Sábado, 27 Abril 2019 06:08

La vuelta del hombre del rifle

Trump se sintió como en casa en la convención del NRA en Indianápolis. Imagen: EFE

EE.UU. se baja del tratado de armas convencionales. Trump hizo el anuncio en el encuentro anual de la Asociación Nacional del Rifle, el lobby a favor de la posesión de armas.

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que revocará el estatus de su país como firmante del Tratado sobre Comercio de Armas convencionales, suscrito por más de cien naciones y que regula el intercambio global de armamento, municiones y aviones o buques de combate.


“La ONU recibirá pronto una notificación formal de que Estados Unidos rechaza este tratado”, dijo Trump durante un discurso ante el encuentro anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el mayor grupo de presión en Estados Unidos a favor de la posesión de armas.


Estados Unidos firmó ese tratado de la ONU en 2013, durante el Gobierno de Barack Obama, pero el Congreso estadounidense nunca lo ratificó, por lo que no llegó a entrar en vigor en el país, como sí ocurrió en un centenar de naciones a partir de 2014.


“Revocaremos el efecto de la firma de Estados Unidos de este tratado tan profundamente equivocado. Vamos a retirar nuestra firma”, aseguró Trump.


A continuación, el mandatario rubricó un documento en el que, según explicó, pidió al Senado “que interrumpa el proceso de ratificación del tratado” y se lo envíe “al Despacho Oval”, donde prometió “deshacerse” de él. “Bajo mi Administración, nunca entregaremos la soberanía estadounidense a nadie. Nunca dejaremos que burócratas extranjeros pisoteen la Segunda Enmienda. Y por eso nunca ratificaremos el Tratado sobre el Comercio de Armas”, subrayó.


El anuncio supone un paso más en la tendencia del Gobierno de Trump a retirarse de pactos internacionales, tras su salida del acuerdo nuclear con Irán y del de París sobre el clima, además de su plan de abandonar en agosto el tratado INF (Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio) que comprometía a Estados Unidos y Rusia a eliminar muchos de sus misiles nucleares y convencionales.


Para los partidarios de la decisión, asegurarse de que Estados Unidos no ratifique el tratado es un paso más hacia la desregulación que Trump ha defendido. En una llamada con reporteros, un alto funcionario de la administración dijo que un factor importante en su decisión fue la falta de cumplimiento del tratado por parte de otros grandes exportadores de armas convencionales, entre ellos China y Rusia. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Estados Unidos tenía su propio conjunto de controles para asegurar la venta adecuada de armas en el extranjero, y agregó que la administración de Trump se oponía a posibles enmiendas futuras al tratado para su consideración en 2020.


La NRA y otros grupos de Estados Unidos se opusieron a la firma en 2013 del Tratado sobre Comercio de Armas, por considerar que podría contravenir su derecho constitucional a la tenencia de armamento. “Este tratado amenazaba con subyugar sus derechos”, dijo Trump a los afiliados de la NRA congregados en Indianapolis, estado de Indiana.


Trump prometió a ese poderoso grupo de presión, que donó 30 millones de dólares a su campaña electoral en 2016, que “nunca les decepcionará” mientras siga en el poder.
El tratado de la ONU busca regular el comercio de equipos como tanques y aviones de combate, misiles, vehículos de guerra blindados, helicópteros para operaciones bélicas y armas cortas.


Entre otros elementos, el acuerdo también prohíbe el traslado de armas convencionales, municiones o componentes a países donde se determine, tras una evaluación de riesgos, que pudieran usarse para genocidios o crímenes de guerra. Si retira su firma del tratado, Estados Unidos se sumará a otros países que nunca llegaron a rubricarlo, como Rusia, Siria y Corea del Norte.

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Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para

Transcurridos 20 días de la álgida jornada de movilización y resistencia de la Minga del Cauca transformada en Minga Nacional –10 de marzo al 5 de abril–, continúa la ola de amenazas, atentados y asesinatos contra líderes y lideresas sociales. Ante esta realidad, ¿qué le espera a los diferentes territorios del país en materia de Derechos Humanos? ¿existe una respuesta del Estado colombiano para enfrentar este modelo de muerte impuesto por el poder realmente existente en el país? ¿cómo responder desde los sectores alternativos a esta realidad?


Culminada la Minga Nacional –5 de abril– y avistándose el 25 de abril, día concertado para realizar un paro nacional, la arremetida guerrerista desata sus fuerzas por diferentes coordenadas nacionales en contra de diversos liderazgos sociales, así como de excombatientes de la otrora guerrilla de las Farc –en proceso de reinserción a la vida civil–, profundizando la grave situación de Derechos Humanos que desde tiempo atrás vive el país.


Ríos de sangre


No transcurrieron más de 8 días de culminada la Minga Nacional para que el poder cobrara con sangre el arrojo indígena y campesino que emplazó al establecimiento a cumplir sus palabras tantas veces comprometida y tantas veces irrespetada: el 11 de abril, con diez disparos que impactaron su cuerpo, acabaron con la vida de Policarpo Guzmán Marge en Argelia Cauca.


Polo, como lo llamaban sus más cercanos, vivió en carne propia, durante varios años, el conflicto que aqueja al país. Antes de asentarse en el departamento del Cauca fue desplazado de otras regiones por Los Rastrojos, sin embargo, persistía en la búsqueda de vida digna. Fue integrante y fundador de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia y se organizó en el Pupsoc y Marcha Patriótica. Había denunciado la presencia de paramilitares en la región y exigido al Estado que lo protegiera, pese a lo cual nunca llegó la protección y el desenlace fue contundente.


Un día después, el 12 de abril, la sombra de la muerte cubrió la casa del indígena Emberá Aquileo Mecheche Baragon en Rio Sucio, Chocó. A las diez de la noche de aquel día sujetos armados entraron a su casa y se lo llevaron, asesinándolo a pocas cuadras de su residencia con tres impactos de bala. Aquileo fue presidente del Cabildo Mayor Indígena del Bajo Atrato Camizba–Asorewa y desde hace siete años era rector de la Institución Educativa Indígena Jagual. Fue uno de los líderes de la Minga del Chocó, desarrollada en el mes de noviembre del 2018. Había recibido amenazas por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).


Al siguiente día, 13 de abril, cuando aún la mañana estaba fresca, varios pistoleros llegaron al caserío Monte Lara, ubicado en Maicao (Guajira) y atacaron a las personas que se encontraban durmiendo en chinchorros, acabando con la vida de Samuel David González Pushaina, un bebé de siete meses, hijo de Carlos Enrique González –excombatiente de las Farc– y de Sandra Pushaina –indígena Wayúu–. En el mismo atentado también murió un familiar del exguerrillero.


En la misma semana –lunes 8 a domingo 14 de abril– también fue asesinado en el municipio de Ricaurte (Nariño) Fabio Roberto Paí Yascuarán, indígena Awá perteneciente a la comunidad Nalbú. La región donde vivía se encuentra en disputa entre diferentes grupos armados. Según fuentes gubernamentales la razón de la disputa es el control de rutas para el narcotráfico, lo que genera múltiples amenazas y controles a la libertad de tránsito en los territorios ancestrales del pueblo Awá. Hasta dos años atrás este territorio estaba bajo control de las otrora Farc.


