Martes, 23 Enero 2018 06:48

Falsos principios del neoliberalismo

Falsos principios del neoliberalismo

 

Reflexionamos hoy sobre algunas de las ideas fundamentales que el neoliberalismo nos ha imbuido en estas últimas décadas, hasta casi hacernos creer que “no hay alternativa” posible al mismo.

Una primera de éstas es aquella que establece la existencia de una línea recta, sin desvíos posibles, desde la privatización de los sectores económicos estratégicos de un país hasta los avances consiguientes, y sin límite, del modelo de desarrollo. Se nos repite machaconamente ese axioma, hasta considerarlo casi como ley natural e inmutable. Y en medio de esos dos extremos de la recta de evolución social y económica que supone este camino hay, por supuesto, algunas otras estaciones que nos llevan obligadamente de una a la siguiente. Así, el principio neoliberal completo podríamos resumirlo en una secuencia parecida a la siguiente, con pocos matices ya hablemos de Europa, de África, Asia o de América. La privatización de los sectores económicos estratégicos y de la vida de un país, provocará automáticamente la atracción de la inversión extranjera, con la consiguiente generación de puestos de trabajo, creando todo ello un aumento de la riqueza, que se traduce en una mejora de las condiciones de vida y de la lucha contra la pobreza y la disminución paulatina de ésta, provocando así un desarrollo ilimitado del país en cuestión.

El problema de este principio es que por mucho que se nos repita, éste no es más que eso, un postulado ideológico que la realidad se encarga permanentemente de desmentir. Con claridad absoluta si miramos a los países del llamado Sur; con claridad difusa, pero cada vez más nítida, si miramos a la mayoría de los países del llamado Norte. Así, el complementario principio del neoliberalismo, según el cual mediante esa regla la generación de riqueza en la cúspide de la pirámide social debe de alcanzar, digamos que por desborde (imaginemos una pirámide de copas de champan), a los niveles más bajos es una mentira absoluta y hoy evidente. La riqueza no fluye hacia la totalidad de la sociedad, sino que se acumula más y más en sus estratos ya enriquecidos, a costa de los demás, traduciéndose en un ensanchamiento de la brecha de la desigualdad que hoy ya ni las propias escuelas del neoliberalismo se atreven a negar. Por lo tanto, de la negación que pretendemos establecer del primer axioma neoliberal, habría que reconocer que el mismo si tiene una estación de ese camino como verdadera: la privatización de los sectores estratégicos y de la vida generan un aumento de la riqueza, pero ésta se queda en manos de la minoría, sin redistribución posible hacia las grandes mayorías y, sin producir por lo tanto ni disminución de la pobreza generada por ese mismo sistema, ni el pretendido desarrollo ilimitado.

Pasemos ahora a un segundo principio fundamental de este sistema dominante, que se ubicaría en el ámbito político. Así, aunque la proclama neoliberal sigue diciéndonos que la democracia es el sistema político ideal para la vida en sociedad, al igual que con los derechos humanos, comprobamos día a día que ésta es cada vez más discurso y menos ejercicio verdadero. De esta forma y a pesar de ser negado en todos los ámbitos, podemos afirmar como una realidad que va imponiéndose que el neoliberalismo, como modelo de ordenamiento y relacionamiento político y de la vida, hoy se asienta claramente en una deriva autoritaria.

Un rápido recorrido por algunos territorios del planeta nos permite ver que los golpes de estado llamados blandos han proliferado en los últimos tiempos en, por ejemplo, América Latina; todo ello para reencauzar y asentar firmemente las políticas neoliberales. Brasil, Honduras, Paraguay son evidencias de cómo el golpe de estado vuelve a ser el modelo para retomar el poder los sectores más extremos de la derecha neoliberal y, acto seguido, volver a la aplicación de este tipo de medidas que se traducen en reprivatizaciones de sectores estratégicos, recortes de derechos de todo tipo y empobrecimiento de las grandes mayorías. Pero esa deriva autoritaria se percibe claramente también en gobiernos aparentemente democráticos como los de Argentina, Chile o Colombia, donde las medidas de mayor control social o de recortes en derechos políticos y laborales son una constante para, por ejemplo, facilitar la entrada y explotación de recursos naturales (bienes comunes) por parte de las transnacionales y precarizar la vida de la población (despidos masivos, desaparición de subsidios, recortes de pensiones...).

Pero no nos equivoquemos. Esta situación no es una constante solo en América Latina y, por el contrario, de una u otra forma y con matices acordes a realidades diferenciadas, la deriva autoritaria se repite en muchos otros puntos del planeta. Estados Unidos abandera este proceso desde la aprobación de la conocida como Acta Patriótica a raíz de los atentados en 2001 que, entre otras, aumenta la discrecionalidad y poder de los cuerpos policiales y militares; deriva que hoy se agrava con las medidas que va implantando D. Trump contra la población emigrante de forma especial pero contra la práctica totalidad de sectores sociales. Así, cada día más y más sectores poblacionales en EE.UU. pierden su condición de titulares de derechos (población negra, latinoamericana, nativa, musulmana....), eliminando obstáculos posibles al dominio absoluto de las élites económicas y políticas.

Y si atravesamos el océano hacia esta otra orilla, los recortes civiles y políticos impuestos con la excusa de la crisis económica o de la seguridad antiterrorista en Europa hace que queden cada día más lejos los tiempos del estado del bienestar y, sobre todo, aquellos en los que este continente se presentaba como el campeón en la defensa de los derechos humanos. Evidentemente muchas se nos presentan (se nos venden) como medidas contra el terrorismo, pero poco tienen que ver con eso y mucho más con esa deriva autoritaria que señalamos. Ejemplos de esta tendencia serían la conocida como Ley Mordaza en el estado español o todo lo que hoy propicia el aumento de los postulados de la ultraderecha (Polonia, Hungría, Austria...). Así, a pesar de esa presentación de medidas para la protección de la población, los recortes en libertades suelen tener su verdadera, aunque oculta, razón de ser en evitar la respuesta social y política al libertinaje de las empresas y gobiernos ante todo el proceso de disminución de derechos que el sistema neoliberal va imponiendo. Imposiciones de las élites económicas que hoy son quienes realmente dictan la vida de nuestras sociedades, con el consentimiento subordinado de las élites políticas tradicionales en los distintos gobiernos, ya hablemos de Gasteiz, Madrid, París, Berlín o Bruselas.

Otro caso paradigmáticos de la deriva autoritaria, y posiblemente el más evidente fue el sojuzgamiento hasta el ahogo del gobierno y pueblo griego no respetando de ninguna forma aquello que éste último decidía en las urnas ante las medidas de ajustes y recortes de todo tipo que imponía la troika comunitaria.

Pero, más sibilina es la imposición que se hace desde determinadas esferas europeas de las políticas de ajuste estructural que hoy construyen una salida de esa crisis antes aludida en precario y con recortes brutales en derechos civiles, laborales y políticos. Por no hablar de lo poco democrático que para este sistema dominante, neoliberal y machista, resultan los índices de mujeres asesinadas o agredidas diariamente. Tampoco los datos de población emigrante ahogada en el mediterráneo o al otro lado de las vallas en las fronteras de esa Europa que un día se consideró la cuna de los derechos humanos y que hoy se encierra en una pretendida fortaleza inexpugnable.

En fin, como señalábamos al principio algunos principios neoliberales (desarrollo y democracia) son realmente difíciles de sustentar a poco que decidamos mirar a nuestro alrededor.

 

Este material fue compartido con autorización de Prensa Comunitaria

 

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La policía suiza reforzó los trabajos de vigilancia en los alrededores del centro de conferencias de Davos, a un día de que comience el Foro Económico Mundial

 

El crecimiento económico sólo beneficia a los más ricos: Oxfam

Indica que la desigualdad social es una traba para eliminar la pobreza en el mundo

Tiene 1% de la población más recursos que todo el resto

 

Davos.

La desigualdad en el ingreso siguió en aumento el año pasado. Sólo ocho empresarios, todos varones, poseen una riqueza que equivale al ingreso de 3 mil 600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad, reveló la organización humanitaria Oxfam, en un reporte publicado a propósito de la realización, esta semana, del Foro Económico Mundial, que reúne en esta ciudad a la élite de la política y los negocios del mundo.

La súper concentración de riqueza sigue imparable. El crecimiento económico sólo beneficia a los que más tienen, denunció.

Las cifras mostradas en el reporte revelan que el uno por ciento más rico de la población posee más que el restante 99 por ciento. Esa minoría registró además 82 por ciento del crecimiento patrimonial global el año pasado. La lista de multimillonarios aumentó más que nunca entre 2016 y 2017.

La desigualdad social es una traba para la eliminación de la pobreza en el mundo, advirtió Jörn Kalinski, de Oxfam Alemania. Es veneno para nuestra sociedad, agregó. Oxfam alabó los avances en la lucha contra la pobreza extrema. Según datos del Banco Mundial, la cifra de personas que cuentan con menos de 1.9 dólares al día se redujo a la mitad entre 1990 y 2010, y bajó todavía más desde entonces. Aun así, la creciente desigualdad de ingresos impide que el número de personas que salen de la extrema pobreza sea más elevado. La ONG también criticó la reciente reforma fiscal de Estados Unidos.

A pesar de que los líderes mundiales se hayan comprometido con el objetivo de reducir la desigualdad, la brecha entre los más ricos y el resto de la población se amplía, señaló Oxfam. Investigaciones de la ONG revelan que, en los pasados 25 años, el uno por ciento más rico de la población ha percibido más ingresos que el 50 por ciento más pobre de la población en su conjunto.

“El boom de los multimillonarios no es signo de una economía próspera, sino un síntoma del fracaso del sistema económico”, afirmó la directora de Oxfam, Winnie Byanyima. Desde 2010, es decir, en plena crisis tras el estallido de la burbuja financiera en 2008, la riqueza de la élite económica aumentó como media de 13 por ciento por año, precisó.

El pico se alcanzó entre marzo de 2016 y marzo de 2017, periodo en el que se produjo el mayor aumento en la historia del número de personas cuya fortuna sobrepasa los mil millones de dólares, a un ritmo de nueve nuevos multimillonarios cada año.

Oxfam basa sus cálculos en datos del banco Credit Suisse y de la revista estadunidense Forbes.

Las mil 810 personas con una fortuna superior a mil millones de dólares estadunidenses que integran la lista Forbes de 2016 poseen en conjunto 6.5 billones (millones de millones) de dólares, la misma riqueza que 70 por ciento de la población más pobre de la humanidad.

Si los milmillonarios mantienen su nivel de rentabilidad, dentro de 25 años ya tendremos el primer billonario en el mundo, alguien con una fortuna de al menos 1 billón de dólares (aproximadamente, el equivalente al PIB de España).

En América Latina, la riqueza de los multimillonarios creció en 155 mil millones de dólares el año pasado. Dicha cantidad de riqueza sería suficiente para acabar casi dos veces con toda la pobreza monetaria por un año en la región, de acuerdo con Oxfam.

