Lunes, 09 Agosto 2010 18:09

Venezuela: La ofensiva de EU es total

ALAI AMLATINA, 09/08/2010.- En las últimas semanas hemos presenciado una serie de hechos que no son lo que aparentan, sino que forman parte de los preparativos de una acción militar de gran envergadura destinada a ponerle término al gobierno constitucional de Venezuela. Como señalamos la semana pasada, Estados Unidos está aplicando su vieja estrategia del Track 1 y el Track 2, que implica derrocar a un gobierno desestabilizándolo hasta provocar su caída en términos “constitucionales o derrocarlo por la fuerza si eso no es posible.

En Venezuela se ha estado aplicando el Track I desde que el presidente Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales en 1998 y al asumir la presidencia de la república en 1999 puso en práctica un programa de gobierno que no le gusta ni conviene a Estados Unidos, que ya el año 2002 logró que un grupo de militares lo secuestrara y anunciara que el mandatario había renunciado.

Mientras tanto, Chávez era llevado a un recinto militar desde el cual lo iban a sacar del país en una avioneta con registro estadunidense que, según se informó, era de propiedad del grupo venezolano Cisneros, dueño entonces de Venevisión y de Ediciones América. Cualquier parecido con lo sucedido en Honduras no es casual y en ambos casos las renuncias de los presidentes nunca existieron.

El próximo 26 de septiembre habrá elecciones parlamentarias en Venezuela y el Pentágono y el Departamento de Estado se están moviendo por toda América Latina para crear las condiciones que justifiquen un golpe de estado si la oposición venezolana vuelve a perder los comicios, así como perdió los comicios y referendos realizados los años 1998, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2008 y 2009. El único revés del gobierno venezolano, y relativo, fue el de la reforma constitucional del 2008.

Las encuestas le dan ventaja hasta ahora al gobierno del presidente Chávez para las elecciones parlamentarias de septiembre y Estados Unidos quiere revertir esa situación y, si no puede, hay todo un engranaje militar que sugiere una intervención armada, de lo que es parte lo dicho por el ya ex presidente colombiano Alvaro Uribe sobre la supuesta presencia de guerrilleros de las FARC en Venezuela.

Intervencionismo político latinoamericano

En el intento por lograr que el presidente Chávez pierda esta elección parlamentaria hay sectores políticos latinoamericanos involucrados y dinero estadunidense y europeo. Pero empecemos por la intervención política.

El 26 de junio el diario chileno El Mercurio informó que el lunes 21 de ese mes, habían llegado a ese país 16 dirigentes de la oposición venezolana que pertenecen a la llamada Mesa de Unidad Democrática, para participar en “un programa especial de trabajo”, con personeros de la Concertación de Partidos para la Democracia, que gobernó Chile desde la salida de Pinochet hasta el triunfo del actual presidente, cuyo período de inició en marzo de este año.

Los opositores al gobierno venezolano buscaban que los chilenos les dieran “capacitación”, por las semejanzas que según ellos habría “entre la realidad venezolana y la de Chile de fines de los años 80”, cuando surgió la Concertación, que derrotó al dictador Pinochet en un plebiscito. Los “instructores” fueron altos ex-funcionarios de gobiernos de la Concertación, pertenecientes a los distintos partidos que la integran.

Estuvieron, entre otros, el democristiano Mariano Fernández, último canciller de la presidenta Bachelet y ex-embajador en Estados Unidos; el socialista Enrique Correa, ex Secretario General de Gobierno del ex-presidente Aylwin y Sergio Bitar, dirigente del Partido por la Democracia, quien fue senador, ministro de Educación en el gobierno de Ricardo Lagos y de Obras Públicas en el de Michelle Bachelet. Bitar fue también ministro de Minería del Presidente Allende.

Esto provocó críticas en sectores del partido Socialista en particular, mientras otros concertacionistas se unían a la derecha para cuestionar al presidente venezolano y sus parlamentarios se autodesignaron observadores electorales para septiembre próximo, creando un conflicto que llegó a niveles gubernamentales hasta que el presidente chileno relegó el asunto al parlamento.

