarios son responsables de la entrega de información estratégica, sensible y de carácter confidencial al gobierno de Estados Unidos (...) para con ello agredir a nuestra industria petrolera a través de la imposición de unilaterales e ilegales sanciones", dice el comunicado.

De acuerdo al texto, las detenciones tuvieron lugar el pasado viernes 28 de febrero. A los detenidos también se los acusa de suministrar "datos" de las operaciones en Venezuela de los socios comerciales de PDVSA. Los dos gerentes "suministraron datos sobre las operaciones y capacidad logística de PDVSA, así como la actividad de venta y comercio del petróleo venezolano", agrega el documento.

La comisión calificó estos presuntos hechos como una "miserable traición", y solicitó a la Fiscalía la apertura de una investigación que determine responsabilidades para que se aplique "todo el peso de la ley". Por sus acciones de espionaje, Chirinos y Torrealba recibieron la calificación de "colaboradores de alto nivel" de parte del gobierno de los Estados Unidos. 

"Esta Comisión Presidencial manifiesta su compromiso en empeñar todo su esfuerzo en la necesaria transformación revolucionaria de nuestra industria petrolera (...) acciones de esta naturaleza son totalmente opuestas al compromiso patriótico de la clase trabajadora petrolera", concluye el documento.

En las últimas semanas, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Venezuela y PDVSA para intentar forzar la salida del poder del mandatario socialista. Una prohibición a ciudadanos y empresas estadounidenses de negociar con crudo venezolano permanece vigente desde abril de 2019.

Bajo la presión de las sanciones de Washington a PDVSA y a su principal socio comercial, la compañía rusa Rosneft Oil Trading , Maduro le ordenó el 19 de febrero al vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami, que encabece una comisión destinada a reorganizar a la empresa venezolana. Ese mismo día declaró la emergencia de la petrolera estatal.

La nueva comisión también estará integrada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y su número dos, Remigio Ceballos, para que sumen "todo el poder" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y "además garanticen la seguridad de todas las instalaciones con un plan nuevo". El actual ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, también formará parte del equipo de trabajo.

En febrero de 2017, el gobierno de Estados Unidos sancionó por narcotráfico a El Aissami tras una larga investigación que llevó al Departamento del Tesoro a determinar que juega "un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos" con destinos que incluyen México y Estados Unidos.

El sábado pasado, en otro intento por revalorizar PDVSA, Maduro designó nuevos vicepresidentes en cuatro áreas clave: exploración y producción, refinación, comercio y finanzas. La producción petrolera de Venezuela inició 2020 a la baja, al cerrar enero en 882 mil barriles por día, 25 mil menos que en diciembre, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

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Imagen de la represión policial en el contexto de las protestas en Chile EFE

La organización publica este jueves su Informe Anual sobre las Américas, en el que hace balance de la situación de los derechos humanos en el continente

Desde Venezuela en enero hasta Chile en octubre, 2019 ha sido un año en el que la ola de protestas que ha recorrido América –en especial América Latina– se ha saldado con represión institucional por parte de gobiernos de distinto signo político, incapaces de generar diálogo con sus ciudadanos. Así lo cree Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas, que afirma que el continente "sufre, pero también se despierta".

En su Informe Anual sobre las Américas, la organización cifra en al menos 210 las personas que murieron violentamente en el contexto de protestas en el continente: 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, ocho en Ecuador y seis en Honduras. "Es un balance negativo, un saldo demasiado alto", asevera Jiménez. Incluso en Chile, donde se ha abierto un proceso constituyente como resultado de los reclamos de los manifestantes, "nos preocupa el costo, en otros países se han dado estos procesos sin la necesidad de más de 400 personas con lesiones oculares".

Para Jiménez, es difícil comparar los niveles de gravedad entre un país y otro, pues cada uno tiene "sus propios retos" en cuanto a derechos humanos. Aunque apunta a Venezuela como país donde la organización puede establecer "un patrón sistemático de represión", pues, a diferencia de otros Estados, las protestas de principios de 2019 fueron "una ola más". "No se trata de hechos aislados, sino de la política sistemática de un Gobierno que no admite la disidencia", afirma, ante una represión que podría constituir crímenes de lesa humanidad,  según denunció la organización a mediados de año.

Sin embargo, un punto común entre las diferentes movilizaciones ha sido la incapacidad de los gobiernos para dialogar con quienes reclamaban más derechos sociales, civiles y políticos. "Hubiesen podido responder con propuestas o con, al menos, la construcción de un espacio cívico para el diálogo, y en vez de eso en casi todos los lugares se respondió con violencia estatal", lamenta.

Los defensores de DDHH y el derecho al asilo, en riesgo

En marzo se cumplen cuatro años del asesinato de la hondureña Berta Cáceres, defensora de los derechos medioambientales e indígenas, y dos del de Marielle Franco, concejala afrofeminista de Río de Janeiro. "Es un mes que nos causa mucha tristeza", dice la investigadora, porque quienes defienden los derechos humanos continúan viviendo "situaciones de impunidad". Con 208 homicidios, Latinoamérica y el Caribe fue la región más mortífera del mundo para los defensores; allí tuvieron lugar un 68% del total mundial de 304 homicidios. Colombia fue el país más letal, con 106 homicidios.

Jiménez destaca la vulnerabilidad de las personas que defienden el medioambiente y el acceso a la tierra, a menudo desprotegidas en comunidades aisladas. Y también de aquellas que, aunque no hayan sido víctimas de homicidio, han sido silenciadas o expulsadas, como es el caso de Nicaragua, de donde han huido más de 70.000 personas tras la crisis de 2018. "Son diferentes niveles de violencia, pero todos dañan a la sociedad", apunta. "Cada vez que censuran, callan, asesinan a un defensor, perdemos una oportunidad para avanzar los derechos de todas las personas".

