Martes, 19 Abril 2016 06:30

El gran circo de los horrores

El gran circo de los horrores

EL PRONTUARIO DE LOS DIPUTADOS QUE APROBARON EL IMPEACHMENT

En este domingo trágicamente histórico, Brasil pudo ver, por primera vez, el bajísimo nivel –en todos los sentidos: intelectual, ideológico, ético, moral– de los 513 diputados. Las excepciones no llegan a diez por ciento del total.

De los 513 diputados que integran la Cámara que autorizó que se abra un juicio para destituir a la presidenta Dilma Rousseff, 299 tienen algún tipo de pendencia judicial. De ellos, 76 fueron condenados y esperan decisiones en instancias superiores. Y 59 son reos en el Supremo Tribunal Federal, inclusive el presidente de la Casa y cabeza conductora del juicio a Dilma, el notorio bucanero Eduardo Cunha.


Nadie entiende cómo el Supremo Tribunal permitió que Cunha se mantuviese en la presidencia de la Cámara de Diputados y comandase el proceso de instalación de juicio político a la presidenta. Una lentitud que se confunde, claramente, con la cobardía.
Uno de los que votó por la apertura del juicio a Dilma se llama Paulo Salim Maluf. Ha sido alcalde de San Pablo y aliado del PT. Fue condenado, en Francia, a tres años de cárcel. No puede salir de Brasil: su nombre está en la lista de buscados por la Interpol. Dijo que votaba contra la presidenta para combatir la corrupción.


Una de las más elocuentes acusadoras a la hora de votar, la noble diputada Raquel Muniz, dijo que era favorable a la destitución de Dilma Rousseff por creer que Brasil tiene solución. Anunció que su voto era un homenaje a su dignísimo esposo, Ruy Muniz, alcalde de la ciudad de Montes Claros, provincia de Minas Gerais. Doce horas después, el homenajeado fue detenido por la Policía Federal, por robo de dinero público: inflaba dotaciones municipales a hospitales privados de su ciudad.


La religiosidad hizo gala en la sesión: diputados que son autonombrados pastores de sectas evangélicas electrónicas anunciaron su voto favorable a la destitución de Dilma “porque estoy en contra de la educación sexual de los niños en las escuelas públicas”, y uno de ellos, más enfático, anunció que su voto era una forma de “impedir que niños decidan cambiar de sexo”.


Hubo centenares de homenajes a esposos, esposas, madres, padres, hijos, abuelos y hasta suegras, que en general no merecen elogios públicos.


Al menos un ministro de Dilma se tomó licencia de su puesto para volver a la Cámara y votar contra la mandataria: era ministro el viernes, se hizo adversario el domingo. Otros, que ocuparon ministerios, el domingo se revelaron indignados con el gobierno.


Eduardo Cunha, al abrir la sesión, hizo un pedido: “Que Dios tenga misericordia de esta nación”. Quizá debería haber pedido misericordia para sí mismo: ladrón comprobado, manipulador evangélico, tiene un Porsche que vale unos cien mil dólares a nombre de una de sus empresas, la “Jesus.com”.


Uno de los nobles diputados, Ronaldo Fonseca, al criticar los que critican el golpe, dijo que tal mención es ridícula. Y agregó: “Hablar de golpe se transformó en una diarrea verbal”. Fue aplaudido.


Hubo un sinfín de pedidos de bendiciones de Dios a la hora de votar, siempre contra la presidenta. Pocas fueron las veces en la historia que la bancada religiosa apareció con tanta fuerza en la Cámara.


Un cierto Sergio Moraes, hasta el domingo un ilustre desconocido más en la Cámara, aprovechó su voto para desear feliz cumpleaños a su querida nieta.


Jair Bolsonaro, militar retirado, dijo que su voto contrario a Dilma era “un homenaje a la memoria del coronel Brilhante Ustra”. Vale recordar que el homenajeado ha sido uno de los más terribles torturadores que actuaron durante la dictadura militar, defendida sin treguas por Bolsonaro.


Jean Willys, homosexual asumido, intransigente defensor de las minorías sociales, fue llamado “maricón” por Bolsonaro. Respondió con un escupitajo en la cara del ofensor. Votó contra el golpe institucional y denunció que todo aquello no era más que una farsa conducida por un bandido. Lo dijo señalando al presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, que son sonrisa de rata no reaccionó.


Sinval Malheiros, diputado por San Pablo, votó contra Dilma “en homenaje a los enfermeros desempleados”.


La verdad es que, en ese domingo trágicamente histórico, el país pudo ver, por primera vez, el bajísimo nivel –en todos los sentidos: intelectual, ideológico, ético, moral– de los 513 representantes del pueblo. Hay, claro, excepciones, en los dos bandos. No llegan a diez por ciento del total.


Brasil necesita, urgente, una reforma en su sistema político. No es posible convivir con 35 partidos en un solo Congreso. La casi totalidad de las siglas no son más que grupos de alquiler, que venden su respaldo en épocas de elección y luego quieren participar del reparto del poder.


Tal como está, el país es ingobernable: para gobernar, hay que aliarse con lo peor de la escoria política. Ese ha sido, quizá, el gran error de Dilma Rousseff: no saber cómo lidiar con semejante clase de patéticas criaturas. Al margen de esa pantomima grotesca, un hombre, cercado de acólitos, sonreía con sus dientecitos de zorro: Michel Temer. El seguramente sabrá sentirse a gusto con los señores diputados que integran ese nauseabundo circo de horrores. Al fin y al cabo, son sus pares.


Cunha entrega al Senado el acta del impeachment contra Rousseff


A las tres de la tarde de este lunes, con pompa y circunstancia el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien enfrenta cinco investigaciones y es reo en el Supremo Tribunal Federal, entregó a Renan Calheiros, presidente del Senado y del Congreso, que a su vez responde a ocho investigaciones, el acta de la sesión del domingo, en que 367 diputados autorizan que se abra un juicio político, a cargo de los senadores, para destituir a la presidenta Dilma Rousseff. A aquellas alturas, el vicepresidente Michel Temer seguía negociando intensamente la formación de su gobierno. Y el ex presidente Lula da Silva, junto a auxiliares directos de la presidenta, trataba de obtener senadores en número suficiente para impedir, en la cámara alta, el final-final del conturbado y malogrado segundo mandato de Dilma Rousseff.


Se repetirá el mismo ritual ocurrido en la Cámara de Diputados: se instala una comisión especial para examinar la decisión de los diputados. El resultado de la comisión será, entonces, llevado a votación en el pleno. Hoy por hoy existe una significativa mayoría inclinada a abrir un juicio que mantendría a Dilma Rousseff fuera de la presidencia hasta por 180 días, mientras el país sería gobernado por Michel Temer. Ese el plazo para el juicio final.


