Más de 280 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en 2016, según AI

 

Un informe de Amnistía Internacional documenta cómo han aumentado los ataques contra las personas que defienden los derechos humanos: en 2016 fueron asesinados 125 defensores más que el año anterior.

"En lugar de apoyarlos, muchos líderes los ponen en una situación de mayor riesgo con campañas difamatorias, el uso indebido de la justicia penal o presentándolos falsamente como personas opuestas a los intereses nacionales"

 

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este martes que al menos 281 personas de todo tipo y condición que trabajan para promover y defender los derechos humanos fueron asesinadas en 2016 en todo el mundo, frente a los 156 del año previo y los 136 de 2015, la mayoría de ellos en América.

"Mientras se continúa atentando contra la vida y la integridad de los defensores de los derechos humanos alrededor del mundo, los Estados están fallando en su obligación de respetar y proteger el derecho a la vida y el derecho a defender los derechos humanos sin miedo a represalias", alerta la ONG.

Según su informe Ataques mortíferos pero evitables: Asesinatos y desapariciones forzadas de aquellos que defienden los derechos humanos, desde 1998 un total de 3.500 activistas fueron asesinados en diferentes partes del globo.

Asimismo, la ONG recuerda que el asesinato es el último eslabón de una serie de ataques previos dirigidos contra estos activistas. "Los brutales ataques que se documentan en este informe son el final lógico de una tendencia alarmante", señala Guadalupe Marengo, directora del Programa Global sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de AI.

"En lugar de apoyar a los defensores y defensoras de los derechos humanos, muchos líderes globales los ponen en una situación de mayor riesgo mediante campañas difamatorias, el uso indebido del sistema de justicia penal o presentándolos falsamente como personas que se oponen a los intereses nacionales", prosigue.

 

La mitad de asesinatos son de defensores de la tierra

 

Más de tres cuartas partes de los asesinatos de defensores de los derechos humanos cometidos el pasado año tuvieron lugar en América, señala el informe, que recoge datos de la organización Front Line Defenders.

Según informaciones de diferentes ONG y agencias de la ONU recopiladas por AI, en Colombia se registraron 59 muertes y en Brasil 66, en su mayoría de indígenas y activistas que trabajaban en defensa del medio ambiente o los derechos territoriales. Casi la mitad de los asesinatos, el 49%, fueron perpetrados contra personas que trabajaban en asuntos relacionados con la tierra y el medio ambiente.

"En muchas partes de América Latina, donde el acceso a la sanidad y los derechos sexuales y reproductivos está fuertemente restringido, Amnistía Internacional ha documentado cómo los que defienden tales derechos han sido objeto de campañas de difamación, acoso, persecución injusta, amenazas y ataques físicos", reza el documento difundido este martes en Nueva Delhi.

En cuanto a los periodistas que perdieron la vida por su profesión, el pasado año se registraron 48 asesinatos, una cifra que asciende a 827 al referirse al periodo entre 2006 y 2015, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

AI también muestra su preocupación por los ataques contra el colectivo de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI). "Los defensores LGBTI sufren ataques por quiénes son y también por lo que hacen: pueden ser atacados por su orientación sexual o identidad de género real o percibida, además de por defender los derechos relacionados con el género y la sexualidad", según el informe.

Así las cosas, la organización, que también alertó de la prevalencia de desapariciones forzosas y maltrato cuando los activistas se encuentran bajo arresto, pidió a los gobiernos que implementen leyes de protección para estas personas.

Además, les pidió que ofrezcan medidas preventivas para los que han sido amenazados, y que lleven ante la Justicia a los autores de los crímenes contra los defensores de los derechos humanos.

 

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Alberto Acosta

 

Entrevista a Alberto Acosta

 

Alberto Acosta Espinosa (twitter: @AlbertoAcostaE ), economista, académico, político, y activista social ecuatoriano, es una de las personas más representativas de la nueva izquierda latinoamericana. Participó activamente en la Revolución Ciudadana y en la fundación del Movimiento Alianza País, llegando a ser ministro de Energía y Minas en el gobierno de Rafael Correa y posteriormente Presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador. Tras dimitir de su cargo por sus discrepancias con la deriva del proceso, Alberto Acosta ha sido una de las principales figuras de la oposición a las políticas neoextractivistas en su país y en América latina en su conjunto. Es, además, uno de los principales teóricos del Buen Vivir y firme defensor de replantear el pensamiento de las izquierdas y un nuevo horizonte emancipatorio desde la confluencia de corrientes diversas y la participación activa de los movimientos sociales. En 2013 fue candidato a la presidencia de la república en representación de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas.

 

Koldo Unceta: En tu último libro, escrito junto a Ulrich Brand, planteas la necesidad de buscar propuestas que permitan salir del laberinto capitalista. Por tanto, nos gustaría empezar por ahí ¿Cómo ves al sistema capitalista actual, tras la evolución sufrida por el mismo en las últimas décadas? ¿Estamos más cerca o más lejos de poder superarlo?

Alberto Acosta: El patriarcado capitalista, en tanto civilización dominante, vive una crisis múltiple, generalizada, multifacética, interrelacionada y sistémica. El capitalismo evoluciona cual zombie infectado por una suerte de “virus mutante”. Lo que si debemos señalar es que nunca afloraron a la vez tantos problemas como ahora, en donde lo económico y social se combina con graves problemas políticos, éticos, energéticos, alimentarios, culturales y una crisis ambiental inocultable... Vivimos incluso una crisis de sentido histórico en cuanto a las grandes soluciones se refiere. Estas, al parecer, ya no están más presentes.

Tal lectura hace pensar que nos encontramos frente a una crisis civilizatoria. Sin embargo, es difícil anticipar si el capitalismo está ad portas de su colapso. Incluso, quizás ya inició dicho colapso pero no tenemos suficiente conciencia de eso. Además, cabe recordar que la transición hacia otra civilización será larga y compleja, durante la cual el capitalismo puede presentar graves recaídas -con tintes hasta fascistas y con brutales brotes de terrorismo- que no pueden marginarse sin una acción política que profundice la democracia en todos los ámbitos.

 

K.U.: La cuestión de las transiciones, que ocupa un lugar importante en los debates sobre alternativas al desarrollo capitalista, remite a la necesidad de concretar las salidas y adaptarlas a cada situación específica, a cada realidad. Ahora bien ¿Cómo conjugar las alternativas y luchas locales con la existencia de una globalidad fáctica, que requiere también una acción y unas propuestas de alcance universal?

A.A.: Esta cuestión es crucial. Las luchas desde ámbitos comunitarios son y serán las mayores portadoras de grandes transformaciones. Esos espacios de resistencia se convierten, cada vez más, en constructores de otras formas de convivencia mucho más armoniosa y equilibrada. De todas formas, no se puede marginar otros espacios estratégicos de acción: los niveles estatal, regional e internacional. El gran reto es combinar los pensamientos, acciones y luchas desde lo local y comunitario con las disputas en estos otros niveles de acción, reconociendo el potencial de unos y otros, así como sus limitaciones.

Un punto medular aquí será saber desde que bases se construyen las acciones alternativas teniendo en mente la visión utópica de futuro, que nos sirva de meta referencial para las transiciones. Cómo dar respuestas de corto plazo sin perder la visión de largo plazo, algo así como conducir un coche con luces bajas y simultáneamente con luces altas. Y por cierto, habrá que identificar quienes son los compañeros tácticos de lucha con los que podemos transitar una parte del camino, de los compañeros estratégicos con los cuales se comparten los mismos objetivos de largo plazo. Todo esto sin marginar nunca los diversos niveles de acción estratégica.

 

K.U.: En línea con lo anterior, las críticas del postdesarrollo han cuestionado los referentes universales por considerarlos propios de una propuesta occidental y colonial, que no tenía en cuenta otras realidades y/o cosmovisiones. ¿Cuáles podrían ser en estos momentos unos referentes universales que permitieran una convergencia de las distintas luchas locales y sirvieran para avanzar en una globalización alternativa?

A.A.: Difícil dar una respuesta general a una pregunta tan profunda y compleja. Tal vez algunos ejemplos concretos permitan aterrizar la reflexión.

Quizá entre las piedras angulares de una propuesta que enfrente el capitalismo a nivel global esté el combate a una de sus facetas más perversa: la especulación financiera. Tal combate podría librarse construyendo un Código Financiero Internacional (o códigos regionales inicialmente), el cual norme y exija el control de los flujos financieros internacionales, combatiendo así a la especulación y al uso de las finanzas internacionales -sobre todo endeudamiento externo- como herramientas de dominación económica y política inclusive.

Uno de los capítulos medulares del Código debería tratar sobre la legalidad y la legitimidad de las finanzas. Urge separar las deudas adquiridas legal y, sobre todo, legítimamente -que merecen ser pagadas- de aquellas deudas que pueden y deben impugnarse desde la doctrina de las deudas odiosas, usurarias y corruptas. También es hora de procesar la deuda ecológica e incluso la deuda histórica, donde los países empobrecidos son los acreedores.

Asimismo, urge crear un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana, siguiendo -por ejemplo- los términos que propusimos con Oscar Ugarteche. Un paso mínimo para que tal Tribunal funcione es la inmediata disolución del Club de París como marco de negociación. Este Club carece de base jurídica y debe dejar de ser un espacio de decisión sobre acuerdos de reestructuración de deudas, en donde los acreedores imponen condiciones a los deudores. Además, se debe dejar sin guaridas a los especuladores desapareciendo los paraísos fiscales, al tiempo que se los asfixia con impuestos sobre las transacciones financieras internacionales (en línea con la tasa Tobin).

También es necesaria la creación de un Banco Central Mundial -totalmente distinto al Banco Mundial- que pueda emitir una moneda o una canasta de monedas globales. Esto no implica reconstruir el sistema de Bretton Woods. Es más, el Banco Mundial y el FMI, tal como los conocemos tendrían que dejar de existir.

 

K.U.: ¿Y en el campo de los problemas ecológicos globales?

A.A.: En el campo ecológico global los temas son por igual candentes. Si bien la voracidad capitalista ha creado cambios climáticos inocultables, el capitalismo busca ampliar espacios de maniobra mercantilizando cada vez más la Naturaleza. Los mercados de carbono y de servicios ambientales están entre las más “innovadoras” formas para sostener la acumulación del capital. La conservación de los bosques termina en el terreno de los negocios mientras se mercantiliza y privatiza el aire y el clima. Así vemos que a la víbora capitalista no le importa continuar devorándose su propia cola, arriesgando su propia existencia y de la Humanidad misma. El único fin es acumular capital que, en definitiva, implica acumular poder.

