Las guerrillas rompen el pacto con la junta

Rebeldes armados se distancian de los golpistas de Myanmar

La creciente represión a las protestas por el golpe del primero de febrero ya causó al menos 550 muertos. Las facciones anunciaron que pueden volver a tomar las armas.

Diez de las principales facciones rebeldes de Myanmar van a "revisar" el acuerdo de paz firmado en 2015 con el ejército, como respuesta a la represión del régimen militar al movimiento prodemocracia que ya dejó al menos 550 muertos desde el golpe del 1 de febrero. Más de 12.000 desplazados huyeron de los bombardeos aéreos del ejército durante los últimos días, aseguró hoy uno de estos grupos, la poderosa Unión Nacional Karen (KNU), que llamó a las minorías étnicas del país a unirse contra la junta.

Desde la independencia de Myanmar, la antigua Birmania, en 1948, muchas facciones étnicas armadas estuvieron en conflicto con el Gobierno central por una mayor autonomía, el reconocimiento de su especificidad, el acceso a los muchos recursos naturales del país o una parte del lucrativo tráfico de drogas. En 2015, el ejército alcanzó un acuerdo de alto el fuego con diez de las facciones, entre ellas la KNU, uno de los grupos armados más grandes del país.

Poco después del golpe del 1 de febrero que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, estos grupos rebeldes habían asegurado que continuarían con el alto el fuego, pese a que los generales empezaron a reprimir. Desde entonces, "cientos de civiles, menores, adolescentes y mujeres han sido asesinados" por las fuerzas de seguridad, indicaron en un comunicado. Por ello, las diez facciones, que iniciaron este sábado una reunión de dos días, van a "revisar" su posición en el acuerdo del alto el fuego, agregaron.

"Los líderes de la junta militar deben rendir cuentas", advirtió el general Yawd Serk, líder del grupo rebelde Consejo de la Restauración. La KNU es especialmente virulenta contra la junta y la semana pasada ya se apoderó de una base militar en el estado de Karen, en el sureste del país, y mató a 10 soldados. Otros grupos armados ya respaldaron la movilización democrática y amenazaron con volver a tomar las armas contra la junta, que reprime a sangre y fuego la sublevación.

La emisaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Myanmar, Christine Schraner Burgener, advirtió esta semana del riesgo "sin precedentes" de "guerra civil" en este país. Al menos 550 civiles murieron por disparos de las fuerzas de seguridad en los últimos dos meses, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP). Podría haber muchos más, ya que más de 2.700 personas fueron detenidas, sin acceso a familiares y abogados. Muchas están desaparecidas. 

Los militares tomaron el poder el 1 de febrero tras derrocar al Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de la Nobel de la Paz Suu Kyi, al que acusan de cometer "fraude" en las últimas elecciones. Desde entonces la represión fue en aumento ante un Consejo de Seguridad de la ONU que se mantiene dividido: China y Rusia se oponen a las sanciones, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido están a favor y ya las impusieron de forma bilateral. 

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Más de 100 muertos en Myanmar durante las protestas contra el golpe

Es el saldo la represión de una manifestación este sábado en contra del golpe

Esta cifra implica que solo en las últimas horas habría muerto el equivalente a una tercera parte del total aproximado de 320 fallecidos desde el inicio de las manifestaciones. 

 

Más de 100 personas murieron este sábado en más de 40 localidades de Myanmar, en la jornada más letal y masiva de protestas contra el golpe de Estado y en la que el Ejército hizo una exhibición de su poder al celebrarse allí el día de las Fuerzas Armadas.

La cifra exacta de fallecidos en la ex Birmania es difícil de precisar por la falta de información oficial y los cortes en las comunicaciones que imponen las autoridades militares para intentar mitigar las manifestaciones.

Un recuento emitido por un investigador independiente en Rangún, la ciudad más grande del país, habla de 107 muertos, mientras que el portal de noticias Myanmar Now menciona 114.

Estas cifras implican que solo en las últimas horas habría muerto el equivalente a una tercera parte del total aproximado de 320 fallecidos desde el inicio de las protestas prodemocracia registrados ayer por la ONG local Asociación de Ayuda a los Presos Políticos

El país asiático vive sumido en una profunda crisis desde que los militares depusieron al gobierno civil de Aung San Suu Kyi en un golpe el 1º de febrero,que desencadenó una gran revuelta para pedir el retorno de la democracia.

La violenta represión de las fuerzas de seguridad coincidió con el desfile militar que se organiza cada año con motivo del día de las Fuerzas Armadas. Miles de soldados, tanques, misiles y helicópteros se sucedieron en una gran explanada frente a los generales y sus escasos invitados, entre ellos las delegaciones rusa y china, países que no condenaron el golpe, informó la agencia de noticias AFP.

El líder de la junta, el general Min Aung Hlaing, volvió a defender el golpe debido al presunto fraude en las elecciones de noviembre, en las que venció el partido de Aung San Suu Kyi, y prometió ceder el poder tras unas nuevas elecciones.

A pesar de esa exhibición de fuerza, a media jornada, la violencia había estallado en todo el país. En Rangún, columnas de humo se elevaban sobre la antigua capital del país, que se convirtió en foco de disturbios en las últimas semanas. Una concentración nocturna frente a una comisaría en el sur de la ciudad terminó con la muerte de al menos seis personas.

En la región central de Mandalay, se registraron al menos nueve muertos en las últimas horas. Un médico de la ciudad de Wundwin confirmó la muerte de dos manifestantes. Una manifestación allí también se convirtió en un caos cuando los soldados empezaron a disparar. Al menos uno de los manifestantes murió, un agente de policía de 21 años, Chit Lin Thu, que se había unido al movimiento contra el golpe. "Estoy muy triste por él, pero al mismo tiempo estoy orgulloso de mi hijo", afirmó a AFP Joseph, su padre.

En el estado de Shan, al norte, la policía y el ejército abrieron fuego contra una concentración de estudiantes universitarios, dijeron testigos. Estas muertes provocaron una nueva condena de la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido.

"Este 76º Día de las Fuerzas Armadas se recordará como una jornada de terror y de deshonor", dijo la embajada de la Unión Europea en el país. La embajada de Estados Unidos así como el representante de Reino Unido también condenaron la violencia.

