Elliot Abrahms, representante especial para temes relacionados con Venezuela, del Departamento de Estado de EU. Foto Afp

Ciudad de México. En la coyuntura de la llamada “epidemia del siglo”, la diplomacia de guerra de Estados Unidos ha decidido profundizar su guerra no convencional, asimétrica, contra Venezuela. Con una serie de acciones sucesivas que pretenden generar miedo y pavor (shock and awe) en filas “enemigas”, la administración Trump activó el 26 de marzo pasado el miserable plan diseñado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el representante especial para Venezuela, Elliott Abrams, cuyo objetivo final es intentar producir un “cambio de régimen” en el país que tienen la reservas probadas de hidrocarburos más grandes del mundo.

Ese día, en lo que parece marcar un nuevo punto de no retorno ahora bajo la pantalla judicial del golpismo (Lawfare), el fiscal general de EU, William Barr, anunció cargos criminales por narcoterrorismo, tráfico de cocaína, lavado de dinero y corrupción contra el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro; una docena de altos funcionarios civiles y militares así como dirigentes del proceso bolivariano −e, incluso, un par de generales prófugos de la justicia venezolana−, bajo la grotesca argumentación de “haber participado en una asociación delictiva” que involucraría a una “organización terrorista extremadamente violenta” –las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC−, así como de “conspirar” para utilizar la venta de drogas como un “arma” contra Estados Unidos.

El 31 de marzo, en otra inadmisible intromisión –que viola  el Derecho internacional y los principios de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos, el de no intervención, la libre determinación de los pueblos  y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales−, Pompeo y Abrams hicieron público su “plan” denominado eufemísticamente “Marco para la transición democrática en Venezuela” (cuyo único fin es el derrocamiento de Maduro), lo que fue seguido, el 1 de abril, por el anuncio de Donald Trump, del lanzamiento de un nuevo operativo militar naval antidrogas en aguas del Caribe y el Pacífico.

Trump, quien apareció flanqueado en la Oficina Oval por el secretario de Defensa, Mike Esper, y el jefe del estado mayor, general Mark Milley, dijo que las operaciones marítimas antinarcóticos estarán dirigidas contra lo que, afirmó, es una “creciente amenaza” de “narcotraficantes y terroristas” que buscarán “aprovecharse” de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus para introducir drogas a EU y afectar a la ciudadanía.

A su vez, el secretario Esper identificó a Venezuela como una amenaza en particular, al acusar al “régimen ilegítimo de Maduro” de depender de las ganancias del narcotráfico para mantenerse en el poder. Con lo cual, se cumplirían los propósitos encubiertos denunciados a mediados de marzo por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, de que en el marco de una nueva fase de agresiones unilaterales estadunidenses contra su país, el Pentágono y el jefe del Comando Sur, Craig Faller, estaban contemplando un “bloqueo naval” a Venezuela, acción reconocida por la ONU como “uso de la fuerza”; medida que podría ser reforzada en la coyuntura con acciones coercitivas bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos (OEA), vía el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ambos, viejos instrumentos de la guerra fría al servicio de Washington.

Pino Arlacchi y los bulos de la CIA y el Pentágono

En el marco de la nueva fase de guerra híbrida de EU contra el proceso bolivariano de Venezuela, cabe recordar que el 15 de abril de 2019, durante una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad de Texas, el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó entre risas y aplausos: “Yo era director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia). Mentimos, engañamos y robamos. Teníamos hasta cursos de entrenamiento”. (Aunque la transcripción oficial del Departamento de Estado no incluyó esas aseveraciones, sí quedaron registradas en video).

La confesión de Pompeo vino a confirmar lo que es público y notorio y está registrado en cientos de documentos oficiales y literatura sobre la CIA de los últimos 60 años. Pero no deja de ser grave que el jefe de la diplomacia estadunidense se refiera a sí mismo como mentiroso y ladrón. Máxime, en la actual coyuntura, cuando expertos comunicacionales del Pentágono y la CIA han echado a andar una nueva etapa de la guerra no convencional contra Venezuela, diseñada en base a operaciones de guerra psicológica, propaganda encubierta y mensajes indirectos a través de los medios de difusión masiva (radio, televisión, prensa escrita, Internet), direccionadas a conseguir el control y la manipulación de la llamada opinión pública mediante distorsiones informativas (noticias intoxicadas).

Al respecto, las acusaciones del fiscal general William Barr contra el presidente Maduro, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el ministro del Interior, Néstor Reverol y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, entre otros, de emprender junto con las FARC una “conspiración narcoterrorista” para inundar a EU de cocaína, no admite la prueba del ácido. La teoría de un “narco-Estado” en Venezuela es pura ficción y las agencias estadunidenses lo saben.

 Tras enterarse del insólito entuerto, el ex vicesecretario de la ONU, Pino Arlacchi, ex director ejecutivo del Programa Antidroga de la organización mundial (UNODC, por sus siglas en inglés), escribió en su cuenta de facebook: “La acusación a @Nicolás Maduro por tráfico de drogas es una basura política. En 40 años de experiencia antidroga y como Vice Secretario ONU, nunca me  topé con #Venezuela, siempre lejos de los circuitos: EEUU primer consumidor, Colombia productor”.

Luego, en un artículo firmado difundido por Telesur, Arlacchi señaló que al conocer la noticia  de la acusación contra Maduro y miembros de su gobierno por tráfico de drogas, se quedó “sin palabras”. Escribió que al observar la persecución contra Venezuela ha visto muchas cosas, “pero honestamente no pensé que la asociación delictiva en el poder en los Estados Unidos llegaría a tanto”. Y añadió: “Después de robar $ 5 mil millones de los recursos financieros de Venezuela depositados en bancos de 15 países. Después de establecer un bloqueo de toda la economía del país a través de sanciones atroces, con el objetivo de golpear a la población civil para empujarla a rebelarse (sin éxito) contra su gobierno. Y después de un par de intentos de golpe fallidos, aquí está el tiro final, la calumnia más infame”.

Tras considerarlo como un “episodio de guerra asimétrica”, Arlacchi, quien se desempeñó como director ejecutivo de la UNODC entre 1997 y 2002, argumentó que “el golpe es tan fuera de medida”, que no cree que tenga consecuencias relevantes en Naciones Unidas ni en la Unión Europea. “No hay la más mínima evidencia” para apoyar esa “calumnia” que “sólo existe en la fantasía enferma de Trump y sus asociados”.

Agregó que bastaría consultar las dos fuentes más importantes sobre el tema: el Informe Mundial sobre Drogas 2019 de la UNODC y el último documento de la DEA, Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019, para verificar sus dichos. Según este último, el 90% de la cocaína introducida en los EU proviene de Colombia, el 6% de Perú y el resto de orígenes desconocidos.  Pero según Arlacchi, es el informe de la ONU el que proporciona la imagen más detallada, mencionando a México, Guatemala y Ecuador como los lugares de tránsito de drogas a los Estados Unidos. Y la evaluación de la DEA cita a los famosos narcos mexicanos como los mayores proveedores en el mercado estadounidense.

“No hay rastro de Venezuela en ninguna página de los dos documentos. Y en ningún otro material de las agencias anticrimen de los Estados Unidos en los últimos 15 años (conozco muy bien el tema) se mencionan hechos que puedan conducir indirectamente a las acusaciones lanzadas contra el presidente legítimo de Venezuela y su gobierno. Por lo tanto, es exclusivamente basura política, que espero será tratada como tal fuera del sistema político mediático de los Estados Unidos”, remató Arlacchi.

Un informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, publicado el pasado 5 de marzo, señala que los cultivos de hoja de coca en Colombia aumentaron en 4 000 hectáreas, para alcanzar las 212 000; mientras que la producción de cocaína creció en un 8 %, pasando de 879 toneladas a 951, cifras que marcan récords históricos.

De las tres fuentes citadas y los dichos de Arlachi, se desprende que si EU quisiera realmente combatir el tráfico de drogas el objetivo sería Colombia, no Venezuela. Otro blanco sería perseguir a los cárteles que distribuyen la droga en EU, que se quedan con la mayor parte de la ganancia y la lavan allí.

Para complementar lo anterior, un informe reciente de The Washington Office on Latin America (WOLA), consideró “exagerado” el papel que se le otorga a Venezuela en el comercio transnacional de drogas. De acuerdo con la Base de Datos Antidrogas Consolidada Interagencial (CCDB) del gobierno de EU, citado por WOLA, en 2018 pasaron por Venezuela 210 toneladas métricas de cocaína y en ese mismo lapso pasó aproximadamente 10 veces más cocaína (2,370 toneladas métricas) por Colombia y siete veces más (1,400 toneladas métricas) por Guatemala.

