El ejército colombiano asesinó a 6402 civiles 

Mil quinientos militares las presentaron como muertes en combate entre 2002 y 2008

Del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz se desprende que la cifra de víctimas es el triple de lo que se creía. Casi todas las muertes ocurrieron durante la presidencia de Álvaro Uribe. 

 

El mecanismo de Justicia colombiano que investiga los crímenes cometidos en el conflicto entre el Estado y los grupos armados elevó a 6.402 el número de civiles asesinados por militares y presentados como combatientes entre 2002 y 2008. Los llamados "falsos positivos", que constituyen uno de los capítulos más oscuros del conflicto interno que arrastra Colombia desde la década del 60, involucran a unos 1.500 militares. Del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se desprende que la cifra de víctimas es el triple de lo que se creía y que durante la presidencia de Álvaro Uribe se registró el 78 por ciento del total de esas muertes. 

Aunque el alto mando militar siempre negó que se tratara de una práctica sistemática, algunos oficiales y soldados ya confesaron su participación en los crímenes. De todas formas, el tribunal de paz todavía no emitió ninguna condena desde su entrada en funcionamiento en 2018. "Esperamos que este ejercicio permita identificar a los máximos responsables, es decir a quienes diseñaron la estrategia y dieron la orden para que las unidades militares la implementaran de manera sistemática y atroz", declaró a Página/12 Luis Alfonso Castillo, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

El Caso 03 está caratulado como "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado". Al empezar a indagar en este terreno, la JEP recibió un informe de la Fiscalía General que cifraba en 2.248 los falsos positivos. Sin embargo, este mecanismo especial de justicia ahora reconoce que las ejecuciones extrajudiciales triplican ese número. 

"La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008", planteó este jueves la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del tribunal que investiga el caso."No deja de inquietar la gran diferencia entre las cifras proporcionadas por el gobierno y los hallazgos de la JEP", aseguró Castillo. "Sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales fueron parte de una política impartida por las fuerzas militares colombianas a lo largo y ancho del país", agregó el vocero del MOVICE.

Los falsos positivos salpican a alrededor de 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores en medio de un combate encarnizado con la guerrilla. De esta forma obtenían permisos, premios y otros beneficios. Las víctimas de esa maquinaria macabra fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, aunque posteriormente el fenómeno se replicó en zonas urbanas, personas en situación de calle, trabajadores informales e incluso discapacitados.

Entre las más de 220 diligencias de la JEP en este caso declararon el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército y el general retirado Paulino Coronado, así como 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos, 10 oficiales con rango de Mayor y 7 con rango de coronel. Gracias a estas diligencias el tribunal de paz pudo recuperar los cuerpos de 71 personas que fueron presentados como bajas en combate por parte de agentes del Estado en el departamento de Antioquia.

El 17 de febrero de 2020 la JEP entregó a sus familiares el cuerpo de Edison Lezcano Hurtado, un joven agricultor y padre de 23 años, el primero en ser identificado de los restos exhumados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia. Además, el pasado 10 de noviembre los restos de otras cuatro víctimas del conflicto armado, entre ellas dos menores de edad, fueron entregados por la JEP a sus familiares.

Tras la nueva cifra de falsos positivos aportada por la justicia colombiana, la imputación de cargos y responsabilidades se iniciará por los mandos medios, es decir por los que habrían ejecutado estos delitos. Luego se pasarán a los altos mandos militares, que habrían ordenaron las ejecuciones extrajudiciales. Alejandro Restrepo, coordinador del área de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, confía en que la JEP "pueda avanzar en el esclarecimiento de la responsabilidad judicial" pese a que el tribunal de paz "tiene una batalla muy difícil que librar contra los sectores que hoy están en el gobierno y han emprendido una guerra directa contra los procesos de justicia".

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Un polvorín de violencia y miseria en Colombia

En Colombia la violencia está lejos de haber desaparecido con los acuerdos de paz. En regiones portuarias en las que abunda la pobreza de grupos étnicos históricamente relegados, la presencia de multinacionales extractivas se combina con la de bandas armadas. El Estado solo parece tener una respuesta: la militarización.

 

Buenaventura, municipio situado a 116 kilómetros de Cali, capital del Valle del Cauca, es el mayor puerto marítimo sobre el océano Pacífico. En la actualidad mueve entre 40 y 50% del comercio exterior de Colombia y constituye el punto a través del cual el país se relaciona con la región de Asia-Pacífico. Declarado distrito especial portuario, tiene una serie de características destacables: su riqueza cultural, forestal, pesquera y maderera son evidentes. Su importancia es tal que hay quienes pretenden modernizarlo para superar al puerto de El Callao en Perú y al de Valparaíso en Chile y convertirlo así en la capital de la Alianza del Pacífico, cuyo lanzamiento se hizo en 2011 desde el Caribe, en Cartagena.

Sin embargo, Buenaventura es un puerto sin ciudad o sin comunidad. Hay situaciones que explican por qué.

Tras décadas de apertura económica y libre comercio, diferentes intereses privados y corporativos que controlan grandes empresas, zonas francas, servicios portuarios y operaciones logísticas, han confluido en la zona de Buenaventura. Su expansión ha garantizado ganancias privadas, pero no se ha traducido en beneficios para la comunidad. La riqueza generada y la visión de desarrollo que alimenta contrasta con la perspectiva de la población local, que vive con un puerto construido a sus espaldas. Los pobladores, por lo general parte de comunidades negras e indígenas, defienden desde sus territorios ancestrales un desarrollo local basado en criterios antagónicos a los de los intereses privados. Ponen el acento en la protección cultural, ambiental y social, frente a la economía extractiva que llega desde fuera.

Los intereses externos, principalmente estadounidenses, alimentan la animadversión contra los habitantes de la zona, a quienes sindican como un «estorbo para el progreso». Durante años, se han producido presiones para que abandonen sus territorios comunitarios y para sacar, por ejemplo, a quienes habitan zonas de baja mar. La discriminación racial y la segregación regional, como los intentos de cooptación de algunos líderes para que apoyen esas dinámicas externas, ha fracturado procesos identitarios, en especial los del pueblo afro. A eso se suma la violencia, la incertidumbre y la impotencia para superar problemas que persisten y afectan esas luchas colectivas en defensa de reivindicaciones étnico-territoriales en Buenaventura y su zona rural.

Una situación similar a la de Buenaventura la viven poblaciones de Quibdó, Alto Baudó, Tumaco, El Charco y La Tola en los otros tres departamentos del litoral pacífico colombiano —Chocó, Cauca y Nariño— donde se produce una grave problemática étnica, ambiental, de tierras, cultivos de coca, extracción irregular de recursos naturales y violencia. El Estado no logra controlar esos territorios marginales, proveer seguridad, estimular alternativas económicas legales ni fortalecer la autoridad legítima para regular las actividades políticas, económicas, sociales y controlar distintas expresiones de violencia. Su ausencia —o más bien su traumática presencia— facilita que actúen la delincuencia y las bandas criminales, pero también grupos armados irregulares que se disputan el control del narcotráfico, los combustibles y la minería ilegal, y la tala de bosques. El Estado apenas aparece en momentos críticos, monta consejos de seguridad y aumenta la presencia de fuerza pública. Solo se aproxima a la región desde una perspectiva militarista de la seguridad.

Aunque los territorios colectivos y las organizaciones de comunidades negras e indígenas predominantes en el litoral Pacifico fueron reconocidos por la Constitución colombiana de 1991, la cultura blanca y centralista que impera en Bogotá y en varias de las capitales departamentales no ayuda a la consolidación de formas de gobierno regional y local amparadas en los procesos de territorialización y cosmovisiones de las comunidades étnicas. El llamado «Acuerdo Humanitario Ya» arrancó en el Chocó y ha tratado de defender la necesidad de aprovechar la construcción de paz territorial, punto crucial del Acuerdo del gobierno nacional y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para estimular políticas que, desde la perspectiva de las comunidades del Pacífico, reviertan esas realidades estructurales de saqueo y violencia.