"Las fuerzas de seguridad están matando civiles desarmados, niños, la gente a la que juraron proteger", lamentó un comunicado de la sede diplomática estadounidense publicado en Facebook. La brutalidad de la represión provocó desde hace semanas condenas internacionales y sanciones contra militares poderosos, pero la presión diplomática tuvo un escaso efecto hasta el momento.

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Rogelio Mayta: “Subrayamos el papel nefasto de Luis Almagro en la OEA”

El canciller del gobierno de Arce afirma que Bolivia quiere tener una presencia fuerte en distintos escenarios y organismos, y que la relación con Estados Unidos no ha tenido un cambio significativo tras la asunción de Biden. 

 

Rogelio Mayta es aymará, tiene 49 años y un pasado como abogado defensor de las víctimas asesinadas en El Alto durante la llamada Masacre de Octubre Negro en 2003. Militante del MAS, llegó desde el llano a uno de los cargos más altos en el gobierno de Luis Arce Catacora. Fue elegido canciller de un país que se había convertido en paria después del derrocamiento de Evo Morales. Hoy tiene que desandar ese camino, pero en un escenario internacional más propicio para recuperar la integración continental que habían desmontado los golpistas. Un tablero regional donde los victimarios de Sacaba y Senkata en 2019, ahora empiezan a rendir cuentas.

-¿Cuál es su opinión sobre la reciente detención de la ex presidenta de facto Jeannine Áñez y algunos ministros de la dictadura?

-Ese proceso está en manos de la justicia boliviana. La denuncia se presentó ante el Ministerio Público varios meses atrás y transcurrió de manera normal. Las autoridades policiales cumplieron un requerimiento para detener a la señora Áñez y a otras personas del gobierno de facto. Al ejecutivo le corresponde generar un ambiente donde ese proceso pueda seguir su curso normal. Esperamos que así sea y se resguarden sus derechos constitucionales y derechos humanos.

-¿Qué nos puede explicar de la presunta injerencia británica en el golpe de Estado de 2019 que informaron medios de Inglaterra?

- Ante la publicación del periodismo de investigación que difundió la desclasificación de ciertos documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, convocamos al embajador de ese estado a la CancilLería y le solicitamos por escrito que nos pudiera hacer entender esa situación. El viernes 12 de marzo nos llegó una nota escrita respondiendo a ese requerimiento y estamos en el proceso de evaluar la información que se nos está dando para saber si es satisfactoria o no. Como estado vamos a manejar el tema con mucha prudencia. Aunque acá en Bolivia ha caído muy mal en varios sectores de nuestra sociedad. Se ha llegado a pedir desde las organizaciones sociales la expulsión de este diplomático, pero nosotros vamos a seguir lo que establecen las reglas del derecho internacional.

-¿Qué conclusiones sacó del encuentro que mantuvo con Felipe Solá en La Paz, su par argentino, hace una semana?

-Fue una reunión muy importante para nosotros porque viene a reencaminar la relación bilateral entre nuestros estados que se había deteriorado en extremo cuando asumió el gobierno de facto. La visita del canciller Solá concluyó con una declaración conjunta que firmamos los dos. Tiene varios puntos y abarca el aspecto multilateral sobre lo que preocupa a ambos países en distintos campos como ciencia, tecnología, cultura, el tema de género, la energía atómica, el litio, un espectro bastante amplio. Por otra parte, la comitiva argentina nos presentó un proyecto de acuerdo que renueve nuestras relaciones bilaterales un poco en el marco que ya veníamos trabajando y con miras a suscribirse lo más pronto que podamos.

-¿Cuál es la política que se ha fijado el gobierno boliviano sobre organismos multilaterales como Mercosur, Unasur, Celac, Alba o la Comunidad Andina?

-El gobierno de facto por su misma naturaleza tendió a un aislamiento, se excluyó de varios organismos multilaterales como Unasur, como Mercosur, como el Alba y las relaciones bilaterales no solo las tensó en el caso de Argentina, España, México, Cuba, Nicaragua, Irán, y otros países en un posicionamiento bastante ideologizado, poco pragmático. Enfrió las relaciones con China, con Rusia, que a la postre es un enfriamiento que resulta muy negativo y más si lo vemos desde el momento actual en que los principales proveedores de vacunas e insumos médicos precisamente son la federación Rusa y China. En cambio se apoyó significativamente en Estados Unidos. Queremos tener relaciones con todos los países de la comunidad internacional con la condición de que se respete nuestra soberanía. Buscamos potenciar a la Celac, repensar Unasur para ver si podemos volver a ponerla a punto y superar el mal momento que está enfrentando. En el caso del Mercosur estábamos en proceso de adhesión pero el golpe de Estado suspendió esa posibilidad y nosotros la retomamos porque nos decidimos a tener calidad de miembros plenos. También estamos nuevamente presentes en el Alba.

- ¿Cuál es su visión de la OEA?

- Queremos tener una presencia fuerte en diferentes escenarios y no solo en esos organismos que mencioné, sino también en otros como la OEA en relación a la cual tenemos una visión más bien crítica por nuestra mala experiencia con la misión de observación electoral y la auditoría electoral practicada en 2019 y subrayamos el papel nefasto de Luis Almagro como su secretario general.

- ¿Cómo es la relación con Brasil, la potencia regional de nuestro continente y con la cual Bolivia comparte 3.400 kilómetros de frontera común y tiene a un presidente como Jair Bolsonaro que apoyó el golpe de Estado desde el primer día?

- En este momento no tenemos una relación muy fluida, tampoco resulta negativa. Vamos a trabajar para procurar puntos de interés común que nos permitan avanzar en algunos aspectos, como por ejemplo el tema de nuestra inclusión en el Mercosur. Tenemos pendiente el tratamiento en el Congreso brasileño de esta posibilidad. Vamos a intentar ser positivos y constructivos en esta relación más allá de que podamos tener diferente visión política en distintos aspectos.

-¿Lo que está pasando con la pandemia en Brasil, no es un factor preocupante adicional por el descontrol a que ha llegado?

-A nosotros nos preocupa la pandemia en general y eso nos obligó a tomar algunas medidas restrictivas. Nos preocupan todas nuestras fronteras y obviamente que haya algunas más complicadas como el caso que apuntaba de Brasil por la extensión, pero estamos tomando las previsiones necesarias y haciendo un constante monitoreo.

- ¿Cómo es la relación con Estados Unidos desde que cambió el gobierno en Washington con la asunción de Biden en lugar de Trump?