Como respuesta a esta crisis emergen los Derechos de la Naturaleza. Más temprano que tarde tendremos una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza y un tribunal internacional que castigue los crímenes en contra de la Madre Tierra y sus defensores tal como si fueran crímenes contra la Humanidad (pues, de hecho, lo son); esta inciativa ya se formuló en la Cumbre de los Pueblos en Bolivia, en el año 2010. Incluso ya existe una acción potente desde la sociedad civil de todos los continentes: el Tribunal Ético Permanente de los Derechos de la Naturaleza, en el que tengo el honor de participar en calidad de juez, incluso fui presidente de una de sus sesiones.

 

K.U.: En relación con esto ¿Cómo ves la salud de las propuestas y movimientos altermundistas? ¿Ves espacios de trabajo y de coordinación contrahegemónicos que respondan a las necesidades del momento? ¿Cómo ves el Foro Social Mundial más de una década después de su puesta en marcha en Porto Alegre?

A.A.: La convergencia de esas acciones de resistencia y de construcción de propuestas de cambio configuran los caminos. Nos urge tejer local, nacional, regional e internacionalmente las luchas de resistencia, tanto como la construcción de alternativas. Esa tarea debe repensarse permanentemente, siempre evitando el mal de la burocratización y partidización. Y eso me parece que está matando al Foro Social Mundial, que devino en aplaudidor de los gobiernos “progresistas” de América Latina; gobiernos que, al transformarse en caudillescos y modernizadores del capitalismo, perdieron el rumbo y su potencial transformador.

Hoy hay nuevos procesos en ciernes. Por ejemplo, quienes cuestionan el crecimiento económico cada vez se acercan más a los críticos del extractivismo. Ahí tenemos dos vertientes que buscan soluciones y que merecen ser tomadas en cuenta. Pero el grueso de las acciones en marcha en todas partes del planeta gira alrededor de las resistencias a las destrucciones sociales y ecológicas que genera el sistema. Es interesante constatar, a modo de ejemplo, las luchas de resistencia de diversos grupos de la sociedad civil a los extractivismos en todas partes del planeta, inclusive en los países considerados equivocadamente como desarrollados, caso de Alemania contra la minería de lignito o carbón vegetal, o contra el fracking o fractura hidráulica en Europa y los Estados Unidos.

Otro caso notable, presente desde hace ya varias décadas en diversas partes del mundo, es el relativo a las diversas acciones que se despliegan desde la sociedad civil para enfrentar la deuda externa. Esta experiencia ameritaría una reflexión mucho más profunda. Aquí hay una tensión permanente entre quienes se oponen terminante a dicha deuda en tanto expresión del capitalismo, sistema que habría que derribar, con quienes, sin llegar a negar ese objetivo de largo plazo, se mueven con mucha habilidad entre los intersticios del poder para conseguir algunos cambios que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas. Sin duda, el riesgo de caminar al filo de la navaja es grande, pues muchas veces se termina contribuyendo con propuestas funcionales al poder y al mismo sistema capitalista.

 

K.U: Una de las grandes cuestiones de las que te has venido ocupando es la de la controversia entre Desarrollo Alternativo y Alternativas al Desarrollo. En ocasiones, sin embargo, la línea que separa ambos planteamientos es bastante fina, especialmente cuando hablamos de la práctica social. ¿Cómo ves esta cuestión?

A.A.: Para identificar esa delgada línea nada mejor que recordar los elementos característicos del desarrollo: su pretensión de mandato global; su vocación de síntesis en los logros conseguidos a través de maximizar permanentemente los resultados; sus profundas raíces antropocéntricas y patriarcales; entre otros puntos.

La crítica, empero, debe superar estos predicados o características básicas. Debe desarmar la visión del progreso como fundamento del devenir histórico de la Humanidad. Así, la crítica de esta representación no se enfoca en formular “desarrollos alternativos”, sino en construir alternativas a la idea misma de desarrollo, es decir, en última instancia, alternativas al llamado progreso.

Del mandato global del desarrollo requerimos transitar a visiones plurales, sin pretensiones hegemónicas. De la maximización insostenible -por múltiples razones- caminemos a un mundo donde la religión del crecimiento económico sea derrumbada. Por igual debemos desmontar el patriarcado, el racismo y el antropocentrismo. Estas acciones explican en gran medida lo que implica construir una alternativa al desarrollo.

 

K.U.: Hablemos un poco del Buen Vivir, tema al que has dedicado gran parte de tu trabajo político, social y académico. ¿Cómo valoras la aportación de esta propuesta a los debates sobre las alternativas al desarrollo y/o al capitalismo? ¿Cómo valoras los casi 15 años transcurridos desde que esta idea comenzó a alcanzar difusión más allá del mundo indígena andino? ¿Cuál es la salud actual de las propuestas sobre el BV?

A.A.: Al buscar alternativas al neoliberalismo nos dimos de narices con el Buen Vivir. Nos topamos con ideas, valores, experiencias y muchas prácticas existentes hace tiempo en muchas comunidades indígenas. Una realidad en nuestros países, pero marginada por la conquista y la colonización que aún perduran. Y de su estudio comprendimos –al menos ese es mi caso- que no se trataba de simples alternativas económicas al neoliberalismo, sino que el Buen Vivir planteaba posibilidades alternativas más potentes y profundas.

En los saberes del mundo indígena no existe una idea análoga al “desarrollo”. No hay una concepción lineal de la vida que establezca un estado anterior y posterior, que siempre sería mejor en base a una creciente disponibilidades de bienes. No asoma esa dicotomía de subdesarrollo y desarrollo, como plantea la modernidad occidental. Tampoco existen conceptos como “riqueza” y “pobreza” determinados por la acumulación y la carencia de bienes materiales. Es más, el ser humano es visto como un actor más en la Naturaleza, y no como su dominador.

Esas lecturas encontraron espacios importantes en las constituciones de Ecuador y Bolivia. Sin embargo, no son definiciones indiscutibles, ni mucho menos. Su posición en esas constituciones está jalonada por varias contradicciones. No obstante, su constitucionalización, que no asegura su cristalización, fue un potente aliciente para su difusión. Cada vez hay más interés en el Buen Vivir o en el Vivir Bien, en un debate con creciente interés fuera de estos dos países, como lo demuestra esta entrevista.

 

K.U.: Tu relación con el gobierno de Ecuador y con Rafael Correa, desde tu dimisión como Presidente de la Asamblea Constituyente hasta hoy, ha estado jalonada por una cadena de desencuentros bien conocidos. ¿Cómo valoras la trayectoria global del gobierno de Alianza País? ¿Ha servido para impulsar la idea del Buen Vivir?

A.A.: Para decirlo en pocas palabras, el gobierno de Rafael Correa sintetiza una década desperdiciada. Correa fue el presidente que más tiempo estuvo continuadamente en funciones en toda la historia republicana ecuatoriana, tuvo los mayores ingresos económicos, concentró -como ningún otro- el poder estatal en todas sus funciones, coincidió con una época en donde varias administraciones regionales tuvieron el mismo signo ideológico: el “progresismo”, y que, además, tuvo a su mano una guía para grandes transformaciones: la Constitución de Montecristi, que visibilizó como potentes conceptos horizonte al Buen Vivir, a los Derechos de la Naturaleza, al agua como un derecho humano fundamental... A pesar de tener todas esas mareas a favor para propiciar cambios profundos, Correa se limitó a intentar modernizar el capitalismo.

Para lograr tal modernización, Correa vampirizó el concepto de Buen Vivir y lo transformó en un dispositivo de poder y una herramienta de propaganda oficial al servicio de sus apetencias de concentrar poder, disciplinar, y hasta adormecer a la sociedad. Una verdadera aberración.

 

K.U.: En lo que respecta específicamente a los Derechos de la Naturaleza –oficialmente reconocidos en la Constitución- y a las políticas extractivistas del gobierno ¿Qué balance cabe hacer?

A.A.: Los Derechos de la Naturaleza se proyectan con fuerza fuera del Ecuador. Su aprobación constitucional, un hito civilizatorio, potenció procesos existentes desde antes en varias regiones del planeta. Paradójicamente casa adentro los Derechos de la Naturaleza se redujeron a “supuestos derechos”, como afirmó Correa al admitir, en agosto del 2013, que le quedó grande la Iniciativa Yasuní-ITT (surgida desde la sociedad civil mucho antes de su gobierno, dicho sea de paso). Tal era una propuesta revolucionaria acorde a los Derechos de la Naturaleza, acorde al Buen Vivir, con una clara y potente estrategia post-extractivista.

 

K.U.: Continuando con este tema, nos gustaría conocer tu valoración sobre lo que en América Latina llamáis gobiernos “progresistas” (Ecuador, Bolivia, Venezuela, etc.), y que aquí en Europa suelen verse como gobiernos “de izquierda” por algunos sectores y de “corte populista” por otros.

A.A.: Eduardo Gudynas diferenció categóricamente a los gobiernos “progresistas” de los gobiernos neoliberales y de lo que podrían ser gobiernos de izquierda, que actualmente no existen en América.

¿Son gobiernos de izquierda aquellos que consolidan regímenes caudillescos y autoritarios, que ahondan más y más las modalidades de acumulación primario exportadoras al profundizar y ampliar los extractivismos, que despliegan prácticas conservadoras en cuanto a libertades sexuales, que consolidan el patriarcado y la colonialidad, que limitan y debilitan a los movimientos sociales, que ponen cortapisas a la libertad de expresión...? No, definitivamente no.

Los gobiernos “progresistas” no son de izquierda. Es más, para colmo, con muchas de sus acciones han terminado retornando al redil del neoliberalismo. El gobierno de Correa es un ejemplo claro: basta anotar que suscribió un TLC con la Unión Europea, que en definitiva fue la adhesión al TLC suscrito por los gobiernos neoliberales de Perú, Colombia y de la propia Unión Europea.

 

K.U.: Otro asunto: ¿Puede hablarse de un análisis “latinoamericano” sobre la llegada de Trump a la Casa Blanca y sus consecuencias? ¿Qué repercusiones específicas puede tener para América Latina?

A.A.: Hay múltiples impactos. Destacaría la política migratoria de Trump. Una posición, con acciones violatorias de los Derechos Humanos, que afecta a muchas familias latinoamericanas afincadas a los dos lados del rio Grande...