El detalle es importante, porque si bien no aparece involucrado José Miguel Insulza, sí lo está su amigo y colaborador en la Secretaría General de la OEA Enrique Correa, al que generalmente designa como observador de ese organismo en las elecciones de la región. Insulza fue responzabilizado por el canciller ecuatoriano de la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela, por no haber postergado, como se lo pidió, la sesión en la que Colombia formuló sus cargos.

Dinero y preparativos militares

Como es habitual en estos casos, Estados Unidos destina fuertes cantidades de dólares a financiar sus acciones intervencionistas en otros países. Contra el presidente Allende invirtieron muchos millones, como documentó el congreso estadunidense y en Venezuela están haciendo lo mismo, aunque los concertacionistas chilenos no lo quieran recordar

La Fundación Nacional para la Democracia, NED por sus siglas en inglés, fue creada por Ronald Reagan para legalizar lo que antes se hacía sólo bajo el ropaje de la Agencia Central de Inteligencia. El dinero, que se aprueba en el congreso, se reparte a través de las fundaciones republicana y demócrata, y de organismos empresariales y sindicales del país del norte a sus similares de los países a desestabilizar.

En 1999, la NED repartió en Venezuela un millón 273 mil 408 dólares, según se lee en su página de internet. Pero eso no es lo único que se ha enviado, de acuerdo a un informe del instituto FRIDE de España, también se da financiamiento por medio del Movimiento Mundial para la Democracia, creado por la NED.

A esto se agrega lo que se manda por medio de la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID, de Estados Unidos;la Freedom House, la Comision Europea y las fundaciones Konrad Adenauer y Friederich Ebert de Alemania, cada una ha girado alrededor de 500 mil euros anuales a los partidos venezolanos de oposición. La embajada de Estados Unidos en Venezuela usa la valija diplomática para otros envíos y todo se lavaba en el mercado paralelo, lo que determinó que el gobierno venezolano dictara una nueva legislación cambiaria.

Si todo esto que hemos descrito no conduce a una derrota electoral del gobierno del presidente Chávez en Septiembre, todo indica que el plan “B” está en marcha. A Costa Rica, el país “sin ejército”, llegarán este año 43 barcos de guerra estadunidenses artillados. En las calles de Panamá ya se encuentran militares estadunidenses uniformados incluso, lo que no se veia desde que se cerraron las bases de EU el año 2000. Dicen que van a combatir el narcotráfico a través de 15 nuevas instalaciones militares.

En Colombia son 13 las bases estadunidenses autorizadas por Uribe. En Perú se acaban de realizar ejercicios navales con participación de diez países sur y centro americanos encabezados por Estados Unidos. ¿Dónde será la guerra?

Por Frida Modak, periodista, fue Secretaria de Prensa del Presidente Salvador Allende.
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El Ministerio Público de Honduras pidió este jueves 7 de diciembre, la supuesta captura de la cúpula militar por haber expulsado del país al presidente, Manuel Zelaya, quien consideró que la medida pretende poner un manto a la verdad de lo ocurrido el 28 de junio, mientras las Fuerzas Armadas anunciaron que se 'someterán' al proceso judicial.

El fiscal contra la 'corrupción', Henry Salgado, dijo a periodistas que, acompañado por el fiscal general, Luis Rubí, presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un 'requerimiento fiscal' contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez, e integrada por otros cinco oficiales.

Salgado precisó que se pidió al tribunal supremo emitir 'la orden de captura (contra los militares) y que se les inicie el procedimiento, que se les escuche y se les tome su declaración indagatoria'.

El fiscal explicó que presentó el recurso ante la CSJ porque se trata de supuestos 'altos funcionarios' del Estado, e indicó que se acusa a la Junta de Comandantes de los delitos de abuso de autoridad y expatriación (la expatriación de hondureños está prohibida por la Constitución) por haber expulsado a Zelaya hacia Costa Rica el 28 de junio pasado.