Las denuncias por estos homicidios resuenan en amplias zonas del país, pero la impunidad no cede, y la violencia con blancos claramente establecidos prosigue con sus detonaciones: el 22 de abril en Norte de Santander cae asesinado Dimar Torres Arévalo –excombatiente fariano–, y la inculpación por autoría material recae sobre miembros del Ejército nacional. Según el comunicado de la Junta de acción comunal Vereda Campo alegre, municipio de Convención, a las 5 de la tarde de aquel día se escucharon algunos disparos que provenían de la base militar ubicada en la vereda Carrizal del corregimiento de Miraflores, hacia el lugar se desplazaron 80 personas de la comunidad y encontraron que los militares estaban abriendo una excavación al interior de la instalación militar, en donde pretendían enterrar el cuerpo de Dimar Torres. Días atrás –20 de abril– fueron hostigados con armas de fuego Ólger Antonio Pérez Quintero, directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo –Ascamcat–, Nicolás López, del Comité de Integración Social del Catatumbo –Cisca– y Horacio Ramírez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Torcoroma.


¿Derechos Humanos?


La guerra continua en Colombia, en todas sus formas, entre ellas la psicológica. Al mismo tiempo que arrecia la ofensiva militar en contra de líderes sociales y excombatientes de las Farc, los panfletos firmados por las Águilas Negras reaparecen en los territorios de quienes se movilizaron en el mes de marzo. Estos panfletos expresan la relación de los grupos paramilitares con el establecimiento, pues defienden la institucionalidad y el gobierno de turno, criminalizan la organización social, el sindicalismo y a los defensores de Derechos Humanos, tildando a todos estos como guerrilleros. En el Cauca se están ofreciendo recompensas económicas por el asesinato de guardias indígenas y autoridades del Cric.


La situación que vivimos no es poca cosa. Según el informe anual de la ONG Programa Somos Defensores, el año 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia, pues se registraron 155 asesinatos, lo que supone un 46,2 por ciento más que en el 2017 en el que se presentaron 106 homicidios. Los departamentos en los que se registraron más muertes fueron Cauca (28 casos), Antioquia (24), Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10). A su vez, de los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos, 7 eran dirigentes sindicales, 6 afrocolombianos, 3 abogaban por las víctimas del conflicto armado, 3 líderes educativos, 3 defensores de la restitución de tierras, 2 del medioambiente y 1 Lgbti. Entre los responsables se encuentran grupos paramilitares, disidencias de las Farc, Eln y fuerza pública.


Debe recordarse que, según el informe presentado por Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde enero del año 2016 y hasta los primeros días del 2019, se estima que alrededor de 600 líderes sociales han sido asesinados en nuestro país. Así mismo es necesario mencionar que en los primeros 100 días gobierno de Iván Duque se han registrado 120 asesinatos de líderes. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia se estima que durante este gobierno se han presentado 63 asesinatos de líderes indígenas y 153 amenazas. Además, son preocupantes las declaraciones del director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización de Colombia, Andrés Stapper, quien sostuvo que desde la firma del Acuerdo de Paz fueron asesinados 128 excombatientes.


¿Tiempo de inventar nuevos caminos?


Una disputa política por el control territorial. Este panorama que tenemos en materia de Derechos Humanos en Colombia, corrobora la existencia de un plan de asesinatos sistemáticos y selectivos contra líderes y lideresas sociales que dinamizan las inconformidades que aquejan a millones en el país, así mismo, evidencia una estrategia para generar miedo y terror en los diferentes territorios que están cansados de esta realidad, y que en medio de las dificultades están confrontando al gobierno del Centro Democrático, oponiéndose a los proyectos económicos, políticos y minero energéticos que se pretenden instalar por diferentes coordenadas nacionales.


De la misma manera, el asesinato de los excombatientes de las Farc evidencia el plan de exterminio contra las bases de la otrora insurgencia, los que con su activismo podrían generar en un futuro no lejano organizaciones sociales que confronten al régimen, o que ante los constantes incumplimientos de lo acordado decidan reagruparse en las llamadas “disidencias”.


No sorprende la respuesta del gobierno, pues en realidad los asesinatos y amenazas que se riegan por el país son funcionales a sus intereses. Lo que sí asusta es la falta de solidaridad de la sociedad colombiana, que pasivamente se queda observando, semana tras semana, el asesinato de otros líderes sociales. Esto trae algunos interrogantes: ¿acaso los movimientos sociales estamos desconectados del país nacional? ¿por qué el llamamiento a un paro nacional motiva la participación de los mismos sectores de siempre? ¿será que las metodologías que se están utilizando no son las que el pueblo colombiano está esperando y demandando? ¿cómo lograr discutir estos temas en el conjunto del movimiento social sin que se impongan los vicios de marginar, amañar o imponer las posiciones con la excusa de ser “mayoría”? Todo un reto por encarar.


Seguramente el país nacional va a sentir como propias todas estas luchas que se gestan desde los movimientos sociales, cuando realmente estos movimientos se aboquen al país, lo que implica superar las formas clásicas de la política, la misma que entiende y ve el poder en el Estado nacional, romper con lo cual demanda discutir y cuestionar la democracia liberal, así como las instituciones oficiales, las que están al servicio del poder tradicional y del status quo.

 

Artículos consultados


https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36595-colombia-denuncian-128-asesinatos-de-excombatientes-farc-tras-acuerdo-de-paz.html
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36645-asesinados-en-colombia-155-defensores-de-los-derechos-humanos-en-2018.html
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408
https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article24263
https://analisisurbano.org/a-tiros-mataron-a-lider-social-policarpo-guzman-mage-en-argelia-cauca/
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2965-tambien-victimas-de-multiples-vulneraciones-de-ddhh-el-pueblo-awa-del-municipio-de-ricaurte-narino
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2957-onic-denuncia-y-repudia-asesinato-de-dirigente-embera-aquileo-mecheche-baragon-de-camizba-asorewa
https://www.semana.com/opinion/articulo/asesinato-de-lideres-sociales-en-colombia-columna-de-ariel-avila/597203

 

 

 

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Sin acuerdos, ni firmas; sólo buenas intenciones en reunión Putin-Kim

Moscú. Con un retraso de ocho años desde que asumió el cargo el huésped Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, y su anfitrión, Vladimir Putin, celebraron este jueves en el puerto de Vladivostok –en el lejano oriente de Rusia– su primera reunión cara a cara, sin otro propósito que producir un claro mensaje en el sentido de que es imposible resolver las controversias en el mundo únicamente con sanciones y amenazas, como pretende el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En conversaciones a puerta cerrada, tanto en el encuentro de los presidentes solos como en la reunión con miembros de sus comitivas –y a falta de los trascendidos interesados que suelen producirse–, poco puede saberse de qué acuerdos alcanzaron los líderes ruso y norcoreano, si es que hubo alguno.

Se sabe, en cambio –por las declaraciones formuladas a la prensa por Putin al término de la visita oficial del presidente norcoreano–, que el titular del Kremlin, convencido de que es la única vía para un arreglo que satisfaga a todas las partes, ofreció a Kim tratar de reanimar el formato de negociaciones a seis bandas (además de Corea del Norte y Rusia, Corea del Sur, China, Estados Unidos y Japón) si bien no parece ser una solución en el corto plazo mientras Pyongyang no cuente con sólidas garantías de seguridad a cambio de renunciar a su programa nuclear.

