Sábado, 06 Enero 2018 08:13

Un freno a las falsas noticias

Macron, víctima de noticias falsas el año pasado.

 

Francia y Alemania hacen leyes y las redes sociales toman medidas

El jefe de Estado francés explicó que se trata de “proteger la democracia” de una ola de “propaganda modulada a través de miles de cuentas en las redes sociales que propagan cuentos inventados para ensuciar a una figura pública”.

 

Desde París

“Fake news”, “hechos alternativos” programados desde las profundidades de la cultura política del presidente norteamericano Donald Trump o “realidad alternativa”, la última versión de la manipulación de masa asumida por Margarita Simonián, la directora de Rusia Today y del portal que difunde a Sputnik, la mentira y la falacia se han vuelto un negocio y un terreno de confrontación de las potencias mundiales donde ha perdido no sólo la verdad sino, también, la transparencia democrática. Las tres principales plataformas de propagación de falsedades, Twitter, Facebook y Google, anunciaron una serie de medidas contra ese satanás contemporáneo. A partir del primero de enero Alemania empezó a aplicar la llamada ley «NetzDG» que sanciona con una multa de 50 millones de euros a las redes sociales que no supriman las informaciones “odiosas” o los “fake news”. A Berlín le sigue ahora París con el anuncio hecho por el presidente francés, Emmanuel Macron, de aplicar próximamente una ley contra las noticias falsas y las plataformas que las expanden, y ello durante las campañas electorales. La medida, controvertida en su mismo principio, suscitó una ola de reacciones críticas e impugnaciones desde todos los sectores políticos, principalmente aquellos, como la extrema derecha, que han elevado las “fake news” a la categoría de arma de disuasión masiva.

El jefe del Estado francés explicó que se trata de “proteger la democracia” de una ola de “propaganda modulada a través de miles de cuentas en las redes sociales que, en tan sólo un instante, propagan en todo en mundo, en todos los idiomas, cuentos inventados para ensuciar a un responsable político, a una figura pública o a un periodista”. Emmanuel Macron tiene una cuenta pendiente con esas “fake news”. Durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de abril y mayo del año pasado, Macron fue una víctima directa de esa metodología e, incluso, llegó a denunciar en presidencia del presidente ruso Vladimir Putin a Rusia Today y Sputnik por actuar como “órganos de influencia y de propaganda”. El mandatario adelantó algunos de los dispositivos de esta futura ley cuya meta es, según dijo, doble: “responsabilizar a las plataformas y los difusores en internet” y, en ese contexto, someterlos a obligaciones como, por ejemplo, imponerles una “transparencia más fuerte en torno a todos los contenidos auspiciados con el fin de hacer pública la identidad de esos anunciantes y de quienes los controlan y, a la vez, limitar los montos consagrados a esos contenidos”. El texto en preparación permitiría que en cuanto una “plataforma difunde fake news, la persona concernida cuenta con la posibilidad de dirigirse a un juez para que sea retirada en un plazo de 24 a 48 horas después de publicada la información”. Igualmente, se prevé una suerte de mecanismo para que las instancias de supervisión del campo audiovisual puedan intervenir ante los canales de televisión bajo control de Estados extranjeros e impedir que irrumpan como entes de desestabilización. Aunque Emmanuel Macron no mencionó a ningún medio en particular, para muchos analistas e editorialistas resulta obvio que esta batería de medidas va dirigida muy especialmente a Rusia, cuyo canal Rusia Today ya empezó a emitir en Francia. Sin embargo, el objetivo presidencial fue puesto en tela de juicio de forma severa en un editorial publicado por el vespertino Le Monde. “Qué lindo tema”, ironizó Le Monde. El vespertino admite que “las fakes news se han convertido en una de las armas de guerra tecnológica de la información que ciertos regímenes autócratas llevan a cabo en las democracias occidentales, en cuyo primer puesto, sin nombrarla, Emmanuel Macron pone evidentemente a Rusia”. No obstante, el diario advierte que “ese tipo de ambición legislativa, en un campo tan movedizo y complejo como las tecnologías digitales y en un tema tan crucial como la libertad de la prensa, es por naturaleza peligrosa”.

Muchos comentaristas señalan al respecto que ya existe una ley...de 1881 que permite “castigar” la “difusión, la reproducción de noticias falsas, de elementos fabricados, falsificados o falsamente atribuidos”. Los abanderados de las falacias, los círculos de la extrema derecha francesa, salieron de inmediato al paso de la iniciativa presidencial. La líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, preguntó en un tweet si acaso “¿Francia sigue siendo una democracia cuando le pone un bozal a sus ciudadanos? Muy inquietante”. La izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon se pronunció en el mismo sentido mientras que los expertos apuntan a los límites de una ley como la planteada por el presidente francés. Lo que está es juego consiste en saber si es el Estado quien decide lo que es falso y lo que no. Es lícito admitir que la avalancha de mentiras, la inocencia de la opinión pública o, a menudo, sus opciones ideológicas, llevaron a que se despoje a la prensa de su misión y se la reemplace por un destructor sistema de falacias y cuentos imposibles de verificar. Ello, sin embargo, no legitima al Estado como arbitro. La historia contemporánea prueba hasta qué punto los Estados democráticos desencadenaron desastres y guerras justificadas con mentiras. Dos siguen aún vigentes, o al menos sus consecuencias. La prensa francesa recuerda que el ex secretario de Estado Norteamericano, Colin Powell, presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas “pruebas irrefutables” sobra las armas de destrucción masiva que detentaba el difunto presidente iraquí Saddam Hussein. La segunda Guerra de Irak (2003) se justificó con ese argumento pero las armas jamás existieron y fueron llamadas luego “armas de desaparición masiva”. El también ex Primer Ministro británico Tony Blair procedió de la misma manera en el Parlamento británico. Presentó “pruebas” llenas de falsas informaciones. En la Argentina, la palabra oficial buscó empeñosamente empañar la verdad sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Entonces ¿cómo puede un Estado pretender regular la verdad ? Glenn Greenwald, el periodista norteamericano fundador del portal The Intercept, quien publicara en el diario británico The Guardian (a partir de 2013) las revelaciones del ex agente de la CIA Edward Snowden sobre el espionaje planetario de la NSA, Agencia de Seguridad Americana, escribió: “fake news es una expresión retórica sin definición. Se la pueda asimilar a una forma de propaganda. Trump se la apropió para atacar al periodismo. Ahora, Macron la utiliza para conducir un control oficial de internet”. Las opiniones están, de hecho, divididas. Se admite que algo hay que hacer, pero de pronto no con el Estado como regulador central de lo que es verdad o no. Las opiniones públicas están llamadas a desempeñar un papel preponderante. Ellas son las manipuladas, las destinatarias de las mentiras. Se le exige a la prensa rigor y verdad. Tal vez los lectores tengan también que modificar sus propios hábitos para sobrevivir en este pantano de manipulaciones.

 

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Jueves, 04 Enero 2018 08:12

¿Desglobalización?

Trump edifica muros en pro de la soberanía de Estados Unidos / Foto Ap

 

En círculos académicos y en artículos de opinión publicados en los grandes medios de comunicación se ha mencionado con frecuencia que estamos entrando en un periodo de reversión de los procesos de globalización que han dominado la economía, la política, la cultura y las relaciones internacionales en los pasados 50 años. Se entiende por globalización la intensificación de las interacciones trasnacionales más allá de lo que siempre fueron las relaciones entre estados nacionales, las relaciones internacionales o las relaciones en el interior de los imperios, tanto antiguos como modernos. Son interacciones que no están, en general, protagonizadas por los Estados, sino por agentes económicos y sociales en los ámbitos más diversos. Cuando están protagonizadas por los Estados, pretenden cercenar la soberanía del Estado en la regulación social, sean los tratados de libre comercio, la integración regional, de la que la Unión Europea es un buen ejemplo, o la creación de agencias financieras multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Escribiendo hace más de 20 años, dediqué al tema muchas páginas y llamé la atención sobre la complejidad e incluso el carácter contradictorio de la realidad que se aglomeraba bajo el término globalización. En primer lugar, mucho de lo que se consideraba global había sido originalmente local o nacional, desde la hamburguesa tipo McDonald’s, que había nacido en una pequeña localidad del oeste de Estados Unidos, al estrellato cinematográfico, activamente producido al principio por Hollywood para rivalizar con las concepciones del cine francés e italiano que antes dominaban, o incluso la democracia como régimen político globalmente legítimo, ya que el tipo de democracia globalizada fue la democracia liberal de matriz europea y estadunidense en su versión neoliberal, más la segunda que la primera.

En segundo lugar, la globalización, al contrario de lo que el nombre sugería, no eliminaba las desigualdades sociales y las jerarquías entre los diferentes países o regiones del mundo. Más bien, tendía a fortalecerlas.

En tercer lugar, la globalización producía víctimas (normalmente ausentes en los discursos de los promotores de la globalización) que tendrían ahora menor protección del Estado, ya fueran trabajadores industriales, campesinos, culturas nacionales o locales, etcétera.

En cuarto lugar, a causa de la dinámica de la globalización, las víctimas quedaban más sujetas a sus localidades y en la mayoría de casos sólo salían de ellas forzadas (refugiados, desplazados internos y transfronterizos) o falsamente por voluntad propia (emigrantes). Llamé a estos procesos contradictorios globalismos localizados y localismos globalizados.

En quinto lugar, la resistencia de las víctimas se beneficiaba a veces de las nuevas condiciones tecnológicas ofrecidas por la globalización hegemónica (transportes más baratos, facilidades de circulación, Internet, repertorios de narrativas potencialmente emancipadoras, por ejemplo, los derechos humanos) y se organizaba en movimientos y en organizaciones sociales trasnacionales. Llamé a estos procesos globalización contrahegemónica y en ella distinguí el cosmopolitismo subalterno y el patrimonio común de la humanidad o ius humanitatis. La manifestación más visible de este tipo de globalización fue el Foro Social Mundial, que se reunió por primera vez en 2001 en Porto Alegre, Brasil, y del que fui un participante muy activo desde el inicio.

¿Qué hay de nuevo y por qué se diagnostica como desglobalización? Las manifestaciones referidas son dinámicas nacionales y subnacionales. En cuanto a las primeras, se subraya el Brexit, por el que el Reino Unido (¿?) decidió abandonar la Unión Europea (UE), y las políticas proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como su defensa del principio de soberanía, oponiéndose a los tratados internacionales (sobre el libre comercio o el cambio climático), mandando erigir muros para proteger fronteras, involucrándose en guerras comerciales, entre otras, con Canadá, China y México.

En lo que se refiere a las dinámicas subnacionales, estamos ante el cuestionamiento de las fronteras nacionales que resultaron en tiempos y circunstancias históricas muy distintas: las guerras europeas, desde la Guerra de los Treinta Años y el consecuente Tratado de Westfalia (1648) hasta las del siglo XX que, debido al colonialismo, se transformaron en mundiales (1914-1918 y 1939-1945); el primer (¿quizá segundo?) reparto de África en la Conferencia de Berlín (1884-1885); las guerras de fronteras en los nuevos estados independientes de América Latina a partir de principios del siglo XIX. Se asiste a la emergencia o reactivación de la afirmación de identidades nacionales o religiosas en lucha por la secesión o el autogobierno en el interior de estados, de hecho, plurinacionales. Entre muchos ejemplos: las luchas de Cachemira, de Irlanda del Norte, de varias nacionalidades en el interior del Estado español, de Senegal, de Nigeria, de Somalia, de Eritrea, Etiopía y de los movimientos los indígenas de América Latina. Está también el caso trágico del Estado ocupado de Palestina. Algunos de estos procesos parecen (¿provisionalmente?) terminados, por ejemplo, la fragmentación de los Balcanes o la división de Sudán. Otros se mantienen latentes o fuera del radar de los medios de comunicación (Quebec, Escocia, Cachemira) y otros han explotado de forma dramática en las semanas recientes, sobre todo los referéndums en Cataluña, el Kurdistán iraquí y Camerún.

