[Foto: Un manifestante sostiene una pancarta en La Paz (Radio Kawschun/Facebook)]

A pocas semanas de las elecciones del 18 de octubre el gobierno golpista de Bolivia está nuevamente en crisis tras la salida de tres ministros clave por un intento inconstitucional de privatizar una compañía eléctrica.

Estos hechos se han producido cuando las encuestas muestran que el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, podría ganar en la primera ronda, menos de un año después de que su partido fuera derrocado por un golpe de la derecha.

La senadora Jeanine Áñez, entonces relativamente desconocida, prestó juramento como “presidenta interina” en noviembre pasado tras el golpe de Estado contra el entonces presidente del MAS, Evo Morales.

A pesar de haberse comprometido a ocupar el cargo solo durante 90 días hasta que las elecciones pudieran decidir un nuevo presidente, el régimen ilegítimo de Áñez ha intentado en cambio utilizar su poder para hacer retroceder las medidas antineoliberales implementadas por el gobierno de Morales y para unir a las diversas facciones anti-MAS.

Sin embargo, su régimen ha quedado marcado por su catastrófico manejo de la pandemia de la COVID-19, que, hasta ahora, ha causado casi 8.000 muertos y ha dejado a Bolivia con la tercera tasa de mortalidad más alta del mundo por ese motivo.

Este fracaso se ha visto agravado por la mala gestión económica de su gobierno -con más de un millón de bolivianos por debajo del umbral de la pobreza- y más de 20 casos de presunta corrupción de alto perfil dentro de su gabinete, que ha experimentado 17 cambios de ministros en 10 meses.

Corrupción

El caso de corrupción más notorio fue la utilización en mayo pasado de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la compra, a más del doble de su precio normal, de 179 respiradores, lo que llevó al arresto, por corrupción, del ministro de Sanidad y de otros altos funcionarios.

Otro escándalo similar se produjo en la compra de gas lacrimógeno para la policía que hizo el ministro de Defensa.

La última crisis del gabinete se desencadenó por las consecuencias del intento de reprivatizar la compañía eléctrica regional de Cochabamba, ELFEC, nacionalizada por el gobierno de Morales en 2010.

La crispación desencadenada llevó a la destitución del ministro de Economía Oscar Ortíz y a la renuncia de los ministros de Trabajo y Desarrollo Productivo el 28 de septiembre.

Una semana antes, el fiscal general del Estado, José María Cabrera, fue también destituido por cuestionar la constitucionalidad del decreto de privatización. Cabrera estaba supervisando la investigación sobre la polémica compra de gas lacrimógeno por parte del ministro de Defensa.

En declaraciones a los medios, Ortíz dijo que se negó a firmar el decreto de privatización porque iba “en contra del sistema legal” y no contaba con los “respaldos legales adecuados”.

“No creo que el gobierno, en sus últimas semanas, deba adjudicar nuevos contratos o licitaciones importantes, que deben dejarse para la próxima administración”.

Ortíz también denunció al gobierno por intentar seguir adelante con varias otras compras y contratos en sus últimas semanas en el cargo, incluidos más de 7 millones de dólares en vehículos nuevos.

La Asamblea Legislativa Plurinacional ha anunciado que abrirá una investigación sobre esta y otras compras cuestionables, así como respecto a varias irregularidades y supuestos actos de corrupción que se han producido en el interior de varias empresas estatales.

Para sustituir a Ortíz, Áñez promovió al ministro de Planificación Branko Marinkovic, quien se apresuró a anunciar que viajaría a Estados Unidos para solicitar nuevos préstamos, entre otros, del Banco Interamericano de Desarrollo.

Impunidad

Con Arce liderando las encuestas -a pesar de la ola de represión por parte del gobierno y de los paramilitares de derechas contra el MAS, que no ha dejado de incrementarse durante la campaña electoral-, varias facciones del gobierno están buscando formas de protegerse a sí mismas y a sus ganancias de origen dudoso.

Un día después de que el grupo de expertos de la derecha Jubilee Foundation publicara una encuesta que mostraba a Arce ganando en la primera ronda, Áñez anunció el 17 de septiembre que renunciaría como candidata presidencial.

Si bien se ha presentado como una medida que ayudaría a unificar el fragmentado bloque anti-MAS, actualmente dividido a la zaga de varios candidatos de la oposición, es más probable que su retirada estuviera motivada por el deseo de llegar a un acuerdo de inmunidad bajo cualquier candidato anti-MAS potencialmente victorioso.

En lugar de respaldar a un candidato en particular, Áñez -que seguirá apareciendo en la papeleta electoral debido a su tardía retirada- pidió a los votantes que se unieran detrás del candidato con mayores posibilidades de derrotar a Arce.

Mientras tanto, el fiscal general del Estado dijo a la Asamblea que el ejército se niega a cooperar con la investigación de las masacres en Senkata, Sacaba y Yapacaní de noviembre pasado, en las que murieron al menos 32 manifestantes antigolpistas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, muchos se preguntan si las elecciones serán libres y justas, o si siquiera se llevarán a cabo. Las elecciones ya se han aplazado dos veces y la fecha límite del 18 de octubre solo se estableció después de las protestas masivas a nivel nacional de agosto.

Con el futuro de la democracia y la economía de Bolivia en juego, sin duda seremos testigos de muchos más acontecimientos en las próximas semanas.

Por Federico Fuentes | 08/10/2020


Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Federico Fuentes es un escritor que centra sus trabajos en temas de Latinoamérica, sobre todo de Venezuela. Es editor de Links Socialism.

Fuente: https://www.greenleft.org.au/content/bolivia-amid-new-crisis-coup-government-seeks-divide-spoils-impunity

Publicado enInternacional
Jueves, 17 Septiembre 2020 06:15

"Que grite la economía"

"Que grite la economía"

Génesis y legado del golpe de Estado ordenado por Nixon y patrocinado por la CIA en Chile

El 3 de septiembre de 1970, durante una reunión de 30 minutos en la Oficina Oval, entre las 3:25 y las 3:45 de la tarde, el presidente Richard Nixon ordenó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) promover un golpe militar en Chile. Según notas manuscritas tomadas por el director de la agencia, Richard Helms, Nixon giró órdenes para evitar que el nuevo presidente de Chile, Salvador Allende, tomara posesión de su cargo en noviembre… o crear condiciones para derrocarlo en caso de que asumiera la presidencia.

"Una probabilidad de una en 10, quizá, pero salven a Chile." "No importan los riesgos". Helms garrapateaba sus notas mientras el presidente exigía un cambio de régimen en la nación sudamericana, que se había convertido en la primera en el mundo en elegir libremente a un candidato socialista. “Trabajo de tiempo completo… los mejores hombres que tengamos”. "Que grite la economía".

Escrito en una semana como ésta, hace 50 años, el crítico memorando de Helms sobre la conversación con Nixon continúa siendo el único registro conocido de la orden de un presidente estadunidense de derrocar a un líder extranjero electo democráticamente. Desde que desclasificó el documento, en 1975, como parte de una investigación del Senado sobre las operaciones encubiertas de la CIA en Chile y otras partes, las notas de Helms se han vuelto la representación de la intervención estadunidense en Chile, y un símbolo de la arrogancia hegemónica de Washington hacia naciones más pequeñas, en particular en América Latina.

¿Cómo llegó un presidente estadunidense, dotado de poderes imperiales, a ordenar un cambio encubierto de régimen en otra nación? La desclasificación, en fecha más reciente, de cientos de documentos etiquetados como top secret sobre el papel de la CIA en Chile proporciona componentes críticos de tan siniestra y sórdida historia. Éstas son las principales revelaciones:

– Funcionarios estadunidenses comenzaron a explorar en secreto un golpe militar como parte de los planes de contingencia ante una posible victoria de Allende desde un mes antes de que los chilenos acudieran a las urnas, el 4 de septiembre de 1970. Una "revisión urgente" solicitada por Nixon sobre los intereses y opciones en Chile, conocida como Estudio de Seguridad Nacional Memorando 97, contenía un anexo ultrasecreto titulado "Opción extrema: derrocar a Allende". Presentado por la CIA a principios de agosto de 1970, el anexo mencionaba las presunciones, ventajas y desventajas de un golpe militar si Allende resultaba electo.

– El 8 de septiembre de 1970, apenas cuatro días después de la estrecha victoria de Salvador Allende, el "Comité de los 40", que supervisaba las operaciones encubiertas estadunidenses, se reunió para abordar el caso de Chile. Al final de la reunión, el presidente del comité, Henry Kissinger, solicitó una "evaluación a sangre fría" de los "pros y los contras, los problemas y perspectivas implicados si se organizara ahora un golpe militar en Chile con asistencia de Estados Unidos". Al día siguiente, el cuartel general de la CIA envió instrucciones a su jefe de estación en Santiago para emprender “la tarea organizacional de entablar contactos directos con los militares chilenos… que puedan utilizarse para estimular un "golpe" (en español en el original) en caso de que se tome una decisión en ese sentido”.

– El jefe de estación de la CIA, Henry Hecksher, junto con el embajador estadunidense, Edward Korry, objetó esas instrucciones por considerarlas imprácticas e improbables. Un número significativo de funcionarios de la CIA, la embajada estadunidense y del Departamento de Estado se oponían a los planes de una intervención estadunidense por juzgarla poco realista, destinada al fracaso y peligrosa desde el punto de vista diplomático.

"Lo que proponemos es una flagrante violación de nuestros principios y dogmas políticos", advirtió Vaky a Kissinger en un memorando secreto el 14 de septiembre de 1970. "Si esos principios tienen algún significado, normalmente sólo nos apartamos de ellos para enfrentar graves amenazas a nosotros, es decir, a nuestra supervivencia. ¿Es Allende una amenaza mortal para Estados Unidos? Es difícil argumentarlo".