El primer día luego de la derrota de Dilma Rousseff –y también de Lula da Silva, quien no logró reunir apoyo suficiente para impedir el resultado abrumadoramente contrario a la presidenta– sirvió para animar a los victoriosos alrededor de Temer y asombrar a los que se oponían al golpe, que ahora sí pasa a la etapa decisiva.


Brasil asistió el domingo al lamentable desfile de los que integran su Cámara de Diputados. La inmensa mayoría de los que declararon voto a favor de la destitución de Rousseff lo hizo de manera extraña, en nombre de Dios, de la familia, de un sinfín de razones para justificar su posición. Poquísimos fueron los que argumentaron respecto de lo que efectivamente se discutía, si la presidenta cometió o no un crimen de responsabilidad que justificara su deposición.


Basta mencionar dos ejemplos para recordar el bajísimo nivel de los diputados que integran la cámara. Jair Bolsonaro, militar retirado, elogió en su voto a Carlos Brilhante Ustra, uno de los más notorios torturadores de la dictadura militar. En respuesta recibió en la cara un escupitajo disparado por Jean Willys, aguerrido diputado defensor de las minorías, a quien el militar había llamado maricón. Otro ejemplo: la diputada Raquel Muniz dijo que votaba a favor del impeachment en homenaje a su esposo, Ruy Muniz, alcalde de Montes Claros, provincia de Minas Gerais. Pues el homenajeado fue preso por la Policía Federal menos de 12 horas después, acusado de robo de dinero público.


La primera cuestión en disputa es, una vez más, el tiempo. Los que defienden la destitución presionan para que el calendario sea lo más apretado posible, de preferencia que la votación sea la semana que viene. Al gobierno le interesa más plazo para negociar, léase ofrecer ventajas y beneficios para conquistar votos favorables. Calheiros, viejo zorro de la política, reitera que cumplirá rigurosamente el reglamento, sin aceptar presiones de ningún tipo. Los que quieren defenestrar a Dilma prefieren el jueves 5 de mayo como fecha límite. Los que la apoyan, el miércoles 11.


Mientras, el país vive a la deriva sin saber cuál será el rumbo a ser tomado ni por quien. Dilma Rousseff sigue en la presidencia, mientras el vice arma un gobierno e insinúa cuáles serán las primeras medidas que adoptará tan pronto asuma el puesto. Ya se habla claramente de medidas duras, como la flexibilización de las leyes laborales, que en Brasil son de amplia protección al trabajador. Los reajustes del salario mínimo, bien como de pensiones y jubilaciones, están en el centro de los debates sobre la nueva política económica. La receta, de corte netamente neoliberal, avanzará sobre programas sociales que serán adecuados a la realidad, así como el tamaño del Estado, que será disminuido a niveles razonables.


Si asume el gobierno, y todo indica que lo hará, Michel Temer tendrá poco más de dos años para implementar esas medidas. Ya dijo que reservará unas ocho carteras ministeriales como cuota personal, o sea, supuestamente libre de negociaciones. También dijo que el actual número de ministerios y secretarías con rango ministerial (39) disminuirá a la mitad, poniendo freno así a las ansias de los aliados de ocasión.


De momento, son conjeturas que tienen por base exactamente lo que Temer asegura a sus interlocutores. Al PSDB, principal partido de oposición, derrotado cuatro veces consecutivas por el PT de Lula da Silva y Dilma Rousseff, se reservará parte sustancial del gobierno de Temer. Las fracciones internas del partido se enfrentan en la disputa por espacio, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2018.


La misma mirada puesta tienen el PT, los movimientos sociales, el electorado de izquierdas y, claro, Lula da Silva. La resistencia y la oposición a un gobierno de Temer es algo tan esperado como el sol de cada mañana.


La derrota del domingo no deberá desanimar a la militancia que sabe que Lula da Silva todavía mantiene potencial electoral para intentar volver a la presidencia.


En tanto, agencias de prensa reportaron que gobiernos de América Latina, entre ellos Cuba y Bolivia, expresaron su apoyo a la presidenta y calificaron la votación en la Cámara de Diputados de “golpe de Estado”.

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Martes, 19 Abril 2016 06:25

Un golpe contra los Brics

Un golpe contra los Brics

Finalmente se activó el golpe institucional en Brasil, con el voto de 367 diputados que definieron avanzar en el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Es una mala noticia para América latina y el Caribe: sumerge en la inestabilidad política al país más importante del continente, que ya venía sufriendo fuertes embates económicos. Pero tiene un recorte que sobrepasa a la región: si los “golpes institucionales” de Honduras (2009) y Paraguay (2012) fueron contra el ALBA y el Mercosur, respectivamente, el embate de Brasil se orienta contra los Brics y los emergentes, en un momento verdaderamente convulsionado de la economía internacional, donde un bloque de países puja por el control del comercio global frente a los EE.UU. y la UE.


Ahora el trámite será el siguiente: el Senado deberá aprobar por mayoría simple el inicio del proceso de impeachment en esa cámara, tras lo cual Dilma será apartada 180 días del cargo hasta que dos tercios de los senadores voten su apartamiento final. De esta forma, Michel Temer, un político que apenas tiene uno por ciento de los votos de cara a 2018 y cuya imagen negativa asciende a 61 por ciento, de acuerdo a la encuestadora Vox Populi, arribará a Planalto gracias a una combinación de factores fríamente planificados con antelación: erosión mediática, disputa callejera, presión empresarial y zarpazo institucional. Finalmente las “nuevas derechas”, tan embellecidas desde algunos espacios académicos y periodísticos, terminaron actuando de la forma más rancia, dejando caer sus verdaderas intenciones destituyentes.


Un ejemplo concreto sirve para ilustrar quienes aprobaron el impeachment: de los 38 diputados que en la Comisión de Impeachment aprobaron elevar a la Cámara la votación, 35 tienen casos de corrupción que son investigados. Ahí anida una certeza: con Temer en la presidencia, aquel historial será barrido bajo la alfombra. Se mostrará la cabeza de Dilma, paradójicamente no implicada en Lava Jato, para intentar cerrar una causa que mayormente implica a los partidos tradicionales del sistema brasilero. Por ello la sobreactuación de algunos diputados, que bajo el grito de “Fora PT, Fora Dilma, Fora Lula” escondían sus verdaderas intenciones: cerrar el capítulo de Lava Jato e intentar maximizar las ganancias de los grandes grupos empresariales nucleados en la poderosa Fiesp, que saludó vertiginosamente el inicio del golpe.


Pero hay otro factor que analizar: el PT, la CUT y el MST, como tridente que nucleó las movilizaciones frente al impeachment, tiene una fuerza social nada despreciable para un momento como el actual. Además, reúnen al dirigente que tiene la intención de voto más fuerte de cara a 2018: nada menos que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. ¿Que ensayará un gobierno de Temer en relación a Lula? ¿Intentarán, envalentonados por la victoria temporal, presionar al legislativo para que avance la inhabilitación del pernambucano o incluso su detención provisoria? No hay que descartar ningún escenario, aunque la derecha debería saber que un escenario así incluso podría repotenciar el lanzamiento del ex sindicalista rumbo a las próximas presidenciales.