El negacionismo climático de Trump, un personaje perdido en su iluso mundo de los negocios a ultranza e incapaz de leer la compleja y cada vez más crítica realidad ambiental del planeta, pasará factura a América Latina. Para empezar muchas acciones en marcha destinadas a frenar la barbarie del capitaloceno se verán debilitadas inclusive por el mal ejemplo que emana desde Washington. Al mismo tiempo que las empresas extractivistas darán rienda suelta a su voracidad alentadas por los discursos y las disposiciones del régimen estadounidense.

Quizás Trump, en medio de su aparentemente confusa gestión, hasta llegue a alentar salidas políticas violentas y dictatoriales a los problemas de “su patio trasero”. Su política en contra del gobierno venezolano parece ir en esa dirección. Si bien cabe rechazar enérgicamente cualquier agresión imperial contra Venezuela, es realmente triste ver cómo el deterioro del “progresismo” en el caso venezolano podría dar los justificativos perfectos para la injerencia norteamericana, bajo la típica farsa de “restaurar la democracia y la libertad”.

 

K.U.: Hace dos años las Naciones Unidas proclamaron solemnemente la Agenda 2030 y los ODS. En ellos se reconocía claramente la inviabilidad del actual modelo de producción y consumo y, sin embargo, no parece haberse dado ningún paso hacia adelante ¿Qué valoración haces de los ODS y de la Agenda 2030? ¿Tienen alguna utilidad?

A.A.: Los ODS están impregnados de un pecado original: la idea del desarrollo, que en realidad es un fantasma. Hace rato debimos desencantarnos de esa alocada carrera detrás del desarrollo. Si bien hay cada vez más gente demanda un cambio radical de rumbo en el mundo, esta no es aún la tendencia mayoritaria. Menos aún en Naciones Unidas.

Un punto clave: Naciones Unidad es lo que es, una amalgama en donde predominan los intereses de los más poderosos y en donde el todo no puede superar a sus partes. Me explico, no es posible superar estructuralmente los problemas del capitalismo mundial desde el seno de las actuales Naciones Unidas. Allí la mayoría de gobiernos de los países representados defienden privilegios de los grupos de poder, mientras buscan a como de lugar el progreso y el desarrollo. Es aclara porque solo se llega a tibios acuerdos como aquellos conseguidos en la Cumbre de Cambio Climático en París, a fines de 2015, que para colmo ya no son respaldados por el gobierno de Trump.

De todas maneras, abrir la discusión sobre los ODS podría profundizar la crítica al sistema y podría ser una oportunidad para reinventar las propias Naciones Unidas.

 

K.U.: Una última cuestión. Como buen conocedor de Europa que eres. ¿Cómo ves Europa desde A. Latina? ¿Crees que hay aún alguna esperanza de que la UE desempeñe algún papel positivo en este momento en la búsqueda de alternativas a la crisis sistémica en la que vivimos, o por el contrario constituye un obstáculo para ello?

A.A.: Es cierto que viajo con frecuencia a Europa y que recorro algunos países europeos discutiendo las posibles alternativas, algunas de ellas esbozadas anteriormente. Pero de allí a decir que conozco Europa hay mucho trecho. En realidad hay muchas Europas. Como bien anota el gran sociólogo José María Tortosa, Europa presenta muchas caras, por ejemplo, cuando se leen las diversas aproximaciones al tema de la migración.

Lo que si me atrevería a plantear es que Europa ya no es el continente de las luces. Quedan perdidos en los pliegues de su historia el nacimiento y difusión de muchas ideas-horizonte, como liberalismo o socialismo, que emergieron desde Europa o que se expandieron a través del viejo continente sacudiendo al mundo. Ese tiempo ya pasó. Es más, a ratos me parece que en Europa se ha perdido incluso la capacidad de aprender de su propia historia. Basta ver su incapacidad para enfrentar definitivamente los problemas de endeudamiento externo de los países del sur del continente, cuando en 1953 ofrecieron una salida completa a la Alemania que venía de desatar dos grandes guerras en el continente y en el mundo.

A pesar de esos cuestionamientos encuentro cada vez más acciones desde las comunidades y localidades europeas que tendrán una fuerte resonancia futura si se sintonizan con otras luchas de resistencia y de construcción muy vivas y activas a lo largo y ancho del planeta.

http://www.galde.eu/eu/entrevista-alberto-acosta/

 

 

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Una maqueta de un planeta Tierra se muestra en el parque Rheinaue durante la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas COP23 en Bonn, Alemania.

 

Acaba de concluir otra ronda de negociaciones internacionales sobre el cambio climático, con la 23 Conferencia Global de Naciones Unidas sobre cambio climático en Bonn, Alemania (COP 23, CMNUCC, 6-17 noviembre). Aunque en esta conferencia se avanzó en algunos temas, como la adopción de una plataforma indígena y un plan de acción de género, las negociaciones de fondo van a paso mucho más lento que la urgencia que marca el caos climático y los impactos que ya estamos sufriendo. Esto abre el camino para que propuestas altamente riesgosas como la geoingeniería ganen terreno.

En 2015, el Acuerdo de París sobre cambio climático acordó limitar el aumento de la temperatura a muy por debajo de 2 ºC, pero no fijó la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), medida crucial por que éstas son las que causan el cambio climático. Por tanto, los países principalmente responsables de las emisiones de GEI, siguen sin considerar medidas reales que ataquen las causas y permitan una solución de largo plazo. En su lugar empujan soluciones falsas, como mercados de carbono y medidas tecnológicas como la geoingeniería: la manipulación tecnológica y a gran escala del clima para manejar los síntomas del cambio climático.

La manipulación del clima tiene origen militar, pero es también un negocio redondo para las empresas petroleras, de agronegocios y otras de las más poderosas del planeta: significa que pueden seguir calentando el planeta con la contaminación de combustibles fósiles, sistema alimentario agroindustrial y urbanización descontrolada y al mismo tiempo hacer nuevas ganancias con la venta de tecnología para enfriarlo o para remover el dióxido de carbono de la atmósfera.

Hay una veintena de propuestas para manipular el clima a nivel global, algunas son para bloquear o reflejar los rayos de luz solares, por ejemplo instalando una gran nube volcánica artificial sobre el Ártico, inyectando sulfatos en la estratósfera o blanqueando nubes con miles de naves no tripuladas. Otras son para remover gases de la atmósfera, echando millones de toneladas de minerales y sustancias químicas en los mares, o absorbiendo carbono por medios mecánicos y químicos para luego enterrarlo en fondos geológicos; otras pretenden alterar el tiempo a nivel local, como siembra de nubes y manejo de huracanes. Todas las propuestas conllevan impactos ambientales, sociales y geopolíticos graves. Por ejemplo, bloquear parte de la luz del sol sobre el Ártico tendría impactos devastadores en otras regiones, provocando sequías o inundaciones en África, Asia y América Latina, poniendo en riesgo las fuentes de agua y alimentos de millones de personas (https://tinyurl.com/yamamn6a).

Aunque no está en la agenda oficial, en la COP 23 la propuesta de geoingeniería que más se promovió fue BECCS: bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Se trata de mega-plantaciones (árboles y cultivos), para quemarlas para bioenergía y capturar el dióxido de carbono de ésta y otras actividades para almacenarlo en fondos geológicos, como pozos de petróleo usados. Esta última técnica proviene de la industria petrolera (Enhanced Oil Recovery), fue diseñada para recuperar reservas profundas, pero no la usan por no ser económicamente viable. Rebautizada como técnica para el cambio climático podrían conseguir subsidios y créditos de carbono, logrando ganancias adicionales al extraer más petróleo y que además les paguen por combatir el cambio climático que esas mismas empresas causaron.

Por otro lado, para que BECCS tuviera algún efecto para mantener el aumento de temperatura en menos de 2 ºC o hasta 1.5 ºC, habría que plantar de 500 millones a 6 mil millones de hectáreas de monocultivos, lo cual es absurdo. Toda la tierra cultivada actualmente son mil 500 millones de hectáreas. Eso no evita que igual se promuevan esas mega-plantaciones, que aunque no sirvan para el cambio climático, serán negocio de quien las instale, compitiendo con la producción de alimentos y amenazando el territorio de campesinos e indígenas, ahora a nombre del combate al cambio climático.

Al mismo tiempo que la COP 23, en el Congreso de Estados Unidos se realizó una audiencia especial sobre geoingeniería, lo cual muestra que no hay contradicción entre negar el cambio climático y promover la geoingeniería. (https://tinyurl.com/y89 jyuzz)

Parafraseando a un directivo de Exxon, la fórmula es nosotros [Estados Unidos, la industria petrolera] no causamos el cambio climático, pero si existe, tenemos la solución tecnológica

Como todos saben que BECCS no funcionará para frenar el cambio climático (aunque lo que se haga con BECCS tendrá impactos sociales y ambientales muy negativos) otras propuestas de geoingeniería para bloquear la luz del sol o remover carbono se presentan como la verdadera solución. Pese a que por sus altos riesgos e impactos potenciales, el desarrollo de geoingeniería está bajo una moratoria en el Convenio de Diversidad Biológica, el Programa de Geoingeniería Solar de la Universidad de Harvard, ya está planteando hacer un experimento a campo abierto (SCoPEx), en zonas indígenas de Arizona, cerca de la frontera con México. (https://tinyurl.com/ ya6vs7g5)

Existen muchas vías reales, socialmente justas y ecológicamente sanas para enfrentar el cambio climático, como la agroecología campesina, restauración de ecosistemas desde las comunidades, rediseño del transporte público, energías renovables y locales justas, entre muchas otras. La geoingeniería se debe prohibir: es una apuesta de riesgos inaceptables, para mantener los privilegios de quienes provocaron el cambio climático y aumentar sus ganancias.

*Investigadora del Grupo ETC

 

 

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Puerto de carbón en la ciudad caribeña de Santa Marta (Colombia).

 

Aunque la mayoría de los países del mundo suscribieron voluntariamente los acuerdos sobre cambio climático de Naciones Unidas (ONU), un reciente estudio publicado en Alemania advierte que el uso del carbón como fuente de energía crece en América Latina y el Caribe.

La organización no gubernamental Urgewald presentó un informe titulado: "Lista de salida global del carbón" (Global Coal Exit List o CGEL, en inglés), en el que señala que, no obstante la presión mundial para disminuir la minería del carbón, varios países latinoamericanos y caribeños adelantan proyectos para ampliar "esa contaminante fuente energética", informó la agencia IPS.

 

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Mineros trabajando en la mina artesanal "pozito", en el pueblo de Nueva Rosita (México). / Tomas Bravo / Reuters

 

En expansión

 

El documento, cuya difusión coincidió con la 23 Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), destaca la influencia regional de los explotadores de carbón, considerado como un mineral altamente contaminante.