Las comunidades locales vienen denunciando desde hace años el aumento de inseguridad por la actuación de grupos criminales que se disputan el control territorial, así como oleadas de violencia en calles, barrios, casas, esteros. Mientras que el Bloque Paramilitar Calima ha cometido todo tipo de masacres —desde torturas y asesinatos hasta descuartizamientos y desapariciones—, en la zona suburbana están tratando de expandirse el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A la última oleada de violencia ha contribuido la división en dos grupos (los «espartanos» y los «shotas») de la banda armada La Local. En lo que va de 2021 han generado 38 enfrentamientos violentos y han tratado de someter a comunidades locales, usando o destruyendo organizaciones y liderazgos sociales. Estas disputas en el interior de las bandas afectan sobre todo a la población negra a la que obligan al destierro y han contribuido a un aumento de 200% de los asesinatos respecto del año anterior. Han aumentado la violación de mujeres y las muertes y heridas de niños por lesiones con minas antipersonas y explosivos. Asimismo, se ha verificado un incremento de los desplazamientos, los confinamientos y los reclutamientos forzados. Las extorsiones a comerciantes y los robos son parte de la realidad cotidiana de la región.

En la década de 1990, una potente organización de los movimientos sociales pidió aplicar el artículo transitorio 55 de la Constitución y la Ley 70 de 1993 para reconocer y regular los territorios de comunidades negras en zonas ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico. La población ha venido haciendo marchas, huelgas y paros cívicos de manera ininterrumpida. El más resonante fue, sin dudas, el paro de 21 días de 2017. Esta última medida de protesta consiguió que se creara el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura, consistente en distintos programas. Desde 2017, Buenaventura fue incluida como lugar de aplicación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) contemplados en el Acuerdo de Paz, para estimular un proceso de transformación estructural urbana y rural, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, la biodiversidad, la economía campesina y familiar, las organizaciones comunitarias. En las elecciones locales de 2019, Víctor Hugo Vidal, uno de los líderes del paro cívico de 2017, fue elegido como alcalde, derrotando al clientelismo ejercido por las elites económicas y políticas tradicionales.

El pasado 10 de febrero de 2021, más de 80 mil personas en cadena humana recorrieron 22 kilómetros caminando agarrados de las manos. Ahí lanzaron la iniciativa SOSBuenaventura, en rechazo de la violencia y exigiendo protección al liderazgo comunitario, seguridad, inversión social, paz.

Desde la década de 1970, los distintos gobiernos nacionales han formulado planes para la región de Buenaventura y las zonas vinculadas al Pacífico. Durante los últimos veinte años, esas iniciativas se han reproducido cada vez más y han apelado a nuevas formulaciones para el desarrollo regional. Sin embargo, todos los planes quedaron en la letra del papel. Los recursos que contemplaban fueron insuficientes o no se transfirieron. No hay continuidad de un gobierno central al siguiente que permita asumir compromisos adquiridos a nombre del Estado de modo que se logre un proceso sistemático de escucha y recolección de iniciativas locales y, con el concurso de esas comunidades, pueda garantizarse su desarrollo. No solo predomina el planeamiento desde la capital nacional y departamental al margen de las instituciones comunitarias y sus visiones, sino que prevalece el incumplimiento de esos planes y de los acuerdos firmados por sucesivos gobiernos con las comunidades locales. La falta de inversión social y la corrupción aumentan ese acumulado que genera frustración, desconfianza y agrava la situación en los territorios más marginados que sirven de escenario a violencias de distinto tipo.  

Una y otra vez, los gobiernos han militarizado a Buenaventura por tierra, agua y aire, para proteger barcos, contenedores, grúas y la vía que la conecta con el resto del país. A algunos voceros sociales les han enviado escoltas y vehículos blindados como protección. Pero muchas veces desde el Estado se estigmatiza el liderazgo social y miembros de la fuerza pública terminan sobornados por bandas armadas irregulares. Además, la simplificación de la situación deja en la impunidad los delitos, no genera Estado ni mercado, servicios ni ciudadanía. Se subestima el problema de un puerto clave para el país con una población afectada por la miseria, la ausencia de Estado y la violencia.

El actual presidente Iván Duque reduce el problema a «lucha de narcos que se matan entre ellos» y su lema es «el que la hace la paga». El ministro del Interior anunció que todo se normalizará con recompensas para la captura de bandas criminales y el aumento de 150 policías y dos destacamentos militares. El fiscal anunció la unificación y el control exclusivo de metodologías para el conteo de asesinatos de líderes sociales y miembros de las ex FARC, pero la volvió un juego de números y categorías, invisibilizando de este modo su gravedad.

Las tres entidades del sistema de justicia transicional —la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas— piden presencia estatal integral urgente, más allá de la fuerza pública. La Defensoría del Pueblo lanza sucesivas alertas. El obispo Rubén Darío Jaramillo le dijo a El Espectador: «La gente siente que la autoridad son los bandidos. Cada vez que hay un evento hay otro consejo de seguridad, traen unos policías de más, actúan y capturan a unas personas de estas, pero el problema sigue. Es como poner paños de agua tibia a una fiebre que está manifestando una infección».

Las alertas internacionales acaban de activarse. Una en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que presentó el informe de la Misión de Verificación sobre el Acuerdo de Paz con las ex FARC. Además, se produjeron cuatro llamados desde Estados Unidos. El Departamento de Estado y el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes pidieron al gobierno tomar medidas decisivas frente a problemas profundamente arraigados y al racismo que fomentan la violencia y la desigualdad. Human Rights Watch mostró líderes desprotegidos y comunidades indefensas, y un Estado incapaz de hacerse sentir en esos lugares. La organización WOLA recuerda, a la vez, que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia de 2012 ayudó a impulsar enormes proyectos en Buenaventura sin beneficios para su población, que el Plan de Acción Laboral Estados Unidos-Colombia incluye los puertos como sector prioritario pero pronto abandonó el mejoramiento de los derechos de los trabajadores portuarios. Las peticiones al gobierno de Joe Biden para que presione a Colombia a implementar el Acuerdo de Paz involucrando a las minorías étnicas y sus territorios marginados se multiplican cada vez más.

Hasta ahora, la incertidumbre y la desesperanza son los sentimientos crecientes en Buenaventura. El Estado colombiano debe acercarse a las realidades territoriales. Las organizaciones locales necesitan articularse en torno a una visión colectiva local y empoderarse para ser oídas e incidir. De lo contrario, el centralismo seguirá tomando decisiones que agravarán la situación de los territorios periféricos

Febrero 2021

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Israel: un actor importante en la militarización del mundo

Israel es un importante distribuidor internacional de tecnologías y estrategias militares. Los datos del SIPRI (Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz) entre 2015 y 2019 muestran que Israel fue el octavo mayor exportador de armas del mundo y que sus ventas mundiales aumentaron un 77 % (Estados Unidos + 23 %, Rusia -18 %, Canadá + 33 %).

Jeff Halper, en su investigación crítica sobre las armas militares avanzadas de Israel, escribe que a Israel «le va bien» debido a su indispensable especialización en armas, estrategia y vigilancia mundiales.

