El gobierno de facto de Bolivia admitió su vínculo con una consultora denunciada por Facebook

La red social acusó a CLS Strategies de desinformar a través de cuentas falsas

Una investigación publicada por Página/12 reveló que CLS había sido contratada por 90 mil dólares para una campaña comunicacional realizada entre diciembre de 2019 y marzo de 2020.

 

A través de un breve comunicado, el gobierno de facto de Bolivia admitió haber contratado a la empresa estadounidense CLS Strategies, cuestionada por desarrollar campañas digitales de desinformación a través de cuentas falsas. La consultora prestó sus servicios luego de las elecciones de octubre de 2019 "para realizar una tarea de cabildeo en busca de respaldo a la democracia boliviana y en apoyo de la celebración de nuevos comicios presidenciales". Pero el documento, presentado por el régimen para "clarificar" su situación tras la difusión de un artículo del Washington Post  que expuso el irregular funcionamiento de la compañía, es más bien una declaración de principios: en el marketing político, cabildear alude a hacer lobby para influir y alcanzar determinados fines. 

El miércoles, Facebook había anunciado la eliminación de una "red de desinformación" con ramificaciones en distintos países. A través de CLS, dicha red publicaba contenido a favor del gobierno transitorio de Bolivia. Se trata de 133 cuentas operadas desde Estados Unidos que violaron la "política de Facebook contra la injerencia extranjera y el comportamiento inauténtico coordinado". La investigación del periodista Adair Pinto publicada en Página/12 reveló que CLS había sido contratada por una suma de mil dólares diarios por una campaña comunicacional realizada entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. "Gracias a esta investigación se ha descubierto cómo articula mediáticamente el gobierno de facto este tipo de estrategias con Estados Unidos para sembrar una realidad paralela con el objetivo de mantenerse en el poder", asegura Pinto en diálogo con este diario.

El gobierno de Áñez alegó que CLS Strategies "logró contactos entre autoridades del gobierno boliviano y funcionarios del ejecutivo y legislativo de Estados Unidos". El comunicado oficial agrega que CLS no pudo recibir su pago por los servicios prestados "debido a las restricciones legales vigentes". Sin aportar demasiada claridad al nexo que los une, el régimen fundamentó su alianza con la consultora estadounidense en el "respaldo de la democracia", asegurando que "no ha contratado a esta empresa para ningún otro servicio o actividad".

¿Cómo operaba CLS?

Según el Washington Post, en Bolivia existió una red de desinformación a cargo de CLS Strategies, empresa de relaciones públicas con sede en Washington que invirtió millones de dólares para apuntar a usuarios en América latina. El diario menciona a un socio de CLS, Juan Cortiñas, que explicó que su firma, además de incidir en redes sociales, se dedica a promover "elecciones libres y abiertas, y se opone a regímenes opresivos".

El 'Reporte de Comportamiento Inauténtico' publicado por Facebook esta semana y que cobró mayor relevancia con la nota del Post, señala que las cuentas que operaban para CLS "publicaban contenido para apoyar a la oposición política en Venezuela y el gobierno interino en Bolivia, así como para criticar al partido político mexicano Morena", que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018. El patrón seguido por estas campañas digitales era siempre el mismo.

"Esta red usaba cuentas falsas, algunas de las cuales fueron detectadas y desactivadas por nuestros sistemas automáticos, para amplificar su contenido, evadir la aplicación de nuestras políticas, dirigir a las personas a dominios fuera de la plataforma, engañar a las personas sobre los responsables detrás de esta actividad y administrar páginas, haciéndose pasar por entidades de noticias independientes, organizaciones civiles y páginas políticas", advierte el informe de Facebook que agrega que varias de esas cuentas fingían ser locales, pero en realidad estaban digitadas desde Estados Unidos. Otras simulaban pertenecer a partidos políticos para engañar a los usuarios.

Semanas atrás, Adair Pinto había revelado que el ministerio de Gobierno de Bolivia se comprometió a pagar 90 mil dólares por los servicios de comunicación estratégica de CLS, en un país donde escasean los insumos médicos en plena pandemia de coronavirus. El contrato al que tuvo acceso el periodista es elocuente. "CLS Strategies brindará asesoría en comunicaciones estratégicas en asuntos tales como las elecciones libres y justas fijadas para 2020 en Bolivia y el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, entre otros temas de interés para el Estado Plurinacional de Bolivia en Estados Unidos", señala la compañía en una parte del documento. "Detrás de todo esto hay intereses muy oscuros como la explotación del litio. Ese me parece que es el fondo del asunto", sostiene Pinto.  

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Domingo, 30 Agosto 2020 06:21

En suspenso

La Central Obrera Boliviana y otros movimientos sociales mantienen una huelga con bloqueo de caminos en contra de la presidenta interina, Jeanine Áñez, en El Alto, el 14 de agosto. Xinhua, Mateo Romay

Bolivia: tensión política y pandemia

 

Tras una nueva postergación de las elecciones, el gobierno de Jeanine Áñez debió enfrentar en las últimas semanas masivas movilizaciones obreras y campesinas, que bloquearon rutas y caminos y generaron graves disturbios en las principales ciudades del país. La medida, no obstante, hizo peligrar las chances del MAS de cara a las elecciones, cuando deberá enfrentarse a un oficialismo impopular y cercado por una grave crisis sanitaria y económica.

 

Una de las imágenes que más impactaron a la ciudadanía boliviana a inicios de agosto fue la de 28 bebés recién nacidos que necesitaban oxígeno medicinal. Este tardó en llegar debido al bloqueo de caminos y puso en riesgo la vida de los neonatos. La escena fue el resultado de una crisis política que, si bien se ha superado, dejó un conflicto latente. Durante 12 días, el bloqueo de caminos, protagonizado por las organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS) que cuestionaban el cambio de fecha de las elecciones nacionales, impidió el transporte de oxígeno de Santa Cruz al resto de las ciudades. Ahora, una vez levantada la medida, los dirigentes sociales denuncian ser objeto de una persecución que podría tensar la espera de los comicios, que ya fueron suspendidos tres veces.

 

TRANCAZOS Y PROTESTAS

 

La nueva postergación, hasta el 18 de octubre, de las elecciones nacionales por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) molestó a los sectores sociales afines al MAS, partido del expresidente Evo Morales. La medida unilateral del TSE, anunciada el 23 de julio, es considerada por ese sector de la oposición una forma de prorrogar el lapso del gobierno transitorio, que, tras los conflictos del año pasado, tenía la misión de pacificar el país y convocar a nuevos comicios, pero hasta el momento lleva en el poder más de nueve meses. Al igual que el primer aplazamiento de la fecha de elecciones (fijadas para el 3 de mayo y postergadas al comienzo de la epidemia para el 17 de ese mes) y el segundo (que las agendó para el 6 de setiembre), esta última postergación se debió, de acuerdo con el gobierno, al ascenso de los contagios de coronavirus. Durante la tercera semana de este mes, llegaron, según el recuento oficial, a los 2.031 casos diarios, el tercer pico más alto desde marzo.

Al conocer la noticia de esta tercera postergación, la oposición cuestionó que la autoridad electoral cambiara la fecha de votación en contradicción con lo que había aprobado la Asamblea Legislativa Plurinacional –en la que el MAS tiene mayoría– en un acuerdo con el oficialismo arduamente negociado. El 2 de agosto, desde su exilio en Argentina y mediante su cuenta de Twitter, Morales afirmó que el TSE «no puede apoyar intentos de un gobierno de facto de prorrogarse». Sus bases sociales recurrieron, entonces, a una estrategia de protesta que popularizaron los movimientos campesinos –entre ellos, el liderado por Morales– en los noventa y los dos mil y que en la actualidad usan varios gremios como forma habitual de plantear sus demandas. Del 3 al 15 de este mes, los sectores aglutinados en el llamado Pacto de Unidad –alianza de movimientos sociales que respaldan al MAS– bloquearon las vías principales de seis departamentos del país.

 

MARCHA ATRÁS

 

Finalmente, el tenso escenario se solucionó sin la intervención de las fuerzas del orden, a pesar de que el jueves 6 el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, dijo en una conferencia de prensa que, si bien el Ejecutivo pensaba agotar todas las instancias de negociación, no descartaba una intervención militar «en cualquier momento». Con el correr de los días, y la mediación de la iglesia católica y representantes de la Unión Europea y Naciones Unidas, los movimientos sociales fueron aceptando el 18 de octubre como nueva fecha de los comicios y el gobierno se ofreció a dar garantías de que así sea cumplido.

Morales, quien al inicio de la medida expresó su apoyo a la protesta, ya venía retrocediendo en sus pasos y el 9 de agosto afirmó que las bases movilizadas debían reflexionar sobre las propuestas del TSE. En un mensaje para los movilizados emitido a través de Radio Kausachun, afirmó que, si se contaba con una ley del Parlamento que refrendara la nueva fecha y con el aval de la comunidad internacional, era posible aceptar la nueva postergación de los comicios. Y dijo más: a poco de comenzados los bloqueos, «sólo el 28 por ciento repudiaba la movilización de lucha por la democracia; el viernes ya subieron al 49 por ciento y el sábado, a 58 por ciento», en referencia a encuestas que dijo haber visto por esas horas. «Si hacemos una evaluación, el gobierno usa muy bien nuestra movilización para desgastarnos», agregó.