Tampoco se infiere que Kim haya cambiado de opinión respecto de negociar sólo con Estados Unidos, lo cual hubiera podido presentarse como un éxito de la habilidad de Putin para convencer al líder norcoreano de la necesidad de desnuclearizar su armamento, algo que Rusia, como potencia nuclear, también está interesada, si bien es consciente de que Corea del Norte tiene derecho a presentar la defensa de sus intereses nacionales como principal argumento para negarse sin obtener nada a cambio.

Dos días antes de la cumbre, el asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, adelantó que no estaba previsto que los presidentes firmaran ningún documento ni habría tampoco, en contra de lo que se acostumbra en casos de cumbres similares, comunicado oficial ni conferencia de prensa conjunta.

Por ello, a nadie sorprendió que la única fuente para tener información de qué pasó detrás de las paredes fue el propio Putin en declaraciones cuidadas, aparte de las imágenes de cordialidad que se dispensaron ambos líderes ante los reporteros gráficos y la televisión, en las tomas de escenas protocolarias.

En ese contexto de hermetismo, llamó la atención que Putin no prometió a Kim promover en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la conveniencia de flexibilizar de modo paulatino el régimen de sanciones que padece Corea del Norte como posible reacción a la "moderación" de su programa de armamento nuclear ni hizo referencia a la tesis de que es necesario lograr "un enfoque por etapas para un arreglo" que Rusia y China firmaron en una declaración conjunta.

Putin tampoco hizo suya una de las condiciones principales que pone Kim para aceptar la "desnuclearización" exigida por Washington, la cual presupone que Estados Unidos abandone la intención de instalar un "escudo" sobre Corea del Sur y Japón.

En el plano estrictamente de la relación bilateral, Putin hizo públicas sólo buenas intenciones: nada dijo en concreto sobre un proyecto de construir un gasoducto, ni de fórmulas de trueque para intercambios comerciales sin usar transferencias bancarias, ni siquiera sobre cómo resolver el problema de los 10 mil trabajadores norcoreanos en Rusia que, a finales de este año, tendrían que regresar a su país por las sanciones internacionales.

"Algo se nos ocurrirá", prometió Putin a la prensa.

 

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En Milán, cientos de personas participaron de la celebración del 74 aniversario de la liberación del fascismo. Imagen: EFE

En el gobierno hay quienes se niegan a recordar el fin de la dominación nazi-fascista

Este 25 de abril, en el llamado “Día de la Liberación”, Salvini y otros representantes de la Liga no participaron de la conmemoración.

El 25 de abril es una de las fiestas nacionales más sentidas por el pueblo italiano porque el llamado “Día de la Liberación” recuerda el fin de la dominación nazi-fascista de Italia ocurrida en 1945. Si bien la dominación nazi-fascista no terminó ese día, se recuerda esa fecha porque empezaron a retirarse nazis y fascistas del norte de Italia, particularmente de la llamada República de Saló o República Social Italiana, fundada en 1943 por inspiración de Benito Mussolini.


Pero este año, cuando se celebraba el 74 aniversario de esa retirada, ocurrió un hecho inédito. Un exponente del gobierno italiano, el actual vice primer ministro y ministro del Interior, Matteo Salvini de la derechista Liga, decidió no asistir a ninguna de estas celebraciones que se hicieron en el país, argumentando que tenía otras cosas que hacer. Y esa otra cosa era la inauguración de una nueva jefatura de policía en Corleone, un pueblito de Sicilia tristemente célebre por el poder que en algún momento tuvo allí la mafia siciliana o Cosa Nostra. La actitud de Salvini, calificada como un desaire y un ataque a la historia de Italia y para los sobrevivientes de campos de concentración y todos los que murieron allí y en la guerra, fue justificada por el ministro diciendo que “fascismo y comunismo no volverán nunca más” mientras “hoy los peligros reales son la mafia y el terrorismo”. Por eso fue a inaugurar la nueva comisaría.


Salvini, que se la pasa hablando de los peligros que significan para Italia la llegada de inmigrantes, esta vez puso su dedo acusador contra las mafias, cosa que evidentemente le pareció más conveniente en este momento para ofuscar la derrota del fascismo. Pero él raramente menciona en sus discursos a las tres mafias principales de Italia –Cosa Nostra de Sicilia, ‘Ndrangheta de Calabria y la Camorra de Nápoles– que son realmente peligrosas y significan un poder económico y de influencias muy difundido gracias al tráfico de drogas –especialmente cocaína de América latina– , a las coimas, a la corrupción en general, a las inversiones que hacen para blanquear sus capitales ilegales, entre otras cosas. Estas mafias –algunas de las cuales existen desde fines de 1800– han sobrevivido a todos los gobiernos y son un peligro real para el país, no los inmigrantes, como Salvini en cambio le hace creer a la gente ingenua cada día. El ministro del Interior Salvini, por lo demás, no ha tomado medidas importantes contra estas mafias hasta ahora.


En cuanto al 25 de abril, no fue sólo Salvini el que no participó de la conmemoración. Tampoco se vieron en las decenas de actos a lo largo y ancho del país, los demás ministros de la Liga que forman parte del actual gobierno. Y todo esto llevó a una lectura muy clara de parte de los analistas, que atribuyeron a Salvini la “magia” de haber hecho revivir en muchos la añoranza del fascismo y el deseo de no reconocer el 25 de abril como un triunfo.


De hecho, grupos de neofascistas hicieron una breve manifestación el 24 de abril en Milán, a dos pasos de Piazzale Loreto -un lugar simbólico de la Segunda Guerra porque en 1944 fueron fusilados allí por los fascistas, 15 miembros de la Resistencia, y en 1945, fueron expuestos en el mismos lugar los cuerpos asesinados de Mussolini y otros 18 dirigentes de su gobierno- desplegando un cartelón de varios metros que decía “Honor a Benito Mussolini” y cantando consignas fascistas. El hecho duró pocos minutos pero fue lo suficientemente impresionante como para ser publicado por todos los medios. Otras manifestaciones similares, aunque de menor envergadura, produjeron los neofascistas en otras ciudades.


Ante estos hechos, el discurso que el presidente de la República Sergio Mattarella hizo en el acto conmemorativo en Vittorio Veneto (norte de Italia) fue claro y significativo. “Festejar la 25 de abril significa celebrar el retorno de Italia a la libertad y la democracia después de 20 años de dictadura, de privación de las libertades fundamentales, de opresión y persecuciones. Significa recordar el fin de una guerra injusta, trágicamente combatida al lado de Hitler. Una guerra desencadenada para afirmar la tiranía, la voluntad de dominio, la superioridad de la raza, el exterminio sistemático”, dijo. La Resistencia y la liberación del nazifascismo representa para Italia “un nuevo renacimiento” en el cual la nación “ha re-encontrado su propia dignidad”, agregó.


Las ceremonias de conmemoración el 25 de abril empezaron temprano este jueves y la primera de ellas fue la colocación de una corona de laureles por parte del presidente Mattarella en la tumba al soldado desconocido en el Altar de la Patria, ubicado en el centro de Roma. El presidente luego viajó a Vittorio Veneto. “La Resistencia es un fecundo depósito de valores morales y civiles. Nos enseña que hoy como entonces, hay necesidad de mujeres y hombres libres y orgullosos que no bajen la cabeza frente a quien con la violencia, con el terrorismo, con el fanatismo religioso, quisiera volver a épocas oscuras imponiéndonos un destino de terror y odio”, añadió Mattarella en el acto de Vittorio Veneto. “El 25 de abril vio la luz una Italia que repudia la guerra y se compromete activamente por la paz”, concluyó. Una Italia que pone sus cimientos en la dignidad humana, el respeto de los derechos políticos y sociales, el repudio del racismo y de las discriminaciones. No fue así en las dos décadas fascistas”.