En mi criterio, estos fenómenos, lejos de configurar procesos de desglobalización, constituyen manifestaciones, como siempre contradictorias, de una nueva fase de la globalización más dramática, excluyente y peligrosa para la convivencia democrática, si es que no implican su fin. Algunos de ellos, contrariamente a las apariencias, son afirmaciones de la lógica hegemónica de la nueva fase, mientras otros constituyen una intensificación de la resistencia a esa lógica. Antes de referirme a unos y otros, es importante contextualizarlos a la luz de las características subyacentes a la nueva fase de globalización. Si analizamos los datos de la globalización de la economía, concluiremos que la liberalización y la privatización de la economía continúan intensificándose con la orgía de tratados de libre comercio en curso. La Unión Europea acaba de acordar con Canadá un vasto tratado de libre comercio, el cual, entre otros temas, expondrá la alimentación de los europeos a productos tóxicos prohibidos en Europa, pero permitidos en Canadá, un tratado cuyo principal objetivo es presionar a Estados Unidos para que forme parte. Fue ya aprobada la Alianza Transpacífica, liderada por Estados Unidos, para enfrentar a su principal rival: China. Y toda una nueva generación de tratados de libre comercio está en curso, negociados fuera de la Organización Mundial del Comercio, sobre la liberalización y la privatización de servicios que en muchos países hoy son públicos, como la salud y la educación. Si analizamos el sistema financiero, verificaremos que estamos ante el sector más globalizado del capital y más inmune a las regulaciones nacionales.

Los datos que son de conocimiento público resultan alarmantes: 28 empresas del sector financiero controlan 50 trillones de dólares, esto es, tres cuartas partes de la riqueza del mundo contabilizada (el PIB mundial es de 80 trillones y además habrá otros 20 trillones en paraísos fiscales). La gran mayoría de esas instituciones está registrada en América del Norte y en Europa. Su poder tiene también otra fuente: la rentabilidad de la inversión productiva (industrial) a escala mundial es, como máximo, de 2,5 por ciento, en 0tanto que la de la inversión financiera puede llegar a 7 porciento. Se trata de un sistema para el cual la soberanía de 200 potenciales reguladores nacionales es irrelevante.

Ante esto, no me parece que estemos en un momento de desglobalización. Estamos más bien delante de nuevas manifestaciones de la globalización, algunas de ellas muy peligrosas y patológicas. La apelación al principio de soberanía por parte del presidente de Estados Unidos es sólo la huella de las desigualdades entre naciones que la globalización neoliberal ha venido a acentuar. Al mismo tiempo que defiende el principio de soberanía, Trump se reserva el derecho de invadir Irán y Corea del Norte. Tras haber destruido la relativa coherencia de la economía mexicana con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y provocado la emigración, Estados Unidos manda construir un muro para frenarla y pide a los mexicanos que paguen su construcción. Ello, además de ordenar deportaciones en masa. En ninguno de estos casos es pensable una política igual, pero de sentido inverso. El principio de la soberanía dominante surgió antes en la Unión Europea con el modo como Alemania puso sus intereses soberanos (esto es, del Deutsche Bank) por encima de los intereses de los países del sur de Europa y de la UE. La soberanía dominante, combinada con la autorregulación global del capital financiero, da lugar a fenómenos tan diversos como el subfinanciamiento de los sistemas públicos de salud y educación, la precarización de las relaciones labores, la llamada crisis de los refugiados, los estados fallidos, el descontrol del calentamiento global, los nacionalismos conservadores. Las resistencias tienen señales políticas diferentes, pero a veces asumen formas semejantes, lo que está en el origen de la llamada crisis de la distinción entre izquierda y derecha. De hecho, esta crisis es el resultado de que alguna izquierda haya aceptado la ortodoxia neoliberal dominada por el capital financiero y hasta se haya autoflagelado con la idea de que la defensa de los servicios públicos era populismo. Esta es una política de derecha, particularmente cuando ésta puede atribuirla con éxito a la izquierda. Residen aquí muchos de los problemas que enfrentan los estados nacionales. Incapaces de garantizar la protección y el mínimo bienestar de los ciudadanos, responden con represión a la legítima resistencia de los habitantes.

Ocurre que la mayoría de esos estados son, de hecho, plurinacionales. Incluyen pueblos de diferentes nacionalidades etnoculturales y lingüísticas. Fueron declarados nacionales por la imposición de una nacionalidad sobre otras, a veces de modo muy violento. Las primeras víctimas de ese nacionalismo interno arrogante, que casi siempre se tradujo en colonialismo interno, fueron el pueblo andaluz después de la llamada Reconquista de Al-Ándalus, los pueblos indígenas de las Américas y los pueblos africanos después del reparto de África. Fueron también ellos los primeros en resistir. Hoy, la resistencia junta a las raíces históricas el aumento de la represión y la corrupción endémica de los estados dominados por fuerzas conservadoras al servicio del neoliberalismo global. A ello se añade el hecho de que la paranoia de la vigilancia y la seguridad interna ha contribuido, bajo pretexto de la lucha contra el terrorismo, al debilitamiento de la globalización contrahegemónica de los movimientos sociales, lo cual dificulta sus movimientos transfronterizos. Por todo esto, la globalización hegemónica se profundiza usando, entre muchas otras máscaras, la de la soberanía dominante, que académicos desprevenidos y medios de comunicación cómplices toman por desglobalización.

Fuente: Cubadebate

 

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42 periodistas asesinados en América Latina en 2017

 

En 2017 fueron asesinados 42 trabajadores de prensa en nueve países de América Latina, incluyendo la ejecución de un youtuber de 17 años y la desaparición forzada no aclarada número 27, ambos crímenes acontecidos en México, país que registró 26 asesinatos, el 62 % del total detectado por esta investigación.

 

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Por razones desconocidas esta cifra luctuosa de América Latina y el Caribe es “reducida” a más de la mitad por las ONG dedicadas al “negocio de la libertad de información”. De este modo, la monopólica caja de resonancia de los grandes medios del mundo entero da a conocer menos asesinatos de informadores de los realmente ocurridos en esta región donde no existe ninguna guerra. Para contrarrestar esta funesta desinformación al final se ofrece “La lista contra el olvido”, con los datos elementales, nombres completos, edades, lugares de trabajo, fecha del asesinato, circunstancias del crimen, etc., para mostrar que estas 42 víctimas fueron personas reales... que se desempeñaban como periodistas, fotógrafos, locutores, editores y oficios afines.

Según el orden alfabético de los nombres de los otros ocho países, un asesinato ocurrió en Chile (el primero en más de 30 años, aún sin aclarar), otros dos acontecieron en Colombia, uno en El Salvador, dos en Guatemala, cinco en Honduras, dos en Perú, dos en República Dominicana y uno en Venezuela, según el registro de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap).

También hubo centenares de denuncias fundadas de intentos fallidos de asesinato, golpizas, espionaje telefónico del Gobierno de México a los periodistas, amenazas de muerte, además de muchos otros atentados similares en diferentes países de la región, en particular México y Honduras. La muerte a manos de sicarios pagados por la corrupción de la clase política y su principal financista de hoy, el narcotráfico (sin perjuicio de otros poderosos actores del gran delito) elimina sistémicamente a periodistas libres, críticos y éticos. Esta “limpieza permanente” se efectúa con total impunidad, en complicidad con sistemas políticos envilecidos por la corrupción generalizada. Todo esto ocurre en una región del mundo donde no existe ninguna guerra y, teóricamente, reinaría una paz social con crecimiento envidiable en presuntos “países democráticos” supuestamente “emergentes” encaminados al “desarrollo”.

Bajo el denominador común de la impunidad absoluta en países que en realidad padecen bastante anomia social, los periodistas viven estresados porque cualquiera puede ser la próxima víctima, pero el atentado definitivo contra un periodista decente no es la única agresión que constantemente sufren reporteros y reporteras de medios pequeños y medianos, y corresponsales de diarios nacionales, principalmente en las provincias y estados. Los periodistas de Ciudad de México, que no parecían tan afectados por los atentados, denunciaron espionaje telefónico y computacional masivo del Gobierno con tecnología israelí.

El gremio se siente impotente, pero marcha clamando justicia y protección de verdad en diferentes ciudades de México. Los periodistas no pueden formar bandas armadas para autodefenderse y preservar su derecho a la vida, asumiendo un rol que le corresponde a cualquier Estado que se precie de civilizado. En cambio trabajan con temor y luchan silenciosamente para que la autocensura no cale hondo ni los inhiba a cambio de sus propias vidas, ante la indiferencia de los poderes reales, formales y fácticos.

Incluso, algunos diarios se cierran para preservar la vida de su personal. Otros medios prefieren ignorar la noticia de los asesinatos o desconocer la condición de periodistas y trabajadores de la información de las víctimas, sobre todo cuando se trata de indígenas, reporteros no famosos o sencillos trabajadores no mediáticos del periodismo. Las leyes de protección son ineficaces, en particular la que está vigente en México.

 
Posición de periodistas mexicanos

 

Las organizaciones mexicanas del gremio denunciaron que "criminalizar a los periodistas victimados es la respuesta gubernamental ante la impunidad prevaleciente." Y añadieron: "No hay otro camino más que federalizar los delitos contras las libertades de prensa y expresión".

El 25 de octubre de 2016 la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Federación Latinoamericna de Periodistas, FELAP-MÉXICO; Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Club Primera Plana, y la Asociación Nacional de Locutores "condenaron y denunciaron en forma pública la perversa insistencia de autoridades de recurrir a la criminalización de los periodistas victimados ante su ineficacia o probable complicidad en resolver estos atentados que vulneran directamente a la sociedad puesto que tienen el propósito de socavar las libertades de prensa y expresión y por ende el derecho a la información.

"Tal oprobio ha vuelto a ocurrir con la posición del Gobierno estatal del estado de Veracruz, por cierto la entidad en donde se han cometido más asesinatos contra los comunicadores en los últimos años, con el asesinato del joven colega, Gumaro Pérez Aguilando, puesto que la Fiscalía General de Justicia, al margen de toda ética y en violación al sigilo que obliga la ley sobre todo en la etapa de investigación judicial, no filtró sino decretó que el reportero Gumaro, bien conocido, inclusive más allá de su zona de influencia, no era periodista y lo calificó de “narco”. Esta deplorable actitud del Ministerio Público veracruzano tiene dos aristas al igual de condenables: primero, pretender, en forma errónea cuidar la imagen del gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares con violaciones al debido proceso; y segundo, la demostración plena de que mientras estos crímenes continúen en el ámbito del fuero común seguirán en la más vergonzosa impunidad como también los hemos venido denunciando desde que el fenómeno se ha vuelto exponencial.

"No existe otro camino para avanzar en la justicia pronta y expedita de los delitos contra las libertades de prensa y expresión, que la FEDERALIZACIÓN de los mismos; la iniciativa de ley existe, fue un trabajo de la Comisión Especial respectiva de la Cámara de Diputados y su Consejo externo de la sociedad civil en la que el gremio organizado participó y se comprometió con toda firmeza. Es de apreciarse que los medios de la llamada gran prensa e innumerables colegas se han unido a esta condena contra la frívola y grave posición de la Fiscalía veracruzana con su actitud de sentenciar “a bote pronto” al colega masacrado, Gumaro Pérez Aguilando, como no periodista y narco. Esta postura oficial lo ubica como otro crimen que yacerá como todos los demás en la inaceptable impunidad."