- Hasta el momento no ha habido ningún cambio significativo. De nuestra parte manifestamos que queremos establecer relaciones constructivas y positivas con todos los países de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos. Siempre bajo el respeto de la soberanía boliviana y estamos ahí, un poco con la mano abierta para estrechar lazos. Lastimosamente pasa a depender más de la voluntad de los Estados Unidos porque tienen malos antecedentes, realizan injerencias políticas, tratan de tener cierto grado de control sobre determinados aspectos de interés regional o de determinados países. Hay un montón de pruebas y documentos desclasificados que nos muestran eso en las últimas décadas. Es más, en nuestra memoria reciente hay gobiernos de facto, gobiernos militares que tuvimos acá en Latinoamérica que han sido motivados por acciones de EE.UU. Aún así estamos dispuestos a generar relaciones constructivas y positivas, creo que eso, como quien diría, está más en la cancha de Estados Unidos que en la nuestra.

- EE.UU tiene agencias que actúan en nuestros países como la USAID, la NED, ni que hablar del papel que cumplen la CIA o la DEA. ¿Ustedes las han expulsado incluso durante el gobierno de Evo. ¿Qué opina de ellas?

- Está claro que son tan negativas y execrables como el accionar mismo del Estado. Que solamente tienden a camuflar o tratar de esconder el accionar o los intereses que determina un estado o potencia hegemónica como ha sido Estados Unidos. Para nosotros todo eso no debería ocurrir y creo que estamos en un momento de la historia en que conocemos perfectamente esos mecanismos. De ahí que en 2008 cuando acá viviamos un momento de tensión política se tuvo que sacar gradualmente a una agencia supuestamente antidrogas como la DEA y después a la USAID. Las conocemos ya y las rechazamos. Vamos a cuidar que en Bolivia no vuelvan a darse ese tipo de situaciones. El mundo está cambiando. Desde la década del 90 en que Fukuyama decía que era el fin de la historia y que teníamos una potencia hegemónica en un mundo unipolar, en este momento advertimos que estamos en un mundo multipolar o tripolar ya que la Federación rusa y China tienen pesos específicos.

- El presidente Arce cuando era ministro de Economía tenía una posición muy clara sobre la defensa de los recursos naturales de Bolivia como el litio ¿Esa política se supone que quedará ratificada?

-Más que una posición política de un gobierno es una determinación constitucional. Los recursos naturales son de los bolivianos y de las bolivianas y vamos a resguardar en todo momento que sus beneficios lleguen al pueblo. Que no se vayan con las transnacionales como ocurría antes. Eso no quiere decir que estemos cerrados a la inversión extranjera, a establecer relaciones que nos permitan una mejor explotación de nuestros recursos, pero como lo venimos sosteniendo hace más de una década, no como extranjeros en nuestra propia tierra, sino en un rol de socios, de iguales. Probablemente otros tengan capital y tecnología, pero nosotros tenemos los recursos naturales.

- ¿Cómo sigue la búsqueda de una solución a la salida al océano Pacífico con Chile que para Bolivia es una reivindicación histórica?

- La reivindicación marítima para Bolivia es irrenunciable. Está incluso definida en nuestra constitución política del Estado. Pero la relación entre Chile y Bolivia no se acaba en el tema marítimo, eso lo tenemos también claro. Compartimos una importante frontera, flujo de personas que van y vienen de un país para otro, utilizamos puertos chilenos para exportar productos bolivianos y eso hace que debamos buscar acercamientos que nos permitan dentro de todas las diferencias que podamos tener, mantener el trato de dos países vecinos y hermanos, en definitiva.

 

Por Gustavo Veiga

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Unos activistas prueban una especie de gran cauchera sujeta a un poste, ayer en Rangún

 

Incendiada una treintena de fábricas chinas en las últimas protestas en Rangún

 

Las calles de Hlaingthaya tienen fama de duras. Este municipio, en el extremo occidental de Rangún (la ciudad más grande de Birmania), es uno de los más poblados del país, donde gran parte de sus 700.000 habitantes trabaja en los cientos de factorías textiles del lugar. Muchos de ellos son emigrantes rurales, que al tratar de escapar de la pobreza se dieron de bruces con los peligros de la vida en los suburbios, incluidos los robos, la explotación laboral o los asesinatos.

Sin embargo, el problemático distrito nunca había sido testigo de una violencia como la vivida el pasado fin de semana. El domingo, al menos 22 manifestantes contra la asonada militar del pasado 1 de febrero murieron allí por disparos de las tropas gubernamentales. Otros seis cayeron en el suburbio industrial de Shwepyithar.

Ese mismo día, una treintena de fábricas regentadas por empresarios chinos en esas barriadas fueron atacadas con saña e incendiadas, con un saldo de al menos dos heridos y unos 30 millones de euros en pérdidas. Las factorías taiwanesas o surcoreanas no tardaron en ondear sus banderas bien a la vista para evitar agresiones similares, mientras que las autoridades golpistas impusieron la ley marcial en las zonas más castigadas.

Ese ataque contra sus intereses y el creciente sentimiento antichino entre una parte importante de la población empujaron rápidamente a Pekín a tomar cartas en el asunto: en los últimos días ha lanzado repetidos mensajes exigiendo a las autoridades birmanas que tomen medidas concretas “para garantizar la seguridad” de sus ciudadanos y “evitar que se repitan incidentes similares”, además del castigo para los culpables. Aunque se ha especulado con una posible evacuación del personal chino no imprescindible, el diario estatal Global Times negó ayer que eso sea cierto.

Desde que los generales apartaron del poder manu militari a Aung San Suu Kyi, la postura del gigante asiático, que cuenta con grandes intereses económicos en Birmania –oleoductos, presas, minerales o puertos, entre otros­­–, ha estado en el punto de mira. Ya desde el principio se especuló con que China apoyaba –o al menos conocía– los planes de los uniformados, aunque no existe prueba alguna sobre ello. De hecho, gran cantidad de expertos han señalado que Pekín mantuvo con el depuesto gobierno democrático de la Nobel de la Paz una relación mucho más fluida y franca que con la junta militar que gobernó Birmania durante el medio siglo previo, por lo que no tendría interés en ver a los militares de vuelta. Sin embargo, eso no ha evitado que desde un principio surgieran todo tipo de rumores que dejaban en mal lugar a China: desde que había enviado armas o militares para apoyar a las tropas birmanas a que sus ingenieros de telecomunicaciones estaban colaborando con los golpistas para ayudarles a controlar las redes del país. Un “sinsentido”, en palabras del embajador chino.