– Kissinger, el director de la CIA Helms y, sobre todo, el presidente Nixon rechazaron estos argumentos. Durante la reunión del 15 de septiembre de 1970 con Helms, a la que también asistió Kissinger, Nixon expresó que no le preocupaban los "riesgos implicados" al fomentar un golpe. El presidente estadunidense parecía tomar la elección de Allende como un insulto a Estados Unidos. "Ese hijo de puta, ese Allende hijo de puta", exclamó Nixon en una reunión posterior con Korry en la Oficina Oval. "Vamos a aplastarlo".

La directiva de Richard Nixon a Helms puso en marcha la más infame serie de actos en los anales de la política exterior estadunidense. Para instigar un golpe, la CIA se enfocó en proveer armas, fondos e incluso pólizas de seguro de vida a los operativos militares para remover al comandante en jefe de las fuerzas armadas chilenas, general René Schneider, quien se oponía a un golpe.

Asimismo, el esfuerzo clandestino de la CIA por bloquear la toma de posesión de Allende evolucionó en una extensa campaña para desestabilizar a Chile y crear un "clima golpista" que provocó la toma militar del poder encabezada por el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Un año después, cuando la historia de la intervención estadunidense en Chile apareció en la primera plana del New York Times, la exposición generó uno de los mayores escándalos internacionales del siglo XX, y dejó un legado de política exterior estadunidense envenenada que continúa persiguiendo a Chile, a Estados Unidos y al resto del mundo hoy en día.

Versión reducida. La completa puede consultarse en https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/16/que-grite-la-economia-peter-kornbluh-4109.html

* Analista senior del Archivo de Seguridad Nacional en Washington y autor de Pinochet: los archivos secretos

Publicado enInternacional
Luis Arce lidera los sondeos pero no evitaría el ballottage

A 35 días de los comicios presidenciales en Bolivia

El candidato del MAS, partido de Evo Morales, aventaja en 10 puntos a Carlos Mesa, de cara a las elecciones del 18 de octubre. 

 

 A 35 días de las elecciones en Bolivia solo existen dos certezas. El futuro político del país se definirá bajo las condiciones que impusieron los golpistas y el Movimiento al Socialismo (MAS) que lidera todas las encuestas tiene asegurado su paso a una eventual segunda vuelta. Como en los comicios de octubre de 2019, resta saber si le sacará un margen indescontable a Comunidad Ciudadana (CC), la segunda fuerza. Luis Arce Catacora orilla una ventaja cercana a los 10 puntos sobre Carlos Mesa, porcentaje que necesita además del 40 % de los votos para no ir al ballottage donde los distintos partidos de derecha se aliarían en su contra. En esa eventual entente están Juntos, de la presidenta de facto Jeannine Añez, el Frente Cívico de Luis Fernando Camacho que lidera los sondeos en su bastión, Santa Cruz y otros candidatos como Chi Hyung Chun y Tuto Quiroga que por ahora no mueven demasiado el amperímetro. El otro dato clave es que Evo Morales fue proscripto la semana pasada y no podrá aspirar a una banca en el Senado. Lo reemplazará por el Departamento de Cochabamba el dirigente cocalero Leonardo Loza.

  El panorama electoral convive en Bolivia con la pandemia que atraviesa un crecimiento sostenido de los casos. Hay 125.172 contagiados y 7.250 muertos según las últimas cifras conocidas. El país lejos está de detener al coronavirus. Añez admitió errores en su política sanitaria a fines de mayo e incluso separó del cargo al entonces ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien quedó detenido por un hecho de corrupción en la compra de respiradores. El gobierno y los sectores que acompañaron el golpe creen haberse librado del MAS con las medidas judiciales que tomaron para marcarle la cancha pero están muy lejos de conseguirlo. Algunas señales de preocupación se perciben en el oficialismo y las fuerzas destituyentes que apartaron del poder a Morales el 10 de noviembre pasado. 

El candidato a vice de Añez, Samuel Doria Medina, uno de los hombres más ricos de Bolivia y referente de Unidad Nacional (UN), dijo: “voy a gastar lo que sea necesario para que ganemos”. Según las últimas encuestas difundidas, la fórmula que integra con la presidenta viene tercera cómoda detrás de Mesa, el exmandatario que podría pasar a la segunda vuelta si el exministro de Economía de Evo no le saca una ventaja decisiva.

En el MAS también analizaron como un gesto de nerviosismo la invitación con cierto apuro a debatir que le cursó Mesa al candidato que encabeza las pesquisas electorales. El jefe de campaña de CC, Ricardo Paz, le comentó a la red Unitel: “Estamos expectantes a su respuesta, esperamos que ésta sea positiva y que Luis Arce se anime y no como hacía Evo Morales, huir del debate”. Sebastián Michel, el vocero del Movimiento al Socialismo, respondió: “que guarde un poco de paciencia que vamos a tomar una decisión a cuál de todos los debates vamos a asistir”. Uno de ellos está programado para el 4 de octubre en La Paz con los ocho candidatos presidenciales y lo convocaron la Asociación Nacional de Periodistas, la Confederación de Empresarios Privados, la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San Andrés y varios medios de Comunicación.

La estrategia de Añez

Añez sabe que no le dan los números para prolongar su estadía en el gobierno y apunta a esmerilar a Mesa que le llevaría hasta ahora casi 7 puntos porcentuales. En sus últimas declaraciones señaló que consiguió frenar al partido de Evo “en dos oportunidades”, y se preguntó: “¿Carlos Mesa frenó al MAS alguna vez?”. Su estrategia se completa con el intento de poralizar con Morales – como si fuera un candidato imaginario -, quien se encuentra refugiado en la Argentina y vio caer su última chance de competir por una senaduría la semana anterior.

“Aún tenemos la lucha contra el virus, por la reactivación y el empleo, y la lucha contra el tirano, porque Evo Morales intentará volver para tumbar a este gobierno y al siguiente, pero mientras yo esté en esta presidencia quiero garantizarles algo: ese señor solo va a volver a Bolivia para dar explicaciones a la justicia”. El ataque de la presidenta se produjo durante un mensaje que dio el último sábado al cumplir diez meses de mandato.

Arce Catacora se muestra aplomado en cada aparición pública y aún cuando es presionado por la prensa complaciente con el régimen de Añez, no consiguieron correrlo de su eje. Sobre la medida judicial que le impide competir a Evo por una banca señaló que se respetará la decisión del Tribunal paceño, tal como había anticipado el líder histórico del MAS el lunes. Incluso agregó que “no hay posibilidad legal de realizar otro recurso”. La resolución se tomó después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo inhabilitara a Morales y que el fallo fuera validado por la Sala Constitucional Segunda de La Paz con dos votos a favor y uno en contra.

Querella por crímenes de lesa humanidad

Donde también avanzó una causa pero contra el gobierno de facto de Añez es en Córdoba. La Cámara Federal de la provincia deberá resolver una querella por crímenes de lesa humanidad en Bolivia. Uno de los abogados que se presentó ante el tribunal de la provincia, Rafael Ortiz, aportó como pruebas para invocar la jurisdicción universal informes de Amnistía Internacional y la Defensoría del Pueblo boliviana, entre otras organizaciones. El próximo 8 de octubre, además, está convocada una audiencia ante la CIDH. El frente internacional nunca dejó de ser complicado para los golpistas. Hace unos días se conoció un informe de Human Rights Watch titulado La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, en el que advirtió sobre los “cargos desproporcionados contra Evo Morales” y le exigió al gobierno que abandonara su campaña contra el expresidente en el exilio.

El TSE que le impidió inicialmente al líder del MAS presentarse a las elecciones lo conduce el sociólogo y escritor Salvador Romero designado por el gobierno de facto. Revelaciones de WikiLeaks en el pasado hicieron evidente su estrecho vínculo con el Departamento de Estado de EE.UU. y con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Una organización de superficie que opera a menudo como un solo bloque junto a la CIA.

//Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo./">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional
Sábado, 12 Septiembre 2020 06:19

Bolivia, ¿ruptura o consolidación del golpe?

Bolivia, ¿ruptura o consolidación del golpe?

A cinco semanas de las elecciones generales en Bolivia –18 de octubre–, el panorama se complica más y más. La polarización advertida entre el MAS y los golpistas se agudiza, mientras Carlos Mesa intenta mantener un perfil bajo que le ayude a ganar votos de una derecha desencantada con un gobierno transitorio que se hunde después de casi un año de escándalos de corrupción y mal manejo de la crisis de salud.

Las últimas encuestas son favorables al MAS-IPSP que tiene al ex ministro de Economía Luis Arce Catacora como candidato presidencial. El partido de Evo Morales obtiene 26.2 por ciento en el reciente estudio de Mori (la única que acertó el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016), que cuando se pondera filtrando sólo los votos válidos se transforma en 37.3 por ciento frente a 24.2 de Carlos Mesa o 14.4 por ciento de Jeanine Áñez. Es decir, Luis Arce estaría cerca de ser presidente electo en primera vuelta, siempre que alcance 40 por ciento de votos válidos y 10 puntos de diferencia sobre Mesa, lo que puede suceder con una buena campaña y si los golpistas no bajan a Áñez de la carrera presidencial. En caso de que no se alcance 40 por ciento, o la presidenta actual decline y Mesa se acerque a menos de 10 puntos de diferencia, la segunda vuelta sería inevitable y en ese caso el 14 por ciento de los golpistas, sumado al del “cívico” Fernando Camacho (12.4 por ciento), que lidera la intención de voto en la ciudad más poblada del país, Santa Cruz, el conservador Chi Hyun Chung (5.9 por ciento) o el hombre del Departamento de Estado en Bolivia Tuto Quiroga (3.8 por ciento) se unirían contra Evo Morales y Luis Arce, provocando la derrota segura del MAS.