En declaraciones a BBC Mundo,  el director de WOLA, Geoff Ramsey, dijo que la afirmación de que Maduro está “inundando” deliberadamente EU con cocaína es “absurda”. Y al igual que Arlacchi, remitió a los propios datos de la DEA. Según Ramsey, el Departamento de Justicia de EU se ha visto sometido a una fuerte presión para formular esas acusaciones por parte de sectores duros de la oposición venezolana y la comunidad de exiliados en Miami, utilizando el mismo guión usado por el gobierno de George H.W. en Panamá, en 1989,  en el marco de la guerra fría.

La judicialización (lawfare) de la política de cambio de régimen de la administración Trump se centrará ahora en cuerpos de seguridad como el FBI y la DEA, con apoyo de las unidades militares desplegadas en el Caribe y el Pacífico y los llamados “contratistas privados de seguridad”. Cabe recordar que al actual fiscal general de EU, William Barr, le correspondió redactar en 1989 la justificación legal para la invasión de Panamá y para que el FBI pudiera ingresar a tierra extranjera sin el consentimiento del gobierno anfitrión. Asimismo, Barr fue quien gestionó el indulto del genocida Elliott Abrams, inculpado por el caso Irangate.

Sobre la DEA y el desertor Alcalá

Cuando el pasado 26 de marzo el fiscal Barr acusó a Nicolás Maduro y once funcionarios de alto rango (además de dos militares desertores) de formar parte de una  “conspiración narcoterrorista” y puso precio a sus cabezas, aseveró que todos formaban parte de un denominado Cártel de los Soles.

Para entonces, hacía años que las usinas de la guerra sucia en los sótanos del Pentágono y la CIA venían fabricando la trama conspiracionista, que fue sembrada de manera intermitente −con mayor profusión en 2015−  en los medios hegemónicos de Occidente adscritos a la también llamada guerra de cuarta generación.

Entre los carteles difundidos a la manera del Lejano Oeste por el Departamento de Justicia y la DEA el 26 de marzo último, con sus logotipos y una leyenda que decía “REWARD OF UP TO $ 10,000,000.00 U$S” (Recompensa de hasta 10 millones de dólares), y que incluía sendas fotos de los buscados por pertenecer al Cártel de los Soles, figuraron los de dos ex generales retirados prófugos de la justicia venezolana: Hugo Carvajal Barrios y Cliver Alcalá.

Un día antes (25 de marzo), en Caracas, el vicepresidente de Comunicación e Información venezolano, Jorge Rodríguez, había develado un nuevo plan terrorista para asesinar de manera selectiva a altos funcionarios gubernamentales, incluido el presidente Maduro. La revelación se basaba en informaciones de medios de prensa colombianos, del 23 de marzo, sobre la incautación de un arsenal de guerra compuesto por 26 fusiles de asalto AR-15 y otros insumos bélicos, en la localidad de La Ciénaga, Barranquilla, que iban a ser introducidos a Venezuela por la frontera de Paraguachón, en el estado Zulia.

En ese contexto, el primero en reaccionar horas después del anuncio del fiscal Barr en Washington, fue Cliver Alcalá, militar desertor y prófugo de la justicia venezolana, acusado el 31 de agosto de 2019 −junto con Julio Borges y la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz− de haber participado en un plan para colocar aparatos explosivos en el Palacio de Justicia y sedes de la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia Militar, y vinculado en el intento de golpe de Estado  del 30 de abril de ese año.

Radicado en Barranquilla, Colombia,  y entrevistado por locutores de la emisora colombiana W Radio, Alcalá confesó ser parte de la trama para cometer actos terroristas en Venezuela con la asesoría de expertos estadunidenses, y se adjudicó la propiedad de las armas incautadas en La Ciénaga el 23 de marzo anterior. Afirmó que ese arsenal había sido financiado con dinero suministrado por el diputado venezolano Juan Guaidó y que el gobierno de Iván Duque estaba al tanto de esos planes y había facilitado medios para la logística. En el audio Alcalá expresó literalmente: “Las armas incautadas en Colombia pertenecen al pueblo venezolano, en el marco de un pacto, o de un convenio, firmado por el presidente Guaidó, el señor J. J. Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos. Desde hace muchos meses vengo trabajando en la conformación de una unidad Libertad para Venezuela. A la reunión con los asesores norteamericanos me envió el señor Juan Guaidó y aportamos ahí, junto a militares venezolanos (…) hacer una unidad militar”.

En otra parte de la entrevista radial, Alcalá dijo: “Estoy en mi casa, no estoy huyendo, me informaron de la posibilidad de un falso positivo”. Es decir, temía que lo asesinaran. El 27 de marzo fue detenido y trasladado en un avión de la DEA a Nueva York.

Un día después, la agencia Reuters, desde Washington, difundió un cable según el cual el ex jefe de la inteligencia  militar de Venezuela, Hugo Carvajal, otro hombre clave del presunto Cártel de los Soles y con paradero desconocido en España, donde se había exiliado, también estaba en proceso de entregarse a las autoridades estadunidenses.

 Carvajal, el Cartel de los Soles y la prensa amaestrada

Junto con los de Cliver Alcalá y Diosdado Cabello, el nombre de Hugo Carvajal había formado parte del núcleo duro del supuesto Cártel de los Soles, según la trama fabricada por la DEA y la CIA para implicar al ex presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, en una presunta conspiración criminal con la guerrilla de las FARC colombiana, para “inundar” de cocaína a Estados Unidos.

La maquinación, que tuvo su punto culminante en 2015,  estaba inscrita en la primera fase de la Operación Libertad Venezuela (Venezuela Freedom), perfilada en el “Informe sobre Venezuela” elaborado en 2012 por el director nacional de Inteligencia de EU, James R. Clapper, que ponía énfasis en la agitación propagandística de temas tales como el desabastecimiento programado de alimentos y medicinas, el incremento inusitado de precios, los apagones eléctricos generalizados, la delincuencia y la violencia criminal como parte de un proceso de descomposición político-social e ingobernabilidad inducido que utilizó entonces el accionar de bandas criminales (bacrim), narcotraficantes, grupos paramilitares y pranes con sus ejércitos de malandros.

En ese contexto, y como parte de la guerra irregular para desestabilizar al nuevo gobierno de Maduro, los guionistas de los servicios de inteligencia estadunidenses fueron sembrando en medios occidentales, su nuevo invento: el Cártel de los Soles.

El primer diario elegido para desatar el circo mediático fue el ABC de España, que a partir de su corresponsal en Washington, Emili J. Blasco, en enero de 2015 comenzó a difundir “primicias” con base en “fuentes cercanas” a una investigación abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. “El jefe de seguridad del número dos chavista deserta a EE.UU. y le acusa de narcotráfico”, decía el titular de la nota. El blanco del despacho era el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sindicado en la fabulación como el “cabecilla” del Cártel de los Soles y “operador” del “narcoEstado” venezolano. Y estaba dirigido a dividir a la interna chavista en la transición generada por la muerte del líder del proceso bolivariano, Hugo Chávez, en 2013. Pero ya ahí aparecían implicados varios militares y el entonces gobernador de Aragua, Tareck Al Aissami.

Sin una sola prueba y con eje en los testimonios dudosos de un escolta desafecto, Blasco utilizó la socorrida fórmula de la guerra fría, “fuentes cercanas”, para encubrir las filtraciones de la CIA, la DEA y el Departamento de Justicia. Asimismo, para construir sus argumentos,  utilizó en un par de ocasiones el verbo “especular”, enemigo del periodismo de investigación.

El 19 de mayo de 2015, según reportó en una investigación Fernando Casado (“El nuevo invento para atacar a Venezuela: El Cártel de los Soles”, 1 de junio de 2015), una nueva filtración llegó a las páginas de The New York Times: “EEUU centra su amplia investigación  sobre cocaína en altos oficiales venezolanos”. Con un tono menos amarillista que el de ABC, el influyente diario neoyorkino daba como fuente a la DEA, pero la falta de pruebas seguía estando presente.

Tres días después era The Wall Street Journal, el que con  filtraciones de agentes de la DEA y fiscales federales de Nueva York y Miami, reforzaba el bulo sobre el Cártel de los Soles: “Oficiales venezolanos sospechosos de convertir el país en un centro de distribución internacional  de cocaína”. Igual que los anteriores, la falta de pruebas, persistía.

El 24 de mayo, Jackson Diehl, uno de los editorialistas estrella de The Washington Post, venía a sumarse al cacareo mediático anglosajón. Diehl tituló su artículo de opinión “Un cártel de la droga en el poder en Venezuela” y trató como hechos fehacientes la “información” que publicó. Su fuente, que utilizó como prueba, eran supuestos correos electrónicos extraídos de la computadora del jefe de las FARC, Raúl Reyes, que ni la Suprema Corte de Justicia de Colombia había validado. Es decir, seguía sin haber pruebas sólidas.