Para la organización, las mujeres obreras son las que se encuentran en lo más bajo de la pirámide. En todo el mundo, ellas ganan menos que los hombres y están sobrerrepresentadas en los empleos peor pagados y los más precarios.

En América Latina las mujeres laboran casi el doble de horas que los hombres en trabajos no remunerados.

 

 

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Una protesta contra la visita de Judith Butler en São Paulo, el 7 de noviembre.

 

Un informe de la ONG Front Line Defenders registra al menos 212 víctimas en la región

 

Al menos 212 defensores de derechos humanos fueron asesinados el año pasado en América Latina, según un informe de la ONG Front Line Defenders, con sede en Dublín (Irlanda). El documento, difundido a principios de mes y presentado la semana pasada en castellano, señala que la mayoría de crímenes en la región corresponde a Colombia y Brasil, que juntos registran 156 víctimas (73,5%). La suma de este tipo de asesinatos en el continente representa más de dos tercios del total mundial registrado por la organización internacional (312).

La particularidad del caso colombiano está en que mientras la guerrilla de las FARC entregó las armas el año anterior como parte de los acuerdos de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, las bandas criminales y paramilitares se han desplegado para perseguir y asesinar a líderes sociales, principalmente en las regiones en las que operaba el grupo. Naciones Unidas registra hasta el pasado 20 de diciembre 105 asesinatos de defensores de los derechos humanos en el país sudamericano; el 59% de estos perpetrados por sicarios.

“La violencia contra los defensores de derechos humanos se intensificó a la par de las crisis políticas y económicas en Venezuela, Brasil, Guatemala, Paraguay, Honduras y Argentina”, remarca el informe de Front Line Defenders, que cuenta con la ayuda de una red de organizaciones sobre el terreno para recolectar los datos de cada país.

Venezuela es el caso más emblemático entre los enumerados por la organización. El país sudamericano vivió una ola de protestas entre abril y julio contra los ataques del régimen al Parlamento, de mayoría opositora, en la que hubo más de 120 muertos, según la Fiscalía. La ofensiva antidemocrática del régimen de Nicolás Maduro desembocó en el establecimiento, en agosto, de una Asamblea Constituyente conformada únicamente por el chavismo que usurpó las funciones del Parlamento opositor.

“En Brasil se produjo un aumento de la violencia y de la participación [en esta] de las fuerzas de seguridad del Estado”, afirma el documento sobre el segundo país con el mayor número de asesinatos en la región junto a Colombia. “En mayo, 10 defensores pacíficos del derecho a la tierra fueron abatidos a tiros por la policía en Pau-d’Arco [Estado de Pará, en la región amazónica]. Seis semanas después, un testigo de la masacre que se había escondido también fue asesinado”, agrega el texto, que apunta a los activistas en favor de los pueblos indígenas y la defensa de la tierra como las principales víctimas del país.

 
Ola ultraconservadora

 

El informe alerta, sin embargo: “La violencia [...] se ha extendido a otros sectores e incluye ataques en áreas urbanas, por ejemplo, contra defensores de derechos humanos que trabajan en las favelas de Río de Janeiro o grupos LGBTI en Curitiba”.

Con respecto a este último punto, el diagnóstico de la ONG coincide con el ascenso de una ola ultraconservadora en el gigante sudamericano que incluye intentos de agresión contra la filósofa feminista estadounidense Judith Butler o el boicot de una exposición artística sobre género y diversidad sexual en un museo de Porto Alegre.

Front Line Defenders también llama la atención sobre el caso de México, que a pocos días del fin de 2017 amenazaba con cerrar su año más violento en dos décadas. “El 2017 también fue testigo del mayor número de asesinatos de activistas ambientales y periodistas registrados en [el país] en los últimos años”, subraya el informe. Y agrega: “La aprobación en diciembre de una nueva Ley de Seguridad Interior que permite la intervención de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública es particularmente preocupante por la ambigüedad de la redacción, su probable implementación arbitraria y sus posibles efectos negativos en la protesta social”.

 
     
     
  
LA REGIÓN MÁS PELIGROSA DEL MUNDO


Asesinatos. 212 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2017 en Latinoamérica, el 67,9% del total global (312), según la ONG Front Line Defenders.

Colombia. Este es el país con el mayor número de víctimas; registraba hasta el pasado 20 de diciembre 105 asesinatos de activistas, según el recuento de las Naciones Unidas.

Disminución. La cifra de 2017 es levemente menor a la de 2016, cuando la organización registró 217 crímenes de este tipo en la región (77,2% de la cifra mundial, 281 asesinatos).

Distribución. En 2016, el número de asesinatos de activistas se repartió así: Colombia (85), Brasil (58), Honduras (33), México (26), Guatemala (12), El Salvador (1), Peru (1) y Venezuela (1).

 

  
     
     

 

 
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De Daktari a Óscar Pérez: el uso de la carta paramilitar contra Venezuela

 

 

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Colombia vivió un proceso de reconfiguración de su territorio debido al desplazamiento forzado de más de 2 millones de personas (en su mayoría de carácter rural/campesino) que produjo la ocupación y ofensiva militar del Plan Colombia y el paramilitarismo.

Lejos de resolver algo, aunque tampoco ese era el interés inicial, el negocio de la guerra se amplía al igual que sus mecanismos y canales de financiamiento, los que le dan existencia: narcotráfico, comercio de armas, criminalidad económica, etc.

La frontera venezolana recibe los primeros impactos de un fenómeno con rasgos transnacionales y transfronterizos, sustentados por un Estado fallido que entregó su seguridad interna a Estados Unidos y determinado, principalmente, por la importancia que tiene para este último la cocaína que ahí se produce y exporta; una balanza que a su vez inclina a favor el aumento en la demanda de armas. El narcotráfico también tiene su geopolítica.

Ese proceso de conquista sui géneris cuyo resultado fue la depredación progresiva, también sui géneris, de la vida económica y social de la frontera, trajo consigo el afianzamiento de grupos armados que pasaron a controlar rutas de contrabando, venta de armas y narcotráfico. La empresa de la guerra en Colombia marca USA creció sobremanera y buscó en Venezuela instalar su filial, expansión que dio además un nuevo carácter a la clásica delincuencia organizada en Venezuela bajo una economía ilegal trazada a partir del narcotráfico, el contrabando, el sicariato... y a futuro, de la violencia política.

Tratándose de una empresa, entonces, era natural que la necesidad de un aparato de seguridad privado, en este caso el paramilitarismo, haya adquirido formas como brazo ejecutor del neoliberalismo, toda vez que disputa al Estado el control social sobre el territorio. Y eso aplica tanto para Colombia como para Siria.

Esta penetración configuró la importación progresiva de ese ejército privado en suelo local, pero también su forma de moldear una cultura de la violencia específica en Venezuela, plantándose como empresa más allá de lo meramente delictivo. Por el hecho de tener esa cualidad privada, es que grandes intereses políticos pueden echar mano y utilizarlo. Es cuestión de asumir el riesgo de dicha inversión.

El paramilitarismo no es un fenómeno venezolano, las bandas y referentes del crimen organizado no nacieron espontáneamente, sus formas de administración de castigo y control social sobre ciertos territorios tampoco lo aprendieron en Internet; es consecuencia de la geopolítica de la guerra de Estados Unidos a través de Colombia, de la cual también son víctimas los colombianos. Estar al lado del principal productor de cocaína del mundo y del principal mercado de armas de la región se dice fácil, precisamente en ese detalle está la razón de ser de que el paramilitarismo sea utilizado como herramienta política en Venezuela y que como fenómeno tenga las implicaciones que tiene.

No producto de la casualidad jefe político del paramiliarismo colombiano, en una reciente intercambio con periodistas, empatizara con las acciones de Pérez y llamara al Ejército a sublevarse contra el Gobierno.

 
Daktari, modus operandi y la vía armada


El hecho de la finca Daktari en su momento dio dimensión de hasta dónde se estaba dispuesto a llegar para sacar al chavismo del poder, de hasta dónde se habían corrido los límites. Fue un año donde el país se encontraba movilizado por la agenda del referendo revocatorio impulsada por el antichavismo, quien buscaba consolidar una victoria política luego del golpe/paro/sabotaje de meses anteriores.

Los hechos y sus vinculaciones políticas y empresariales son harto conocidas; más de 100 paramilitares contratados, y vinculados a agentes infiltrados dentro de la fuerzas de seguridad y empresarios, daban la medida de un modus operandi que se ha repetido inercialmente durante los últimos años: a medida que se pierden batallas políticas, recurren al plomo; a medida que se pierden las batallas callejeras (guarimbas), donde también apelan al plomo, recurren a los sicariatos y asesinatos políticos. Y para ello solo falta quien ponga la plata sobre la mesa y quien mueva los resortes (piense en la CIA), y quien desde la tribuna política y mediática sea cómplice en desvirtuar, negar o legitimar lo que de allí resulte.

Dependiendo de ese contexto más general es que adquiere visibilidad en qué momento se apela a células armadas (germen de los ejércitos privados) para intensificar la violencia callejera, o cuando, en circunstancias de reflujo, se emplea con fines selectivos como asesinatos políticos. Después del icónico hecho de la finca Daktari se han evidenciado las múltiples formas de aplicación de este instrumento, resaltando los periodos de guarimba como escuelas o centros de entrenamiento, donde también se intenta posicionar grupos armados (disfrazados de “manifestantes”, por supuesto) para escalar la confrontación.

Las guarimbas de 2017 describieron bastante bien que las molotvs y escudos hechos de latón eran herramientas de márketing que difuminaba -para la prensa mundial- el secuestro y control de urbanizaciones, el uso de francotiradores y de armas de fuego en confrontaciones y la intención probada de llevar a cabo asesinatos contra personas por ser o parecer chavistas.

Existe una intención manifiesta de tantear la vía armada, tanto por actores internos como externos: el reconocimiento internacional del escenario de confrontación de las guarimbas, partera de células como la de Óscar Pérez y Juan Caguaripano, vino por parte de Estados Unidos y la Unión Europea principalmente.

 

Células armadas y el caso Libia


Luego de cerrado el ciclo de violencia política y armada en Venezuela, se suscitaron tres ataques armados. Uno dirigido contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, mientras niños que estudian en esa institución se encontraban adentro) y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz desde un helicóptero donde se lanzaron granadas y ráfagas de disparos de alto calibre; y otros dos contra instancias de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el estado Carabobo (Fuerte Paramacay) y el estado Miranda (Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB). El fin era obtener armas para preparar un golpe a futuro y ganar capacidades, pero también imponer en la opinión pública una supuesta superioridad en términos tácticos y militares, además de un clima de terror.

Con estos ataques dos células armadas (una de Óscar Pérez y otra del ex militar capturado Juan Caguaripano) pasaron a ser la nueva apuesta.