El viernes 14, la Central Obrera Boliviana (COB), principal animadora de los piquetes, llamó a levantar la medida y a «un cuarto intermedio de las movilizaciones» hasta el 18 de octubre. En una conferencia de prensa, su secretario ejecutivo, Juan Carlo Huarachi, dijo que la decisión buscaba «evitar más enfrentamientos y muertes» y que la COB y el Pacto de Unidad eran los verdaderos «pacificadores del país». El dirigente también aseguró que la aprobación de las disposiciones legales y administrativas necesarias para celebrar las elecciones en la nueva fecha –que fueron aprobadas por el Parlamento el día anterior– eran «una conquista de la clase obrera». Si fuera por el gobierno, aseguró, no habría elecciones el 18 de octubre. «Nos estaban mintiendo, le estaban mintiendo al pueblo boliviano», así salió al cruce de lo dicho el día anterior, en el Palacio de Gobierno, por la presidenta Jeanine Áñez.

Al promulgar la ley con la nueva fecha de elecciones, la mandataria interina afirmó que estaba poniendo su firma a «una segunda pacificación» del país. Consideró, además, que una vez promulgada la ley, acordada con la bancada masista, ya no había razón para los bloqueos: «Los bolivianos, más allá de nuestras diferencias, preferimos la democracia a la dictadura, el diálogo al bloqueo […]. Queremos la vida antes que la guerra. Por eso queremos que pase el oxígeno». En tono conciliador, aseguró que los bolivianos tienen «metas comunes, que ahora son la salud y la economía».

 

BALANCE Y PÉRDIDAS

 

Los cortes de rutas provocaron una pérdida económica de al menos 700 millones de bolivianos (algo más de 101 millones de dólares), según el Ministerio de Economía. El desabastecimiento de alimentos y combustible causó carestía y el incremento de los productos de la canasta familiar. Además, el gobierno afirma que, por falta de oxígeno, en los hospitales murieron 27 pacientes con covid-19. El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas Afines de La Paz, Fernando Romero, dijo a Brecha que se registró, además, un número similar de muertes de pacientes del área rural que no pudieron ser trasladados a los centros especializados en las ciudades. El sindicato médico presentó una denuncia en la Fiscalía por homicidio culposo en contra de seis de los dirigentes que encabezan el Pacto de Unidad; entre ellos, Huarachi.

Aunque los dirigentes sociales afirman que en los bloqueos la COB dio la orden de dejar pasar los camiones que transportaban oxígeno y que así se hizo, el gobierno decidió demandar penalmente a las organizaciones sociales; en este caso, al vicepresidente de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba y candidato a senador por el MAS, Andrónico Rodríguez, y al ejecutivo de la Federación Chimoré, que reúne a más de 100 sindicatos cocaleros, Leonardo Loza. Además, las autoridades presentaron una denuncia contra Morales por «atentar contra la salud pública». La causa se suma a cuatro demandas penales que pesan contra el máximo dirigente del MAS; entre ellas, una por estupro, abuso sexual y trata de personas (véase la nota «El abuso», en este número).

Para la socióloga y cientista política de la Universidad Mayor de San Simón, María Teresa Zegada, los conflictos se apaciguaron debido a que el MAS percibió que los bloqueos dañaban su imagen electoral. La académica también atribuye el cese de la protesta a que muchos de los manifestantes se habrían contagiado de covid-19, tal como señala un informe del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, que el 10 de agosto afirmó que, de 49 personas arrestadas por los bloqueos en la localidad de Samaipata, 19 dieron positivo en las pruebas rápidas.

 

CAMPAÑA EN CRISIS

 

El gobierno transitorio dice esperar que entre setiembre y octubre baje el pico de contagios. Por ello, asegura, las elecciones nacionales se realizarán sí o sí el 18 de octubre. «La presidenta Áñez no es que se quiera prorrogar […]. El Órgano Ejecutivo ha entendido que el 18 de octubre se debe colocar como una fecha impostergable, y así lo ha entendido la Asamblea», dijo a Brecha el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca. De acuerdo con la última encuesta de voto urbano de Ipsos, publicada el viernes 21 de julio, los candidatos de Comunidad Ciudadana –el expresidente Carlos Mesa– y el MAS –el exministro de Economía Luis Arce– empatan con el 26 por ciento de apoyo. Áñez aparece tercera, con el 14 por ciento. El sondeo no incluye las áreas rurales, donde el MAS espera obtener una importante ventaja.

De todos modos, el episodio de los bloqueos fue apenas la manifestación de un conflicto latente mayor sin resolver. «Nos ha mostrado la fragilidad enorme que hay en el sistema político y en las instituciones», dijo Zegada. Tal situación es evidente en el enfrentamiento constante entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos con mandatos que concluían en enero y fueron ampliados de urgencia hasta la celebración de unas elecciones que no han dejado de postergarse. Así, varias normas sancionadas en los últimos meses por el Legislativo no han sido promulgadas por el Ejecutivo y hay créditos económicos y proyectos de ley presentados por el equipo de la presidenta que el Parlamento se niega a aprobar. «Estamos en medio de un escenario de apronte de las fuerzas sociales y políticas», declaró. Así lo perciben los movimientos sociales. No sólo temen que el gobierno transitorio amplíe aún más su mandato, sino que se sienten amenazados.

Leonardo Loza, uno de los principales dirigentes cocaleros del país, dijo a Brecha que el conflicto social de las últimas semanas ha dado paso a la persecución política de los representantes de los movimientos sociales. «Posiblemente estemos saliendo de un conflicto social –dependerá mucho del comportamiento del prorroguismo electoral que tenemos–, pero hay que dar cuenta al pueblo de que hemos entrado a un conflicto jurídico-legal, a una persecución política», añadió.

Por su parte, el jefe de la bancada del MAS en el Senado, Efraín Chambi, dijo a este semanario que el país aún vive una situación delicada, con una constante vulneración de derechos por parte del Ejecutivo. Señaló, por ejemplo, las demandas iniciadas por el gobierno contra varios líderes del MAS –entre ellos, la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y su familia– por un presunto incumplimiento de la cuarentena. Chambi considera que, a pesar del levantamiento de los bloqueos, aún hay malestar en la ciudadanía. Afirmó que, si bien en el conflicto de agosto los sectores urbanos no salieron a la calle, lo harán en los próximos días. Porque, si bien la protesta comenzó por la modificación de la fecha de las elecciones, muchos sectores pasaron luego a sumar demandas vinculadas a la gestión gubernamental de la pandemia. Incluso el movimiento indígena del Altiplano, liderado por el veterano militante Felipe Quispe –muy crítico de Morales–, se sumó a los bloqueos para pedir la renuncia de Áñez.

Áñez es cuestionada, además, por la oposición de derecha debido a su doble rol: candidata y presidenta. Sus rivales afirman que su gestión tiene como objetivo sumar votos para su candidatura, y son varias las voces que la instan a renunciar a su candidatura y a concentrarse en combatir la crisis sanitaria y económica. Precisamente después de los conflictos del año pasado, la crisis sanitaria y los conflictos sociales de agosto, la economía se ha visto duramente golpeada y se teme que el escenario empeore en lo que queda del año. Datos del Centro de Desarrollo Laboral y Agrario muestran que la tasa de desempleo urbano subió de 4,2 por ciento a 7,34 por ciento y la informalidad se incrementó a 80 por ciento. La crisis sanitaria hizo que varias empresas echen a sus trabajadores y otras, principalmente las pequeñas, cierren. Pese a la cuarentena, las calles están llenas de personas que intentan vender algún producto para sobrevivir, si es que no enferman antes.

 

Las masacres y las denuncias

 

La conflictividad boliviana se arrastra desde la convulsión social del año pasado, provocada por las sospechas de fraude en las elecciones nacionales del 20 de octubre a manos del gobierno de Evo Morales. Las protestas de la entonces oposición derivaron en la renuncia del mandatario, quien había insistido en postularse por cuarta vez a la presidencia, en contra de la Constitución y los resultados del referéndum de 2016.

Cuando la pandemia del covid-19 llegó, a inicios de marzo, encontró un país que intentaba salir de una crisis política y social con un gobierno transitorio abiertamente de derecha y de cuestionada legitimidad.

Uno de los aspectos más criticados del gobierno de Jeanine Áñez es la vulneración de derechos humanos en las intervenciones policiales y militares en los bloqueos de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) el 15 y el 19 de noviembre, respectivamente. Estas intervenciones dejaron a 23 civiles indígenas muertos por bala y 230 heridos.

Recientemente, y a través de informes especiales sobre estos hechos, varias instancias internacionales condenaron el uso excesivo de violencia por el gobierno y resaltaron la falta de investigación penal correspondiente. El lunes 24, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió al gobierno de Bolivia a encarar cambios estructurales que atiendan las causas de la presente crisis política y social y a que se rindan cuentas por las diversas violaciones a los derechos humanos que han sucedido a las elecciones del 20 de octubre.

«Me preocupa profundamente que, en nueve meses, ni una sola persona haya sido encontrada responsable por las muertes en Sacaba y Senkata ni por la mayoría de los asesinatos que han ocurrido en este período», expresó la titular del organismo, Michelle Bachelet.

Previamente, el informe «“Nos dispararon como animales”, noviembre negro y el gobierno interino de Bolivia», presentado a fines de julio, había destacado la presencia de «patrones desconcertantes de violación de derechos humanos» cometidos por el gobierno de Áñez. El documento fue elaborado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la University Network for Human Rights.

A esta denuncia se había sumado, además, a principios de mes, la de Amnistía Internacional, que condenó la impunidad en materia de violaciones de derechos humanos durante la crisis poselectoral e instó al gobierno y a los candidatos de los distintos partidos a comprometerse en la promoción de las investigaciones penales de esos hechos.

 

El impacto del covid-19

 

Bolivia fue uno de los primeros países en Sudamérica en imponer cuarentena rígida, desde el 22 de marzo. Duró tres meses y luego continuó con un confinamiento parcial. Sin embargo, esas medidas no impidieron que los casos se incrementaran.