Dos semanas antes de la elección, el 4 de octubre, se celebrará el debate entre los aspirantes presidenciales, organizado por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San Andrés y una red de medios de comunicación. Los 14 días posteriores al debate serán claves para que diferentes sectores puedan consolidar su voto y para la posible declinación de Áñez.

Mientras tanto, en el gobierno golpista intentan por todos los medios lavar su imagen y ensuciar la de Evo Morales y el MAS, y han impulsado una denuncia de la Procuraduría General del Estado ante la Corte Penal Internacional, acusando a Evo de incurrir en delitos de lesa humanidad. Los autores físicos e intelectuales de las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron asesinadas más de 30 personas por las balas de las fuerzas de seguridad, acusan al ex presidente boliviano de la muerte de más de 40 personas por la falta de oxígeno durante los bloqueos carreteros de agosto.

Al mismo tiempo, y tras un viaje a Estados Unidos de Arturo Murillo, ministro de Gobierno, donde se reunió con Luis Almagro, secretario general de la OEA, representantes del Departamento de Estado y los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, ha empezado a operar en Bolivia la empresa estadunidense CLS Strategies, vinculada a los servicios de inteligencia gringos y que supuestamente va a dar asesoría al gobierno boliviano “de transición” en temas relacionados con la democracia.

De manera complementaria, y según filtraciones del entorno del gabinete, los golpistas tienen sobre la mesa una propuesta para eliminar el registro jurídico del MAS-IPSP, junto con un análisis de lo que implicaría dicho acto en cuestión de movilización y respuesta social. La apuesta es clara: una segunda vuelta entre Carlos Mesa y Jeanine Áñez, donde sólo habría un ganador: Estados Unidos y sus intereses en Bolivia.

En las calles, al menos entre la clase media urbana, la sensación es que se quería un cambio, pero no así, y eso está haciendo que Mesa se desplace hacia la derecha para ganar el voto más ultra que ya no se siente representado por Áñez, lo cual a su vez podría hacer que el voto más moderado de centro se acercara al MAS, pues entre la disyuntiva de pensar cómo y cuándo estaban mejor, en septiembre de 2019 (las elecciones fueron en octubre y el golpe en noviembre de 2019) o en septiembre de 2020, es claro que esa clase urbana tenía mejores condiciones sociales, y sobre todo económicas, hace un año.

La crisis económica hace que la gente prefiera vivir en septiembre de 2019. En 14 años de proceso de cambio se le pagaba a tiempo a la gente y podía ahorrar, en nueve meses la gente ha perdido su trabajo y gastado sus ahorros. Ése es el nuevo sentido común que se está posicionando entre una buena parte de la población boliviana.

Si ese sentido común se hace más grande decantando la balanza a favor del MAS-IPSP, entonces la alternativa de quienes hoy gobiernan parece ser un nuevo golpe dentro del golpe que impida que Evo Morales, jefe de campaña del Movimiento al Socialismo, pudiera retornar a una Bolivia gobernada por Luis Arce Catacora.

Twitter: @katuarkonada

Publicado enInternacional
Chile: La caída en descrédito del modelo vigente desde el golpe de 1973

Unas pocas horas antes de su muerte, el 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende dirigió un mensaje radial a los chilenos: “Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor …”, termina el presidente. De fondo se oyen los estruendos de los bombardeos.

Allende habló desde el Palacio de La Moneda que estaba rodeado por las fuerzas armadas golpistas y su mensaje fue difundido por una emisora de onda corta del Partido Comunista chileno, Radio Magallanes, que era la única que aún no había sido ocupada o destruida por los putschistas. El centro de Santiago estaba controlado por los blindados y la infantería que desde temprano, aquel día, habían comenzado con su brutal represión de los partidarios del gobierno constitucional elegido apenas tres años antes.

Johnny Norden, quien fue agregado cultural de la embajada de la República Democrática Alemana entre 1971 y 1973, recuerda así cómo fue el proceso para sacar las cintas de la grabación del último discurso de Allende, del país asolado por los militares golpistas, y darlo a conocer al mundo.

“La noticia de la muerte de Salvador Allende, así como la noticia de su último mensaje dio la vuelta al mundo rápidamente el mismo día del golpe. En la embajada confiaban en que alguien había grabado ese mensaje y se propusieron encontrarlo. ¿Cómo hacerlo? Existía la posibilidad de contactar a los compañeros de la Radio Magallanes con la esperanza de que lo hubieran grabado. Como sabían de mi amistad con Eulogio Suárez, el director de Radio Magallanes, se me encargó la tarea de contactarlo y preguntarle si existía tal grabación. No era tarea sencilla puesto que el régimen de Pinochet había iniciado una cacería despiadada en contra de los partidarios del gobierno depuesto y también contra todos los pocos, que sin serlo, se oponían al golpe. Tenía pocas esperanzas de que Eulogio no hubiera caído víctima de la persecución. Llamé a su casa y pregunté por él. Su esposa me dijo que no estaba. Eso podía significar cualquier cosa: que hubiera sido asesinado o detenido. Le pedí que le trasmitiera saludos de Johnny Norte. No abrigaba muchas esperanzas de una respuesta. A los dos o tres días, sin embargo, Eulogio me llamó a mi casa y me propuso encontrarnos al día siguiente. Yo era consciente de la peligrosidad de la empresa: en el país dominaba el terror. Nos encontramos al mediodía en un conocido restaurante y me entregó a un sobre sin que yo alcanzara a decirle nada. Nos despedimos rápidamente sin mayores demostraciones. Pocos días después la República Democrática Alemana (RDA) rompió la relaciones diplomáticas con el régimen de Pinochet, y yo junto a mi esposa y mi pequeña hija, volvimos a nuestro país. En la Televisión pública de la RDA se trasmitió el mismo mes de septiembre un programa especial dedicado al golpe de estado en Chile, que tenía como sonido de fondo el último mensaje de Allende acompañado de una traducción al alemán. La sección Eterna de la empresa estatal VEB Deutsche Schallplatten de Berlín, hizo una edición de 5000 ejemplares de la grabación que se agotó rápidamente”. ( “Salvador Allende: So wurde seine letzte Rede gerettet”. Johnny Norden, 02-09-2020, Berliner Zeitung)

Sueños Destruidos

El golpe de estado tuvo un impacto enorme en amplias capas de la izquierda mundial,que asistieron así al fracaso de la opción política para alcanzar una sociedad más justa por medios democráticos. El mismo Allende lo expresa en su mensaje: “Mis palabras no tienen amargura, sino decepción”.

El golpe de septiembre de 1973 fue uno más del ciclo de gobiernos militares que asolaron al cono sur en la década del 70. Fue precedido por el golpe militar de Hugo Banzer en Bolivia en 1971; continuado por el golpe en Uruguay en el mismo año y seguido, menos de tres años después en Argentina, en marzo de 1976. Pero el de Chile fue el que más tiempo duró: 17 años. Y el que más influencia ejerció en la sociedad y en el sistema político chilenos, influencia que perdura hasta la actualidad. En la coalición de partidos que llevó al gobierno a Sebastian Piñera, campean corrientes y personajes pinochetistas. Tampoco pudieron o quisieron erradicar dicha influencia los gobiernos de los partidos demócratas cristianos y socialistas que se sucedieron desde entonces.

La Cordillera de los Sueños

El cineasta Patricio Guzmán en su más reciente film “La Cordillera de los Sueños” que se estrenó en 2019, plantea que la cordillera que recorre Chile de norte a sur, impregna al país de ciertas características de aislamiento. “Existen las montañas y el océano. Nos movemos dentro de ese estrecho corredor que conforma no sólo nuestra geografía sino nuestra mentalidad”, dice Guzmán en una entrevista.

Pero la cordillera puede ser también una buena metáfora de la situación actual del país en donde el tiempo parece suspendido, pero que de tanto en tanto, estalla en forma de terremotos o erupciones volcánicas.

Los estallidos sociales que tuvieron lugar durante 2019 fueron de los más radicales en la historia de Chile. Y pusieron en cuestión un sistema que resultó un fiasco para la mayoría de los chilenos.

Qué sucederá después de la pandemia, que parece haber suspendido el acontecer político en Chile es la gran incógnita, no sólo para el país hermano sino para el resto de Latinoamérica. Lo que sí es evidente, es el descrédito en que cayó el modelo económico y social neoliberal vigente en Chile, desde el golpe del ´73 y que la derecha quiso presentar como ejemplar al resto del mundo. 

Mario Bomheker es director cinematográfico y documentalista. 

Publicado enInternacional
Capturan en Colombia a presuntos cerebros de la 'operación Gedeón'

03-09-20.-Acciones policiales en Bogotá y en Barranquilla, Colombia, dieron como resultado la captura de los "cerebros de la Operación Gedeón" quienes tenían planes contra el Gobierno de Venezuela.

Así lo informan fuentes del gobierno colombiano, precisando que las detenciones se lograron con base en el cruce de información de agencias de "Estados Unidos, como el FBI y la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional", reseñó el diario El Tiempo.

Su "misión era desestabilizar y generar tensión desde Venezuela contra los gobiernos de Colombia y Estados Unidos". Por esta razón fueron capturados cuatro venezolanos, según publica el diario.

Los capturados fueron identificados como Yacsi Alexandra Álvarez, Rayder Alexander Russo y los hermanos Juvenal y José Sequea Torres, quienes "habrían participado en la coordinación de la operación", destaca la prensa colombiana.

De acuerdo con el informe de inteligencia, Yacsi Alexandra Álvarez, de 39 años, es señalada "de ser la coordinadora y logística de la organización", y "personas de confianza de Clíver Alcalá", quien se entregó a las autoridades norteamericanas en días pasados.