Una célula no es un fin en sí mismo, sirve como agrupamiento inicial de una estrategia superior dirigida a conformar un ejército paralelo: tras un proceso de infiltración y cooptación de fuerzas regulares para producir deserciones, se intenta darle forma y objetivo político. De esta manera ocurrió durante la “primavera árabe” que azotó Libia, donde los servicios de inteligencia de la OTAN lograron extraer oficiales del estamento militar para nutrir a los “rebeldes”, bajo un marco narrativo global que ubicaba como única ruta con sentido práctico la agenda armada para salir de Gadafi. ¿Les suena?

Pérez y Caguaripano eran evidencia de esa intención (global pero adaptada a cada terreno) de “resolver” los conflictos a plomo y de infiltrar fuerzas de seguridad para conformar el germen de un ejército privado. En Venezuela la visibilidad de esta intención es aún mayor cuando se mide el asedio psicológico al que están sometidas la FANB, los recurrentes llamado de la oposición a “ponerse del lado de la Constitución” (eufemismo para llamar a la insurrección) y las infiltraciones detectadas a tiempo.

En tal sentido el desmantelamiento de estas dos células altamente peligrosas no sólo iba dirigido a revertir cualquier acto de sabotaje o terrorismo a futuro, según el constituyentista Diosdado Cabello se preparaban para hacer estallar un carro-bomba en la embajada de Cuba, sino también neutralizar posibles operaciones dentro de las fuerzas de seguridad. Este último punto es clave en cuanto a la anticipación con respecto a los servicios de inteligencia extranjeros que pudieran estar operando para reeditar a un Pérez o a un Caguaripano que, nuevamente, intenten dirigir al país por los derroteros de la guerra.

 

Medios, políticos estadounidenses y legitimación del paramilitarismo con otro nombre


Un componente fundamental que posibilita la legitimación y empatía con grupos armados son los medios de propaganda privados. Bajo la imposición de un alias globalizado (los “rebeldes”), se ha justificado desde las grandes empresas de la comunicación el caos y la mercenarización de conflictos, como en Medio Oriente luego de la “primavera árabe”. Y “rebeldes” son, justamente, todas las células terroristas o grupos armados que “emerjan” en territorios con gobiernos que no están alineados a Estados Unidos.

Venezuela no escapa de este tratamiento, ya durante las últimas guarimbas habían adelantado un cuadro narrativo para representar como “enfrentamientos entre manifestantes pacíficos contra militares armados” lo que realmente eran episodios de ultraviolencia, cortes de vías, disparos de francotiradores y saqueos contra comercios.

Sin embargo el alias “rebelde”, una nomenclatura que signa un factor militar, se vio con claridad luego de que Óscar Pérez y su grupo cayeran abatidos en el enfrentamiento; medios internacionales y locales cartelizaron el tono y lo glorificaron como “el piloto que se rebeló contra Maduro”, apelando a las brechas de desinformación que dejó el operativo, y sobre todo, a las voces más extremas del espectro político (María Corina Machado, Diego Arria, Antonio Ledezma, etc.) que dieron un respaldo frontal a Pérez.

Si bien ese alias ya denota en sí la intención de correr los límites del relato en pro de legitimar células armadas, ubicando a Pérez en la misma coordenada simbólica de organizaciones terroristas en Medio Oriente, otro dato prefigura los apoyos externos con los que cuenta la opción bélica: Marco Rubio, Otto Reich, Roger Noriega e Ileana Ros defendieron a Óscar Pérez y respaldaron sus acciones.

No se trata de simples congresistas o voceros políticos de Estados Unidos, sino de un sector que luego del ascenso de la Administración Trump ha alcanzado importantes niveles de influencia para configurar el marco de las relaciones exteriores EEUU hacia Venezuela. Resaltan los casos de Otto Reich y Roger Noriega, ambos operadores de la guerra sucia en Centroamérica y vinculados estrechamente a los servicios de inteligencia estadounidenses, a los que Marco Rubio, en su posición de senador, les da un empujón para que su limitada voz se escuche. Caso que también aplica para Luis Almagro, que aprovechando la ola desde su cuenta Twitter compartió el apoyo dado por ONGs financiadas por el Departamento de Estado, como Human Rights Watch.

En este punto es necesario recalcar lo obvio: el próximo atentado que planeaba la célula de Pérez, o la de Caguaripano antes de su desmantelamiento, estaría legitimado por estos actores políticos del Congreso estadounidense, los cuales han demostrado influencia en delimitar la política exterior hacia Venezuela. Marco Rubio e Ileana Ros incluso tienen acceso a cajas negras presupuestarias con las cuales podrían, incluso, otorgar financiamiento para no detener el entusiasmo, un dato ya de por sí bastante peligroso.

Esa prueba es más que suficiente para poner en contexto el operativo contra la célula de Pérez, pero sobre todo, como el paramilitarismo está sobre la mesa de quienes han adquirido una influencia relativa en la Casa Blanca para moldear el qué hacer con Venezuela.

Durante estos días se ha intentado mostrar a Óscar Pérez como un caso aislado, cuando en realidad representa una continuidad (aún no lograda) en el marco de la agenda paramilitar contra Venezuela.

 

(Tomado de Misión Verdad)

 

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António Guterres, secretario general de la ONU, destacó que las remesas alcanzan un total mundial de 600 mil millones de dólares. En la imagen, migrantes mexicanos provenientes de Oaxaca, Guerrero y Michoacán trabajan recolectando fresas en Oxnard, California

 

Durante 2017 los migrantes en todo el mundo enviaron a sus familias 600 mil millones de dólares, aproximadamente, lo que representa casi tres veces la asistencia oficial para el desarrollo.

Así lo asienta el informe Hacer que la migración funcione para todos, presentado ayer por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ante la Asamblea General.

El documento subraya los beneficios económicos de la migración: este sector gasta 85 por ciento de sus ganancias en sus comunidades de acogida y remite el 15 por ciento restante a sus países de origen.

En el mundo, dijo, hay 258 millones de migrantes internacionales, equivalente a 3.4 por ciento de la población mundial. Y la expectativa es que este sector siga creciendo. De ese total, 6 millones están atrapados en el trabajo forzoso.

Por ello, el secretario general de la ONU llamó a los líderes mundiales a trabajar juntos para forjar un sistema de migración ordenado que reduzca el riesgo y el sufrimiento para quienes abandonan sus naciones. La gestión de las migraciones es una de las pruebas más urgentes y profundas de la cooperación internacional de nuestro tiempo.

El informe apremia a los estados miembros de la ONU a promover la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, como un elemento central del Pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular.

Las mujeres representan 48 por ciento de todos los migrantes del mundo, y envían a sus países de origen un porcentaje mayor de sus ganancias que los hombres. Sin embargo, lamentó, enfrentan políticas laborales y costumbres más restrictivas que los varones, lo que acota su ingreso económico y su contribución social.

Guterres convocó a los gobiernos a trabajar juntos para crear un sistema global de migración productivo y humano que mejoraría la soberanía de los estados en lugar de deteriorarla.

Las naciones deben tomar en consideración tres elementos en la definición de una estrategia para este tema: un enfoque humanitario basado en la defensa de los derechos humanos, recursos financieros para definir el estatus de migrantes una vez que la primera ayuda humanitaria sea aportada y encontrar opciones reales para quienes no pueden pretender un estatus de refugiados, pero les es imposible regresar a sus países de origen.

Si los gobiernos instauran más vías legales para la migración, basadas en análisis realistas de las necesidades del mercado laboral, es muy probable que disminuyan los cruces fronterizos, que haya menos trabajadores indocumentados y menos abusos, sostuvo.

Aseveró que este fenómeno social es un motor de crecimiento económico, innovación y desarrollo sostenible. Por lo que en el informe destacó que hay evidencias claras que prueban que, pese a los desafíos reales que el fenómeno genera, es beneficiosa para las comunidades de acogida, en términos sociales y económicos.

En ese sentido dijo que es necesario un nuevo enfoque. Es momento de dibujar todas las partes del Sistema de las Naciones Unidas, incluida la Organización Internacional para las Migraciones, para apoyar los esfuerzos de los estados miembros para abodar la situación.

 

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Puigdemont, exiliado en Bélgica, será promovido por los independentistas como president.

 

Promoverán la investidura del ex president Puigdemont, exiliado en Bélgica

Las formaciones soberanistas más votadas en los comicios del 21 de diciembre sellaron el acuerdo en la madrugada de ayer en Bruselas. Acordaron dar quórum en la Legislatura para impedir maniobras del gobierno español.

 

Los independentistas catalanes llegaron a un acuerdo para intentar posibilitar la investidura del ex presidente del Parlamento regional, Carles Puigdemont, quien permanece exiliado en Bélgica y si regresara a España sin fueros podría ir a prisión. La Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) y Junts per Cataluña (JxCat), las formaciones soberanistas más votadas en los comicios del 21 de diciembre, sellaron el acuerdo en la madrugada de ayer en Bruselas, informó la dirigente de ERC Marta Rovira.

En la reunión, los independentistas se pusieron de acuerdo en dos cuestiones: rechazar de plano la posibilidad de no dar quórum en caso de que el Estado intente impedir una composición que refleje el resultado de las elecciones y buscar la manera de que Puigdemont pueda ser investido.

El destituido jefe de gobierno catalán quiere ser investido por vía “telemática” a través de Skype, algo que el reglamento del Parlamento de la norteña región no prohíbe expresamente, aunque expertos en leyes señalan que el Tribunal Constitucional podría prohibirlo amparándose en el manual de usos y costumbres. La segunda opción es una investidura delegada; es decir, que otro diputado lea su discurso.

En cualquier caso, Puigdemont planea regresar a España –donde lo espera una orden de detención– una vez que haya sido proclamado presidente.

Pero la ERC, cuyo líder, el ex vicepresidente regional Oriol Junqueras, permanece en prisión en Madrid y también obtuvo una banca en las últimas elecciones, advirtió que no quiere tomar una decisión que tal vez no sea viable. “Hay acuerdo”, aseguraron fuentes cercanas al partido en declaraciones el diario catalán La Vanguardia, pero aclararon que no firmaron un cheque en blanco.

Además, la ERC, si bien impulsa la investidura de Puigdemont, se abraza a la esperanza de que sea Junqueras quien lidere el Parlamento, una opción que había quedado relegada a un segundo lugar porque JxCat obtuvo más votos. Por ahora, la única presidencia que ostentaría la ERC, en función del acuerdo de anoche, es la de la Mesa (órgano de dirección) del próximo Parlamento, que se constituirá el 17 de enero próximo. La Mesa está integrada por un presidente, dos vicepresidentes y cuatro secretarios. Los soberanistas ocuparían cuatro de esos asientos, con los que controlarían el órgano y podrían dar batalla por la presidencia regional desde adentro. Sin embargo, desde el partido de Puigdemont, el PDeCat, advierten que cerrar las opciones a “Puigdemont o elecciones” no vale la pena, que lo más importante es retener el gobierno, no quien lo lidera.