Al 21 de agosto, ese país reportaba un total de 107.435 casos de covid-19. Además, hasta esa fecha fallecieron 4.366 pacientes (2.093 en los últimos 30 días). Los médicos, en tanto, consideran que ambas cifras son mucho más altas y que existe un subregistro debido a la falta de pruebas y a que muchas personas no llegan a los hospitales. Aun con respecto a las cifras oficiales, Romero afirma que la mortalidad registrada es muy alta para un país que tuvo tres meses para prepararse.

Si bien Bolivia arrastra problemas estructurales históricos en su sistema de salud, uno de los principales cuestionamientos de los gremios médicos hacia el gobierno transitorio es que el esfuerzo de la población de confinarse por varios meses no fue acompañado por una adecuada gestión de la pandemia. Una evidencia de ello es la compra irregular en mayo de 170 respiradores, por un precio tres veces superior al real, que llevó a la destitución y arresto policial del entonces ministro de Salud. Hasta ahora no fueron utilizados.

Romero explica que durante los meses de confinamiento el Gobierno se comprometió a gestionar al menos tres tareas, pero ninguna se cumplió. Entre ellas, la contratación de 5.000 profesionales de la salud para que los hospitales extendieran su horario de atención de ocho a 24 horas, la habilitación de centros de aislamiento comunitarios y la realización de testeos masivos en todo el país.

Así las cosas, en los últimos días se superó la capacidad de atención de la veintena de centros especializados en el tratamiento del virus, debido al incremento de personas contagiadas. Las autoridades han debido habilitar, de urgencia, nuevos hospitales y desde esta semana se traslada a parte de los pacientes a clínicas privadas.

Por Karen Gildesde La Paz 
28 agosto, 2020

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Del estado de excepción al estado de rebelión

 El Estado de excepción no declarado, pero en ejecución fingida, constituye el contexto ineludible que permite –en una reflexión crítica de la coyuntura– poder advertir, la más que improbable realización democrática y limpia de elecciones nacionales. La postergación continua del evento electoral (por cuarta vez), bajo el pretexto de la “pandemia”, demostró ya la falacia grosera de la autodenominada “transición”, que exhibe la dictadura actual como mera cobertura “democrática” de unos propósitos profundamente anti-democráticos.

Su finalidad no fue nunca “recuperar la democracia”, sino destruirla desde sus bases mismas; minando la propia soberanía nacional en acuerdos espurios que comprometen la propia viabilidad estatal y nacional.

Un “gobierno de transición” jamás se arroga tareas como la definición de nuevos acuerdos internacionales y diplomáticos, o la otorgación de concesiones en minería o hidrocarburos; tampoco su tarea jamás debió considerar deshacer la institucionalidad o instrumentalizar los órganos estatales para benéfica propio (si eso supuestamente era lo que había que corregir); o minar la soberanía nacional, permitiendo la injerencia abierta de la Embajada gringa en asuntos estratégicos, como es el litio y la bioceánica; o poner al descubierto, para beneficio chileno, información estratégica del conflicto por las aguas del Silala.

Desde su inicio, se pudo vislumbrar un atrevido y enfermo revanchismo, desmontando incivilmente “lo plurinacional” del Estado boliviano; desde la quema de una insignia patria como es la wiphala (que continuó con su total anulación de la imagen gubernamental), hasta el respaldo abierto a grupos parapoliciales y paramilitares que fueron, en el golpe, actores visibles en la destrucción de instituciones estatales; quienes desataron, además, la persecución, amedrentamiento y hostigamiento a dirigentes, asambleístas nacionales y pueblo en general (sobre todo de procedencia indígena).

La “transición” fue un eufemismo que sirvió a los golpistas para “encantar” a la población urbana con un cuento de hadas invertido, donde los buenos son malos y los malos son buenos. Tarea que fue encargada a los medios de comunicación que, hasta el día de hoy, prosiguen con una sistemática desacreditación del campo popular, en connivencia y complicidad con la dictadura disfrazada de “democracia recuperada”.

Este Estado de excepción no declarado, pero en ejecución fingida, por mediación de la policía y el ejército (y los ministerios de gobierno y defensa), moviliza ahora grupos civiles para provocar el justificativo de otro golpe al interior de la trama oligárquica que se ha instalado como “ficción democrática” contra el pueblo boliviano. Ese es el tono abierto que viene desenmascarándose en declaraciones abyectas que vociferan los representantes de “Comités Cívicos”, como el de Santa Cruz (que aglutina a la más rancia facción fascista del golpe) que, ante la opinión pública, señala que no se retractará del calificativo de “bestias inhumanas”, imputado al pueblo indígena movilizado. Eso es lo que está detrás de esta famosa “recuperación democrática” y lo que manifiesta su carácter ya no solamente profundamente antinacional sino hasta profundamente anti-humano.

Si de democracia hablamos, la democracia que esgrimen los cooptados por el señorialismo oligárquico, es un “kratos” sin “demos”; es decir, un poder exclusivo para quienes conspiran y socavan constantemente la posibilidad de un país de iguales y de democracia amplificada. Mientras vociferan a los cuatro vientos la presunta “dictadura que vivimos en los 13 años del MAS”; en apenas 8 meses de gobierno golpista, se dieron la tarea de instaurar la verdadera dictadura que temían tanto los incautos citadinos clasemedieros movilizados en contra del “caudillo populista”.

En noviembre del año pasado ya cobraron los fascistas su insana sed de muerte, y frente a la actual movilización popular (otra vez totalmente indefensa), vuelven a amenazar soberbiamente con todos los poderes coercitivos y, además, escudados por el bloque civil de reclutamiento oligárquico que todavía pueden congregar (aunque ya en menor medida pero magnificados por los medios de comunicación y/o propaganda de la dictadura).

Por eso el pueblo ha ido comprendiendo y decantando su movilización en la amplificada e irrenunciable petición de renuncia del gobierno golpista en su conjunto. Porque precisamente esa es la única garantía de una verdadera “recuperación democrática”.

Los acuerdos que se lograron entre la Asamblea legislativa y el Tribunal Electoral, sobre el supuesto blindaje legal para asegurar comicios electorales hasta el 18 de octubre, ya no constituyen garantía, desde la conculcación del Estado de derecho que se produjo, una vez violentada la Constitución en esa supuesta “sucesión constitucional” que se inventaron para legitimar el golpe de Estado de noviembre de 2019.

No vivimos en un Estado de derecho, sino en una “anomia estatal” que, según la ley del más fuerte, ha convertido a Bolivia en una tierra sin ley ni derecho alguno. Creer que, en esas condiciones, es posible una “elección democrática”, es pecar de ceguera política.

La ficticia “sucesión constitucional” se produjo entre bambalinas y con actores hasta foráneos injerencistas, como la embajada brasilera, la CIA, la Unión Europea, la Iglesia Católica, además de partidos de derecha y ejecutores del golpe que después fueron gobierno, en instalaciones de la Universidad Católica, en La Paz. Ellos instauraron este disparate de gobierno que lo comandan inadaptados sociales cuya patología racista es sólo comparable al nazismo, al ku klux klán y al sionismo actual.

La dictadura, una vez cooptados todos los órganos estatales (a excepción de la Asamblea Legislativa, que vive en continuo hostigamiento), también aseguró su presencia indefinida, poniendo como cabeza del Tribunal Electoral a un individuo ligado a la CIA, por mediación de la USAID. Es decir, se encargaron ya de reordenar todas las Cortes Electorales nacional y subnacionales para montar el verdadero fraude que tanto imputaron al gobierno anterior y hasta ahora imposible de demostrarse fehacientemente (ni siquiera la versión burlesca de la cómplice golpista OEA).

Sólo la pérdida de credibilidad y las repugnantes develaciones inmediatas de corrupción, nepotismo y robo maniático de los golpistas, hizo que fuesen aplazando las elecciones, por el rechazo creciente a la candidatura de la autoproclamada en las encuestas nacionales; sumado a ello, la acumulación creciente de preferencia electoral por parte del MAS (lo cual ya devela la falacia derechista de impugnar al gobierno anterior lo anti-democrático que, en realidad, representa la dictadura actual).

En ese contexto, la oligarquía sabe que “democráticamente” no puede continuar en el poder; esa es la razón por la que, amparándose, como es su costumbre, en poderes foráneos y, sobre todo, en el poder imperial (que compró a la antipatriota cúpula militar y policial), provoca ella misma una guerra civil.

Esa era la apuesta del golpe cívico-prefectural del 2008 y que buscaba, de modo abierto, la balcanización de Bolivia, y que, hoy en día, sobre todo con la presencia del separatista Marincovic, como “ministro de planificación” de la dictadura, se vuelve a activar.

Por eso el pueblo, desde las propias bases –en esa acumulación de memoria histórica del movimiento nacional-popular–, demanda la renuncia innegociable de todo el gobierno golpista. Porque no existe ningún ápice de confianza democrática en un orden impuesto al servicio de los intereses más antinacionales del país. Todas las apuestas electoralistas, en que también cae el propio MAS, no toman en cuenta de que no estamos en “condiciones normales” y que, quienes les sacaron vía golpe de Estado, es decir, de modo violento, jamás aceptarán devolver el poder de modo democrático (si por actuar “políticamente correctos” ante la opinión pública nacional e internacional, creen que recuperar la democracia pasa por la aceptación de las reglas impuestas desde la Embajada gringa, significa que no sólo han perdido visión política sino que sus cálculos carecen de toda objetividad). El conflicto no es coyuntural sino que ha despertado, otra vez, la contradicción histórica no resuelta (y que el MAS tampoco supo resolver) entre la nación y la anti-nación.