 

Lista contra el olvido

 

Esta es la nómina de los 42 periodistas asesinados en América Latina en 2017. A los datos personales se añadió información sobre su especialidad, lugar de trabajo y situación laboral:

 

Chile

Marco Álvarez Valenzuela, periodista de 59 años, fue asesinado al mediodía del 4 de diciembre en el balneario chileno de Cartagena, 111 km al oeste de la capital chilena. Dos desconocidos le propinaron seis puñaladas a metros de su trabajo, el Museo Vicente Huidobro.

 

Colombia

María Efigenia Vásquez Astudillo, de 37 años, periodista radiofónica indígena de la emisora Renacer Coconuco, fue asesinada a tiros el domingo 8 de octubre por efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), violento grupo de choque de la Policía que desalojó a un grupo indígena kokonkco que reclama tierras ancestrales en Coconuco, departamento del Cauca, suroeste de Colombia.

Elmer Agudelo Vidales, de 55 años, reportero gráfico y corresponsal en Palmira, Valle del Cauca, Colombia, por más de diez años de los diario El País y Q Hubo de Cali fue asesinado el domingo 27 de julio cuando se encontraba en la puerta de su casa en el barrio El Sembrador, informaron medios de prensa colombianos y europeos.

 

El Salvador

Samuel Jonathan Rivas, de 28 años, camarógrafo del Canal 21 Megavisión, fue asesinado a tiros en Ilopango, a 10 km de la capital San Salvador, el jueves 16 de noviembre.

 

Guatemala

Manuel Salvador Trujillo Villagrán, de 39 años, periodista vocero de la municipalidad de San Jorge, departamento oriental de Zacapa, y reportero de un noticiero local fue emboscado en su motocicleta y acribillado el jueves 19 de enero de 2017 en el kilómetro 149,5 de la carretera local.

Vilma Gabriela Barrios López, de 26 años, locutora de la emisora cristiana Génesis 99.5 FM, poetisa y estudiante universitaria, fue encontrada muerta el 5 de febrero en el río Samalá, departamento de Quetzaltenango, occidente del país, según reportó Cerigua en mayo.

 

Honduras

Carlos Oveniel Lara Domínguez, reconocido camarógrafo de televisión de Nueva Arcadia, La Entrada, departamento occidental de Copán (noreste de Honduras), fue asesinado por sicarios el 23 de octubre. Según el organismo estatal de derechos humanos en Honduras asesinaron a 73 periodista,desde 2003.

Osmin Antonio España Chávez, de 50 años, director de un programa de televisión del Canal 80 del departamento de Copán, occidente de Honduras, fue asesinado el miércoles 4 de octubre en la barriada Santa Rosa por cuatro sicarios.

Carlos William Flores, periodista del Canal local 22, fue asesinado por sicarios el 13 de septiembre en el departamento de Cortés, cerca de la frontera con Guatemala.

Víctor Fúnez, de 41 años, presentador del programa ‘Informe Nocturno’ del Canal 45, fue acribillado el 15 de junio en La Ceiba, al norte de Tegucigalpa.

Igor Abisaí Padilla Chávez, de 37 años, periodista de TV, fue asesinado a balazos el martes 17 de enero en San Pedro de Sula, norte de Honduras. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, denunció que "estos crímenes buscan desgarrar el tejido social".

 

México
 

Juan Jaimes Jaimes, periodista, locutor y docente y músico, desapareció por secuestro el 6 de junio de 2017. Llamado “Jonny Jaimes” era muy conocido por sus programas periodísticos y artísticos en "La Transmisora 92.9 FM" de Tlatlaya, Estado de México. Ésta es la desaparición forzada sin aclarar número 27 en México.

Luis Abraham González Contreras, fotógrafo de 31 años, desaparecido desde el 19 de diciembre fue hallado en un basurero de Chelem, Yucatán, informó Fapermex, la organización de los periodistas de México. "El cuerpo se encontró desmembrado en bolsas de plástico", explicó el dirigente Teodoro Rentería.

Gumaro Pérez Águilando, de 35 años, reportero, especialista en temas de seguridad, fue ejecutado el martes 19 de diciembre de 2017 en una escuela primaria de Acayucan, en el sur del estado Veracruz, donde asistía a un festival navideño en que participaba su hijo.

Juan Luis Lagunas Rosales, de 17 años, conocido youtuber de narco-temas del llamado Canal El Pirata de Culiacán, estado Sinaloa, fue asesinado al menos con 15 balazos la noche del 18 de diciembre en un bar de Tlaquepaque, Guadalajara, Jalisco. Medios atribuyen su asesinato a elementos del emergente cartel de Jalisco llamado New Generation, capitaneado por Nemesio Ocegera Cervantes, “El Mencho”, hoy uno de los principales narcotraficantes de México, considerado líder del cártel de Jalisco.

Cecilia Méndez, de 61 años, conductora de un programa de radio, fue asesinada el 16 de octubre en Guadalajara, estado de Jalisco, cuando un sicario le disparó a la cabeza mientras ella conducía su automóvil.

Ernesto Martínez Moreno, de 57 años, secretario general del Club de Periodistas de Acapulco, fue asesinado a balazos el 12 de octubre en Taxco, Guerrero, cuando se encontraba a las puertas de su casa en el centro de esa ciudad.

Edgar Daniel Esqueda Castro, de 23 años, fotoperiodista secuestrado por presuntos policía el 5 de octubre de 2017 en San Luis Potosí (400 km al norte de Ciudad de México), apareció asesinado la madrugada del 6 de octubre en la vía ferroviaria México-Laredo.

Javier Lucero, camarógrafo free-lance del desaparecido canal 10 de la Paz, Baja California, fue asesinado por sicarios el 30 de septiembre. Había recibido amenazas.

Juan Carlos Hernández Ríos, de 29 años, fotoperiodista del sitio de noticias La Bandera Noticias, fue asesinado la noche del martes 5 de septiembre por sicarios que lo aguardaban cuando llegó a su hogar en el municipio de Yuriria, estado de Guanajuato, según reportes de la prensa mexicana.

Cándido Ríos Vásquez murió acribillado el martes 22 de agosto en Covarrubias Hueyapan de Ocampo, en el sur de estado Veracruz, cerca de las viejas capitales petroleras de Coatzacoalcos y MinatRíos, según informa la prensa local e internacional, que lamentablemente omite la edad del trabajador de prensa asesinado.

Luciano Rivera Delgado fue asesinado de un disparo en la cabeza en la madrugada del lunes 31 de julio en la localidad Playas de Rosarito, en el norteño estado mexicano de Baja California, informó la Procuraduría General de Justicia (PGJBC) de ese estado. Rivera era conductor del noticiario CNR Noticias Canal 54 y dirigía la revista “Dictamen”, donde publicaba noticias sobre Rosarito y Tijuana.

Edwin Rivera Paz, de 28 años, hondureño refugiado en México, e4x director del programa periodístico “Los Verduleros”, que se transmite en San Pedro Sula, Honduras, fue acribillado el 9 de julio en el Barrio de San Diego de Acayucan, Veracruz, pese a estar protegido por Naciones Unidas, informaron las organizaciones del gremio periodístico de México, Fapermex y otras.

Pablo Martín Obregón, reportero, vocero del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, dependiente de la Secretaría de Gobierno, y ex corresponsal de Televisa en Chilpancingo y Acapulco, estado Guerrero, apareció muerto el 27 de junio en casa de una hermana. Las causas no fueron informadas por su familia.

Alejandro Zepeda Ortiz, de 27 años, camarógrafo del noticiario Núcleo Televisivo, que se transmite en el canal TVN de Ocosingo, estado Chiapas, el 26 de junio fue encontrado colgando de una viga en los estudios donde se trasmite el programa de noticias.

Salvador Adame Pardo, de 45 años, desaparecido desde el 18 de mayo de 2017 en Nueva Italia, Tierra Caliente, Michoacán, fue identificado a partir de restos calcinados según información policíaca difundida el 26 de junio.

Marcela de Jesús Natalia de la Cruz, de 54 años, locutora indígena de la etnia muzga de la Costa Chica del estado Guerrero, fue acribillada el 3 de junio en la cabecera municipal de Ometepec, cuando salía de su turno de locución en la Radio y Televisión de Guerrero (RTG).

Erik Ernesto Bolio López, de 23 años, egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, operador productor del programa de radio por Internet “México Prioridad” y colaborador de la revista electrónica “Tierra Baldía”, fue acribillado el 29 de abril en un autobús de transporte urbano en la ciudad de Puebla.

Jonathan Rodríguez Córdova, de 26 años, reportero del semanario El Costeño de Autlán, fue abatido a balazos la tarde del lunes 15 de mayo en Autlán de Navarro, estado de Jalisco, al oeste del territorio de México, mientras se desplazaba en automóvil con su madre, Sonia Córdova Oceguera, subdirectora comercial de la revista donde laboraba el joven asesinado.

Javier Valdez Cárdenas, de 50 años, galardonado periodista y escritor, corresponsal del diario La Jornada y redactor del semanario estadal Ríodoce, fue asesinado por un pistolero al mediodía del lunes 15 de mayo en el centro de Culiacán, Sinaloa, a pocos metros de su trabajo, según reportan Felap-México, Fapermex y otras organizaciones del gremio periodístico.

Filiberto Álvarez Landeros, de 65 años, periodista y locutor de radio La Señal de Jojutla , fue asesinado por sicarios la noche de l 29 de abril en una calle de Tlaquiltenango, Morelos, tras terminar su programa Poemas y Cantares .

Juan José Roldán Ávila, de 36 años, comunicador y activista en favor de los derechos LGBTI, fue asesinado a golpes el 16 de abril en Calpulalpan, Tlaxcala, denunció la Unión de Periodistas de ese estado (UPET). El cadáver fue encontrado con signos de tortura en un predio agrícola.

Maximino Rodríguez Palacios, de 73 años, reportero de la sección policial del blog Colectivo Pericú de Baja California Sur, fue asesinado a balazos el 14 de abril (viernes santo) en La Paz, tras arribar a un centro comercial en compañía de su esposa minusválida Raquel Romo Medina, quien resultó ilesa.

Miroslava Breach Veducea, de 54 años, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, fue asesinada el jueves 23 de marzo cuando llevaba a su hijo a la escuela. Según los periodistas mexicanos (Felap-México, Fapermex y otras organizaciones), con este asesinado suman 264 los homicidios cometidos desde 1983 por los enemigos de las libertades de prensa y expresión y sus esbirros. Éste ha sido el único asesinado aclarado con la captura de autores materiales e intelectuales.

Ricardo Monlui Cabrera, de 57 años, director de El Político, columnista de los periódicos locales El Sol de Córdoba y el Diario de Xalapa, y presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba, fue asesinado a balazos el 19 de marzo, en Yanga, Veracruz, en presencia de su familia.

Cecilio Pineda Birto, de 39 años, director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador del periódico El Universal, fue asesinado el 2 marzo, en Ciudad Altamirano, Tierra Caliente, estado Guerrero.

Carlos Alberto García Martínez, de 41 años, cronista deportivo, locutor y administrador de ventas de Radiorama Colima, fue asesinado el 20 de febrero en el municipio de Tecomán, Colima, junto a su amigo de 18 años Hernán García Carranza.