La mujer habría comprado en Bogotá los uniformes que se entregaron a los militares que participaron en Gadeón.

Rayder Alexánder Russo, de 33 años, de acuerdo con la investigación él sería uno de los autores intelectuales –acusados por el gobierno de Venezuela– de haber planeado el atentado contra Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018 a través de la activación de artefactos explosivos ubicados en dos drones.

La Fiscalía General de Venezuela ha ejecutado la detención de varias decenas de implicados en la operación Gedeón, que el pasado 3 de mayo intentó el derrocamiento del Gobierno a través de una fallida incursión marítima.

Publicado enColombia
El gobierno de facto de Bolivia admitió su vínculo con una consultora denunciada por Facebook

La red social acusó a CLS Strategies de desinformar a través de cuentas falsas

Una investigación publicada por Página/12 reveló que CLS había sido contratada por 90 mil dólares para una campaña comunicacional realizada entre diciembre de 2019 y marzo de 2020.

 

A través de un breve comunicado, el gobierno de facto de Bolivia admitió haber contratado a la empresa estadounidense CLS Strategies, cuestionada por desarrollar campañas digitales de desinformación a través de cuentas falsas. La consultora prestó sus servicios luego de las elecciones de octubre de 2019 "para realizar una tarea de cabildeo en busca de respaldo a la democracia boliviana y en apoyo de la celebración de nuevos comicios presidenciales". Pero el documento, presentado por el régimen para "clarificar" su situación tras la difusión de un artículo del Washington Post  que expuso el irregular funcionamiento de la compañía, es más bien una declaración de principios: en el marketing político, cabildear alude a hacer lobby para influir y alcanzar determinados fines. 

El miércoles, Facebook había anunciado la eliminación de una "red de desinformación" con ramificaciones en distintos países. A través de CLS, dicha red publicaba contenido a favor del gobierno transitorio de Bolivia. Se trata de 133 cuentas operadas desde Estados Unidos que violaron la "política de Facebook contra la injerencia extranjera y el comportamiento inauténtico coordinado". La investigación del periodista Adair Pinto publicada en Página/12 reveló que CLS había sido contratada por una suma de mil dólares diarios por una campaña comunicacional realizada entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. "Gracias a esta investigación se ha descubierto cómo articula mediáticamente el gobierno de facto este tipo de estrategias con Estados Unidos para sembrar una realidad paralela con el objetivo de mantenerse en el poder", asegura Pinto en diálogo con este diario.

El gobierno de Áñez alegó que CLS Strategies "logró contactos entre autoridades del gobierno boliviano y funcionarios del ejecutivo y legislativo de Estados Unidos". El comunicado oficial agrega que CLS no pudo recibir su pago por los servicios prestados "debido a las restricciones legales vigentes". Sin aportar demasiada claridad al nexo que los une, el régimen fundamentó su alianza con la consultora estadounidense en el "respaldo de la democracia", asegurando que "no ha contratado a esta empresa para ningún otro servicio o actividad".

¿Cómo operaba CLS?

Según el Washington Post, en Bolivia existió una red de desinformación a cargo de CLS Strategies, empresa de relaciones públicas con sede en Washington que invirtió millones de dólares para apuntar a usuarios en América latina. El diario menciona a un socio de CLS, Juan Cortiñas, que explicó que su firma, además de incidir en redes sociales, se dedica a promover "elecciones libres y abiertas, y se opone a regímenes opresivos".

El 'Reporte de Comportamiento Inauténtico' publicado por Facebook esta semana y que cobró mayor relevancia con la nota del Post, señala que las cuentas que operaban para CLS "publicaban contenido para apoyar a la oposición política en Venezuela y el gobierno interino en Bolivia, así como para criticar al partido político mexicano Morena", que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018. El patrón seguido por estas campañas digitales era siempre el mismo.

"Esta red usaba cuentas falsas, algunas de las cuales fueron detectadas y desactivadas por nuestros sistemas automáticos, para amplificar su contenido, evadir la aplicación de nuestras políticas, dirigir a las personas a dominios fuera de la plataforma, engañar a las personas sobre los responsables detrás de esta actividad y administrar páginas, haciéndose pasar por entidades de noticias independientes, organizaciones civiles y páginas políticas", advierte el informe de Facebook que agrega que varias de esas cuentas fingían ser locales, pero en realidad estaban digitadas desde Estados Unidos. Otras simulaban pertenecer a partidos políticos para engañar a los usuarios.

Semanas atrás, Adair Pinto había revelado que el ministerio de Gobierno de Bolivia se comprometió a pagar 90 mil dólares por los servicios de comunicación estratégica de CLS, en un país donde escasean los insumos médicos en plena pandemia de coronavirus. El contrato al que tuvo acceso el periodista es elocuente. "CLS Strategies brindará asesoría en comunicaciones estratégicas en asuntos tales como las elecciones libres y justas fijadas para 2020 en Bolivia y el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, entre otros temas de interés para el Estado Plurinacional de Bolivia en Estados Unidos", señala la compañía en una parte del documento. "Detrás de todo esto hay intereses muy oscuros como la explotación del litio. Ese me parece que es el fondo del asunto", sostiene Pinto.  

Publicado enInternacional
Domingo, 30 Agosto 2020 06:21

En suspenso

La Central Obrera Boliviana y otros movimientos sociales mantienen una huelga con bloqueo de caminos en contra de la presidenta interina, Jeanine Áñez, en El Alto, el 14 de agosto. Xinhua, Mateo Romay

Bolivia: tensión política y pandemia

 

Tras una nueva postergación de las elecciones, el gobierno de Jeanine Áñez debió enfrentar en las últimas semanas masivas movilizaciones obreras y campesinas, que bloquearon rutas y caminos y generaron graves disturbios en las principales ciudades del país. La medida, no obstante, hizo peligrar las chances del MAS de cara a las elecciones, cuando deberá enfrentarse a un oficialismo impopular y cercado por una grave crisis sanitaria y económica.

 

Una de las imágenes que más impactaron a la ciudadanía boliviana a inicios de agosto fue la de 28 bebés recién nacidos que necesitaban oxígeno medicinal. Este tardó en llegar debido al bloqueo de caminos y puso en riesgo la vida de los neonatos. La escena fue el resultado de una crisis política que, si bien se ha superado, dejó un conflicto latente. Durante 12 días, el bloqueo de caminos, protagonizado por las organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS) que cuestionaban el cambio de fecha de las elecciones nacionales, impidió el transporte de oxígeno de Santa Cruz al resto de las ciudades. Ahora, una vez levantada la medida, los dirigentes sociales denuncian ser objeto de una persecución que podría tensar la espera de los comicios, que ya fueron suspendidos tres veces.

 

TRANCAZOS Y PROTESTAS

 

La nueva postergación, hasta el 18 de octubre, de las elecciones nacionales por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) molestó a los sectores sociales afines al MAS, partido del expresidente Evo Morales. La medida unilateral del TSE, anunciada el 23 de julio, es considerada por ese sector de la oposición una forma de prorrogar el lapso del gobierno transitorio, que, tras los conflictos del año pasado, tenía la misión de pacificar el país y convocar a nuevos comicios, pero hasta el momento lleva en el poder más de nueve meses. Al igual que el primer aplazamiento de la fecha de elecciones (fijadas para el 3 de mayo y postergadas al comienzo de la epidemia para el 17 de ese mes) y el segundo (que las agendó para el 6 de setiembre), esta última postergación se debió, de acuerdo con el gobierno, al ascenso de los contagios de coronavirus. Durante la tercera semana de este mes, llegaron, según el recuento oficial, a los 2.031 casos diarios, el tercer pico más alto desde marzo.

Al conocer la noticia de esta tercera postergación, la oposición cuestionó que la autoridad electoral cambiara la fecha de votación en contradicción con lo que había aprobado la Asamblea Legislativa Plurinacional –en la que el MAS tiene mayoría– en un acuerdo con el oficialismo arduamente negociado. El 2 de agosto, desde su exilio en Argentina y mediante su cuenta de Twitter, Morales afirmó que el TSE «no puede apoyar intentos de un gobierno de facto de prorrogarse». Sus bases sociales recurrieron, entonces, a una estrategia de protesta que popularizaron los movimientos campesinos –entre ellos, el liderado por Morales– en los noventa y los dos mil y que en la actualidad usan varios gremios como forma habitual de plantear sus demandas. Del 3 al 15 de este mes, los sectores aglutinados en el llamado Pacto de Unidad –alianza de movimientos sociales que respaldan al MAS– bloquearon las vías principales de seis departamentos del país.

 

MARCHA ATRÁS

 

Finalmente, el tenso escenario se solucionó sin la intervención de las fuerzas del orden, a pesar de que el jueves 6 el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, dijo en una conferencia de prensa que, si bien el Ejecutivo pensaba agotar todas las instancias de negociación, no descartaba una intervención militar «en cualquier momento». Con el correr de los días, y la mediación de la iglesia católica y representantes de la Unión Europea y Naciones Unidas, los movimientos sociales fueron aceptando el 18 de octubre como nueva fecha de los comicios y el gobierno se ofreció a dar garantías de que así sea cumplido.

Morales, quien al inicio de la medida expresó su apoyo a la protesta, ya venía retrocediendo en sus pasos y el 9 de agosto afirmó que las bases movilizadas debían reflexionar sobre las propuestas del TSE. En un mensaje para los movilizados emitido a través de Radio Kausachun, afirmó que, si se contaba con una ley del Parlamento que refrendara la nueva fecha y con el aval de la comunidad internacional, era posible aceptar la nueva postergación de los comicios. Y dijo más: a poco de comenzados los bloqueos, «sólo el 28 por ciento repudiaba la movilización de lucha por la democracia; el viernes ya subieron al 49 por ciento y el sábado, a 58 por ciento», en referencia a encuestas que dijo haber visto por esas horas. «Si hacemos una evaluación, el gobierno usa muy bien nuestra movilización para desgastarnos», agregó.