Como suele ocurrir con la siembra de “carne podrida” en los medios, y en este caso a partir de la declaración de un desertor, Diehl, del Washington Post, tomó como referencia las notas publicadas en el ABC y The Wall Street Journal. Es decir, a partir de informaciones no verificadas, se utilizó a la prensa como prueba de lo que dice la prensa, para ir fabricando una “noticia”, que, a fuerza de repetición, se vuelve “verdad”.

En el marco de la guerra no convencional asimétrica en curso, los objetivos de las operaciones psicológicas e intoxicación (des)informativa del Pentágono, la CIA y la DEA habían sido expuestos por el general John Kelly, jefe del Comando Sur, el 12 de marzo de 2015 ante el Comité Senatorial de los Servicios Armados del Congreso de Estados Unidos. Kelly dijo que las acciones estaban  dirigidas a generar una situación de caos y desestabilización política en Venezuela, combinándose con  acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada, etapa que incluyó a las guarimbas con su casi medio centenar de muertos, los asesinatos selectivos, sabotajes contra instalaciones estratégicas y acciones paramilitares desde la frontera colombo-venezolana.

En ese marco de la noticia como espectáculo para encubrir propaganda de guerra, el 20 de mayo, la intriga sobre el Cártel de los Soles sería retomada por el diario español El País, en un reportaje que tituló “Nueva luz sobre el misterioso cartel de los Soles”. Pero más allá de lo  enigmático del titular, no aportaba nada nuevo y fue una oda a la especulación.

Cinco días después, la revista Newsweek en español reproducía en su portada el rostro de Diosdado Cabello con un titular que rezaba: “El más buscado”. La publicación estadunidense reproducía una entrevista a Juan Forero, el periodista de The Wall Street Journal que había divulgado una “primicia” sobre el Cártel de los Soles. Como expresó Newsweek, “lo que para muchos era un secreto a voces, ahora estaba asegurado por un diario con el prestigio de The Wall Street Journal”.

El mecanismo para dejar plantada en la opinión pública una confabulación sin pruebas sólidas, había funcionado a la manera de un lavado de información, donde la fuente original de la filtración, en este caso la DEA −y de manera encubierta la CIA−, la más de las veces quedaba oculta.

No obstante, como mencionó Fernando Casado en la investigación citada, el origen de la cadena había sido el diario ABC de España, que reprodujo una “primicia” de su corresponsal en Washington, Emili J. Blasco, célebre por otra “exclusiva” de 2012 a raíz de la enfermedad del presidente Hugo Chávez, que entonces se convirtió en trending topics y dio la vuelta al mundo: “A Chávez le queda un año de vida a menos que acepte un tratamiento intensivo”. Blasco utilizó como  fuentes “informes confidenciales elaborados por informantes con acceso al equipo médico de Chávez, manejados por servicios de inteligencia” (sic). Blasco ocultó que su fuente era la CIA, porque entonces su credibilidad habría sido nula. Pero meses después, el ex director del diario ABC, Ángel Espósito, entrevistado por Casado, reconoció: “ABC tiene acceso a una información de la CIA, ABC publica la información de la CIA, ABC no dice ‘ABC considera que a Chávez le queda un año’. ABC publica un informe de la CIA, de su corresponsal en Washington”.

Sin embargo, ABC y Blasco, autor del libro por encargo Bumerán Chávez, habían ocultado que su fuente era la CIA y manejaron como propia la información con subterfugios como “informes confidenciales” manejados por “servicios de inteligencia”. Es decir, fuentes anónimas y difusas, sin legitimidad periodística.

Tres años después, Blasco y el ABC habían vuelto a las andadas, ahora con la “primicia” sobre el mito del Cártel de los Soles. Sólo que en esta ocasión, el nuevo director del periódico madrileño, Bieito Rubido,  reconoció que había una relación entre su medio y los servicios de inteligencia de EU: “Lo que publicamos siempre es cierto. En este caso las fuentes son muy serias: desde la inteligencia española, hasta la CIA y la DEA” (Ver “Denuncia sobre Diosdado Cabello por narcotráfico ‘está más que contrastada’: Director del diario ABC”, NTN24, 27 de enero de 2015).

Invención de los laboratorios de la guerra sucia, sin una sola evidencia y sin que se diera cuenta del decomiso de una sola panela de cocaína en Estados Unidos u otra parte del continente con su logo, pronto, el expediente del cártel de los generales y la fabulación del narcoEstado venezolano quedarían eclipsados en el marco de la segunda fase de la Operación Libertad Venezuela del Comando Sur, que requirió del posicionamiento mediático de una “crisis humanitaria” (por falta de alimentos, medicamentos, agua y electricidad) y una matriz de opinión que manejara a nivel internacional el escenario de que la nación sudamericana estaba “cerca del colapso” y de una “implosión”, como recurso para facilitar una “intervención humanitaria” a “pedido” de la ONU o la OEA. 

El plan conspirativo y de guerra psicológica del Pentágono contemplaba entonces una “fase terminal” del proceso venezolano hacia julio-agosto de 2016.  Y para ello, Washington intensificó su política  de “cerco y asfixia” contra el gobierno de Nicolás Maduro, que en el marco de la Guerra de Espectro Completo elaborada en junio de 2000 por la Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del Ejército de EU (ver documento Joint Vision 2020), intensificó el empleo de recursos diplomáticos, de información, militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos, y echó mano de grandes corporaciones y lobbys empresariales, operadores políticos de la derecha internacional y sus intelectuales orgánicos, actores no estatales (ONGs), jerarcas de la Iglesia católica y agrupaciones estudiantiles.

El caso Carvajal y el relato novelado de la DEA

Tras cuatro años de permanecer en las sombras, la construcción ficticia del Cártel de los Soles reaparecería en España luego de la detención por la Policía Nacional, el 12 de abril de 2019, del  ex jefe de los servicios de inteligencia y contrainteligencia militar de Venezuela entre 2000 y 2011, Hugo Carvajal.

En febrero de ese año, luego de la fabricación made in USA del diputado Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, y en vísperas del 23/F −el enésimo “Día D” para derrocar a Maduro, que tuvo como epicentro pantalla a la ciudad colombiana de Cúcuta en el fracasado intento de introducir “ayuda humanitaria” a Venezuela−, Hugo Carvajal, discípulo de Chávez en la academia militar, defeccionó, llamó a sus ex pares a la rebelión y dio su apoyo al “autoproclamado” impuesto por el trío John Bolton, Mike Pompeo y Elliott Abrams.

En medio de amagos y preparativos de invasión y cuando se estrechaba el cerco militar del Pentágono a Venezuela, Carvajal, según relató su esposa Angélica Flores al diario El País, huyó en marzo siguiente a Madrid con la ayuda de agentes del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI), que incluso lo fueron a esperar al aeropuerto de Barajas. En abril, cuando iba camino a reunirse con agentes del CNI y ofrecer información, Carvajal fue capturado por una orden de extradición de Estados Unidos, y su caso fue ventilado en la tercera sala penal de la Audiencia Nacional.

El 13 de septiembre de 2019, en el marco de la comparecencia de Carvajal ante la Audiencia Nacional, el titular de primera plana del diario español El Mundo decía: “Hugo Chávez ordenó ‘inundar EEUU de cocaína de las FARC’”. El cintillo destacaba: “El Mundo accede al informe secreto de la DEA de Estados Unidos sobre Venezuela”. En interiores, el periódico afirmaba haber tenido acceso en “exclusiva” al informe de la DEA que el día anterior el Departamento de Justicia de EU había remitido a la Audiencia Nacional.

El “informe secreto” no agregaba nada nuevo sobre la trama divulgada en 2015 por la prensa mercenaria occidental, ni tampoco a la recopilación publicada en mayo de 2018 por la fundación estadunidense InSight Crime, bajo el título “Venezuela: ¿Un Estado mafioso?” La investigación de ese centro de investigación sobre crimen organizado patrocinado por Open Democracy −del magnate George Soros, ligado al Grupo Carlyle del clan Bush−, que volvía a dar por cierta la existencia del Cártel de los Soles, adolecía de los mismos defectos de los bulos periodísticos mencionados arriba: se basaba en supuestos y creencias y no presentaba evidencias sólidas, pero fue evidente que había sido elaborado para poder justificar, a posteriori, las prácticas de la guerra judicial (lawfare) que, con apariencia de legalidad, habían venido siendo utilizadas por Washington y sus aliados contra países considerados enemigos.

Carvajal rechazó, por falsas, las acusaciones de la justicia estadunidense, y sus abogados calificaron la petición de Washington como “persecución política”; subrayaron que la acusación se basaba en el testimonio de una decena de “delincuentes confesos” que no conocían al ex militar; denunciaron la “ligereza” con la que EU vinculaba a Carvajal con el Cártel de los Soles –dijeron que igual podrían haberlo relacionado “con el Ku Klux Klan o la Asociación Nacional del Rifle”− y pidieron la denegación de la extradición por no cumplir los requisitos y principios básicos, formales y no informales.