El alcance mundial de Israel implica ahora la militarización de la policía con la venta de tecnologías de vigilancia, armas y estrategias de control de multitudes y disturbios. Gaza es un laboratorio y un escaparate para las armas y métodos probados en combate de Israel para controlar poblaciones civiles altamente concentradas a medida que la población mundial se urbaniza cada vez más y se concentra en barrios marginales urbanos. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. construyó el Centro de Entrenamiento de Guerra Urbana en el Negev, donde Estados Unidos e Israel se entrenan para atacar en áreas densamente pobladas. Las tecnologías y estrategias de defensa perimetral israelíes se aplican a núcleos financieros, distritos gubernamentales y centros de reuniones, embajadas y depósitos de combustible en todo el mundo.

La guerra sin fin contra el terrorismo es una mina de oro política y económica para Israel, que conduce a acuerdos bilaterales y multilaterales – en los campos de la ciencia, la tecnología, la defensa y la seguridad – y a asociaciones e inversiones industriales con los principales fabricantes de sistemas de armas / seguridad / vigilancia. La práctica israelí de librar una guerra total contra Gaza, es decir, contra la población civil altamente concentrada de Gaza, sirve como laboratorio y escaparate para el armamento y el comercio militar de Israel.

El alcance mundial de Israel también implica controles fronterizos, vigilancia, monitoreo y control de la migración. Al final de la Guerra Fría, había quince fronteras amuralladas; hoy en día, hay 77. Muchas fronteras amuralladas recientes están equipadas con tecnologías de seguridad y pacificación compradas a Israel. Al usar esta tecnología, cada vez es más común que las y los refugiados sean monitoreados y detenidos mucho antes de llegar a los cruces fronterizos. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimó que a mediados de 2020, 80 millones de personas, algo sin precedentes, habían sido desplazadas por la fuerza, un número que se ha duplicado en la última década.

Armas nucleares

Israel sigue una política de secreto y ambigüedad con respecto a sus armas nucleares. Israel nunca ha firmado el Tratado de No Proliferación. Por lo tanto, a diferencia de Irán e Iraq, Israel no es inspeccionado ni regulado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Las reuniones internacionales oficiales previstas para crear una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio incluyen a todas las naciones árabes, pero no a Israel, el único país con armas nucleares en Oriente Medio.

Según estimaciones actuales, Israel tiene entre 100 y 300 ojivas nucleares, desplegables por tierra, aire o mar. Los misiles tierra-tierra de largo alcance israelíes Jericó I, II y III tienen una capacidad nuclear y un alcance de hasta 7800 km.

Actualmente, las armas nucleares de Israel apuntan a Irán. A pesar de la falta de pruebas, los líderes israelíes desde el final de la Guerra Fría han advertido repetidamente al público israelí, a Estados Unidos y a la ONU de que Irán está a punto de producir armas nucleares. La repetida advertencia de Israel de que «todas las opciones están sobre la mesa» viola una opinión de la Corte Internacional de Justicia de que incluso la amenaza del uso de armas nucleares es una violación del derecho internacional. Los asesinatos de científicos nucleares iraníes por parte de Israel, el más reciente en noviembre de 2020, también pueden estar vinculados a la estrategia militar de Israel en Gaza y Líbano en la que Israel utiliza secuestros y asesinatos para provocar una reacción, y luego lanza un ataque de represalia masiva en nombre de la legítima defensa, como si Israel fuera la víctima.

Israel y todos los países de la OTAN se han negado hasta ahora a firmar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que entra en vigor el 22 de enero de 2021.

Por Judith Deutsch, extractos de un texto publicado en Socialist Project 21 de enero de 2021. http://alter.quebec/israel-an-important-player-in-the-militarization-of-the-world/

Traducción: Faustino Eguberri para viento sur (https://vientosur.info/israel-un-actor-importante-en-la-militarizacion-del-mundo/)

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Estado “Paraco”: su funcionamiento ficticio y su funcionamiento real

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de recurrir al país y al mundo para dejar constancia de múltiples atropellos por parte de quienes siguen buscando nuestra destrucción.

Este año 2021 comienza con el asesinato de un campesino humilde, residente en la vereda La Pedroza. Las autoridades, como lo han hecho siempre, anuncian “investigaciones exhaustivas” y operativos militares, pero, como siempre, son acciones de fachada que no llegan a ningún resultado. Nunca han llegado a nada. Todo el mundo percibe que los victimarios nunca son tocados y que los muertos siguen cayendo y las amenazas siguen su curso, mientras las extorsiones son cada vez más asfixiantes. En esta región el poder de las armas es el único en pie. Nada se hace para controlar el paramilitarismo, pues los paramilitares se mueven armados en medio de ejército y policía y todo sigue igual. Es tanta la libertad que tiene el paramilitarismo que está reclutando a mucha gente, incluyendo a muchos menores de edad. En las últimas semanas se nos ha informado que los reclutados están siendo enviados a otras zonas a entrenamiento militar. Muchas personas han manifestado en las redes sociales que se está privando de la libertad a muchos jóvenes en esta región, pero ninguna autoridad está tomando en serio e investigando esa práctica.

Apoyados en nuestras convicciones insobornables, continuamos dejando CONSTANCIAS de los hechos ocurridos recientemente:

  • ·El jueves 24 de diciembre de 2020, en horas del día, se recibió información según la cual el paramilitar Wilfer Higuita, actualmente residente en el asentamiento de La Unión, la noche anterior habría embriagado a una joven en esa vereda y abusado sexualmente de ella.
  • ·En la semana del 24 de diciembre de 2020el mismo paramilitar Wilfer Higuita, quien lleva muchos años vinculado a las estructuras paramilitares, incluso sirviendo desde allí a altos oficiales de la Brigada XVII, ahora radicado en el casco urbano de la vereda La Unión, lanzó amenazas contra varias mujeres de esa vereda, acusándolas de estar informando a nuestra Comunidad de Paz sobre las acciones de los paramilitares. Como Comunidad de Paz aclaramos que todas las informaciones que nos llegan a ese respecto y que   incluimos en nuestras constancias, se originan en el actuar público de los paramilitares, sin que tengamos necesidad de buscar informaciones, pues los paramilitares actúan a la luz pública.
  • ·En la última semana de diciembre 2020, los paramilitares reunieron a población civil en la vereda Naín del municipio de Tierralta, Córdoba, y amenazaron a los líderes de las juntas de acción comunal por supuestamente estar robando los dineros de las comunidades.
  • ·El viernes 01 de enero de 2021, mientras varios integrantes de nuestra Comunidad de Paz reparaban una malla que protege el monumento a la memoria de nuestros líderes masacrados por el ejército y los paramilitares en la vereda La Unión el 8 de julio de 2000, el poblador Adolfo Guzmán, quien afirmó tener mando en la junta comunal de dicha vereda, se acercó en deplorables condiciones de embriaguez a insultar a quienes estaban reparando el monumento. Según sus palabras, ellos van a derribar ese monumento, pues está estorbando para el juego de fútbol de los jóvenes, ya que ellos declararon ese espacio como “parque de recreo”. Despreció la memoria de los mártires afirmando: “los muertos, muertos están”, es decir, es estúpido recordarlos.
    Se entiende: su memoria será una condena perpetua a sus bestialidades. Afirmó además que habían conversado con el Alcalde de Apartadó quien les había autorizado derribar el monumento y hacer respetar el espacio público de recreo.