Resta saber, por último, que harán las instancias de integración regional frente al nuevo escenario en curso. El vicepresidente del Parlasur, Daniel Caggiani, del MPP-Frente Amplio de Uruguay, ya declaró que cree que su país debe abogar por la implementación de la Carta Democrática de Mercosur y Unasur en caso que el Senado avance en el golpe institucional. ¿Qué significaría en concreto? Pedir el apartamiento temporal de Brasil de ambas instituciones, algo que sucedió con el Paraguay de Franco tras el “golpe institucional” a Lugo. Temer debe ahora jugar su carta externa: disimular el zarpazo bajo la óptica de un juicio político tradicional, ayudado por algunos medios concentrados de la región y el mundo. El revanchismo explícito expresado en algunos votos a favor del impeachment –particularmente de los diputados ultraderechistas Eduardo y Jair Bolsonaro, quienes dedicaron su voto al torturador de Rousseff– le hará verdaderamente difícil esa tarea.


* Politólogo UBA. Analista Internacional.

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Domingo, 17 Abril 2016 07:33

Llegó el día, y ese día es hoy

Llegó el día, y ese día es hoy

EL DETRAS DE ESCENA CAMINO A LA VOTACION

 

Desde Río de Janeiro


A las ocho y diecisiete de la noche de ayer el oscuro diputado Paulo Feijó, del oscuro Partido Renovador, ocupó la tribuna de la Cámara en Brasilia para disfrutar de sus tres minutos de fama, ni un segundo más. Ese el tiempo establecido para que los 252 inscriptos pudiesen dirigirse a sus pares explicando las razones de su voto en la tarde de hoy. Paulo Feijó, que es de la provincia de Río de Janeiro, dijo que votará por la destitución de “ese desgobierno”, criticó duramente a la presidenta Dilma Rousseff y listó, con rapidez de narrador de hipódromo, las ciudades que componen su base electoral. “Todos mis electores me exigen el fin de ese pésimo gobierno”, vociferó. Y, para terminar, prestó homenaje a su querida madre, doña Anesia, de 87 años, y al querido tío Jorge, de 85. En ningún momento mencionó lo que la Constitución prevé como motivo legal para destituir a un presidente electo.


De todas formas, Feijó tuvo suerte: había casi un centenar de colegas en el Pleno de la Cámara cuando lanzó sus palabras al viento del olvido y del ridículo. Menos afortunada ha sido la diputada Renata Abreu, del igualmente obscuro PTN. A ella le tocó hablar a las cuatro y ocho minutos de la madrugada de ayer, e igualmente por exactos 180 segundos. A aquellas deshoras, como es comprensible, lucía un aire cansado, pero el vestido azul ajustado demostraba cuidado para semejante ocasión: es que cumplía 34 años, y no dejó de destacar la responsabilidad de festejar la fecha en medio a un “momento histórico”. Fue aplaudida por unos nueve compañeros de velada, que escucharon cada una de las palabras que alguien escribió para que la joven diputada leyera con énfasis de telenovela.


Teóricamente, la maratón olímpica de discursos –ha sido una sesión ininterrumpida, que al final habrá durado más de 50 horas– serviría para que los nobles diputados revelasen sus nobles intenciones, tratando de convencer a sus pares para que siguiesen el ejemplo.


Puro cuento chino: allí se cumplió mecánica y patéticamente el ritual impuesto por el reglamento interno de la Cámara. Lejos se daba la verdadera batalla por la conquista de adeptos para una y otra posición, y son esos los votos que definirán, hoy, el destino de Dilma Rousseff y el destino del país más poblado, económicamente más poderoso y geopolíticamente más importante de América latina. Así, en pura y burda negociación.


La semana ha sido prodigiosa en demostraciones de la estrategia aplicada por los golpistas, que tienen como cabeza visible al vicepresidente Michel Temer y como detentores del verdadero poder a viejos zorros de la baja política brasileña, y de los que tratan de impedir la deposición de una presidenta que supo agotar el inmenso capital político que heredó de su antecesor, Lula da Silva, el más popular presidente brasileño de los últimos 50 años. A propósito, ha sido el mismo Lula quien, en las últimas dos o tres semanas, al constatar el naufragio inevitable, se encargó de intentar la casi imposible tarea de revertir una tendencia que se arrastró como fuego en pasto seco y con viento de cola.


Desde el mediodía del viernes las negociaciones –con sus consecuentes artimañas– se intensificaron a un ritmo de vértigo en Brasilia. Cada voto es un voto a ser conquistado o asegurado. El gobierno sale en franca minoría. La esperanza última es lograr revertir un número suficiente para impedir que las dos terceras partes de la Cámara (342 diputados) aprueben la instauración del juicio destituyente de Dilma Rousseff.


En las últimas dos semanas se multiplicaron, por todo el país, los actos no exactamente en defensa de un gobierno muy criticado y una presidenta muy desgastada, pero en defensa del mandato alcanzado por 54 millones 500 mil votos en las urnas de octubre de 2014. Actos contrarios al golpe institucional se alastraron con fuerza a partir del lunes pasado, cuando Lula se reunió en Río con un grupo de artistas e intelectuales, encabezados por la mítica figura del compositor y escritor Chico Buarque de Hollanda, y en seguida habló para unas 60 mil personas.


Son eventos de efecto simbólico, por cierto, ya que ninguno de los golpistas se dejará seducir por sus repercusiones. Pero que tuvieron como resultado animar a manifestaciones callejeras que se reprodujeron por todo el país. Claro está que ninguna de ellas –inclusive las que reunieron a miles de personas– obtuvo de los medios hegemónicos de comunicación, especialmente los pertenecientes a las Organizaciones Globo, una mísera migaja de espacio. Pero igual se multiplicaron, y hoy estarán por todas las ciudades brasileñas, reconquistando un espacio que la izquierda había perdido para la derecha, esa sí, impulsada por Globo y congéneres.


Nadie sabe lo que pasará hoy. Una cosa, sin embargo, no se discute: el intento de defenestrar a una mandataria que obtuvo 54 millones de votos ha sido comandado por un diputado, el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, de quien se comprobó haber recibido, en un solo negocio, 52 millones de reales (unos 14 millones de dólares) de coima.


Es decir: casi se equiparan en números absolutos. Pero los de ella son votos, y los de él, dinero inmundo. Un corrupto, acompañado por legiones de corruptos, juzga a una presidenta que siquiera es investigada. Así están las cosas.

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Jueves, 14 Abril 2016 07:07

Rumbo a la hora decisiva

Rumbo a la hora decisiva

 

 Río de Janeiro

 

Ayer se reconfirmó que cualquier previsión relacionada al futuro de la mandataria brasileña Dilma Rousseff puede perder su sentido rápidamente, tal es la volatilidad del ambiente político. Resulta muy difícil establecer tácticas de emergencia, y las estrategias de ambos bandos se revelaron, hasta ahora, insuficientes para definir, con antecedencia, los resultados buscados. Siquiera Lula da Silva, negociador extremamente hábil, logró conquistar terreno mínimamente seguro.