Fue evidente que la filtración de la justicia de EU al diario El Mundo buscaba presionar a los magistrados de la Audiencia Nacional. Sin embargo, el 16 de septiembre el tribunal colegiado denegó la extradición por considerar que la reclamación de EU estaba fundamentada “en una motivación política” y había sido gestada “dentro de la estrategia política estadunidense respecto a Venezuela”.

Los magistrados resaltaron “la falta de un verdadero relato de hechos concretados en la persona del reclamado” y argumentaron que la “conducta” que las autoridades estadunidenses  imputaban a Hugo Carvajal “se refiere indudablemente al ejercicio del servicio de inteligencia militar”. Relataron, asimismo, que la justicia de EU había fundamentado su reclamación en delitos de asociación ilícita para involucrarse en narcoterrorismo y para importar cocaína controlada dentro de Estados Unidos desde un lugar fuera del país, además de un delito de uso o posesión de armas de fuego.

Sin embargo, el tribunal advirtió que esa solicitud “está acompañada sólo de la declaración jurada de un agente de la DEA a cargo de la investigación” y “no se precisa qué actos concretos de carácter delictivo” realizó Carvajal. Por lo que el tribunal consideró la descripción de los hechos “huérfana de determinación”, y señaló que la declaración del agente de la DEA “no puede utilizarse para integrar el necesario relato fáctico que se precisa para atribuir a Carvajal los delitos de los que se le acusa”. Es más, el tribunal reprochó a EU que sus acusaciones estaban dirigidas a “una conducta abierta, abstracta e inconcreta en tiempo, lugar y actos que realizados formasen parte del delito imputado”.

Hugo Carvajal quedó en libertad provisional, con prohibición  de salir de España y debía presentarse cada 15 días en el juzgado. El 8 de noviembre la Fiscalía apeló el fallo de la Audiencia Nacional, y el Tribunal Supremo autorizó la extradición a EU. Varios magistrados no estuvieron de acuerdo con la decisión mayoritaria y, además, denunciaron presiones del consejero jurídico de la embajada de España en Washington, Jorge Carrera Domenech. Uno de los jueces plasmó su desacuerdo al salvar su voto y consideró que la investigación por narcotráfico contra Carvajal respondía “mucho más a lo que sería una especie de narrativa o relato novelado de un ataque conspirativo” contra EU “por parte de un enemigo de dicho Estado, que a una descripción jurídica de hechos delictivos concretos”.

Enterado de la situación por un periodista que lo quiso entrevistar, Carvajal se dio a la fuga y Elliott Abrams calificó la huida como una “vergüenza” para el gobierno de España. Desde entonces el tema había desaparecido del circo mediático, hasta que el pasado 26 de marzo el fiscal William Barr revivió el caso de Hugo Carvajal y la ficción sobre el Cártel de los Soles.

En un año electoral en EU, la nueva ofensiva de la Casa Blanca, que incluye un renovado cerco naval a Venezuela en el Caribe, está dirigida a boicotear las negociaciones del gobierno de Maduro con partidos de oposición, y se da cuando en medio de la pandemia del coronavirus que sumió en una grave crisis sanitaria a la administración Trump, ha quedado evidenciada la declinación de la industria del shale (gas/petróleo lutita) basada en la fracturación hidráulica (fracking), con la quiebra el 1 de abril de la productora Whiting Petroleum Corporation (con proyectos en Dakota del Norte y Colorado), primera víctima de la guerra de precios del crudo, que en los próximos días podría arrastrar a otras 50 compañías del sector. Con lo que Venezuela, con las reservas más grandes de hidrocarburos del mundo, vuelve a ser el objetivo principal de Washington, en su pugna geopolítica con las potencias que le disputan la hegemonía del sistema capitalista.

 

Por Carlos Fazio | sábado, 04 abr 2020

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Venezuela denunció ante la ONU el "bloqueo naval" de EEUU

Venezuela presentó una queja formal contra Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La carta presentada por el gobierno venezolano denuncia el envío que hizo el presidente Donald Trump de buques de guerra a la región del Caribe. Días atrás el gobierno norteamericano había emitido una orden de detención contra Nicolás Maduro . Venezuela calificó las acciones de Estados Unidos como una "monstruosa agresión". Además sostuvieron que la administración Trump busca una transición política forzosa en el país.

Según Trump el despliegue de tropas forma parte de una operación antinarcóticos diseñada para frenar el tráfico de drogas en la región. La iniciativa militar está bajo el control del Comando Sur de las Fuerzas Armadas, y supuso la intervención de buques de guerra, aeronaves y tropas en la zona del Caribe y el Pacífico. Para Venezuela, en cambio, es una plan genocida coordinado entre la administración Trump y Colombia. "Desvían recursos financieros, materiales y humanos que deberían usarse para salvar a sus propios pueblos", denunció el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, en su cuenta de Twitter.

El funcionario publicó una copia de la carta al Consejo de Seguridad de ONU en la que señala que la operación tendrá "desastrosas consecuencias". "Denunciamos la monstruosa campaña de agresión militar de Trump y (el presidente de Colombia, Iván) Duque contra Venezuela en momentos en que todos los pueblos del mundo son azotados por la peor pandemia en cien años", añadió el embajador. Venezuela exige al Consejo que actúe contra la política "belicista" de Estados Unidos. Además sostienen que ese país hizo acusaciones "infames" contra el presidente Maduro, y califican como  una "irresponsabilidad suprema" desviar la atención de la pandemia por el coronavirus.

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Palestina: palabras y narrativas (III y Última)

Pellízquenme una vez porque no me lo estoy creyendo. Cuando por años uno mostraba el mapa de Palestina, toda "comida" respecto al plan de partición de la ONU (1947), un surreal archipiélago de islas fragmentado por colonias, caminos exclusivos, muros y retenes militares, fruto de décadas de colonización e imparable crecimiento de asentamientos ilegales –y muestra visual que la "solución de Dos Estados" (Oslo, 1993) era una quimera para ir acaparando más tierra palestina−, le decían que "estaba exagerando", "boicoteando el proceso de paz" (sic), y "que al final esto no se iba a ver así". Todo a pesar de que las "ofertas" israelíes –sean de derecha o de izquierda− a los palestinos siempre contemplaban "algo menos que un Estado" (bit.ly/2w5mFoQ) muy al estilo de los bantustanes ( homelands) sudafricanos diseñados por el régimen de apartheid para fragmentar e ir marginando a la población negra desposeída de derechos políticos (bit.ly/2Utsjdw). Ahora que el Acuerdo del Siglo de Trump y Netanyahu presenta el mismo mapa, una verdadera cartografía de la opresión sazonada con patéticas proyecciones y anotaciones (bit.ly/3bFLGpQ) virtualmente indistinguible del mapa de los bantustanes (bit.ly/2wNn13H) como "logro", "progreso" y "parte del cambio de narrativa para resolver el conflicto", uno no sabe si reírse o llorar. Pellízquenme otra vez porque no me lo estoy creyendo. Cuando por años uno usaba la palabra apartheid para describir la realidad que vivían los palestinos bajo la ocupación israelí (bit.ly/2xyVXp0) se le decía no sólo que "exageraba", sino que dicha analogía era "inaceptable" (bit.ly/2WUMxys). Ahora que el plan de Trump-Netanyahu con su "visión" de Palestina como un "no-Estado" basado en segregación y control racial calculado para sofocar la liberación palestina y el derecho a la autodeterminación (bit.ly/2UuqQ72) y el término apartheid irrumpió en el mainstream –desde un ex embajador israelí en Pretoria usando la paralela para advertir correctamente “que intentos de crear estados ficticios para ‘lavar’ un régimen opresivo no funcionaron en Sudáfrica y no funcionarán en ningún lugar” (bit.ly/2URsPRz) hasta un grupo de políticos europeos que antes jamás se atrevieron a decirle algo a Israel alertando hoy que el Acuerdo “es el camino recto al apartheid” (bit.ly/2UWAHBE)− uno no sabe si seguir riendo o limpiarse las lágrimas.

Tal vez más vale tarde que nunca.

Pero para que todo no sea tan simple, N. Chomsky –al final un lingüista que trabaja con palabras− desde hace años suele alertar “que la situación en Palestina es mucho peor que el apartheid”; J. Dugard un jurista sudafricano y autor de un reporte sobre los territorios ocupados (ONU, 2004) enfatizaba que “el régimen israelí de apartheid es peor que el sudafricano”; también A. Mbembe, el filósofo camerunés afincado en Sudá-frica, afirmando que la situación en Palestina evoca a bantustanes, subraya que “la metáfora de apartheid no alcanza a reflejar la especificad del proyecto israelí de separación” y que “dado su carácter high-tech, los efectos en el cuerpo palestino son mucho más graves que las del sistema relativamente primitivo sudafricano”: "la dialéctica de proximidad-distancia y el control nunca alcanzaron allí niveles tan paroxísticos como en Palestina" (bit.ly/36UNR5N).