Así se acata en los territorios paramilitarizados la Ley 1408 de 2010, en sus artículos 12 y 13 que declara “Santuarios de la Memoria” los sitios donde incluso se sospeche que puede haber restos de personas desaparecidas, mucho más cuando se sabe a ciencia cierta que allí fueron masacradas. Con la misma grosería se pisotea la Resolución 3 de 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estableció los Principios sobre Políticas de Memoria en Las Américas. Allí definió que: “Se entiende por sitios de memoria a todos aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos o donde se padecieron o resistieron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas o las comunidades locales consideran que el lugar puede rendir memoria a esos acontecimientos, y que son utilizados para repensar, recuperar y transmitir sobre procesos traumáticos, y/o para homenajear y reparar a las víctimas”.  Por eso, dicha Resolución le ordena a los Estados: “asegurar un abordaje integral de la memoria, entendido como la obligación de adoptar políticas públicas de memoria coordinadas con procesos de justicia y rendición de cuentas”.  Y añade la misma Resolución que dicho abordaje integral de la memoria “incluye la obligación de los Estados de asegurar la representación y participación de las víctimas”.

Es una vergüenza que un Alcalde, un Ejército, un Gobierno, una Junta de Acción Comunal, toleren estas afrentas a las víctimas sin recato alguno ante la comunidad internacional, como gritándole al mundo con todo el descaro posible que quieren tapar a toda costa y validos de la fuerza bruta, el recuerdo de las barbaridades que allí han perpetrado.

  • ·El jueves 7 de enero 2021, en horas del día, se escucharon disparos cerca del centro urbano de la vereda la Unión. Según los comentarios, se trataba de entrenamientos que estarían realizando los paramilitares con personas recién reclutadas.
  • ·El domingo 10 de enero de 2021, se recibieron informaciones según las cuales los paramilitares que controlan el corregimiento de San José de Apartadó y sus veredas, reclutaron a 4 jóvenes, los cuales fueron llevados a la vereda Playa Larga y al corregimiento Nuevo Antioquia del municipio de Turbo, para entrenamientos.
  • ·El miércoles 20 de enero de 2021, el paramilitar conocido como “RAMIRO” quien es hermano de alias “SAMUEL”, reconocido comandante de paramilitares en la vereda la Unión, amenazó con arma de fuego a una mujer en dicha vereda, acusándola de ser informante de nuestra Comunidad de Paz y conminándola a renunciar a ello o de lo contrario no respondía por su vida. En los últimos días nos hemos enterado que el mismo “RAMIRO” y WILFER HIGUITA continúan amenazando a esta mujer y a su compañero y a la vez están amenazando de muerte a miembros de nuestra comunidad que viven cerca de allí, supuestamente por informar lo que hacen los paramilitares en la vereda, cuando son hechos perpetrados a plena luz del día, pudiéndolos conocer todos los habitantes de la zona.
  • ·El viernes 22 de enero de 2021, nuestra Comunidad de Paz fue informada de que los paramilitares habrían reclutado a 5 jóvenes, entre ellos una mujer, todos del casco urbano de San José de Apartadó. Según se comenta, la misma fuerza pública y la policía son conocedores de todo lo que se está viviendo, pues los paramilitares son los dueños de San José y de sus veredas y no hay ni una sola medida para evitar que los paramilitares tengan tanto control. La misma Brigada XVII del ejército, por medio del Coronel José Luis Bastidas Moreno, anuncia que están realizando operaciones para neutralizar cualquier plan criminal, pero nada pasa, pues los paramilitares son cada vez más libres en la zona para moverse y controlar. Nos preguntamos ¿cuáles son la operaciones militares que están realizando?­­­ Si a la fecha no se ha dado ninguna neutralización de los paramilitares que recorren armados el casco urbano de San José, nadie se explica para qué sirven una base militar y un búnker de la policía con muchos efectivos militares y policiales y sin embargo sean los paramilitares quienes tengan el control total. Varios asesinatos han ocurrido en esta zona y ¿de qué han servido los operativos? ¿Cuáles han sido los resultados? Como Comunidad de Paz seguimos convencidos de que en esta zona el poder de las armas tiene suficientes alianzas para ejercer control total sobre la población civil.
  • ·En la misma semana del 22 de enero de 2021, los paramilitares habrían realizado una reunión en la vereda Mulatos-Cabecera, de San José de Apartadó, en la cual informaron sobre prohibiciones que afirman imponer con su   usurpada autoridad a los pobladores del lugar, entre ellas: tumba de rastrojos para siembra de pan coger y uso de celulares. Durante la reunión obligaron a apagar todos los celulares táctiles, alegando que tienen muchos enemigos en la zona, los cuales denuncian la presencia de ellos allí. El paramilitar que dirigió la reunión, quien afirma ser “el político” de esa estructura, manifestó que todas las informaciones que está recogiendo serán llevadas a sus jefes, quienes luego impartirán órdenes.
  • ·El domingo 24 de enero de 2021,en las horas de la tarde, fue asesinado en la carretera que conduce desde Apartadó hasta el corregimiento de San José, el joven campesino BLAS HUMBERTO DAVID TORRES. El hecho ocurrió a la altura de la vereda La Balsa. Blas Humberto se movilizaba en moto hacia Apartadó cuando fue atacado por paramilitares que le propinaron varios impactos de arma de fuego acabando con su vida. Blas Humberto era agricultor independiente y actualmente vivía en la vereda La Pedroza.

Ya el año pasado, el 29 de febrero de 2020, estos mismos paramilitares habían asesinado al señor Amado Torres, residente en la vereda La Miranda, a pocos minutos de la vereda La Pedroza, por el hecho de no aceptar someterse a esa estrategia de muerte. Ahora, según las versiones recibidas, Blas Humberto fue asesinado precisamente por no aceptar someterse a la estrategia paramilitar, pues le estaban cobrando impuestos o vacunas que él se negó a pagar. Y lo más doloroso es que no ha avanzado ninguna investigación real en ninguno de los casos similares, por parte del poder judicial. Todo nos confirma que la “Justicia” sigue corrompida, y seguirá corrompida mientras las mismas altas Cortes se nieguen a investigar al poder judicial de Urabá; mientras se nieguen a reabrir los millares de expedientes que encierran podredumbres morales, donde campean el soborno, la amenaza y el montaje  como determinantes del sistema probatorio. La misma Corte Constitucional claudicó de las medidas tomadas en el Auto 164 de 2012, de crear una Comisión de Evaluación de la Justicia o de decretar un Estado de Cosas Inconstitucional en la falsa “justicia” de Urabá. Este gobierno se ha caracterizado por continuar con ojos cerrados y manos cruzadas frente a los horrores de la criminalidad estatal y para-estatal que sigue imperando.

 La persecución a quienes no aceptan el paramilitarismo no se detiene, pues todo aquel que se resista es sometido a desplazamiento o de lo contrario termina asesinado con el mismo libreto con que asesinaron a Amado y a Blas Humberto y a muchísimos otros. Responsable será el gobierno por lo que le suceda en adelante a otros y otros pobladores.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 23 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no destruya nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Febrero 03 de 2021

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Más de 25 mil colombianos fueron víctimas de desplazamiento forzado en 2020, según la ONU

De la cifra total, 1.535 personas salieron de sus hogares en diciembre.

Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU en Colombia (OCHA), 25.366 colombianos sufrieron desplazamiento forzado por cuenta de la presencia de grupos ilegales en sus territorios, con 94 eventos registrados.

De la cifra total, 1.535 personas salieron de sus hogares en diciembre, hechos que se concentraron en Bahía Solano, Chocó, donde 900 indígenas abandonaron su comunidad; Roberto Payán, en Nariño con 333 damnificados; Argelia, Cauca con 118 afectados; Alto Baudó, Chocó con 94 víctimas; y Caucasia, Antioquia donde 91 habitantes dejaron sus casas.

Asimismo, el documento indicó que los mayores afectados fueron los indígenas, con un 75% de los eventos presentados en diciembre, seguidos por los afrodescendientes con el restante 25%.