 

Perú

Julio César Moisés Mesco, de 27 años, periodista de Ica, practicante del área de prensa de la municipalidad local, desapareció el 11 de febrero. Sus restos fueron hallados el 25 de febrero en el distrito Ocucaje.

José Feliciano Yactayo Rodríguez, de 55 años, periodista de televisión, natural de Huara, visto por última vez en el distrito limeño de San Luis y denunciado como desaparecido el 25 de febrero, fue encontrado mutilado el 3 de marzo dentro de una maleta en Andahuasi, 139 kilómetros al norte de Lima.

 
República Dominicana

Luis Manuel Medina Pérez, locutor, de la emisora 103.5 FM de San Pedro de Macorís, en el este de República Dominicana, fue asesinado el 14 de febrero por sicarios que irrumpieron en la radio mientras transmitían el programa informativo Milenio Caliente.

Leónidas Antonio Evangelista Martínez, periodista y director de la emisora 103.5 FM de San Pedro de Macorís, de República Dominicana, fue asesinado junto con Medina Pérez.

 

Venezuela:

Arnaldo Enrique Albornoz Bracho, de 34 años, “rostro” de la farándula venezolana, fue asesinado a tiros en las afueras de su domicilio en Caracas la madrugada del 15 de enero.

 

Nota:

Ciap-Felap registra todos los atentados a trabajadores de prensa de los que tenga conocimiento, procurando datos completos sobre identidad, edad, lugar y circunstancias del asesin ato, pero no tiene capacidad para hacer un seguimiento judicial de los móviles específicos de cada caso, ni verificar las interpretaciones, explicaciones o pseudo “investigaciones policíacas científicas”, a modo de ejemplo bastante frecuentes en las fuentes oficiales mexicanas. (Ernesto Carmona, presidente de Ciap-Felap).

 

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Más de 280 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en 2016, según AI

 

Un informe de Amnistía Internacional documenta cómo han aumentado los ataques contra las personas que defienden los derechos humanos: en 2016 fueron asesinados 125 defensores más que el año anterior.

"En lugar de apoyarlos, muchos líderes los ponen en una situación de mayor riesgo con campañas difamatorias, el uso indebido de la justicia penal o presentándolos falsamente como personas opuestas a los intereses nacionales"

 

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este martes que al menos 281 personas de todo tipo y condición que trabajan para promover y defender los derechos humanos fueron asesinadas en 2016 en todo el mundo, frente a los 156 del año previo y los 136 de 2015, la mayoría de ellos en América.

"Mientras se continúa atentando contra la vida y la integridad de los defensores de los derechos humanos alrededor del mundo, los Estados están fallando en su obligación de respetar y proteger el derecho a la vida y el derecho a defender los derechos humanos sin miedo a represalias", alerta la ONG.

Según su informe Ataques mortíferos pero evitables: Asesinatos y desapariciones forzadas de aquellos que defienden los derechos humanos, desde 1998 un total de 3.500 activistas fueron asesinados en diferentes partes del globo.

Asimismo, la ONG recuerda que el asesinato es el último eslabón de una serie de ataques previos dirigidos contra estos activistas. "Los brutales ataques que se documentan en este informe son el final lógico de una tendencia alarmante", señala Guadalupe Marengo, directora del Programa Global sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de AI.

"En lugar de apoyar a los defensores y defensoras de los derechos humanos, muchos líderes globales los ponen en una situación de mayor riesgo mediante campañas difamatorias, el uso indebido del sistema de justicia penal o presentándolos falsamente como personas que se oponen a los intereses nacionales", prosigue.

 

La mitad de asesinatos son de defensores de la tierra

 

Más de tres cuartas partes de los asesinatos de defensores de los derechos humanos cometidos el pasado año tuvieron lugar en América, señala el informe, que recoge datos de la organización Front Line Defenders.

Según informaciones de diferentes ONG y agencias de la ONU recopiladas por AI, en Colombia se registraron 59 muertes y en Brasil 66, en su mayoría de indígenas y activistas que trabajaban en defensa del medio ambiente o los derechos territoriales. Casi la mitad de los asesinatos, el 49%, fueron perpetrados contra personas que trabajaban en asuntos relacionados con la tierra y el medio ambiente.

"En muchas partes de América Latina, donde el acceso a la sanidad y los derechos sexuales y reproductivos está fuertemente restringido, Amnistía Internacional ha documentado cómo los que defienden tales derechos han sido objeto de campañas de difamación, acoso, persecución injusta, amenazas y ataques físicos", reza el documento difundido este martes en Nueva Delhi.

En cuanto a los periodistas que perdieron la vida por su profesión, el pasado año se registraron 48 asesinatos, una cifra que asciende a 827 al referirse al periodo entre 2006 y 2015, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

AI también muestra su preocupación por los ataques contra el colectivo de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI). "Los defensores LGBTI sufren ataques por quiénes son y también por lo que hacen: pueden ser atacados por su orientación sexual o identidad de género real o percibida, además de por defender los derechos relacionados con el género y la sexualidad", según el informe.

Así las cosas, la organización, que también alertó de la prevalencia de desapariciones forzosas y maltrato cuando los activistas se encuentran bajo arresto, pidió a los gobiernos que implementen leyes de protección para estas personas.

Además, les pidió que ofrezcan medidas preventivas para los que han sido amenazados, y que lleven ante la Justicia a los autores de los crímenes contra los defensores de los derechos humanos.

 

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Alberto Acosta

 

Entrevista a Alberto Acosta

 

Alberto Acosta Espinosa (twitter: @AlbertoAcostaE ), economista, académico, político, y activista social ecuatoriano, es una de las personas más representativas de la nueva izquierda latinoamericana. Participó activamente en la Revolución Ciudadana y en la fundación del Movimiento Alianza País, llegando a ser ministro de Energía y Minas en el gobierno de Rafael Correa y posteriormente Presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador. Tras dimitir de su cargo por sus discrepancias con la deriva del proceso, Alberto Acosta ha sido una de las principales figuras de la oposición a las políticas neoextractivistas en su país y en América latina en su conjunto. Es, además, uno de los principales teóricos del Buen Vivir y firme defensor de replantear el pensamiento de las izquierdas y un nuevo horizonte emancipatorio desde la confluencia de corrientes diversas y la participación activa de los movimientos sociales. En 2013 fue candidato a la presidencia de la república en representación de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas.

 

Koldo Unceta: En tu último libro, escrito junto a Ulrich Brand, planteas la necesidad de buscar propuestas que permitan salir del laberinto capitalista. Por tanto, nos gustaría empezar por ahí ¿Cómo ves al sistema capitalista actual, tras la evolución sufrida por el mismo en las últimas décadas? ¿Estamos más cerca o más lejos de poder superarlo?

Alberto Acosta: El patriarcado capitalista, en tanto civilización dominante, vive una crisis múltiple, generalizada, multifacética, interrelacionada y sistémica. El capitalismo evoluciona cual zombie infectado por una suerte de “virus mutante”. Lo que si debemos señalar es que nunca afloraron a la vez tantos problemas como ahora, en donde lo económico y social se combina con graves problemas políticos, éticos, energéticos, alimentarios, culturales y una crisis ambiental inocultable... Vivimos incluso una crisis de sentido histórico en cuanto a las grandes soluciones se refiere. Estas, al parecer, ya no están más presentes.

Tal lectura hace pensar que nos encontramos frente a una crisis civilizatoria. Sin embargo, es difícil anticipar si el capitalismo está ad portas de su colapso. Incluso, quizás ya inició dicho colapso pero no tenemos suficiente conciencia de eso. Además, cabe recordar que la transición hacia otra civilización será larga y compleja, durante la cual el capitalismo puede presentar graves recaídas -con tintes hasta fascistas y con brutales brotes de terrorismo- que no pueden marginarse sin una acción política que profundice la democracia en todos los ámbitos.

 

K.U.: La cuestión de las transiciones, que ocupa un lugar importante en los debates sobre alternativas al desarrollo capitalista, remite a la necesidad de concretar las salidas y adaptarlas a cada situación específica, a cada realidad. Ahora bien ¿Cómo conjugar las alternativas y luchas locales con la existencia de una globalidad fáctica, que requiere también una acción y unas propuestas de alcance universal?

A.A.: Esta cuestión es crucial. Las luchas desde ámbitos comunitarios son y serán las mayores portadoras de grandes transformaciones. Esos espacios de resistencia se convierten, cada vez más, en constructores de otras formas de convivencia mucho más armoniosa y equilibrada. De todas formas, no se puede marginar otros espacios estratégicos de acción: los niveles estatal, regional e internacional. El gran reto es combinar los pensamientos, acciones y luchas desde lo local y comunitario con las disputas en estos otros niveles de acción, reconociendo el potencial de unos y otros, así como sus limitaciones.

Un punto medular aquí será saber desde que bases se construyen las acciones alternativas teniendo en mente la visión utópica de futuro, que nos sirva de meta referencial para las transiciones. Cómo dar respuestas de corto plazo sin perder la visión de largo plazo, algo así como conducir un coche con luces bajas y simultáneamente con luces altas. Y por cierto, habrá que identificar quienes son los compañeros tácticos de lucha con los que podemos transitar una parte del camino, de los compañeros estratégicos con los cuales se comparten los mismos objetivos de largo plazo. Todo esto sin marginar nunca los diversos niveles de acción estratégica.

 

K.U.: En línea con lo anterior, las críticas del postdesarrollo han cuestionado los referentes universales por considerarlos propios de una propuesta occidental y colonial, que no tenía en cuenta otras realidades y/o cosmovisiones. ¿Cuáles podrían ser en estos momentos unos referentes universales que permitieran una convergencia de las distintas luchas locales y sirvieran para avanzar en una globalización alternativa?

A.A.: Difícil dar una respuesta general a una pregunta tan profunda y compleja. Tal vez algunos ejemplos concretos permitan aterrizar la reflexión.

Quizá entre las piedras angulares de una propuesta que enfrente el capitalismo a nivel global esté el combate a una de sus facetas más perversa: la especulación financiera. Tal combate podría librarse construyendo un Código Financiero Internacional (o códigos regionales inicialmente), el cual norme y exija el control de los flujos financieros internacionales, combatiendo así a la especulación y al uso de las finanzas internacionales -sobre todo endeudamiento externo- como herramientas de dominación económica y política inclusive.

Uno de los capítulos medulares del Código debería tratar sobre la legalidad y la legitimidad de las finanzas. Urge separar las deudas adquiridas legal y, sobre todo, legítimamente -que merecen ser pagadas- de aquellas deudas que pueden y deben impugnarse desde la doctrina de las deudas odiosas, usurarias y corruptas. También es hora de procesar la deuda ecológica e incluso la deuda histórica, donde los países empobrecidos son los acreedores.

Asimismo, urge crear un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana, siguiendo -por ejemplo- los términos que propusimos con Oscar Ugarteche. Un paso mínimo para que tal Tribunal funcione es la inmediata disolución del Club de París como marco de negociación. Este Club carece de base jurídica y debe dejar de ser un espacio de decisión sobre acuerdos de reestructuración de deudas, en donde los acreedores imponen condiciones a los deudores. Además, se debe dejar sin guaridas a los especuladores desapareciendo los paraísos fiscales, al tiempo que se los asfixia con impuestos sobre las transacciones financieras internacionales (en línea con la tasa Tobin).

También es necesaria la creación de un Banco Central Mundial -totalmente distinto al Banco Mundial- que pueda emitir una moneda o una canasta de monedas globales. Esto no implica reconstruir el sistema de Bretton Woods. Es más, el Banco Mundial y el FMI, tal como los conocemos tendrían que dejar de existir.