Amnistía también ha visto "con mucha preocupación" el endurecimiento de las políticas migratorias por parte de Estados Unidos y México. "Vimos cómo se movió la frontera de México-Estados Unidos a México-Guatemala", explica Jiménez. "Trump logró externalizar sus fronteras, y México está haciendo el trabajo sucio conteniendo migrantes, deportando personas sin importar que muchas necesiten protección internacional". Entre otras medidas, el Gobierno de López Obrador retuvo a más de 51.999 menores en centros para inmigrantes, lo cual es contrario a la legislación de México, y envió un cuerpo militar para detener una caravana de migrantes centroamericanos

"Si algo ha demostrado la Administración de Donald Trump, es que es la xenofobia se puede institucionalizar", observa Jiménez, preocupada por la coyuntura de las siguientes elecciones en Estados Unidos. "Poco a poco ha ido erosionando el sistema de asilo, y eso ha sido en casi cuatro años. No queremos imaginarnos qué podría pasar en cuatro años más", enfatiza, ante la implementación de políticas como la devolución inmediata en la frontera y la separación familiar.

Mujeres y jóvenes lideran los movimientos sociales

2019 también ha alumbrado algunas luces esperanzadoras en el continente. Al terminar el año, 22 países habían firmado el Acuerdo de Escazú, un tratado regional pionero sobre los derechos medioambientales. En febrero de 2020, Ecuador se convirtió en el octavo país en ratificar el Acuerdo, lo que implica que solo necesita tres ratificaciones más para que entre en vigor. "Esperamos que se traduzca en políticas a favor de la Amazonía y del ecosistema que hace que América Latina sea  tan rica en recursos naturales", asevera Jiménez.

Pese a la degradación medioambiental y los incendios que arrasaron el Amazonas, el cambio climático también supone "una oportunidad", opina la investigadora. "Estamos muy esperanzados porque la población más joven de las Américas ha hecho del climático una razón de lucha, y puede que se traduzca eventualmente en política". Una lucha social que se ha revitalizado en el continente "gracias a la juventud y a las mujeres", apunta.

La marea verde a favor del aborto en Argentina, la ola morada contra los feminicidios en México y el himno feminista del colectivo chileno Lastesis, erigido como un símbolo global, son tres ejemplos de lucha contra la violencia estructural hacia las mujeres "que van a quedarse". "Países como Argentina nos enseñaron con su marea verde que no van a permitir que se controlen los cuerpos de las mujeres, y que la exigencia de autonomía es algo regional", dice Jiménez, ante la restricción de derechos reproductivos que continúa en países como el Salvador y Paraguay.

"Hemos visto un resurgimiento de la creatividad de la gente joven, de las mujeres, una revitalización de la protesta. Cuando ves cómo se conjuga toda esa gama de luchas es cuando sientes que puedes hacer cambios", señala. "Ya no es un sufrimiento en silencio". Aunque la impunidad y la violencia continúen atravesando el continente, "se pueden lograr cambios contra actores que parecen invencibles", concluye.

Por Clara Giménez Lorenzo

27/02/2020 - 07:00h

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Guerra híbrida contra los movimientos sociales

Quienes formularon la tesis de la "guerra híbrida", se proponían abordar las nuevas formas de la guerra entre Estados en el siglo XXI. En 2006, el general James Mattis, luego jefe del Pentágono con Trump, publicó el artículo "La guerra del futuro: la llegada del conflicto híbrido", concepto que pronto se popularizó.

Se trataba de describir la combinación de la guerra irregular y la asimétrica en el conflicto actual, en el cual los Estados intervienen “de manera directa o delegando su actuación a agentes domésticos o proxies, guerrillas, terroristas, redes criminales o contratistas militares privados”, según el análisis publicado en la revista del ejército español (https://bit.ly/31KGflp).

El concepto se utilizó para explicar el conflicto entre Ucrania y Rusia a comienzos de 2014. Los analistas occidentales acusaron a Moscú de utilizar la "guerra híbrida" para conseguir las independencias de las fronterizas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Ambas provincias se separaron de Ucrania luego que la revuelta Euromaidan, que buscada la integración en la Unión Europea, llevó a la caída del presidente electo y al desacople con Rusia.

Una parte de la población de ambos óblast o provincias, mayoritariamente rusoparlante, se levantó en armas con apoyo de Rusia, formó milicias, tomó edificios gubernamentales, convocó referendos y proclamó la independencia. El concepto de "guerra híbrida" se enmarcó en un conflicto geopolítico y social, que en lo formal se presentó como la población contra el gobierno, pero en realidad representaba los intereses de Rusia.

En Ucrania se enfrentaron las ambiciones geopolíticas de Washington y de Moscú, en cuya defensa utilizaron no sólo a militares y paramilitares, sino a las poblaciones que quieren formar parte de la Unión Europea y las que desean seguir articuladas con Rusia.

El monárquico y español Instituto Elcano, enfila la "guerra híbrida" contra los "movimientos de protesta organizados por intereses extranjeros", afirmación interesada que deja amplio margen a la manipulación mediática (https://bit.ly/2SvrmPG). Las llamadas "amenazas híbridas", pueden ser violentas o no violentas, lo que permite incluir casi cualquier conflicto social como amenaza para el Estado.

De algún modo, se está repitiendo la historia de la guerra fría: cualquier lucha social puede ser acusada de favorecer a cualquier potencia con ambiciones globales o regionales.