Junto al presidente en el Altar de la Patria estuvo presente la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi (M5S) el primer ministro Giuseppe Conte, quien después se dirigió a las Fosas Ardeatinas, el lugar donde fueron fusilados por los nazis 335 personas inocentes el 24 de marzo de 1944, como venganza por la muerte de 33 soldados alemanes el día antes en un atentado en las calles de Roma. De esta matanza de inocentes participó el agente de la Gestapo Erich Priebke, que vivió varias décadas en Bariloche, escapando de la persecución, pero que en 1994 fue descubierto y poco después extraditado de Argentina a Italia, donde fue procesado y condenado a la cárcel de por vida. Murió en 2013.


A diferencia de Salvini y los suyos, el otro viceprimer ministro y exponente del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Luigi Di Maio, decidió ponerse del lado de la Resistencia, es decir de los que resistieron a la dominación nazi-fascista. Di Maio, que es también ministro de Trabajo, participó de las celebraciones organizadas por la Comunidad Judía en la sinagoga de Roma, un inmenso templo ubicado frente al río Tíber, junto al Ministro de Justicia, Alfonso Bonafede, también él del M5S. “El coraje no tiene un color político –dijo Di Maio–. Por lo cual hoy damos el justo, merecido y sentido agradecimiento a quien ha tenido el coraje de oponerse, sacrificando la propia vida, a algo terriblemente equivocado como el nazi-fascismo”.

Pese al amenazador acto del miércoles de los neofascistas en Milán –muchos de ellos pertenecientes a furiosos grupos de hinchas de fútbol–, marchas de militantes y simples ciudadanos antifascistas se llevaron a cabo en todo el país, levantando carteles con leyendas como “Hoy como ayer, antifascistas”, “La Resistencia no ha terminado. Levanta tu cabeza y lucha por la vida”, “Combate el miedo. Destruye el fascismo”. Más de 70.000 participaron en la marcha organizada en Milán por el ANPI (Asociación Nacional de Partisanos de Italia) mientras en Bolonia, se repartió pan mientras se marchaba, en solidaridad con los pobres e inmigrantes, mientras un coro de niños cantaba canciones de la Resistencia.

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Netanyahu y Trump dan otro paso para estrangular a Irán

El final de las exenciones a los países que importan petróleo iraní y los refuerzos militares de Estados Unidos en la zona, pueden llevar a Teherán a una situación extrema que sin duda repercutirá en la economía del país, pero que también pueden tener consecuencias imprevisibles en Oriente Próximo.

Las sanciones de esta semana contra Irán significan que Estados Unidos ha dado un paso importante en la carrera contra el régimen islámico que ha sobrevivido toda suerte de contratiempos desde la revolución de 1979. No es solo un paso más; con ellas, Benjamín Netanyahu y Donald Trump descubren su intención de acabar con el régimen lo más pronto posible, es decir antes de las elecciones para la Casa Blanca de 2020.


Hay recordar que el pasado otoño el consejero para la Seguridad Nacional, John Bolton, ya pidió al Pentágono que desarrollara un plan operativo para una intervención militar en suelo iraní. Para enredar más las cosas, en marzo el Pentágono anunció el envío de sus aviones más modernos, los F-35, a una base en los Emiratos Árabes Unidos, que está a un paso de Irán y del estrecho de Hormuz.


Algunos funcionarios iraníes han amenazado con cerrar el estrecho, por donde circula el 22 por ciento del petróleo mundial, si Washington da un paso en falso, si bien no parece muy probable que Teherán sea capaz de mantener cerrado Hormuz durante mucho tiempo habida cuenta de la descomunal diferencia que hay entre la capacidad militar de los dos países.
La posibilidad de que se declare una guerra a corto plazo es mayor que nunca. El tándem Netanyahu-Trump probablemente está considerando que quedan menos de dos años antes de las elecciones americanas. Cinco precandidatos demócratas y una aspirante republicana han anunciado en las últimas semanas que si llegan a la Casa Blanca restaurarán el acuerdo nuclear con Teherán que con tanto esfuerzo logró Barack Obama.


Es una posibilidad que Netanyahu rechaza frontalmente. El primer ministro israelí fue el primero en elogiar las nuevas sanciones contra Irán sin ocultar una enorme satisfacción, la misma satisfacción que horas después compartió Riad. El régimen saudí se ha convertido en una marioneta de Israel puesto que para los saudíes es imprescindible la ayuda de Netanyahu para lavar su imagen en Washington.


Antes de que comenzaran las sanciones, Irán exportaba 2,5 millones de barriles de petróleo al día, mientras que ahora solo exporta 1.1 millones de barriles. El secretario de Estado, Mike Pompeo, que anunció las últimas sanciones, dijo que quiere que las exportaciones iraníes caigan a “cero”. Pompeo, Bolton y el senador Ted Cruz, quien inició la medida, son tres furibundos políticos proisraelíes.


Aunque Teherán ha dicho que sobrevivirá al castigo, es evidente que no le resultará fácil. Se dispararán la inflación, que ya es muy alta, y el desempleo, que también es muy alto, y está claro que la vida cotidiana de la población será cada día más difícil, que es lo que persigue Netanyahu, y por ende Trump.


Lo ocurrido en los pasados dos años, y especialmente en los últimos doce meses, muestra con claridad que Netanyahu ha logrado imponer su criterio en todas las decisiones que Estados Unidos ha adoptado con respecto a Oriente Próximo. El primer ministro israelí, que ya no oculta a nadie que se comporta como un extremista, conduce con riendas cortas la carroza en la que viaja Trump en todo lo tocante a la región, y le dicta su política especialmente en relación a Irán.


Irán contribuyó decisivamente a derrotar y expulsar al Estado Islámico de Irak, y Hizbolá, aliado de Teherán, expulsó a Al Qaeda de Siria, incluido el Golán, a pesar de que Al Qaeda contaba con el apoyo militar y logístico de Israel. No solo Israel ayudaba a los yihadistas sino que la CIA también colaboraba con los aliados de los yihadistas.


Las provocaciones del eje Netanyahu-Trump son constantes y persiguen cerrar todos los caminos a la negociación. Los intentos de una aproximación, de una negociación, han sido desbaratados una y otra vez por el tándem que forman las administraciones de Israel y Estados Unidos. Este miércoles, los máximos líderes iraníes han reconocido la evidencia de que sus enemigos no quieren negociar.


Ahora habrá que esperar a ver cómo reaccionan los compradores de petróleo iraní, especialmente China. Estados Unidos le ha ofrecido petróleo alternativo, pero hay expertos que indican que los chinos probablemente no abandonarán a Teherán en esta coyuntura y están creando un sistema de pago alternativo al dólar.


Europa, que acaba de crear un sistema de pago alternativo al dólar, podría sumarse a Pequín, aunque todavía es prematuro avanzarlo. El sistema europeo apenas se ha establecido pero esta sería una buena ocasión para desmarcarse de la política desestabilizadora en Oriente Próximo que dicta el tándem Netanyahu-Trump.


Otro país que también puede pillarse los dedos es Turquía, que mantiene unas boyantes relaciones comerciales con Irán. En Ankara no quieren que esas relaciones se vayan a pique simplemente porque la Casa Blanca así lo decida. Y lo mismo puede decirse de otro vecino de Irán, Irak, dos países que mantienen unas relaciones que van más allá de lo estrictamente comercial. El primer ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi, dijo el miércoles que no colaborará con el bloqueo de Estados Unidos.