 

Las declaraciones de abandono del barco se suceden en alta velocidad, y con eso aumenta el pesimismo entre los que defienden al gobierno y el optimismo entre los que trabajan por el golpe institucional.

 

Luego de la derrota sufrida el pasado lunes, cuando, por 38 votos a favor y 27 contra, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados recomendó que se apruebe la destitución de la presidenta, gobierno y oposición trataron de trazar los pasos siguientes. El resultado, aunque esperado, dejó un sabor amargo al oficialismo, que esperaba una distancia menor. Al mismo tiempo, aceleró los ímpetus de deslealtad y traición entre los partidos supuestamente aliados.

 

El vicepresidente Michel Temer abandonó de una vez los últimos resquicios de discreción, y pasó a conspirar alegremente, con la desenvoltura de quien se siente al comando de algo. No se da cuenta de que no es más que un muñeco en manos de los que verdaderamente manejan el golpe y que tendrán el poder, en caso de victoria. No es más que un fantoche engominado que trata de mostrarse sobrio.

 

Temer, que siempre fue un político de segunda línea, de modestísimas votaciones para la Cámara Federal, se venga del destino, tratando ahora de lucirse como algo que jamás fue, es decir, un Cacique en una agrupación dominada por Caciques. Parece no darse cuenta de que, pase lo que pase, cargará para siempre el sello de “traidor” estampado en la frente. Y que, si se logra que Dilma sea destituida, volverá a su impotente mediocridad.

 

Los negociadores de ambos lados siguen presionando a los parlamentarios considerados “indecisos”. Ofrecen, como moneda de cambio, puestos y cargos. Nadie confía en nadie, ni quien ofrece ni quien se compromete.

 

Todos actúan en un terreno que ya no es solamente movedizo, que cambia cada dos o tres días: es algo más alucinante. Son momentos frenéticos, con un escenario turbulento que puede a cambiar dos o tres veces en un solo día y en direcciones opuestas.

 

Las deserciones se hacen en cascada, y lo que los mediadores del gobierno (Lula a la cabeza) tratan de hacer es recoger los restos, o sea, los diputados dispuestos a traicionar a los traidores y votar contra el golpe. Las peculiaridades insólitas de la política brasileña atropellan cualquier lógica: lo decidido por los dirigentes no es algo tan sólido como aparenta. A cambio de algún puestito o un carguito mínimamente relevante, algunos o muchos parlamentarios pueden muy bien votar en apoyo a la mandataria. Y es precisamente sobre esos supuestos “independientes” que los negociadores de Dilma Rousseff se lanzan con manos ávidas.

 

La verdad es que, a estas alturas del temporal, nadie puede prever nada, ni los que preconizan el golpe institucional, ni el gobierno.

 

El bucanero que preside la Cámara y defiende histéricamente el golpe, Eduardo Cunha, determinó que la votación decisiva empiece a las dos de la tarde del domingo. Eligió el domingo porque pretende llenar las calles del país por los que defienden el golpe. Parece haber olvidado que en la vereda de enfrente estarán otros tantos miles que defienden, más que al gobierno, a la democracia y a la voz de las urnas de 2014.

 

La Globo, golpista por deformación genética, transmitirá la votación en directo. Con eso, por primera vez no habrá fútbol en un domingo brasileño (la única excepción ocurre cuando hay elecciones): cualquier arma sirve para presionar a los diputados a votar la destitución de Rousseff.

 

Para los golpistas, los 54 millones y medio de votos obtenidos en 2014 valen menos que el deseo de alcanzar el poder que les fue negado por las urnas electorales.

 

El horizonte está indefinido. Y si no hay consenso ni en una dirección ni en otra, queda claro que, gane quien gane, será muy difícil alcanzar niveles mínimos de gobernabilidad para sacar el país de la profunda crisis en que se encuentra, con la peor recesión en más de medio siglo, con proyecciones alarmantes para la economía y con el Congreso paralizado.
El plazo para que todo se defina podrá llegar a seis meses. Hundido como está, ¿el país aguantará?

 

Dilma Rousseff vive un dilema. Si logra mantenerse en el puesto, tendrá que cumplir rigurosamente los acuerdos y un plan de gobierno que no son suyos, sino de quien fue su creador y ahora es su última esperanza de salvación: Lula da Silva. Si cae, desaparece en la polvareda de la historia.

 

En ese escenario inquietante pocos brasileños lograrán, de hoy al domingo, cuando se dará el epílogo de esta primera fase del golpe institucional, conciliar el sueño bajo las noches tropicales de este rincón de América.

 

 

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Martes, 26 Junio 2012 07:15

El nuevo golpismo en América latina

El nuevo golpismo en América latina
La destitución del ex presidente Fernando Lugo en Paraguay ya es un hecho. En los últimos años fueron varios los intentos infructuosos de juicio político para sacar al presidente electo. La Constitución paraguaya heredada permitía esta maniobra sin explicitar ni reglamentar cómo proceder en este caso. Las muertes de Caraguaty fueron instrumentalizadas para abrir el proceso de destitución de Lugo. El Congreso y el Senado dominados por los partidos tradicionales Colorado (derechista) y Liberal (centroderecha) hicieron la demanda y la sentencia en tiempo record. El jueves pasado, el Partido Liberal acordó retirar el apoyo al presidente, y respalda la maniobra colorada de juicio político reglamentada instantánemente. En tiempo record, el Senado fue convocado para dictar una ya sentencia anunciada acusando políticamente al presidente por “complacencia con la agitación agrícola y fomentar la lucha de clases”. En total, menos de 36 horas para derrocar a Lugo y sustituirlo por su vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal, y fiel a los poderes económicos del país.


Los gobiernos progresistas en América latina comparten, con diferentes grados e intensidades, una agenda regional “posneoliberal” de recuperación de soberanía nacional e integración regional, inclusión de las mayorías subordinadas y lucha contra la pobreza y las desigualdades. Se trata por lo general de Ejecutivos salidos de crisis políticas prolongadas y que llegan al poder como catalizadores de una esperanza de las clases subalternas, en una relativa dicotomización de las opciones políticas. No obstante, esta irrupción plebeya se topa de inmediato con la resistencia de lo que podemos llamar “contrapoderes oligárquicos” en el Estado: las instituciones de carácter contramayoritario, la estructura liberal heredada o los dispositivos de la sociedad civil que, a pesar de haber quedado en el pasado fuera del espacio formal de la política –o quizá precisamente por eso–, intervienen con un poder decisivo en su proceso, como es el caso de los medios de comunicación privados, las cámaras empresariales o diferentes gremios u organizaciones sociales. El Poder Legislativo a menudo funciona como caja de resonancia de la resistencia al cambio de las elites políticas tradicionales.