En América Latina, este concepto se está enfocando en contra de los movimientos antisistémicos, en particular por parte de los militares brasileños. Los centros de pensamiento militar incluyen las luchas populares en el contexto de una "guerra híbrida", como sucede con las acciones del Movimiento Sin Tierra y con las ocupaciones de escuelas secundarias, en particular las sucedidas en 2016.

Un reciente artículo en la página Defesanet del general en la reserva Carlos Alberto Pinto Silva, ex comandante del Comando Militar del Oeste, del Comando Militar del Sur y del Comando de Operaciones Especiales, titulado "Insurgencia Moderna", pone en la lupa tanto a la izquierda electoral como a los movimientos juveniles radicales (https://bit.ly/31mv0zC).

El general no oculta su satisfacción por la caída de Dilma Rousseff y el triunfo de Jair Bolsonaro, porque ambos hechos muestran que "la vía pacífica para la conquista del poder se desmoronó". Ahora el "socialismo marxista" se empeñará, señala el general Pinto, en el “modo hard” para la toma del poder mediante"protestas, manifestaciones sindicales y uso de los movimientos sociales".

Los estrategas militares consideran las manifestaciones sindicales y los movimientos sociales como "amenazas híbridas", así como las autonomías indígenas porque intentarían "desagregar" los Estados. Desconsideran las demandas de los movimientos y niegan la existencia de pueblos, porque su objetivo consistiría en "desestabilizar a los gobernantes, desacreditar a las autoridades y crear caos en la sociedad, provocando una crisis política" (https://bit.ly/31mv0zC).

Aunque el concepto de guerra híbrida parece poco convincente, es funcional a las estrategias del 1 por ciento más rico del mundo, que los militares se empeñan en defender. Por eso consideran que llegó el momento de poner freno al menor desafío a su dominación, sea de carácter electoral, armado o de movimientos.

Las diversas formas de la contrainsurgencia, desde la guerra de baja intensidad hasta la guerra híbrida, pasando por la guerra asimétrica, han conseguido neutralizar desde las guerrillas hasta la opción electoral, mostrando que las leyes y constituciones son apenas hojas de parra para cubrir la dominación sistémica.

Por tanto, nos toca repensar nuestras estrategias, como señalaba Immanuel Wallerstein. Seguir empeñados en ocupar el palacio es tanto como administrar lo que existe: un modelo neoliberal extractivo que bloquea cualquier cambio programado desde arriba. Peor aún: no tenemos una estrategia global lista para ser ensayada.

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 Luis Felipe López-Calva, director del PNUD para América Latina y el Caribe. UN

El director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolo (PNUD) en América Latina y el Caribe destaca la relación entre desigualdad y gobernanza como diagnóstico para afrontar los desafíos de la región

 

América Latina atraviesa por una etapa de convulsión. Las crisis políticas de la región, las protestas, las demandas de cambio y las reivindicaciones de los ciudadanos llevan meses evidenciando debilidades estructurales y forzando a algunos Gobiernos a mirarse en el espejo. Detrás de estas turbulencias, que se han dado de forma casi paralela aunque responden a especificidades distintas, hay una premisa común: la desigualdad. Pero la brecha social, de alguna manera, siempre estuvo ahí. Por lo que cabe preguntarse, ¿por qué ahora? Luis Felipe López-Calva, director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cree que, antes de nada, "hay que entender mejor la relación entre gobernanza y desigualdad".

El economista mexicano, que presenta este lunes en Bogotá el informe anual sobre desarrollo humano elaborado por el organismo de la ONU, incide en la importancia de ese vínculo en conversación con EL PAÍS, ya que "la relación entre desigualdad y gobernanza puede generar este de tipo de procesos de mucha conflictividad y eventualmente, lamentablemente, de violencia". En su opinión, se dan tres factores de tensión. "Desde el punto de vista económico, la desaceleración". Este es el punto de partida que alentó, por ejemplo, las protestas en Chile, en Colombia y en cierta medida en Ecuador. "La economía latinoamericana tuvo un proceso muy importante de crecimiento para estándares latinoamericanos", razona. "Se redujo la pobreza monetaria del 44% al 24%, de acuerdo con datos del Banco Mundial. No es un logro menor. Y ahora las expectativas crecientes de la población latinoamericana se ven afectadas por un proceso de paro económico. No recesión, pero sí desaceleración. La pobreza multidimensional, con más del 30% de la población, se redujo mucho pero los retos son muy grandes. Ese proceso que tenía Latinoamérica de ir hacia convertirse eventualmente en una sociedad de clase media, fuerte, se interrumpe".

El vendaval económico expone a la región y la hace más vulnerable a fenómenos como la migración. Colombia, concretamente, aplicó una política de puertas abiertas ante éxodo de venezolanos. Millones de personas huyen del régimen de Nicolás Maduro y en el país vecino ya se han instalado más de 1,5, camino de dos. "No esperábamos que en la región crecieran los flujos migratorios de la manera en que lo están haciendo, que por cierto es una forma extrema con la que las personas procesan su desencuentro con la gobernanza. En muchos casos por razones de violencia, económicas o por razones aspiracionales la gente simplemente decide que tiene que moverse. Ese es un segundo aspecto que genera también tensión social", reflexiona López-Calva, que añade un tercer elemento: "Es el tema ambiental. Solo este año hemos visto los incendios en la Amazonia, la Chiquitanía en Bolivia y un huracán de dimensión inusitada en el caso de Bahamas. Esta situación demanda que la gobernanza responda de una manera efectiva".