El “indio convertido en multitud” fue lo que despertó el miedo, junto al desprecio del señorialismo oligárquico (que hace también nido en la clase media urbana, en ese ficticio “mestizaje” que ostenta el boliviano que persiste en “argumentar contra sí mismo”), del “volveré y seré millones”. Por eso el rechazo vehemente al Evo y su frase de “hemos venido a quedarnos por 500 años”. Eso fue lo que prendió los acentos de desprecio y odio oligárquico (basado en ese su “juramento de superioridad sobre los indios”) y amenazó definitivamente la continuidad de esa oligarquía como inmerecida elite política.

No se trataba de que “alguien” se quede con el poder eternamente (esa fue la “leyenda urbana” que se inventaron los medios), sino que el único garante de la presunta superioridad criolla-blanca-señorial –el indio en cuanto su oprimido “inferior”– se atreva a disputarle para siempre su condición de elite dirigencial del Estado. Porque la oligarquía se acostumbró a transferir al indio todas sus miserias, podredumbres, taras y complejos, haciendo de éste el perfecto “chivo expiatorio” sobre el cual descargar toda su mendicidad hereditaria de un país rico condenado al beneficio foráneo.

Que el indio, en la presencia del Evo, les haya demostrado mayor eficiencia y logrado, además, el inédito despegue económico de Bolivia; mostrando de ese modo la total inutilidad de la casta oligárquica, fue lo que enervó el desprecio señorial y se tradujo en odio desencarnado; que es lo que se devela ahora como única plataforma (in)moral que ostenta el conservadurismo más rancio de una “ciudad letrada” que es la que, en realidad, ostenta la ignorancia que tanto impreca al campo.

El componente racista de una clasificación social que cree “natural” el citadino, es lo que activa la última resistencia señorialista en contra de la misma nación que dice “amar”; por eso la casta patrocinadora del racismo urbano, representado ahora por la oligarquía cruceña (siendo su portavoz el “Comité Cívico pro Santa Cruz”), no renuncia incluso a cercenar el país que nunca mereció dirigir y al cual nunca tampoco jamás consideró como “propio”.

Ahora el pueblo confluye, desde todos los rincones y todos los extremos, para mostrarnos lo que define a “un pueblo en tanto que pueblo”. Frente a cualquier pacto o negociación nos señala que no se puede negociar la vida, menos cuando ésta es la que se encuentra seriamente amenazada por la presencia de lo más espurio de la derecha oligárquica hecho gobierno ilegítimo.

Hoy es el gran cabildo de El Alto y se reúnen todos los tiempos y todos los siglos; desde las 20 provincias de La Paz, llegaron todos los pueblos, los ayllus, los suyus y las markas, para señalarnos y enseñarnos el camino. Si el pueblo, en la retórica política de la izquierda, es el depositario del poder político, entonces es hora que eso ya no sea más discurso sino sea efectiva fidelidad al poder popular.

La única garantía de recuperación democrática es la dirección popular unificada que está sucediendo histórica y efectivamente hoy. Por eso el interés desmedido de la derecha (y sus medios) en provocar divisiones, desencuentros y desacuerdos. La lucha nunca ha sido homogénea sino analógica; no todos caminan al mismo ritmo, incluso en sus demandas, pero todos, desde las propias bases están configurando la decantación de la toma de autoconsciencia de que nos estamos jugando históricamente el destino nacional.

Si la dictadura hubiese ya triunfado, eso iba a significar, por lo menos, otro medio siglo de aplazamiento en el desarrollo del poder popular. Pero el pueblo recuperó la lucidez que le hizo ser sujeto del proceso constituyente, y los propios ancestros (de toda nuestra historia ausente en la miopía de los historiadores) le han devuelto, otra vez, la “unción democrática y revolucionaria”. Es hora de frenar definitivamente el atrevimiento fascista-oligárquico de balcanizar Bolivia, y que eso coadyuve al avance definitivo del poder popular como poder instituyente y constituyente.

Por ello la sabiduría popular no ve –como lo hace la visión inmediatista e instrumental del razonamiento político– las elecciones como un fin en sí mismo o como el summum de la democracia. Las elecciones abren posibilidades, como también las cierran. Son un ejercicio democrático pero no la democracia misma. Cuando son hechas a la medida de una democracia acorde al mercado, es decir, al neoliberalismo, el voto puede ser lo más engañoso (como lo es toda encuesta manipulada). Por eso, el verdadero “kratos” de la democracia no es una elección (que es siempre contingente) sino el ejercicio constante del poder popular.

Una elección no se define como “democrática” por su sola realización sino por todo aquello que la hace posible. En ese sentido, sólo una verdadera “recuperación democrática”, podría asegurar unas elecciones creíbles y donde se pueda recuperar, de nuevo, la “unción democrática” de un pueblo que fue objeto de una usurpación fascista que, no sólo pretendió arrebatarle su espíritu democrático, sino incluso cercenarle su propia capacidad histórica.

Pero el pueblo boliviano tiene, en su memoria inmediata, el haber expulsado al último gobierno neoliberal, el 2003, en la llamada “guerra del gas”; y tiene, además, en su memoria larga, el haber resistido siglos de conquista y colonia y nunca haber capitulado ante el enemigo invasor, ahora actualizado como elite colonizada.

Ahora asciende históricamente, en esta hora decisiva, con toda una acumulación de siglos y puede, por ello, despertar la pesadilla oligárquica del “indio hecho multitud”, del “cerco hecho escuela política”, de “la marcha hecha escuela histórica”. La historia vuelve sobre sí y anuncia un nuevo “cerco histórico” para mostrarnos dónde está la verdadera ignorancia, la anti-nación, el anti-patriotismo de una casta que siempre embaucó a sus subalternizados con sus propias miserias coloniales.

“Cercar” a esta casta y su “espacio vital” significa, en la lucha popular, la abreviación de su nefasta transmisión social. Por eso lo expansivo del poder popular es su irradiación histórica de carácter trascendental. Todos los tiempos se hacen presente en el Pachakuti, porque todos los tiempos demandan reparación histórica, desde los pasados negados hasta los futuros no cumplidos o los porvenires no alcanzados. Todos demandan redimirse cuando el presente se propone constituirse en la redención de toda nuestra historia. Por eso el pueblo asciende en su unificación desde todo su pasado en cuanto acumulación histórica. Por eso despierta una sabiduría de profunda densidad que le permite interpretar el presente a la luz de todos los tiempos.

No se trata de una elección más, tampoco de un cambio gubernamental, sino de originar un nuevo y definitivo “proceso constituyente” que, ahora sí, se proponga el desmontaje sistemático del carácter señorial, oligárquico, liberal y estructuralmente colonial del Estado boliviano. Y eso es precisamente lo que la dictadura pretende reponer, mediante el ejército y la policía y su bloque fascista urbano. Añoran la república, donde eran patrones de un Estado convertido en su finca privada. Entonces, “recuperar la democracia” es tarea urgente e ineludible desde que fue asaltada de modo fascista, en el golpe de Estado.

En ese sentido, las dirigencias deben saber ponerse a la altura histórica que el pueblo ha alcanzado. Es el tiempo de los pueblos. En plena cuarentena global que han desplegado los poderes facticos para imponer un siniestro “nuevo orden” de control explícito de la vida de la humanidad.

En Bolivia se puede ver cómo, los supuestos heraldos del discurso en “defensa de la vida”, son quienes, por el contrario, siembran muerte y dolor sin miramientos. El capitalismo moderno se expande en esa misma retórica y, sin embargo, a lo único que nos conduce es al fin de la vida misma. Por eso el “grito del sujeto” se constituye en el grito de la vida misma ante una economía de la muerte y una forma de vida que es, en realidad, una sistemática forma de producir muerte.

Ese ese el mundo moderno que, en boca de sus nuevos “cruzados” (como son los fascistas renacidos en el racismo urbano) llaman “bestias” a quienes les alimentan, les crían y hasta les brindan cultura e identidad; ese desprecio de la ciudad al campo es lo que el mundo moderno ha impuesto como falacia civilizatoria y que ahora se desencubre como la barbarie moderna misma del supuesto “civilizado”.

Por eso el cabildo de El Alto, decidió darle continuidad al Estado de rebelión. Porque el pueblo no capitulará su vocación democrática; cuya fortaleza emerge desde las bases mismas que han interpelado hasta a su propia representación. El mal cálculo de la Asamblea Legislativa, con mayoría del MAS, hizo pecar a la misma COB y al Pacto de Unidad. En las otras regiones los “auto-convocados” y las organizaciones populares, campesinas e indígenas, han asumido una lucha “hasta la renuncia del gobierno golpista”. Y esa es la prueba irrefutable que anula, por completo, la difamada calumnia gubernamental, mediática, cívica y patronal de que los movilizados son “ovejas pagadas y manipuladas por Evo”.

Para acabar este manifiesto. Los golpistas fascistas y racistas, parecen Nerón y la elite imperial romana refiriéndose a los cristianos originales de su tiempo. El desprecio aristocrático al pueblo tiene esa tradición (desde Cicerón hasta Kisisinger) en toda la historia de Occidente. Y el cristianismo ya imperializado, desde Constantino, el 325, no escapa a ello; es ese cristianismo el que llegó, en 1492, con la cruz y la espada, para imponer esa nueva creencia a sangre y fuego, desatando un genocidio que no ha cesado hasta el día de hoy.

Por eso en el golpe, los nuevos “cruzados” fascistas, meten a la Biblia que nunca había salido de Palacio y pretendieron sacar a la PachaMama, que es la fuente de donde procede la vida misma. Tamaño oscurantismo sólo puede provenir de una cultura de la muerte, travestida como “religión del amor”.