Enmarcados en esa conflictividad que se libra al interior del Estado como campo de disputa, se han producido en los últimos años diversos intentos de desestabilización, destitución y restauración oligárquica en varios países latinoamericanos: los intentos fallidos de Venezuela 2002, Bolivia 2008 y Ecuador 2010; los golpes exitosos de Honduras 2009 y Paraguay 2012. ¿Cuál es la lectura latinoamericana de estos golpes? Se trata de movimientos que modifican la geopolítica regional en plena transición mundial. La Comunidad Andina de Naciones (CAN) fue desintegrada gracias a la irrupción de la Unión Europea, que forzó la ruptura del bloque firmando tratados de libre comercio con Perú y Colombia. La derecha se alínea en la Alianza del Pacífico (Colombia, México, Chile y Perú), con quienes Estados Unidos tiene acuerdos bilaterales de libre comercio. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se quedó sin tanta energía después del golpe sufrido por Honduras cuando el presidente Zelaya decidió insertarse en ella. Esta ALBA más tenue también se explica por la preponderancia creciente del tándem Brasil-Argentina, muy centrados en la construcción de Mercosur.


La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se disputa la hegemonía en América latina hasta ahora en manos de la OEA. Y en medio de todo esto, Unasur, como gran árbitro regional y principal espacio de entendimiento. Este baile de acrónimos no es más que el juego geopolítico en el que cada país latinoamericano toma decisiones. Paraguay, como país inserto en condiciones desfavorables en la dinámica internacional, también tenía que revisar cómo dejar de ser un país aislado y dependiente, para pasar a ser un país soberano en conciliación con una integración regional más justa. Los poderes económicos paraguayos, muy concentrados en la agroexportación y en los oligopolios importadores, no estaban por la labor de ningún cambio de sus ventajas comparativas acumuladas originariamente. Por eso, no querían que Venezuela ni Ecuador entraran en el Mercosur. Tampoco Unasur como propuesta de la nueva arquitectura regional. El modelo de la oligarquía paraguaya no es el de la integración regional, sino el de los acuerdos comerciales típicos de una economía de base estrecha, que descansa en la exportación de la carne y soja y en la importación de la base material y financiera para el creciente consumo. Esto es, el conocido patrón de desarrollo desigual, exitoso para unos pocos y nefasto para las mayorías. El nuevo “golpismo blando” sigue un patrón que difiere de los golpes militares tradicionales, y en el que los poderes conservadores provocan o se aprovechan de situaciones de crisis a partir de las cuales alteran la correlación de fuerzas en el Estado para destituir al presidente, pasando por encima de la soberanía popular, pero relativamente dentro de la procedimentalidad institucional.


En estos procesos, la violencia reaccionaria nunca está ausente, pero juega sólo un papel auxiliar, comparada con el de los medios de comunicación empresariales como generadores de la narrativa de la crisis, de la representación del gobierno como “aislado” –pese a contar con un apoyo popular mayoritario pero invisibilizado– y de la conflictividad y el enfrentamiento, que requerirían una “restauración conservadora” de la democracia, que ponga fin a su mal uso por mandatarios “populistas” y por una irrupción de masas siempre motivo de desconfianza. Los nuevos golpes se ubican en la tensión, al interior del Estado, entre la soberanía popular y sus vetos oligárquicos, y en la escala regional, entre integración soberana y subordinación internacional.


Por Iñigo Errejón, doctor e investigador en Ciencias Políticas en la UCM. Alfredo Serrano es doctor en Economía por la UAB. Ambos son miembros de la Fundación CEPS.
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Sábado, 07 Enero 2012 07:20

El golpe de Estado made in USA

El golpe de Estado made in USA

¿Por qué en Estados Unidos no hay golpes de Estado? Según el chiste que cuentan los latinoamericanos, porque allá no hay una embajada estadunidense”.
 

Un caso reciente: el golpe en Honduras (2009) en el que la misión yanqui estuvo metida hasta las orejas.
 

Pero, como siempre, la realidad es más complicada que los chistes.
 

El hecho de que EU no ha sufrido ningún golpe parecido a los que han inspirado y apoyado en la región es porque sus élites han desarrollado otras técnicas para lograr lo mismo: asaltar al Estado y reformularlo según sus intereses por encima de las clases populares.
 

El mejor ejemplo de un coup d’état por otras vías fue el neoliberalismo, dice Alan Nasser, un investigador estadunidense y profesor emérito de la economía política.
 

Desde los años 70 –ante la caída de la tasa de ganancia– empezó una gran movilización de la clase dominante que mediante lobbying, la compra de políticos y medios, privatizó al Estado, borrando la diferencia entre los dos (y entre demócratas y republicanos). Esto equivalía al golpe (lo remarcó Simon Johnson, ex economista del FMI en The Quiet Coup).
 

Ahora iba a haber un New Deal para el capital, dice Nasser.
 

Pero hay también otra historia, casi olvidada o desconocida incluso por los estudiosos, relevante durante la crisis.
 

En 1933 la oligarquía estadunidense planeaba un golpe de Estado en contra de Franklin Delano Roosevelt (FDR en adelante) para remplazar su administración por un gobierno fascista al estilo de Hitler y Mussolini (muy populares en los círculos de poder en EU).
 

Los conspiradores incluían la crema y nata de los industriales, empresarios y financistas de Wall Street (Rockefeller, Mellon, Pew, J.P. Morgan, Du Pont, Goodyear, et. al.) y los políticos republicanos y demócratas, asociados en la American Liberty League. Para ellos los planes de FDR: la redistribución y el empoderamiento de la clase trabajadora eran una amenaza. Un gobierno fascista revertiría el New Deal, garantizaría la “disciplina económica” y restablecería las ganancias.
 

Iban a reunir medio millón de veteranos de la Primera Guerra Mundial, la mayoría desempleados. Querían que los liderara el general retirado de los marines, Smedley Butler, el más exitoso ejecutor de los planes imperiales y empresariales de EU, dedicado al saqueo en beneficio de los bancos y las petroleras (Cuba, Filipinas, China, América Central y el Caribe o en la toma de Veracruz, en 1914).
 

A pesar del apoyo a FDR en las elecciones de 1932 y la posición crítica al fascismo naciente en EU, los conspiradores insistían en él, dada su popularidad entre los veteranos (parte de ellos –la llamada Bonus Army– demandando el pago por su servicio ocupó a Washington, y Butler visitó su campamento).
Pero algo cambiaba en su consciencia: cada vez más se sentía como un “pistolero del capitalismo” y “mercenario de Wall Street” (lo denunció en su libro War is a Racket, 1935). Cansado, al final reveló todo, frustrando el golpe.
 

El comité McCormack-Dickstein del Congreso, durante la investigación en 1934, confirmó sus acusaciones. Pero desistió de ir al fondo del complot y nadie fue llevado a juicio. Algunos periódicos cubrieron la historia, pero no la siguieron.
 