"Cuando hablamos de gobernanza", continúa el responsable del PNUD para Latinoamérica, "estamos hablando de acuerdos entre actores". "Y hay dos acuerdos básicos: de políticas públicas, como salud, educación e infraestructuras, y acuerdos respecto a las reglas del juego, sobre cómo cambiamos de Gobierno, cómo votamos". "La desigualdad puede afectar la capacidad de esos actores de estar en esa mesa. En Chile, es muy interesante ver que después de las movilizaciones, el Gobierno responde diciendo 'aquí está un nuevo paquete de políticas'. Pero la ciudadanía dice que no, que eso no es suficiente y quiere un cambio en las reglas del juego. Por eso tenemos que relacionar desigualdad con gobernanza".

En cualquier caso, según este funcionario de Naciones Unidas, "es muy importante diferenciar los procesos que están llevándose a cabo". Es decir, no es lo mismo lo que ocurrió en Chile, en Ecuador que lo que pasa en Colombia, aunque siempre existen lineamientos comunes. "El aspecto aspiracional es importante tenerlo ahí, en el sentido de que las aspiraciones de muchos grupos no se ven satisfechas. Veamos el caso de la violencia, por ejemplo. Latinoamérica y en el Caribe tienen el 8% de la población global, pero al mismo tiempo el 36% de las muertes violentas a nivel global. Catorce de los 20 países más violentos están en nuestra región y es algo a lo que la sociedad tiene que reaccionar. Según el Latinobarómetro más reciente, más del 75% de los ciudadanos dijeron que el sistema político está al servicio de los más poderosos. Estamos hablando de que esa desigualdad ha minado la confianza en las instituciones. Y por tanto la capacidad de las instituciones de procesar esos acuerdos", mantiene López-Calva. Y corrupción, por supuesto, es uno de los determinantes de la caída en la confianza en los Gobiernos.

Por eso, recalca, "hay que recuperar la noción básica de legitimidad". Y para eso quizá América Latina tenga que ir más allá en el fortalecimiento de los controles al poder. "Hay un poder muy fuerte centralizado y débiles controles a ese poder centralizado y eso dificulta la construcción de acuerdos. Hay otras democracias que buscan la legitimidad no solamente en las urnas sino también en la forma en la que se construyen los acuerdos". La rendición de cuentas es el primer paso. Pero, por encima de todo, según el responsable del PNUD, se trata de profundizar la relación entre desigualdad y buen gobierno. Un asunto que tiene que ver con todos los desafíos de la región y del que, en buena medida, dependen las oportunidades de futuro.

Por FRANCESCO MANETTO

Bogotá 9 DIC 2019 - 00:16 COT

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América Latina, ofensivas conservadoras y vuelta a la guerra de clases

Los países de América Latina están viviendo actualmente conflictos de clase muy potentes y una represión con actuaciones enormemente violentas por parte de las fuerzas reaccionarias y estatales. En esta entrevista, Franck Gaudichaud 1/ aborda la situación en algunos países y las dinámicas de las luchas populares en curso en toda la región.

Antoine Pelletier: Hace algunos meses atrás se comentaba el “fin” del ciclo progresista en América Latina. Ahora, parece que se empieza a gestar una nueva situación. Por una parte, las clases dominantes están a la ofensiva, por otra, las resistencias al neoliberalismo se expresan tanto en las calles, como en las urnas.

Franck Gaudichaud: Efectivamente, ha habido un debate sobre si asistimos sensu stricto al llamado fin de ciclo de los gobiernos progresistas, nacional populares o de centro izquierda: desde el violento fin de la gestión del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil hasta la crisis sin fin en la Venezuela de Nicolás Maduro, pasando por Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador... En realidad, lo que se confirma más que un “fin” es el reflujo turbulento de esas experiencias y lo que aflora más que nunca son los límites estratégicos y las contradicciones de estos diferentes proyectos y sus regímenes políticos. Me remito al ensayo que acabamos de publicar sobre este tema con Jeff Webber y Massimo Modonesi 2/. Especialmente, con la crisis económica mundial y el agotamiento más o menos profundo según los países de los proyectos neodesarrollistas y neoextractivistas progresistas, se entró en una coyuntura caótica y difícil, en la que las clases dominantes, los sectores conservadores, las élites mediáticas, las burguesías financieras, las iglesias evangélicas y la extrema derecha militarista están a la ofensiva por todas partes. Esto es particularmente cierto tras la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, país clave en la geoestrategia regional; victoria que se inscribe en la estela del triunfo del golpe de Estado parlamentario contra Dilma Roussef, y después con el encarcelamiento ilegal e ilegitimo de Lula.

Al mismo tiempo, no existe ninguna estabilidad para esta ofensiva conservadora y/o reaccionaria; parece que las clases dominantes no encentraron la llave para asentarse de nuevo en el poder, con cierto nivel de consenso, y para construir una nueva hegemonía neoliberal-autoritaria. En Argentina, el neoliberal Mauricio Macri ha sido descabalgado por las urnas y su mandato ha estado marcado por un hundimiento económico dramático, a pesar de -o más bien deberíamos decir a causa de- la ayuda gigantesca del FMI dirigido por Christine Lagarde. En México, apareció un progresismo tardío con la victoria de López Obrador (centro izquierda), que, seguramente, no encarnará esa gran transformación anunciada, pero que, sin embargo, constituye un freno relativo a comparación con los ejecutivos neoliberales precedentes. En Venezuela, la ofensiva de la oposición apoyada a duras penas por Washington con la autoproclamación de Juan Guaidó (a finales de febrero de 2019) y la asfixia económica del país, fracasó lamentablemente. Sin embargo, el gobierno Maduro permanece enormemente debilitado, y sigue marcado por el autoritarismo, la mala gestión y la corrupción masiva, tampoco es capaz de remontar la pendiente de la economía cuando en paralelo las sanciones estadounidenses pesan mucho sobre las condiciones cotidianas de vida. Pero, hecho fundamental para el gobierno bolivariano, las Fuerzas Armadas Bolivarianas han permanecido leales al poder madurista. Otro ejemplo de la coyuntura indecisa actual, Uruguay, donde la derecha acaba de poner fin a quince años de gobiernos socialdemócratas del Frente Amplio, después de una apretada victoria en la segunda vuelta de las elecciones, con el apoyo de la extrema-derecha militarista.