"Hay varios proyectos en planeación para explotar el mineral y eso amenaza con mantener esa dependencia por años", declaró a la agencia noticiosa Heffa Schuecking, directora de Urgewald.

El informe de la ONG, que pasa revista a 770 empresas extractivas, comercializadoras, prestadoras de servicios y generadoras termoeléctricas, pretende alejar a los inversionistas de ese sector, con el fin último de "mantener un mundo habitable", dijo Schuecking.

 
Números negros

 

El GCEL precisa que en América Latina y el Caribe, la capacidad termoeléctrica instalada que depende del carbón para su funcionamiento, alcanza los 17.909 megavatios (MW).

 

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Una pala de tractor descarga carbón en el puerto de la ciudad de Santa Marta (Colombia) / Juliana Lopera / Reuters

 

Los países con mayores capacidades en la generación de energía con fuente carbonífera son:

México: 5.351 MW.
Chile: 5.101 MW.
Brasil: 4.355 MW.


Por otra parte, Urgewald asegura que varias naciones latinoamericanas adelantan proyectos que contemplan el empleo del carbón para generar 8.427 MW adicionales, y que serán aportados por:

Chile: 2.647 MW.
Brasil: 1.540 MW (sumados a su generación actual).
República Dominicana: 1.070 MW.
Venezuela: 1.000 MW.
Jamaica: 1.000 MW.
Colombia: 850 MW.
Panamá: 320 MW.


"Esos emprendimientos anclarían aún más el contaminante mineral en la región y dificultarían su retiro para combatir el cambio climático", indica el informe.

 
Manos foráneas

 

En los procesos de explotación de carbón, la ONG ubica 14 empresas creadas en países de Latinoamérica: Brasil (5), Colombia (5), Chile (1), Perú (1), República Dominicana (1) y Venezuela (1).

 

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Mina Cana Brava, operada por SAMA SA, parte del Grupo Eternit, en Minacu, norte del Estado de Goias (Brasil). / Ueslei Marcelino / Reuters

 

A ellas se suman las transnacionales que ya tienen operaciones en el área, como AES y Drummond (EE.UU.), Enel (Italia), Engie (Francia), Glencore (Inglaterra Suiza), BHP Billiton (Inglaterra-Autralia) y Anglo American (Inglaterra). Todas activas en la región.

 

Explotación y exportación

 

Según el documento, Colombia, con sus 90 millones de toneladas de carbón producidas durante el año 2016, es el país con mayor volumen extractivo en Latinoamérica. Una producción destinada casi en totalidad a la exportación.

Actualmente, Colombia opera sus minas a cielo abierto en conjunto con las empresas Drummond, Glencore, BHP Billiton y Anglo American.

Le siguen Brasil, con una capacidad de producción que alcanza los 8 millones de toneladas de carbón al año, y México con 7,25 millones anuales.

 

Intereses

 

Para Lusbi Portillo, académico venezolano y director de la ONG Sociedad Homo Et Natura, la insistencia de varios países de la región en explotar el carbón "es una inmensa contradicción, vista desde los acuerdos de cambio climático promovidos por Naciones Unidas".

Y advierte que detrás de la explotación del carbón en América Latina y el Caribe "abundan los intereses económicos".

 

Venezuela: un ejemplo

 

Portillo cita, como un ejemplo de voluntad política para generar energía limpia, el proyecto de parque eólico desarrollado en la Guajira venezolana, al occidente del país, que inició operaciones en 2013 y que se proyectó para generar hasta 10.000 MW.

 

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Venta de carbón en el mercado La Parada, en el distrito de La Victoria de Lima (Perú). / Mariana Bazo / Reuters

 

Ese parque, cuyo desarrollo contempla 10 fases, "podría generar energía limpia para el occidente de Venezuela y parte de Colombia", apunta.

Ahora, asevera el académico, existe el interés de un sector "de abandonar el parque eólico para construir una carboeléctrica que generaría apenas 1.000 MW".

El director de la ONG agregó que la explotación del carbón, en cualquier país del mundo, "sólo acentúa los efectos del cambio climático, dadas las altas emisiones de CO2 (dióxido de carbono)", y, en el caso específico de Venezuela, se convertiría en un contrasentido frente al discurso del gobierno, "que habla permanentemente de salvar el planeta".

 

Ernesto J. Navarro

 

 

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Noam Chomsky considera que la humanidad enfrenta tres crisis fundamentales.

 

La humanidad enfrenta una crisis moral que representa amenazas más graves que las vividas en la Guerra Fría y a la sociedad parece no importarle, declaró este domingo el filósofo, lingüista y activista estadounidense Noam Chomsky.

Durante su presentación en el festival Ciudad de las Ideas, que se celebró este fin de semana en Puebla (México), el lingüista afirmó que la sociedad actual se enfrenta a tres grandes crisis, todas con un factor común: la crisis moral de deshumanización.

“Todavía recuerdo ese 6 de agosto de 1945”, aseguró el intelectual sobre el día que la bomba atómica fue lanzada sobre Hiroshima (Japón) para apuntar la primera de estas crisis, la nuclear. Recordó que estaba en un campamento de verano cuando sucedió y entonces: “A nadie le importó. Salí solo a caminar y desde entonces he seguido el comportamiento temerario por parte de los líderes políticos”.

Chomsky dijo que acabar con la guerra nuclear es sencillo porque “sabemos cómo enfrentar el problema” y la solución es deshacerse de las armas pero los intereses particulares de determinados países prevalecen ante la paz mundial. En pleno siglo XXI la historia de las Guerras Mundiales parece quedar muy atrás para los jóvenes, sin embargo la amenaza es mayor porque los países están más armados que nunca y en una carrera armamentística y de exhibición de poder con una actitud de provocación constante al “enemigo”, indicó el analista nacido hace 89 años en Filadelfia, Estados Unidos.

“En el caso del cambio climático los signos ya están, la ciencia ha demostrado las consecuencias”, sostuvo Chomsky al resaltar la segunda crisis, la ambiental. Comentó que la Comisión Nacional del Cambio Climático en EEUU ha informado de que existe la posibilidad de que el nivel del mar se eleve hasta dos metros en este siglo, lo cual ha sido negado por la administración de Donald Trump.

Imaginar las consecuencias de que se produjera un incremento del nivel de mar es escalofriante porque si hoy hay problemas de refugiados “piense cómo sería si Nueva York estuviera bajo el agua”, sostuvo. Consideró inverosímil que EEUU, “el Estado más importante en la historia de la humanidad, está rehusando participar para enfrentar el problema”.

La tercera crisis que enfrenta la humanidad es el riesgo inminente a una pandemia porque “estamos en el vértice de catástrofes posibles y no lo estamos tomando en serio” reiteró. En una conversación con el fundador del festival Ciudad de las Ideas, Andrés Roemer, y el físico Lawrence Krauss, Chomsky criticó los tratados comerciales advirtiendo que no buscan el beneficio de la sociedad sino satisfacer los intereses de quienes los formulan.

“Los tratados de libre comercio no lo son; están diseñados por ejecutivos corporativos, inversores que buscan su propio interés, son convenios de intereses” enfatizó Chomsky. Además, acusó al gobierno de EEUU de imponer unas leyes que dificultan el desarrollo de tecnologías renovables.

(Con información de EFE)

 

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Tropas de EEUU: después de Brasil, vuelven a la Argentina

 

Luego de la participación en los ejercicios militares Amazonlog por primera vez con tropas en la Amazonia, las Fuerzas Armadas de EEUU se aprestan a regresar a territorio argentino, luego de casi una década de ausencia.

El 7 de septiembre pasado, el Senado dio media sanción al proyecto enviado por el Ministerio de Defensa (a propuesta de la Armada) de permitir el ingreso de tropas estadounidenses al territorio nacional para llevar adelante un ejercicio combinado denominado 'Cormorán', que involucra la entrada al mar y a la Patagonia argentina de aeronaves y buques del Pentágono. Sin embargo, la Cámara de Diputados aplazó a principios de noviembre una decisión que sería definitiva.

El encargado de negocios de EEUU en Buenos Aires, Thomas Cooney, admitió que "estamos reiniciando una serie de actividades de cooperación militar", en referencia a las participación de 30 militares estadounidenses a fines de octubre en un ejercicio junto a la Armada argentina. Desde 2009, no se registraba la presencia de topas de EEUU. "Es una muestra de que estamos regresando a una relación normal", dijo Cooney al diario Clarín.

Sin embargo, se negó a ofrecer detalles sobre las relaciones bilaterales en materia de seguridad porque, en su opinión, "algunos periodistas se están confundiendo". En efecto, existe amplia sensibilidad en Argentina hacia la participación de militares en tareas de seguridad interior, luego de la última dictadura militar (1976-1983).

Un día antes de que los diputados debatieran el pedido de ingreso de tropas de EEUU, el 8 de noviembre, la página latinta.com publicó los dos textos que están en cuestión. De ellos surge que se trata, nada menos, de 22 ejercicios militares en 12 meses y que varios sucederán en la sureña provincia de Chubut, que recientemente fue escenario de un escándalo nacional por la desaparición del joven Santiago Maldonado, encontrado sin vida dos meses después, en el marco de la represión al pueblo mapuche.

Los ejercicios están contemplados en el 'Programa de Ejercitaciones Combinadas' a realizarse desde el 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, siendo el primero el 'Cormorán', en la Base Aeronaval Almirante Zar (Trelew, Chubut), Base Aeronaval Comandante Espora (Bahía Blanca, Buenos Aires) y en la 'Zona Económica Exclusiva de la República Argentina'.

Una de las críticas más sólidas es que el Poder Ejecutivo no especifica las hipótesis de conflicto sino que las camufla detrás del concepto de "nuevas amenazas", en línea con la política del Pentágono. Bajo esa vaga definición, aparece una diversidad de cuestiones como "narcotráfico, terrorismo, piratería, tráfico de personas, pesca ilegal", así como la "ayuda humanitaria", con las que justifican la intervención militar.

Según el diputado Guillermo Carmona, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, con estas iniciativas "el Gobierno promueve la realización de ejercicios militares que perfilan la incursión de las fuerzas armadas en el campo de la seguridad interior".

Es posible una mirada más general para observar lo que está sucediendo en Argentina y en la región, respecto a las relaciones entre Sudamérica y los EEUU.

La primera es que EEUU está avanzando de forma contundente, en especial en la cuestión militar. A los ejercicios Amazonlog17, realizados en la frontera Brasil-Colombia-Perú, se deben sumar los recientes Teamwork South 2017, realizados en Chile del 30 de junio al 12 de julio, entre Talcahuano y Coquimbo, con amplia participación de buques de guerra del Pentágono.