 

K.U.: ¿Y en el campo de los problemas ecológicos globales?

A.A.: En el campo ecológico global los temas son por igual candentes. Si bien la voracidad capitalista ha creado cambios climáticos inocultables, el capitalismo busca ampliar espacios de maniobra mercantilizando cada vez más la Naturaleza. Los mercados de carbono y de servicios ambientales están entre las más “innovadoras” formas para sostener la acumulación del capital. La conservación de los bosques termina en el terreno de los negocios mientras se mercantiliza y privatiza el aire y el clima. Así vemos que a la víbora capitalista no le importa continuar devorándose su propia cola, arriesgando su propia existencia y de la Humanidad misma. El único fin es acumular capital que, en definitiva, implica acumular poder.

Como respuesta a esta crisis emergen los Derechos de la Naturaleza. Más temprano que tarde tendremos una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza y un tribunal internacional que castigue los crímenes en contra de la Madre Tierra y sus defensores tal como si fueran crímenes contra la Humanidad (pues, de hecho, lo son); esta inciativa ya se formuló en la Cumbre de los Pueblos en Bolivia, en el año 2010. Incluso ya existe una acción potente desde la sociedad civil de todos los continentes: el Tribunal Ético Permanente de los Derechos de la Naturaleza, en el que tengo el honor de participar en calidad de juez, incluso fui presidente de una de sus sesiones.

 

K.U.: En relación con esto ¿Cómo ves la salud de las propuestas y movimientos altermundistas? ¿Ves espacios de trabajo y de coordinación contrahegemónicos que respondan a las necesidades del momento? ¿Cómo ves el Foro Social Mundial más de una década después de su puesta en marcha en Porto Alegre?

A.A.: La convergencia de esas acciones de resistencia y de construcción de propuestas de cambio configuran los caminos. Nos urge tejer local, nacional, regional e internacionalmente las luchas de resistencia, tanto como la construcción de alternativas. Esa tarea debe repensarse permanentemente, siempre evitando el mal de la burocratización y partidización. Y eso me parece que está matando al Foro Social Mundial, que devino en aplaudidor de los gobiernos “progresistas” de América Latina; gobiernos que, al transformarse en caudillescos y modernizadores del capitalismo, perdieron el rumbo y su potencial transformador.

Hoy hay nuevos procesos en ciernes. Por ejemplo, quienes cuestionan el crecimiento económico cada vez se acercan más a los críticos del extractivismo. Ahí tenemos dos vertientes que buscan soluciones y que merecen ser tomadas en cuenta. Pero el grueso de las acciones en marcha en todas partes del planeta gira alrededor de las resistencias a las destrucciones sociales y ecológicas que genera el sistema. Es interesante constatar, a modo de ejemplo, las luchas de resistencia de diversos grupos de la sociedad civil a los extractivismos en todas partes del planeta, inclusive en los países considerados equivocadamente como desarrollados, caso de Alemania contra la minería de lignito o carbón vegetal, o contra el fracking o fractura hidráulica en Europa y los Estados Unidos.

Otro caso notable, presente desde hace ya varias décadas en diversas partes del mundo, es el relativo a las diversas acciones que se despliegan desde la sociedad civil para enfrentar la deuda externa. Esta experiencia ameritaría una reflexión mucho más profunda. Aquí hay una tensión permanente entre quienes se oponen terminante a dicha deuda en tanto expresión del capitalismo, sistema que habría que derribar, con quienes, sin llegar a negar ese objetivo de largo plazo, se mueven con mucha habilidad entre los intersticios del poder para conseguir algunos cambios que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas. Sin duda, el riesgo de caminar al filo de la navaja es grande, pues muchas veces se termina contribuyendo con propuestas funcionales al poder y al mismo sistema capitalista.

 

K.U: Una de las grandes cuestiones de las que te has venido ocupando es la de la controversia entre Desarrollo Alternativo y Alternativas al Desarrollo. En ocasiones, sin embargo, la línea que separa ambos planteamientos es bastante fina, especialmente cuando hablamos de la práctica social. ¿Cómo ves esta cuestión?

A.A.: Para identificar esa delgada línea nada mejor que recordar los elementos característicos del desarrollo: su pretensión de mandato global; su vocación de síntesis en los logros conseguidos a través de maximizar permanentemente los resultados; sus profundas raíces antropocéntricas y patriarcales; entre otros puntos.

La crítica, empero, debe superar estos predicados o características básicas. Debe desarmar la visión del progreso como fundamento del devenir histórico de la Humanidad. Así, la crítica de esta representación no se enfoca en formular “desarrollos alternativos”, sino en construir alternativas a la idea misma de desarrollo, es decir, en última instancia, alternativas al llamado progreso.

Del mandato global del desarrollo requerimos transitar a visiones plurales, sin pretensiones hegemónicas. De la maximización insostenible -por múltiples razones- caminemos a un mundo donde la religión del crecimiento económico sea derrumbada. Por igual debemos desmontar el patriarcado, el racismo y el antropocentrismo. Estas acciones explican en gran medida lo que implica construir una alternativa al desarrollo.

 

K.U.: Hablemos un poco del Buen Vivir, tema al que has dedicado gran parte de tu trabajo político, social y académico. ¿Cómo valoras la aportación de esta propuesta a los debates sobre las alternativas al desarrollo y/o al capitalismo? ¿Cómo valoras los casi 15 años transcurridos desde que esta idea comenzó a alcanzar difusión más allá del mundo indígena andino? ¿Cuál es la salud actual de las propuestas sobre el BV?

A.A.: Al buscar alternativas al neoliberalismo nos dimos de narices con el Buen Vivir. Nos topamos con ideas, valores, experiencias y muchas prácticas existentes hace tiempo en muchas comunidades indígenas. Una realidad en nuestros países, pero marginada por la conquista y la colonización que aún perduran. Y de su estudio comprendimos –al menos ese es mi caso- que no se trataba de simples alternativas económicas al neoliberalismo, sino que el Buen Vivir planteaba posibilidades alternativas más potentes y profundas.

En los saberes del mundo indígena no existe una idea análoga al “desarrollo”. No hay una concepción lineal de la vida que establezca un estado anterior y posterior, que siempre sería mejor en base a una creciente disponibilidades de bienes. No asoma esa dicotomía de subdesarrollo y desarrollo, como plantea la modernidad occidental. Tampoco existen conceptos como “riqueza” y “pobreza” determinados por la acumulación y la carencia de bienes materiales. Es más, el ser humano es visto como un actor más en la Naturaleza, y no como su dominador.

Esas lecturas encontraron espacios importantes en las constituciones de Ecuador y Bolivia. Sin embargo, no son definiciones indiscutibles, ni mucho menos. Su posición en esas constituciones está jalonada por varias contradicciones. No obstante, su constitucionalización, que no asegura su cristalización, fue un potente aliciente para su difusión. Cada vez hay más interés en el Buen Vivir o en el Vivir Bien, en un debate con creciente interés fuera de estos dos países, como lo demuestra esta entrevista.

 

K.U.: Tu relación con el gobierno de Ecuador y con Rafael Correa, desde tu dimisión como Presidente de la Asamblea Constituyente hasta hoy, ha estado jalonada por una cadena de desencuentros bien conocidos. ¿Cómo valoras la trayectoria global del gobierno de Alianza País? ¿Ha servido para impulsar la idea del Buen Vivir?

A.A.: Para decirlo en pocas palabras, el gobierno de Rafael Correa sintetiza una década desperdiciada. Correa fue el presidente que más tiempo estuvo continuadamente en funciones en toda la historia republicana ecuatoriana, tuvo los mayores ingresos económicos, concentró -como ningún otro- el poder estatal en todas sus funciones, coincidió con una época en donde varias administraciones regionales tuvieron el mismo signo ideológico: el “progresismo”, y que, además, tuvo a su mano una guía para grandes transformaciones: la Constitución de Montecristi, que visibilizó como potentes conceptos horizonte al Buen Vivir, a los Derechos de la Naturaleza, al agua como un derecho humano fundamental... A pesar de tener todas esas mareas a favor para propiciar cambios profundos, Correa se limitó a intentar modernizar el capitalismo.

Para lograr tal modernización, Correa vampirizó el concepto de Buen Vivir y lo transformó en un dispositivo de poder y una herramienta de propaganda oficial al servicio de sus apetencias de concentrar poder, disciplinar, y hasta adormecer a la sociedad. Una verdadera aberración.

 

K.U.: En lo que respecta específicamente a los Derechos de la Naturaleza –oficialmente reconocidos en la Constitución- y a las políticas extractivistas del gobierno ¿Qué balance cabe hacer?

A.A.: Los Derechos de la Naturaleza se proyectan con fuerza fuera del Ecuador. Su aprobación constitucional, un hito civilizatorio, potenció procesos existentes desde antes en varias regiones del planeta. Paradójicamente casa adentro los Derechos de la Naturaleza se redujeron a “supuestos derechos”, como afirmó Correa al admitir, en agosto del 2013, que le quedó grande la Iniciativa Yasuní-ITT (surgida desde la sociedad civil mucho antes de su gobierno, dicho sea de paso). Tal era una propuesta revolucionaria acorde a los Derechos de la Naturaleza, acorde al Buen Vivir, con una clara y potente estrategia post-extractivista.

 

K.U.: Continuando con este tema, nos gustaría conocer tu valoración sobre lo que en América Latina llamáis gobiernos “progresistas” (Ecuador, Bolivia, Venezuela, etc.), y que aquí en Europa suelen verse como gobiernos “de izquierda” por algunos sectores y de “corte populista” por otros.

A.A.: Eduardo Gudynas diferenció categóricamente a los gobiernos “progresistas” de los gobiernos neoliberales y de lo que podrían ser gobiernos de izquierda, que actualmente no existen en América.

¿Son gobiernos de izquierda aquellos que consolidan regímenes caudillescos y autoritarios, que ahondan más y más las modalidades de acumulación primario exportadoras al profundizar y ampliar los extractivismos, que despliegan prácticas conservadoras en cuanto a libertades sexuales, que consolidan el patriarcado y la colonialidad, que limitan y debilitan a los movimientos sociales, que ponen cortapisas a la libertad de expresión...? No, definitivamente no.

Los gobiernos “progresistas” no son de izquierda. Es más, para colmo, con muchas de sus acciones han terminado retornando al redil del neoliberalismo. El gobierno de Correa es un ejemplo claro: basta anotar que suscribió un TLC con la Unión Europea, que en definitiva fue la adhesión al TLC suscrito por los gobiernos neoliberales de Perú, Colombia y de la propia Unión Europea.

 

K.U.: Otro asunto: ¿Puede hablarse de un análisis “latinoamericano” sobre la llegada de Trump a la Casa Blanca y sus consecuencias? ¿Qué repercusiones específicas puede tener para América Latina?

A.A.: Hay múltiples impactos. Destacaría la política migratoria de Trump. Una posición, con acciones violatorias de los Derechos Humanos, que afecta a muchas familias latinoamericanas afincadas a los dos lados del rio Grande...

El negacionismo climático de Trump, un personaje perdido en su iluso mundo de los negocios a ultranza e incapaz de leer la compleja y cada vez más crítica realidad ambiental del planeta, pasará factura a América Latina. Para empezar muchas acciones en marcha destinadas a frenar la barbarie del capitaloceno se verán debilitadas inclusive por el mal ejemplo que emana desde Washington. Al mismo tiempo que las empresas extractivistas darán rienda suelta a su voracidad alentadas por los discursos y las disposiciones del régimen estadounidense.