'Para mí, con ese requerimiento fiscal, simple y llanamente lo que quieren es poner un manto sobre la verdad de los hechos que ocurrieron el 28 de junio', dijo Zelaya a medios locales por teléfono desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se encuentra desde el 21 de septiembre, reseñó Cuba Debate con información de la agencia EFE.

Según el régimen dictatorial, que encabeza Roberto Micheletti, los militares expulsaron a Zelaya 'en cumplimiento de una orden de captura' emitida por un juez de la CSJ, como parte de un proceso incoado por el MP contra el depuesto mandatario por impulsar una consulta declarada ilegal para promover una Asamblea Constituyente.

Zelaya sostuvo: 'Lo que hubo es una conspiración entre el Congreso Nacional, la Corte de Justicia y el fiscal del Estado (Luis Rubí) con los militares para dar el golpe de Estado; ellos son responsables juntos'.

Por su parte, el general Vázquez dijo a medios locales desde San Pedro Sula (norte), donde cumple una visita de trabajo, que desconoce la acción del MP pero que está 'dispuesto' a presentarse ante la Justicia.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, coronel Ramiro Archaga, dijo a periodistas que 'se conformará un equipo de abogados' de la institución para que lleve la defensa en este caso.

'Casualmente' la acción del MP contra la cúpula militar coincide con la presencia en Honduras del subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Craig Kelly.

El Congreso Nacional ilegal tiene pendiente discutir en los próximos días una amnistía política para los involucrados en la crisis causada por el derrocamiento de Zelaya.

El presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, apuntó: 'Si se está diciendo que las Fuerzas Armadas cometieron un error, pues a ese error se le llama golpe de Estado militar', y fue ratificado por el Congreso Nacional, que lo destituyó a él y designó en su lugar a Micheletti.

El Congreso, que 'no tiene ninguna facultad para destituirme, lo que hubiera pedido era que regresara directamente a mi puesto como presidente y que pusiera mis abogados y me defendiera', añadió.

Ahora, dijo Zelaya, 'el fiscal del Estado está dándose con la piedra entre los dientes porque se le está dando ese derecho a la cúpula militar que no me lo quiso dar a mí'.

Agencia Bolivariana de Noticias

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Estoril, Portugal, 30 de noviembre. Las cuestionadas elecciones de ayer en Honduras concentraron hoy gran parte de la atención de la 19 Cumbre Iberoamericana; y aunque las diferencias prevalecen, algunos países que se habían negado a reconocer las elecciones del domingo por considerarlas ilegítimas –como Brasil, España y El Salvador–, ahora realizan esfuerzos diplomáticos por alcanzar una postura de consenso frente a la crisis derivada del golpe de Estado ocurrido el pasado 28 de junio en la nación centroamericana.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, destacó que no se trata de reconocer a un gobierno de facto, sino de las elecciones celebradas, y dejó entrever la necesidad de que la comunidad latinoamericana avale los comicios como parte de la ruta de reconciliación en Honduras, en la que el candidato triunfador, el derechista José Pepe Lobo, deberá pugnar por un acuerdo que no descarte al propio presidente constitucional Manuel Zelaya.

El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva insistió en que su gobierno no reconoce estos comicios como un "intento de blanqueamiento de un golpe de Estado", pero se dijo abierto a evaluar las iniciativas de Lobo, como por ejemplo “si va a considerar a la Organización de Estados Americanos como interlocutor legítimo, lo que nunca hizo el presidente de facto Roberto Micheletti”, indicó Marco Aurelio García, asesor del gobernante.

"Este conjunto de señales y gestos permitirá evaluar y decidir cuáles serán los próximos pasos", explicó.

En el mismo sentido se manifestó España, cuyo ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Angel Moratinos, señaló que no se podían reconocer las elecciones, pero tampoco se podían "ignorar", al tiempo que el jefe de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero llamó a construir un "gran acuerdo nacional que debería contar con un gran consenso latinoamericano, centroamericano y europeo".