Aunque hay discrepancias que tan avanzado era el putsch, al parecer a FDR convenía silenciarlo. “Esto podría alentar a los sectores anticapitalistas muy fuertes en los 30”, subraya Nasser. Y mostraba una cara desagradable de la élite (de la que FDR formaba parte) y del país. “Mejor que la gente no supiera que aquí era posible un golpe como en una república bananera”, añade.
 

Sorpresivamente ni en La otra historia de Estados Unidos de Howard Zinn hay mención de esto (ni de Butler, quien aparece en una compilación de Zinn, Voices of People’s History of the United States, pero sólo en el contexto de las conquistas imperiales).
 

Según Nasser, no denunciar a los golpistas hizo que las tendencias fascistas permanecieran en el tejido político estadunidense. Se revelaron en el gobierno de Bush II (cuyo abuelo, Prescott, admirador de Adolfo Hitler, fue parte del complot) y han sido de-sarrolladas por Barck Obama (los asesinatos extrajudiciales).
 

El fascismo y el golpismo han sido posibles en los EU y aún los son, subraya.
 

La historia no se repite. Hoy ningún político está interesado en empoderar al mundo de trabajo (ni siquiera en fomentar la demanda interna). Y con el “golpe neoliberal” las élites ya tomaron el estado.
 

Pero estamos ante los mecanismos del mismo sistema que determinan las reacciones del capital y la resistencia de los sectores populares (el doble movimiento del que hablaba Karl Polanyi). Conocer el pasado, junto con la asombrosa historia de un supuesto golpe fascista made in USA, significa no descartar los paralelismos y posibles peligros (después de todo las élites y los banksters no han cambiado mucho).
 

La agudización de la crisis y una prolongada falta de desarrollo a causa de la austeridad, pueden generar más xenofobia, más sentimiento antiinmigrante y más medidas autoritarias, subraya Nasser.
 

Según Polanyi el auge del fascismo y el paso hacia los totalitarismos estuvieron directamente vinculados con el avance y las fallas de la economía del “libre mercado” que ocasionaron la Gran
Depresión.
 

¿Suena familiar?
 

 

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La Organización de Estados Americanos reincorpora al Estado hondureño, luego de cerca de 2 años de expulsión, sin exigirle antes el cumplimiento elemental de principios básicos de justicia.
 
 “No exigimos que resuciten a nuestros muertos. Por justicia pedimos cárcel para quienes instauraron un régimen de la muerte con el golpe de Estado en Honduras. Ahora que la OEA reincorpora al Estado hondureño, como si aquí no hubiera pasado nada, quienes nos masacraron se nos ríen en la cara. No exigimos ni venganza, ni olvido. Exigimos justicia.” Así expresa doña Maira su sentimiento de indignación e impotencia ante el silencio de la justicia y el retorno del Estado hondureño a la OEA.
 
Frente a este hecho, las y los hondureños se preguntan: Eso del golpe de Estado que molestó incluso a la OEA en su momento, ¿qué fue, un cachondeo? ¿Fueron fantasmas quienes rifle en mano expulsaron al Presidente del país? ¿Dónde diablos están quienes torturaron y asesinaron a más de 200 personas durante y después del golpe?
 
¿Son ángeles inmaculados venidos del cielo quienes asesinaron a 12 comunicadores sociales durante el régimen actual? ¿Dónde están los autores intelectuales y materiales del golpe de Estado? ¿En qué reclusión penal purga sentencia Roberto Micheletti Bain, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los militares y los congresistas que destituyeron al Presidente, incluso con una firma de renuncia falsificada?
 
Así se premia a los autores del golpe de Estado en Honduras
 
Roberto Micheletti Bain fue condecorado como héroe nacional por su cómplice Oscar Andrés Rodríguez (cardenal), nada menos que en el Santuario de la Virgen de Suyapa, en 2010. Hace unos meses atrás, fue denunciado por robar energía eléctrica y no pagar los servicios de agua para sus empresas. Actualmente es uno de los principales apologetas de los golpes de Estado para domesticar a gobiernos progresistas en la región. ¿Acaso éste no es un arquetipo de Frankenstein para la democracia en América?
 
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (15), que galvanizaron el golpe de Estado, continúan señoreándose y administrando justicia para los suyos y encarcelando a las y los insubordinados en el país. Expulsaron del sistema judicial a jueces que denunciaron la criminalidad de la ruptura del orden constitucional y blindaron judicialmente, de cualquier intento de destitución, al Fiscal General que promovió el golpe. Hicieron la pantomima de juzgar a Manuel Zelaya, por supuestos actos de corrupción, sólo para amedrentarlo. ¡Esta es la justicia que la OEA respalda con su última resolución!
 
Los políticos que legalizaron el golpe, siguen redactando leyes perversas, en 15 minutos, en el Congreso Nacional. Desde la perspectiva de los interese de empresarios privados, el golpe de Estado tuvo por finalidad legalizar la transferencia rápida a manos privadas de los bienes del país (recursos naturales) Durante el golpe se aprobó la Ley General de Agua (que mercantiliza el agua). Las y los legisladores, en estos dos años del quiebre constitucional, se constituyeron en simples tramitadores de concesiones de ríos, playas, suelos y bosques a manos privadas. ¿Acaso estos actos no son delitos de lesa humanidad?
 
Se negociaron leyes como la de Plan de Nación y Visión de País (hasta 2038), Ley de inversión Pública Privada (por la que el Estado pierde y los privados ganan), Ley Antiterrorista (que criminaliza la protesta social), Ley de Promoción de Empleo por Horas (que sepulta las 8 horas de trabajo). Derogaron el Decreto 18-2000 que redistribuía tierras a campesinos sin tierra. Ahora, luego de haber reglamentado el reparto de las ciudades modelo, negocian la Ley de Minería, siempre en 15 minutos y a espaldas del pueblo. ¿Es esto democracia para la OEA?
 
El Gral. Romeo Vásquez V., autor material e intelectual del golpe, fue y es premiado con el cargo de gerente general de la empresa nacional de telecomunicaciones, Hondutel. La Marina Mercante y Migraciones son premios entregados a militares que ejecutaron el golpe. René Osorio, militar que encabezó al pelotón de armados que irrumpió en la casa presidencial el 28 de junio de 2009, ahora, es el Jefe de las FFAA de Honduras.
 
La persecución, seguida de tortura y asesinato, es una política de Estado vigente en el régimen actual. En estos momentos persiguen con una querella al Obispo Luis A. Santos sólo porque se opuso al golpe de Estado y al régimen de la muerte instaurado en Honduras, país en la que cada 43 minutos cae una persona acribillada a bala.
 