El giro conservador que resulta evidente en países como Brasil y Argentina, dibuja una coyuntura propicia para el avance de los planes de Washington, que se siente especialmente fuerte en el terreno militar. Su objetivo no es otro que poner freno a la presencia de China en materia económica y de Rusia en el terreno militar.

La República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia firmaron el 7 de noviembre un acuerdo para facilitar las visitas recíprocas de naves de guerra. La estrecha colaboración de varios países sudamericanos y del Caribe con las Fuerzas Armadas de Rusia es motivo de honda preocupación en el Pentágono, que siente cómo la alianza China-Rusia puede desplazarla de la región donde primero asentó su dominación.

La segunda cuestión es que no se trata sólo de ejercicios militares, sino de una creciente cooperación que incluye la venta de armas y de los más diversos equipamientos. Argentina compró un lote de 12 aviones de combate a los EEUU para modernizar su Fuerza Aérea, cuando tenía otras opciones incluso en la región.

La tercera es que la actitud de países como Argentina, al estrechar relaciones con Washington, tiende a dañar las relaciones con sus vecinos. Al no definir de forma precisa las hipótesis de conflicto, se produce "un retroceso en la construcción de la mutua confianza regional que había establecido Argentina con sus pares limítrofes". Al parecer, desde Uruguay se ha interpretado como "omisión maliciosa" del Gobierno argentino la "verdadera hipótesis de empleo de algunos ejercicios militares".

La política exterior de Washington y del Pentágono no sólo busca avanzar sobre ciertos países que considera decisivos para mantener la hegemonía regional. Busca también generar tensiones entre vecinos, en particular con aquellos que no se han alineado totalmente con su política. Una forma de enfrentar a los países de la región para facilitar la aplicación de sus planes.

El empuje neoconservador que observamos en Sudamérica desde 2014 está en su apogeo. En las elecciones chilenas del 19 de noviembre, la derecha empresarial puede retornar al Gobierno, a través del expresidente Sebastián Piñera. Sin embargo, como todas las ofensivas, ésta tenderá a enlentecerse y luego será revertida, por las resistencias internas e internacionales. Ojalá no sea demasiado tarde para impedir el desmantelamiento de los cambios operados en la década progresista.

 

 

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Lunes, 20 Noviembre 2017 08:40

El perro del hortelano

Miembros de la tribu mashco-piro, fotografiados en 2011 por Survival International, en la selva del sudeste peruano / Foto: Afp

 

 

No conocen fronteras, es que habitan el continente desde antes de que éstas fueran trazadas. Hoy se calculan en alrededor de doscientos los pueblos indígenas que viven en aislamiento en América Latina. Se concentran en el área amazónica y el Chaco paraguayo. Durante mucho tiempo su existencia no era conocida por los estados del continente. Hoy Venezuela es el único país que no la reconoce. Su principal amenaza es el extractivismo y el avance de las empresas sobre las tierras.

 

Alejandro Parellada es coordinador para América Latina del Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (Iwgia, por sus siglas en inglés), una organización global con sede en Dinamarca fundada en 1968 dedicada a promover, proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas. Argentino exiliado en Suecia a comienzos de los setenta, tiene un máster en historia de las religiones y antropología social de la Universidad de Lund y trabaja en temáticas de derechos de los pueblos indígenas en América Latina desde hace más de 25 años. Uno de los capítulos que ha venido acompañando es la realidad de los pueblos indígenas en aislamiento.


—¿Desde cuándo trabaja Iwgia con los “aislados”?

—Desde 1996. Empezamos con un seminario sudamericano que se hizo en Perú, en Pucallpa, sobre áreas protegidas y pueblos indígenas. A partir de entonces algunas organizaciones indígenas empezaron a mencionar la existencia de comunidades aisladas que vivían en áreas de protección, como parques nacionales, etcétera. Al mismo tiempo, estábamos involucrados en la titulación de tierras en Perú, donde en algunas comunidades que estaban escriturando la gente llamaba la atención sobre la existencia de individuos o comunidades aisladas.


Entonces se diseñó un programa de protección para estos pueblos a partir de una figura legal que en Perú se llamaba “reservas territoriales”, reservas temporarias de protección hasta que estos pueblos decidan integrarse o no a la sociedad nacional.

Se desarrolló una metodología de trabajo, primero, para demostrar ante el Estado la existencia de estos pueblos. En esa época ningún Estado de la región, a excepción de Brasil, sabía que había pueblos en condición de aislamiento.

Se hicieron una serie de trabajos antropológicos que estaban basados básicamente en entrevistar a comunidades aledañas, registrando historias de haber visto a esta gente.

Y entonces se empezaron a trazar las rutas migratorias de estos pueblos. Y con documentación que sustenta la existencia y las rutas migratorias se armaron propuestas ante el Estado peruano para el establecimiento de estas áreas de protección donde no puede haber actividades económicas y no pueden existir asentamientos humanos permanentes.

A partir de entonces comenzaron una cantidad de estudios, publicaciones, seminarios, en los que se incluyeron los otros países de la región donde existen comunidades en aislamiento.

Estos pueblos, que se calcula son alrededor de doscientos, están en los países del área amazónica más el Chaco paraguayo. Brasil es el que tiene más pueblos en aislamiento –cerca de cien– y fue el primero en reconocer su existencia. Allí la Fundación Nacional del Indio (Funai) estableció un trabajo específico. Al principio se practicaba la política del contacto: contactar con los pueblos para protegerlos. Posteriormente se estableció a nivel regional una política de no contacto, dejando que los pueblos mismos decidan si tienen contacto o no. Luego de Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia reconocieron la existencia de pueblos en aislamiento. Venezuela sigue siendo el único país que no lo hace. Y en Paraguay se reconoce sólo a un pueblo: los ayoreos.

En general se trata de pueblos transfronterizos. Muchos de ellos tienen una ruta migratoria que cruza fronteras, entonces es una problemática más regional que nacional.

 

—Recuerdo el caso del genocidio del pueblo aché, en Paraguay, un pueblo selvático, obligado a sedentarizarse, esclavizado y diezmado en la dictadura de Stroessner. En aquel caso, ¿podía decirse que más que aislados fueron acorralados?


—Sí, la historia de los aché también está relacionada con el Iwgia, que se fundó cuando tomó forma la denuncia internacional del genocidio de este pueblo. Era la misma problemática, aunque no existía la categoría “indígenas en aislamiento”. Vivían en el monte, en la selva, y venían siendo acorralados, cazados, se los expulsaba del territorio. Los aché sobrevivieron, tuvieron una recuperación de tierras, mantuvieron el idioma. Fue un proceso en el que, por diferentes factores, pudieron sobrevivir como pueblo.

En la Amazonia ocurrió algo similar. Hubo pueblos que huyeron hacia el monte, escapando de epidemias y masacres, y que durante mucho tiempo habían vivido relativamente en calma y con buenos recursos naturales.

Ahora, con la búsqueda de nuevos recursos (para explotar), la penetración de empresas petroleras, mineras, obras de infraestructura como carreteras, etcétera, se vive una especie de tsunami en la Amazonia, una invasión de empresas extractivas y de inversiones. Entonces el contacto es casi inevitable. En algunos casos se da que ellos mismos, atraídos por cuestiones materiales –ollas, cuchillos, etcétera–, se acercan a otras comunidades para intercambiar y refugiarse nuevamente.

En algunos casos puede haber conflictos en el grupo, y una de las parcialidades decide establecerse en forma permanente en las comunidades aledañas.

Eso crea una serie de riesgos, porque normalmente es gente que no tiene un sistema inmunológico muy desarrollado, entonces en algunos casos se han producido enfermedades mortales por cuestiones bastante sencillas.

En los últimos años se han producido bastantes muertes. En estos casos, en general lo que ocurre es que hay contacto no deseado que muchas veces resulta con muerte; operarios de empresas, madereros, etcétera, que se sienten agredidos, crean situaciones violentas, y normalmente los no indígenas entran con armas de fuego.

 

—¿Cuál es el trabajo actual del Iwgia con los aislados? ¿Cuál es la “foto” 2017 de los indígenas aislados en América Latina?


—Hay varias organizaciones que trabajan en el tema. Se intenta coordinar con otras instituciones, organizaciones indígenas sedentarizadas, nacionales, regionales, locales, en estos países. Se han desarrollado políticas particulares orientadas a la protección de los aislados.

Tratamos de apoyar algunas de estas iniciativas e impulsar acciones a nivel regional, desde el intercambio de experiencias de protección, hasta actividades y mecanismos de derechos humanos, como es la Comisión Interamericana (Cidh), la Relatoría de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y otros mecanismos dentro de las Naciones Unidas (Onu) que pueden ser relevantes para desarrollar políticas de protección.

En un momento la Onu desarrolló las Directrices de Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento. Eso fue un proceso en el que participamos. Son la base de los mecanismos de protección, producto de una serie de reuniones, talleres, hasta consensuar un documento.

Se les solicitó a la Cidh y la Onu que ejerzan una presión adicional sobre los gobiernos.

Hoy, a excepción de Venezuela, ya no es un tema de discusión si existen o no los pueblos en aislamiento. Eso ya es un avance importante. Pero al mismo tiempo que hubo avances normativos importantes –formalmente se han aprobado una serie de leyes, de mecanismos–, en la práctica hubo un retroceso. Porque estos derechos no son implementados debidamente. Cada vez se prioriza más la inversión (y la explotación de las empresas) y se debilitan los derechos de los aislados.

Muchas veces hay conflictos de intereses entre los diferentes ministerios. En el caso de Bolivia, por ejemplo, la discusión es esa. Un gobierno indígena, progresista, por un lado, y, por otro, unos pocos indígenas que pueden frenar el desarrollo nacional. Porque muchas veces estas comunidades están en áreas ricas, por ejemplo, petroleras. Un pequeño conflicto fue la aparición o la supuesta aparición de pueblos en aislamiento en la frontera Perú-Bolivia; aparentemente serían del grupo étnico de los mashco-piros, y entraron al territorio boliviano en una zona en la que se está haciendo prospección petrolera. Entonces se pidió la paralización de la actividad petrolera en esa zona, cosa que tiene implicaciones económicas importantes.

En la audiencia (de la Cidh, en Montevideo, a finales de octubre pasado, titulada “Situación de derechos humanos de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial en la Amazonia y el Gran Chaco”) se demostró la dificultad para que se acepten estas áreas de protección, o las que se establecen son demasiado chicas y dan de ese modo prioridad o preferencia a la extracción petrolera. Es el caso de Ecuador.