Para terminar de desencajar a los supuestos cristianos que apoyaron el golpe y el nuevo genocidio que pretende la dictadura: las “buenas nuevas” o “evangelio”, no fueron dadas a los ricos sino a los pobres y, precisamente, de ellos, “será el reino de los cielos”; porque Dios “escogió a los débiles para vencer a los poderosos y soberbios”, y “escogió a los ignorantes para confundir a los sabios y arrogantes del mundo”. Este año se cumplen 49 años del golpe de Estado de Hugo Banzer. Golpe que fue la respuesta oligárquica contra la “Asamblea Popular”, que promovió la última generación de militares patriotas al mando del general Juan José Torrez.

Cuando vino el Mesías, vino a anunciar el año del Jubileo, es decir, el año 50, donde todo vuelve a su origen: los esclavos son liberados, las deudas perdonadas, la tierra vuelve a sus dueños originales y la justicia de los cielos se derrama sobre la tierra. Estamos en las vísperas del Jubileo, donde retorna el Mesías, pero ya no como individuo sino como pueblo. Ese es el tiempo mesiánico o Pachakuti. Donde se redime toda la vida. Y tiene al pueblo como el enviado en esa tarea para que la tierra pueda albergar la presencia divina. Porque lo divino sólo puede habitar entre nosotros, cuando ser humano y naturaleza, hijos e hijas y MadreTierra, puedan convivir en paz y justicia.

Por eso: Invocamos a todos los Ancestros, desde la Antigüedad más Sagrada, hasta nuestros mártires, que ya heredaron la Tierra Nuestra. Demandamos Su presencia en esta hora decisiva; porque todos los siglos son ahora.

¡Jawilla! ¡Jawilla”. Nina Achachila, Awicha Inal Mana, PachaMama, PachaTata, que nuestra pueblo reciba la unción de la qamasa y la ch’ama de nuestros Abuelos y Abuelas. Nosotros somos la única razón de la existencia de Ustedes. Si el pueblo perece, perecerá la memoria Suya y la historia nuestra, perecerán nuestros muertos y nuestra semillas. ¡Restituyan el ajayu del pueblo! ¡Jallalla Boliviamanta!

Por Rafael Bautista

Publicado el: 19 agosto, 2020 

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El CELS denunció al gobierno de facto de Bolivia ante la ONU por las masacres de Sacaba y Senkata

A nueve meses de la represión que provocó 21 muertos y alrededor de 200 heridos 

La denuncia acusa al gobierno de Jeanine Áñez de cometer ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos. La violencia en las calles continuó en los hospitales y se extendió incluso a los cortejos fúnebres.

 

A nueve meses de las masacres de Sacaba Senkata , el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció al gobierno de facto de Bolivia ante las Naciones Unidas por presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos. La abundante evidencia recolectada da cuenta de que, en ambos territorios, las fuerzas armadas y policiales reprimieron salvajemente las protestas contra el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. El saldo fue de 21 víctimas fatales y alrededor de 200 heridos. La violencia en las calles continuó en los hospitales: en los dos hechos calificados como masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los heridos y familiares fueron acosados y humillados por policías y por el mismo personal de salud. El dispositivo represivo dispuesto por el Estado llegó al límite grotesco de arrojar gases lacrimógenos contra el cortejo fúnebre de los familiares de las víctimas que bajaba del Alto en dirección a La Paz. 

"La denuncia del CELS, el Centro Europa-Tercer Mundo, la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia, la Red Andina de Información y la Red Universitaria de Derechos Humanos se presentó el 10 de agosto. Hace una cronología de los hechos de las masacres de Sacaba y de Senkata a partir de un amplio conjunto de evidencias", asegura Camila Barretto Maia, coordinadora de Trabajo Internacional del CELS. "Hay evidencias contundentes sobre la responsabilidad estatal en las ejecuciones y graves lesiones ocasionadas a manifestantes y, como en el caso de Senkata, a muchas personas que simplemente transitaban por una zona de mucha circulación", agrega Barretto Maia en diálogo con Página/12.

Ambos episodios se enmarcan en el contexto de las protestas de los días posteriores al golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 y la asunción, dos días después, de un gobierno de transición encabezado por la exsenadora Jeanine Áñez. Un día antes de la masacre de Sacaba, el 14 de noviembre, Áñez dictó el Decreto Supremo 4078 que le otorgaba inmunidad a las fuerzas de seguridad para garantizar el "reestablecimiento del orden" en las calles. El 15 de noviembre, el mismo gobierno de facto emitió el Decreto 4082 que asignaba 42,7 millones de pesos bolivianos (6,16 millones de dólares) para equipar a los militares. El terreno se había sembrado para lo peor.

Sacaba

La cacería desatada sobre esta populosa ciudad de Cochabamba tuvo lugar el 15 de noviembre de 2019 y dejó un saldo de al menos 10 muertos y 120 heridos. Las seis Federaciones del Trópico habían decidido marchar a la ciudad de La Paz en protesta por la quema de la wiphala, la persecución a la mujer de pollera y exigiendo el retorno de Evo Morales. La movilización, que hasta ese momento era pacífica y estaba encabezada por mujeres con hijos, empezó a ser reprimida con una violencia inusitada. "Las fuerzas estatales contaban con el apoyo de al menos una tanqueta y un vehículo Neptuno que sirve para dispersar manifestantes con agua, además de un avión de guerra y varios helicópteros que sobrevolaban a baja altitud", expresa parte de la denuncia del CELS a la que accedió este diario.

"La versión oficial del gobierno de facto en los momentos inmediatamente posteriores a la masacre fue una versión completamente fantasiosa. Impulsaron la tesis de que los manifestantes se habían matado entre ellos porque tendrían disparos en sus espaldas”, afirma Barretto Maia. Pero los resultados de las pericias balísticas arrojaron la presencia de fusiles de reglamento de las fuerzas armadas (FAL) presentes en el día del operativo. La gran cantidad de heridos provocó que los hospitales de la localidad se vieran colapsados, lo que significó una nueva pesadilla para los heridos y sus familiares.

Senkata

El martes 19 de noviembre de 2019, el gobierno de facto le ordenó a las fuerzas armadas y a la policía que rompan el bloqueo a la planta de gas envasado ubicada en la localidad de Senkata. Luego de negociar con quienes mantenían el corte, las fuerzas militares y policiales consiguieron, a través de un operativo cinematográfico que incluyó un convoy de 49 camiones cisterna, transportar combustible y garrafas de gas para abastecer a las ciudades de La Paz y El Alto. Aún habiendo cumplido con el objetivo principal, las fuerzas militares y policiales resolvieron ocupar la planta y reprimieron con gases y balas de plomo a los manifestantes que intentaron retomar el bloqueo.

"Numerosos testimonios coincidieron en que las fuerzas estatales estaban manteniendo personas detenidas en el interior de la planta", aporta la denuncia presentada por el CELS y otros colectivos de derechos humanos. La versión de que los manifestantes usaron explosivos, a su vez, nunca fue demostrada. "Acusaron de terroristas a los manifestantes por haber derribado un muro que da acceso a la planta, y aseguraron que las fuerzas armadas no habrían realizado ni un solo disparo. Pero no solo han habido disparos de las fuerzas de seguridad sino que fueron disparos masivos e indiscriminados contra personas que no representaban ninguna amenaza", explica Barretto Maia. El saldo fue de 11 muertos y 72 heridos.

Tanto en Sacaba como en Senkata, los problemas no terminaron luego de la represión de las fuerzas estatales. Según testimonios recogidos en los centros de salud, las víctimas con heridas graves fueron hostigadas por médicos y enfermeros. "Familias productoras de coca, de bajos ingresos, viven hace nueve meses con mucho dolor y la estigmatización permanente del gobierno autoritario que los tilda de narcoterroristas. Los dirigentes son perseguidos políticamente. Viven en temor permanente de represalias estatales y de grupos paramilitares motoqueros y pasan hambre", asegura Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información y también parte de la denuncia presentada ante la ONU.

Las causas abiertas

A pesar de la dudosa versión sostenida por el gobierno de facto, hay dos causas abiertas por las masacres: una en la fiscalía de Sacaba y otra en la ciudad de El Alto. "La causa de Sacaba al principio incluía una denuncia contra manifestantes que se archivó por falta de pruebas, y consiste en la investigación por homicidios y graves lesiones a los manifestantes", detalla Barretto Maia. En ese caso se llegaron a hacer pericias balísticas en el lugar de los hechos. "Tenemos información extraoficial de que este estudio habría comprobado que el origen de los disparos era el puente donde se encontraban las fuerzas de seguridad, pero el informe nunca se hizo público ni se sabe de qué manera permitirá determinar responsabilidades porque no hubo avances en la causa", añade la coordinadora del área internacional del CELS.

En Senkata la situación es aún peor porque ni siquiera se hizo un informe balístico ni se reconstruyeron los hechos. "Las fuerzas armadas se niegan a compartir con la fiscalía información sobre los operativos planificados, sus comandantes, las unidades movilizadas y el armamento que portaban", aporta Barretto Maia. "A nueve meses de la masacre no hay justicia ni reconocimiento de los asesinatos por parte del Estado", afirma por su parte Ledebur desde la Red Andina. La denuncia presentada días atrás es, en ese sentido, concluyente: "La comunidad internacional debe seguir exigiendo verdad y justicia para las víctimas de Sacaba y Senkata y hacer un seguimiento de la situación de los derechos humanos hasta el restablecimiento de la democracia en el país".