Frente a esta ofensiva conservadora no estabilizada, se constata una recuperación de fuerzas populares descontentas y de las resistencias colectivas que se expresan indirectamente en las urnas con, por ejemplo, la victoria peronista en Argentina, pero, sobre todo, por abajo, con un reguero de luchas sociales. También se ve con la gran victoria democrática de la puesta en libertad de Lula (sin que por ello haya salido libre del proceso judicial) en Brasil. En resumen, hay una recomposición de la lucha de clases muy potente que configura un periodo marcado por la incertidumbre, tanto desde el punto de vista del poder como de las clases populares. Estas intentan reorganizarse, pero en un contexto degradado y sin siempre hacer el necesario balance crítico del periodo anterior, el de la “edad de oro” progresista (2002-2013). Otro dato importante: la amplitud de la represión estatal y de la criminalización de los movimientos populares con decenas de muertos en toda la región (de Chile a Honduras pasando por Bolivia), prácticas de tortura, violaciones y feminicidios por parte de una policía militarizada, desapariciones y detenciones ilegales. Desde mi punto de vista, la urgencia está políticamente ahí para quienes vivimos en Europa: ¿qué campaña de solidaridad internacionalista, amplia y unitaria, hacer para poner freno inmediatamente a estas prácticas de terrorismo de Estado? ¿Cómo aumentar la presión sobre nuestros propios gobiernos y la UE, que mira para otro lado y apoya de lleno los Estados responsables de estas violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales?

P.: Chile, Ecuador, Haití y ahora Colombia, la lista de los movimientos populares se alarga. ¿Qué se puede decir de estos movimientos, de sus raíces y sus perspectivas?

G.:Según diversos observadores, después de las primaveras árabes o el movimiento de los indignadosen el Estado español, estamos en un contexto de revueltas globales y las insurrecciones latinoamericanas resuenan con los ecos lejanos de Líbano, Irak, Argelia, Hong-Kong o incluso, con los chalecos amarillos de Francia. Quizás es una generalidad decirlo, pero se trata de resistencias al neoliberalismo y contra el autoritarismo en un contexto de crisis de legitimidad de los sistemas políticos actuales, percibidos como dominados por “castas” políticas donde reinan el clientelismo, la soberbia y la corrupción. Si se habla de Chile, de Haití, de Ecuador, de Colombia, está claro. No obstante, no se trata de luchas globalizadas, dependen antes que nada de consideraciones locales y relaciones de fuerzas nacionales (incluso si existen influencias mutuas reales, especialmente, vía redes sociales y circulación de repertorios de acción). Este rechazo del “sistema” tiene diferentes dimensiones más o menos fuertes según el país: la cuestión de la corrupción, central en Haití, la del modelo económico y el autoritarismo en Chile, en Ecuador y en Colombia. Se trata de crisis que nacen de la precarización generalizada de la vida, de la naturaleza y del trabajo en la era neoliberal en los países del sur global. Es necesario tomar el pulso al descontento acumulado a lo largo de los últimos decenios, a las dificultades cotidianas para millones de personas para vivir y tener vivienda en las grandes ciudades o en los espacios rurales contaminados y controlados por las multinacionales, etc. y también entender la dimensión de la rabia de las y los de abajo al constatar la incapacidad de regímenes políticos muy poco democráticos para responder a estas expectativas mientras que la riqueza se acumula en un extremo de la sociedad. En el caso chileno, se trata nada menos que de poner fin a la Constitución de Pinochet, todavía vigente, hoy, en 2019

P.: La pequeña burguesía (las clases medias) juega un papel importante en las manifestaciones populares, pero con trayectorias diferentes.

G.: En Chile, asistimos ante todo a una explosión de la juventud precarizada, es el alumnado de colegios e institutos, a menudo muy jóvenes, que han saltado las barreras del metro y han rechazado pagar los treinta céntimos de aumento para los billetes del metro más caro del mundo (en relación al poder adquisitivo). Verdaderamente, es una juventud que sale de los sectores populares o de las capas medias precarizadas. Globalmente, en los países del sur, amplias capas de la “pequeña burguesía” están muy precarizadas, endeudadas, sin trabajo estable y – en algunas coyunturas- acaban por seguir y acompañar las movilizaciones populares. Un elemento importante es el nivel de escolarización. Actualmente existe una juventud latinoamericana (urbana pero también rural) escolarizada, más diplomada que antes, conectada a las redes sociales, menos afiliada a los partidos políticos y sindicatos que en los años setenta y que entra en la lucha de forma más o menos espontánea y muy explosivafrente a medidas inmediatas, aunque – obvio - en momentos diferentes en cada país.