El presidente Felipe Calderón fijó la postura mexicana sin contundencia respecto al reconocimiento o no de los comicios: “nuestra exigencia es la del restablecimiento del orden constitucional, del cual la realización de elecciones libres –a reserva de saber y conocer con detalle si las realizados lo fueron o no– es una condición necesaria pero no suficiente de restablecimiento”.

Calderón señaló que "la democracia llegó, pero también retrocede en su camino. Registra claras regresiones de carácter no democrático, de lo cual el golpe de Estado en Honduras fue una expresión muy preocupante".

Los comicios sin la restitución de Zelaya en la presidencia siguieron polarizando a los asistentes a esta cumbre, a la que no acudieron los mandatarios de ocho países, entre ellos Venezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Nicaragua y Guatemala.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, una de las más críticas, ratificó su condena previa y advirtió que los comicios hondureños se realizaron en "el marco de la más absoluta ilegalidad democrática".

Su par salvadoreño, el izquierdista Mauricio Funes, hizo votos por que la "nueva situación creada en ese país conduzca a un proceso de diálogo nacional que concluya a la brevedad posible en el restablecimiento de la democracia y el orden constitucional".

En representación de Zelaya asistió a la cumbre la canciller hondureña Patricia Rodas, quien calificó de espurias las elecciones del domingo y demandó no reconocer sus resultados, aunque admitió que Zelaya podría dialogar con Porfirio Lobo para alcanzar una salida.

Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, en representación del mandatario de la isla, Raúl Castro, sostuvo que "en Honduras se ha instalado, mediante un golpe militar, con la instigación y el apoyo de los Estados Unidos, una dictadura. Reconocer el gobierno espurio que de estas elecciones ilegítimas emerja, traicionaría los principios de paz, democracia y justicia que se proclaman, y así debería manifestarse esta cumbre. Tenemos profunda convicción de que el pueblo hondureño, con su lucha, dirá su última palabra".

Mantuvieron su apoyo a las elecciones en Honduras los gobiernos de Costa Rica, Panamá y Perú; Colombia se sumó este lunes a este grupo.

Destacó la postura de quien fue mediador en el conflicto, el mandatario costarricense Óscar Arias, quien llamó a reconocer los comicios en aras de no seguir afectando al "pueblo hondureño", y como una vía de salida para un acuerdo nacional, mientras su colega colombiano Álvaro Uribe llamó a reconocer sin ambages "el proceso democrático, que se ha dado sin fraude".

Alonso Urrutia
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“Estaría presente en la zona del Beni (norte de Bolivia) una célula argentina de once ex carapintadas que se sumarían a otras dos células (brasileña y uruguaya), integradas por ex militares que habrían estado en misión en los Balcanes. La mencionada ‘célula argentina’ habría mantenido contactos con sectores de ‘ultraderecha’, opositores al actual gobierno nacional boliviano, en Santa Cruz y en Cobija, departamento de Pando.” La información, fechada el 4 de mayo, que recibió la Cancillería argentina de la Embajada en Bolivia y a la que accedió Página/12, señala que “empresarios y terratenientes de Santa Cruz de la Sierra habrían requerido la presencia de los ex militares con el objetivo de ser instruidos en materia de autodefensa ante eventuales intentos de apresamiento por parte de organismos oficiales”. Las piezas del rompecabezas se empiezan a colocar en posición a partir de la investigación sobre el grupo de supuestos terroristas, liderado por Eduardo Rózsa Flores, “Héroe de la Guerra de los Balcanes”, que fue desbaratado por la Policía Nacional de Bolivia el pasado 16 de abril. El presidente Evo Morales denunció que la banda planeaba un magnicidio.