El viernes 14, la Central Obrera Boliviana (COB), principal animadora de los piquetes, llamó a levantar la medida y a «un cuarto intermedio de las movilizaciones» hasta el 18 de octubre. En una conferencia de prensa, su secretario ejecutivo, Juan Carlo Huarachi, dijo que la decisión buscaba «evitar más enfrentamientos y muertes» y que la COB y el Pacto de Unidad eran los verdaderos «pacificadores del país». El dirigente también aseguró que la aprobación de las disposiciones legales y administrativas necesarias para celebrar las elecciones en la nueva fecha –que fueron aprobadas por el Parlamento el día anterior– eran «una conquista de la clase obrera». Si fuera por el gobierno, aseguró, no habría elecciones el 18 de octubre. «Nos estaban mintiendo, le estaban mintiendo al pueblo boliviano», así salió al cruce de lo dicho el día anterior, en el Palacio de Gobierno, por la presidenta Jeanine Áñez.

Al promulgar la ley con la nueva fecha de elecciones, la mandataria interina afirmó que estaba poniendo su firma a «una segunda pacificación» del país. Consideró, además, que una vez promulgada la ley, acordada con la bancada masista, ya no había razón para los bloqueos: «Los bolivianos, más allá de nuestras diferencias, preferimos la democracia a la dictadura, el diálogo al bloqueo […]. Queremos la vida antes que la guerra. Por eso queremos que pase el oxígeno». En tono conciliador, aseguró que los bolivianos tienen «metas comunes, que ahora son la salud y la economía».

 

BALANCE Y PÉRDIDAS

 

Los cortes de rutas provocaron una pérdida económica de al menos 700 millones de bolivianos (algo más de 101 millones de dólares), según el Ministerio de Economía. El desabastecimiento de alimentos y combustible causó carestía y el incremento de los productos de la canasta familiar. Además, el gobierno afirma que, por falta de oxígeno, en los hospitales murieron 27 pacientes con covid-19. El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas Afines de La Paz, Fernando Romero, dijo a Brecha que se registró, además, un número similar de muertes de pacientes del área rural que no pudieron ser trasladados a los centros especializados en las ciudades. El sindicato médico presentó una denuncia en la Fiscalía por homicidio culposo en contra de seis de los dirigentes que encabezan el Pacto de Unidad; entre ellos, Huarachi.

Aunque los dirigentes sociales afirman que en los bloqueos la COB dio la orden de dejar pasar los camiones que transportaban oxígeno y que así se hizo, el gobierno decidió demandar penalmente a las organizaciones sociales; en este caso, al vicepresidente de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba y candidato a senador por el MAS, Andrónico Rodríguez, y al ejecutivo de la Federación Chimoré, que reúne a más de 100 sindicatos cocaleros, Leonardo Loza. Además, las autoridades presentaron una denuncia contra Morales por «atentar contra la salud pública». La causa se suma a cuatro demandas penales que pesan contra el máximo dirigente del MAS; entre ellas, una por estupro, abuso sexual y trata de personas (véase la nota «El abuso», en este número).

Para la socióloga y cientista política de la Universidad Mayor de San Simón, María Teresa Zegada, los conflictos se apaciguaron debido a que el MAS percibió que los bloqueos dañaban su imagen electoral. La académica también atribuye el cese de la protesta a que muchos de los manifestantes se habrían contagiado de covid-19, tal como señala un informe del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, que el 10 de agosto afirmó que, de 49 personas arrestadas por los bloqueos en la localidad de Samaipata, 19 dieron positivo en las pruebas rápidas.

 

CAMPAÑA EN CRISIS

 

El gobierno transitorio dice esperar que entre setiembre y octubre baje el pico de contagios. Por ello, asegura, las elecciones nacionales se realizarán sí o sí el 18 de octubre. «La presidenta Áñez no es que se quiera prorrogar […]. El Órgano Ejecutivo ha entendido que el 18 de octubre se debe colocar como una fecha impostergable, y así lo ha entendido la Asamblea», dijo a Brecha el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca. De acuerdo con la última encuesta de voto urbano de Ipsos, publicada el viernes 21 de julio, los candidatos de Comunidad Ciudadana –el expresidente Carlos Mesa– y el MAS –el exministro de Economía Luis Arce– empatan con el 26 por ciento de apoyo. Áñez aparece tercera, con el 14 por ciento. El sondeo no incluye las áreas rurales, donde el MAS espera obtener una importante ventaja.

De todos modos, el episodio de los bloqueos fue apenas la manifestación de un conflicto latente mayor sin resolver. «Nos ha mostrado la fragilidad enorme que hay en el sistema político y en las instituciones», dijo Zegada. Tal situación es evidente en el enfrentamiento constante entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos con mandatos que concluían en enero y fueron ampliados de urgencia hasta la celebración de unas elecciones que no han dejado de postergarse. Así, varias normas sancionadas en los últimos meses por el Legislativo no han sido promulgadas por el Ejecutivo y hay créditos económicos y proyectos de ley presentados por el equipo de la presidenta que el Parlamento se niega a aprobar. «Estamos en medio de un escenario de apronte de las fuerzas sociales y políticas», declaró. Así lo perciben los movimientos sociales. No sólo temen que el gobierno transitorio amplíe aún más su mandato, sino que se sienten amenazados.

Leonardo Loza, uno de los principales dirigentes cocaleros del país, dijo a Brecha que el conflicto social de las últimas semanas ha dado paso a la persecución política de los representantes de los movimientos sociales. «Posiblemente estemos saliendo de un conflicto social –dependerá mucho del comportamiento del prorroguismo electoral que tenemos–, pero hay que dar cuenta al pueblo de que hemos entrado a un conflicto jurídico-legal, a una persecución política», añadió.

Por su parte, el jefe de la bancada del MAS en el Senado, Efraín Chambi, dijo a este semanario que el país aún vive una situación delicada, con una constante vulneración de derechos por parte del Ejecutivo. Señaló, por ejemplo, las demandas iniciadas por el gobierno contra varios líderes del MAS –entre ellos, la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y su familia– por un presunto incumplimiento de la cuarentena. Chambi considera que, a pesar del levantamiento de los bloqueos, aún hay malestar en la ciudadanía. Afirmó que, si bien en el conflicto de agosto los sectores urbanos no salieron a la calle, lo harán en los próximos días. Porque, si bien la protesta comenzó por la modificación de la fecha de las elecciones, muchos sectores pasaron luego a sumar demandas vinculadas a la gestión gubernamental de la pandemia. Incluso el movimiento indígena del Altiplano, liderado por el veterano militante Felipe Quispe –muy crítico de Morales–, se sumó a los bloqueos para pedir la renuncia de Áñez.

Áñez es cuestionada, además, por la oposición de derecha debido a su doble rol: candidata y presidenta. Sus rivales afirman que su gestión tiene como objetivo sumar votos para su candidatura, y son varias las voces que la instan a renunciar a su candidatura y a concentrarse en combatir la crisis sanitaria y económica. Precisamente después de los conflictos del año pasado, la crisis sanitaria y los conflictos sociales de agosto, la economía se ha visto duramente golpeada y se teme que el escenario empeore en lo que queda del año. Datos del Centro de Desarrollo Laboral y Agrario muestran que la tasa de desempleo urbano subió de 4,2 por ciento a 7,34 por ciento y la informalidad se incrementó a 80 por ciento. La crisis sanitaria hizo que varias empresas echen a sus trabajadores y otras, principalmente las pequeñas, cierren. Pese a la cuarentena, las calles están llenas de personas que intentan vender algún producto para sobrevivir, si es que no enferman antes.

 

Las masacres y las denuncias

 

La conflictividad boliviana se arrastra desde la convulsión social del año pasado, provocada por las sospechas de fraude en las elecciones nacionales del 20 de octubre a manos del gobierno de Evo Morales. Las protestas de la entonces oposición derivaron en la renuncia del mandatario, quien había insistido en postularse por cuarta vez a la presidencia, en contra de la Constitución y los resultados del referéndum de 2016.

Cuando la pandemia del covid-19 llegó, a inicios de marzo, encontró un país que intentaba salir de una crisis política y social con un gobierno transitorio abiertamente de derecha y de cuestionada legitimidad.

Uno de los aspectos más criticados del gobierno de Jeanine Áñez es la vulneración de derechos humanos en las intervenciones policiales y militares en los bloqueos de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) el 15 y el 19 de noviembre, respectivamente. Estas intervenciones dejaron a 23 civiles indígenas muertos por bala y 230 heridos.

Recientemente, y a través de informes especiales sobre estos hechos, varias instancias internacionales condenaron el uso excesivo de violencia por el gobierno y resaltaron la falta de investigación penal correspondiente. El lunes 24, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió al gobierno de Bolivia a encarar cambios estructurales que atiendan las causas de la presente crisis política y social y a que se rindan cuentas por las diversas violaciones a los derechos humanos que han sucedido a las elecciones del 20 de octubre.

«Me preocupa profundamente que, en nueve meses, ni una sola persona haya sido encontrada responsable por las muertes en Sacaba y Senkata ni por la mayoría de los asesinatos que han ocurrido en este período», expresó la titular del organismo, Michelle Bachelet.

Previamente, el informe «“Nos dispararon como animales”, noviembre negro y el gobierno interino de Bolivia», presentado a fines de julio, había destacado la presencia de «patrones desconcertantes de violación de derechos humanos» cometidos por el gobierno de Áñez. El documento fue elaborado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la University Network for Human Rights.