El contenido antiliberal, antiautoritario, democrático de los movimientos sociales antagónicos actuales es muy claro en Chile, en Ecuador, en Haití y ahora en Colombia, con una huelga general de una amplitud que no se había visto desde hace décadas. Al mismo tiempo, hay ingredientes locales esenciales. Por ejemplo, la cuestión del proceso de paz en Colombia que el gobierno de Duque y el uribismo han intentado torpedear por todos los medios. En Chile, la arrogancia patronal de Piñera y la militarización del espacio público han acelerado la movilización (reactivando la memoria traumática de la dictadura de Pinochet). En Ecuador, el gobierno Moreno (salido de Alianza País), se alineó con el neoliberalismo, el FMI, Estados Unidos y la patronal de Guayaquil. En Haití, el elemento fundamental es el rechazo a la casta corrupta y al ejecutivo de Jovenel, pero también las consecuencias de quince años de ocupación del país por tropas de la ONU, en particular brasileñas.

Bolivia tomó un camino distinto: también existe allí un descontento social real acumulado pero no frente al neoliberalismo, sino más bien frente al caudillismo de Evo Morales, que se presentó a las elecciones para un cuarto mandato a pesar del resultado del referéndum de 2016 [en el que resultó derrotada su propuesta de poder hacerlo], gracias a una decisión un tanto polémica del tribunal constitucional. Aunque durante los 14 años de evismo, la pobreza haya disminuido muy significativamente y se haya construido un Estado más social y plurinacional, también existen críticas sobre el modelo de desarrollo extractivista y un creciente divorcio entre la gestión gubernamental y una parte del movimiento popular. Sin embargo, el hecho fundamental para explicar el golpe de Estado contra Evo es la capitalización política de este descontento ciudadano por la derecha dura, por el comité cívico de Santa Cruz y las corrientes evangélicas reaccionarias. Camacho, el líder neofascista de las llanuras orientales, aprovechando la debilidad del MAS que perdió parte de su capacidad de movilizar a sus bases históricas, encabezó este movimiento heterogéneo donde se encuentran sectores populares, latifundistas, organizaciones indígenas, patronal, etc. Estamos en un equilibrio de fuerzas diferente. El giro de una parte de las nuevas clases medias apoyando el golpe jugó también su papel: después de aprovecharse de la buena gestión del MAS, del triple aumento del PIB y hoy tienen expectativas a las que el MAS no dio respuesta. Al mismo tiempo, la gestión profundamente clientelar de las relaciones entre las organizaciones populares y el MAS (que más que un partido es una especie de federación de organizaciones sociales) no contribuyó a blindar el gobierno frente a este tipo de desestabilización. En fin, también habría que desarrollar más y entender en detalle lo que tiene que ver con la acción del imperialismo en el golpe, que cada día aparece como más decisiva, no solo a través de la OEA en la denuncia del fraude electoral, sino también a través del apoyo activo, desde 2005, a los sectores de derechas y a los separatistas de la parte oriental, que buscaban derrocar a Morales.

P.: El movimiento feminista parece especialmente potente en América Latina. ¿Podemos hablar de una nueva “ola feminista” que atraviesa todo el continente?

G.: Las luchas de las mujeres y el movimiento feminista son un actor clave en la recomposición de la lucha de clases y del movimiento popular antagónico en la región. Están fuertemente ancladas en la juventud y no solamente estudiantil. Han logrado establecer vínculos con una parte del movimiento sindical y del movimiento campesino. Eso se ve, por ejemplo, en la importancia del movimiento de mujeres y feminista en las luchas populares de Brasil y del Movimiento Sin Tierra (MST).

Al mismo tiempo, es un movimiento amplio, continental, transnacional, con especificidades locales. La dinámica argentina tuvo influencia en Chile, especialmente con el potente movimiento “Ni una menos” y con la lucha por el aborto, con el símbolo del pañuelo verde que se convirtió en emblema internacional. Este movimiento desbordó las fronteras e inspiró al otro lado de la Cordillera, las luchas feministas chilenas. Estas tienen sus reivindicaciones y dinámicas propias; sobre todo, después del movimiento universitario en 2018 con la masiva ocupación de las universidades en contra los abusos sexuales y la educación sexista. El movimiento en Chile se dispara con la gran huelga de marzo de 2019 y la creación anterior de la Coordinadora del 8 de Marzo que agrupa a decenas de organizaciones. El movimiento feminista latinoamericano de la última época demostró que es posible articular enfoque unitario y radicalidad, convirtiéndose en un movimiento de masas y popular. En mi opinión, encarna una gran esperanza para cualquier transformación democrática profunda, no solo antipatriarcal sino también decolonial y anticapitalista. Es un movimiento que se define contra la precarización de la vida e integra trabajadoras y trabajadores, migrantes, las reivindicaciones indígenas, las luchas LGBTQI+, etc.

En México, la lucha contra la violencia neoliberal y los numerosos feminicidios (no solo en Ciudad Juárez) constituyó un eje central de este movimiento sin que, hasta este momento, llegue a transformarse en un movimiento nacional masivo. También hubo avances en relación a la despenalización del aborto (en el estado de Oaxaca y en México capital). En Brasil, las luchas feministas con la campaña “Ele Não” (“Él no”) contra el ascenso de Bolsonaro, o incluso la gran marcha de las margaritas de centenares de miles de mujeres rurales en agosto de 2019, confirman ese compromiso. Esta última fue una marcha masiva, nacida en el feminismo comunitario campesino. Se articula con el papel jugado por militantes de la izquierda radical, más urbana, como lo era Marielle Franco, asesinada por los esbirros de Bolsonaro.

Hay una nueva ola feminista pero no en el sentido europeo o estadounidense. Es más bien, un momento histórico, muy importante, de las luchas de las mujeres y de los feminismos (que son plurales), con también algunas influencias venidas del norte, del movimiento del Estado español y la huelga feminista que une a teóricas como Silvia Federici, Cinzia Arruzza y otras, pero que parte y, sobre todo, está anclado en las entrañas de las especificidades de la América Indo-Afro-Latina.