Respecto a los confinamientos, 74.312 personas sufrieron en 2020 ese flagelo derivado de la presencia de grupos armados en su territorio, mientras que solo en diciembre, 4.661 colombianos restringieron su movilidad para evitar ser blanco de ataques armados o morir en medio de combates entre grupos ilegales en Iscuandé, Chocó con 4.149 confinados y Bojayá con 512 afectados.

El reporte además señala que, los desastres naturales produjeron 366.241 víctimas, de ellos 6.050 damnificados se produjeron en diciembre, la gran mayoría en Barbacoas, Nariño por cuenta de inundaciones relacionadas con lluvias.

La ONU alerta que, del total de emergencias presentadas en diciembre, solo el 73% de las personas afectadas en las tres categorías (desplazamiento, confinamiento y desastres naturales) recibieron atención de las autoridades por lo cual hizo un llamado a mejorar esos indicadores.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo precisó que la causa principal de los desplazamientos forzados en el país fueron las confrontaciones por los territorios entre grupos armados ilegales que, de igual forma, comenten otros delitos contra las comunidades de la zona.

Homicidios, violencia sexual, estigmatización, amenazas, hostigamientos, riesgo y materialización de reclutamientos, secuestro, desapariciones forzadas y territorios contaminados con minas personales, son los más recurrentes.

“Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que en los departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba, haya una crisis recurrente por el desplazamiento forzado y las víctimas no cuentan con garantías para el restablecimiento de sus derechos”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

En relación a los confinamientos, la entidad indicó que respecto a 2019 se incrementaron en al menos un 252% en el país, siendo la región del Catatumbo, en el departamento fronterizo de Norte de Santander, donde se presentaron la mayoría de los casos con 33.627 habitantes de casi 10 mil familias confinados.

Para el defensor del Pueblo, otro aspecto que se debe tener en cuenta de manera urgente es que a la crisis humanitaria que padecieron estas familias, se sumó el impacto de la pandemia del covid-19.

“Hay demoras en la atención a las víctimas, restricciones de los grupos armados ilegales en los territorios y el riesgo de propagación del virus en las comunidades, especialmente por los confinamientos en sitios hacinados y por la falta de acceso a servicios de salud”, concluyó Carlos Camargo.

3 de Febrero de 2021

 

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Lunes, 01 Febrero 2021 06:20

El ejemplo

El ejemplo

Dediqué 33 años y cuatro meses al servicio militar activo como miembro de la fuerza militar más ágil de este país, los marines. Serví en rangos comisionados desde segundo teniente a mayor general. Y durante ese periodo dediqué la mayoría de mi tiempo a ser un golpeador de alta categoría para el gran empresariado, para Wall Street y para los banqueros.

“En suma, fui un estafador, un gánster para el capitalismo… Ayudé a hacer seguro a México, especialmente Tampico, para los intereses petroleros estadunidenses, en 1914. Ayudé a hacer de Haití y Cuba un lugar decente en donde los chicos del National City Bank pudieran recaudar ingresos. Ayudé en la violación de media docena de repúblicas centroamericanas para beneficio de Wall Street… Ayudé a purificar a Nicaragua para la casa banquera internacional de Brown Brothers en 1909-1912. Traje la luz a República Dominicana para los intereses azucareros estadunidenses, en 1916. En China, ayudé a asegurar que la Standard Oil pudiera avanzar sin ser molestada.

"Durante esos años tenía, como decían los cuates, en el cuarto de atrás, un negocio turbio padre. Viendo hacia atrás, creo que le podría haber ofrecido algunas pistas a Al Capone. Lo más que él logró fue operar su negocio en tres distritos. Yo operé en tres continentes."

El mayor general Smedley Butler, autor de estas palabras en 1935, fue en su tiempo el militar más condecorado de Estados Unidos, incluida la Medalla de Honor por su papel en la batalla de ocupación de Veracruz el 22 de abril de 1914. Muchos conocen estas citas (parte de un libro y discurso), pero siempre vale recordarlas como parte de la larga historia de disidencia en Estados Unidos contra sus aventuras bélicas.

Hoy día, el gasto en "defensa" –aprobado de manera bipartidista (en ciertos rubros como este existe un consenso a pesar de la supuesta polarización política en el país)– asciende aproximadamente a 740 mil millones de dólares, más que el presupuesto militar combinado de los próximos 10 países con los mayores presupuestos militares. Eso es, según cálculos del Friends Comittee on National Legislation, más de 2 mil millones de dólares cada día, más de un millón de dólares cada minuto.

Según cifras recientes del proyecto Costos de Guerra de la Universidad Brown, Estados Unidos ha gastado más de 6.4 billones en guerras y operaciones militares en Afganistán, Pakistán e Irak desde 2001, donde se han registrado por lo menos 800 mil muertes, la mayoría civiles (https://watson.brown.edu/costsofwar/).

Algunas de las operaciones bélicas son llevadas a cabo ahora de manera más "discreta", por ejemplo, el gobierno de Barack Obama realizó por lo menos 500 ataques con dron, asesinando a más de cuatro personas.

El culto al poder militar de este país es algo practicado por presidentes y líderes políticos de ambos partidos. El nuevo gobierno de Biden ha declarado que entre sus objetivos está el de restaurar el liderazgo estadunidense en el mundo (ver Tinker Salas y Silverman: https://www.jornada.com.mx/2021/ 01/31/opinion/014a1pol). Biden ha formulado una consigna de que Estados Unidos será líder no sólo a través del "ejemplo de nuestro poderío, sino por el poder de nuestro ejemplo".

Esto, mientras la violencia política armada además de la criminal dentro del "país ejemplar" ha llegado a tales niveles de que hasta se efectuó una intentona de golpe de Estado y el centro de su capital está bajo protección de miles de tropas armadas de la Guardia Nacional, no para enfrentar a algún enemigo externo, sino el "terrorismo doméstico" de sus propios ciudadanos (muchos de ellos, veteranos militares).

La violencia dentro del país no se puede desvincular de su historia de violencia a nivel internacional. Vale recordar las palabras del reverendo Martin Luther King, quien en 1967 declaró que no podía hablar más sobre la violencia que se sufría en las ciudades estadunidenses sin abordar "el mayor proveedor de violencia en el mundo hoy día: mi propio gobierno".

Bruce Springsteen: War. https://youtu.be/mn91L9goKfQ

George Carlin: Nos gusta la guerra: https://www.youtube.com/watch?v=SoqcDPiVxJ8

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante una conferencia de prensa en septiembre pasado, en San Salvador.JOSE CABEZAS / Reuters

El mandatario canceló la conmemoración de los acuerdos liderados con éxito por la ONU y que pusieron fin a una guerra civil que dejó más de 75.000 muertos en el país centroamericano

 

Organizaciones de derechos humanos, víctimas de guerra, grupos opositores, intelectuales y exguerrilleros se han pronunciado contra la reciente embestida del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra los acuerdos de paz que hace 29 años y liderados por Naciones Unidas pusieron fin a la cruenta guerra civil que dejó más de 75.000 muertos en El Salvador, pero que para el controvertido mandatario son una “farsa”, un “negocio” de élites y un “pacto entre corruptos”. El viernes, un grupo de organizaciones sociales y de víctimas del enfrentamiento armado exigieron a Bukele que respete los acuerdos y mantenga el compromiso del Gobierno a favor de los derechos humanos, mientras que un centenar de académicos salvadoreños y extranjeros hicieron pública una carta en la que rechazan las declaraciones del presidente y piden respeto por la verdad y la memoria histórica.