Por otro lado, el oficialista Partido Popular (PP) del jefe del gobierno español Mariano Rajoy, ya advirtió que está dispuesto a “impedir por todos los medios” una investidura a distancia y asegura tener un acuerdo con sus aliados para impedirlo. Así lo afirmó ayer el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, quien dijo estar a la espera de una decisión de los independentistas para dar una respuesta.

En los comicios del 21 de diciembre pasado, los soberanistas sumaron 70 legisladores, superando por dos la mayoría absoluta de 68. JxCat (PdeCat y Convergencia democrática) obtuvo 34 diputados, entre ellos Puigdemont, y ERC consiguió 32; el otro partido independentista, la CUP (radicales antisistema) logró 4 escaños. Ayer la CUP instó este mediodía a Junts per Catalunya y a Esquerra Republicana a explicar el “contenido material del acuerdo” que alcanzaron en Bruselas. Sin embargo, sus portavoces aclararon que no está en el ánimo del partido apoyar un eventual gobierno de Ciudadanos o un nuevo llamado a elecciones, por lo que dieron a entender que sus diputados apoyarían la formación de un gobierno independentista como el acordado ayer en Bruselas. Mientras tanto, Junqueras, y quien fuera responsable de Interior del gobierno catalán, Joaquim Forn, también diputados electos, permanecen en prisión preventiva sin fianza en la causa judicial que investiga a todo el anterior gobierno independentista. Puigdemont y Junqueras habían concurrido en coalición en los anteriores comicios catalanes, en septiembre de 2015, y gobernaron juntos hasta ser destituidos por el Ejecutivo español el 27 de octubre pasado. Otros miembros de ese gobierno están en libertad condicional en España o prófugos en Bélgica, y la mayoría de ellos fueron elegidos parlamentarios en diciembre. La Justicia española aún no resolvió si autorizará a los legisladores presos a asistir al Parlamento a votar en la sesión de constitución del 17 y en el debate de investidura que se debe celebrar antes del 31 de enero, pero ya descartó que puedan hacerlo los cinco diputados electos que permanecen en Bruselas.

El Ejecutivo español destituyó a todo el gobierno catalán justo después de que el Parlamento regional aprobase por mayoría una declaración a favor de la secesión unilateral. Entonces, Rajoy, convocó elecciones autonómicas, ganadas en minoría por los liberales de Ciudadanos (36 escaños), contrarios a la independencia. La incógnita es qué pasaría si los independentistas lograran cumplir con sus planes e investir a Puigdemont como presidente del Parlamento: Madrid se encontraría frente al mismo escenario que desencadenó la disolución del gobierno catalán tras la declaración unilateral de independencia.

 

 

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Jueves, 11 Enero 2018 05:51

El mapa de un mundo infernal

El mapa de un mundo infernal

 

Por primera vez vemos nuestras guerras

 

Setenta y seis países implicados en la Guerra contra el Terror de Washington

 

Abandonó el avión Fuerza Aérea Two y, de repente, “envuelto en secretismo”, voló en un avión de transporte C-17 camuflado a la base aérea de Bagram, la mayor guarnición estadounidense en Afganistán. Todas las noticias de su visita fueron retenidas hasta una hora antes de dejar el país.

Más de 16 años después de que una invasión de Estados Unidos “liberase” Afganistán, estuvo otra vez allí para dar algunas buenas noticias a un contingente de soldados que participaba en una ofensiva. Ante una bandera de EEUU de más de 12 metros de largo, el vicepresidente Mike Pence se dirigió a 500 militares estadounidenses elogiándolos por formar parte de “la mayor fuerza mundial para el bien”, se vanaglorió de los ataques aéreos de EEUU –“aumentados espectacularmente” hacía poco tiempo–, juró que su país “estaba aquí para quedarse” e insistió en que “la victoria está más cercana que nunca”. Sin embargo, tal como lo hizo notar un observador, la respuestas de la audiencia fue “apagada” (varios soldados permanecieron con los brazos cruzados o con las manos tomadas en la espalda; aunque escucharon, no aplaudieron”).

Pensemos en esto como apenas el último cuento de hadas (no precisamente uno de los hermanos Grimm) geopolítico al revés, una historia para nuestra época que podría estar comenzando: Hace mucho tiempo –en octubre de 2001, exactamente–, Washington lanzó su guerra contra el terror. Entonces, solo un país estaba en la mira, el mismo en el que más de 10 años antes, Estados Unidos había librado una larga guerra por delegación contra la Unión Soviética, durante la cual había financiado, equipado y respaldado a un importante conjunto de grupos fundamentalistas islámicos, entre ellos el de un adinerado joven saudí llamado Osama bin Laden.

En 2001, tras esa guerra –que ayudó a que la Unión Soviética empezara a transitar el camino hacia su derrumbe–, Afganistán estaba en buena parte (aunque no completamente) gobernado por el Taliban. Osama bin Laden también estaba allí encabezando un relativamente modesto grupo de seguidores. A principios de 2002, bin Laden huyó a Pakistán; atrás quedaban los cadáveres de muchos de sus compañeros y su organización –al Qaeda– casi desmantelada. Los supervivientes del derrotado Taliban pidieron que se les permitiera deponer las armas y regresar a sus aldeas; un malogrado proceso descrito vívidamente por Anand Gopal en su libro No Good Men Among the Living (Ningún hombre bueno entre los vivos).

Daba la impresión de que –aparte de los vítores y, por supuesto, los planes para nuevas proezas– todo había acabado. Los funcionarios más importantes de la administración del presidente George W. Bush y el vivepresidente Dick Cheney eran unos soñadores geopolíticos de primer orden que no podían haber tenido ideas más expansivas acerca de cómo ampliar ese éxito a –como señaló el secretario de Defensa Donald Runsfeld apenas cinco días después de los ataques del 11-S– grupos terroristas e insurgentes en más de 60 países. Fue un argumento que el presidente Bush volvió a recalcar nueve meses más tarde en un triunfalista discurso de graduación en West Point. En ese momento, la lucha que ellos se habían apresurado –sin modestia alguna– a llamar Guerra Global contra el Terror todavía era un asunto de un solo país. Sin embargo, ya estaban trabajando intensamente en los preparativos para extenderla del modo más sustancial y devastador que podrían haber imaginado nunca con la invasión y ocupación del Iraq de Saddam Hussein y la dominación del centro petrolero del planeta que con toda seguridad le seguiría (en un comentario que captó el momento con toda exactitud, Newsweek citó a un funcionario británico “cercano al equipo de Bush” que decía, “Cualquiera quiere ir a Bagdad; los hombres de verdad quieren ir a Teherán”.

Con tantos años que han pasado quizá no sorprenda –como probablemente no sorprendió a los cientos de miles de manifestantes que se volcaron a las calles de las ciudades estadounidenses a principios de 2003 para oponerse a la invasión de Iraq– que esta era una de esas historias a las que les cabe el dicho “ten cuidado con lo que deseas”.

 

Ver las guerras

 

Se trata de un relato que todavía no ha acabado. Ni por asomo . Pera empezar, en la era Trump, la guerra más prolongada de la historia de Estados Unidos –la de Afganistán– no hace más que prolongarse. Están esos números de soldados estadounidenses en aumento; esos ataques aéreos que son cada vez más; el Taliban controlando importantes partes del país; los grupos terroristas con franquicia Daesh que se despliegan con creciente éxito en la región oriental; y, según el último informe del Pentágono, más de 20 grupos terroristas o insurgentes en Afganistán y Pakistán”.

Pensemos en esto: 20 grupos. En otras palabras, después de tantos años, la guerra contra el terror debería ser vista como un ejercicio permanente en el uso de la tabla de multiplicar –y no solo en Afganistán–. Después de más de una década y media que un presidente de EEUU hablara de más de 60 países como potenciales blancos, gracias al inestimable trabajo de un acreditado grupo, el Proyecto Costo de la Guerra (CWP, por sus siglas en inglés) del instituto Watson para los Asuntos Internacionales y Públicos de la universidad Brown, al fin tenemos una presentación gráfica de la verdadera dimensión de la guerra contra el terror. El hecho de que tuviésemos que esperar tanto tiempo nos dice algo de la naturaleza de esta época de guerra permanente.

 

 

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La guerra de EEUU contra el terror en el planeta. Fuente: Proyecto Costo de la Guerra (CWP) *

 

El Proyecto Costo de la Guerra no solo ha elaborado un mapa de la guerra contra el terror en 2015-2017 (dado a conocer por TomDispatch en esta nota), sino el primer mapa de su tipo en la historia. Brinda una excepcional imagen de las guerras contra el terror llevadas adelante por Washington en todo el planeta: su amplitud, el despliegue de fuerzas de EEUU, las cada vez más numerosas misiones de adiestramiento de fuerzas de otros países, las bases estadounidenses que las hacen posible, los ataque aéreos –tanto con drones como con aviones convencionales– que forman parte de ellas y las unidades de combate de EEUU que ayudan en esa lucha (por supuesto, los grupos terroristas se han transformado y expandido notablemente como parte inherente del mismo proceso).

Una mirada al mapa nos dice que la guerra contra el terror, un conjunto cada vez más complejo de conflictos interrelacionados, es hoy un fenómeno eminentemente global. Se extiende desde Filipinas (con su propia organización con franquicia Daesh que realizó una devastadora campaña de casi cinco meses en Marawi, una ciudad de 300.000 habitantes), atraviesa el sur de Asia, Oriente Medio, el norte de África y penetra profundamente en África occidental, donde hace poco tiempo murieron cuatro Boinas Verdes en una emboscada en Niger.

No menos sorprendente es la cantidad de países afectados por la guerra contra el terror de Washington. Alguna vez, por supuesto, era solo uno (o dos, si el lector quiere incluir a Estados Unidos). En estos momentos, el Proyecto Costo de la Guerra reconoce no menos de 76 países (el 39 por ciento de los existentes en el mundo) implicados en ese enfrentamiento de ámbito mundial. Eso comprende lugares como Afganistán, Siria, Iraq, Yemen, Somalia y Libia, donde los ataques aéreos con drones o aviones pilotados son la norma y la infantería de EEUU (frecuentemente unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales) ha entrado en combate directa o indirectamente. También comprende a países en los que hay asesores militares estadounidenses adiestrando a fuerzas armadas locales o incluso a grupos de irregulares en tácticas antiterroristas u otros en los que existen bases militares determinantes en este creciente conjunto de conflictos. Como el mapa lo deja en claro, es frecuente que estas categorías se superpongan.

¿Quién podría sorprenderse que esa “guerra” haya estado devorando los dólares del contribuyente estadounidense a una velocidad que debería dejar pasmada la imaginación de un país cuya infraestructura está cayéndose a pedazos? Otro estudio del Proyecto Costo de la Guerra publicado en noviembre pasado estimó el costo de la guerra contra el terror (incluyendo algunos gastos futuros) ya había alcanzado la astronómica suma de 5,6 billones de dólares. Sin embargo, recientemente, sin ir más lejos, el presidente Trump –que en estos momentos se encuentra intensificando esos conflictos– tuiteó un guarismo aun más sorprendente: “Después haber gastado tontamente siete billones en Oriente Medio, ¡ya es tiempo de empezar a reconstruir nuestro país!” (en cierto modo, también esta cifra parece cuadrar con la estimación del Proyecto Costo de la Guerra, que decía que “el futuro pago de intereses de los préstamos para gastos de guerra probablemente agregará más de 7,9 billones de dólares a la deuda nacional” en la mitad del siglo).