P.: Otros actores especialmente importantes en Latinoamérica son los movimientos campesinos e indígenas. ¿Cómo se puede comprender el papel progresista de esas fuerzas y en particular, su relación con el movimiento obrero?

G.: Ahora que conmemoramos los 25 años del surgimiento de la rebelión indígena, campesina, antineoliberal y anticapitalista neozapatista en Chiapas, creo que tendría un gran mérito extraer las lecciones de esta experiencia capital y también reactivar las redes de solidaridad con el proceso zapatista que dura desde hace un cuarto de siglo en un territorio tan grande como Bélgica y que emprendió la construcción de formas alternativas de gobierno y de vivir en un mundo al borde del colapso... El zapatismo ha logrado resistir los asaltos de las fuerzas militares mexicanas y construir, en positivo, un nuevo relato de cómo intentar, a duras penas, forjar una perspectiva poscapitalista, estando abierto a todas las luchas internacionalistas, conectado con el pueblo kurdo y con otras muchas luchas, poniendo en marcha la cuestión del comunalismo, pero a partir de las coordenadas de los pueblos mayas de Chiapas, elaborando la confluencia entre los territorios indígenas y la construcción de un poder político democrático innovador, etc. Esta experiencia es fundamental para pensar las alternativas para el siglo XXI. Por supuesto que hay límites y muchos problemas no resueltos (especialmente, en el plano económico), como lo reconocen allí mismo. La relación con las otras izquierdas mexicanas también es difícil, a menudo. Pero cuando se ve el hundimiento del chavismo en Venezuela, la ausencia de transformaciones estructurales en Argentina, la trayectoria del PT en Brasil o del Frente Amplio en Uruguay, el balance de quince años de progresismo es bastante limitado y contradictorio. Así que, a mi modo de ver, hay que volver a la experiencia zapatista y su concepción del poder desde abajosin caer en la cantilena estratégica de “cambiar el mundo sin tomar el poder: cambiemos el mundo transformando el poder parece que nos dice el zapatismo...

En relación a los actores movilizados en el resto del subcontinente, se podría aventurar que asistimos al retorno de la emergencia plebeya destituyente, como a finales de los años 90 o principios de los años 2000, durante las grandes confrontaciones frente al neoliberalismo, con la CONAIE 3/ en Ecuador, la dinámica del Movimiento Sin Tierra en Brasil, la “guerra” del agua y del gas en Bolivia, el qué se vayan todos en 2001 en Argentina e incluso ante las revueltas urbanas del tipo Caracazo en Venezuela. Son actores variados, salidos de formaciones sociales en las que lo popular engloba una gran multiplicidad de fracciones de clase. En las últimas semanas, vimos de nuevo movilizados -según el país- movimientos indígenas y de la clase trabajadora, las y los sin techo, gente parada (los piqueteros), jóvenes, las y los mismos que habían abierto un nuevo ciclo político posneoliberal a principios del siglo XXI.

Hoy asistimos a una nueva explosión plebeya, en la que las y los indígenas, se ha visto en Ecuador, juegan un papel central. Son capaces de hacer temblar al gobierno neoconservador de Lenín Moreno. En Brasil, habrá que ver cómo se va a posicionarse el MST, porque los vínculos con el PT han sido muy fuertes durante mucho tiempo, lo que le ha paralizado ampliamente. Pero, con el movimiento contra las represas (MBA), el movimiento de las margaritas, las luchas ecoterritoriales alrededor de la Amazonia y frente a la ofensiva de la extrema derecha, hay una reactivación de las resistencias. Los sectores campesinos e indígenas están en el centro de los ataques del neoliberalismo, se encuentran también entre los decepcionados de las experiencias progresistas y, por lo tanto, encarnan un actor muy importante. Mientras Evo Morales y Garcia Linera están en el exilio en México, son los Ponchos Rojos 4/ quienes llevan la ofensiva para responder a la dimensión ultra violenta del golpe de Estado boliviano.

Esto no impide que también haya resistencias obreras y urbanas; son fundamentales pues están el corazón de la relación capital-trabajo. En Ecuador, ha sido la unión de los movimientos urbanos e indígenas la que ha dado dinámica nacional a la revuelta contra Lenín Moreno. En Chile, el movimiento salió, sobre todo, de las poblaciones urbanas, de la juventud urbanizada y escolarizada, de una parte de la pequeña burguesía, pero también del sindicalismo: la Unión Portuaria de Chile está en el centro de la revuelta actual y del movimiento de la huelga nacional, al igual que una parte de las organizaciones sindicales en la Mesa de la Unidad Social alimenta esta rebelión. En mi opinión, incluso es ahí donde se va a jugar la salida de la crisis chilena: la capacidad de la clase trabajadora de entrar en movimiento nacional y bloquear la economía será la batalla decisiva contra Piñera y contra la represión del Estado, inédita desde 1990.

Pero también hay contradicciones desde este lado: en Bolivia, una parte de la dirección de la Central Obrera (COB), con su llamamiento a la renuncia de Morales para “pacificar el país”, se puso de hecho del lado de los militares y, por tanto, ¡apoyó el golpe de Estado! El movimiento obrero no está siempre listo para la lucha, lejos de eso. Las grandes centrales, la CUT chilena, la CUT brasileña, tienen grandes dificultades para volver a articular un movimiento de resistencia frente a los gobiernos de extrema derecha o neoliberales, porque desde hace tiempo son correas de transmisión de varios partidos “progresistas”. Y uno de los desafíos del periodo es precisamente reconstruir un sindicalismo combativo e independiente de las instituciones, arraigado en los lugares de trabajo y territorios.