El estrangulamiento de Teherán puede tener consecuencias terribles no solo para los iraníes corrientes, unos 80 millones de personas, sino también para el conjunto de la región.

JERUSALÉN
25/04/2019 08:15 Actualizado: 25/04/2019 08:15
Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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Asesinados en Colombia 155 defensores de los Derechos Humanos en 2018

Los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, según el informe de la ONG Programa Somos Defensores.

El año 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia por el asesinato de 155 de ellos, lo que supone un 46,2% más que los 106 homicidios de 2017, según el informe anual de la ONG Programa Somos Defensores que fue divulgado este martes.


El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh) registró que el 90% de los asesinatos fueron cometidos contra hombres, el 9% contra mujeres y el 1% contra miembros de la comunidad LGTBI.


"Este aumento de asesinatos en el 2018 indica que fue uno de los años con mayor número de victimizaciones y vulneraciones al ejercicio de la defensa y el liderazgo social en Colombia", destaca el informe.


Los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, seguido de Antioquia, con 24; Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10).


De los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos y siete dirigentes sindicales. También fueron asesinados seis afrocolombianos, tres que abogaban por las víctimas del conflicto armado, tres líderes educativos, tres defensores de la restitución de tierras, dos del medioambiente y uno LGTBI.
"Al igual que en años anteriores son los directivos de las Juntas de Acción Comunal (JAC) quienes encabezan esta lamentable lista con 63 asesinatos, frente a los 29 casos del 2017, es decir, existió un preocupante incremento del 117,2%", subraya la información.


Las JAC son formas de asociación y organización de las comunidades, especialmente rurales, para buscar soluciones a los problemas de su entorno.


En cuanto a la autoría de los homicidios, en 111 de los casos, equivalentes al 73 %, los presuntos responsables son desconocidos; en 16 casos (10 %), grupos herederos de los paramilitares; en 12 casos fueron disidentes de las FARC (8 %); otros nueve fueron asesinados por la guerrilla del ELN (5 %), y siete por la fuerza pública (5 %).


"Frente a por qué se presentan tantos casos cometidos por desconocidos, se entiende que la razón puede estar en el temor de los familiares o miembros de las comunidades a denunciar por razones de seguridad, dada la complejidad de los contextos. La otra razón puede estar relacionada a que la mayoría de los asesinatos son cometidos por sicarios", detalló el informe.


Por otra parte, el documento señala que el año pasado hubo 805 agresiones contra líderes sociales entre "amenazas, atentados, desapariciones, detenciones, judicializaciones, robos de información y asesinatos".


Eso supuso un crecimiento del 43,7% con respecto a las 560 de 2017 y significa además que fueron agredidas 2,2 personas por día, lo que convierte al 2018 en "el año con más ataques registrados por este sistema de información".


Según el documento, el crecimiento de las agresiones contra los defensores de derechos humanos obedeció a que "el Estado no estuvo en la capacidad de aprovechar la oportunidad histórica que se ofreció con la desmovilización" de la guerrilla de las FARC tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.


En ese sentido, el informe, financiado por la embajada de Noruega en Colombia y las agencias de cooperación Misereor, Diakonia y Terres des Hommens, añadió que "las acciones por parte del Gobierno no fueron suficientes y la implementación de los acuerdos de paz se dio de manera lenta y poco efectiva".


También señaló que el desarrollo del punto uno del acuerdo de paz, el de "reforma rural integral", es clave para evitar los asesinatos, pues las cifras del Siaddhh evidencian que "la defensa de la tierra y del territorio aparece como una de las causas que más tratan de ser silenciadas por diferentes actores, lo que se refleja en los registros de agresiones".
En el informe se detalló además que de las 805 agresiones, 503 fueron amenazas, 155 asesinatos, 34 atentados, 19 judicializaciones, seis robo de información, cuatro detenciones y cuatro desapariciones.


Las cifras divulgadas por Somos Defensores son más altas que las del informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que registró el asesinato de 113 líderes sociales en 2017 en el país.

23/04/2019 19:35 Actualizado: 23/04/2019 19

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La posición radical de EEUU contra el aborto fuerza a la ONU a rebajar sus recomendaciones para proteger a mujeres violadas en una guerra

Bajo la amenaza de veto, EEUU ha obligado este martes a eliminar de una resolución del Consejo de Seguridad toda referencia a la necesidad de dar a las víctimas acceso a servicios de salud sexual y reproductiva


"Queríamos tener la salud sexual y reproductiva en la resolución, pero estaba claro que no era posible. Para una delegación no era una opción", explicó el representante alemán, impulsor de la resolución

Bajo la amenaza de veto, Estados Unidos ha obligado este martes a eliminar de una resolución de la ONU sobre violencia sexual en conflictos toda referencia a la necesidad de dar a las víctimas acceso a servicios de salud sexual y reproductiva ante la posición radical del gobierno de Trump respecto al aborto.

La administración de Donald Trump, que ve en ese lenguaje un apoyo implícito al aborto, logró en el último momento que el resto de países aceptasen eliminar esa parte del texto para permitir así su adopción.


Al final, la resolución salió adelante con 13 votos a favor (incluido el de EEUU) y dos abstenciones, de Rusia y China, que habían forzado junto a Washington otros cambios en el proyecto, eliminando por ejemplo una propuesta para crear un mecanismo encargado de vigilar crímenes sexuales en las guerras.


El gobierno de Trump, sobre todo de la mano del vicepresidente Mike Pence, ha convertido la lucha contra el aborto en una de sus prioridades, también en el ámbito exterior.
En 2017, Trump aprobó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos del Gobierno para subvencionar a grupos u organizaciones sanitarias en el extranjero que ofrezcan o informen sobre prácticas abortivas.


El actual Ejecutivo estadounidense también ha combatido en distintos foros de la ONU referencias a la salud sexual y reproductiva.


En el caso de la resolución del Consejo de Seguridad, Washington fijó ese asunto como una "línea roja" y advirtió que vetaría el texto si no se eliminaba, según fuentes diplomáticas.
El lenguaje en cuestión ya figuraba en resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad, que habitualmente no da marcha atrás en conceptos que ya han sido aprobados.


El borrador presentado por Alemania reconocía la "importancia de dar asistencia a tiempo a los supervivientes de violencia sexual" y urgía a las entidades de la ONU y a los donantes a facilitar "servicios sanitarios no discriminatorios y amplios, incluyendo salud sexual y reproductiva, así como apoyo psicosocial, legal y de sustento".


Para lograr que la resolución saliese adelante, la delegación alemana accedió a última hora a retirar ese párrafo, lo que llevó a Estados Unidos a votar a favor.


"Queríamos tener la salud sexual y reproductiva en la resolución, pero estaba claro que no era posible. Para una delegación no era una opción", explicó a los periodistas el embajador alemán, Christoph Heusgen.


Según Heusgen, a cambio de retirar ese párrafo, se insiste en el texto en la vigencia de una resolución anterior sobre el tema, en la que sí figuraba la salud sexual y reproductiva.
Los países europeos fueron los que más pelearon por mantener esa cuestión en el texto adoptado este martes y, en algunos casos, criticaron abiertamente la postura de Estados Unidos, un tradicional aliado.