En este contexto, la OEA, con su última resolución, no sólo legitima a los autores del golpe de Estado premiados en Honduras, sino que justifica el retroceso de más de un siglo en materia de derechos humanos en el país, y la reincorporación del golpe de Estado en la democracia latinoamericana del siglo XXI. Los gobiernos del continente que permiten el retorno de Honduras al seno de la OEA, en las condiciones actuales, cavan su propia tumba (y la de sus sucesores) en la que sus tiranos, más temprano que tarde, los enterrarán.

Ollantay Itzamná
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Jueves, 02 Junio 2011 18:47

Esperanza y resistencia en Honduras

Mientras en Estados Unidos se conmemoraba el Día de los Caídos con un fin de semana largo, el pueblo hondureño vivía un acontecimiento histórico: el regreso del Presidente Manuel Zelaya, 23 meses después de su exilio forzado a punta de pistola en el primer golpe de Estado en Centro América en 25 años. Si bien Zelaya ya no es presidente, su regreso pacífico es una gran victoria para el movimiento de resistencia al golpe. A pesar de esto, el gobierno instaurado tras el golpe de Estado, bajo el mando del Presidente Porfirio “Pepe” Lobo, es cada vez más represivo, lo que suscitó que esta semana 87 miembros del Congreso estadounidense enviaran una carta a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, para exigir la suspensión de la ayuda a las fuerzas armadas y a la policía hondureñas.

Fui la única periodista estadounidense en el vuelo que llevó a Zelaya de regreso a Honduras. Allí le pregunté cómo se sentía acerca de su inminente regreso. “Lleno de optimismo, de fe, de esperanza. Todavía el diálogo y la acción política es posible ante las armas. No a la violencia. No a golpes militares. Golpes de Estado nunca jamás”.

Cuando el Presidente Zelaya aterrizó en Honduras, se arrodilló y besó el suelo. Fue recibido por decenas de miles de personas que lo ovacionaron mientras flameaban la bandera negra y roja del movimiento surgido tras el golpe, el Frente Nacional de Resistencia Popular, “la resistencia”, que ahora lidera Zelaya. Su primera parada: una concentración multitudinaria frente al monumento en memoria del joven Isis Obed Murillo, de 19 años de edad, que fue asesinado una semana después del golpe de 2009 cuando Zelaya intentó por primera vez regresar al país. Murillo se encontraba entre las decenas de miles de personas que esperaban el regreso de Zelaya en el aeropuerto. Los militares bloquearon la pista de aterrizaje y dispersaron a la multitud disparando balas de plomo, que mataron al adolescente.

Desde entonces, la violencia y la impunidad han sido moneda corriente. Campesinos, periodistas, estudiantes, maestros y cualquier otra persona en Honduras que se atreva a disentir se expone a intimidación, arresto y asesinato. Al menos 12 periodistas fueron asesinados allí desde el golpe, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Muchos campesinos fueron asesinados. Esta semana, estudiantes de secundaria que protestaban contra el despido de maestros y la privatización de la educación fueron atacados violentamente por la policía a balazos y con gases lacrimógenos.

En el discurso que pronunció en el acto de bienvenida, el Presidente Zelaya dijo: “La presencia de ustedes esta tarde demuestra el apoyo de la comunidad internacional, que no se derramó la sangre en vano porque estamos en pie de lucha, manteniendo nuestras posiciones. Resistencia pacífica, compañeros, resistencia es hoy el grito de victoria del retorno a Honduras de todos los derechos y las garantías de la democracia hondureña”.

El actual gobierno de Honduras aceptó permitir el regreso de Zelaya para lograr la readmisión del país en la Organización de Estados Americanos en un intento de despojarse de la condición de paria que se ganó en América Latina debido al golpe.

Paria en América Latina, pero no en Estados Unidos. A pesar de que el Presidente Barack Obama incialmente calificó el derrocamiento de Zelaya como un “golpe”, el gobierno estadounidense pronto abandonó el uso del término. Pero no hay otra palabra que describa lo ocurrido. El domingo hablé con Zelaya en su casa, donde me contó lo sucedido.

Eran alrededor de las 5 de la madrugada del 28 de junio de 2009, cuando soldados hondureños encapuchados irrumpieron en su casa luego de haberle disparado a la puerta trasera.

“Me amenazaron que iban a disparar. Y yo les dije: 'Si tiene orden de disparar, dispare. Pero sepa que le está disparando al Presidente de la República y usted es un subalterno'. Y ellos no dispararon sino que solo me sometieron a que los acompañara al vehículo, así, en ropa de cama. Aterrizamos en la base militar norteamericana de Palmerola. Ahí se reabasteció de combustible. Hubieron movimientos afuera, yo no sé con quién hablaron. Como quince o veinte minutos estuvimos ahí. Y después a Costa Rica. Lo demás es público.”.

En última instancia, lo más importante para Honduras no es el regreso de Zelaya, sino el regreso de la democracia. Zelaya estaba logrando apoyo popular para políticas como un aumento del 60% del salario mínimo, un plan para asumir el control de la base aérea estadounidense Palmerola con el objetivo de utilizarla como aeropuerto civil en lugar del peligroso Aeropuerto Internacional Toncontin, planes de distribuir tierra a campesinos y unirse al ALBA, el bloque cooperativo regional creado para disminuir el dominio económico de Estados Unidos. El día en que fue derrocado, Zelaya iba a realizar una consulta popular no vinculante para preguntarle a la población si quería llevar a cabo una asamblea nacional constituyente para evaluar posibles reformas a la Constitución. Ese, explica Zelaya, fue el motivo por el cual fue derrocado.

La Secretaria de Estado Clinton y su íntimo amigo Lanny Davis, que lleva adelante un poderoso lobby a favor del régimen golpista, ejercieron una fuerte presión a favor de la legitimación del actual gobierno de Lobo, a pesar de un cable interno del propio Departamento de Estado que comanda Clinton titulado “Asunto ineludible: El caso del golpe en Honduras”. El cable fue recientemente publicado por WikiLeaks y en él se afirma que el golpe fue claramente ilegal.

Cuando me dirigía al aeropuerto para tomar mi vuelo de regreso luego de este fin de semana histórico en Honduras, me topé con un grupo de maestros que llevaban un mes haciendo huelga de hambre frente al Congreso hondureño. Ellos, al igual que una amplia red de grupos de la sociedad civil hondureña, al tiempo que celebran el regreso de su presidente derrocado, tienen claras sus exigencias–que cuentan ahora además con el apoyo de 87 miembros del Congreso estadounidense: que se ponga fin a la violencia y a la represión en Honduras.

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Publicado el 2 de junio de 2011
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
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Fue un encuentro inesperado que tuvo poca cobertura de los medios, quizás porque los propios involucrados así lo quisieron. El presidente Juan Manuel Santos recibió en Colombia el 9 de abril a sus pares de Venezuela Hugo Chávez y de Honduras Porfirio Lobo. El gobierno de Lobo no es reconocido por los países de la Unasur, aunque sí por la mayoría de las naciones de Centroamérica. Días después de la cita en Cartagena de Indias, Manuel “Mel” Zelaya visitó a Chávez en Caracas. En una y otra cita se habló de dos regresos: el de Zelaya a su país y el de Honduras a la Organización de Estados Americanos. Desde su forzado exilio en República Dominicana y con ansias de volver, el depuesto presidente de Honduras destacó la mediación de sus colegas. “Nos dan la certeza de que no seremos burlados” dijo a Página/12.