A esta denuncia se había sumado, además, a principios de mes, la de Amnistía Internacional, que condenó la impunidad en materia de violaciones de derechos humanos durante la crisis poselectoral e instó al gobierno y a los candidatos de los distintos partidos a comprometerse en la promoción de las investigaciones penales de esos hechos.

 

El impacto del covid-19

 

Bolivia fue uno de los primeros países en Sudamérica en imponer cuarentena rígida, desde el 22 de marzo. Duró tres meses y luego continuó con un confinamiento parcial. Sin embargo, esas medidas no impidieron que los casos se incrementaran.

Al 21 de agosto, ese país reportaba un total de 107.435 casos de covid-19. Además, hasta esa fecha fallecieron 4.366 pacientes (2.093 en los últimos 30 días). Los médicos, en tanto, consideran que ambas cifras son mucho más altas y que existe un subregistro debido a la falta de pruebas y a que muchas personas no llegan a los hospitales. Aun con respecto a las cifras oficiales, Romero afirma que la mortalidad registrada es muy alta para un país que tuvo tres meses para prepararse.

Si bien Bolivia arrastra problemas estructurales históricos en su sistema de salud, uno de los principales cuestionamientos de los gremios médicos hacia el gobierno transitorio es que el esfuerzo de la población de confinarse por varios meses no fue acompañado por una adecuada gestión de la pandemia. Una evidencia de ello es la compra irregular en mayo de 170 respiradores, por un precio tres veces superior al real, que llevó a la destitución y arresto policial del entonces ministro de Salud. Hasta ahora no fueron utilizados.

Romero explica que durante los meses de confinamiento el Gobierno se comprometió a gestionar al menos tres tareas, pero ninguna se cumplió. Entre ellas, la contratación de 5.000 profesionales de la salud para que los hospitales extendieran su horario de atención de ocho a 24 horas, la habilitación de centros de aislamiento comunitarios y la realización de testeos masivos en todo el país.

Así las cosas, en los últimos días se superó la capacidad de atención de la veintena de centros especializados en el tratamiento del virus, debido al incremento de personas contagiadas. Las autoridades han debido habilitar, de urgencia, nuevos hospitales y desde esta semana se traslada a parte de los pacientes a clínicas privadas.

Por Karen Gildesde La Paz 
28 agosto, 2020

Publicado enInternacional
Del estado de excepción al estado de rebelión

 El Estado de excepción no declarado, pero en ejecución fingida, constituye el contexto ineludible que permite –en una reflexión crítica de la coyuntura– poder advertir, la más que improbable realización democrática y limpia de elecciones nacionales. La postergación continua del evento electoral (por cuarta vez), bajo el pretexto de la “pandemia”, demostró ya la falacia grosera de la autodenominada “transición”, que exhibe la dictadura actual como mera cobertura “democrática” de unos propósitos profundamente anti-democráticos.

Su finalidad no fue nunca “recuperar la democracia”, sino destruirla desde sus bases mismas; minando la propia soberanía nacional en acuerdos espurios que comprometen la propia viabilidad estatal y nacional.

Un “gobierno de transición” jamás se arroga tareas como la definición de nuevos acuerdos internacionales y diplomáticos, o la otorgación de concesiones en minería o hidrocarburos; tampoco su tarea jamás debió considerar deshacer la institucionalidad o instrumentalizar los órganos estatales para benéfica propio (si eso supuestamente era lo que había que corregir); o minar la soberanía nacional, permitiendo la injerencia abierta de la Embajada gringa en asuntos estratégicos, como es el litio y la bioceánica; o poner al descubierto, para beneficio chileno, información estratégica del conflicto por las aguas del Silala.

Desde su inicio, se pudo vislumbrar un atrevido y enfermo revanchismo, desmontando incivilmente “lo plurinacional” del Estado boliviano; desde la quema de una insignia patria como es la wiphala (que continuó con su total anulación de la imagen gubernamental), hasta el respaldo abierto a grupos parapoliciales y paramilitares que fueron, en el golpe, actores visibles en la destrucción de instituciones estatales; quienes desataron, además, la persecución, amedrentamiento y hostigamiento a dirigentes, asambleístas nacionales y pueblo en general (sobre todo de procedencia indígena).

La “transición” fue un eufemismo que sirvió a los golpistas para “encantar” a la población urbana con un cuento de hadas invertido, donde los buenos son malos y los malos son buenos. Tarea que fue encargada a los medios de comunicación que, hasta el día de hoy, prosiguen con una sistemática desacreditación del campo popular, en connivencia y complicidad con la dictadura disfrazada de “democracia recuperada”.

Este Estado de excepción no declarado, pero en ejecución fingida, por mediación de la policía y el ejército (y los ministerios de gobierno y defensa), moviliza ahora grupos civiles para provocar el justificativo de otro golpe al interior de la trama oligárquica que se ha instalado como “ficción democrática” contra el pueblo boliviano. Ese es el tono abierto que viene desenmascarándose en declaraciones abyectas que vociferan los representantes de “Comités Cívicos”, como el de Santa Cruz (que aglutina a la más rancia facción fascista del golpe) que, ante la opinión pública, señala que no se retractará del calificativo de “bestias inhumanas”, imputado al pueblo indígena movilizado. Eso es lo que está detrás de esta famosa “recuperación democrática” y lo que manifiesta su carácter ya no solamente profundamente antinacional sino hasta profundamente anti-humano.

Si de democracia hablamos, la democracia que esgrimen los cooptados por el señorialismo oligárquico, es un “kratos” sin “demos”; es decir, un poder exclusivo para quienes conspiran y socavan constantemente la posibilidad de un país de iguales y de democracia amplificada. Mientras vociferan a los cuatro vientos la presunta “dictadura que vivimos en los 13 años del MAS”; en apenas 8 meses de gobierno golpista, se dieron la tarea de instaurar la verdadera dictadura que temían tanto los incautos citadinos clasemedieros movilizados en contra del “caudillo populista”.

En noviembre del año pasado ya cobraron los fascistas su insana sed de muerte, y frente a la actual movilización popular (otra vez totalmente indefensa), vuelven a amenazar soberbiamente con todos los poderes coercitivos y, además, escudados por el bloque civil de reclutamiento oligárquico que todavía pueden congregar (aunque ya en menor medida pero magnificados por los medios de comunicación y/o propaganda de la dictadura).

Por eso el pueblo ha ido comprendiendo y decantando su movilización en la amplificada e irrenunciable petición de renuncia del gobierno golpista en su conjunto. Porque precisamente esa es la única garantía de una verdadera “recuperación democrática”.

Los acuerdos que se lograron entre la Asamblea legislativa y el Tribunal Electoral, sobre el supuesto blindaje legal para asegurar comicios electorales hasta el 18 de octubre, ya no constituyen garantía, desde la conculcación del Estado de derecho que se produjo, una vez violentada la Constitución en esa supuesta “sucesión constitucional” que se inventaron para legitimar el golpe de Estado de noviembre de 2019.

No vivimos en un Estado de derecho, sino en una “anomia estatal” que, según la ley del más fuerte, ha convertido a Bolivia en una tierra sin ley ni derecho alguno. Creer que, en esas condiciones, es posible una “elección democrática”, es pecar de ceguera política.

La ficticia “sucesión constitucional” se produjo entre bambalinas y con actores hasta foráneos injerencistas, como la embajada brasilera, la CIA, la Unión Europea, la Iglesia Católica, además de partidos de derecha y ejecutores del golpe que después fueron gobierno, en instalaciones de la Universidad Católica, en La Paz. Ellos instauraron este disparate de gobierno que lo comandan inadaptados sociales cuya patología racista es sólo comparable al nazismo, al ku klux klán y al sionismo actual.

La dictadura, una vez cooptados todos los órganos estatales (a excepción de la Asamblea Legislativa, que vive en continuo hostigamiento), también aseguró su presencia indefinida, poniendo como cabeza del Tribunal Electoral a un individuo ligado a la CIA, por mediación de la USAID. Es decir, se encargaron ya de reordenar todas las Cortes Electorales nacional y subnacionales para montar el verdadero fraude que tanto imputaron al gobierno anterior y hasta ahora imposible de demostrarse fehacientemente (ni siquiera la versión burlesca de la cómplice golpista OEA).

Sólo la pérdida de credibilidad y las repugnantes develaciones inmediatas de corrupción, nepotismo y robo maniático de los golpistas, hizo que fuesen aplazando las elecciones, por el rechazo creciente a la candidatura de la autoproclamada en las encuestas nacionales; sumado a ello, la acumulación creciente de preferencia electoral por parte del MAS (lo cual ya devela la falacia derechista de impugnar al gobierno anterior lo anti-democrático que, en realidad, representa la dictadura actual).

En ese contexto, la oligarquía sabe que “democráticamente” no puede continuar en el poder; esa es la razón por la que, amparándose, como es su costumbre, en poderes foráneos y, sobre todo, en el poder imperial (que compró a la antipatriota cúpula militar y policial), provoca ella misma una guerra civil.

Esa era la apuesta del golpe cívico-prefectural del 2008 y que buscaba, de modo abierto, la balcanización de Bolivia, y que, hoy en día, sobre todo con la presencia del separatista Marincovic, como “ministro de planificación” de la dictadura, se vuelve a activar.

Por eso el pueblo, desde las propias bases –en esa acumulación de memoria histórica del movimiento nacional-popular–, demanda la renuncia innegociable de todo el gobierno golpista. Porque no existe ningún ápice de confianza democrática en un orden impuesto al servicio de los intereses más antinacionales del país. Todas las apuestas electoralistas, en que también cae el propio MAS, no toman en cuenta de que no estamos en “condiciones normales” y que, quienes les sacaron vía golpe de Estado, es decir, de modo violento, jamás aceptarán devolver el poder de modo democrático (si por actuar “políticamente correctos” ante la opinión pública nacional e internacional, creen que recuperar la democracia pasa por la aceptación de las reglas impuestas desde la Embajada gringa, significa que no sólo han perdido visión política sino que sus cálculos carecen de toda objetividad). El conflicto no es coyuntural sino que ha despertado, otra vez, la contradicción histórica no resuelta (y que el MAS tampoco supo resolver) entre la nación y la anti-nación.