En el caso de Colombia, donde hay menor cantidad de pueblos en aislamiento, el problema se ha dado principalmente con el conflicto armado. Por ejemplo, a un pueblo de contacto reciente, como los nukaks –que se contactaron hace 20 años–, el gobierno les asignó un territorio muy grande, pero desgraciadamente era una zona de cultivos ilícitos, de actividades de las Farc y los paramilitares. Tuvieron que salir de ahí e irse a vivir a un centro urbano en situaciones paupérrimas.

 

—¿Cuál es el papel que juegan las instituciones como la Cidh?


—En mi opinión, la Cidh sigue siendo uno de los mecanismos más interesantes de derechos humanos, y tuvo un papel fundamental en la época de las dictaduras.
Sin embargo, incluso los gobiernos progresistas que en su momento hicieron uso de la Cidh argumentan que (los problemas de los pueblos indígenas en aislamiento) son cuestiones nacionales que tienen que resolverse a nivel interno y no por una instancia supranacional.

Entonces, sentar al gobierno junto con las organizaciones indígenas de por sí ya es importante, porque muchas veces no ocurre en sus países, sino que esto se tiene que dar en espacios internacionales. Existe un mayor diálogo en estos espacios.

Por ejemplo, con Paraguay tenemos algún tipo de involucramiento: los procesos de solución amistosa para la recuperación de tierras para los ayoreos (parte de ellos pueblos aislados y otros sedentarizados). Una parte muy importante del territorio que la Cidh pidió sea devuelto a los indígenas son tierras privadas y el Estado tiene que comprarlas. Entonces, lo que se pide es que el gobierno paraguayo adjudique parte de su presupuesto a la compra de estas tierras. Esto ha acompañado un proceso de solución amistosa con reuniones de negociación. Son procesos impulsados por la Cidh.

Cuando no se consigue una solución por esta vía, los casos pasan a la Corte Interamericana. Hubo fallos, que crearon jurisprudencia, que obligaron a los estados a resarcir a comunidades por daños ambientales por actividades petroleras, por ejemplo.

 

—Pensar en el tema de los aislados, ¿sería como revivir la historia del encuentro del colonizador con el aborigen en la conquista de América Latina?


—Sí, muchos de sus antepasados huyeron de epidemias o de masacres, han tenido algún mal recuerdo del contacto con las sociedades nacionales. Pero sí, es una situación bastante particular en la que por razones obvias no existe un diálogo de igual a igual, entonces hay que activar otros mecanismos, otras formas de relacionamiento, y tratar de aprender del pasado, de lo que se hizo mal.

Ahora, lamentablemente todo indica que hay situaciones preocupantes, y por pensar que es poca gente –pues se trata de familias o pueblos muy pequeños–, muchos opinan que no pueden ser una barrera para el desarrollo.

 

—Quizás este punto de conflicto entre indígenas y desarrollo se plantee también con otras realidades indígenas, especialmente con la cuestión de la tierra y su propiedad.

—Es un conflicto que hay que discutir y resolver. Y en ello el Estado tiene un papel importantísimo, de aceptar que son ciudadanos de su país con derechos particulares.

Alan García, el ex presidente peruano, hablaba de los indígenas amazónicos como “el perro del hortelano”; no explotan los recursos naturales y tampoco dejan que los demás los exploten. Él tenía esa teoría sobre los indígenas en general.

Hay un reconocimiento normativo y formal que de hecho es muy limitado, debería ser muchísimo mayor.

 

 

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Domingo, 19 Noviembre 2017 07:38

¿Hacia dónde va Kurdistán?

El pueblo kurdo sigue reclamando la libertad del lider del PKK, Abdullah Öcalan / Foto: Afp, Yasin Akgul

 

Tras la guerra en Siria, el giro autoritario en Turquía y el referéndum en Irak.

 

La causa kurda se ha visto atravesada por una serie de acontecimientos en Oriente Medio que han modificado la correlación de fuerzas de este movimiento.


En los últimos años el devenir del pueblo kurdo se conoció de una forma más profunda en las cuatro latitudes del mundo. Negados, reprimidos, asesinados y traicionados, los pobladores de Kurdistán –repartido arbitrariamente entre Irak, Siria, Irán y Turquía en las primeras décadas del siglo pasado– vienen sosteniendo una lucha que, más allá de matices y diferencias internas, tiene entre sus principales objetivos la independencia, la democracia y la liberación.

Una de las principales razones por las que las tierras que puebla la principal minoría étnica de Oriente Medio (unos 40 millones de personas) son reclamadas por estos países es su riqueza natural. Por Kurdistán cruzan los grandes ríos Tigris y Éufrates, sus territorios fértiles son ideales para la agricultura y la ganadería, y en el subsuelo un mar de petróleo es codiciado sobre todo por Estados Unidos, Rusia, China y países de Europa y sus representantes nacionales. Del suelo kurdo se extrae el 75 por ciento del petróleo de Irak, el 50 por ciento del de Irán, y allí se halla casi la totalidad de las reservas de Turquía y Siria.

La causa kurda se ha visto atravesada, en los últimos años, por una serie de acontecimientos en estos países –crisis de diferente índole, conflictos interpuestos y guerras– que han modificado la correlación de fuerzas del movimiento kurdo en la región.

 


EN EL SULTANATO.


En Turquía la política dio un giro drástico a partir del intento de golpe de Estado del 15 y 16 de julio de 2016, algo que tuvo particular impacto en el sureste de Turquía, en la zona kurda de Bakur. Una vez desactivada la intentona, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, puso en marcha una impresionante maquinaria represiva que incluyó purgas en las instituciones públicas e intervenciones de empresas privadas que dejaron a cientos de miles de empleados sin trabajo, la declaración de un estado de emergencia permanente –que le permite al presidente gobernar por decreto–, el recorte radical de las libertades individuales y la censura de la prensa opositora. El golpe le sirvió de excusa a Erdogan para endurecer la persecución y represión de las organizaciones kurdas en Turquía que su gobierno ya había encaminado, en consonancia con la histórica política turca hacia los kurdos. Una política de asimilación, desplazamientos forzados, confiscación de tierras, negación de los derechos de los kurdos y asesinatos masivos.

En 2016 Erdogan tenía problemas en varios frentes. El más molesto en el plano interno era el crecimiento del Movimiento de Liberación de Kurdistán, que canaliza su política institucional a través del Partido Democrático de los Pueblos (Hdp, por sus siglas originales), y del Partido Paz y Democracia (Bdp, por sus siglas originales). En junio de 2015, en las elecciones generales, el Hdp logró que 80 de sus candidatos a diputados ingresaran al parlamento, una victoria inédita. Además, a través del Bdp, el movimiento kurdo gobernaba alrededor de 100 alcaldías del sureste del país. Finalizados los comicios y ante la imposibilidad de formar un gobierno con mayoría de su partido, el Akp, Erdogan convocó a nuevas elecciones para noviembre de ese año, por falta de mayoría absoluta en el parlamento. En el tiempo que transcurrió hasta entonces, las fuerzas de seguridad y el Ejército lanzaron una operación demoledora contra el pueblo kurdo. Además de encarcelar a 2 mil militantes del Hdp, se desarrollaron operaciones militares en varias ciudades y pueblos de Bakur. Los dos ejemplos más aterradores se dieron en el pueblo de Nusaybin (en la frontera con Kurdistán sirio) y en el barrio Sur, de la ciudad de Diyarbakir (capital histórica de Kurdistán en Turquía). En el primer caso la aviación turca y tropas terrestres arrasaron el pueblo, en el cual vivían 80 mil personas. Bombas y una masacre sostenida fue la respuesta de Turquía a las declaraciones de autonomía hechas en varios pueblos kurdos cerca de la frontera con Siria. Nusaybin quedó totalmente destruida. Pero el Ejército turco ingresó al pueblo en ruinas para desplegar una inmensa bandera turca en el único edificio que quedaba en pie, mientras los soldados turcos, formados frente al estandarte, entonaban su himno. En el caso de Sur, barrio declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco, la metodología fue la misma: bombardeos y desplazamiento de la población. Además fueron destruidas las construcciones históricas.

Pese a la represión del Estado turco, en los nuevos comicios de noviembre de 2015 el Hdp consiguió 59 diputados en el parlamento nacional. En la actualidad, 11 de esos legisladores se encuentran encarcelados, incluidos los co-presidentes del partido. Mientras el gobierno de Erdogan los acusa de terrorismo, el propio Akp ha militarizado Bakur (Kurdistán turco) y apoyado con total impunidad a grupos terroristas como el Estado Islámico, algo que han denunciado reiteradas veces tanto Rusia como el gobierno sirio, y que ha sido confirmado en varios documentos y filmaciones por diversas organizaciones kurdas.

Desde hace varios años la guerrilla del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (Pkk) sostiene un alto el fuego unilateral en Turquía, y en dos ocasiones intentó impulsar procesos de paz con el Estado turco. En ambas, el gobierno de Erdogan –que llegó al poder hace 13 años con una máscara progresista y modernizadora– hizo estallar esas iniciativas por los aires.

Por estos días el pueblo kurdo en el sureste de Turquía se encuentra movilizado para defender sus derechos básicos y la libertad del líder kurdo, y fundador del Pkk, Abdullah Öcalan, que desde hace casi 19 años se encuentra encarcelado en la isla-prisión de Imrali, lugar en el que tiene prohibida la visita de sus familiares y abogados.


LA FEDERACIÓN.


Cuando en 2011 en Siria estalló una serie de protestas contra el gobierno de partido Baaz, Oriente Medio ya atravesaba un proceso de profundo resquebrajamiento. En Rojava (la parte siria de Kurdistán) las manifestaciones y levantamientos no escasearon. Los kurdos de Rojava también se movilizaban por su libertad. Pero mientras en varios lugares de Siria esas protestas eran reprimidas por el Estado o sofocadas por los incipientes grupos terroristas que aparecían en el territorio, en el norte del país comenzaba un proceso de resistencia y organización que perdura aún.

Al estallar la guerra en Siria, que sucedió a la primavera árabe en ese país, los kurdos de Siria, con fuerte influencia del Pkk y de Öcalan, optaron por una “tercera vía” –como ellos la denominan–: ni sumarse a los grupos armados irregulares, como el Frente Al Nusra o la organización Estado Islámico, ni plegarse a las filas del Ejército Árabe Sirio, de Bashar al Asad. Ese pueblo ya tenía decidido que, costara lo que costara, la respuesta sería una revolución con profundas raíces democráticas que respetara a las diferentes religiones y etnias de la región, y que las mujeres fueran la punta de lanza y la garantía para alcanzar la liberación total (véase entrevista con Sivan Zerdesti).