Por Antoine Pelletier

Viento Sur

Artículo publicado en el mensual L’Anticapitaliste (NPA)

 

Traducción: viento sur

Notas:

1/ F. Gaudichaud es profesor de historia latinoamericana en la Universidad de Toulouse Jean Jaurès (Francia) y miembro del comité editorial de la revista Contretempshttps://www.contretemps.eu.

2/ En castellano, disponible en línea: http://ciid.politicas.unam.mx/www/libros/gobiernos_progresistas_electronico.pdf.

3/ Confederación de las nacionalidades indígenas de Ecuador (NdelT).

4/ “Milicia” de la etnia aymara, originaria de la región del lago Titicaca en el cruce de Bolivia, Perú, Argentina y Chile (NdelT).

Publicado enInternacional
Viernes, 06 Diciembre 2019 06:27

El Estado policial democrático

El Estado policial democrático

Las revueltas en curso en América Latina tienen la enorme virtud de desnudar aspectos del régimen de dominación que en la grisura de la vida cotidiana pasan desapercibidas y son normalizadas, incluso por sus víctimas. Comprendemos así que el Estado –cuando se le quitan los caireles de la rima (León Felipe)– cuando se le desnuda de todo adorno democrático, ciudadano, etcétera, queda reducido apenas a su núcleo duro: los aparatos armados.

Estos días, en Chile puede comprobarse, hasta la saciedad, que el gobierno de las personas lo ejercen los carabineros y militares, que son quienes sustituyen la tecnología de la disciplina (desde la familia nuclear hasta la escuela, la división del trabajo y todo panóptico) por el uso de la violencia, asesinando, mutilando y violando por cientos.

Finalmente, eso es el Estado. Un instrumento de dominación implacable, imposible de gestionarlo sin apelar, en última o en primera instancia –dependiendo de las coyunturas y disposición de fuerzas sociales–, a la represión.

En medio de las revueltas populares observamos cómo va cobrando forma un Estado policial, en plena democracia o, mejor, de carácter democrático, ya que se cumplen las formalidades electorales sin que por eso se ponga en cuestión el modelo de dominación. La elegibilidad de algunos cargos del Estado, contrasta con la no elegibilidad de los mandos militares y policiales, así como jueces y burócratas de diversos estamentos estatales.

Luego de 30 años de democracia electoral en Chile, nos encontramos que esos estamentos siguen siendo pinochetistas. Que luego de 13 años de gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil, los militares siguen siendo tan golpistas como en 1964. Exactamente lo mismo sucede en Uruguay, luego de 15 años de gobiernos del Frente Amplio, y en Bolivia, después de casi 14 años del MAS en el gobierno.

En Chile, el general de Carabineros, Enrique Bassaletti, jefe de la zona este de la Región Metropolitana, salió al cruce de quienes acusaban a la fuerza de violar los derechos humanos. Luego de señalar que la sociedad sufre una enfermedad grave por el estallido, dijo: Supongamos que sea un cáncer (...), cuando el tratamiento para éste se hace con quimioterapia, en algunos casos y en otros con radioterapia, se matan células buenas y células malas (https://bit.ly/33Hke6o).

Ese es el tipo de uniformados que tenemos, luego de décadas de finalizadas las dictaduras. Por eso sostengo que son actitudes que ya no dependen de una o varias personas, tienen carácter estructural. El Estado policial democrático es el modo encontrado por los de arriba para sostener el régimen de dominación, que tiene en el extractivismo/neoliberalismo su régimen de acumulación y de regulación de las relaciones sociales.

Se puede decir, incluso, a la inversa. La acumulación por despojo necesita de un Estado represivo, de carácter policial, pero que debe estar legitimado por el ejercicio regular del acto electoral. Este acto no puede poner en cuestión ni el Estado policial ni el régimen de acumulación del capital, porque en ese caso los resultados son inmediatamente invalidados por antidemocráticos.

En suma, la llamada democracia sólo merece ese nombre cuando es funcional a la dominación, que en este periodo incluye lo que Giorgio Agamben denomina estado de excepción permanente. El filósofo italiano define esta situación como una guerra civil legal contra aquellos sectores que por diversas razones no pueden ser integrados ni, por ende, dominados.

Agamben se inspiró en el nazismo y sus campos de concentración, para llegar a esa conclusión.

En América Latina los no integrables, o descartables, son los pueblos originarios y negros, los sectores populares y trabajadores, o sea los y las de abajo. Es la experiencia fresca de las revueltas en curso, lo que estos días hemos visto en Chile, pero sobre todo en cada lugar donde los dominados se rebelan, lo que nos permite hablar de un Estado policial democrático.

En este tipo de Estado, la vida de las personas no vale nada, en particular aquellas que viven en las zonas del no-ser (Fanon), allí donde la humanidad no es respetada y la violencia es el modo de regulación de las relaciones entre la sociedad y las autoridades estatales y empresas privadas. En Santiago, los carabineros cercaron barrios enteros e ingresaron por la fuerza en las viviendas particulares, siempre en la periferia popular y combativa. La democracia funciona para el tercio de arriba.

Por último, sería penoso que las izquierdas electorales siguieran compitiendo para administrar este Estado Policial, como hizo Lula en Brasil, cuyo gobierno siguió militarizando las favelas y creó formas más sofisticadas de presencia policial en los barrios populares.

El único camino razonable es organizarnos con la mayor cautela en los campos de concentración que el Estado policial democrático ha convertido a nuestros barrios, con el objetivo de derribar las alambradas cuando los guardias se descuiden.

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