No podría haber sido un comentario más insólito de un político estadounidense, cuando en estos años las declaraciones tanto acerca del costo económico como humano de la guerra habían sido dejadas mayormente a pequeños grupos de estudiosos o de activistas. De hecho, en este país, sobre la cuestión de la guerra contra el terror (extendida del modo que muestra el mapa) prácticamente no existe un debate serio respecto de su costo y sus resultados. Si el documento dado a conocer por el Proyecto Costo de la Guerra es de hecho, un mapa infernal, creo que también es el primer mapa importante de esta guerra jamás publicado

Pensemos un momento en eso. Durante los últimos 16 años, nosotros, los estadounidenses, que financiamos este enmarañado conjunto de conflictos bélicos con billones de dólares, carecíamos de un mapa de las guerras que Washington ha estado librando. Ni siquiera uno. Aun así, algunos fragmentos de ese conjunto de conflictos en continua transformación y expansión han estado regularmente en los medios de prensa, aunque raras veces en la primera plana (salvo cuando había algún ataque terrorista perpetrado por un “lobo solitario”, en Estados Unidos o en la Europa occidental). Sin embargo, en todos estos años, no ha habido un solo estadounidense que pudiese ver una imagen de este extraño y prolongadísimo conflicto bélico cuyo final no está a la vista.

Esto en parte puede explicarse por la naturaleza de esa “guerra”. En ella no hay frentes ni ejércitos avanzando hacia Berlín ni flotas machacando con su artillería la patria de los japoneses. Tampoco ha habido, como en Corea en los primeros años cincuenta, un paralelo que debía cruzarse o tras el cual se pudiera buscar refugio. En esta guerra no ha habido retiradas vosobles ni tampoco –salvo la entrada triunfal en Bagdad, en 2003–avances notables.

Incluso ha sido difícil situar geográficamente los distintos bandos en pugna y, cuando eso ha sido posible –como lo hizo el New York Times en agosto pasado, que dibujó un mapa de las regiones afganas controladas por el Taliban– la imagen era farragosa y su impacto limitado. Por lo general, sin embargo, en estos años, nosotros –el pueblo– nos hemos desmovilizado completamente, incluso cuando solo se trataba de hacer el seguimiento del interminable conjunto de guerras y conflictos armados que componen lo que llamamos la guerra contra el terror.

 

Elaborar el mapa de 2018 y más allá

 

Permitidme que repita este mantra: Una vez, hace casi 17 años, era un país; ahora son 76, y la cuenta sigue creciendo. Mientras tanto, hay grandes ciudades convertidas en escombros, decenas de millones de seres humanos han tenido que abandonar su casa, millones de refugiados han cruzado fronteras, se han desestabilizado cada vez más territorios, algunos grupos terroristas se han convertido en marcas en importantes partes del planeta y nuestro mundo estadounidense continúa militarizado.

Esta situación debería ser considerada como una modalidad completamente nueva de guerra mundial eterna. Entonces, miremos una vez más ese mapa. Y hagámoslo en el modo ‘pantalla completa’. Es importante tratar de imaginar visualmente lo que ha estado ocurriendo, ya que estamos ante un nuevo tipo de desastre, una militarización mundial como nunca la habíamos visto. En la guerra de Washington no importan los “éxitos”, desde aquella invasión de Afganistán en 2001 y la toma de Bagdad en 2003 hasta la reciente destrucción del “califato” del Daesh en Siria e Iraq (o, al menos, la mayor parte de él; en este momento, los aviones de EEUU siguen bombardeando y lanzando misiles en zonas de Siria): los conflictos no hacen más que transformarse y dar vueltas.

Estamos en una era en la que las fuerzas armadas de Estados Unidos son el elemento principal –con demasiada frecuencia, el único– de lo que acostumbraba llamarse la “política exterior” de este país y en la que el departamento de Estado está viendo drásticamente reducido su tamaño. Solo en 2017, las fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses se han desplegado en 149 países, y EEUU tiene tantas tropas en tantas bases en cualquier lugar de la Tierra que al Pentágono le resulta imposible informar sobre el paradero de 44.000 de sus militares. De hecho, es posible que no haya manera de trazar un verdadero mapa de todo esto, pese a que el del Proyecto Costo de la Guerra es un triunfo informativo.

Mirando hacia el futuro, roguemos una cosa: que la gente de ese proyecto tenga mucho aguante ya que es sabido que en los tiempos de Trump (y posiblemente durante bastantes años más), los costos de la guerra no harán más que aumentar. La primera asignación presupuestaria de la administración Trump, aprobada unánimemente por los dos partidos principales en el Congreso y refrendada por el presidente es pasmosa: 700.000 millones de dólares. Mientras tanto, los principales jefes militares y el presidente, intensificando los enfrentamientos armados en países como Niger y Yemen, como Somalia y Afganistán, dan la impresión de estar en la búsqueda permanente de más guerras.

Por ejemplo, señalando a Rusia, China, Irán y Corea del Norte, el comandante del cuerpo de infantería de marina, general Robert Neller les ha dicha hace poco tiempo a las tropas desplegadas en Noruega que se espera una “fuerte lucha” en el futuro, y agregó: “Ojalá esté equivocado, pero veo guerra en el horizonte”. En diciembre, el asesor en seguridad nacional, teniente general H.R. McMaster sugirió también que la posibilidad de una guerra (es de imaginar que sea nuclear) con la Corea de Kim Jung-un estaba “aumentando cada día que pasa”. Mientras tanto, en una administración en la que abundan los iranófobos, el presidente Trump parece estar preparándose para romper el acuerdo nuclear con Irán, posiblemente en este mismo mes.

Dicho de otro modo, en 2018 y más allá, es posible que sean necesarios unos creativos mapas de varios tipos solo para empezar a ocuparnos de las guerras de Estados Unidos. Pensemos por ejemplo en una información reciente del New York Times de que unos 2.000 empleados del departamento de Seguridad Interior ya han sido “enviados a más de 70 países del mundo” cobre todo para prevenir ataques terroristas. Así están las cosas en el siglo XXI.

Demos la bienvenida entonces a 2018, otro año de guerra eterna, y ya que estamos en tema, una pequeña advertencia a nuestros líderes: dados los últimos 16 años, sed cuidadosos con vuestros deseos.

 

* Este mapa es el que el autor incluyó en su nota original en inglés. Si el lector desea verlo más claro y detallado puede hacerlo picando en: http://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/Current%20US%20Counterterror%20War%20Locations_Costs%20of%20War%20Project%20Map.pdf (N. del T)

Tom Engelhardt es cofundador del American Empire Project, autor de The United States of Fear y de una historia de la Guerra Fría, The End of Victory Culture. Forma parte del cuerpo docente del Nation Institute y es administrador de TomDispatch.com. Su libro más reciente es Shadow Government: Surveillance, Secret Wars, and a Global Security State in a Single-Superpower World

Fuente:http://www.tomdispatch.com/post/176369/tomgram%3A_engelhardt%2C_seeing_our_wars_for_the_first_time/#more

Traducción del inglés para Rebelión de Carlos Riba García

 

Esta traducción puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y Rebelión como fuente de la misma.

 

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Sábado, 06 Enero 2018 08:13

Un freno a las falsas noticias

Macron, víctima de noticias falsas el año pasado.

 

Francia y Alemania hacen leyes y las redes sociales toman medidas

El jefe de Estado francés explicó que se trata de “proteger la democracia” de una ola de “propaganda modulada a través de miles de cuentas en las redes sociales que propagan cuentos inventados para ensuciar a una figura pública”.

 

Desde París

“Fake news”, “hechos alternativos” programados desde las profundidades de la cultura política del presidente norteamericano Donald Trump o “realidad alternativa”, la última versión de la manipulación de masa asumida por Margarita Simonián, la directora de Rusia Today y del portal que difunde a Sputnik, la mentira y la falacia se han vuelto un negocio y un terreno de confrontación de las potencias mundiales donde ha perdido no sólo la verdad sino, también, la transparencia democrática. Las tres principales plataformas de propagación de falsedades, Twitter, Facebook y Google, anunciaron una serie de medidas contra ese satanás contemporáneo. A partir del primero de enero Alemania empezó a aplicar la llamada ley «NetzDG» que sanciona con una multa de 50 millones de euros a las redes sociales que no supriman las informaciones “odiosas” o los “fake news”. A Berlín le sigue ahora París con el anuncio hecho por el presidente francés, Emmanuel Macron, de aplicar próximamente una ley contra las noticias falsas y las plataformas que las expanden, y ello durante las campañas electorales. La medida, controvertida en su mismo principio, suscitó una ola de reacciones críticas e impugnaciones desde todos los sectores políticos, principalmente aquellos, como la extrema derecha, que han elevado las “fake news” a la categoría de arma de disuasión masiva.

El jefe del Estado francés explicó que se trata de “proteger la democracia” de una ola de “propaganda modulada a través de miles de cuentas en las redes sociales que, en tan sólo un instante, propagan en todo en mundo, en todos los idiomas, cuentos inventados para ensuciar a un responsable político, a una figura pública o a un periodista”. Emmanuel Macron tiene una cuenta pendiente con esas “fake news”. Durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de abril y mayo del año pasado, Macron fue una víctima directa de esa metodología e, incluso, llegó a denunciar en presidencia del presidente ruso Vladimir Putin a Rusia Today y Sputnik por actuar como “órganos de influencia y de propaganda”. El mandatario adelantó algunos de los dispositivos de esta futura ley cuya meta es, según dijo, doble: “responsabilizar a las plataformas y los difusores en internet” y, en ese contexto, someterlos a obligaciones como, por ejemplo, imponerles una “transparencia más fuerte en torno a todos los contenidos auspiciados con el fin de hacer pública la identidad de esos anunciantes y de quienes los controlan y, a la vez, limitar los montos consagrados a esos contenidos”. El texto en preparación permitiría que en cuanto una “plataforma difunde fake news, la persona concernida cuenta con la posibilidad de dirigirse a un juez para que sea retirada en un plazo de 24 a 48 horas después de publicada la información”. Igualmente, se prevé una suerte de mecanismo para que las instancias de supervisión del campo audiovisual puedan intervenir ante los canales de televisión bajo control de Estados extranjeros e impedir que irrumpan como entes de desestabilización. Aunque Emmanuel Macron no mencionó a ningún medio en particular, para muchos analistas e editorialistas resulta obvio que esta batería de medidas va dirigida muy especialmente a Rusia, cuyo canal Rusia Today ya empezó a emitir en Francia. Sin embargo, el objetivo presidencial fue puesto en tela de juicio de forma severa en un editorial publicado por el vespertino Le Monde. “Qué lindo tema”, ironizó Le Monde. El vespertino admite que “las fakes news se han convertido en una de las armas de guerra tecnológica de la información que ciertos regímenes autócratas llevan a cabo en las democracias occidentales, en cuyo primer puesto, sin nombrarla, Emmanuel Macron pone evidentemente a Rusia”. No obstante, el diario advierte que “ese tipo de ambición legislativa, en un campo tan movedizo y complejo como las tecnologías digitales y en un tema tan crucial como la libertad de la prensa, es por naturaleza peligrosa”.