Quizás Trump, en medio de su aparentemente confusa gestión, hasta llegue a alentar salidas políticas violentas y dictatoriales a los problemas de “su patio trasero”. Su política en contra del gobierno venezolano parece ir en esa dirección. Si bien cabe rechazar enérgicamente cualquier agresión imperial contra Venezuela, es realmente triste ver cómo el deterioro del “progresismo” en el caso venezolano podría dar los justificativos perfectos para la injerencia norteamericana, bajo la típica farsa de “restaurar la democracia y la libertad”.

 

K.U.: Hace dos años las Naciones Unidas proclamaron solemnemente la Agenda 2030 y los ODS. En ellos se reconocía claramente la inviabilidad del actual modelo de producción y consumo y, sin embargo, no parece haberse dado ningún paso hacia adelante ¿Qué valoración haces de los ODS y de la Agenda 2030? ¿Tienen alguna utilidad?

A.A.: Los ODS están impregnados de un pecado original: la idea del desarrollo, que en realidad es un fantasma. Hace rato debimos desencantarnos de esa alocada carrera detrás del desarrollo. Si bien hay cada vez más gente demanda un cambio radical de rumbo en el mundo, esta no es aún la tendencia mayoritaria. Menos aún en Naciones Unidas.

Un punto clave: Naciones Unidad es lo que es, una amalgama en donde predominan los intereses de los más poderosos y en donde el todo no puede superar a sus partes. Me explico, no es posible superar estructuralmente los problemas del capitalismo mundial desde el seno de las actuales Naciones Unidas. Allí la mayoría de gobiernos de los países representados defienden privilegios de los grupos de poder, mientras buscan a como de lugar el progreso y el desarrollo. Es aclara porque solo se llega a tibios acuerdos como aquellos conseguidos en la Cumbre de Cambio Climático en París, a fines de 2015, que para colmo ya no son respaldados por el gobierno de Trump.

De todas maneras, abrir la discusión sobre los ODS podría profundizar la crítica al sistema y podría ser una oportunidad para reinventar las propias Naciones Unidas.

 

K.U.: Una última cuestión. Como buen conocedor de Europa que eres. ¿Cómo ves Europa desde A. Latina? ¿Crees que hay aún alguna esperanza de que la UE desempeñe algún papel positivo en este momento en la búsqueda de alternativas a la crisis sistémica en la que vivimos, o por el contrario constituye un obstáculo para ello?

A.A.: Es cierto que viajo con frecuencia a Europa y que recorro algunos países europeos discutiendo las posibles alternativas, algunas de ellas esbozadas anteriormente. Pero de allí a decir que conozco Europa hay mucho trecho. En realidad hay muchas Europas. Como bien anota el gran sociólogo José María Tortosa, Europa presenta muchas caras, por ejemplo, cuando se leen las diversas aproximaciones al tema de la migración.

Lo que si me atrevería a plantear es que Europa ya no es el continente de las luces. Quedan perdidos en los pliegues de su historia el nacimiento y difusión de muchas ideas-horizonte, como liberalismo o socialismo, que emergieron desde Europa o que se expandieron a través del viejo continente sacudiendo al mundo. Ese tiempo ya pasó. Es más, a ratos me parece que en Europa se ha perdido incluso la capacidad de aprender de su propia historia. Basta ver su incapacidad para enfrentar definitivamente los problemas de endeudamiento externo de los países del sur del continente, cuando en 1953 ofrecieron una salida completa a la Alemania que venía de desatar dos grandes guerras en el continente y en el mundo.

A pesar de esos cuestionamientos encuentro cada vez más acciones desde las comunidades y localidades europeas que tendrán una fuerte resonancia futura si se sintonizan con otras luchas de resistencia y de construcción muy vivas y activas a lo largo y ancho del planeta.

http://www.galde.eu/eu/entrevista-alberto-acosta/

 

 

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Una maqueta de un planeta Tierra se muestra en el parque Rheinaue durante la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas COP23 en Bonn, Alemania.

 

Acaba de concluir otra ronda de negociaciones internacionales sobre el cambio climático, con la 23 Conferencia Global de Naciones Unidas sobre cambio climático en Bonn, Alemania (COP 23, CMNUCC, 6-17 noviembre). Aunque en esta conferencia se avanzó en algunos temas, como la adopción de una plataforma indígena y un plan de acción de género, las negociaciones de fondo van a paso mucho más lento que la urgencia que marca el caos climático y los impactos que ya estamos sufriendo. Esto abre el camino para que propuestas altamente riesgosas como la geoingeniería ganen terreno.

En 2015, el Acuerdo de París sobre cambio climático acordó limitar el aumento de la temperatura a muy por debajo de 2 ºC, pero no fijó la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), medida crucial por que éstas son las que causan el cambio climático. Por tanto, los países principalmente responsables de las emisiones de GEI, siguen sin considerar medidas reales que ataquen las causas y permitan una solución de largo plazo. En su lugar empujan soluciones falsas, como mercados de carbono y medidas tecnológicas como la geoingeniería: la manipulación tecnológica y a gran escala del clima para manejar los síntomas del cambio climático.

La manipulación del clima tiene origen militar, pero es también un negocio redondo para las empresas petroleras, de agronegocios y otras de las más poderosas del planeta: significa que pueden seguir calentando el planeta con la contaminación de combustibles fósiles, sistema alimentario agroindustrial y urbanización descontrolada y al mismo tiempo hacer nuevas ganancias con la venta de tecnología para enfriarlo o para remover el dióxido de carbono de la atmósfera.

Hay una veintena de propuestas para manipular el clima a nivel global, algunas son para bloquear o reflejar los rayos de luz solares, por ejemplo instalando una gran nube volcánica artificial sobre el Ártico, inyectando sulfatos en la estratósfera o blanqueando nubes con miles de naves no tripuladas. Otras son para remover gases de la atmósfera, echando millones de toneladas de minerales y sustancias químicas en los mares, o absorbiendo carbono por medios mecánicos y químicos para luego enterrarlo en fondos geológicos; otras pretenden alterar el tiempo a nivel local, como siembra de nubes y manejo de huracanes. Todas las propuestas conllevan impactos ambientales, sociales y geopolíticos graves. Por ejemplo, bloquear parte de la luz del sol sobre el Ártico tendría impactos devastadores en otras regiones, provocando sequías o inundaciones en África, Asia y América Latina, poniendo en riesgo las fuentes de agua y alimentos de millones de personas (https://tinyurl.com/yamamn6a).

Aunque no está en la agenda oficial, en la COP 23 la propuesta de geoingeniería que más se promovió fue BECCS: bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Se trata de mega-plantaciones (árboles y cultivos), para quemarlas para bioenergía y capturar el dióxido de carbono de ésta y otras actividades para almacenarlo en fondos geológicos, como pozos de petróleo usados. Esta última técnica proviene de la industria petrolera (Enhanced Oil Recovery), fue diseñada para recuperar reservas profundas, pero no la usan por no ser económicamente viable. Rebautizada como técnica para el cambio climático podrían conseguir subsidios y créditos de carbono, logrando ganancias adicionales al extraer más petróleo y que además les paguen por combatir el cambio climático que esas mismas empresas causaron.

Por otro lado, para que BECCS tuviera algún efecto para mantener el aumento de temperatura en menos de 2 ºC o hasta 1.5 ºC, habría que plantar de 500 millones a 6 mil millones de hectáreas de monocultivos, lo cual es absurdo. Toda la tierra cultivada actualmente son mil 500 millones de hectáreas. Eso no evita que igual se promuevan esas mega-plantaciones, que aunque no sirvan para el cambio climático, serán negocio de quien las instale, compitiendo con la producción de alimentos y amenazando el territorio de campesinos e indígenas, ahora a nombre del combate al cambio climático.

Al mismo tiempo que la COP 23, en el Congreso de Estados Unidos se realizó una audiencia especial sobre geoingeniería, lo cual muestra que no hay contradicción entre negar el cambio climático y promover la geoingeniería. (https://tinyurl.com/y89 jyuzz)

Parafraseando a un directivo de Exxon, la fórmula es nosotros [Estados Unidos, la industria petrolera] no causamos el cambio climático, pero si existe, tenemos la solución tecnológica

Como todos saben que BECCS no funcionará para frenar el cambio climático (aunque lo que se haga con BECCS tendrá impactos sociales y ambientales muy negativos) otras propuestas de geoingeniería para bloquear la luz del sol o remover carbono se presentan como la verdadera solución. Pese a que por sus altos riesgos e impactos potenciales, el desarrollo de geoingeniería está bajo una moratoria en el Convenio de Diversidad Biológica, el Programa de Geoingeniería Solar de la Universidad de Harvard, ya está planteando hacer un experimento a campo abierto (SCoPEx), en zonas indígenas de Arizona, cerca de la frontera con México. (https://tinyurl.com/ ya6vs7g5)

Existen muchas vías reales, socialmente justas y ecológicamente sanas para enfrentar el cambio climático, como la agroecología campesina, restauración de ecosistemas desde las comunidades, rediseño del transporte público, energías renovables y locales justas, entre muchas otras. La geoingeniería se debe prohibir: es una apuesta de riesgos inaceptables, para mantener los privilegios de quienes provocaron el cambio climático y aumentar sus ganancias.

*Investigadora del Grupo ETC

 

 

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Puerto de carbón en la ciudad caribeña de Santa Marta (Colombia).

 

Aunque la mayoría de los países del mundo suscribieron voluntariamente los acuerdos sobre cambio climático de Naciones Unidas (ONU), un reciente estudio publicado en Alemania advierte que el uso del carbón como fuente de energía crece en América Latina y el Caribe.

La organización no gubernamental Urgewald presentó un informe titulado: "Lista de salida global del carbón" (Global Coal Exit List o CGEL, en inglés), en el que señala que, no obstante la presión mundial para disminuir la minería del carbón, varios países latinoamericanos y caribeños adelantan proyectos para ampliar "esa contaminante fuente energética", informó la agencia IPS.

 

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Mineros trabajando en la mina artesanal "pozito", en el pueblo de Nueva Rosita (México). / Tomas Bravo / Reuters

 

En expansión

 

El documento, cuya difusión coincidió con la 23 Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), destaca la influencia regional de los explotadores de carbón, considerado como un mineral altamente contaminante.

"Hay varios proyectos en planeación para explotar el mineral y eso amenaza con mantener esa dependencia por años", declaró a la agencia noticiosa Heffa Schuecking, directora de Urgewald.

El informe de la ONG, que pasa revista a 770 empresas extractivas, comercializadoras, prestadoras de servicios y generadoras termoeléctricas, pretende alejar a los inversionistas de ese sector, con el fin último de "mantener un mundo habitable", dijo Schuecking.

 
Números negros

 

El GCEL precisa que en América Latina y el Caribe, la capacidad termoeléctrica instalada que depende del carbón para su funcionamiento, alcanza los 17.909 megavatios (MW).

 

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Una pala de tractor descarga carbón en el puerto de la ciudad de Santa Marta (Colombia) / Juliana Lopera / Reuters

 

Los países con mayores capacidades en la generación de energía con fuente carbonífera son:

México: 5.351 MW.
Chile: 5.101 MW.
Brasil: 4.355 MW.


Por otra parte, Urgewald asegura que varias naciones latinoamericanas adelantan proyectos que contemplan el empleo del carbón para generar 8.427 MW adicionales, y que serán aportados por:

Chile: 2.647 MW.
Brasil: 1.540 MW (sumados a su generación actual).
República Dominicana: 1.070 MW.
Venezuela: 1.000 MW.
Jamaica: 1.000 MW.
Colombia: 850 MW.
Panamá: 320 MW.