Pero que no haya pruebas fehacientes no ha evitado que la ola sinófoba haya adquirido dimensiones considerables. En las protestas diarias contra el golpe, no es extraño ver carteles con lemas como “Negocios chinos, ¡fuera!” o “Quemaremos el oleoducto chino”, un proyecto controvertido que en el pasado ya provocó protestas por sus costes medioambientales. También se han redoblado los llamamientos al boicot de sus productos, ya sean frutas, móviles o videojuegos.

Tampoco ayuda que China se mantenga firme en la aplicación de su principio de no injerencia en los asuntos internos de terceros países. Aunque sí ha apoyado en la ONU una “contundente condena a la violencia sobre los manifestantes pacíficos” o la puesta en libertad de Suu Kyi, muchos no le perdonan que no condene de forma taxativa el golpe, que en un inicio incluso fue calificado por los medios estatales como “una importante remodelación del gabinete”.

Los últimos acontecimientos han colocado a Pekín en una encrucijada de difícil salida. “Por una parte, necesita mantener buenas relaciones con los militares para contar con su apoyo en proyectos de infraestructura”, detalló el analista Pang Zhongying a France Press. “Por la otra, no quiere que se le vea interfiriendo en los asuntos internos del país o parecer demasiado cercana a las fuerzas armadas en medio de la condena internacional. Sus proyectos se enfrentan a grandes riesgos de seguridad, pero tiene las manos atadas”.

STRINGER / EFE

Ismael Arana

Hong Kong. Corresponsal

18/03/2021 01:08Actualizado a 18/03/2021 09:03

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La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, en una oficina de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, La Paz, Bolivia, el 13 de marzo de 2021

La ex presidenta de facto exige juicio de privilegio, por pacificar al país

 

La Paz., La juez Regina Santa Cruz decretó ayer cuatro meses de prisión preventina para la ex mandataria de facto, Jeanine Áñez y para sus ex ministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra. Horas antes la Fisca-lía de Bolivia había pedido seis meses de cárcel preventiva para Áñez, detenida por su papel en el derrocamiento del mandatario Evo Morales, en noviembre de 2019, y ella exigió un "juicio de privilegio", al asegurar que se busca "criminalizar el hecho de que nosotros pacificamos el país en su momento con un golpe de Estado".

Tres fiscales habían firmado la imputación para la aplicación de prisión preventiva por seis meses también para los dos ex ministros Guzmán y Coimbra, acusados igualmente de delitos de sedición, conspiración y terrorismo por asumir el poder luego que Morales fue conminado a renunciar por las cúpulas castrense y policial, en medio de manifestaciones impulsadas por la derecha, que, sin pruebas, alegó fraude en las elecciones que ganó Morales, y que dejaron un saldo de 33 muertos.

La fiscalía sostiene además que el 10 de noviembre el líder cívico Fernando Camacho presentó en la sede presidencial una carta "en la que recomienda la renuncia del presidente Evo Morales".

A esta petición se sumó el comandante de las fuerzas armadas, Williams Kaliman, quien junto a otros "deliberaron" y pidieron a Morales que dimitiera.

“La fuerza armada no delibera, no realiza acción política (...). Se concretiza un golpe de Estado, toda vez que la policía y las fuerzas armadas tienen armamento letal y deciden obedecer a una persona que no tenía facultad jurídica (...)

"Por todos los hechos sediciosos y terroristas llevados a cabo el 10 de noviembre de 2019 el ex presidente Evo Morales, con el riesgo de perder la vida y velando por el pueblo boliviano, para no ser masacrados y humillados sus ministros, alcaldes y otros, renuncia a la Presidencia, junto con el vicepresidente Álvaro García Linera", añade la Fiscalía en su denuncia.

Tras la renuncia de Morales, Áñez y sus allegados habrían obligado a renunciar a Adriana Salvatierra, quien ocupaba el cargo de presidenta del Senado, y a Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, para que Áñez asumiera la presidencia de Bolivia.

La Fiscalía considera que "de esta manera posibilitaron que (Áñez) asumiera la Presidencia (...) de una forma amañada".

El caso tiene su origen en una denuncia de la ex diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, por presunta sedición contra ocho ex autoridades policiales y militares por la muerte de manifestantes luego de asumir Áñez la presidencia.

La Fiscalía menciona a Camacho como uno de los principales impulsores de hechos ilegales, entre ellos la quema de instalaciones de distintos tribunales electorales departamentales, destrucción de actas electorales, así como de distintas presiones que impidieron el recuento oficial de votos.

Fiscalía: la ex mandataria preparaba "actos de fuga"

En cuanto a la justificación de la prisión preventiva, en el caso de Áñez, la Fiscalía expone que ésta "se encontraba realizando actos preparatorios de fuga" en el momento de su detención.

Áñez, abogada y ex presentadora de televisión, permanece detenida en un cuartel de la policía desde el sábado tras ser arrestada mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar, en Trinidad, 600 kilómetros al noreste de La Paz, donde residía. La propia Áñez, de 53 años, declaró desde una ventanilla de la celda donde se encuentra detenida y exigió "juicio de privilegio", lo que impediría la prisión cautelar.

"Es absolutamente arbitraria, ya lo he manifestado porque es pretender criminalizar el hecho de que nosotros pacificamos el país en su momento con un golpe de Estado. Es decir, que la sucesión constitucional ahora no tendría ninguna validez”, dijo la ex mandataria golpista.

"Yo tengo privilegios, le guste o no le guste a Evo Morales, y tendría que ser acusada en un caso de Corte, pero acá no tiene ninguna validez el estado de derecho y esto lo lamentamos tantísimo", agregó.

Más aún, aseguró tener "todo el apoyo del pueblo y de todos quienes creen en la democracia", menos de Evo Morales porque "él desprecia la democracia".

“Me envían cuatro meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió”, afirmó Áñez en Twitter, tras escuchar que la juez le dictó prisión preventiva.

Por fin llegará la justicia, aunque tarde: Evo Morales

Morales afirmó que la detención significa que "por fin llegará la justicia, aunque tarde. Esperemos que se haga un acto de justicia con las víctimas de tanta injusticia en Bolivia".