"Estamos consternados por el hecho de que un Estado haya exigido la retirada de la referencia a la salud sexual y reproductiva", dijo el embajador francés, Francois Delattre, que subrayó la importancia de esa cuestión a la hora de proteger los derechos de las mujeres.


Pese a los cambios de última hora, Alemania defendió que la resolución supone un "hito" y un paso adelante en favor de las víctimas de violaciones y otros abusos durante las guerras.
Según el secretario general de la ONU, António Guterres, la comunidad internacional tiene que seguir presionando para terminar con la "impunidad" de la que disfrutan la mayor parte de los crímenes de este tipo.


"Pese a un puñado de condenas de perfil alto, hay una amplia impunidad para la violencia sexual en los conflictos. La mayoría de estos crímenes nunca se denuncian, investigan o persiguen", dijo Guterres.


Junto al portugués, intervinieron ante el Consejo de Seguridad el congoleño Denis Mukwege y la iraquí Nadia Murad, ganadores del Premio Nobel de la Paz por su lucha a favor de los derechos humanos y contra la violencia sexual, que exigieron justicia para las víctimas.


La abogada de derechos humanos Amal Clooney, que representa entre otros a Murad y otras yazidíes víctimas de la organización terrorista ISIS, demandó la creación de un tribunal especial para juzgar las atrocidades cometidas por los yihadistas contra mujeres.


En ese sentido, recordó los procesos contra el nazismo tras la Segunda Guerra Mundial e insistió a las potencias en que este es "su momento de Nuremberg".
"Es su oportunidad para estar en el lado correcto de la Historia. Se lo deben a Nadia y a los miles de mujeres y niñas que ven a miembros de ISIS afeitarse sus barbas y volver a una vida normal, mientras ellas, las víctimas, nunca podrán", insistió.


24/04/2019 - 11

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Soldados israelíes disparan a un menor palestino maniatado y con los ojos vendados

El Ejército investiga el tiroteo, que fue grabado por el fotógrafo Mohammad Hmeid en un asentamiento cerca de Belén.

 

Las imágenes captadas por Mohammad Hmeid reflejan la situación que viven los palestinos en Cisjordania: Osama Hajajra, un estudiante de apenas quince años, recibe un disparo de las tropas israelíes, quienes previamente lo habían maniatado y vendado los ojos.


El fotógrafo palestino ha subido varias fotos y un vídeo a su cuenta de Facebook, donde explica que el joven resultó herido de bala el pasado jueves tras intentar escapar de los soldados.


Antes de ser tiroteado, el menor había sido arrestado por haber presuntamente lanzado piedras contra vehículos en un asentamiento israelí, según el diario israelí Haaretz, que informa que los soldados le dispararon en la ingle en la aldea de Tekoa, cerca de Belén.


En ese momento, Osama Hajajra tenía los ojos vendados y las manos atadas en la espalda. Cuando varios palestinos trataron de socorrerlo, fueron apuntados por las tropas israelíes, aunque finalmente pudieron trasladarlo a un centro médico.


El Ejército israelí ha abierto una investigación debido a la actuación violenta de los soldados, quienes perseguían a un menor indefenso cuyo caso permanecería silenciado si no fuese por el fotógrafo Mohammad Hmeid, cuyas imágenes han servido como denuncia de las malas formas de las Fuerzas Armadas de Israel.


El diario Haaretz cita a testigos que aseguran que fue atendido en una clínica de Beit Jala, cerca de Belén. Las imágenes muestran como un soldado atiende al herido mientras otro amenaza con su arma a los palestinos presentes en la escena del tiroteo para que no se acerquen al herido.

22/04/2019 18:40 Actualizado: 22/04/2019 18:46

público

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El hotel Capri de La Habana, perteneciente a la cadena internacional NH.

La norma permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución.

 

El gobierno de Donald Trump anunció nuevas medidas contra el gobierno cubano. El 2 de mayo entrará en vigor una norma que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución. La medida se produce por el levantamiento de la suspensión del título III de la ley Helms-Burton de 1996, que endureció el embargo al país caribeño. Esto termina con una exención de dos décadas, pese a las advertencias de sus socios de la Unión Europea y Canadá. El gobierno cubano repudió la medida.


“Cualquier persona o empresa que tenga negocios en Cuba debe prestar atención a este anuncio”, advirtió a la prensa el canciller estadounidense Mike Pompeo. En detalle, la sección de la norma estadounidense que entrará en vigor permite iniciar acciones en sus tribunales contra las empresas que registren ganancias gracias a activos que hayan sido nacionalizados durante la revolución de 1959.


Tras la declaración, Cuba manifestó su rechazo a la medida. Su canciller, Bruno Rodríguez, escribió en Twitter: “Es un ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de Cuba y de terceros Estados. Agresiva escalada de Estados Unidos contra Cuba fracasará. Como en Girón, venceremos”. El encargado de la diplomacia cubana hizo referencia a la victoria en la Bahía de Cochinos que ayer cumplió 58 años.


La subsecretaria estadounidense del departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, aclaró que no habrá exenciones para ninguna empresa. La funcionaria dijo que los únicos negocios que serán afectados por la entrada en vigor de la norma serán las empresas que operan en propiedades confiscadas a cubanos que han emigrado a Estados Unidos. “Creo que la gran mayoría de las empresas europeas no tienen que preocuparse por estar operando en Cuba”, dijo la funcionaria.


Cuando la ley fue adoptada hace más de dos décadas, el departamento de Estado estimó que existían unas 200.000 demandas potenciales. Pero desde entonces, los gobernantes estadounidenses postergaron la entrada en vigor de esa cláusula cada seis meses, para evitar problemas con países aliados. Breier aseguró que Estados Unidos ha estado en contacto cercano con sus aliados durante el proceso de definiciones sobre el título III de la Ley Helms-Burtonque. Sin embargo, la Unión Europea, principal socio comercial de Cuba desde 2017, y Canadá manifestaron ayer su disgusto por la activación del artículo en una declaración conjunta, y prometieron proteger los intereses de sus empresas ante la Organización Mundial del Comercio. En una carta a Pompeo previa al anuncio, el bloque había advertido que la activación del artículo podría generar represalias. Más tarde, junto a Canadá, calificó la decisión de lamentable, y advirtió sobre la espiral innecesaria de acciones legales que podría derivar de ella. En la declaración conjunta, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, así como la canciller canadiense, Chrystia Freeland, reiteraron que la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales sobre Cuba es contraria al derecho internacional.


El Consejo de Comercio y Economía Estadounidense-Cubano, una organización con sede en Nueva York que impulsa los vínculos bilaterales, dijo que empresas con ingresos combinados de 678.000 millones de dólares podrían ser objeto de demandas. Según esta organización, entre las empresas que enfrentan potenciales recursos hay aerolíneas internacionales, incluyendo compañías estadounidenses como Delta y United, cadenas de hoteles como Marriott y la francesa Accor, y sociedades tan diversas como la marca francesa de bebidas Pernod Ricard y el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.


Cuba, que sufre un embargo estadounidense desde 1962, es acusada por Washington de apoyar al presidente venezolano Nicolás Maduro, cuyo gobierno es desconocido por Estados Unidos desde que el líder opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento, se autoproclamara presidente interino de Venezuela en enero pasado y el gobierno de Trump rápidamente lo reconociera como mandatario legal de su país. Para sacar a Maduro del poder, ha aplicado sanciones financieras y petroleras contra la colapsada economía venezolana. En el marco de estas sanciones, penalizó también a empresas que llevaban crudo venezolano a la isla.