Muchos comentaristas señalan al respecto que ya existe una ley...de 1881 que permite “castigar” la “difusión, la reproducción de noticias falsas, de elementos fabricados, falsificados o falsamente atribuidos”. Los abanderados de las falacias, los círculos de la extrema derecha francesa, salieron de inmediato al paso de la iniciativa presidencial. La líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, preguntó en un tweet si acaso “¿Francia sigue siendo una democracia cuando le pone un bozal a sus ciudadanos? Muy inquietante”. La izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon se pronunció en el mismo sentido mientras que los expertos apuntan a los límites de una ley como la planteada por el presidente francés. Lo que está es juego consiste en saber si es el Estado quien decide lo que es falso y lo que no. Es lícito admitir que la avalancha de mentiras, la inocencia de la opinión pública o, a menudo, sus opciones ideológicas, llevaron a que se despoje a la prensa de su misión y se la reemplace por un destructor sistema de falacias y cuentos imposibles de verificar. Ello, sin embargo, no legitima al Estado como arbitro. La historia contemporánea prueba hasta qué punto los Estados democráticos desencadenaron desastres y guerras justificadas con mentiras. Dos siguen aún vigentes, o al menos sus consecuencias. La prensa francesa recuerda que el ex secretario de Estado Norteamericano, Colin Powell, presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas “pruebas irrefutables” sobra las armas de destrucción masiva que detentaba el difunto presidente iraquí Saddam Hussein. La segunda Guerra de Irak (2003) se justificó con ese argumento pero las armas jamás existieron y fueron llamadas luego “armas de desaparición masiva”. El también ex Primer Ministro británico Tony Blair procedió de la misma manera en el Parlamento británico. Presentó “pruebas” llenas de falsas informaciones. En la Argentina, la palabra oficial buscó empeñosamente empañar la verdad sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Entonces ¿cómo puede un Estado pretender regular la verdad ? Glenn Greenwald, el periodista norteamericano fundador del portal The Intercept, quien publicara en el diario británico The Guardian (a partir de 2013) las revelaciones del ex agente de la CIA Edward Snowden sobre el espionaje planetario de la NSA, Agencia de Seguridad Americana, escribió: “fake news es una expresión retórica sin definición. Se la pueda asimilar a una forma de propaganda. Trump se la apropió para atacar al periodismo. Ahora, Macron la utiliza para conducir un control oficial de internet”. Las opiniones están, de hecho, divididas. Se admite que algo hay que hacer, pero de pronto no con el Estado como regulador central de lo que es verdad o no. Las opiniones públicas están llamadas a desempeñar un papel preponderante. Ellas son las manipuladas, las destinatarias de las mentiras. Se le exige a la prensa rigor y verdad. Tal vez los lectores tengan también que modificar sus propios hábitos para sobrevivir en este pantano de manipulaciones.

 

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Jueves, 04 Enero 2018 08:12

¿Desglobalización?

Trump edifica muros en pro de la soberanía de Estados Unidos / Foto Ap

 

En círculos académicos y en artículos de opinión publicados en los grandes medios de comunicación se ha mencionado con frecuencia que estamos entrando en un periodo de reversión de los procesos de globalización que han dominado la economía, la política, la cultura y las relaciones internacionales en los pasados 50 años. Se entiende por globalización la intensificación de las interacciones trasnacionales más allá de lo que siempre fueron las relaciones entre estados nacionales, las relaciones internacionales o las relaciones en el interior de los imperios, tanto antiguos como modernos. Son interacciones que no están, en general, protagonizadas por los Estados, sino por agentes económicos y sociales en los ámbitos más diversos. Cuando están protagonizadas por los Estados, pretenden cercenar la soberanía del Estado en la regulación social, sean los tratados de libre comercio, la integración regional, de la que la Unión Europea es un buen ejemplo, o la creación de agencias financieras multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Escribiendo hace más de 20 años, dediqué al tema muchas páginas y llamé la atención sobre la complejidad e incluso el carácter contradictorio de la realidad que se aglomeraba bajo el término globalización. En primer lugar, mucho de lo que se consideraba global había sido originalmente local o nacional, desde la hamburguesa tipo McDonald’s, que había nacido en una pequeña localidad del oeste de Estados Unidos, al estrellato cinematográfico, activamente producido al principio por Hollywood para rivalizar con las concepciones del cine francés e italiano que antes dominaban, o incluso la democracia como régimen político globalmente legítimo, ya que el tipo de democracia globalizada fue la democracia liberal de matriz europea y estadunidense en su versión neoliberal, más la segunda que la primera.

En segundo lugar, la globalización, al contrario de lo que el nombre sugería, no eliminaba las desigualdades sociales y las jerarquías entre los diferentes países o regiones del mundo. Más bien, tendía a fortalecerlas.

En tercer lugar, la globalización producía víctimas (normalmente ausentes en los discursos de los promotores de la globalización) que tendrían ahora menor protección del Estado, ya fueran trabajadores industriales, campesinos, culturas nacionales o locales, etcétera.

En cuarto lugar, a causa de la dinámica de la globalización, las víctimas quedaban más sujetas a sus localidades y en la mayoría de casos sólo salían de ellas forzadas (refugiados, desplazados internos y transfronterizos) o falsamente por voluntad propia (emigrantes). Llamé a estos procesos contradictorios globalismos localizados y localismos globalizados.

En quinto lugar, la resistencia de las víctimas se beneficiaba a veces de las nuevas condiciones tecnológicas ofrecidas por la globalización hegemónica (transportes más baratos, facilidades de circulación, Internet, repertorios de narrativas potencialmente emancipadoras, por ejemplo, los derechos humanos) y se organizaba en movimientos y en organizaciones sociales trasnacionales. Llamé a estos procesos globalización contrahegemónica y en ella distinguí el cosmopolitismo subalterno y el patrimonio común de la humanidad o ius humanitatis. La manifestación más visible de este tipo de globalización fue el Foro Social Mundial, que se reunió por primera vez en 2001 en Porto Alegre, Brasil, y del que fui un participante muy activo desde el inicio.

¿Qué hay de nuevo y por qué se diagnostica como desglobalización? Las manifestaciones referidas son dinámicas nacionales y subnacionales. En cuanto a las primeras, se subraya el Brexit, por el que el Reino Unido (¿?) decidió abandonar la Unión Europea (UE), y las políticas proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como su defensa del principio de soberanía, oponiéndose a los tratados internacionales (sobre el libre comercio o el cambio climático), mandando erigir muros para proteger fronteras, involucrándose en guerras comerciales, entre otras, con Canadá, China y México.

En lo que se refiere a las dinámicas subnacionales, estamos ante el cuestionamiento de las fronteras nacionales que resultaron en tiempos y circunstancias históricas muy distintas: las guerras europeas, desde la Guerra de los Treinta Años y el consecuente Tratado de Westfalia (1648) hasta las del siglo XX que, debido al colonialismo, se transformaron en mundiales (1914-1918 y 1939-1945); el primer (¿quizá segundo?) reparto de África en la Conferencia de Berlín (1884-1885); las guerras de fronteras en los nuevos estados independientes de América Latina a partir de principios del siglo XIX. Se asiste a la emergencia o reactivación de la afirmación de identidades nacionales o religiosas en lucha por la secesión o el autogobierno en el interior de estados, de hecho, plurinacionales. Entre muchos ejemplos: las luchas de Cachemira, de Irlanda del Norte, de varias nacionalidades en el interior del Estado español, de Senegal, de Nigeria, de Somalia, de Eritrea, Etiopía y de los movimientos los indígenas de América Latina. Está también el caso trágico del Estado ocupado de Palestina. Algunos de estos procesos parecen (¿provisionalmente?) terminados, por ejemplo, la fragmentación de los Balcanes o la división de Sudán. Otros se mantienen latentes o fuera del radar de los medios de comunicación (Quebec, Escocia, Cachemira) y otros han explotado de forma dramática en las semanas recientes, sobre todo los referéndums en Cataluña, el Kurdistán iraquí y Camerún.

En mi criterio, estos fenómenos, lejos de configurar procesos de desglobalización, constituyen manifestaciones, como siempre contradictorias, de una nueva fase de la globalización más dramática, excluyente y peligrosa para la convivencia democrática, si es que no implican su fin. Algunos de ellos, contrariamente a las apariencias, son afirmaciones de la lógica hegemónica de la nueva fase, mientras otros constituyen una intensificación de la resistencia a esa lógica. Antes de referirme a unos y otros, es importante contextualizarlos a la luz de las características subyacentes a la nueva fase de globalización. Si analizamos los datos de la globalización de la economía, concluiremos que la liberalización y la privatización de la economía continúan intensificándose con la orgía de tratados de libre comercio en curso. La Unión Europea acaba de acordar con Canadá un vasto tratado de libre comercio, el cual, entre otros temas, expondrá la alimentación de los europeos a productos tóxicos prohibidos en Europa, pero permitidos en Canadá, un tratado cuyo principal objetivo es presionar a Estados Unidos para que forme parte. Fue ya aprobada la Alianza Transpacífica, liderada por Estados Unidos, para enfrentar a su principal rival: China. Y toda una nueva generación de tratados de libre comercio está en curso, negociados fuera de la Organización Mundial del Comercio, sobre la liberalización y la privatización de servicios que en muchos países hoy son públicos, como la salud y la educación. Si analizamos el sistema financiero, verificaremos que estamos ante el sector más globalizado del capital y más inmune a las regulaciones nacionales.

Los datos que son de conocimiento público resultan alarmantes: 28 empresas del sector financiero controlan 50 trillones de dólares, esto es, tres cuartas partes de la riqueza del mundo contabilizada (el PIB mundial es de 80 trillones y además habrá otros 20 trillones en paraísos fiscales). La gran mayoría de esas instituciones está registrada en América del Norte y en Europa. Su poder tiene también otra fuente: la rentabilidad de la inversión productiva (industrial) a escala mundial es, como máximo, de 2,5 por ciento, en 0tanto que la de la inversión financiera puede llegar a 7 porciento. Se trata de un sistema para el cual la soberanía de 200 potenciales reguladores nacionales es irrelevante.