He aquí la paradoja: la analogía del apartheid −sin dejar de ser correcta− se queda a la vez corta y "demasiado optimista". Si bien refleja bien el "componente racial" de la ocupación y la colonización israelí –los "mitos raciales", como bien apunta J. Massad son fundamentales para todos proyectos de colonialismo de asentamientos (bit.ly/2wJjCmB)−, contiene una falacia que nos lleva a asumir el mismo desenlace: que igual la combinación de presiones internas y externas (p.ej. la campaña BDS modelada en Sudáfrica) hará que "esta injusticia implosionará" –como insiste p.ej. R. Kasrils un ex combatiente antiapartheid que ve el Acuerdo como “un clon del apartheid” (bit.ly/2Jturf7)– mientras las dos situaciones no son iguales (¡Mbembe!). Tampoco los contextos internacionales: si bien "la cuestión palestina" no es tan passé como quieren algunos (bit.ly/2P3ces7) y mantiene su relevancia universalista (bit.ly/3cv9YnJ), Sudáfrica nunca estuvo tan sola como hoy lo parece Palestina (bit.ly/39zncwI).

Y finalmente esto:coronavirus”, una nueva palabra que está poseyendo al mundo mientras nos pellizcamos tratando de comprender lo que está pasando. Como bien recuerda M. Davis el impacto de la epidemia de la gripe española (1918-1919) en India −que registró 60 por ciento de muertos a escala mundial− fue agravado por la mezcla de la "huella" del colonialismo británico (requisiciones de granos, etcétera) y la sequía (bit.ly/341QYt1); igualmente, en el caso de Cisjordania y Gaza, el impacto del colonialismo israelí –al final los bantustanes fueron modelados en colonialismo británico y reservaciones indígenas en Canadá− hace a la población palestina sumamente vulnerable, si no indefensa frente a la epidemia (bit.ly/3bRUOb1). El otro día, siguiendo con la política de ir comiendo más tierra palestina, el ejército israelí demolió un hospital de campo para los palestinos afectados por el Covid-19 en Izbiq, en el Valle de Jordán, que el Acuerdo del siglo le permite anexar y deshacerse de la población "sobrante". ¿Será porque para Israel los palestinos siempre serán una especie de plaga?

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Martes, 31 Marzo 2020 06:53

Aniversario en medio de virus mortales

Aniversario en medio de virus mortales

El lunes 23 de marzo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó conmemoró los 23 años de proclamación pública de nuestro proceso. Nacimos en medio de un verdadero baño de sangre impulsado por el ejército nacional y su brazo paramilitar, no ciertamente con el deseo de luchar contra otros armados sino con el deseo de exterminar todo movimiento social que no se someta a sus políticas excluyentes. En nuestro caso, las armas oficiales se han propuesto eliminar a quien no quiera participar en un conflicto armado en el que, de acuerdo a la doctrina militar importada de grandes imperios, hay que involucrar a toda la población civil, activa o pasivamente. Hoy, 23 años después, existen testimonios de paramilitares arrepentidos que han declarado ante los tribunales que el Presidente Uribe Vélez los convenció de que nuestra Comunidad de Paz era un nido de guerrilleros y por eso ellos se comprometieron a asesinar al mayor número de integrantes de nuestro proceso, pero años después descubrieron que todo era falso y que los habían obligado a matar a gente inocente y a cometer crímenes horrendos que los mantienen sumidos en remordimientos.

Nuestra celebración de los 23 años, dada la cuarentena de aislamiento que Colombia y el mundo están viviendo, fue más que todo virtual. 22 comunidades y organizaciones hermanas de nuestra Comunidad de Paz se conectaron por internet desde muchos países y pronunciaron hermosos mensajes de solidaridad y hermandad, enalteciendo el camino de resistencia y dignidad que nuestra Comunidad ha recorrido y en el cual ellos nos han acompañado con su respaldo moral.

Como la agresión y el crimen de Estado no cesa ni da tregua, hoy queremos dejar constancia de situaciones y hechos que nos atormentan:

  • ·El Sábado 21 de marzo de 2020,fueron convocadas en el poblado de Nuevo Antioquia, en jurisdicción de Turbo haciendo frontera con San José de Apartadó, delegaciones de las juntas de Acción Comunal, para pronunciarse, con un Sí o un No, sobre la explotación de una gigantesca mina de carbón existente en la zona, asumida por una empresa transnacional oriental, al parecer Coreana. Nos viene a la memoria el viaje del Presidente Santos a Corea del Sur en el año 2013, momento en el cual los medios comentaron que había ido a formalizar licencias de explotación de recursos mineros, especialmente del carbón. Es muy extraño que en los registros oficiales de la Agencia Nacional de Minería sólo aparecen licencias en favor de las empresas nacionales Argos y Carbones del Golfo, pero los expertos en la materia hablan de una especie de terciarización empresarial, según la cual, las empresas nacionales ejercen una especie de “testaferrato” para encubrir a los capitales multinacionales. Inquieta profundamente el requerimiento de firmas de aprobación por parte de juntas comunales, en gran parte manipuladas por grupos paramilitares o por líderes clientelistas, pues todo muestra que no se está haciendo una CONSULTA POPULAR como la prevista en la Constitución y en las leyes, bajo control de la Registraduría, sino un remedo ilegal de consulta, controlado por intereses espurios e inconfesables, adicionado con ejercicios supremamente perversos de soborno, como ofrecerle a quienes voten por el “Sí”, camionetas, sueldos mensuales, viviendas en centros urbanos y otras prebendas e incluso la construcción de una represa en el Río Mulatos, que no servirá para solucionar los problemas de agua de las poblaciones locales sino para el desarrollo de la explotación carbonífera, altamente contaminante. Tal cúmulo de ilegalidades y perversiones sólo puede darse en un ámbito de control paramilitar y en un poblado de larguísima tradición paramilitar como es el poblado de Nuevo Antioquia.
  • ·El Sábado 14 de marzo de 2020un poblador de San José de Apartadó fue llamado por alias “Nicolás”, líder paramilitar del Clan del Golfo, quien se expresa a través del celular 312 4320960, exigiéndole contribuir con una vaca al financiamiento de las actividades paramilitares en la zona de San José. Como él se negó, le anunciaron que pronto vería sin vida junto a él a uno de sus familiares más cercanos.
  • ·El domingo 15 de marzo de 2020, nuestra Comunidad de Paz fue informada sobre amenazas que están siendo proferidas contra la familia de AMADO TORRES, asesinado en la vereda La Miranda el 29 de febrero de este año (2020). Luego de su muerte violenta, los organismos competentes del Estado se negaron a ir a levantar su cadáver y su familia tuvo que transportarlo hasta el punto conocido como Caracolí, de la vereda La Victoria. Se sabe que en el crimen participaron los paramilitares alias “Alfredo” y alias “René”, este último como mando regional. El control ejercido por la organización criminal sobre la finca de la víctima, obligó a su familia a desplazarse. Los rumores que llegaron luego al vecindario comenzaron a difundir la sentencia paramilitar de que “faltan otros dos miembros de la familia por morir”. Uno de los trabajadores de la víctima también ha estado en la mira de los criminales. A esto se suma la inactividad total de la Fiscalía en el esclarecimiento del crimen, y peor aún, la actitud del Fiscal del caso de quedarse con el teléfono celular de uno de los hijos de la víctima, lo que se acomoda a la perversa tradición del poder judicial de Urabá: de investigar a las víctimas y nunca a los victimarios. Nadie se explica por qué no ha decomisado los celulares de los integrantes del grupo paramilitar responsable del crimen, ya que se trata de un grupo ampliamente conocido en toda la región.
  • ·El domingo 22 de marzo de 2020,habiéndose iniciado ya en todo el país el aislamiento personal para evitar el contagio del “Covid-19”, los mandos paramilitares de San José de Apartadó protagonizaron una jornada de consumo de alcohol, de droga, de desorden y de violencia en el caserío de La Unión. Los mandos paramilitares WILMER DE JESÚS ÚSUGA, alias “Jesusito”, alias “Ramiro” y alias “Samuel”, todos ex integrantes delas FARC -EP, fueron protagonistas. Ya desde el caserío de San José WILMER o “Jesusito” había amenazado de muerte a WILFER HIGUITA, poblador de la vereda La Unión quien en enero de 2009 sirvió de intermediario al Coronel Germán Rojas Díaz para someter a chantaje a un miembro de nuestra Comunidad, conminándolo a ayudarle a destruir la comunidad de Paz si no quería ser judicializado con falsos testigos; cuando WILFER huyó hacia La Unión, “Jesusito” lo siguió hasta allí y amenazó también a otros pobladores del caserío, mientras los otros mandos paramilitares, alias “Samuel” y alias “Ramiro” –hermanos entre sí- consumían públicamente marihuana. Nuestra Comunidad de Paz lamenta profundamente la degradación en que ha caído el poblado de La Unión, en otro tiempo escenario de resistencia heroica y de martirio de reconocidos líderes de nuestra Comunidad y de esfuerzos ejemplares de solidaridad y construcción de comunidad de muchos integrantes que observaron sagradamente los principios que han regido nuestra Comunidad.
  • ·El lunes 23 de marzo de 2020, hacia las 21:00 horas, quienes vigilaban la entrada a la Bodega de la Comunidad de Paz vieron llegar a dos personajes extraños en moto; uno de ellos se bajó y se internó en el potrero de en frente como fingiendo hacer necesidades biológicas para luego devolverse hacia el casco urbano de San José. Para los vigilantes ellos traerían otras intenciones que se vieron frustradas por la presencia de vigilantes.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz quiere expresar su gratitud a todas las personas y comunidades que nos han acompañado y fortalecido en nuestra resistencia y cuyos mensajes de estímulo fueron tan importantes para nosotros en aniversario 23° de nuestro proceso.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 30 de 2020