"Solo pedirles que haya un debido proceso, todos tienen derecho a la defensa, pero también tienen que demostrar que son inocentes, como tratan de mostrar los medios de comunicación", declaró a la radio Kawsachun Coca.

Morales subrayó que investigaciones internacionales demostraron que no hubo fraude electoral en 2019 y sí golpe de Estado. "A más de un año del golpe no se ha podido demostrar el supuesto fraude y la mejor prueba es el resultado del 18 de octubre del año pasado, cuando ganó nuevamente el MAS."

Tras la detención de Áñez, el líder opositor Carlos Mesa denunció que el MAS pretende usar un "inexistente golpe de Estado" para perseguir y "descabezar" a la oposición.

El dirigente cívico Fernando Camacho manifestó que "no hay motivos para festejar" su elección como gobernador del departamento de Santa Cruz, porque "está dándose una persecución en toda la nación hacia aquellos que estuvieron luchando por la democracia y la libertad".

El arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, criticó en su homilía dominical el "ánimo de revancha" del gobierno que “pretende tachar de golpista al pueblo y a sus representantes que defendieron al voto ciudadano y a la democracia (...) mientras los autores del fraude electoral se muestran como víctimas“. La Conferencia Episcopal Boliviana pidió la liberación inmediata de los detenidos.

Estados Unidos, la Unión Europea, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamaron por separado que se siga el debido proceso y no haya interferencia política en los juicios.

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Lunes, 15 Marzo 2021 05:35

El poder del litio boliviano

El poder del litio boliviano

Los enormes yacimientos de litio boliviano constituyen dos vertientes opuestas: una bendición para profundizar el desarrollo económico futuro del país, o una constante amenaza debido a la ambición de compañías transnacionales y gobiernos imperiales por tratar de controlar esos recursos.

El expresidente Evo Morales Aima ha denunciado en repetidas ocasiones que su gobierno fue víctima de un “golpe de Estado del litio” cuando fuerzas de la oligarquía derechista, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Estados Unidos lo sacaron del poder en noviembre de 2019.

Un año antes de esos sucesos, en octubre de 2018, Morales había firmado un convenio con la empresa alemana ACI Systems para la explotación del salar de Uyuni, pero la oligarquía criolla, encabezada por el expresidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari, inició una virulenta campaña desinformativa al catalogar el convenio como “entreguista”.

La desinformación engañó a parte de la población que comenzó protestas bajo la dirección de elementos de la derecha respaldada por militares afines y por la OEA que alegó fraude en las elecciones de noviembre de 2019.

Aunque Evo anuló el acuerdo con ACI Systems, el golpe de Estado quedó consumado una semana después de los comicios.  

En el denominado Golpe del Litio actuaron influyentes transnacionales y hasta el segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk, propietario de las compañías SpaceX y Tesla (autos y equipos eléctricos). Este multimillonario estadounidense  al ser consultado en twitter por un internauta sobre si tenía algo que ver con los sucesos de Bolivia declaró que no le molestaba derrocar a quien sea, con tal de alcanzar sus objetivos empresariales.

Tras las altisonantes declaraciones de Musk, Morales declaró que el principal móvil del Golpe fue haber dejado fuera a Estados Unidos del proyecto de industrialización del litio que se llevaba a cabo en el país en conjunto con Alemania y China.

Con la empresa Xinjiang Tbea Group-Baocheng se habían rubricado acuerdos por alrededor de 2 000 millones de dólares para edificar ocho usinas, cuatro en el salar de Uyuni y cuatro en los salares de Coipasa y Pastos Grandes, pero quedaron inconcluso por la imposición del régimen de facto de Jeanine Añez y los desastrosos efectos de la pandemia de Covid-19.

Recientemente se anunció que el presidente Luís Arce reflotará el plan para convertir el salar de Uyuni en la capital mundial del litio, cuyas reservas son las mayores del orbe. Hasta el 2030 se prevén instalar 41 plantas de procesamiento en los departamentos de Potosí y de Oruro.

En declaraciones a la prensa, el nuevo presidente ejecutivo de la Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Marcelo González señaló que el país tiene el inmenso desafío de reactivar esa industria tras un año de semi paralización que impidió la comercialización a gran escala del producto.

González aseguró que cuentan con recursos humanos calificados para entrar a la etapa de industrialización y entre las principales acciones está la construcción de otras plantas industriales como las de ión litio y cátodos en los departamentos de Oruro y Potosí.

Actualmente, Bolivia puede producir 12 000 toneladas de carbonato de litio al año y en la planta de Uyuni se procesan entre 700 y 1 000 toneladas mensuales de ese producto.

Asimismo, en la Planta Piloto de Baterías se construyen las 5V, similares a las utilizadas por los teléfonos móviles pero aún el país no logra satisfacer la alta demanda externa, por lo cual se busca la asociación con otra nación que colabore con transferencia tecnológica.

Para González resulta importante que se complete la cadena del litio dentro de Bolivia, es decir, se extraiga la materia prima y se procese para darle valor agregado. Argumentó que hasta ahora han cerrado la cadena del litio a nivel de laboratorios y pilotaje con la planta de materiales catódicos así como la de baterías que está produciendo para la venta en el mercado interno, y se realizan gestiones con la empresa de autos eléctricos Quantum, con sede en Cochabamba para proveerles acumuladores.

Bolivia posee 21 millones de toneladas de litio, mineral muy preciado por gobiernos desarrollados y compañías trasnacionales por su utilización en laptops, celulares, tabletas, otros equipos móviles y acumuladores para vehículos, por lo que han denominado a ese mineral como el “Oro blanco”.

Expertos indican que con la continuación del desarrollo de las baterías con base a sales de ión litio, ese producto movería unos 46 000 millones de dólares en 2022 y 220 000 millones de dólares en diez años.

Esas baterías pueden acumular en los aparatos móviles gran energía con mínimo peso y espacio para las personas y en los autos eléctricos son capaces de mantener un máximo de 3 000 ciclos de carga y descarga sin perder las propiedades de almacenaje y voltaje.

Un estudio del Servicio Geólico de Estados Unidos (USGS) estima que el 60 % del “oro blanco” mundial se haya en Argentina, Chile y Bolivia por lo que esas naciones están destinadas a impulsar su desarrollo económico en los próximos años.