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EEUU, UE y Grupo de Lima desechan a Guaidó: De "Presidente Encargado a titular de la Asamblea Nacional"

15.08.20 - A casi dos años del apoyo a Juan Guaidó, Estados Unidos, junto a sus organizaciones satélites de la Unión Europea y el Grupo de Lima, dejaron por sentado su distanciamiento del líder ultraderechista en un comunicado publicado el viernes.

Guaidó pasó de «presidente encargado de Venezuela» a un simple «titular de la Asamblea Nacional». Así lo refirió el autoproclamado Grupo de contacto en el comunicado de este viernes, reflejando un notable cambio discursivo, cuando desde enero del 2019, el líder fue reconocido (sin comicios, ni consultas) como presidente de Venezuela para toda la comunidad internacional, aliada a los planes injerencistas de las potencias occidentales.

Desechar a Guaidó ya era evidente luego que el exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU. revelara el pasado junio en su libro titulado The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde sucedió: un recuerdo de la Casa Blanca), que el presidente de EEUU, Donald Trump, apenas 30 horas después de mostrarle su respaldo a Guaidó, le preocupaba que el líder opositor pareciera débil, “un niño», en comparación con el «duro de Maduro”, por lo que consideró cambiar de estrategia.

Trump, reconoció públicamente a través de una entrevista concedida a Telemundo el pasado mes de julio, que «Guaidó parece estar perdiendo el Poder».

El fracaso de Guaidó al no poder concretar los diferentes planes golpistas que lideró contra el presidente constitucional Nicolás Maduro, fueron la crónica de una muerte anunciada de su andar político, tanto por las vías democráticas, como por las vías injerencistas propias del gobierno estadounidense.

Después de dejar la puerta abierta para que Reino Unido y EEUU se apoderarán de activos esenciales para la salud, alimentación, educación y demás necesidades primarias del pueblo venezolano. Esos mismo que lo aplaudieron y celebraron, hoy lo bajan de su trono mediático, voluble y ficticio.

 

Por, Aporrea, domingo 16/08/2020

 

 

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El fiscal general venezolano, Tarek William Saab. Foto tomada de @MinpublicoVE.

Dos estadounidenses fueron condenados a 20 años de cárcel en Venezuela, acusados por terrorismo, entre otros delitos, por una fallida incursión armada al país caribeño en mayo pasado, informó el fiscal general, Tarek William Saab.

Luke Alexander Denman, de 34 años, y Airan Berry, de 41, "admitieron haber cometido delitos" de "conspiración, asociación (para delinquir), tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo", condenados a "pena de prisión de 20 años", publicó Saab en Twitter sobre la medianoche del viernes.

El funcionario difundió en esa red social fotografías de vehículos, armamento y documentos de identidad.

Denman y Berry se encuentran entre decenas de detenidos por una incursión armada por las costas del norte de Venezuela, que el gobierno de Nicolás Maduro dijo haber frustrado el 3 de mayo, con saldo de al menos ocho muertos. Caracas asegura que la operación tuvo apoyo de Estados Unidos y la vecina Colombia.

El plan, según el gobierno de Maduro, buscaba la "captura, detención y remoción" del mandatario socialista y la "instalación" de Juan Guaidó, líder parlamentario opositor reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos.

Guaidó fue acusado de haber contratado a "mercenarios" con fondos bloqueados por las sanciones de la Casa Blanca contra Venezuela y su estatal petrolera PDVSA.

El gobierno de Maduro sostiene que el líder parlamentario opositor firmó para ello un contrato con una empresa privada de seguridad y defensa llamada Silvercorp USA.

Denman y Berry, según la acusación, pertenecían a esa compañía, fundada por el militar retirado estadounidense Jordan Goudreau, un ex boina verde.

Un asesor de Guaidó, que posteriormente renunció, reconoció en una entrevista con CNN haber firmado un contrato con Silvercorp, pero aseguró que fue un acuerdo "exploratorio" y que no se le dio luz verde a una operación en Venezuela.

8 agosto 2020 

(Con información de AFP)

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Elon Musk

El multimillonario sudafricano justifica los golpes de Estado para controlar recursos naturales como el litio en Bolivia. Y, sin embargo, mantiene su imagen de hombre clave para la transición ecológica

 

Elon Musk, el magnate de Tesla, SpaceX o Paypal, soltó hace unos días una verdadera bomba en Twitter, donde cuenta con más de 37 millones de seguidores: “Daremos un golpe de Estado a quien queramos, asúmelo”, le espetó a un internauta desconocido en un tuit que, cosa muy rara en él, ha borrado. El intercambio de pareceres era referente al derrocamiento de Evo Morales en Bolivia hace menos de un año. El país con mayores reservas de litio del mundo. En ese periodo de tiempo, las acciones de Tesla, una compañía que depende del llamado oro blanco para la producción de baterías, han subido alrededor de un 500%. Musk posee cerca del 20% del capital. Una frase que viene de maravilla para explicar este complejo tema con ramificaciones económicas y geopolíticas, la dijo él mismo, el flamante séptimo hombre más rico del planeta: “Está bien poner todos los huevos en una canasta, siempre y cuando uno controle lo que pasa con esa canasta”. Antes de borrar el tuit, aclaró que Tesla consigue el litio en Australia, aunque allí las reservas son mucho más exiguas. 

Parece una tontería, ¿no? No es para tanto. ¿Quién no ha explotado alguna vez en redes sociales? A él ya le ha pasado varias veces. Como cuando dijo en marzo que temer al coronavirus era una tontería, o cuando desafió al cierre de su planta en California y pidió que si arrestaban a alguien, que fuera sólo a él. El empresario sudafricano tan afincado en Sillicon Valley que casi podría creerse que lo preside tiene serios problemas para contenerse. En septiembre de 2018 tuvo que abandonar la presidencia de Tesla durante tres años y pagar una multa millonaria (35 millones de euros) debido a una investigación abierta por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) tras unos tuits de principios de agosto en los que anunció que estaba planteándose que la empresa dejará de cotizar en bolsa. El organismo regulador consideró esos mensajes como un fraude para los inversores.

Quizá Musk pretende aparentar fortaleza para disfrazar sus debilidades. Y por eso, es un símbolo tan perfecto de este capitalismo agonizante, es el producto lógico de un sistema diseñado para poner los beneficios económicos en primer lugar y que se basa en la apariencia de éxito. 

El millonario tiene también un carácter explosivo, que le ha hecho formar parte de la cultura pop. Apareció en Big Bang Theory, ha sido dibujado para South Park y los Simpsons, y hasta hizo un cameo en la película Iron Man.

No se puede negar que es un genio. Lo que no está tan claro es de qué tipo. Proveniente de una familia privilegiada en la época del apartheid, el debate sobre si es un superhéroe de nuestros tiempos o, más bien, el malo de la película crece en intensidad a cada tuit polémico que publica y a cada propuesta descabellada que sale de su cabeza. Uno de esos momentos que más le acercan a la posición de villano loco es cuando propuso bombardear nuclearmente los polos de Marte para hacer su clima más habitable. Como para fiarse de un tipo con esas ideas para llevar adelante los proyectos de neurociencia que pretende su empresa Neuralink. ¿Superhéroe o supervillano? Él mismo quizá te pueda ayudar a decidirlo.  

Que uno de los diez hombres más ricos del planeta, modelo para muchos que se llaman emprendedores, y supuesta clave en la transición energética – a acometer sí o sí en un planeta de recursos cada vez más finitos– diga claramente que apoya que se organicen golpes de Estado para apoderarse de recursos de países como Bolivia, no debería ser pasado por alto. ¿Qué es el ecofascismo, Elon Musk? El ecofascismo eres tú. 

Pero no, él es el idolatrado hombre que nos llevará a Marte después de salvar la tierra en coche eléctrico cero emisiones. Seguro que habrá sido una broma, argumentan algunos de sus seguidores. En el caso de que así fuera, algo poco creíble, sería la broma de más mal gusto posible si tenemos en cuenta el historial de golpes de Estado financiados por EE.UU. en su patio trasero, América Latina. Y si además pensamos que el autor del chiste fue incluso asesor de Donald Trump y se codea con los halcones, cuervos, y buitres de la política mundial, poca broma. En su defensa podemos argumentar que al menos dejó de colaborar con el presidente norteamericano cuando Trump abandonó el acuerdo de París en 2017. Pero esa no es defensa suficiente. 

Y no puede olvidarse que, bajo la presidencia ‘interina’ de Jeaninne Áñez –la misma que recomendó rezar y ayunar para vencer a la pandemia–,  Bolivia ha vuelto a abrir la puerta a empresas estadounidenses, vetadas por el gobierno de Evo Morales, quien antes de ser destituido y exiliado, tras una acusación de fraude electoral, que cada vez está más claro que no existió, negociaba con empresas alemanas y chinas la explotación del litio del país para que parte de los beneficios redundaran en el pueblo boliviano.

Además, hay otro factor que daría para un análisis más pormenorizado, el tema ya mencionado de la cotización de las acciones. ¿Es Tesla una de las mayores burbujas de la historia? La compañía no ha conseguido beneficios anuales desde su fundación pero acaba de sobrepasar a Toyota como la empresa con más valor de mercado del sector automovilístico. Aquí tampoco podía faltar un tuit de su dueño: en mayo señaló que le parecía que el precio de sus acciones era muy alto –en ese momento estaban en 780 dólares– y cayeron más de un 10% en un solo día. Dos meses después han estado por encima de los 1.700. Y si hay algo que da valor a la compañía son sus baterías, las mejores del mercado, las que más autonomía dan. Su principal activo, más allá de marketing o expectativas. Y las baterías están hechas con litio.