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La emergencia por el coronavirus y el asesinato de los líderes y lideresas sociales

El anuncio de las primeras medidas de emergencia sanitaria en Colombia propuestas por el Gobierno de Iván Duque para contener la pandemia de COVID-19 ha coincidido de manera preocupante con una serie de agresiones y asesinatos a líderes y lideresas sociales, que han suscitado temor y preocupación entre las organizaciones y redes que defienden los derechos humanos en el país.

El jueves 19 de marzo, un día antes que comenzaran a regir las medidas de confinamiento en varias ciudades y departamentos, y cuando toda la atención de la opinión estaba centrada en los cuidados y temores generados por la pandemia ocasionada por el COVID-19, comenzaron unos días especialmente trágicos para las personas que defienden los derechos humanos.

Ese día fue asesinado en zona rural de Puerto Asís (Putumayo), el destacado líder nacional Marco Rivadeneira, quien fue retirado de una reunión por parte de 3 hombres vestidos de civil y armados y momentos después lo asesinaron, cuando dialogaba con la comunidad de la vereda Nueva Granda en busca de soluciones y alternativas para la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito. Marco Rivadeneira, vocero del Comité Operativo Nacional de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, CCEEU, líder histórico de las comunidades campesinas en Colombia y vocero regional del Proceso Nacional de Garantías, era el más reconocido líder agrario del departamento del Putumayo en los últimos años.

En la misma fecha fueron asesinados dos concejales en otras dos regiones del país: Ángel Ovidio Quintero, concejal del municipio de San Francisco (Antioquia) e Ivo Humberto Bracamonte, concejal del municipio de Puerto Santander (Norte de Santander). La característica común de estos 3 asesinatos es el perfil destacado de cada uno de ellos. En el caso de Marco Rivadeneira, es la primera vez que las estructuras criminales que están detrás del plan de asesinatos sistemáticos de personas que defienden los derechos humanos en Colombia, asesinan a un vocero y dirigente de la más importante y numerosa red de organizaciones defensoras de derechos humanos en el país.

Esta situación ha suscitado el temor de que la atención por la emergencia en salud provocada por la pandemia, no solo invisibilice el exterminio de líderes y lideresas sociales, sino que facilite ataques contra dirigentes que hasta ahora no se habían atrevido a tocar, por el costo político que ello podría significar. La CCEEU se pronunció haciendo responsable de este asesinato “al Gobierno presidido por Iván Duque y la facción política hoy en el poder del Estado, y a la Ministra Alicia Arango, quien hace un mes y justo en la tierra de Marco, dijo que morían menos defensores de derechos humanos que por robo de celulares”. Este homicidio hace patente la inclemente racha de asesinatos emprendida por el paramilitarismo y las disidencias que el Gobierno permite y se niega a desmantelar, incrementada desde la firma del Acuerdo Final de Paz, lo cual muestra una clara sintonía con el propósito declarado de hacer trizas la paz y mientras el Gobierno simula su cumplimiento. Según la CCEEU, “este asesinato corrobora una vez más la falta de garantías de seguridad para la labor de los defensores de derechos humanos y la falta de voluntad del Gobierno Colombiano para desmantelar las estructuras criminales y organizaciones paramilitares que vienen atentando contra los líderes sociales y quienes defienden la paz en los territorios”[i].

Estos temores se han venido acrecentando con las nuevas acciones criminales en contra de los líderes y lideresas sociales durante la crisis provocada por el coronavirus, tal y como denunciaron varios líderes sociales al periódico TheGuardian[ii]. En una nota publicada el pasado 23 de marzo, el periódico británico alertó que los líderes sociales en Colombia temen que la cuarentena nacional –que inició oficialmente este miércoles– los ponga en peligro, ya que “quedarse en un solo lugar los convierte en objetivos fáciles” para los grupos armados. Otros líderes y lideresas expresaron que durante el confinamiento “Están jugando con nuestras vidas porque saben que nuestros guardaespaldas, la Policía y el sistema de justicia serán aún menos efectivos de lo que suelen ser”[iii].

El aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, ha sido aprovechado para facilitar la localización y exterminio de los líderes y lideresas sociales. Así también lo denunciaron las organizaciones indígenas por el asesinato de dos de sus dirigentes en el departamento del Valle. El 24 de marzo fueron asesinados ÓmarGuasirumaNacabera y Samper Guasiruma, líderes indígenas del pueblo Embera, quienes fueron sacados y asesinados en las afueras de su vivienda mientras estaban recluidos por la cuarentena obligatoria, mientras que otros dos indígenas resultaron heridos (José y Víctor Guasiruma)[iv].

En otro hecho que confirma estas preocupaciones, el 24 de marzo fue asesinada Carlota Salinas, lideresa social vinculada a la Organización Femenina Popular, histórica organización de derechos de las mujeres en la región del Magdalena Medio. Sicarios ingresaron a la vivienda de la lideresa en el municipio de San Pablo (Sur de Bolívar) y la asesinaron de varios disparos a la salida de la vivienda[v].

Por último, la noche del 25 de marzo, hombres armados intentaron asesinar a Jhon Restrepo, reconocido líder LGBTI de Medellín y director de la Corporación Casa Diversa de la Comuna 8. Durante varios años, Jhon lideró la Mesa LGBTI de la Comuna 8 de Medellín hasta 2011, cuando la Mesa se desintegró por los continuos ataques de grupos armados que rechazaban la visibilización de las personas LGBTI de la Comuna. Recientemente, el grupo fue reconocido como el primer sujeto LGBTI de reparación colectiva en el país y reanudó sus actividades como Corporación Casa Diversa. Sin embargo, comenzaron a recibir nuevas amenazas y la noche del 25 de marzo, después de que Jhon terminara de entregar mercados a vecinos del barrio para que tuvieran suministros básicos durante la cuarentena nacional, tres hombres armados llegaron a su casa y lo atacaron con arma blanca, apuñalándolo cinco veces[vi]. El caso del líder LGBTI de Medellín hace pensar que atacar a los líderes durante esta época afecta también a las comunidades porque ellos y las organizaciones están gestionando apoyos a las poblaciones más vulnerables durante la cuarentena.

El riesgo social agravado por la pandemia de COVID-19 también ha afectado negativamente a excombatientes firmantes del Acuerdo Final de Paz. Este es el caso de Albeiro Antonio Gallego Mesa en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR- de La Macarena, en el departamento del Meta[vii]. Tres días antes se había denunciado el asesinato de otros dos firmantes de la paz en San Vicente del Caguán (departamento de Caquetá), los excombatientes Irnel Flores Forero y Belle Ester Carrillo Leal[viii].

Las preocupaciones que se evidencian de estos crímenes ponen de presente que los riesgos se incrementen para los liderazgos sociales en momentos en que la atención de la comunidad nacional e internacional está centrada en la contención de la emergencia sanitaria originada por la expansión del COVID-19 y, que estas circunstancias sean utilizadas para llevar más lejos los planes de exterminio del liderazgo social y las personas que defienden los derechos humanos en Colombia.

Estos hechos son una alerta sobre la necesidad de que la opinión pública y la comunidad internacional eleven el nivel de exigencias a las autoridades colombianas para la contención de los planes de exterminio que desde el inicio del proceso de paz se han puesto en práctica en contra de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Las pautas de estos ataques registrados durante la aplicación de las medidas de aislamiento preventivo, al igual que de otros ataques perpetrados por los paramilitares autodenominados “Águilas Negras”, evidencian intensos seguimientos previos, en los que los líderes y lideresas son ubicados en sus viviendas, lugares de trabajo y redes sociales, actuaciones que, según diversas fuentes, estarían implicando a organismos de inteligencia estatal que se encargan de amenazar a los líderes[ix], en tanto los asesinatos ocurren casi siempre a manos “civiles armados”, “sujetos desconocidos”, “encapuchados” o “autores indeterminados”[x]. Esto podría agravarse durante la aplicación de la cuarentena nacional, debido al aislamiento de los líderes y lideresas en un mismo lugar durante varios días.