La indignación creció en el país centroamericano el 16 de enero, cuando por segundo año consecutivo el mandatario rechazó conmemorar la firma de los acuerdos de paz, pero también ordenó a golpe de decreto anunciado por Twitter que esa fecha se convierte en un día para recordar a las víctimas del conflicto. “De ahora en adelante, por decreto presidencial, el 16 de enero será el “Día de las Víctimas del Conflicto Armado”, escribió Bukele en la red social, su medio favorito para comunicar sus decisiones presidenciales. “Dejaremos de conmemorar a los que ordenaron sus muertes y empezaremos a conmemorar a quienes sí deben ser conmemorados”, insistió.

Para Bukele “la firma de los acuerdos de paz no representó ninguna mejora para la población en sus derechos más básicos”, sino que se tradujo en “el inicio de una etapa de mayor corrupción y exclusión social y el enriquecimiento de manera fraudulenta de los mismos sectores firmantes de los acuerdos”, en referencia a los integrantes del Gobierno de la época y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que sellaron los llamados Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. Ese pacto permitió poner fin a una de las más cruentas guerras que sufrió América, con episodios terribles como la masacre de El Mozote de 1981 cuando soldados del Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño —muchos formados en la Escuela de las Américas— asesinaron a al menos 986 personas (552 niños y 434 adultos, entre ellos 12 mujeres embarazadas; todos campesinos) en una operación que tenía como objetivo arrasar con la guerrilla izquierdista.

Fue precisamente en El Mozote donde Bukele expresó sus mayores críticas a los acuerdos de paz a finales de diciembre, en un acto público en el que participaron víctimas de aquella matanza. El presidente dijo que la guerra fue una farsa, así como el pacto auspiciado por la ONU. “¡Ay, está mancillando los Acuerdos de Paz. Sí, los mancillo porque fueron una farsa, una negociación entre dos cúpulas o ¿qué beneficios le trajo al pueblo salvadoreño?”, cuestionó. Bukele ya había desatado una crisis política en El Salvador al impedir que se desbloquearan los archivos militares relacionados con la matanza de El Mozote, después de desobedecer una orden judicial emitida por un juez para inspeccionar los archivos como parte del proceso judicial que pretende esclarecer lo sucedido en esa pobre comunidad salvadoreña.

Tras las críticas de Bukele, agrupaciones de derechos humanos y de víctimas del conflicto han protestado en San Salvador. El viernes, representantes de varias organizaciones sociales leyeron un comunicado en el que exigen al mandatario cumplir con las “responsabilidades” en materia de derechos humanos que dejaron los acuerdos de paz. “Existen responsabilidades fundamentales que el mandatario debe cumplir, fundamentalmente dejar de proteger a victimarios, como sucedió en la negativa de cumplir la orden judicial de acceso a los archivos militares en el caso El Mozote”, dijo David Ortiz, integrante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad). Además, 107 historiadores, académicos y personalidades de El Salvador y otros países hicieron pública una carta en la que rechazan “enfáticamente” las declaraciones de Bukele. “Nos preocupa que en su calidad de presidente trate con ligereza temas tan importantes”, critican y hacen un llamado a respetar la verdad y la memoria histórica. El documento, publicado por el medio digital El Faro, lleva la firma de personalidades que participaron en el proceso de pacificación que concluyó con la rúbrica del pacto en el castillo de Chapultepec, en Ciudad de México.

También han criticado a Bukele exintegrantes de las guerrillas, como Ana Guadalupe Martínez, quien representó en los acuerdos al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), uno de los grupos cercanos al FMLN. “Prácticamente pocas familias de este país han de haber quedado sin ser tocadas, lesionadas o partícipes de esa confrontación tan larga. Por ello, no solo fue sorpresa, sino que me causó dolor, porque el presidente no tiene empatía para los cientos de miles de salvadoreños víctimas, no solo con los que fallecieron, también con los que todavía estamos vivos. Y obviamente me pareció no solo irresponsable, sino totalmente fuera de lo que podía ser la mentalidad de un jefe de Estado. Yo, dije: ‘Bueno, esa declaración retrata exactamente lo que es él, humo. No tiene nada en la cabeza”, dijo la exguerrillera en declaraciones a la cadena Focos TV.

Amanda Castro, hija de víctimas de guerra, dice que Bukele mantiene una “línea negacionista” que atenta contra la memoria histórica de El Salvador. “Es muy grave, son narrativas malintencionadas y perversas que parten de una profunda ignorancia”, afirma Castro a EL PAÍS por entrevista telefónica. “El presidente aprovecha esta fecha [la conmemoración de los acuerdos] para negar la historia. Aunque existan desafíos, no podemos negar los avances que hubo en relación con los acuerdos, porque de ellos surge una institucionalidad en el país, se crea la Procuraduría de Derechos Humanos y se supedita las fuerzas armadas a los poderes civiles”, agrega. Para Castro, el presidente salvadoreño demuestra “claros signos autoritarios y dictatoriales”, que ponen en riesgo los derechos humanos en El Salvador. “Con sus declaraciones negacionistas, burlescas, el presidente coloca otra vez al país en bandos al país, cuando los acuerdos de paz son logros de toda la sociedad salvadoreña, más allá de partidos políticos. Hay que defender esos acuerdos, que hoy las declaraciones de Bukele ponen en peligro”, concluye la también activista.

Por Carlos Salinas Maldonado

México - 25 ene 2021 - 22:59 UTC

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Cerrejón, mina a cielo abierto

Los proyectos mineros dirigidos principalmente por grupos ilegales en Colombia son los que más afectan a las poblaciones indígenas, afrodescendientes y comunidades locales de este país.

 

De las 52 comunidades afectadas por proyectos, 20 son impactadas por actividades mineras mediante 9 proyectos que representan el 47% de los proyectos registrados, entre 2017 y 2019, de acuerdo a un estudio de la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados.

Seis de estos nueve proyectos mineros son dirigidos por grupos ilegales, que también lideran otros 3 proyectos de agroindustria.

De ahí que Colombia sea también el país que registre la más alta tasa de asesinatos a miembros de las comunidades a nivel de Latinoamérica con 17 personas asesinadas.

Así lo informa la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, una herramienta digital de libre acceso impulsada por Rights and Resources Initiative (RRI) con el apoyo de Amazon Conservation Team (ACT).

Proyectos identificados

Según la plataforma, Colombia registra 19 proyectos en total. De ellos, 9 corresponden al sector minero, 4 al de infraestructura y 3, tanto al de hidrocarburos (gas o petróleo) como al de agroindustria.

Esto guarda relación con el número de comunidades afectadas: 52 en total. De estas, 20 son afectadas por proyectos mineros; 18 por infraestructura; 11 por hidrocarburos y 3 por agroindustria.

Como se aprecia, existe una predominancia de proyectos mineros. Seis de los nueve casos identificados en este sector son actividades ilegales que generan deforestación y contaminación, por el uso del mercurio.

En los tres casos formales de minería, todas son de extracción de carbón mineral, siendo una de ellas la mina El Cerrejón, ubicada dentro del territorio del pueblo indígena Wayúu, en el departamento de La Guajira.

Esta comunidad ha denunciado que, desde que comenzó la explotación de carbón en los años 70, ha perdido miles de hectáreas de sus tierras, lo que afecta su supervivencia.

Otro aspecto que se destaca es el impacto de las obras de infraestructura como Hidrotuango, un proyecto hidroeléctrico que afecta a comunidades campesinas en los municipios de Ituango y Briceño.

Las comunidades que se resisten al proyecto tienen documentados 152 casos entre los que registran asesinatos, amenazas, acoso por parte de grupos armados paramilitares, entre otros.