El “indio convertido en multitud” fue lo que despertó el miedo, junto al desprecio del señorialismo oligárquico (que hace también nido en la clase media urbana, en ese ficticio “mestizaje” que ostenta el boliviano que persiste en “argumentar contra sí mismo”), del “volveré y seré millones”. Por eso el rechazo vehemente al Evo y su frase de “hemos venido a quedarnos por 500 años”. Eso fue lo que prendió los acentos de desprecio y odio oligárquico (basado en ese su “juramento de superioridad sobre los indios”) y amenazó definitivamente la continuidad de esa oligarquía como inmerecida elite política.

No se trataba de que “alguien” se quede con el poder eternamente (esa fue la “leyenda urbana” que se inventaron los medios), sino que el único garante de la presunta superioridad criolla-blanca-señorial –el indio en cuanto su oprimido “inferior”– se atreva a disputarle para siempre su condición de elite dirigencial del Estado. Porque la oligarquía se acostumbró a transferir al indio todas sus miserias, podredumbres, taras y complejos, haciendo de éste el perfecto “chivo expiatorio” sobre el cual descargar toda su mendicidad hereditaria de un país rico condenado al beneficio foráneo.

Que el indio, en la presencia del Evo, les haya demostrado mayor eficiencia y logrado, además, el inédito despegue económico de Bolivia; mostrando de ese modo la total inutilidad de la casta oligárquica, fue lo que enervó el desprecio señorial y se tradujo en odio desencarnado; que es lo que se devela ahora como única plataforma (in)moral que ostenta el conservadurismo más rancio de una “ciudad letrada” que es la que, en realidad, ostenta la ignorancia que tanto impreca al campo.

El componente racista de una clasificación social que cree “natural” el citadino, es lo que activa la última resistencia señorialista en contra de la misma nación que dice “amar”; por eso la casta patrocinadora del racismo urbano, representado ahora por la oligarquía cruceña (siendo su portavoz el “Comité Cívico pro Santa Cruz”), no renuncia incluso a cercenar el país que nunca mereció dirigir y al cual nunca tampoco jamás consideró como “propio”.

Ahora el pueblo confluye, desde todos los rincones y todos los extremos, para mostrarnos lo que define a “un pueblo en tanto que pueblo”. Frente a cualquier pacto o negociación nos señala que no se puede negociar la vida, menos cuando ésta es la que se encuentra seriamente amenazada por la presencia de lo más espurio de la derecha oligárquica hecho gobierno ilegítimo.

Hoy es el gran cabildo de El Alto y se reúnen todos los tiempos y todos los siglos; desde las 20 provincias de La Paz, llegaron todos los pueblos, los ayllus, los suyus y las markas, para señalarnos y enseñarnos el camino. Si el pueblo, en la retórica política de la izquierda, es el depositario del poder político, entonces es hora que eso ya no sea más discurso sino sea efectiva fidelidad al poder popular.

La única garantía de recuperación democrática es la dirección popular unificada que está sucediendo histórica y efectivamente hoy. Por eso el interés desmedido de la derecha (y sus medios) en provocar divisiones, desencuentros y desacuerdos. La lucha nunca ha sido homogénea sino analógica; no todos caminan al mismo ritmo, incluso en sus demandas, pero todos, desde las propias bases están configurando la decantación de la toma de autoconsciencia de que nos estamos jugando históricamente el destino nacional.

Si la dictadura hubiese ya triunfado, eso iba a significar, por lo menos, otro medio siglo de aplazamiento en el desarrollo del poder popular. Pero el pueblo recuperó la lucidez que le hizo ser sujeto del proceso constituyente, y los propios ancestros (de toda nuestra historia ausente en la miopía de los historiadores) le han devuelto, otra vez, la “unción democrática y revolucionaria”. Es hora de frenar definitivamente el atrevimiento fascista-oligárquico de balcanizar Bolivia, y que eso coadyuve al avance definitivo del poder popular como poder instituyente y constituyente.

Por ello la sabiduría popular no ve –como lo hace la visión inmediatista e instrumental del razonamiento político– las elecciones como un fin en sí mismo o como el summum de la democracia. Las elecciones abren posibilidades, como también las cierran. Son un ejercicio democrático pero no la democracia misma. Cuando son hechas a la medida de una democracia acorde al mercado, es decir, al neoliberalismo, el voto puede ser lo más engañoso (como lo es toda encuesta manipulada). Por eso, el verdadero “kratos” de la democracia no es una elección (que es siempre contingente) sino el ejercicio constante del poder popular.

Una elección no se define como “democrática” por su sola realización sino por todo aquello que la hace posible. En ese sentido, sólo una verdadera “recuperación democrática”, podría asegurar unas elecciones creíbles y donde se pueda recuperar, de nuevo, la “unción democrática” de un pueblo que fue objeto de una usurpación fascista que, no sólo pretendió arrebatarle su espíritu democrático, sino incluso cercenarle su propia capacidad histórica.

Pero el pueblo boliviano tiene, en su memoria inmediata, el haber expulsado al último gobierno neoliberal, el 2003, en la llamada “guerra del gas”; y tiene, además, en su memoria larga, el haber resistido siglos de conquista y colonia y nunca haber capitulado ante el enemigo invasor, ahora actualizado como elite colonizada.

Ahora asciende históricamente, en esta hora decisiva, con toda una acumulación de siglos y puede, por ello, despertar la pesadilla oligárquica del “indio hecho multitud”, del “cerco hecho escuela política”, de “la marcha hecha escuela histórica”. La historia vuelve sobre sí y anuncia un nuevo “cerco histórico” para mostrarnos dónde está la verdadera ignorancia, la anti-nación, el anti-patriotismo de una casta que siempre embaucó a sus subalternizados con sus propias miserias coloniales.

“Cercar” a esta casta y su “espacio vital” significa, en la lucha popular, la abreviación de su nefasta transmisión social. Por eso lo expansivo del poder popular es su irradiación histórica de carácter trascendental. Todos los tiempos se hacen presente en el Pachakuti, porque todos los tiempos demandan reparación histórica, desde los pasados negados hasta los futuros no cumplidos o los porvenires no alcanzados. Todos demandan redimirse cuando el presente se propone constituirse en la redención de toda nuestra historia. Por eso el pueblo asciende en su unificación desde todo su pasado en cuanto acumulación histórica. Por eso despierta una sabiduría de profunda densidad que le permite interpretar el presente a la luz de todos los tiempos.

No se trata de una elección más, tampoco de un cambio gubernamental, sino de originar un nuevo y definitivo “proceso constituyente” que, ahora sí, se proponga el desmontaje sistemático del carácter señorial, oligárquico, liberal y estructuralmente colonial del Estado boliviano. Y eso es precisamente lo que la dictadura pretende reponer, mediante el ejército y la policía y su bloque fascista urbano. Añoran la república, donde eran patrones de un Estado convertido en su finca privada. Entonces, “recuperar la democracia” es tarea urgente e ineludible desde que fue asaltada de modo fascista, en el golpe de Estado.

En ese sentido, las dirigencias deben saber ponerse a la altura histórica que el pueblo ha alcanzado. Es el tiempo de los pueblos. En plena cuarentena global que han desplegado los poderes facticos para imponer un siniestro “nuevo orden” de control explícito de la vida de la humanidad.

En Bolivia se puede ver cómo, los supuestos heraldos del discurso en “defensa de la vida”, son quienes, por el contrario, siembran muerte y dolor sin miramientos. El capitalismo moderno se expande en esa misma retórica y, sin embargo, a lo único que nos conduce es al fin de la vida misma. Por eso el “grito del sujeto” se constituye en el grito de la vida misma ante una economía de la muerte y una forma de vida que es, en realidad, una sistemática forma de producir muerte.

Ese ese el mundo moderno que, en boca de sus nuevos “cruzados” (como son los fascistas renacidos en el racismo urbano) llaman “bestias” a quienes les alimentan, les crían y hasta les brindan cultura e identidad; ese desprecio de la ciudad al campo es lo que el mundo moderno ha impuesto como falacia civilizatoria y que ahora se desencubre como la barbarie moderna misma del supuesto “civilizado”.

Por eso el cabildo de El Alto, decidió darle continuidad al Estado de rebelión. Porque el pueblo no capitulará su vocación democrática; cuya fortaleza emerge desde las bases mismas que han interpelado hasta a su propia representación. El mal cálculo de la Asamblea Legislativa, con mayoría del MAS, hizo pecar a la misma COB y al Pacto de Unidad. En las otras regiones los “auto-convocados” y las organizaciones populares, campesinas e indígenas, han asumido una lucha “hasta la renuncia del gobierno golpista”. Y esa es la prueba irrefutable que anula, por completo, la difamada calumnia gubernamental, mediática, cívica y patronal de que los movilizados son “ovejas pagadas y manipuladas por Evo”.

Para acabar este manifiesto. Los golpistas fascistas y racistas, parecen Nerón y la elite imperial romana refiriéndose a los cristianos originales de su tiempo. El desprecio aristocrático al pueblo tiene esa tradición (desde Cicerón hasta Kisisinger) en toda la historia de Occidente. Y el cristianismo ya imperializado, desde Constantino, el 325, no escapa a ello; es ese cristianismo el que llegó, en 1492, con la cruz y la espada, para imponer esa nueva creencia a sangre y fuego, desatando un genocidio que no ha cesado hasta el día de hoy.