Pero Argentina y Chile tienen la desventaja de que su explotación está en manos de empresas transnacionales que dejan pocas remuneraciones monetarias, mientras en Bolivia está controlada por el Estado, que según lo establecido, el 51 % de las ganancias permanecerá en el país.

Si el nuevo gobierno encamina al país por la senda política-económico-social que logró llevarlo el expresidente Evo Morales, los enormes yacimientos de litio que posee Bolivia pueden acabar de revertir la historia de pobreza de esta nación, aunque siempre debe estar alerta con las artimañas de la oligarquía criolla y de las compañías estadounidenses interesadas en hacerse del control del “oro blanco”.

Por Hedelberto López Blanch | 15/03/2021

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano

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Miércoles sangriento en Myanmar: al menos 38 muertos en protestas contra el golpe

En Myanmar las movilizaciones contra el golpe militar continúan firmes a pesar de que aumenta la represión. El último domingo fueron asesinadas por la Policía 18 personas y este miércoles se convirtió en el día más sangriento con al menos 38 manifestantes muertos.

 

El dato fue confirmado por la enviada especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Myanmar, Christine Schraner Burgener, quién señaló en conferencia de prensa que: "Hoy [3 de marzo] fue el día más sangriento desde que ocurrió el golpe el 1° de febrero, solo hoy 38 personas murieron; más de 50 personas murieron desde que comenzó el golpe".

Desde el 1 de febrero, Myanmar (ex Birmania) se ha enfrentado a un golpe militar orquestado por Min Aung Hlaing, el jefe de las fuerzas armadas birmanas. A lo largo del mes de febrero hemos visto el auge y desarrollo de un amplio proceso de manifestaciones de millones de personas que se opusieron al golpe donde la clase obrera está teniendo un rol protagónico.

Sin embargo, las fuerzas armadas golpistas han iniciado en las últimas semanas una represión cada vez más fuerte contra este movimiento. El 9 de febrero, Mya Thwate Thwate Khaing, de solo 20 años, fue la primera víctima de esta represión. Luego, el 20 de febrero se registraron 3 muertes por esta represión. Y fue este fin de semana, 28 de febrero, cuando se dio un nuevo paso. Las fuerzas armadas birmanas mataron a tiros a 18 personas que se manifestaban, según el último informe de la ONU sobre las protestas de este fin de semana.

Tras los sangrientos ataques del domingo, la cúpula militar anunció que se había ordenado a las fuerzas represivas que no usaran balas de plomo durante las manifestaciones. Sin embargo, los ataques de parte de la Policía y el cuerpo antidisturbios se incrementaron a lo largo de esta semana, convirtiendo este miércoles en el día más sangriento y desmintiendo que las medidas sobre el uso de armas de fuego con munición de plomo.

Los soldados ya no dudan en utilizar métodos letales disparando munición real contra la multitud en un intento de sofocar el movimiento nacional.

Esta reciente escalada de violencia revela el hecho de que la junta militar es incapaz de hacer frente a la magnitud de la protesta. Frente a la violencia represiva de las fuerzas armadas, el movimiento bien podría dar un giro como expresa un manifestante al diario Le Figaro: “Esperábamos una respuesta internacional, pero ahora ya no nos detendremos. Las manifestaciones ya no serán pacíficas, porque ya hemos perdido demasiadas vidas inocentes ”.

Ya este martes, en las calles de Kalay, los manifestantes tomaron represalias contra la Policía que intentaba hacer retroceder la manifestación. Según los informes, al menos 13 personas resultaron heridas, 7 de ellas por bala, 3 de ellos se encuentran en estado crítico y actualmente se encuentran hospitalizados y dos murieron. El periódico Bangkok Post informó que este miércoles 9 personas murieron por herida de bala en distintas ciudades del país.

Según el grupo de seguimiento de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP), más de 1.200 personas han sido detenidas desde el golpe, y unas 900 siguen tras las rejas o enfrentando cargos. Pero la cifra real es probablemente mucho mayor: los medios estatales informaron que solo el domingo más de 1.300 personas fueron arrestadas, informó el Bangkok Post.

Aunque la represión es brutal, la resistencia está a la altura de las circunstancias. Desde comenzado el golpe hay huelgas sistemáticas, movilizaciones cotidianas cada vez más preparadas para combatir a las fuerzas represivas. Podemos verlo en imágenes de barricadas hechas con muebles, o el bloqueo del tránsito con vehículos, además de la utilización de cascos, escudos, palos y bombas molotov que han hecho retroceder en varios combates al ejército.

Ante esta represión y el golpe militar, el pueblo de Myanmar no puede contar con la líder Aung San Suu Kyi, cuyo partido la Liga Nacional por la Democracia, sólo ha precarizado a la clase obrera de Myanmar y manteniendo compromisos con los militares durante sus años de Gobierno. Tampoco pueden confiar en la intervención de países como Estados Unidos, que solo se preocupa por preservar sus intereses imperialistas en la región. Los trabajadores y jóvenes de Myanmar solo podrán confiar en su propia fuerza y ​​la solidaridad de la clase trabajadora y la juventud a nivel internacional para hacer caer al golpe.

Miércoles 3 de marzo | 11:04

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Nueva y sangrienta represión en Myanmar deja al menos 18 muertos

Al menos 18 manifestantes fallecieron y 30 resultaron heridos este domingo por la represión de la policía y el ejército en las protestas contra la junta militar. Según datos de la ONU, es el día más sangriento desde el golpe de Estado del 1 de febrero.

 

"En varios lugares en todo el país, fuerzas policiales y militares se han enfrentado a manifestaciones pacíficas utilizando la fuerza letal", denunció hoy en un comunicado la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

Las muertes son producto de disparos contra los manifestantes en Rangún, la mayor ciudad del país, y otras como Dawei, Mandalay, Bago, Pokokku y Myeik.

Las fuerzas de seguridad abrieron fuego de manera indiscriminada para reprimir las manifestaciones masivas que exigen a los militares que devuelvan el poder y liberen a los políticos detenidos tras el golpe de estado ocurrido el pasado 1 de febrero.

En Mandalay, la segunda ciudad más poblada y donde los militares afrontan una gran oposición, uno de los manifestantes murió al recibir un disparo en la cabeza efectuado por los uniformados, declaró a Efe un testigo que ayudó a recuperar el cadáver, mientras el portal Myanmar Now informa de 6 heridos de bala.