Con 17 comuneros asesinados, Colombia registra la más alta tasa de asesinatos a miembros de las comunidades en Latinoamérica. Ilustración: Servindi

Derechos violados

La plataforma revela que los derechos a un medio ambiente saludable (63.2%) y a participar en la vida pública (59.9%), fueron las violaciones de derechos más frecuentes denunciadas en los conflictos registrados en Colombia.

El derecho a la vida, a la integridad física y moral y el derecho a la defensa de la tierra ancestral fueron otros derechos vulnerados en más del 30% de casos.

En tanto, los ataques más frecuentes fueron los asesinatos, las amenazas, la limitación de la libertad de expresión y la invasión al territorio colectivo.

De las 52 comunidades afectadas, 33 personas sufrieron ataques individuales; de ellas, 17 fueron asesinadas, lo que convierte a Colombia en el país con la más alta tasa de asesinatos a miembros de las comunidades a nivel de Latinoamérica.

Por otro lado, el impacto ambiental mayor fue la contaminación del agua, registrándose en el 68% de los casos; mientras que el impacto social más frecuente fue la alteración de medios de vidas tradicionales en 24 comunidades

22 enero 2021

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Viernes, 22 Enero 2021 05:39

Ironías y paradojas

Ironías y paradojas

 Un país ‘W’ que ocupa ilegalmente una parte de la nación ‘X’, critica al país ‘Y’ por su ocupación ilegal de una parte de la nación ‘Z’ y le suministra armas para que ‘Z’ acabe con ‘Y’ , ya que "la integridad territorial es sagrada". Un país ‘V’ que por décadas ignora resoluciones de Naciones Unidas que censuran su ocupación ilegal de un país ‘U’ −durante la cual acapara su tierra y transfiere su población civil allí−, apoya a la nación ‘Z’ cuyos oficiales usan en contra del país ‘Y’ el mismo tipo de argumentos que la nación ‘U’ −y sus defensores− habitualmente dirigen en contra del país ‘V’. Una nación ‘Y’ que enfrenta el ataque del país ‘Z’ −apoyado por las naciones ‘W’ y ‘V’− hace a la luz del derecho internacional cosas muy parecidas que el país ‘V’ en territorios ocupados de la nación ‘U’, o −hasta cierto punto− el país ‘W’ en territorios de la nación ‘X’. Un país ‘V’, perteneciente a una nación-víctima de un genocidio, le vende armas al país ‘Z’, el enemigo acérrimo de la nación ‘Y’ que pertenece a otro país-víctima de un genocidio y que además enfrenta la alianza del país ‘Z’ con la nación ‘W’, dos pueblos étnicamente cercanos, de los cuales el segundo cometió aquel genocidio.

Si al lector ya le dio vértigo, no se preocupe.

En la reciente guerra en Nagorno-Karabaj, un enclave montañoso mayoritariamente armenio en el Cáucaso del sur, pero que les pertenece a los azeríes −y que desde la década de los 90, tras otra sangrienta guerra, estuvo bajo la ocupación armenia en forma de "republiqueta" de Artsaj−, abundaba toda una serie de ironías y paradojas. Algunas de tipo −como se suele decir por mis tierras− "el cerebro se para" (tras dar 100 mil vueltas).

Curiosamente, Rusia, el país no mencionado en la letanía inicial −"la fuente de todos los males en el mundo" (basta leer la prensa liberal)− salió la mejor parada. O "más congruente". No sólo al imponer la tregua entre Armenia (país ‘Y’) y Azerbaiyán (nación ‘Z’) se posicionó como un hegemón regional frente al expansionismo de Turquía (país ‘W’). O convirtió lo que Azerbaiyán no recuperó de Artsaj en su semicolonia. Sino que hizo lo que ya de por sí venía haciendo: recuperar la influencia tras el colapso de la URSS: apoyar irredentismos (Abjasia, Osetia del Sur, Transnistria, Dontesk/Lugansk) o anexar ilegalmente territorios (Crimea). Aunque el hecho de que la nación que les vende armas tanto a Ereván como a Bakú o que oficialmente rehabilitó a Stalin, el responsable por transferir de modo desafortunado a Nagorno Karabaj a Azerbaiyán y no a Armenia, acabara de "salvador de los armenios" no deja de ser una ironía.

¿Pero qué decir de Turquía que ocupando ilegalmente la parte norte de Chipre (país ‘X’) fustigaba a Armenia por su "criminal ocupación de Nagorno Karabaj" o que solidarizándose con el lado azerí (su hermano pueblo túrquico) y mandándole armas (drones, etcétera), asesores militares y mercenarios sirios, se refería despectivamente a los armenios −víctimas del genocidio perpetrado por ella en tiempos del imperio otomano (1.5 millón de víctimas)− como "sobras de la espada" ("kılıç artığı"), insinuando que "aún hay cosas inacabadas" en referencia a los descendientes de los sobrevivientes?

¿O de Israel (país ‘V’) que nunca reconoció el genocidio armenio para no quitarle la excepcionalidad al Holocausto aunque, según sus perpetradores (sic) y estudiosos fue justo el antecedente armenio que posibilitó el genocidio judío, y que no tiene ningún reparo moral en armar −a mano con Turquía que igual niega aquel genocidio− a los azeríes en contra de los armenios con armas (drones, munición loitering, bombas de racimo, vehículos, sistemas de vigilancia) "testeadas" durante la ocupación sin fin de Palestina (nación ‘U’), facilitando si no otro genocidio, sí −bueno, de esto sabe− una nueva limpieza étnica?

¿O de la propia Armenia que en efecto ocupaba de manera ilegal a Nagorno Karabaj y transfería su población civil allí−práctica prohibida por la Convención de Ginebra− "emulando" lo que hace Israel en Cisjordania y apoyándose, igual que Israel, en su diáspora mundial invocaba "el derecho al retorno" para asentar colonos en Artsaj haciéndolo, igualmente, "a fin de proteger vidas" dada la historia de pogromos históricos a manos de los azeríes?

¿O de Azerbaiyán que invocando el derecho internacional usaba argumentos parecidos en contra de la ocupación y asentamientos armenios que los palestinos fútilmente emplean en contra de Israel y sus asentamientos ilegales o usaba la argumentación milenaria (“quién estuvo allí ‘primero’”) para justificar su "derecho" a aquella tierra −esto ya emulando a Israel− rescribiendo la historia y cambiando incluso burdamente inscripciones en sitios arqueológicos armenios bajo su control?

Los rusos diciendo lo mismo de siempre. Los turcos mintiendo descaradamente. Los israelíes, bueno, al menos mantenían la boca cerrada (su apoyo a Azerbaiyán era un secreto a voces). Los armenios actuando (casi) como israelíes. Los azeríes hablando como palestinos. Encima los kurdos perdiendo la guerra en la que no han participado al acabar ante el triunfo del pan-turquismo más expuestos a ataques de Ankara, la misma que hace un siglo, de forma trágica, los hizo coperpetradores del genocidio armenio... (o cuales, décadas más tarde, Israel trató de usar como "quinta columna" en contra de varios países de la región). Ironías. Paradojas. Hipocresías. El mundo patas arriba. ¿O a poco no ha estado así siempre?

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Irán, el objetivo del traslado de Israel de EUCOM a CENTCOM

EEUU acaba de traspasar la protección de Israel del área de responsabilidad del Comando estadounidense para Europa (EUCOM) al Comando Central de los Estados Unidos (US-CENTCOM). Esta decisión de última hora del presidente Donald Trump, que cambia la arquitectura militar de EEUU-Israel para Oriente Próximo, sucede cuando 1) el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo acusa a Irán, sin prueba alguna, de ser la nueva sede de Al Qaeda y de que está desempeñando un papel "peor" que Afganistán antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la misma afirmación de la CIA (la agencia del que él fue director) sobre Iraq y Afganistán antes de convertirlos en montañas de cadáveres y cenizas; y 2) los medios israelíes informan de tres "planes de emergencia" para frenar el programa nuclear de Irán que incluyen los ataques aéreos a las instalaciones militares de este país, y 3) un submarino nuclear israelí y tres portaviones estadounidenses merodean el Golfo Pérsico.