"Esos emprendimientos anclarían aún más el contaminante mineral en la región y dificultarían su retiro para combatir el cambio climático", indica el informe.

 
Manos foráneas

 

En los procesos de explotación de carbón, la ONG ubica 14 empresas creadas en países de Latinoamérica: Brasil (5), Colombia (5), Chile (1), Perú (1), República Dominicana (1) y Venezuela (1).

 

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Mina Cana Brava, operada por SAMA SA, parte del Grupo Eternit, en Minacu, norte del Estado de Goias (Brasil). / Ueslei Marcelino / Reuters

 

A ellas se suman las transnacionales que ya tienen operaciones en el área, como AES y Drummond (EE.UU.), Enel (Italia), Engie (Francia), Glencore (Inglaterra Suiza), BHP Billiton (Inglaterra-Autralia) y Anglo American (Inglaterra). Todas activas en la región.

 

Explotación y exportación

 

Según el documento, Colombia, con sus 90 millones de toneladas de carbón producidas durante el año 2016, es el país con mayor volumen extractivo en Latinoamérica. Una producción destinada casi en totalidad a la exportación.

Actualmente, Colombia opera sus minas a cielo abierto en conjunto con las empresas Drummond, Glencore, BHP Billiton y Anglo American.

Le siguen Brasil, con una capacidad de producción que alcanza los 8 millones de toneladas de carbón al año, y México con 7,25 millones anuales.

 

Intereses

 

Para Lusbi Portillo, académico venezolano y director de la ONG Sociedad Homo Et Natura, la insistencia de varios países de la región en explotar el carbón "es una inmensa contradicción, vista desde los acuerdos de cambio climático promovidos por Naciones Unidas".

Y advierte que detrás de la explotación del carbón en América Latina y el Caribe "abundan los intereses económicos".

 

Venezuela: un ejemplo

 

Portillo cita, como un ejemplo de voluntad política para generar energía limpia, el proyecto de parque eólico desarrollado en la Guajira venezolana, al occidente del país, que inició operaciones en 2013 y que se proyectó para generar hasta 10.000 MW.

 

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Venta de carbón en el mercado La Parada, en el distrito de La Victoria de Lima (Perú). / Mariana Bazo / Reuters

 

Ese parque, cuyo desarrollo contempla 10 fases, "podría generar energía limpia para el occidente de Venezuela y parte de Colombia", apunta.

Ahora, asevera el académico, existe el interés de un sector "de abandonar el parque eólico para construir una carboeléctrica que generaría apenas 1.000 MW".

El director de la ONG agregó que la explotación del carbón, en cualquier país del mundo, "sólo acentúa los efectos del cambio climático, dadas las altas emisiones de CO2 (dióxido de carbono)", y, en el caso específico de Venezuela, se convertiría en un contrasentido frente al discurso del gobierno, "que habla permanentemente de salvar el planeta".

 

Ernesto J. Navarro

 

 

Publicado enMedio Ambiente
Noam Chomsky considera que la humanidad enfrenta tres crisis fundamentales.

 

La humanidad enfrenta una crisis moral que representa amenazas más graves que las vividas en la Guerra Fría y a la sociedad parece no importarle, declaró este domingo el filósofo, lingüista y activista estadounidense Noam Chomsky.

Durante su presentación en el festival Ciudad de las Ideas, que se celebró este fin de semana en Puebla (México), el lingüista afirmó que la sociedad actual se enfrenta a tres grandes crisis, todas con un factor común: la crisis moral de deshumanización.

“Todavía recuerdo ese 6 de agosto de 1945”, aseguró el intelectual sobre el día que la bomba atómica fue lanzada sobre Hiroshima (Japón) para apuntar la primera de estas crisis, la nuclear. Recordó que estaba en un campamento de verano cuando sucedió y entonces: “A nadie le importó. Salí solo a caminar y desde entonces he seguido el comportamiento temerario por parte de los líderes políticos”.

Chomsky dijo que acabar con la guerra nuclear es sencillo porque “sabemos cómo enfrentar el problema” y la solución es deshacerse de las armas pero los intereses particulares de determinados países prevalecen ante la paz mundial. En pleno siglo XXI la historia de las Guerras Mundiales parece quedar muy atrás para los jóvenes, sin embargo la amenaza es mayor porque los países están más armados que nunca y en una carrera armamentística y de exhibición de poder con una actitud de provocación constante al “enemigo”, indicó el analista nacido hace 89 años en Filadelfia, Estados Unidos.

“En el caso del cambio climático los signos ya están, la ciencia ha demostrado las consecuencias”, sostuvo Chomsky al resaltar la segunda crisis, la ambiental. Comentó que la Comisión Nacional del Cambio Climático en EEUU ha informado de que existe la posibilidad de que el nivel del mar se eleve hasta dos metros en este siglo, lo cual ha sido negado por la administración de Donald Trump.

Imaginar las consecuencias de que se produjera un incremento del nivel de mar es escalofriante porque si hoy hay problemas de refugiados “piense cómo sería si Nueva York estuviera bajo el agua”, sostuvo. Consideró inverosímil que EEUU, “el Estado más importante en la historia de la humanidad, está rehusando participar para enfrentar el problema”.

La tercera crisis que enfrenta la humanidad es el riesgo inminente a una pandemia porque “estamos en el vértice de catástrofes posibles y no lo estamos tomando en serio” reiteró. En una conversación con el fundador del festival Ciudad de las Ideas, Andrés Roemer, y el físico Lawrence Krauss, Chomsky criticó los tratados comerciales advirtiendo que no buscan el beneficio de la sociedad sino satisfacer los intereses de quienes los formulan.

“Los tratados de libre comercio no lo son; están diseñados por ejecutivos corporativos, inversores que buscan su propio interés, son convenios de intereses” enfatizó Chomsky. Además, acusó al gobierno de EEUU de imponer unas leyes que dificultan el desarrollo de tecnologías renovables.

(Con información de EFE)

 

Publicado enSociedad
Tropas de EEUU: después de Brasil, vuelven a la Argentina

 

Luego de la participación en los ejercicios militares Amazonlog por primera vez con tropas en la Amazonia, las Fuerzas Armadas de EEUU se aprestan a regresar a territorio argentino, luego de casi una década de ausencia.

El 7 de septiembre pasado, el Senado dio media sanción al proyecto enviado por el Ministerio de Defensa (a propuesta de la Armada) de permitir el ingreso de tropas estadounidenses al territorio nacional para llevar adelante un ejercicio combinado denominado 'Cormorán', que involucra la entrada al mar y a la Patagonia argentina de aeronaves y buques del Pentágono. Sin embargo, la Cámara de Diputados aplazó a principios de noviembre una decisión que sería definitiva.

El encargado de negocios de EEUU en Buenos Aires, Thomas Cooney, admitió que "estamos reiniciando una serie de actividades de cooperación militar", en referencia a las participación de 30 militares estadounidenses a fines de octubre en un ejercicio junto a la Armada argentina. Desde 2009, no se registraba la presencia de topas de EEUU. "Es una muestra de que estamos regresando a una relación normal", dijo Cooney al diario Clarín.

Sin embargo, se negó a ofrecer detalles sobre las relaciones bilaterales en materia de seguridad porque, en su opinión, "algunos periodistas se están confundiendo". En efecto, existe amplia sensibilidad en Argentina hacia la participación de militares en tareas de seguridad interior, luego de la última dictadura militar (1976-1983).

Un día antes de que los diputados debatieran el pedido de ingreso de tropas de EEUU, el 8 de noviembre, la página latinta.com publicó los dos textos que están en cuestión. De ellos surge que se trata, nada menos, de 22 ejercicios militares en 12 meses y que varios sucederán en la sureña provincia de Chubut, que recientemente fue escenario de un escándalo nacional por la desaparición del joven Santiago Maldonado, encontrado sin vida dos meses después, en el marco de la represión al pueblo mapuche.

Los ejercicios están contemplados en el 'Programa de Ejercitaciones Combinadas' a realizarse desde el 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, siendo el primero el 'Cormorán', en la Base Aeronaval Almirante Zar (Trelew, Chubut), Base Aeronaval Comandante Espora (Bahía Blanca, Buenos Aires) y en la 'Zona Económica Exclusiva de la República Argentina'.

Una de las críticas más sólidas es que el Poder Ejecutivo no especifica las hipótesis de conflicto sino que las camufla detrás del concepto de "nuevas amenazas", en línea con la política del Pentágono. Bajo esa vaga definición, aparece una diversidad de cuestiones como "narcotráfico, terrorismo, piratería, tráfico de personas, pesca ilegal", así como la "ayuda humanitaria", con las que justifican la intervención militar.

Según el diputado Guillermo Carmona, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, con estas iniciativas "el Gobierno promueve la realización de ejercicios militares que perfilan la incursión de las fuerzas armadas en el campo de la seguridad interior".

Es posible una mirada más general para observar lo que está sucediendo en Argentina y en la región, respecto a las relaciones entre Sudamérica y los EEUU.

La primera es que EEUU está avanzando de forma contundente, en especial en la cuestión militar. A los ejercicios Amazonlog17, realizados en la frontera Brasil-Colombia-Perú, se deben sumar los recientes Teamwork South 2017, realizados en Chile del 30 de junio al 12 de julio, entre Talcahuano y Coquimbo, con amplia participación de buques de guerra del Pentágono.

El giro conservador que resulta evidente en países como Brasil y Argentina, dibuja una coyuntura propicia para el avance de los planes de Washington, que se siente especialmente fuerte en el terreno militar. Su objetivo no es otro que poner freno a la presencia de China en materia económica y de Rusia en el terreno militar.

La República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia firmaron el 7 de noviembre un acuerdo para facilitar las visitas recíprocas de naves de guerra. La estrecha colaboración de varios países sudamericanos y del Caribe con las Fuerzas Armadas de Rusia es motivo de honda preocupación en el Pentágono, que siente cómo la alianza China-Rusia puede desplazarla de la región donde primero asentó su dominación.

La segunda cuestión es que no se trata sólo de ejercicios militares, sino de una creciente cooperación que incluye la venta de armas y de los más diversos equipamientos. Argentina compró un lote de 12 aviones de combate a los EEUU para modernizar su Fuerza Aérea, cuando tenía otras opciones incluso en la región.

La tercera es que la actitud de países como Argentina, al estrechar relaciones con Washington, tiende a dañar las relaciones con sus vecinos. Al no definir de forma precisa las hipótesis de conflicto, se produce "un retroceso en la construcción de la mutua confianza regional que había establecido Argentina con sus pares limítrofes". Al parecer, desde Uruguay se ha interpretado como "omisión maliciosa" del Gobierno argentino la "verdadera hipótesis de empleo de algunos ejercicios militares".

La política exterior de Washington y del Pentágono no sólo busca avanzar sobre ciertos países que considera decisivos para mantener la hegemonía regional. Busca también generar tensiones entre vecinos, en particular con aquellos que no se han alineado totalmente con su política. Una forma de enfrentar a los países de la región para facilitar la aplicación de sus planes.

El empuje neoconservador que observamos en Sudamérica desde 2014 está en su apogeo. En las elecciones chilenas del 19 de noviembre, la derecha empresarial puede retornar al Gobierno, a través del expresidente Sebastián Piñera. Sin embargo, como todas las ofensivas, ésta tenderá a enlentecerse y luego será revertida, por las resistencias internas e internacionales. Ojalá no sea demasiado tarde para impedir el desmantelamiento de los cambios operados en la década progresista.