En la antigua capital, un joven pereció por herida de bala al ser alcanzado por un disparo procedente de las autoridades, apunta el canal Democratic Voice of Burma, mientras el diario Mizzima informa de al menos cuatro heridos por disparos contra una casa.

En Dawei, en el sur del país, la Policía disparó varias rondas de munición real contra los manifestantes y la prensa local informó de tres fallecidos y una decena de heridas.

El número de muertos, que con los 18 de hoy ascienden a 22 por los disparos directos de los uniformados desde el levantamiento militar, podría aumentar dada la violenta represión desatada por las autoridades a lo largo del país.

"Birmania es un campo de batalla", indicó el cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de Rangún, al describir en Twitter la situación actual del país. Es que desde el primer día del golpe se vive un masivo proceso de resistencia obrera y popular que la represión no ha podido desbaratar.

La Policía usó también este domingo balas de goma, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra los manifestantes, quienes levantaron en Rangún barricadas improvisadas para frenar las acometidas de las fuerzas represivas.

A pesar de las cargas y violencia policial, los manifestantes regresaban una y otra vez a las calles al rebajarse la tensión y en desafió a las fuerzas de seguridad, que estuvieron respaldadas por unidades militares.

En otras ciudades del país, como Bago, Myitkyina o Lashio, la Policía también actuó con violencia y reprimió a las movilizaciones de oposición contra la junta militar encabezada por el general golpista Ming Aung Hlaing, que está acusado de genocidio en el Tribunal de La Haya por la campaña militar contra la etnia rohinyá en 2017 en el oeste del país.

En Mandalay un grupo de manifestantes detuvo a cinco policías que viajaban en un coche, blanco y sin la identificación policial, cuyo maletero transportaba al menos media docena de armas y numerosa munición, recoge el diario The Irrawaddy.

Más de 1000 detenidos desde el golpe militar

Desde hace semanas, centenares de miles de personas se manifiestan en contra de la junta militar y exigen la puesta en libertad de todos los arrestados tras el golpe de Estado, entre ellos la depuesta presidenta electa, Aung San Suu Kyi.

El canal público MRTV, ahora bajo control militar, informó anoche de la detención el sábado de 479 personas acusadas de "protestas contra el Estado" durante una de las jornadas más violentas desde el levantamiento.

En el mes de manifestaciones se calcula que más de 1.000 personas han sido detenidas de forma arbitraria e ilegal, y que entre ellos hay varios responsables políticos, activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y profesionales médicos.

La Oficina de la alta comisionada de la ONU afirmó que solo hoy se han detenido al menos 85 profesionales médicos, estudiantes y siete periodistas que estaban en las protestas.

La junta militar asegura, por su parte, que la Policía utiliza la fuerza mínima contra las manifestaciones, mientras el diario oficialista "The Global New Light of Myanmar" publicó este domingo un artículo donde la Policía amenaza con "tomar acciones legales" contra los líderes de las manifestaciones.

Repercusiones internacionales

El ministerio de Exteriores de Indonesia, el país del Sudeste Asiático que se ha mostrado más activo a la hora de cuestionar la toma del poder por parte de los militares, indicó en un comunicado estar "profundamente preocupado por la escalada de violencia en Myanmar que ha provocado víctimas y la pérdida de vidas".

El país "insta a las fuerzas de seguridad (birmanas) a que se abstengan del uso de la fuerza y ejerzan la máxima moderación para evitar más víctimas y que la situación se deteriore".

La canciller indonesia, Retno Marsudi, se reunió el jueves en Bangkok con Wunna Maung Lwin, nombrado ministro de Exteriores por la actual junta militar, sin que trascendiera los temas sobre los que giró la conversación entre ambos, y con el ministro de Exteriores tailandés, Don Pramudwinai, como anfitrión.

Por su parte, el ministerio birmano de Asuntos Exteriores informó de la destitución del embajador de Myanmar en Naciones Unidas, Kyaw Moe Tun, nombrado por el Gobierno derrocado, ya que el viernes en un discurso frente a la Asamblea General de la ONU había pedido medidas contundentes para terminar con el gobierno militar.

El comunicado acusa a Kyaw Moe Tun de cometer un delito de "alta traición" contra el país y "abusar de los poderes y responsabilidades" durante su intervención, que terminó con el gesto de alzar tres dedos popularizado entre la oposición a los militares.

El relator especial de la ONU para Birmania, Tom Andrews, ensalzó el gesto de "valentía" de Kyaw Moe Tun y pidió, en un mensaje en Twitter, que los países actúen contra el gobierno militar.

El Ejército justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.

A pesar de la celebración de elecciones y el proceso iniciado en 2011 en Myanmar hacia una "democracia disciplinada", como la denomina el Ejército -que gobernó el país con puño de hierro de 1962 a 2011-, el mando castrense mantenía todavía un amplio control sobre los aspectos políticos y económicos del país ya que el proceso fue negociado con los militares.

Domingo 28 de febrero | 13:28

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Myanmar vive la jornada de huelga y protestas más importantes contra el golpe

Las movilizaciones y la huelga general de este lunes tienen lugar en medio de las amenazas del Ejército de desatar una violenta represión. El fin de semana dos personas fueronasesinadas por la Policía, sumando cuatro desde que comenzaron las protestas contra el golpe.

 

A pesar de las amenazas del Ejército, que advirtió a los "manifestantes que se arriesgan a morir en las marchas", y de la represión del fin de semana, Myanmar vive este lunes la jornada de protestas y huelga más importante desde que comenzaron las movilizaciones contra el golpe de Estado.

Cientos de miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país, tras un fin de semana trágico en el que dos personas murieron por disparos de la policía, sumando así cuatro manifestantes asesinados por la represión del Gobierno golpista.

El bloqueo de internet, el corte de calles y las amenazas de los militares de que habrá más muertes, no frenó a los birmanos, que salieron en masa a manifestarse desde la mañana en una convocatoria de huelga que ha paralizado el país.

Las protestas masivas inundaron las principales arterias de Rangún, la ciudad más poblada, Naipyidó -la capital- y Mandalay, escenario de la sangrienta represión del fin de semana, así como otras muchas localidades a lo largo y ancho de la nación.

Los manifestantes luchan contra el golpe y por la liberación de los presos políticos, que ya superan los 600, entre los que se incluye a la líder electa Aung San Suu Kyi, como llevan haciendo a diario desde hace más de dos semanas en respuesta al levantamiento militar del 1 de febrero.