Por estos motivos, la CCEEU concluyó su comunicado frente al asesinato de su vocero Marco Rivadeneira haciendo “un llamado a la comunidad internacional a acompañar las demandas al Gobierno de Iván Duque para que cumpla sus obligaciones, contenidas en compromisos internacionales de derechos humanos y reforzadas en virtud del Acuerdo de Paz, de brindar garantías plenas para la labor de las personas que defienden los derechos humanos, e impida y contenga a las fuerzas enemigas de la paz para que la situación de emergencia en que hoy se encuentra el país y el mundo no sea aprovechada para continuar el exterminio de los liderazgos sociales en los territorios y de las personas y comunidades que reclaman y defienden los derechos humanos[xi].

Bogotá, marzo 27 de 2020

 

[i] Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU. La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, rechaza el asesinato de su dirigente en el Putumayo Marco Rivadeneira.  En: https://coeuropa.org.co/lacoordinacioncolombiaeuropaestadosunidosrechazaelasesinatodesudirigenteenelputumayomarcorivadeneira/

[ii]Colombiandeathsquadsexploiting coronavirus lockdown to killactivists. En: TheGuardian. 24 march 2020. Available at: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/colombiangroupsexploitingcoronaviruslockdowntokillactivists

[iii]Grupos armados aprovechan cuarentena para asesinar a líderes sociales: TheGuardian. Pulzo. 24 de marzo de 2020. En: https://www.pulzo.com/mundo/gruposarmadosaprovechancuarentenaparamatarlideressocialestheguardianPP867787

[iv]“Asesinan a dos líderes indígenas cuando cumplían aislamiento por COVID-19”. En: Caracol Radio. 25 de marzo de 2020. https://noticias.caracoltv.com/coronaviruscovid19/asesinandoslideresindigenascuandocumplianaislamientoporcovid19ie214

[v]“Asesinan a la lideresa Carlota Salinas Pérez en Bolívar antes de la cuarentena”. En: El Heraldo. 25 marzo 2020. https://www.elheraldo.co/judicial/asesinanlalideresacarlotasalinasperezenbolivarantesdelacuarentena712263

[vi]Denuncia pública de la Corporación Casa Diversa, 26 de marzo de 2020.

[vii]“Asesinan a excombatiente de las Farc en Meta.” En Radio Nacional de Colombia. 22 de marzo de 2020.https://www.radionacional.co/noticias/asesinatoexcombatientemeta

[viii]Dos ex combatientes de las FARC fueron asesinados en Colombia. Notas. 19 de marzo de 2020. En: https://notasperiodismopopular.com.ar/2020/03/19/dosexcombatientesfarcasesinadoscolombia/

[ix]«Las ‘Águilas Negras’ son una corporación por fuera de la ley, compuesta por funcionarios armados del Estado». Debate sobre el Paramilitarismo en el Senado de la República. 5 de junio de 2029. Senador Gustavo Petro. En: https://twitter.com/Alonrop/status/1136352534728237056

[x]CINEP. “Violencia Camuflada. La Base Social en Riesgo. Informe Anual de DD.HH en Colombia 2018”. 2019. En: https://www.business-humanrights.org/en/node/188302

[xi]CCEEU. Ibídem.

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Denunciamos y rechazamos el asesinato de la lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez y la desaparición de su esposo

Comunicado al Gobierno Nacional, a las entidades de Naciones Unidas, a la Fiscalía, a la Defensoría del pueblo, a todas las organizaciones de Derechos Humanos en Colombia y a la sociedad colombiana en general sobre el Asesinato de la Lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez, perteneciente a la Organización Femenina Popular, en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar.

Un grupo de estudiantes y profesores del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, quienes realizamos una salida de campo en octubre del año pasado, con el fin de conocer y aprender de primera mano sobre las condiciones sociales, las formas de resistencia y las distintas iniciativas de los pobladores de varios municipios del Magdalena medio, denunciamos y rechazamos el asesinato de la lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez y la desaparición de su esposo. Exigimos al Gobierno nacional, y en particular a la Fiscalía General de la Nación, la identificación y judicialización de los autores intelectuales y materiales de este execrable hecho.

Por otra parte expresamos nuestra solidaridad a la familia de Carlota, a la de su pareja y con la Organización Femenina Popular (OFP) y sus familias, que en sus más de 30 años ha estado en el acompañamiento de los sectores más vulnerables del país y del Magdalena medio y que ha sufrido persecución y asesinatos de varias de sus lideresas, cayendo en la revictimización constante.

Exigimos al Gobierno nacional la protección de todas las integrantes de la OFP, así como de todas las organizaciones y personas del Magdalena medio que luchan por los Derechos Humanos, la Soberanía Alimentaria, la tierra y, en general, por el buen vivir y la paz territorial.

Es necesario decir que Carlota Isabel y la OFP estaban -y siguen- trabajando arduamente en la búsqueda de alternativas en pro de la ayuda a la población más vulnerable en el contexto de la Pandemia del coronavirus. En una lección que las mujeres colombianas vienen brindando al resto de la sociedad, en el cuidado familiar, colectivo y en la resistencia a todas las formas en las cuales el capitalismo y el patriarcado vienen atacando la vida digna y el derecho a vivir en paz de todas y todos.

Por último, hacemos un llamado a toda la sociedad colombiana, para que en medio de la situación compleja de la pandemia causada por el Coronavirus, no olvidemos la pandemia de asesinatos de líderes sociales en el país, que se constituye en una masacre sistemática de todas las personas que luchan por los Derechos Humanos y la paz digna para toda Colombia. Cabe mencionar que Carlota Salinas en los últimos días venía fortaleciendo lazos de solidaridad en el municipio, para que familias en condiciones desfavorables pudieran también sumarse a la medida obligatoria de aislamiento preventivo.

Exigimos al Estado colombiano, y a las instituciones que lo componen, proteger la vida de los líderes y lideresas sociales, comprometerse con el mandato constitucional de la Defensa de la vida digna y llegar hasta las últimas consecuencias en la identificación de los asesinos y de quienes son responsables de esta masacre.

Firmado en Bogotá, el jueves 26 de marzo de 2020.

Carlos Iván Pacheco Sánchez – Profesor del Departamento de Sociología – Universidad Nacional de Colombia

Estudiantes de los cursos "Métodos Cualitativos" y "Espacio y Sociedad" 2019-2, et al.

Gean Pierre Tilano Molina

Jeison Alejandro Vaca Monroy

Carolina García Bernal

Nazly Dayanna Jaimes Bernal

Lina Fernanda Rangel Fonseca

Sara Maria Rincón Bogota

Duvan Carranza García

Juan José Jiménez Jaramillo

Felipe Trujillo Garzón.

Juan Diego Castro Yanes

Simón Esteban De Antonio Delgado

Leidy Sofia García García

Isabel González Guerrero

Ingrid Liliana Cortés.

Miguel Angel Amaya Placides

Natalia Niño Bastidas.

Kurt Daksen Lozada Marin

María Alejandra Caucali Sterling

Brayan David Cristancho Navarrete

Daniela Moreno Sánchez

Laura Alejandra Alarcón, estudiante de Trabajo Social.

Ana Lorena Jaime Huérfano

Kiara Vanessa Rodríguez España

María José calvo Paez

Nicolle Valentina Amaya Baquero

Juan Sebastián Rodríguez R.

Edwan Santiago Guzmán Silva

Valentina Cardenas Cogollos

Madi Andrés Barbosa Nieves

Juan Esteban Vásquez Arcila

Diana Pachón Giraldo

Erika Dayana Romero

Juliana Valentina Díaz Reyes

Laura Rincón Jurado

Sofía Hernández

Álvaro Iván Tapie

Jenny Fernanda Chocue

Vielka Valentina Rodríguez

Richard Darío Carvajal Ramírez

Si otrxs estudiantes y profesores de Sociología o de otras Facultades de la Universidad Nacional quieren suscribir este comunicado pueden hacerlo en el siguiente link:

https://docs.google.com/document/d/1WjLqavT1knhjQWWbo45TiAjBEzFrt12XCY79J-x67vY/edit

Desde la Universidad Nacional de Colombia nos negamos a olvidar

¡BASTA YA DE ASESINATOS A LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES QUE LUCHAN A DIARIO POR LA VIDA DIGNA Y POR LA PAZ!

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Viernes, 27 Marzo 2020 06:57

El mundo pos pandemia

El mundo pos pandemia

“El periodo comprendido entre 1990 y 2025/2050 será muy probablemente un periodo de poca paz, poca estabilidad y poca legitimación”, escribía Immanuel Wallerstein en 1994*. En periodos de turbulencia y confusión, conviene consultar brújulas. Él era una de las más notables y, además, era de los nuestros.