El pasado 21 de abril este diario informó que el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, se había comunicado con el embajador argentino en La Paz, Horacio Macedo, para pedirle colaboración en el control de los pasos fronterizos “por la eventual presencia de activistas argentinos en distintas regiones de Bolivia”. En ese momento se mencionaban los viajes a Bolivia del mayor retirado Jorge Mones Ruiz, uno de los reincidentes carapintadas que entre el ’87 y el ’91 se alzó en armas para exigir la impunidad de los represores.

El nuevo informe da cuenta de que “Mones Ruiz habría estado en contacto con el presunto terrorista/mercenario ultimado Rózsa Flores y con (Luis Enrique) Baraldini”, otro compañero de armas prófugo de la Justicia argentina por su actuación durante la represión ilegal en La Pampa y radicado en Santa Cruz de la Sierra con nombre falso. Mones Ruiz estuvo destinado como oficial de inteligencia del Ejército argentino en Bolivia durante un tramo de la última dictadura y suele jactarse del conocimiento de sus camaradas bolivianos.

Al ex carapintada lo seducen sus vínculos con la ultraderecha latinoamericana. En el ’87, el Círculo Militar le publicó un libro en el que desarrollaba su expertise sobre la formación de grupos comandos contra los procesos revolucionarios en Centroamérica (ver aparte). Este año, encontró un anclaje institucional en la llamada UnAmérica, una ONG que pretende ser la contracara de la Unasur, la organización que integran los presidentes de América latina. Justamente, los gobiernos “izquierdistas”, especialmente los de Bolivia y Venezuela, provocan los desvelos del comité liderado por el venezolano antichavista Alejandro Peña Esclusa.

Mones Ruiz despunta el vicio de difundir su pensamiento en distintos formatos pero con la misma obsesión. Con otro de sus camaradas carapintada, Breide Obeid, formó el “Conjunto Patria” y sale a cantar sus propias letras en encuentros católicos. Más académico, publicó varios libros, entre ellos Argentina ¿sin destino? Estudio sobre las nuevas amenazas, y se explaya en páginas web sobre “el desgobierno y las falencias institucionales (aprietes a empresarios, control de precios, crisis energética, caso ‘Papeleras’, inseguridad ciudadana, corrupción, justicia ‘tuerta’, agrandamiento de la brecha entre ricos y pobres, legisladores ‘borocotizados’, violencia social, comandantes militares desmemoriados, fuerzas policiales con menos garantías que los delincuentes, etc.), están generando las condiciones para el cambio estructural que la sociedad reclama”. Hiperactivo, el año pasado empezó a hacerse tiempo para recorrer las asambleas rurales y azuzar el conflicto.

Esclavo de las palabras

La violenta irrupción de la policía en el cuarto piso del hotel Las Américas que terminó con la muerte de Rózsa Flores (boliviano-húngaro-croata), Arpád Magyarosi (rumano de origen húngaro) y Michael Dwyer (irlandés) y la detención de Mario Francisco Tadic Astorga (boliviano con pasaporte croata) y Elöd Tóásó (rumano-húngaro) potenció la virulencia opositora en Bolivia. El presidente Evo Morales aspira a ser reelecto el próximo 6 de diciembre y leyó la actuación de esos comandos trasnacionales como una prueba cabal de un plan para asesinarlo. En el entramado de relaciones en ese campo minado aparecen indicios de la participación de los personajes de siempre.

Cinco días después del operativo en el hotel, la Red de Televisión Húngara emitió una entrevista realizada por el periodista Andras Kepes el 8 de septiembre de 2008 en la que Rózsa confirma que viajó a Santa Cruz de la Sierra a pedido de personas que le solicitaron formar un grupo de autodefensa de la región y que, si no se lograba la coexistencia pacífica con el resto del país, se buscaría su independencia. El diario El Deber, de Santa Cruz, detalló que “el hombre, de 49 años, aseguró que su misión ‘tenía respaldo legal’, ya que la decisión de organizar la milicia se basaba en la autorización del Consejo de Santa Cruz. Consultado el presidente de la Asamblea Departamental, Juan Carlos Parada, aseguró que no conocía nada al respecto y que no sabía a cuáles de los consejos o asambleas que funcionan en Santa Cruz pidió permiso. Según Rózsa, un grupo de opositores políticos lo contactó hace más o menos año y medio desde Santa Cruz. Su misión principal era defender la región de los grupos y milicias de indígenas. ‘Estamos dispuestos, dentro de unos meses, en el caso de que la coexistencia no funcione y en virtud de la autonomía, a proclamar la independencia (de Santa Cruz) y crear un nuevo país’, dijo Rózsa.”