 

 

Publicado enInternacional
Lunes, 20 Noviembre 2017 08:40

El perro del hortelano

Miembros de la tribu mashco-piro, fotografiados en 2011 por Survival International, en la selva del sudeste peruano / Foto: Afp

 

 

No conocen fronteras, es que habitan el continente desde antes de que éstas fueran trazadas. Hoy se calculan en alrededor de doscientos los pueblos indígenas que viven en aislamiento en América Latina. Se concentran en el área amazónica y el Chaco paraguayo. Durante mucho tiempo su existencia no era conocida por los estados del continente. Hoy Venezuela es el único país que no la reconoce. Su principal amenaza es el extractivismo y el avance de las empresas sobre las tierras.

 

Alejandro Parellada es coordinador para América Latina del Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (Iwgia, por sus siglas en inglés), una organización global con sede en Dinamarca fundada en 1968 dedicada a promover, proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas. Argentino exiliado en Suecia a comienzos de los setenta, tiene un máster en historia de las religiones y antropología social de la Universidad de Lund y trabaja en temáticas de derechos de los pueblos indígenas en América Latina desde hace más de 25 años. Uno de los capítulos que ha venido acompañando es la realidad de los pueblos indígenas en aislamiento.


—¿Desde cuándo trabaja Iwgia con los “aislados”?

—Desde 1996. Empezamos con un seminario sudamericano que se hizo en Perú, en Pucallpa, sobre áreas protegidas y pueblos indígenas. A partir de entonces algunas organizaciones indígenas empezaron a mencionar la existencia de comunidades aisladas que vivían en áreas de protección, como parques nacionales, etcétera. Al mismo tiempo, estábamos involucrados en la titulación de tierras en Perú, donde en algunas comunidades que estaban escriturando la gente llamaba la atención sobre la existencia de individuos o comunidades aisladas.


Entonces se diseñó un programa de protección para estos pueblos a partir de una figura legal que en Perú se llamaba “reservas territoriales”, reservas temporarias de protección hasta que estos pueblos decidan integrarse o no a la sociedad nacional.

Se desarrolló una metodología de trabajo, primero, para demostrar ante el Estado la existencia de estos pueblos. En esa época ningún Estado de la región, a excepción de Brasil, sabía que había pueblos en condición de aislamiento.

Se hicieron una serie de trabajos antropológicos que estaban basados básicamente en entrevistar a comunidades aledañas, registrando historias de haber visto a esta gente.

Y entonces se empezaron a trazar las rutas migratorias de estos pueblos. Y con documentación que sustenta la existencia y las rutas migratorias se armaron propuestas ante el Estado peruano para el establecimiento de estas áreas de protección donde no puede haber actividades económicas y no pueden existir asentamientos humanos permanentes.

A partir de entonces comenzaron una cantidad de estudios, publicaciones, seminarios, en los que se incluyeron los otros países de la región donde existen comunidades en aislamiento.

Estos pueblos, que se calcula son alrededor de doscientos, están en los países del área amazónica más el Chaco paraguayo. Brasil es el que tiene más pueblos en aislamiento –cerca de cien– y fue el primero en reconocer su existencia. Allí la Fundación Nacional del Indio (Funai) estableció un trabajo específico. Al principio se practicaba la política del contacto: contactar con los pueblos para protegerlos. Posteriormente se estableció a nivel regional una política de no contacto, dejando que los pueblos mismos decidan si tienen contacto o no. Luego de Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia reconocieron la existencia de pueblos en aislamiento. Venezuela sigue siendo el único país que no lo hace. Y en Paraguay se reconoce sólo a un pueblo: los ayoreos.

En general se trata de pueblos transfronterizos. Muchos de ellos tienen una ruta migratoria que cruza fronteras, entonces es una problemática más regional que nacional.

 

—Recuerdo el caso del genocidio del pueblo aché, en Paraguay, un pueblo selvático, obligado a sedentarizarse, esclavizado y diezmado en la dictadura de Stroessner. En aquel caso, ¿podía decirse que más que aislados fueron acorralados?


—Sí, la historia de los aché también está relacionada con el Iwgia, que se fundó cuando tomó forma la denuncia internacional del genocidio de este pueblo. Era la misma problemática, aunque no existía la categoría “indígenas en aislamiento”. Vivían en el monte, en la selva, y venían siendo acorralados, cazados, se los expulsaba del territorio. Los aché sobrevivieron, tuvieron una recuperación de tierras, mantuvieron el idioma. Fue un proceso en el que, por diferentes factores, pudieron sobrevivir como pueblo.

En la Amazonia ocurrió algo similar. Hubo pueblos que huyeron hacia el monte, escapando de epidemias y masacres, y que durante mucho tiempo habían vivido relativamente en calma y con buenos recursos naturales.

Ahora, con la búsqueda de nuevos recursos (para explotar), la penetración de empresas petroleras, mineras, obras de infraestructura como carreteras, etcétera, se vive una especie de tsunami en la Amazonia, una invasión de empresas extractivas y de inversiones. Entonces el contacto es casi inevitable. En algunos casos se da que ellos mismos, atraídos por cuestiones materiales –ollas, cuchillos, etcétera–, se acercan a otras comunidades para intercambiar y refugiarse nuevamente.

En algunos casos puede haber conflictos en el grupo, y una de las parcialidades decide establecerse en forma permanente en las comunidades aledañas.

Eso crea una serie de riesgos, porque normalmente es gente que no tiene un sistema inmunológico muy desarrollado, entonces en algunos casos se han producido enfermedades mortales por cuestiones bastante sencillas.

En los últimos años se han producido bastantes muertes. En estos casos, en general lo que ocurre es que hay contacto no deseado que muchas veces resulta con muerte; operarios de empresas, madereros, etcétera, que se sienten agredidos, crean situaciones violentas, y normalmente los no indígenas entran con armas de fuego.

 

—¿Cuál es el trabajo actual del Iwgia con los aislados? ¿Cuál es la “foto” 2017 de los indígenas aislados en América Latina?


—Hay varias organizaciones que trabajan en el tema. Se intenta coordinar con otras instituciones, organizaciones indígenas sedentarizadas, nacionales, regionales, locales, en estos países. Se han desarrollado políticas particulares orientadas a la protección de los aislados.

Tratamos de apoyar algunas de estas iniciativas e impulsar acciones a nivel regional, desde el intercambio de experiencias de protección, hasta actividades y mecanismos de derechos humanos, como es la Comisión Interamericana (Cidh), la Relatoría de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y otros mecanismos dentro de las Naciones Unidas (Onu) que pueden ser relevantes para desarrollar políticas de protección.

En un momento la Onu desarrolló las Directrices de Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento. Eso fue un proceso en el que participamos. Son la base de los mecanismos de protección, producto de una serie de reuniones, talleres, hasta consensuar un documento.

Se les solicitó a la Cidh y la Onu que ejerzan una presión adicional sobre los gobiernos.

Hoy, a excepción de Venezuela, ya no es un tema de discusión si existen o no los pueblos en aislamiento. Eso ya es un avance importante. Pero al mismo tiempo que hubo avances normativos importantes –formalmente se han aprobado una serie de leyes, de mecanismos–, en la práctica hubo un retroceso. Porque estos derechos no son implementados debidamente. Cada vez se prioriza más la inversión (y la explotación de las empresas) y se debilitan los derechos de los aislados.

Muchas veces hay conflictos de intereses entre los diferentes ministerios. En el caso de Bolivia, por ejemplo, la discusión es esa. Un gobierno indígena, progresista, por un lado, y, por otro, unos pocos indígenas que pueden frenar el desarrollo nacional. Porque muchas veces estas comunidades están en áreas ricas, por ejemplo, petroleras. Un pequeño conflicto fue la aparición o la supuesta aparición de pueblos en aislamiento en la frontera Perú-Bolivia; aparentemente serían del grupo étnico de los mashco-piros, y entraron al territorio boliviano en una zona en la que se está haciendo prospección petrolera. Entonces se pidió la paralización de la actividad petrolera en esa zona, cosa que tiene implicaciones económicas importantes.

En la audiencia (de la Cidh, en Montevideo, a finales de octubre pasado, titulada “Situación de derechos humanos de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial en la Amazonia y el Gran Chaco”) se demostró la dificultad para que se acepten estas áreas de protección, o las que se establecen son demasiado chicas y dan de ese modo prioridad o preferencia a la extracción petrolera. Es el caso de Ecuador.

En el caso de Colombia, donde hay menor cantidad de pueblos en aislamiento, el problema se ha dado principalmente con el conflicto armado. Por ejemplo, a un pueblo de contacto reciente, como los nukaks –que se contactaron hace 20 años–, el gobierno les asignó un territorio muy grande, pero desgraciadamente era una zona de cultivos ilícitos, de actividades de las Farc y los paramilitares. Tuvieron que salir de ahí e irse a vivir a un centro urbano en situaciones paupérrimas.

 

—¿Cuál es el papel que juegan las instituciones como la Cidh?


—En mi opinión, la Cidh sigue siendo uno de los mecanismos más interesantes de derechos humanos, y tuvo un papel fundamental en la época de las dictaduras.
Sin embargo, incluso los gobiernos progresistas que en su momento hicieron uso de la Cidh argumentan que (los problemas de los pueblos indígenas en aislamiento) son cuestiones nacionales que tienen que resolverse a nivel interno y no por una instancia supranacional.

Entonces, sentar al gobierno junto con las organizaciones indígenas de por sí ya es importante, porque muchas veces no ocurre en sus países, sino que esto se tiene que dar en espacios internacionales. Existe un mayor diálogo en estos espacios.

Por ejemplo, con Paraguay tenemos algún tipo de involucramiento: los procesos de solución amistosa para la recuperación de tierras para los ayoreos (parte de ellos pueblos aislados y otros sedentarizados). Una parte muy importante del territorio que la Cidh pidió sea devuelto a los indígenas son tierras privadas y el Estado tiene que comprarlas. Entonces, lo que se pide es que el gobierno paraguayo adjudique parte de su presupuesto a la compra de estas tierras. Esto ha acompañado un proceso de solución amistosa con reuniones de negociación. Son procesos impulsados por la Cidh.

Cuando no se consigue una solución por esta vía, los casos pasan a la Corte Interamericana. Hubo fallos, que crearon jurisprudencia, que obligaron a los estados a resarcir a comunidades por daños ambientales por actividades petroleras, por ejemplo.

 

—Pensar en el tema de los aislados, ¿sería como revivir la historia del encuentro del colonizador con el aborigen en la conquista de América Latina?


—Sí, muchos de sus antepasados huyeron de epidemias o de masacres, han tenido algún mal recuerdo del contacto con las sociedades nacionales. Pero sí, es una situación bastante particular en la que por razones obvias no existe un diálogo de igual a igual, entonces hay que activar otros mecanismos, otras formas de relacionamiento, y tratar de aprender del pasado, de lo que se hizo mal.

Ahora, lamentablemente todo indica que hay situaciones preocupantes, y por pensar que es poca gente –pues se trata de familias o pueblos muy pequeños–, muchos opinan que no pueden ser una barrera para el desarrollo.

 

—Quizás este punto de conflicto entre indígenas y desarrollo se plantee también con otras realidades indígenas, especialmente con la cuestión de la tierra y su propiedad.

—Es un conflicto que hay que discutir y resolver. Y en ello el Estado tiene un papel importantísimo, de aceptar que son ciudadanos de su país con derechos particulares.

Alan García, el ex presidente peruano, hablaba de los indígenas amazónicos como “el perro del hortelano”; no explotan los recursos naturales y tampoco dejan que los demás los exploten. Él tenía esa teoría sobre los indígenas en general.

Hay un reconocimiento normativo y formal que de hecho es muy limitado, debería ser muchísimo mayor.

 

 

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