–¿Usted estaba al tanto del encuentro entre Lobo, Chávez y Santos?

–Sí. Teníamos conocimiento previo tanto del deseo de mediar como de las gestiones de Colombia y Venezuela en el caso de Honduras. Durante este tiempo de mi destierro los países de América latina, especialmente República Dominicana, y en Europa, especialmente España, han hecho esfuerzos por encontrar una salida a la crisis hondureña. Así como la Organización de Estados Americanos. Debo hacer una mención especial a la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA): ambas organizaciones mantienen una posición mayoritaria y sólida en el caso del no reconocimiento de Honduras por falta de enmienda a la situación imperante, especialmente los gobiernos de Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay junto a Nicaragua.

–¿Cómo se llega a esta mediación?

–La formalización de la mediación de Colombia y Venezuela a iniciativa de dos presidentes de Unasur es una opción con la cual podemos contar y darles todo el apoyo para que avancen ahora que se cumplen casi dos años del golpe de Estado. Las fuerzas sociales y políticas que integramos el Frente Nacional de Resistencia nos hemos sumado a las aspiraciones del pueblo hondureño de impulsar un proceso pacífico de lucha, que restaure la democracia y la justicia en nuestro país. Planteamos cuatro puntos al presidente Chávez: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, el retorno de todos los exiliados, el respeto a los derechos humanos, y el reconocimiento del Frente Nacional de Resistencia como fuerza política y con garantías de participación política. La participación de Chávez y Santos nos dan certeza de que no seremos burlados como en el acuerdo Tegucigalpa-San José por un aprendiz de dictador.

–¿Usted podría volver a Honduras con garantías?

–Mi derecho a disentir abiertamente en la política de mi país, sin estar desterrado; mi derecho a construir propuestas para el bienestar de mis compatriotas en mi propia patria y en el propio terreno de los hechos; a profesar mi religión cristiana y defender mi ideología política como un “liberal pro socialista” contra la explotación y la pobreza que sufren tres cuartas partes de la sociedad hondureña: son garantías constitucionales que nadie debería de negarme, y claro que se pueden garantizar, esto es parte sustancial de los acuerdos de la mediación. La restauración de todas las libertades públicas y el respeto a los derechos humanos.
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Viernes, 01 Octubre 2010 10:25

Ecuador: Golpismo derrotado

Es meridianamente claro que la mafia policial que se insurreccionó ayer en Quito y que durante casi todo el día mantuvo secuestrado al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, no actuó en defensa de conquistas laborales de los efectivos policiales, como lo pregonaron los alzados. El descontento entre los uniformados de la fuerza pública por la reciente aprobación legislativa de una nueva ley de servicio público, que en última instancia los favorece, tuvo que ser resultado de una labor de envenenamiento y desinformación con propósitos subversivos y golpistas.
 
Los instigadores están también al descubierto: “hermandades” corruptas enquistadas en la institución policial, sectores oligárquicos y de la llamada “comunidad de inteligencia” de Estados Unidos. El vínculo visible de los segundos con los policías insurrectos es el aventurero Lucio Gutiérrez, militar golpista en 2000, electo presidente dos años más tarde, feroz represor en 2004, defenestrado por las movilizaciones populares del año siguiente y, desde entonces, gestor de intereses injerencistas y empresariales.

En cuanto a la participación de instancias gubernamentales estadunidenses, debe recordarse que en 2008 el periodista canadiense Jean Guy Allard documentó la infiltración de la policía ecuatoriana, por la embajada de Washington en Quito, mediante “el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones”.

Así pues, aunque la intentona ostenta el rasgo atípico de haber sido emprendida por la policía y no por las fuerzas armadas, es claro que lo que se frustró ayer en Ecuador fue un clásico golpe de Estado de la derecha oligárquica contra un gobierno progresista, con sentido popular y democráticamente constituido.

La involución que ha vuelto a colocar en el panorama regional esos ejercicios de violencia y barbarie tiene un arranque preciso: el cuartelazo perpetrado en Honduras en junio del año pasado, el cual logró trastocar en forma perdurable el orden institucional, debido, principalmente, a la complacencia que encontró en la comunidad internacional y, muy especialmente, en el gobierno de Barack Obama.

Desde el momento en que los golpistas hondureños fueron beneficiados con una benevolencia que contradice los principios democráticos de los gobiernos que les otorgaron reconocimiento diplomático y que se negaron a adoptar sanciones contra el régimen emanado del golpe contra el presidente Manuel Zelaya, se extendió una patente de impunidad que puede alentar atentados semejantes contra el orden constitucional en otros países latinoamericanos.

Por fortuna, en el episodio de ayer en Ecuador, el golpismo resultó derrotado, con una cuota de sangre pequeña, pero de cualquier forma lamentable, y después de muchas horas de tensión y zozobra en la sociedad. El ejército se deslindó de los sublevados y, a la postre, tomó por asalto el hospital policial en el que mantenían secuestrado al mandatario, lo liberó y lo transportó hasta el palacio presidencial de Carondelet, donde Correa fue objeto de un recibimiento apoteósico de sus seguidores. De esta manera quedó restablecido el orden democrático en la nación sudamericana.

La intentona dejó ver, por otra parte, un patrón golpista que viene afectando a diversas naciones de la región desde 2002, cuando el presidente venezolano Hugo Chávez fue temporalmente derrocado y secuestrado por militares desleales, lo que se repitió en escala menor en Bolivia en 2008 y que un año más tarde logró subvertir el orden democrático en Honduras. Tal fenómeno plantea uno de los más graves desafíos a la legalidad y a la democracia en el subcontinente y amenaza con causar una regresión histórica que podría borrar lo conseguido en materia de normalización democrática desde hace cinco lustros, cuando colapsaron las dictaduras militares que se enseñoreaban en la mayor parte de las naciones centro y sudamericanas.

El corolario inevitable de la violenta y peligrosa jornada que hubo de padecer ayer Ecuador es que no debe otorgarse impunidad a los golpistas y que las aventuras de subversión política emprendidas desde el aparato gubernamental deben ser rigurosamente castigadas conforme a derecho.

Cabe esperar que el gobierno de Rafael Correa actúe en ese sentido en los próximos días y que la derrota experimentada ayer por la derecha oligárquica sea factor de fortalecimiento para las instituciones democráticas ecuatorianas, que sirva para superar las fracturas en el partido gobernante y que impulse la consolidación del proyecto de justicia social, soberanía y democracia que actualmente se aplica en el territorio de esa nación.
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