Rózsa grabó la entrevista como un testamento: sólo podía ser difundido en caso de muerte. El extraño personaje que supo militar en el Opus Dei, convertirse al islamismo y ser consagrado “Héroe de la Guerra de los Balcanes” terminó reclutando mercenarios para defender a la ultraderecha boliviana. La participación en el frente croata le abrió lazos con militares latinoamericanos que encontraron en esas milicias el nicho buscado para desarrollar sus competencias de comandos.

Mano de obra

El detallado informe que se está analizando en la Cancillería argentina cuenta que empresarios y terratenientes de Santa Cruz de la Sierra habrían apelado a los ex militares “con el objetivo de ser instruidos en materia de autodefensa ante eventuales intentos de apresamiento por parte de organismos oficiales y avasallamientos de distintos tipos, incluyendo la toma de tierras privadas por parte de entidades sociales como el MAS”, en alusión al Movimiento Al Socialismo, el partido que lidera Evo Morales.

El modelo de los terratenientes brasileños que instauraron virtuales escuadrones de la muerte para contrarrestar la acción de los Sin Tierra ilumina el imaginario de las fuerzas reaccionarias de los secesionistas de la región már rica de Bolivia. La organización Human Wright Foundation Bolivia, que responde a Victor Hugo Achá, sería el alma matter de la estrategia encuadrada en los objetivos de UnAmérica, evalúa el texto que recaló en el Palacio San Martín.

El 30 de abril, el fiscal Marcelo Sosa quien instruye la investigación por la actuación del grupo de Rósza convocó a declarar a Achá para corroborar las declaraciones de algunos de los deternidos en la causa. El presidente de HWF había viajado una semana antes a los Estados Unidos y anunció que no regresará hasta que no le den garantías legales para defenderse de las acusaciones. Sin embargo en una comunicación telefónica con un canal local reconoció que conversó en más de tres ocasiones con Rózsa pero, obviamente, negó cualquier vínculo con la milicia que organizaba el boliviano-húngaro-croata.

Según consignó el diario La Prensa, de La Paz, Juan Carlos Gueder, el detenido declaró: “Sé que había otra persona vinculada dentro del campo político (para ser asesinado en Bolivia), pero tampoco sé su nombre, porque hay otra gente que debería estar dando la cara aquí, debería estar aquí el señor Hugo Achá dando la cara”. Gueder aseguró que el dirigente de HWF había estado en las reuniones con la presunta banda terrorista. A Gueder le otorgaron la prisión domiciliaria por haber colaborado con la Justicia.

El 1° de mayo, el presidente boliviano dijo que si la organización no aclara sus vínculos con “los terroristas” podría ser expulsada del país como ya ocurrió en Venezuela. El comité Pro Santa Cruz, centro de la flor y nata de la oposición que reiteradamente intentó desestabilizar a Morales, convocará a una asamblea para evaluar qué hacer ante el avance de la investigación por los vínculos de empresarios con los presuntos terroristas abatidos en el hotel America.

En ese marco actúan los sectores representados en UnAmérica, organización en la que el carapintada argentino Mones Ruiz se desempeña como secretario, y proyectan presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de Morales acusándolo de ser el responsable de la Masacre de Pando. El objetivo es contrarrestar el informe aprobado por la Unasur que derivó en la prisión, entre otros, del prefecto de Pando por la persecución y los asesinatos racistas fogoneados desde la ultraderecha.

Por Nora Veiras

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