El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó en Twitter: “ El gobierno va a seguir rompiendo los vínculos reprehensibles que han contribuido al declive de Venezuela. Estados Unidos va a seguir tomando acciones duras contra los regímenes que apoyan la fallida dictadura de Maduro”. El vínculo entre Cuba y Washington se deterioró aún más desde la llegada a la Casa Blanca de Bolton, quien ya había anunciado antes acciones directas contra lo que denominó la “troika de la tiranía”, integrada por Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ayer, tras el anuncio, tuiteó: “Esta decisión sirve como advertencia al régimen cubano de que estamos preparados para hacerlo responsable por sus violaciones a los derechos humanos y continua represión al pueblo cubano. Siempre vamos a luchar por la liberad del pueblo cubano”.


La subsecretaria del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental explicó que la medida se entiende dentro de la política que ha seguido el magnate neoyorquino en relación a la isla. “Esta es parte de una trayectoria que ha seguido el gobierno”, afirmó.

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Primera fila, de izquierda a derecha, en tercer lugar el padre Javier Giraldo acompañando a la Comunidad de Paz

La utilización de acciones jurídicas se constituye en una nueva herramienta para seguir atentando contra los habitantes que conforman la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así lo demuestra la acción de tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz, tutela fallada en la Sentencia 327 del 5 de octubre de 2018, mediante la cual pretenden hacer retractar a las comunidades de sus denuncias públicas que evidencian el accionar conjunto entre militares, policías y paramilitares en la región, supuestamente para proteger el buen nombre y la honra de los militares. Vale la pena decir que estas comunidades desde el año 2005 renunciaron a la utilización de los aparatos judiciales del país, pues han vivido en carne propia la ineficiencia de los mismos y, por el contrario, sus miembros han sido amenazados, perseguidos, desplazados y asesinados luego de interponer denuncia judicial.


El padre Javier Giraldo Moreno, representante de la Comunidad de Paz, envió una carta a la Corte Constitucional en la cual defiende el derecho de las comunidades a negarse a obedecer la sentencia de rectificación, argumentando jurídicamente el por qué es legítimo no hacerlo y dejando claro que los elementos jurídicos utilizados por los militares son ilegales, ilegítimos e inconstitucionales. Aquí la carta completa:


Señores Magistrados
SALA DE REVISIÓN CORTE CONSTITUCIONAL

Ref: Exp.: T-7092205, asignado el 28 de enero de 2019
Exp: T-1401460 Seguimiento Sentencia T-1025/07


De toda consideración.

En mi condición de representante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, habiendo actuado ante esa Honorable Corte en los procesos de revisión que dieron origen a las Sentencias T -249/03, T-327/04, T-1025/07, así como en el seguimiento a esta última y sus Autos consecutivos 164/12, 693/17 y Auto del 7 de septiembre de 2018, y conocedor de la Acción de Tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fallada en la Sentencia 327 del 5 de octubre de 2018 por la Juez Segunda Promiscua de Apartadó y de la solicitud de su revisión (Exp. T-7092205), asignada a la Sala de Revisión el 28 de enero de 2019 por Insistencia del Defensor Nacional del Pueblo, me permito aportar el siguiente escrito en calidad de AMICUS CURIAE, cuyo contenido puede tenerse en cuenta también para el seguimiento de la Sentencia T-1025/07 (Exp: T-1401460).

La Brigada XVII del Ejército Nacional, con sede en Carepa, Antioquia, solicitó a la Juez de conocimiento de Apartadó proteger los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad de los militares adscritos a ella y a sus unidades menores, lesionados por las referencias que la Comunidad de Paz hace sobre el comportamiento de los militares en sus comunicados o Constancias Históricas difundidas en su página web. La Brigada solicita que la Comunidad rectifique las informaciones y que allegue a la fiscalía y a la misma Brigada las pruebas de los comportamientos ilícitos de los militares, y la juez acoge su solicitud en la sentencia.

Como la Honorable Corte lo conoce suficientemente, dadas las diversas sentencias emitidas en relación con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y los Autos que han tratado en vano de hacer cumplir las órdenes de sus sentencias y de los autos consecutivos, esta Comunidad de Paz desde el año 2005 renunció a utilizar en su defensa al aparato judicial y a colaborar con él de alguna manera, luego de experimentar durante 8 años que, en lugar de obtener algún acto de justicia y protección, más bien ponía en riesgo a sus miembros, ya que los testigos y declarantes, numerosos en esos primeros años, llegaban a ser estigmatizados, perseguidos, desplazados o asesinados y que, al examinar un buen número de expedientes, se evidenciaban numerosos mecanismos de corrupción e impunidad, como la Comunidad se lo compartió a todas las Altas Cortes en el Derecho de Petición radicado el 19 de enero de 2009. Dicha ruptura con la justicia la Comunidad la fundamentó en el Artículo 18 de la Constitución Nacional, según el cual “nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia”. Esto explica que la Comunidad no haya respondido a los requerimientos de la juez de tutela.

Pero fuera del problema procedimental, el cual hay que discernirlo a la luz de la imperatividad del artículo 18 de la Constitución considerado como principio de alta jerarquía constitucional, existen otros elementos jurídicos que hacen ilegal, ilegítima e inconstitucional la pretensión de los militares, los cuales pongo a consideración de la Honorable Corte:

Este litigio pone en juego el derecho a la libre expresión, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Este derecho fue examinado profundamente en la Sentencia T-1025/07 (referida a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó) y hace parte de su núcleo doctrinal de fondo. En la Parte IV de dicha sentencia, donde se aborda la “Revisión por parte de la Corte – Consideraciones y Fundamentos” (No. 12, pag. 79) se afirma: “La libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el ordenamiento constitucional colombiano, no sólo por cuanto juega un papel esencial en el desarrollo de la autonomía y libertad de las personas (CP art. 16) y en el desarrollo del conocimiento y la cultura (CP art. 71) sino, además, porque constituye un elemento estructural básico para la existencia de una verdadera democracia participativa (CP arts 1º, 3º y 40). Por ello, en numerosas decisiones, esta Corporación ha destacado la importancia y trascendencia de esta libertad[1], que protege no sólo la facultad de difundir y expresar opiniones e ideas, o libertad de expresión en sentido estricto, sino también la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, o derecho y libertad de informar y ser informado.”

Si se tiene en cuenta, además, la jurisprudencia internacional sobre el tema, es importante referirse a la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 20 de octubre de 2000, donde se establecen estos principios:


(1) “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”
(2) “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
(5) “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
(11) “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Por otra parte, hay derechos muy claros consagrados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 1999 (A/RES/53/144), en su Declaración conocida como el compendio de derechos de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos: en su artículo 6 establece el derecho de toda persona, individual o colectivamente: “a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como a debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados”.

Esta Declaración de la Asamblea General no deja duda alguna respecto al derecho que asiste a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó A PUBLICAR Y DIFUNDIR INFORMACIONES QUE PERMITAN DEBATIR SI ESOS DERECHOS SE OBSERVAN O NO, NO SOLO EN LA LEY SINO EN LA PRÁCTICA Y A SEÑALAR A LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO ESAS CUESTIONES POR MEDIOS ADECUADOS.