El tema del oro blanco boliviano es muy complejo. Se parece al caso del poco rentable petróleo extra pesado de Venezuela. Bolivia tiene una gran cantidad de reservas de litio, de momento las mayores conocidas, pero las condiciones atmosféricas de Bolivia –llueve más que en Chile o Argentina–  y la cantidad de magnesio que hay que depurar hacen menos provechoso el recurso que el que hay en otros lugares. No obstante, al litio le llamaron oro blanco por algo. Y como ocurrió con el negro, allí donde encontraron petróleo, u otros recursos clave, como el gas o el uranio, llegaron los problemas, o peor, las “guerras por la paz”. Salvo que seas una de las potencias que las ocasiona, claro. Que Bolivia y Venezuela se parezcan también en los frecuentes intentos por desestabilizar sus gobiernos no es casualidad tampoco. Por muchos defectos que Evo y Maduro tengan. Aunque no es posible explicar el interés en un cambio de gobierno sólo por el litio; en Bolivia hay otros recursos como gas natural o petróleo. En última instancia se trata de controlar bienes y lugares estratégicos para evitar que caigan en manos equivocadas por si la eficiencia de la extracción aumenta o el mercado evoluciona.

El capitalismo está entrando en una fase de cambios que puede ir hacia posiciones ecofascistas como la que abandera el accionista mayoritario de Tesla. Decía Walter Benjamin: “Nada ha corrompido tanto a los obreros alemanes como la opinión de que están nadando con la corriente. El desarrollo técnico era para ellos la pendiente de la corriente a favor de la cual pensaron que nadaban”. El ecofascismo simplemente es la respuesta del capitalismo al problema de la escasez. Su única mutación posible en un mundo de recursos cada vez más escasos si seguimos abrazando el mito del progreso y la religión del eterno crecimiento. Una religión que exigirá también crecientes sacrificios. Progresar en la dirección equivocada –hacia Marte, por ejemplo, cuando tu planeta lo que necesita es que se reduzca la huella ecológica– es mucho peor que quedarse quieto y cuidar del suelo que pisas y te alimenta.  

Por Juan Bordera 4/08/2020

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Juan Carlos Huarachi: "El pueblo boliviano se moviliza pidiendo el respeto a la democracia"

Entrevista al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB)

En el inicio de la huelga indefinida contra la postergación de los comicios presidenciales, el líder sindical señaló que el régimen de Áñez solo busca "saquear, privatizar y vender los recursos naturales". 

 

Bolivia arrancó una semana agitada con una huelga indefinida y bloqueos en distintos puntos del país contra la decisión del gobierno de postergar las elecciones generales. La Central Obrera Boliviana (COB) y las organizaciones de base que componen el Pacto de Unidad exigen que los comicios sean el próximo 6 de septiembre y no el 18 de octubre como anunció el Tribunal Supremo Electoral con la excusa de que el pico de contagios de coronavirus coincidiría con esa fecha. El núcleo de las protestas estuvo en la ciudad de El Alto, en Cochabamba y en Oruro. También se registraron bloqueos en los departamentos orientales de Santa Cruz y Beni.

Juan Carlos Huarachi es el secretario ejecutivo de la COB y una pieza clave de este y otros reclamos de los castigados trabajadores bolivianos. Antes de ocupar ese cargo, Huarachi fue dirigente del sindicato de trabajadores mineros de Huanuni y de la Central Obrera Departamental de Oruro. Siguiendo minuto a minuto y desde las calles el desarrollo de las protestas, Huarachi accedió a una entrevista con Página/12 en la que contó los detalles de esta jornada de "lucha por la democracia" y respondió a los sectores que critican a su federación por provocar un supuesto desabastecimiento. También calificó al gobierno de "fascista y dictador" y aseguró que su único interés pasa por "saquear, privatizar y vender" los recursos naturales del país.

- ¿Cómo se está desarrollando esta semana de protestas en todo el país?

- Recién es el primer día, esto es progresivo. Poco a poco la gente se está sumando y organizando a nivel nacional en varios departamentos y regiones. Hemos delegado también la responsabilidad en nuestro comité de huelga a nivel nacional, para que puedan coordinar las acciones en algunos puntos estratégicos del país. Como le digo, recién estamos empezando. Obreros, campesinos, clase media, sectores populares, en suma el pueblo boliviano se moviliza pidiendo el respeto a la democracia, porque hemos visto lamentablemente decretos del gobierno que van en contra de toda una población que ha venido pidiendo atención en salud, en educación, en el tema productivo y económico, un montón de demandas sociales que hasta la fecha este gobierno no ha atendido.

- Desde la COB expresaron que esta medida de fuerza se levantará si hay una respuesta favorable del gobierno. ¿Tuvieron algún tipo de contacto con las autoridades?

- No tenemos nada, ningún contacto. Habíamos establecido los plazos, por eso es que a partir de las cero horas del tres de agosto la gente ya se ha movilizado. Estamos esperando una convocatoria del gobierno porque los trabajadores creemos que estamos en nuestro derecho de hacer respetar las demandas socialesLejos de dar soluciones, el gobierno acaba de clausurar el año escolar sin dar ninguna explicación, habiendo varias alternativas propuestas por compañeros de la educación urbana y rural. Lamentablemente no ha aplicado ninguna de estas medidas y a través de un decreto cancela y cierra el año escolar, y eso hace que hoy más de 60 mil maestros del sector privado queden sin trabajo. 60 mil familias en las calles sin derecho a nada. El gobierno hasta la fecha no ha hecho conocer un protocolo para combatir el coronavirus, no hay un plan de contingencia para mitigar esta emergencia sanitaria por la que muchos bolivianos y bolivianas están perdiendo la vida. Hoy más que nunca se ha ido desenmascarando que este gobierno es un gobierno de facto, fascista y dictador.

- Ese mismo gobierno acaba de denunciarlo por supuestos delitos debido a las protestas de la semana pasada . ¿Cómo responde a esas acusaciones?

- Es importante que la comunidad internacional conozca que en Bolivia este gobierno de facto está persiguiendo a dirigentes sindicales y asimismo haciendo seguimiento con inteligencia. Nos han pinchado hasta los celulares para hacer un monitoreo de dónde estamos y cómo estamos. Están violando nuestros derechos humanos. Todos los dirigentes tenemos derecho a la protesta, a la huelga de acuerdo a la Constitución y a nuestros propios estatutos. Los dirigentes en este momento están amedrentados, pero aun así estamos trabajando y nos estamos organizando. Creemos que esta lucha es justa y en beneficio del pueblo boliviano.

- Algunas voces críticas sostienen que los bloqueos podrían provocar desabastecimiento en los sectores más postergados. ¿Tienen algún plan para evitar esa posibilidad?

- La instructiva que tienen nuestros compañeros en los puntos estratégicos de bloqueo es hacer pasar a las ambulancias como corresponde en tiempos de lucha. A su vez, no permitir el desabastecimiento es algo fundamental en este momento de crisis. También tenemos la instructiva para nuestros movilizados que deben cumplir con protocolos de seguridad: barbijos, alcohol desinfectante como corresponde. No somos irresponsables como dice el gobierno. Más bien la irresponsabilidad parte de ellos porque no han llegado a tiempo los insumos de bioseguridad, los respiradores, los laboratorios y hoy la gente está exigiendo eso.

- ¿Por qué cree que el gobierno de facto hace todo lo posible para dilatar las elecciones?

- Este gobierno de facto tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien. Pero hasta la fecha y no lo digo yo, lo dice el pueblo que es el juez y el soberano, se ha dado cuenta que no han cumplido con el mandato transitorio ni han convocado a elecciones nacionales de acuerdo a los plazos establecidos por ley y sancionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se han bañado en actos de corrupción. A nombre de la salud han comprado con sobreprecio los respiradores y así hemos visto que a nuestros tres subsistemas de salud no ha llegado nada, y a la fecha tampoco se aclaran estos actos de corrupción. También se han intervenido varias empresas públicas y estratégicas. Creo que el interés del gobierno es saquear, privatizar y vender nuestros recursos naturales. Ese es el tema de fondo, por eso suspenden las elecciones con argumentos falsos. En respuesta, el pueblo exige elecciones para volver a tener un gobierno demócratico en Bolivia. 

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La Central Obrera Bolviana dio 72 horas para que las elecciones vuelvan al 6 de septiembre

Movilización y ultimátum al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia

La principal entidad obrera de Bolivia dijo que si el TSE no vuelve para atrás con su decisión de postergar las elecciones, irán a una huelga indefinida. La medida entraría en vigor a partir del 3 de agosto.

La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a una cabildo abierto en La Paz para debatir la postergación de las elecciones decidida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Del encuentro participaron organizaciones sindicales y sociales de todo el país. El cabildo resolvió dar 72 horas al TSE para que de marcha atrás con la medida y vuelva a la fecha del 6 septiembre. De no hacerlo a partir del 3 de agosto habrá una huelga indefinida en todo el país, informó el Secretario Ejecutivo de la COB Juan Carlos Huarachi. La movilización continuó hasta el centro de La Paz. Además se replicó en varias regiones del país como Cochabamba y Potosí. Desde el gobierno de facto pidieron que la justicia actúe contra el candidato a presidente por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, por organizar una marcha en medio de la pandemia.

"¡Elecciones ya!"