Hace dos años fue proclamada la Federación Democrática del Norte de Siria, una novedosa forma de autogobierno que reúne a kurdos, árabes, asirios, turcomanos y armenios. Se fundaron cientos de pequeñas cooperativas y se conformaron las Fuerzas Democráticas de Siria (Fds), organización de autodefensa que ya liberó la provincia de Raqqa y ahora se encuentra combatiendo al grupo Estado Islámico en Deir ez-Zor.

Tanto las Fds como las instituciones de autogobierno que administran los cuatro cantones de la federación incluyen a todas las nacionalidades que viven en la región. Al mismo tiempo, las mujeres de la zona tienen sus propias organizaciones autónomas con el mismo poder de decisión e influencia que las entidades mixtas. Además de integrar las Unidades de Protección de las Mujeres (Ypj), las mujeres kurdas y de otras etnias y religiones son consideradas el sujeto revolucionario que permite la liberación del territorio.

El gobierno de Damasco mantiene un discurso prudente pero por momentos ambiguo sobre la lucha encabezada por los kurdos del país. Hasta ahora las fuerzas de autodefensa del norte de Siria no tuvieron enfrentamientos de gran envergadura con las tropas del Ejército de Siria, aunque no se descartan en un futuro no muy lejano. Actualmente, en la provincia de Deir ez-Zor se producen los principales combates contra el EI, tanto por parte de las Fds como del Ejército sirio. Desde la Federación Democrática ya expresaron en varias ocasiones la disposición a dialogar con Damasco para encontrar una salida democrática que incluya a todas las etnias que habitan el territorio y las religiones que se profesan.


EN IRAK.


Tal vez Masud Barzani no imaginaba el final que le esperaba cuando anunció el 25 de setiembre pasado en Bashur (la parte iraquí de Kurdistán) que se iba a realizar un referéndum para que los pobladores kurdos votaran sobre la creación de un Estado kurdo independiente. La consulta popular, de carácter no vinculante, se efectuó y una mayoría aplastante la respaldó, pese al rechazo del gobierno central de Bagdad, Turquía, Irán y Estados Unidos.

Una vez realizado el referéndum, desde Bagdad no dudaron en enviar tropas a Bashur y el Kdp ordenó a su fuerza militar, los peshmergas, que se retiraran de varias zonas. Barzani, líder del Partido Democrático de Kurdistán (Kdp) y hasta hace apenas unas semanas presidente “vitalicio” de Bashur, anunció su renuncia al cargo, y su partido, que administra esa región semiautónoma, convocó a nuevos comicios. Tanto el Pkk como partidos importantes de Bashur habían criticado duramente el referéndum porque, señalaban, su realización no era una solución de fondo para la libertad y la independencia del pueblo kurdo. El referéndum que Barzani presentó al mundo como una lucha independentista terminó por golpear de forma directa a los kurdos. El Ejército iraquí tomó el control de Kirkuk, principal provincia petrolera del país que hasta ese momento era controlada por la administración de Bashur. Al igual que en 2014, cuando Barzani ordenó el retiro de sus tropas de la región de Shengal –habitada por una mayoría yezidí– y dejó que el EI arrasara poblados y aldeas, además de secuestrar a unas 2 mil mujeres, en Kirkuk también el rescate de pobladores y la defensa del territorio la brindó la guerrilla del Pkk, que se trasladó desde las montañas de Qandil para hacer frente a los soldados enviados por Bagdad, aunque luego tuvo que replegarse.

En medio de esta nueva crisis, el Pkk sabe que se abre una posibilidad de llevar adelante su política, basada en el confederalismo democrático, una ideología abrazada a mediados de la década de 1990 que se define como anticapitalista, tiene como principal meta la liberación de las mujeres y aboga por conformar una red comunal que enfrente a los estados-nación. Desde Qandil, territorio que controla desde hace casi 20 años, el Pkk propuso una amplia unidad de las organizaciones kurdas y los pueblos que habitan Bashur para hacer frente a un conflicto que atraviesa la región más rica del territorio iraquí.


Y EN IRÁN.

 

En la actualidad la lucha del pueblo de Rojhilat (Kurdistán iraní) es muy poco difundida. Las últimas noticias se conocieron en setiembre de este año cuando fue convocada una huelga general, luego de que las fuerzas de seguridad iraníes asesinaran a dos kolbers (así se denominan los trabajadores de la frontera). La represión contra los kolbers, que trasladan mercadería desde Bashur a Rojhilat, no es reciente y le ha costado la vida a muchos kurdos que desempeñan esta labor. Durante varios días las protestas se multiplicaron en varias ciudades de la región.

En agosto de este año la Asociación de Derechos Humanos de Kurdistán presentó un extenso informe1 denunciando que el Estado iraní cometió contra el pueblo kurdo “violaciones de los derechos civiles y políticos, violaciones de la libertad de opinión y de expresión, violaciones del derecho a la vida y a la seguridad personal, así como tortura de presos políticos y la conculcación de los derechos fundamentales de los presos”.

A mediados de 2017 el co-presidente del Partido de Kurdistán por una Vida Libre (Pjak) Siyamend Mouni afirmó en una entrevista con la agencia de noticias Anf que la salida para Rojhilat es un “sistema donde todos los pueblos y fuerzas pueden expresarse y reclamar sus derechos”. El Pjak, vinculado con el Pkk, apuesta a “continuar la lucha a través del paradigma de la sociedad democrática contra la dictadura y las invasiones”, destacó el dirigente del partido kurdo en Irán. Mouni no descartó que en Irán se desarrollen “nuevos acontecimientos”, teniendo en cuenta la crisis que vive Oriente Medio. Para el copresidente del Pjak, Irán tiene dos opciones: una política para la transformación democrática en Rojhilat y en todo Irán, o virar hacia un proceso similar al que atraviesan Irak y Siria. Mouni destacó que el Pjak prefiere “la transformación democrática”, pero “si esto no sucede, Kurdistán se defenderá. Tenemos la fuerza y la experiencia para hacer esto. Nadie debe tener ninguna duda de que vamos a defender a nuestro pueblo y nuestro país. Hemos hecho todos los preparativos necesarios”.

 

1. http://kurdistanamericalatina.org/informe-completo-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-el-kurdistan-irani/

 

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Protesta de activistas contra los combustibles fósiles en la cumbre de Bonn.

 

La financiación de los países ricos para los más pobres vuelve a atascar los avances en una cumbre del clima

 

El Acuerdo de París –que se empezará a aplicar en 2021– fue el marco general de la lucha contra el cambio climático. Pero falta desarrollarlo. Y los reglamentos para hacerlo tendrán que esperar a la cumbre de Polonia en 2018, la fecha tope que marca el propio acuerdo. Así lo han decidido los negociadores de los casi 200 países reunidos en la Cumbre del Clima de Bonn. En la recta final de esta cita la financiación que deben aportar los países ricos se ha vuelto a convertir en un escollo. Y lo volverá a ser en las próximas citas, adelantan los negociadores.

Los negociadores que se han reunido en la llamada COP23 de Bonn han esbozado los esqueletos de esos reglamentos de desarrollo del Acuerdo de París, pero los temas más polémicos sobre transparencia o contabilidad de las emisiones de cada país siguen abiertos y tendrán que cerrarse en Katowice, la ciudad polaca que acogerá a finales de 2018 la próxima cumbre. "Hubiera sido mejor avanzar más", reconoce Teresa Ribera, directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales y experta en negociaciones climáticas. Pero lo más difícil se ha dejado para la siguiente cumbre, que se llevará a cabo en el bastión europeo del carbón, el combustible fósil que más gases de efecto invernadero emite.

Todo parecía indicar que esta cita de Bonn —que desde un principio se concibió como técnica— podía cerrarse, por primera vez en mucho tiempo, este viernes según el programa previsto. Pero las discusiones sobre la financiación han paralizado las negociaciones y mantuvieron abierta la cumbre durante buena parte de la noche. Finalmente, sobre las seis de la mañana, tras una larga noche de negociaciones, se desbloqueó la situación y se consiguió cerrar la cumbre.

La principal discusión se centró en los intentos de los países en desarrollo para conseguir asegurarse que los Gobiernos de los Estados más ricos y su sector privado pongan sobre la mesa los 100.000 millones de dólares anuales para financiación climática comprometidos con el Acuerdo de París a partir de 2020. Ese montante está pensado para que los países con menos recursos puedan poner en marcha estrategias de mitigación (recortes de emisiones de gases de efecto invernadero) y adaptación a los efectos negativos del calentamiento.

Los Estados más pobres presionaron para que los desarrollados se comprometan a comunicar cuánto dinero pondrán sobre la mesa cada año con antelación. Y los desarrollados argumentaban que no pueden comprometerse a eso ya que sus aportaciones dependerán de su disponibilidad presupuestaria. Este asunto continúa abierto también tras la cumbre del Bonn. "La financiación es el último tema que siempre se cierra en las cumbres", explica Laura Juliana Arciniegas, jefa de la delegación de Colombia. "Y lo será en las siguientes".

 

Salida de EE UU

 

La salida anunciada por Donald Trump del Acuerdo de París —que no se podrá materializar hasta 2020 porque así lo establece el pacto— supuso un golpe moral a esta alianza contra el cambio climático, que por primera vez tras dos décadas de negociaciones logró cerrar en París en 2015 un acuerdo que comprometía a todos a recortar sus emisiones. Pero Trump no ha provocado un efecto contagio. Al contrario, Nicaragua y Siria, que se resistían a firmar el pacto, han anunciado que lo harán y EE UU se ha quedado aislado. Pero más allá de los recortes de los gases que no acometerá EE UU, Trump ha dejado claro que no tiene ninguna intención en cumplir los compromisos de financiación, con lo que se reduciría el número de Estados desarrollados que deben aportar esos 100.000 millones. Y esto inquieta a los países en desarrollo.

El Acuerdo de París tenía una brecha bien identificada que se debe cubrir desde que se firmó hace dos años en la capital francesa. Los recortes de gases de efecto invernadero comprometidos por todos los países firmantes del pacto no son suficientes para lograr el objetivo: que el aumento de la temperatura media del planeta no supere los dos grados a final de siglo respecto a los niveles preindustriales, e intentar que se quede en los 1,5. Pero el Acuerdo de París contiene mecanismos para superar superar ese problema: periódicamente se harán revisiones y los Estados presentarán nuevos compromisos, siempre al alza, de sus planes de recortes de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, la salida de EE UU ha abierto otra brecha inesperada: la financiación. "Ahora existe una brecha de 2.300 millones de dólares en el Fondo Verde que EE UU ha dicho que no va a poner", señala el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. ¿Y quién va a cubrirla? Arias Cañete augura que el tema de la financiación volverá a centrar una parte importante de las negociaciones en Polonia. Las dudas sobre quién asumurá los esfuerzos financieros de EE UU es una de las razones que han empujado a los países en desarrollo a pedir que los Estados ricos anticipen cuánto dinero aportarán.