El ejercicio de un derecho como éste, fundamentado tan claramente en la jurisprudencia y la doctrina internacional, obedece también a circunstancias contextuales que es bueno tener en cuenta:

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, desde que tuvo claro que su conciencia ética le impedía colaborar con una “justicia” que no llenaba los mínimos requisitos para llamarse tal, como ampliamente se documentó en el Derecho de Petición a las Altas Cortes del 19 de enero de 2009, buscó caminos alternativos para que los crímenes de que era y sigue siendo víctima no se quedaran en la total impunidad. Su primer camino escogido fue llevar sus casos a tribunales internacionales y así lo hizo acudiendo, tanto a la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, como a la Corte Penal Internacional, a la Audiencia Nacional de España y explorando otros espacios de jurisdicción universal, procesos todos que son muy prolongados y demandan costosos requerimientos. Otro camino, que creyó debía ser más expedito, fue el recurso al derecho constitucional de petición ante el Jefe de Estado, esperando que por vía administrativa tomara decisiones exigidas por su condición de garante de derechos, fundamentada en varios artículos de la Constitución Nacional; sin embargo, los numerosos derechos de petición radicados en los despachos de los últimos 4 presidentes, no dieron resultado alguno, pues los presidentes los remitieron siempre a los ministros de defensa, solidarios de la alta oficialidad castrense, los cuales jugaron un papel sistemático de encubrimiento y complicidad, dando respuestas saturadas de evasiones, negaciones y falsedades que permitieron siempre mantener incólumes las estructuras criminales de la región y sin investigación ni sanción alguna a los oficiales responsables de los crímenes. Presidentes y ministros se negaron, además, a suministrar los nombres de los agentes de la fuerza pública que estuvieron presentes en los días, horas y lugares donde fueron perpetrados los crímenes, y desacataron con inflexible contumacia las sentencias y autos de la Corte Constitucional que les ordenó reiteradamente suministrar esos nombres. Un tercer camino que ha sido casi concomitante con la larga existencia de la Comunidad de Paz, ha sido el recurso a la sociedad civil, sin esperar de ella decisiones judiciales sino sólo éticas y políticas, pues se funda en el derecho de la especie humana a conocer el respeto o irrespeto con que los aparatos de Estado tratan la dignidad humana y en el derecho a pronunciarse, a protestar y a defender la vida y los derechos fundamentalmente humanos desde la opinión pública universal; este camino se ha alimentado a través de las Constancias Históricas que se difunden por las redes sociales y que en este caso son el blanco de ataque de las Brigada XVII y de la Juez Segunda Promiscua de Apartadó.

Otro elemento del contexto que vale la pena tener en cuenta es el esfuerzo que ha hecho la Comunidad de Paz para que la administración de justicia pueda regenerarse. Por muchos años la Comunidad clamó para que se constituyera una Comisión de Evaluación de la Justicia, pues su trágica experiencia le fue mostrando que el aparato judicial desconocía la independencia de poderes y que recurría a métodos excesivamente perversos para construir testimonios y pruebas falsas para condenar a inocentes o para absolver a culpables, violando todos los principios rectores de los códigos vigentes y de los tratados internacionales y comprando la complicidad de fiscales, jueces, procuradores, magistrados y defensores. Cuando el líder histórico de la Comunidad, Luis Eduardo Guerra, fue masacrado con su familia el 21 de febrero de 2005, estaba empeñado en conseguir que se constituyera esa Comisión. Gracias al Auto 164/12 de la Corte Constitucional, dicha Comisión se pudo constituir pero sufrió el boicot interno de los funcionarios participantes, llegando a su plazo máximo de funcionamiento sin haber examinado un solo expediente. A la Comunidad le asiste la convicción de que la justicia no puede funcionar rectamente si no se enfrenta ese pasado lleno de podredumbres, tanto para descubrir y establecer correctivos como para purificar su personal, excluyendo y sancionando a quienes la han convertido en un ámbito repugnante del delito, y además para reparar, al menos moralmente, a las víctimas.

En el Auto 693/17, la Corte no insistió en reconstruir la Comisión de Evaluación de la Justicia sino que propuso que los casos de la Comunidad de Paz fueran remitidos a la Jurisdicción Especial de Paz –JEP-. La Comunidad ha examinado a fondo las posibilidades de justicia con que cuenta la JEP y le elevó una consulta documentada a su Presidenta, la cual fue respondida ampliamente en un documento que confirma sus dudas y temores. En primer lugar, la interpretación laxa que está haciendo la JEP del requisito para que un victimario (y consiguientemente sus víctimas) se acojan a ella: el que los hechos estén relacionados “directa o indirectamente con el conflicto armado” o se hayan perpetrado “con ocasión del conflicto”, distorsiona radicalmente las características de los crímenes sufridos por la Comunidad de Paz, cuya identidad esencial consiste justamente en no participar en el conflicto armado ni colaborar ni convivir con ningún actor armado. Si los victimarios de la Comunidad alegan relación alguna con el conflicto para poder acogerse a la JEP, eso solo es posible hacerlo apoyándose en calumnias infames que les hicieron creer que la Comunidad era lo mismo que la guerrilla. Esa infamia distorsiona radicalmente cualquier intento de justicia. Por otra parte, las diversas manipulaciones políticas del Estatuto de la JEP la inhabilitaron para ejercer justicia de acuerdo a los parámetros y normas del Estatuto de Roma: le quitaron la posibilidad de juzgar la responsabilidad de los jefes de Estado, y si algo llega a ser de absoluta evidencia, para quien lea y analice los 87 derechos de petición, con los horrores que allí se describen y los clamores apremiantes a los presidentes para salvar vidas, integridades y derechos de los miembros de la Comunidad y de los campesinos de su entorno, es que los presidentes fueron los máximos responsables del horror, por no atender clamores tan justos y urgentes de las víctimas y por no cumplir deberes tan esenciales de su cargo. La misma Corte Penal Internacional ha venido cuestionando la redacción tergiversada que se le dio a los artículos sobre responsabilidades de mando de los militares, para acomodarlos a una descarada impunidad. Otros artículos perversamente modificados por los poderes políticos han llenado de trabas la tipificación de los crímenes de lesa humanidad y de las prácticas genocidas; las causales de sistematicidad; la incriminación a empresarios, políticos y funcionarios civiles cuyo papel no pocas veces fue determinante de los crímenes y de su impunidad. Todo esto se envuelve en un manto más gigantesco aún de dudas y oscuridades, cuando se percibe la ausencia absoluta en el SIVJRNR de estrategias de No Repetición. La creencia de que dejar intactas las instituciones y las estructuras que permitieron y favorecieron los horrores es “garantizar la no repetición” no es, en absoluto, de recibo. Queda claro que la JEP no es el escenario que pueda hacer mínima justicia a la Comunidad de Paz.

La revisión de esta sentencia de tutela debería abordar, en sana lógica, los factores que han llevado a una comunidad campesina agobiada por los más horrendos crímenes sistemáticos, a limitarse a la reacción más primaria de una víctima: el grito de auxilio ante sus semejantes. Y ese el último atajo elementalmente humano que la Brigada y la juez quieren cerrar en esa sentencia de tutela.

Anexo a este Amicus Curiae el libro “En las entrañas del Genocidio”, que sistematiza el informe de fondo solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 12325 y el CD: Anexos al Informe 21 Años de Ignominia, con copias de los procesos desarrollados en 21 años sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Con toda consideración,


Javier Giraldo Moreno, S. J.
C.C. 3.515.984 Dirección: carrera 5 No. 33-B-02, Bogotá, D. C. Tel: 2456181

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