La semana pasada el TSE había prorrogado por tercera vez los comicios presidenciales y fijó como nueva fecha el 18 de octubre. En respuesta a esta medida el movimiento obrero boliviano convocó a una movilización que tuvo como destino el centro de La Paz. Las jornada comenzó en la ciudad de Senkata, un lugar de alto valor simbólico . Allí el 19 de noviembre del año pasado el gobierno de facto llevó a cabo una feroz represión que dejó como saldo diez muertos, 65 heridos y decenas de detenidos. Al salir de Senkata la columna se movilizó hasta La Ceja. En ese lugar organizaron un cabildo abierto donde se discutió la postergación de las elecciones. El Secretario Ejecutivo de la COB manifestó su disconformidad con la medida. “Viendo las necesidades del pueblo como el problema de salud, la educación, la democracia, estabilidad laboral, la caída de la economía, estamos indignados y sorprendidos por las decisiones del TSE”, dijo el sindicalista al diario La Razón.

Luego de casi una hora de debates el Cabildo resolvió dar 72 horas al TSE para que de marcha atrás con el cambio en la fecha de las elecciones. De caso contrario indicaron que realizarán una huelga indefinida con bloqueo de caminos a partir del 3 de agosto. “Que el TSE se retracte y cumpla las elecciones del 6 de septiembre. (…). Es el pedido del pueblo, es el pedido de las bases para recuperar nuestra soberanía, nuestra dignidad. Basta de falta de respeto a la democracia. ¡Hasta la victoria siempre!”, arengó el secretario ejecutivo de la COB. El mitín se cerró al grito de “elecciones ya” para seguir rumbo a La Paz.

En defensa de la democracia

Luego de dos horas de caminata las columnas llegaron al corazón de la capital boliviana. La gran mayoría de las personas llevó barbijos. El Secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, recalcó la importancia de mantener la unidad del movimiento obrero. “Este gobierno se ha constituido en el peor error de la historia de Bolivia. Por lo tanto el pueblo merece reclamar sus derechos como lo estamos haciendo”, sostuvo el dirigente minero a el portal Periodistas por El Cambio. Además criticó la decisión unilateral del TSE de prorrogar las elecciones sin pasar por el Congreso. “Deben respetar el camino legal de pasar por la Asamblea Legislativa. Allí se tiene que promulgar una ley para modificar otra ley”, enfatizó Guitiérrez.

La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas también dijeron presente en la marcha. La dirigente de la organización “Bartolina Sisa”, Segundina Flores, remarcó que la marcha era en defensa de la democracia. “Hoy en día el pueblo está de pie para decir basta de humillación, de corrupción, de discriminación”, sostuvo la dirigente social. En Cochabamba, la tierra de Morales, se organizó otra marcha convocada por miembros de las Seis Federaciones del Trópico. También hubo movilizaciones en Potosí, Chuquisaca, y varias zonas del país.

Por su parte, el gobierno de facto buscó criminalizar la jornada de protesta. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, acusó al candidato presidencial del MAS y a los dirigentes sindicales por organizar la movilización en medio de la pandemia. "Luis Arce admitió que está detrás de esta movilización y, por tanto, a confesión de parte relevo de pruebas y tendrá que rendir cuentas sobre su decisión que tomó”, sostuvo el ministro. Por ese motivo pidió a la Fiscalía que actúe de oficio para procesar a los ciudadanos que planificaron el acto.

A su vez Morales denunció que durante la movilización miembros de las Fuerzas Armadas fueron trasladados a La Paz y el Trópico de Cochabamba. “Las FF.AA. no están para atacar al pueblo que defiende los recursos naturales, sino para defender la soberanía y la independencia”, escribió ex presidente en Twitter. En tanto que Arce sostuvo que el gobierno era el único culpable de la crisis sanitaria que vive el país. “La incapacidad del gobierno de facto pone en riesgo la vida de las y los bolivianos”, expresó el candidato a presidente. En tanto que su compañero de fórmula, David Choquehuanca, resaltó la organización de los sectores populares. “Solo con la unidad del pueblo boliviano recuperaremos el Estado de derecho, nuestra democracia, nuestra salud, nuestra educación, la esperanza y la estabilidad. ¡Jallalla los pueblos del mundo!”, resaltó el líder sindical aimara.


Ya son más de 70 mil los contagiados de coronavirus

Áñez decretó el estado de "calamidad pública" en Bolivia

Con esta medida pretende que el Banco Central de Bolivia (BCB) le apruebe un préstamo sin tener que pasar por la Asamblea Legislativa. Sin embargo la norma no establece el monto que requerirá a la arcas del Estado

El gobierno de facto de Jeanine Áñez decretó el estado de “calamidad pública”. Con esta medida pretende que el Banco Central de Bolivia (BCB) le apruebe un préstamo sin tener que contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa. Sin embargo la norma no establece el monto específico que requerirá a la arcas del Estado. En paralelo la pandemia del coronavirus sigue golpeando a Bolivia que superó los 70.000 casos confirmados. En las últimas 24 horas registró 1.752 nuevos contagios. Según el último registro del Ministerio de Salud local, Bolivia tiene 71.181 personas infectadas y 2.647 fallecidos.

En este contexto de contagios en alza, Áñez oficializó anoche el estado de “calamidad pública”. El gobierno de facto justificó la medida bajo la obligación de hacer frente a las necesidades ocasionadas por la pandemia. "Se declara calamidad pública en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, para la atención de necesidades impostergables de carácter económico ocasionadas por los efectos negativos del coronavirus", establece el Decreto Supremo 4301. La norma permite al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tramitar ante el BCB la concesión de un crédito en favor del Tesoro General de la Nación.

El decreto había sido promulgado el viernes 24 pero se divulgó el lunes. La medida se concretó luego de que Áñez intentara que la Asamblea Legislativa, en su mayoría integrada por el partido Movimiento al Socialismo (MAS), aprobara créditos previamente acordados con organismos internacionales. En especial uno de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI). El MAS rechazó el crédito ante la falta de información sobre el plan de pagos y el destino que se le dará a los fondos.

Respecto al avance del coronavirus, del total de casos registrados el martes la mayoría se detectó en La Paz: 623 positivos. Después de la capital le sigue Cochabamba, con 560 infectados, y Santa Cruz, con 281, todos en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la pandemia, las regiones más afectadas son Santa Cruz con 32.653 casos acumulados, mientras que La Paz suma 14.403 y Cochabamba, 8.104. Las previsiones del Ministerio de Salud establecen que el pico de contagios en los departamentos La Paz, Cochabamba y Chuquisaca llegue en octubre. En estas regiones la curva ascendente se demoró más que en Beni y Santa Cruz. Recientemente se sumó a la lista de positivos el alcalde del municipio de La Paz, Luis Revilla. "Mi esposa Maricruz y yo hemos dado positivo de la covid-19. Gracias a Dios estamos bien y casi sin ningún síntoma. Vamos a cumplir el protocolo y estaré aislado y trabajando desde casa hasta tener el alta médica. A cuidarse y por favor cumplan las medidas de distanciamiento social", publicó Revilla en su cuenta de Twitter.

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El Tribunal Supremo Electoral postergó para octubre la votación en Bolivia

La decisión fue tomada con la pandemia de coronavirus como excusa

Programados inicialmente para mayo y luego promulgados en septiembre por Jeanine Áñez, los comicios del 18 de octubre reemplazan a los del año pasado, anulados por denuncias de fraude que nunca fueron comprobadas.

 

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) postergó las elecciones generales que habian sido programadas para el 6 de septiembre y eligió como nueva fecha el próximo 18 de octubre en base a "consideraciones de orden científico, legal y sociopolítico". La decisión, anunciada este jueves por el presidente del TSE, Salvador Romero, obedece a informes elaborados por un Comite de Científicos que responde al gobierno de facto, y que señaló en los últimos días que la pandemia de coronavirus tendrá sus picos más altos a finales de agosto y principios de septiembre. Programados inicialmente para mayo y luego promulgados en septiembre por la presidenta interina, Jeanine Áñez, estos comicios reemplazan a los de octubre de 2019, anulados por denuncias de fraude impulsadas por la OEA que nunca fueron comprobadas, y que derivaron en el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales el pasado 10 de noviembre.

"Fruto de consideraciones de orden científico, legal y sociopolítico, en el ejercicio pleno de sus atribuciones, la exigencia de la ley de que el proceso electoral considere los parámetros científicos y cuente con suficientes medidas de seguridad de salud, el TSE ha resuelto fijar la fecha de la jornada de votación de la elección general el domingo 18 de octubre de 2020, con una eventual segunda vuelta el 29 de noviembre y una posesión de las autoridades en diciembre", señala la resolución leída por el presidente del TSE, Salvador Romero.

La autoridad afirmó que esa determinación no requiere del envío de un nuevo proyecto a la Asamblea Legislativa para avalar la nueva fecha del proceso electoral, ya que, según Romero, el Tribunal actúa en el marco de la ley y sus competencias constitucionales. "La fecha de la jornada de votación ha generado controversias ásperas que han dividido al país. Esta polémica, atípica en una revisión internacional, solo se explica por las latentes y graves polarizaciones que sufre la sociedad", agrega la resolución del TSE dada a conocer el jueves. 

La polémica decisión se dio a conocer luego de una serie de demandas de postergación por parte de distintos frentes políticos de derecha y movimientos ciudadanos. Incluso la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez se refirió al tema en las últimas horas al manifestar que espera que se pueda ir a las urnas cuando la población "no sienta peligro". 

Desde el Movimiento al Socialismo, el repudio a la decisión del TSE llegó a través del expresidente Evo Morales, que habló de un "nuevo golpe a la democracia". En su cuenta de Twitter, Morales dijo que la postergación de la fecha de elecciones solo provocará un mayor sufrimiento al pueblo boliviano porque prolonga la agonía del gobierno en un mar de incapacidades y ambiciones que le impidió, en ocho meses, tomar medidas para manejar la catástrofe humana y económica actual".

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