Ante esto, no me parece que estemos en un momento de desglobalización. Estamos más bien delante de nuevas manifestaciones de la globalización, algunas de ellas muy peligrosas y patológicas. La apelación al principio de soberanía por parte del presidente de Estados Unidos es sólo la huella de las desigualdades entre naciones que la globalización neoliberal ha venido a acentuar. Al mismo tiempo que defiende el principio de soberanía, Trump se reserva el derecho de invadir Irán y Corea del Norte. Tras haber destruido la relativa coherencia de la economía mexicana con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y provocado la emigración, Estados Unidos manda construir un muro para frenarla y pide a los mexicanos que paguen su construcción. Ello, además de ordenar deportaciones en masa. En ninguno de estos casos es pensable una política igual, pero de sentido inverso. El principio de la soberanía dominante surgió antes en la Unión Europea con el modo como Alemania puso sus intereses soberanos (esto es, del Deutsche Bank) por encima de los intereses de los países del sur de Europa y de la UE. La soberanía dominante, combinada con la autorregulación global del capital financiero, da lugar a fenómenos tan diversos como el subfinanciamiento de los sistemas públicos de salud y educación, la precarización de las relaciones labores, la llamada crisis de los refugiados, los estados fallidos, el descontrol del calentamiento global, los nacionalismos conservadores. Las resistencias tienen señales políticas diferentes, pero a veces asumen formas semejantes, lo que está en el origen de la llamada crisis de la distinción entre izquierda y derecha. De hecho, esta crisis es el resultado de que alguna izquierda haya aceptado la ortodoxia neoliberal dominada por el capital financiero y hasta se haya autoflagelado con la idea de que la defensa de los servicios públicos era populismo. Esta es una política de derecha, particularmente cuando ésta puede atribuirla con éxito a la izquierda. Residen aquí muchos de los problemas que enfrentan los estados nacionales. Incapaces de garantizar la protección y el mínimo bienestar de los ciudadanos, responden con represión a la legítima resistencia de los habitantes.

Ocurre que la mayoría de esos estados son, de hecho, plurinacionales. Incluyen pueblos de diferentes nacionalidades etnoculturales y lingüísticas. Fueron declarados nacionales por la imposición de una nacionalidad sobre otras, a veces de modo muy violento. Las primeras víctimas de ese nacionalismo interno arrogante, que casi siempre se tradujo en colonialismo interno, fueron el pueblo andaluz después de la llamada Reconquista de Al-Ándalus, los pueblos indígenas de las Américas y los pueblos africanos después del reparto de África. Fueron también ellos los primeros en resistir. Hoy, la resistencia junta a las raíces históricas el aumento de la represión y la corrupción endémica de los estados dominados por fuerzas conservadoras al servicio del neoliberalismo global. A ello se añade el hecho de que la paranoia de la vigilancia y la seguridad interna ha contribuido, bajo pretexto de la lucha contra el terrorismo, al debilitamiento de la globalización contrahegemónica de los movimientos sociales, lo cual dificulta sus movimientos transfronterizos. Por todo esto, la globalización hegemónica se profundiza usando, entre muchas otras máscaras, la de la soberanía dominante, que académicos desprevenidos y medios de comunicación cómplices toman por desglobalización.

Fuente: Cubadebate

 

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42 periodistas asesinados en América Latina en 2017

 

En 2017 fueron asesinados 42 trabajadores de prensa en nueve países de América Latina, incluyendo la ejecución de un youtuber de 17 años y la desaparición forzada no aclarada número 27, ambos crímenes acontecidos en México, país que registró 26 asesinatos, el 62 % del total detectado por esta investigación.

 

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Por razones desconocidas esta cifra luctuosa de América Latina y el Caribe es “reducida” a más de la mitad por las ONG dedicadas al “negocio de la libertad de información”. De este modo, la monopólica caja de resonancia de los grandes medios del mundo entero da a conocer menos asesinatos de informadores de los realmente ocurridos en esta región donde no existe ninguna guerra. Para contrarrestar esta funesta desinformación al final se ofrece “La lista contra el olvido”, con los datos elementales, nombres completos, edades, lugares de trabajo, fecha del asesinato, circunstancias del crimen, etc., para mostrar que estas 42 víctimas fueron personas reales... que se desempeñaban como periodistas, fotógrafos, locutores, editores y oficios afines.

Según el orden alfabético de los nombres de los otros ocho países, un asesinato ocurrió en Chile (el primero en más de 30 años, aún sin aclarar), otros dos acontecieron en Colombia, uno en El Salvador, dos en Guatemala, cinco en Honduras, dos en Perú, dos en República Dominicana y uno en Venezuela, según el registro de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap).

También hubo centenares de denuncias fundadas de intentos fallidos de asesinato, golpizas, espionaje telefónico del Gobierno de México a los periodistas, amenazas de muerte, además de muchos otros atentados similares en diferentes países de la región, en particular México y Honduras. La muerte a manos de sicarios pagados por la corrupción de la clase política y su principal financista de hoy, el narcotráfico (sin perjuicio de otros poderosos actores del gran delito) elimina sistémicamente a periodistas libres, críticos y éticos. Esta “limpieza permanente” se efectúa con total impunidad, en complicidad con sistemas políticos envilecidos por la corrupción generalizada. Todo esto ocurre en una región del mundo donde no existe ninguna guerra y, teóricamente, reinaría una paz social con crecimiento envidiable en presuntos “países democráticos” supuestamente “emergentes” encaminados al “desarrollo”.

Bajo el denominador común de la impunidad absoluta en países que en realidad padecen bastante anomia social, los periodistas viven estresados porque cualquiera puede ser la próxima víctima, pero el atentado definitivo contra un periodista decente no es la única agresión que constantemente sufren reporteros y reporteras de medios pequeños y medianos, y corresponsales de diarios nacionales, principalmente en las provincias y estados. Los periodistas de Ciudad de México, que no parecían tan afectados por los atentados, denunciaron espionaje telefónico y computacional masivo del Gobierno con tecnología israelí.

El gremio se siente impotente, pero marcha clamando justicia y protección de verdad en diferentes ciudades de México. Los periodistas no pueden formar bandas armadas para autodefenderse y preservar su derecho a la vida, asumiendo un rol que le corresponde a cualquier Estado que se precie de civilizado. En cambio trabajan con temor y luchan silenciosamente para que la autocensura no cale hondo ni los inhiba a cambio de sus propias vidas, ante la indiferencia de los poderes reales, formales y fácticos.

Incluso, algunos diarios se cierran para preservar la vida de su personal. Otros medios prefieren ignorar la noticia de los asesinatos o desconocer la condición de periodistas y trabajadores de la información de las víctimas, sobre todo cuando se trata de indígenas, reporteros no famosos o sencillos trabajadores no mediáticos del periodismo. Las leyes de protección son ineficaces, en particular la que está vigente en México.

 
Posición de periodistas mexicanos

 

Las organizaciones mexicanas del gremio denunciaron que "criminalizar a los periodistas victimados es la respuesta gubernamental ante la impunidad prevaleciente." Y añadieron: "No hay otro camino más que federalizar los delitos contras las libertades de prensa y expresión".

El 25 de octubre de 2016 la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Federación Latinoamericna de Periodistas, FELAP-MÉXICO; Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Club Primera Plana, y la Asociación Nacional de Locutores "condenaron y denunciaron en forma pública la perversa insistencia de autoridades de recurrir a la criminalización de los periodistas victimados ante su ineficacia o probable complicidad en resolver estos atentados que vulneran directamente a la sociedad puesto que tienen el propósito de socavar las libertades de prensa y expresión y por ende el derecho a la información.

"Tal oprobio ha vuelto a ocurrir con la posición del Gobierno estatal del estado de Veracruz, por cierto la entidad en donde se han cometido más asesinatos contra los comunicadores en los últimos años, con el asesinato del joven colega, Gumaro Pérez Aguilando, puesto que la Fiscalía General de Justicia, al margen de toda ética y en violación al sigilo que obliga la ley sobre todo en la etapa de investigación judicial, no filtró sino decretó que el reportero Gumaro, bien conocido, inclusive más allá de su zona de influencia, no era periodista y lo calificó de “narco”. Esta deplorable actitud del Ministerio Público veracruzano tiene dos aristas al igual de condenables: primero, pretender, en forma errónea cuidar la imagen del gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares con violaciones al debido proceso; y segundo, la demostración plena de que mientras estos crímenes continúen en el ámbito del fuero común seguirán en la más vergonzosa impunidad como también los hemos venido denunciando desde que el fenómeno se ha vuelto exponencial.

"No existe otro camino para avanzar en la justicia pronta y expedita de los delitos contra las libertades de prensa y expresión, que la FEDERALIZACIÓN de los mismos; la iniciativa de ley existe, fue un trabajo de la Comisión Especial respectiva de la Cámara de Diputados y su Consejo externo de la sociedad civil en la que el gremio organizado participó y se comprometió con toda firmeza. Es de apreciarse que los medios de la llamada gran prensa e innumerables colegas se han unido a esta condena contra la frívola y grave posición de la Fiscalía veracruzana con su actitud de sentenciar “a bote pronto” al colega masacrado, Gumaro Pérez Aguilando, como no periodista y narco. Esta postura oficial lo ubica como otro crimen que yacerá como todos los demás en la inaceptable impunidad."

 

Lista contra el olvido

 

Esta es la nómina de los 42 periodistas asesinados en América Latina en 2017. A los datos personales se añadió información sobre su especialidad, lugar de trabajo y situación laboral:

 

Chile

Marco Álvarez Valenzuela, periodista de 59 años, fue asesinado al mediodía del 4 de diciembre en el balneario chileno de Cartagena, 111 km al oeste de la capital chilena. Dos desconocidos le propinaron seis puñaladas a metros de su trabajo, el Museo Vicente Huidobro.

 

Colombia

María Efigenia Vásquez Astudillo, de 37 años, periodista radiofónica indígena de la emisora Renacer Coconuco, fue asesinada a tiros el domingo 8 de octubre por efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), violento grupo de choque de la Policía que desalojó a un grupo indígena kokonkco que reclama tierras ancestrales en Coconuco, departamento del Cauca, suroeste de Colombia.

Elmer Agudelo Vidales, de 55 años, reportero gráfico y corresponsal en Palmira, Valle del Cauca, Colombia, por más de diez años de los diario El País y Q Hubo de Cali fue asesinado el domingo 27 de julio cuando se encontraba en la puerta de su casa en el barrio El Sembrador, informaron medios de prensa colombianos y europeos.

 

El Salvador

Samuel Jonathan Rivas, de 28 años, camarógrafo del Canal 21 Megavisión, fue asesinado a tiros en Ilopango, a 10 km de la capital San Salvador, el jueves 16 de noviembre.

 

Guatemala

Manuel Salvador Trujillo Villagrán, de 39 años, periodista vocero de la municipalidad de San Jorge, departamento oriental de Zacapa, y reportero de un noticiero local fue emboscado en su motocicleta y acribillado el jueves 19 de enero de 2017 en el kilómetro 149,5 de la carretera local.

Vilma Gabriela Barrios López, de 26 años, locutora de la emisora cristiana Génesis 99.5 FM, poetisa y estudiante universitaria, fue encontrada muerta el 5 de febrero en el río Samalá, departamento de Quetzaltenango, occidente del país, según reportó Cerigua en mayo.