Por eso en el golpe, los nuevos “cruzados” fascistas, meten a la Biblia que nunca había salido de Palacio y pretendieron sacar a la PachaMama, que es la fuente de donde procede la vida misma. Tamaño oscurantismo sólo puede provenir de una cultura de la muerte, travestida como “religión del amor”.

Para terminar de desencajar a los supuestos cristianos que apoyaron el golpe y el nuevo genocidio que pretende la dictadura: las “buenas nuevas” o “evangelio”, no fueron dadas a los ricos sino a los pobres y, precisamente, de ellos, “será el reino de los cielos”; porque Dios “escogió a los débiles para vencer a los poderosos y soberbios”, y “escogió a los ignorantes para confundir a los sabios y arrogantes del mundo”. Este año se cumplen 49 años del golpe de Estado de Hugo Banzer. Golpe que fue la respuesta oligárquica contra la “Asamblea Popular”, que promovió la última generación de militares patriotas al mando del general Juan José Torrez.

Cuando vino el Mesías, vino a anunciar el año del Jubileo, es decir, el año 50, donde todo vuelve a su origen: los esclavos son liberados, las deudas perdonadas, la tierra vuelve a sus dueños originales y la justicia de los cielos se derrama sobre la tierra. Estamos en las vísperas del Jubileo, donde retorna el Mesías, pero ya no como individuo sino como pueblo. Ese es el tiempo mesiánico o Pachakuti. Donde se redime toda la vida. Y tiene al pueblo como el enviado en esa tarea para que la tierra pueda albergar la presencia divina. Porque lo divino sólo puede habitar entre nosotros, cuando ser humano y naturaleza, hijos e hijas y MadreTierra, puedan convivir en paz y justicia.

Por eso: Invocamos a todos los Ancestros, desde la Antigüedad más Sagrada, hasta nuestros mártires, que ya heredaron la Tierra Nuestra. Demandamos Su presencia en esta hora decisiva; porque todos los siglos son ahora.

¡Jawilla! ¡Jawilla”. Nina Achachila, Awicha Inal Mana, PachaMama, PachaTata, que nuestra pueblo reciba la unción de la qamasa y la ch’ama de nuestros Abuelos y Abuelas. Nosotros somos la única razón de la existencia de Ustedes. Si el pueblo perece, perecerá la memoria Suya y la historia nuestra, perecerán nuestros muertos y nuestra semillas. ¡Restituyan el ajayu del pueblo! ¡Jallalla Boliviamanta!

Por Rafael Bautista

Publicado el: 19 agosto, 2020 

Publicado enInternacional
El CELS denunció al gobierno de facto de Bolivia ante la ONU por las masacres de Sacaba y Senkata

A nueve meses de la represión que provocó 21 muertos y alrededor de 200 heridos 

La denuncia acusa al gobierno de Jeanine Áñez de cometer ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos. La violencia en las calles continuó en los hospitales y se extendió incluso a los cortejos fúnebres.

 

A nueve meses de las masacres de Sacaba Senkata , el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció al gobierno de facto de Bolivia ante las Naciones Unidas por presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos. La abundante evidencia recolectada da cuenta de que, en ambos territorios, las fuerzas armadas y policiales reprimieron salvajemente las protestas contra el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. El saldo fue de 21 víctimas fatales y alrededor de 200 heridos. La violencia en las calles continuó en los hospitales: en los dos hechos calificados como masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los heridos y familiares fueron acosados y humillados por policías y por el mismo personal de salud. El dispositivo represivo dispuesto por el Estado llegó al límite grotesco de arrojar gases lacrimógenos contra el cortejo fúnebre de los familiares de las víctimas que bajaba del Alto en dirección a La Paz. 

"La denuncia del CELS, el Centro Europa-Tercer Mundo, la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia, la Red Andina de Información y la Red Universitaria de Derechos Humanos se presentó el 10 de agosto. Hace una cronología de los hechos de las masacres de Sacaba y de Senkata a partir de un amplio conjunto de evidencias", asegura Camila Barretto Maia, coordinadora de Trabajo Internacional del CELS. "Hay evidencias contundentes sobre la responsabilidad estatal en las ejecuciones y graves lesiones ocasionadas a manifestantes y, como en el caso de Senkata, a muchas personas que simplemente transitaban por una zona de mucha circulación", agrega Barretto Maia en diálogo con Página/12.

Ambos episodios se enmarcan en el contexto de las protestas de los días posteriores al golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 y la asunción, dos días después, de un gobierno de transición encabezado por la exsenadora Jeanine Áñez. Un día antes de la masacre de Sacaba, el 14 de noviembre, Áñez dictó el Decreto Supremo 4078 que le otorgaba inmunidad a las fuerzas de seguridad para garantizar el "reestablecimiento del orden" en las calles. El 15 de noviembre, el mismo gobierno de facto emitió el Decreto 4082 que asignaba 42,7 millones de pesos bolivianos (6,16 millones de dólares) para equipar a los militares. El terreno se había sembrado para lo peor.

Sacaba

La cacería desatada sobre esta populosa ciudad de Cochabamba tuvo lugar el 15 de noviembre de 2019 y dejó un saldo de al menos 10 muertos y 120 heridos. Las seis Federaciones del Trópico habían decidido marchar a la ciudad de La Paz en protesta por la quema de la wiphala, la persecución a la mujer de pollera y exigiendo el retorno de Evo Morales. La movilización, que hasta ese momento era pacífica y estaba encabezada por mujeres con hijos, empezó a ser reprimida con una violencia inusitada. "Las fuerzas estatales contaban con el apoyo de al menos una tanqueta y un vehículo Neptuno que sirve para dispersar manifestantes con agua, además de un avión de guerra y varios helicópteros que sobrevolaban a baja altitud", expresa parte de la denuncia del CELS a la que accedió este diario.

"La versión oficial del gobierno de facto en los momentos inmediatamente posteriores a la masacre fue una versión completamente fantasiosa. Impulsaron la tesis de que los manifestantes se habían matado entre ellos porque tendrían disparos en sus espaldas”, afirma Barretto Maia. Pero los resultados de las pericias balísticas arrojaron la presencia de fusiles de reglamento de las fuerzas armadas (FAL) presentes en el día del operativo. La gran cantidad de heridos provocó que los hospitales de la localidad se vieran colapsados, lo que significó una nueva pesadilla para los heridos y sus familiares.

Senkata

El martes 19 de noviembre de 2019, el gobierno de facto le ordenó a las fuerzas armadas y a la policía que rompan el bloqueo a la planta de gas envasado ubicada en la localidad de Senkata. Luego de negociar con quienes mantenían el corte, las fuerzas militares y policiales consiguieron, a través de un operativo cinematográfico que incluyó un convoy de 49 camiones cisterna, transportar combustible y garrafas de gas para abastecer a las ciudades de La Paz y El Alto. Aún habiendo cumplido con el objetivo principal, las fuerzas militares y policiales resolvieron ocupar la planta y reprimieron con gases y balas de plomo a los manifestantes que intentaron retomar el bloqueo.

"Numerosos testimonios coincidieron en que las fuerzas estatales estaban manteniendo personas detenidas en el interior de la planta", aporta la denuncia presentada por el CELS y otros colectivos de derechos humanos. La versión de que los manifestantes usaron explosivos, a su vez, nunca fue demostrada. "Acusaron de terroristas a los manifestantes por haber derribado un muro que da acceso a la planta, y aseguraron que las fuerzas armadas no habrían realizado ni un solo disparo. Pero no solo han habido disparos de las fuerzas de seguridad sino que fueron disparos masivos e indiscriminados contra personas que no representaban ninguna amenaza", explica Barretto Maia. El saldo fue de 11 muertos y 72 heridos.

Tanto en Sacaba como en Senkata, los problemas no terminaron luego de la represión de las fuerzas estatales. Según testimonios recogidos en los centros de salud, las víctimas con heridas graves fueron hostigadas por médicos y enfermeros. "Familias productoras de coca, de bajos ingresos, viven hace nueve meses con mucho dolor y la estigmatización permanente del gobierno autoritario que los tilda de narcoterroristas. Los dirigentes son perseguidos políticamente. Viven en temor permanente de represalias estatales y de grupos paramilitares motoqueros y pasan hambre", asegura Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información y también parte de la denuncia presentada ante la ONU.

Las causas abiertas

A pesar de la dudosa versión sostenida por el gobierno de facto, hay dos causas abiertas por las masacres: una en la fiscalía de Sacaba y otra en la ciudad de El Alto. "La causa de Sacaba al principio incluía una denuncia contra manifestantes que se archivó por falta de pruebas, y consiste en la investigación por homicidios y graves lesiones a los manifestantes", detalla Barretto Maia. En ese caso se llegaron a hacer pericias balísticas en el lugar de los hechos. "Tenemos información extraoficial de que este estudio habría comprobado que el origen de los disparos era el puente donde se encontraban las fuerzas de seguridad, pero el informe nunca se hizo público ni se sabe de qué manera permitirá determinar responsabilidades porque no hubo avances en la causa", añade la coordinadora del área internacional del CELS.

En Senkata la situación es aún peor porque ni siquiera se hizo un informe balístico ni se reconstruyeron los hechos. "Las fuerzas armadas se niegan a compartir con la fiscalía información sobre los operativos planificados, sus comandantes, las unidades movilizadas y el armamento que portaban", aporta Barretto Maia. "A nueve meses de la masacre no hay justicia ni reconocimiento de los asesinatos por parte del Estado", afirma por su parte Ledebur desde la Red Andina. La denuncia presentada días atrás es, en ese sentido, concluyente: "La comunidad internacional debe seguir exigiendo verdad y justicia para las víctimas de Sacaba y Senkata y hacer un seguimiento de la situación de los derechos humanos hasta el restablecimiento de la democracia en el país".

Publicado enInternacional
Página 1 de 15