¿Para qué sirve CENTCOM?


El Comando Central de EEUU nació en 1980 para sustituir de las Fuerzas de Despliegue Rápido que defendía los intereses de EEUU en Medio Oriente, Norte de Africa y Asia Central y Sur, y es uno de los seis comandos de EEUU cuya misión consiste en hacerse con el control geográfico del mundo: La área de responsabilidad (AOR) del Comando Norte, el NORTHCOM, es  vigilar el propio territorio de EEUU, Puerto Rico, Canadá, México y Bahamas; el Comando del Sur, SOUTHCOM, América Central y América del Sur; el INDOPACOM espía la región del Indo-Pacífico, y AFRICOM a las naciones africanas.


Entre sus trabajos durante la Guerra Fría

  • Enfrentarse a la posible reacción militar de la Unión Soviética después de que EEUU y Europa empezaran a utilizar a la extremaderecha islámica y cristiana para cercar a la URSS en sus fronteras con Afganistán (Muyahedines afganos), con Irán (el jomeinismo) y con Polonia (Lech Walesa y su sindicato de Solidaridad). La entrada del Ejército Rojo en Afganistán fue el pretexto buscado por la OTAN en intensificar la militarización de la región. En la teocracia chiita, la masacre de las fuerzas de izquierda, iniciada en 1980 y culminada en 1986 tendría que haber incitado a los soviéticos a una intervención militar en Irán, -pensaría EEUU-, no para salvar a sus camaradas, sino ocupar los campos petrolíferos del país y conseguir una salida al Golfo Pérsico, continuaron fantaseando. De hecho, entre 1983 (año del asalto del nacionalislamismo al Partido Comunista Tudeh, en colaboración con el MI6 británico), y 1990, año del fin de la URSS, el objetivo de los ejercicios "Internal Look" «Mirada Interna» de CENTOCOM era un rápido despliegue de las fuerzas estadounidenses en las montañas iraníes de Zagros para derrotar a los intrusos soviéticos.
  • Intervenir en el rescate frustrado de los rehenes de la embajada de EEUU en Teherán: la película Argo no dijo toda la verdad.
  • Organizar el buen desarrollo la guerra entre Irán e Irak amadrinada por EEUU, que armaba a Iraq de Saddam Husein, y de Israel que inicialmente enviaba material bélico a la República Islámica. La mutua destrucción de dos países que potencialmente eran capaces de cuestionar la hegemonía de Israel sobre la región fue diseñada en la doctrina de "Doble Contención" de Henry Kissinger: se contuvo a Iraq, con guerras bajo diferentes pretextos, y ahora quieren dar una "solución final" a Irán por ocho motivos y no porque posea armas de destrucción, al igual que la guerra del 2003 contra Iraq se realizó bajo el pretexto de siete mentiras que sirvieron en realidad a diez objetivos.
  • Los últimos trabajos de CENTCOM, cuya sede principal se encuentra en Florida -con un cuartel en Qatar-, también incluyen la supuesta lucha contra el terrorismo de Daesh, entregar  Afganistán a los talibanes, y participar en el desmantelamiento del Estado Libio y también del sirio. En este caso, también el objetivo del Pentágono es Irán que no su Gobierno, con el fin de seguir rediseñando el mapa de la región a la medida de los nuevos intereses de EEUU.


Los 14 motivos de una inquietante decisión

  1. 1. EEUU considera que los ataques de Israel contra las instalaciones militares de Irán desembocarán en una guerra de envergadura, por lo que los dos aliados deberían coordinar sus estrategias militares. Pues, tal guerra, iniciada por Israel o por EEUU o coordinada entre ambos, sucederá en el área de responsabilidad de CENTCOM. Las fuerzas aéreas de ambos países realizaron los ejercicios Enduring Lightning III ("Rayo Duradero") con sus F-35 en octubre de 2020. Estos aviones, de los que Israel posee una docenas y que cuestan 100 millones de dólares por unidad, son los más avanzados del mundo y posiblemente han sido usados por Israel por primera vez contra el complejo de producción de misiles en Parchin, Irán, como afirma el diario kuwaití Al-Jareeda. En 1981, las cazas israelíes F-16I Sufa destruyeron el reactor nuclear en construcción de Irak, y en 2007 hicieron lo mismo con el reactor sirio, obviamente sin que el Consejo de Seguridad de la ONU le impusiera alguna sanción.
  2. 2. La presión del Instituto Judío para la Seguridad Nacional de EEUU (IJSNE), un lobby NeoCon, que desde hace varios años plantea que la inclusión de Israel en CENTCOM es la garantía para la defensa de los intereses de EEUU frente a Irán.
  3. 3. Aunque Israel y EUCOM celebraban maniobras conjuntos semestrales llamadas Juniper Cobra, en el que EEUU practica el despliegue rápido de sistemas de defensa antimisiles y personal de Europa a Israel ante un hipotético ataque con misiles balísticos desde Irán, dicho cambio agiliza la coordinación de sus operaciones.
  4. 4. Alinear a los socios claves de EEUU, -Israel y los árabes-, tras la normalización de las relaciones de Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Sudan y Marruecos con Israel como el resultado y también la fase militar de los Acuerdos de Abraham. Tarea nada fácil en países como Iraq que mientras tiene que tragarse el sapo del dominio de EEUU y la presencia de miles de sus militares, no puede aceptar una cooperación directa con Israel debido a la opinión pública del país sobre el estado judío. Aunque, tiempo a tiempo: ver a los soldados iraquíes, saudíes e israelíes atacando juntos, casi como hermanos, dejará de ser ficción. Tel Aviv ha incluido un discurso anti-Huti en su repertorio y ya considera a Yemen un enemigo serio como los saudíes. ¡Lo único que les faltaba a los yemeníes!
  5. 5. Permitir a EEUU, Israel, y sus socios árabes realizar ejercicios de contingencia ante las "amenazas compartidas".
  6. 6. Enviar un mensaje disuasorio a Irán y otros países de la región (incluida Turquía) que cuestionan la hegemonía de EEUU-Israel.
  7. 7. Dar más protagonismo a Israel en los conflictos regionales.
  8. 8. Crear una red de defensa antimisiles en la zona coordinada por el Pentágono.
  9. 9. Fortalecer la presencia militar de EEUU en Israel y también instalar allí nuevas armas. En 2017 Washington abrió su primera base militar permanente en el suelo israelí.
  10. 10. Así, EUCOM podrá volcarse con la lucha contra Rusia.
  11. 11. El temor de EEUU de que Israel actúe contra Irán por su cuenta y sin el consentimiento de Washington. Esta fusión permite a los militares estadounidenses mantener la iniciativa en cuanto a la planificación de las estrategias, los entrenamientos y las acciones militares
  12. 12. Una mayor infiltración en la inteligencia militar de los países árabes en los que nunca se fiarían.
  13. 13. Forzar a Joe Biden a trabajar con esta nueva estructura militar en Oriente Próximo, por si se le ocurre al nuevo presidente alejarse de la agenda de Israel para Irán, como lo intentó durante la Administración Obama.
  14. 14. Y también, mantener el control sobre el propio pequeño estado que no siempre ha sido un aliado leal de EEUU, debido a la existencia de choque de intereses: hace unas semanas que Jonathan Pollard espía de Israel que llevó 30 años en las cárceles de EEUU fue liberado.
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