El otro punto sobre financiación que ha bloqueado las negociaciones ha sido el Fondo de Adaptación, que los países en desarrollo no quieren que se elimine cuando se aplique, a partir de 2021, el Acuerdo de París. Este fondo se creó con el Protocolo de Kioto, que estará en vigor hasta 2020, cuando el pacto de París tomará el relevo.

En el Acuerdo de París se abrió la posibilidad de que continuara el Fondo de Adaptación. En la Cumbre del Clima de Marrakech, de 2016, se reforzó esa idea. Y en la de Bonn los países en desarrollo querían atar definitivamente esta continuidad, lo que esta noche han logrado.

 

1,5 grados

 

En octubre de este año está previsto que el IPCC, el panel de expertos internacionales que bajo el paraguas de la ONU radiografían los efectos del cambio climático, difunda un informe sobre las posibilidades de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados y las medidas que se deberían tomar para lograrlo. El reto es complicado, el calentamiento está ya en un grado respecto al nivel preindustrial.

La asunción de esa meta del grado y medio también ha centrado parte de las discusiones finales de esta cumbre de Bonn. Varios Estados, fundamentalmente los más petroleros (como Arabia Saudí o Irán) pidieron que se retirara toda referencia a esos 1,5 grados en uno de los documentos que está previsto que se aprueben, señalan fuentes de la negociación. Pero esa referencia ya está en el Acuerdo de París, con lo que no se puede dar marcha atrás.

 


 

WASHINGTON QUIERE SALIR “LO ANTES POSIBLE” DEL PACTO


Fuentes de las negociaciones explican que la actitud estadounidense (que ha enviado una delegación mucho menor que en otras cumbres y de perfil técnico) no ha sido de bloqueo. La encargada de intervenir en nombre de EE UU en el plenario de Bonn ha sido Judith G. Garber, secretaria adjunta de la Oficina de Océanos y Asuntos Ambientales y Científicos Internacionales. No puso en duda el cambio climático, sacó pecho de los recortes de emisiones de su país en los últimos años y dijo que EE UU es consciente de que se necesita una transformación energética. Eso sí, reafirmó que su país saldrá del acuerdo "lo antes posible".

 

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Algunos líderes de la 25 cumbre de APEC, que comenzó ayer en Da Nang, Vietnam. Arriba: Carrie Lam, jefa ejecutiva de Hong Kong; Peter O’Neill, primer ministro de Papua Nueva Guinea, y Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú; abajo: Hassanal Bolkiah, sultán de Brunéi; Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y Michelle Bachelet, presidenta de Chile

 

Trump no arrancó en China su elusivo G-2. Al contrario, en el tema de Corea del Norte reculó ante la firmeza de China, y en materia comercial –más allá de los no vinculantes memoranda de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) por más de 250 mil millones de dólares– sólo descolgó la venta de 300 aviones Boeing por alrededor de 40 mil millones –truco que suele emplear China para calmar las baladronadas de Estados Unidos– y un relevante acuerdo gasero por otro tanto, en el que China colaborará con Bank of China y la empresa estatal Sinopec para importar el preciado gas de Alaska, lo cual reconfigura la nueva geopolítica del gas, como referí a Sputnik (https://goo.gl/Je9NjG).

Después de la misma confesión de su jefe de gabinete, el general John Kelly, Trump aceptó el triunfo geoeconómico de China (https://goo.gl/VZZbPR).

Mark Landler, del trumpófobo The New York Times (NYT), exhibe las contradicciones en la gira asiática de Trump, quien solicita la unidad contra Corea del Norte, pero adopta ir solo en comercio (https://goo.gl/RXHtwt). A juicio de Landler, será difícil reconciliar tales mensajes contradictorios, lo cual “podría determinar el destino en el corto plazo ( sic) de Estados Unidos como potencia en el océano Pacífico”.

En Da Nang (Vietnam), sede de la cumbre 25 de la insulsa APEC de 21 miembros –que no ha resuelto nada en un cuarto de siglo, pero que se ha vuelto el punto de encuentro de las tres superpotencias: Estados Unidos/China/Rusia–, Trump expuso su pasión por el nacionalismo económico –“no existe un lugar como el hogar ( sic)”– y su repudio al multilateralismo de la agónica Organización Mundial del Comercio.

En su gira por cinco países asiáticos de 12 días, Trump diluyó su vino bélico en China y Seúl (capital de Corea del Sur), donde exhortó la participación de Rusia –que ostenta 18 kilómetros de frontera con Corea del Norte–, al unísono del papel imprescindible de China, para resolver el contencioso de desnuclearización de la península coreana.

A Landler no se le escapa que el neoaislacionismo trumpiano y su desafiante populismo pueden empujar a los países asiáticos a la órbita de China, que llena el vacío dejado por Estados Unidos. El discurso de Trump sobre “soberanía ( sic) y la independencia ( sic) de los países” habrá dejado estupefactos a los vulgares mercantilistas neoliberales allí presentes, quienes no entienden que el tema comercial ha sido relegado por el binomio geoeconómico/geopolítico.

Tanto NYT como Financial Times expusieron los esbozos de la estrategia Indo-Pacífico –la Santa Alianza geoeconómica y geopolítica de Estados Unidos/India/Japón/Australia– para contrarrestar a China con su ascendente bloque económico RCEP-16 (Regional Comprehensive Economic Partnership), ocultado en Occidente (https://goo.gl/fzg3TY).

Hace ocho meses abordé los Decesos del ATP y el TLCAN; auge del RCEP chino: el mayor tratado comercial global (https://goo.gl/bpz6UE) y aduje que “el poco publicitado RCEP-16 se posiciona como el mayor tratado de libre comercio del planeta, pero con un nítido enfoque regional ( sic), donde China nolens volens se ha erigido en su líder conceptual”.

Tanto en Tokio como en Da Nang, Trump lanzó su proyecto Indo-Pacífico (https://goo.gl/92a1TM), que había sido adelantado hace un mes por Rex Tillerson, secretario de Estado en vías de ser despedido (https://goo.gl/4kuVEA).

Evan Medeiros, anterior consejero de Barack Obama sobre Asia, comentó que los prospectos para la estrategia Indo-Pacífico son inciertos, ya que “carece de un componente económico serio ( sic), se vincula conceptualmente con una India ambivalente ( sic) y parece como contención de China”.

Wang Jisi, presidente del Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos de la Universidad de Pekín, expone que las relaciones de Estados Unidos y China pueden evitar la Trampa de Tucídides (https://goo.gl/q9Hdck), como un servidor había analizado hace cinco años (https://goo.gl/uBbUFh). Jisi arguye que la “política errática de Trump, su equipo de trabajo incompleto ( sic) y su oscilante política hacia China dificultan tomar un punto de vista holístico de su política exterior”, en la que peca de ambigüedad considerable, pero exhibe cuatro intenciones: 1. priman los asuntos domésticos por encima de la política exterior; 2. valora el costo/eficiencia; 3. su comercio es pragmático y prefiere la cooperación bilateral en lugar del multilateralismo, y 4. es “probable ( sic) que emprenda aventuras militares en el exterior” de forma impulsiva.

Jisi alega que las relaciones de Estados Unidos y China han entrado en una nueva normalidad con tres principales características: 1. la cooperación y competencia de China y Estados Unidos ganan fuerza simultánea conjugada con sus asuntos domésticos, que influyen en las relaciones diplomáticas; 2. los multimedia procuran más atención a la rivalidad estratégica de Estados Unidos y China, en lugar del lado positivo, y 3. existe un contraste de la mentalidad estratégica de ambas superpotencias cuando el ascenso de China es uno de los principales desafíos que enfrenta Estados Unidos, por lo que la estrategia de Estados Unidos hacia China tiene una tendencia de ser fragmentada y orientada a resultados.

Jisi invoca que el principal problema entre ambos no son los lazos económicos y comerciales, sino el tema nuclear de Corea del Norte, cuando se incrementará la posibilidad de una unilateral acción militar punitiva de Estados Unidos contra Corea del Norte. Jisi considera que “no es realista ( sic) esperar que Trump tolerará ( sic) la nuclearización de Corea del Norte”. Si bien es cierto que los lazos comerciales no deteriorarán las relaciones, debido a la alta interdependencia económica, tanto el comercio como la economía están entrelazados con el tema nuclear de Corea del Norte.

Jisi juzga que no es correcto decir que Estados Unidos se encuentra en declive –como profiere The Economist (https://goo.gl/vNpm8g)–, ya que la innovación tecnológica de Estados Unidos es una fuerza que se debe reconocer cuando la economía de Estados Unidos ha mejorado. Hoy el problema de Estados Unidos radica en que confronta una de sus más graves crisis políticas desde su fundación.

No perderé mi tiempo disecando el futuro del nuevo ATP-11, ahora sin Estados Unidos, cuando el mismo primer nipón Shinzo Abe admitió que un ATP sin Estados Unidos carece de sentido (https://goo.gl/QMxSoj), lo cual no asimilan los extraviados mercantilistas Guajardo/Videgaray debido a su nesciencia geopolítica.

El principal defecto en la era tripolar de confrontación y/o colaboración de Estados Unidos/Rusia/China es que la irrelevante ATP carece de paraguas nuclear y cuyo principal líder, Japón, es vasallo de Estados Unidos (en la óptica de China). Más allá del RCEP-16 que encabeza China, en el que coincidentemente forman parte siete países de la disfuncional ATP, es la mirífica Ruta de la Seda (https://goo.gl/AQ4Kpy), la que trastocaría la correlación geoestratégica de fuerzas en Eurasia, que Trump intenta contrarrestar con su etéreo proyecto, más geopolítico que geoeconómico, de Indo-Pacífico.

Los multimedia chinos dieron más vuelo a la reunión del zar Vlady Putin y el emperador geoeconómico Xi (https://goo.gl/AQ4Kpy) y eludieron el encuentro informal entre Putin y Trump (https://goo.gl/bVrz4x). Si alguna lección dejó la cumbre 25 de la fragmentada APEC es que, en caso de existir un G-2, sería entre Rusia y China.

 

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