Aunque en general las protestas se celebraron hoy de manera pacífica, en Naipyidó se vivieron los mayores enfrentamientos y represión, según vídeos publicados por los activistas en las redes sociales, que mostraban a la Policía persiguiendo a los manifestantes, mientras se produjo un número sin confirmar de detenciones.

Ante la convocatoria de este lunes, la junta militar volvió a dejar sin internet al país una noche más y restringió el uso de datos durante la mañana, además de cortar varias arterias de Rangún y Naipyidó para impedir el acceso a los puntos especialmente concurridos durante las protestas.

Revolución 22222

La convocatoria ha recibido el nombre de "la revolución 22222" al celebrarse el 22.2.2021, en referencia a las protestas contra la junta militar del 8 de agosto de 1988, conocida como la revolución 8888, que fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad.

La repuesta masiva de hoy, que ha paralizado casi todo el país, llegó tras la represión policial que el sábado costó la vida por disparos policiales a dos manifestantes en Mandalay, la segunda ciudad de Birmania.

Con las dos muertes del fin de semana son ya tres los fallecidos por la violenta respuesta de las fuerzas de seguridad, después de que el viernes falleciera tras 10 días hospitalizada Mya Thwe Thwe Khine, una joven de 20 años que recibió un disparo policial en la cabeza durante una protesta, y cuyo funeral se celebró el domingo en Naipyidó.

En respuesta a estas muertes, la junta militar acusó a los manifestantes de "aumentar su incitación a la revuelta y a la muchedumbre anárquica" y les advirtió de que se podrían perder más vidas, en una clara amenaza para amedrentar a los manifestantes, que al juzgar por la masividad de este lunes, no ha surtido efecto.

Como viene ocurriendo desde el primer día de protesta y, a pesar de la impotencia de Aung San Suu Kyi que no llama abiertamente a tirar al gobierno militar, los jóvenes y trabajadoras, muchas de ellas de los sectores más precarizados como las de fábricas textiles, han jugado un rol central en las protestas. Impulsándolas y poniéndose a su cabeza no solo enfrentan la represión policial y militar, sino que le dan fuerza a todo el movimiento para seguir en las calles.

Lunes 22 de febrero | 10:00

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Militares en Yangon, Myanmar, este lunes. — LYNN BO BO / EFE

Los militares declararon este lunes el estado de emergencia y anuncian que tomarán el control político del país durante un año después de detener a varios miembros del Gobierno, otros políticos y líderes civiles.

 

de Myanmar (antigua Birmania) declaró este lunes el estado de emergencia durante un año al tomar el control político del país. Los militares han anunciado la detención de la líder del Gobierno, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, además de otros políticos y líderes civiles.

El hasta ahora vicepresidente, Myint Swe, que fue nombrado en el cargo por los militares gracias a los poderes que les reserva la actual Constitución, asumió la presidencia interina y le cedió todos los poderes al jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, según ha informado el canal Myawaddy News, controlado por los militares.

Aparte de Suu Kyi, también ha sido detenido el hasta hoy presidente del país Win Myint, además de varios ministros y dirigentes del partido gubernamental Liga Nacional para la Democracia (LND). Entre la treintena de arrestados se encuentran activistas, escritores y artistas, según una lista extraoficial a la que tuvo acceso la agencia Efe.

Las líneas de teléfono y comunicaciones permanecen cortadas desde primera hora de la mañana en todo el país mientras que el único medio de comunicación que está emitiendo es el canal de los militares.

Durante la mañana se vieron en Rangún, la mayor ciudad del país, largas colas en los cajeros automáticos de los bancos, que en algunos casos se habían quedado ya sin efectivo.

Suu Kyi pide a los birmanos que no acepten el golpe 

Por su parte, Suu Kyi pidió a los ciudadanos que no acepten el golpe de Estado perpetrado este lunes por el Ejército y que protesten. En un comunicado colgado en un perfil en Facebook de la LND, la formación hasta ahora gobernante acusó a los militares de someter al país a una dictadura.

"Las acciones de los militares llevan de nuevo al país a la dictadura", señala un comunicado publicado por la Liga Nacional para la Democracia (LND) en nombre de Suu Kyi, que pidió a la gente que no lo acepte y "protesten con todo corazón contra el golpe de Estado".

Primera sesión de la legislatura tras las elecciones de 2020

El parlamento de Myanmar tenía previsto celebrar este lunes la primera sesión de la legislatura tras las elecciones de noviembre de 2020, en las que la LND, formación de Suu Kyi, consiguió una abrumadora victoria.

Los rumores de golpe de Estado se habían ido intensificando desde que el pasado martes el portavoz militar Zaw Min Tun se negara a descartar la toma del poder por parte del Ejército tras denunciar supuestas irregularidades en las elecciones legislativas del pasado 8 de noviembre.

El poderoso Ejército de Myanmar, que gobernó el país entre 1962 y 2011, cuando se inició una transición controlada hacia la democracia, finalmente rechazó el sábado esa posibilidad y garantizó en un comunicado su compromiso con la defensa de la Constitución.

La aplastante victoria electoral de Suu Kyi demostró su gran popularidad en Myanmar, a pesar de su mala reputación internacional por las políticas contra la minoría rohinyá, a la que gran parte se le niega la ciudadanía y el voto, entre otros derechos.

La Comisión Electoral negó el fraude electoral

Las supuestas irregularidades fueron denunciadas en primer lugar por el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP), la antigua formación gubernamental creada por la anterior junta militar antes de disolverse.

La Comisión Electoral ha negado el fraude electoral en los comicios de noviembre, ganados con una mayoría aplastante por la Liga Nacional para la Democracia al conseguir el 83 por ciento de los 476 asientos del Legislativo.

El USDP fue el gran perdedor de las elecciones, al lograr solo 33 escaños, y se ha negado a aceptar los resultados, llegando a pedir que se celebren nuevos comicios organizados por el Ejército.

Los militares, que redactaron la actual Constitución en un plan de ruta para lograr una "democracia disciplinada", contaban ya con grandes poderes en el país, al disponer del 25 por ciento de los escaños del Parlamento y de los influyentes ministerios del Interior, Fronteras y Defensa.

Rangún

01/02/2021 07:40 Actualizado: 01/02/2021 10:14

Agencias

El Ejército

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