 

Honduras

Carlos Oveniel Lara Domínguez, reconocido camarógrafo de televisión de Nueva Arcadia, La Entrada, departamento occidental de Copán (noreste de Honduras), fue asesinado por sicarios el 23 de octubre. Según el organismo estatal de derechos humanos en Honduras asesinaron a 73 periodista,desde 2003.

Osmin Antonio España Chávez, de 50 años, director de un programa de televisión del Canal 80 del departamento de Copán, occidente de Honduras, fue asesinado el miércoles 4 de octubre en la barriada Santa Rosa por cuatro sicarios.

Carlos William Flores, periodista del Canal local 22, fue asesinado por sicarios el 13 de septiembre en el departamento de Cortés, cerca de la frontera con Guatemala.

Víctor Fúnez, de 41 años, presentador del programa ‘Informe Nocturno’ del Canal 45, fue acribillado el 15 de junio en La Ceiba, al norte de Tegucigalpa.

Igor Abisaí Padilla Chávez, de 37 años, periodista de TV, fue asesinado a balazos el martes 17 de enero en San Pedro de Sula, norte de Honduras. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, denunció que "estos crímenes buscan desgarrar el tejido social".

 

México
 

Juan Jaimes Jaimes, periodista, locutor y docente y músico, desapareció por secuestro el 6 de junio de 2017. Llamado “Jonny Jaimes” era muy conocido por sus programas periodísticos y artísticos en "La Transmisora 92.9 FM" de Tlatlaya, Estado de México. Ésta es la desaparición forzada sin aclarar número 27 en México.

Luis Abraham González Contreras, fotógrafo de 31 años, desaparecido desde el 19 de diciembre fue hallado en un basurero de Chelem, Yucatán, informó Fapermex, la organización de los periodistas de México. "El cuerpo se encontró desmembrado en bolsas de plástico", explicó el dirigente Teodoro Rentería.

Gumaro Pérez Águilando, de 35 años, reportero, especialista en temas de seguridad, fue ejecutado el martes 19 de diciembre de 2017 en una escuela primaria de Acayucan, en el sur del estado Veracruz, donde asistía a un festival navideño en que participaba su hijo.

Juan Luis Lagunas Rosales, de 17 años, conocido youtuber de narco-temas del llamado Canal El Pirata de Culiacán, estado Sinaloa, fue asesinado al menos con 15 balazos la noche del 18 de diciembre en un bar de Tlaquepaque, Guadalajara, Jalisco. Medios atribuyen su asesinato a elementos del emergente cartel de Jalisco llamado New Generation, capitaneado por Nemesio Ocegera Cervantes, “El Mencho”, hoy uno de los principales narcotraficantes de México, considerado líder del cártel de Jalisco.

Cecilia Méndez, de 61 años, conductora de un programa de radio, fue asesinada el 16 de octubre en Guadalajara, estado de Jalisco, cuando un sicario le disparó a la cabeza mientras ella conducía su automóvil.

Ernesto Martínez Moreno, de 57 años, secretario general del Club de Periodistas de Acapulco, fue asesinado a balazos el 12 de octubre en Taxco, Guerrero, cuando se encontraba a las puertas de su casa en el centro de esa ciudad.

Edgar Daniel Esqueda Castro, de 23 años, fotoperiodista secuestrado por presuntos policía el 5 de octubre de 2017 en San Luis Potosí (400 km al norte de Ciudad de México), apareció asesinado la madrugada del 6 de octubre en la vía ferroviaria México-Laredo.

Javier Lucero, camarógrafo free-lance del desaparecido canal 10 de la Paz, Baja California, fue asesinado por sicarios el 30 de septiembre. Había recibido amenazas.

Juan Carlos Hernández Ríos, de 29 años, fotoperiodista del sitio de noticias La Bandera Noticias, fue asesinado la noche del martes 5 de septiembre por sicarios que lo aguardaban cuando llegó a su hogar en el municipio de Yuriria, estado de Guanajuato, según reportes de la prensa mexicana.

Cándido Ríos Vásquez murió acribillado el martes 22 de agosto en Covarrubias Hueyapan de Ocampo, en el sur de estado Veracruz, cerca de las viejas capitales petroleras de Coatzacoalcos y MinatRíos, según informa la prensa local e internacional, que lamentablemente omite la edad del trabajador de prensa asesinado.

Luciano Rivera Delgado fue asesinado de un disparo en la cabeza en la madrugada del lunes 31 de julio en la localidad Playas de Rosarito, en el norteño estado mexicano de Baja California, informó la Procuraduría General de Justicia (PGJBC) de ese estado. Rivera era conductor del noticiario CNR Noticias Canal 54 y dirigía la revista “Dictamen”, donde publicaba noticias sobre Rosarito y Tijuana.

Edwin Rivera Paz, de 28 años, hondureño refugiado en México, e4x director del programa periodístico “Los Verduleros”, que se transmite en San Pedro Sula, Honduras, fue acribillado el 9 de julio en el Barrio de San Diego de Acayucan, Veracruz, pese a estar protegido por Naciones Unidas, informaron las organizaciones del gremio periodístico de México, Fapermex y otras.

Pablo Martín Obregón, reportero, vocero del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, dependiente de la Secretaría de Gobierno, y ex corresponsal de Televisa en Chilpancingo y Acapulco, estado Guerrero, apareció muerto el 27 de junio en casa de una hermana. Las causas no fueron informadas por su familia.

Alejandro Zepeda Ortiz, de 27 años, camarógrafo del noticiario Núcleo Televisivo, que se transmite en el canal TVN de Ocosingo, estado Chiapas, el 26 de junio fue encontrado colgando de una viga en los estudios donde se trasmite el programa de noticias.

Salvador Adame Pardo, de 45 años, desaparecido desde el 18 de mayo de 2017 en Nueva Italia, Tierra Caliente, Michoacán, fue identificado a partir de restos calcinados según información policíaca difundida el 26 de junio.

Marcela de Jesús Natalia de la Cruz, de 54 años, locutora indígena de la etnia muzga de la Costa Chica del estado Guerrero, fue acribillada el 3 de junio en la cabecera municipal de Ometepec, cuando salía de su turno de locución en la Radio y Televisión de Guerrero (RTG).

Erik Ernesto Bolio López, de 23 años, egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, operador productor del programa de radio por Internet “México Prioridad” y colaborador de la revista electrónica “Tierra Baldía”, fue acribillado el 29 de abril en un autobús de transporte urbano en la ciudad de Puebla.

Jonathan Rodríguez Córdova, de 26 años, reportero del semanario El Costeño de Autlán, fue abatido a balazos la tarde del lunes 15 de mayo en Autlán de Navarro, estado de Jalisco, al oeste del territorio de México, mientras se desplazaba en automóvil con su madre, Sonia Córdova Oceguera, subdirectora comercial de la revista donde laboraba el joven asesinado.

Javier Valdez Cárdenas, de 50 años, galardonado periodista y escritor, corresponsal del diario La Jornada y redactor del semanario estadal Ríodoce, fue asesinado por un pistolero al mediodía del lunes 15 de mayo en el centro de Culiacán, Sinaloa, a pocos metros de su trabajo, según reportan Felap-México, Fapermex y otras organizaciones del gremio periodístico.

Filiberto Álvarez Landeros, de 65 años, periodista y locutor de radio La Señal de Jojutla , fue asesinado por sicarios la noche de l 29 de abril en una calle de Tlaquiltenango, Morelos, tras terminar su programa Poemas y Cantares .

Juan José Roldán Ávila, de 36 años, comunicador y activista en favor de los derechos LGBTI, fue asesinado a golpes el 16 de abril en Calpulalpan, Tlaxcala, denunció la Unión de Periodistas de ese estado (UPET). El cadáver fue encontrado con signos de tortura en un predio agrícola.

Maximino Rodríguez Palacios, de 73 años, reportero de la sección policial del blog Colectivo Pericú de Baja California Sur, fue asesinado a balazos el 14 de abril (viernes santo) en La Paz, tras arribar a un centro comercial en compañía de su esposa minusválida Raquel Romo Medina, quien resultó ilesa.

Miroslava Breach Veducea, de 54 años, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, fue asesinada el jueves 23 de marzo cuando llevaba a su hijo a la escuela. Según los periodistas mexicanos (Felap-México, Fapermex y otras organizaciones), con este asesinado suman 264 los homicidios cometidos desde 1983 por los enemigos de las libertades de prensa y expresión y sus esbirros. Éste ha sido el único asesinado aclarado con la captura de autores materiales e intelectuales.

Ricardo Monlui Cabrera, de 57 años, director de El Político, columnista de los periódicos locales El Sol de Córdoba y el Diario de Xalapa, y presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba, fue asesinado a balazos el 19 de marzo, en Yanga, Veracruz, en presencia de su familia.

Cecilio Pineda Birto, de 39 años, director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador del periódico El Universal, fue asesinado el 2 marzo, en Ciudad Altamirano, Tierra Caliente, estado Guerrero.

Carlos Alberto García Martínez, de 41 años, cronista deportivo, locutor y administrador de ventas de Radiorama Colima, fue asesinado el 20 de febrero en el municipio de Tecomán, Colima, junto a su amigo de 18 años Hernán García Carranza.

 

Perú

Julio César Moisés Mesco, de 27 años, periodista de Ica, practicante del área de prensa de la municipalidad local, desapareció el 11 de febrero. Sus restos fueron hallados el 25 de febrero en el distrito Ocucaje.

José Feliciano Yactayo Rodríguez, de 55 años, periodista de televisión, natural de Huara, visto por última vez en el distrito limeño de San Luis y denunciado como desaparecido el 25 de febrero, fue encontrado mutilado el 3 de marzo dentro de una maleta en Andahuasi, 139 kilómetros al norte de Lima.

 
República Dominicana

Luis Manuel Medina Pérez, locutor, de la emisora 103.5 FM de San Pedro de Macorís, en el este de República Dominicana, fue asesinado el 14 de febrero por sicarios que irrumpieron en la radio mientras transmitían el programa informativo Milenio Caliente.

Leónidas Antonio Evangelista Martínez, periodista y director de la emisora 103.5 FM de San Pedro de Macorís, de República Dominicana, fue asesinado junto con Medina Pérez.

 

Venezuela:

Arnaldo Enrique Albornoz Bracho, de 34 años, “rostro” de la farándula venezolana, fue asesinado a tiros en las afueras de su domicilio en Caracas la madrugada del 15 de enero.

 

Nota:

Ciap-Felap registra todos los atentados a trabajadores de prensa de los que tenga conocimiento, procurando datos completos sobre identidad, edad, lugar y circunstancias del asesin ato, pero no tiene capacidad para hacer un seguimiento judicial de los móviles específicos de cada caso, ni verificar las interpretaciones, explicaciones o pseudo “investigaciones policíacas científicas”, a modo de ejemplo bastante frecuentes en las fuentes oficiales mexicanas. (Ernesto Carmona, presidente de Ciap-Felap).

 

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