En rigor, los grandes eventos globales como las guerras y las pandemias no crean nuevas tendencias sino que profundizan y aceleran las ya existentes.

Tres tendencias de fondo, que nacieron probablemente a raíz de la revolución de 1968, se están desplegando de modo formidable en estos momentos: la crisis del sistema-mundo, con la consiguiente transición hegemónica Occidente-Oriente; la militarización de las sociedades ante la incapacidad de los Estados-nación de integrar y contener a las clases peligrosas; y las múltiples insurgencias de abajo, que son el aspecto central de este periodo.

Quienes piensan en la centralidad del conflicto entre Estados, en la hegemonía y la geopolítica, pueden confiar en que la tendencia hacia el ascenso de Asia Pacífico, China en particular, y la decadencia de Estados Unidos, se están acelerando durante la pandemia.

El Pentágono y otras agencias harán todo lo posible por enlentecer ese proceso, ya que no pueden revertirlo, con las más diversas medidas, incluyendo una no descartable confrontación nuclear, que creen poder ganar. Ni siquiera algo tan siniestro puede modificar las tendencias de fondo.

Quienes nos empeñamos en la lucha contra el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo, no podemos confiar en los Estados que están militarizando rápidamente a nuestras sociedades. Quiero centrarme en cómo nos afecta a los pueblos/sociedades en movimiento la situación actual.

En primer lugar, se acelera la crisis civilizatoria, que se superpone a la crisis del sistema-mundo. No estamos ante una crisis más sino ante el comienzo de un "proceso largo" (Wallerstein) de caos sistémico, atravesado de guerras y pandemias, que durará varias décadas hasta que se estabilice un nuevo orden.

Este periodo que, insisto, no es una coyuntura ni una crisis tradicional sino algo completamente diferente, puede ser definido como "colapso", siempre que no entendamos por ello un evento puntual sino un periodo más o menos prolongado.

Durante este colapso o caos, se produce una fuerte competencia entre estados y capitales, un potente conflicto entre clases y pueblos con esos poderes, en medio de una creciente crisis climática y sanitaria.

Por colapso entiendo (siguiendo a Ramón Fernández y Luis González)**, la disminución drástica de la complejidad política, económica y social de una estructura social. Los sistemas complejos pierden resiliencia a medida que aumentan su complejidad para responder a los desafíos que enfrentan. "Las sociedades basadas en la dominación tienden a aumentar su complejidad como respuesta a los desafíos que van encarando" (p. 26, t. I).

Por ejemplo: derrochan energía, se vuelven más jerárquicas y rígidas, y no pueden evolucionar. En concreto: la gran ciudad es mucho más vulnerable que una comunidad rural. Ésta es autosuficiente, usa la energía que necesita, no contamina, es poco jerárquica y, por tanto, es más eficiente. Aquella no tiene salida, salvo el colapso.

En segundo lugar, durante este largo proceso de colapso, más parecido a una piedra rodando por una pendiente que cayendo a un precipicio, habrá enorme destrucción material y, lamentablemente, de vidas humanas y no humanas. Es la condición para pasar de "lo complejo, grande, rápido y centralizado, a lo sencillo, lento, pequeño y descentralizado" (p. 337, t. II).

Lo que nos atañe como pueblos y clases es un proceso de barbarie que implica la canibalización de las relaciones sociales y con la naturaleza. Sobrevivir como pueblos será tan arduo como lo fue para los originarios la invasión colonial española. Un cataclismo al que llamaron “ pachakutik”.

La tercera cuestión es cómo actuar como movimientos antisistémicos. Lo básico es comprender que vivimos en el interior de un campo de concentración, algo evidente en estos días de confinamiento obligatorio. ¿Cómo se resiste y se cambia el mundo dentro de un campo?

Organizarnos es lo primero. Luego, hacerlo con discreción, que no se enteren los guardias (de derecha o de izquierda) porque es condición de sobrevivencia.

Lo que sigue: trabajar en colectivo (minga/tequio), comunitariamente, para garantizar la autonomía de alimentos, agua, salud; en una palabra: reproducción de la vida. Decidir en colectivo, en asamblea.

Podemos hacerlo. Lo hacen a diario los pueblos originarios en movimiento: zapatistas, mapuche, nasa/misak, entre otros. Lo hacen incluso los compas de la Comunidad Acapantizingo en Iztapalapa (Cdmx), en la panza del monstruo.

Podemos construir arcas. Ejemplos no nos faltan.

* "Paz, estabilidad y legitimación", en "Capitalismo histórico y movimientos anti-sistémicos", Akal, 2004.

** "En la espiral de la energía", Libros en Acción/Baladre, 2014.

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Marco Rivadeneira, líder social asesinado en Colombia en medio de la pandemia.Onu Derechos Humanos

Dos líderes indígenas fueron asesinados en sus casas, donde se encontraban confinados cumpliendo el aislamiento obligatorio. La Fiscalía dice que homicidios redujeron el fin de semana

 

La violencia y el conflicto con grupos armados en Colombia no se ha detenido por el coronavirus y mientras la cuarentena reviste incomodidades para millones de personas, en algunas regiones del país significa más miedo y muerte. Miles de campesinos enfrentan una doble preocupación: la pandemia y las organizaciones armadas. Este lunes se evidenció ese riesgo cuando dos líderes indígenas del pueblo embera chamí en el Valle del Cauca fueron asesinados mientras cumplían el aislamiento obligatorio que se decretó en ese departamento del occidente del país. “A las 9:20 de la noche, Omar y Ernesto Guasiruma estaban en su vivienda en el corregimiento de Naranjal cuando llegaron dos sujetos y los sacaron de sus casas”, contó Luis Fernando Arias, de la Organización Nacional Indígena (ONIC). Otros dos defensores indígenas atacados de la misma forma se encuentran gravemente heridos.

Colombia es uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos en América Latina y, con la atención puesta en la emergencia humanitaria generada por el Covid-19, el peligro se incrementa en las comunidades rurales. Desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 565 activistas sociales. En plena pandemia fue asesinado Marco Rivadeneira, líder reconocido de Putumayo, suroccidente del país. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas lamentó la pérdida y recordó que era un hombre con quien trabajaban en llave para proteger a otros líderes. “Nos estremece el homicidio”, aseguró el ente. La Unidad Nacional de Protección dijo en un comunicado que “es obligatorio que los escoltados y sus esquemas de seguridad respeten la restricción de aislamiento”, pero eso en la práctica, según denuncia Arias, ha significado que los líderes amenazados permanezcan en sus viviendas sin alguien que los cuide.

El confinamiento, que es novedad para millones de colombianos, es parte de la vida cotidiana de miles de campesinos. En 2019, de hecho, aumentó el confinamiento como práctica de los grupos armados. “Según cifras oficiales, más de 25.000 personas se desplazaron masivamente y cerca de 27.600 permanecieron confinadas”, indicó el Comité Internacional de la Cruz Roja en su balance de la crisis humanitaria.

El Gobierno ha declarado la cuarentena hasta el 13 de abril, pero en algunas zonas ya circulan panfletos que obligan a los campesinos a permanecer en sus casas so pena de ser asesinados. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) publicó que declaraba un “toque de queda” con excepción de las personas enfermas y un “castigo revolucionario” a quienes teniendo Covid-19 no se autoaislaran. Lo mismo hicieron grupos de disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, que declaran objetivo militar a quienes estén fuera de sus casas; y grupos paramilitares que aterrorizan a los civiles de las regiones más apartadas de las ciudades. La Fiscalía, sin embargo, reporta una disminución de la actividad delictiva del fin de semana del 21 al 23 de marzo. De acuerdo con sus cifras, hubo 49 homicidios en todo el país, es decir 100 menos que en el mismo periodo del 2019 y también se redujeron los hurtos.

Mientras los artefactos explosivos y minas antipersona siguen afectando a la población civil. Uno de los últimos casos conocidos es el de un adolescente de 16 años que resultó herido al pisar uno de esos explosivos en norte de Santander, en la frontera con Venezuela. En Colombia cada día hay una nueva víctima por estos artefactos, según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha dicho que “las operaciones militares no han parado ni han mermado” y que las fuerzas de seguridad están desplegadas para hacer cumplir la cuarentena. “Hay 39.000 policías en tareas de vigilancia, 1.000 puestos de control en supermercados. Más control fronterizo y caravanas de seguridad para garantizar el transporte de alimentos y productos básicos”, dijo.

Bogotá - 26 mar 2020 - 16:24 COT

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Viernes, 27 Marzo 2020 06:42

Un precio para la cabeza de Maduro.

Un precio para la cabeza de Maduro.

 Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares para capturarlo

El nuevo paso dado por EE.UU. coincide con la acusación del gobierno venezolano de la activación de un nuevo plan golpista.

 

Desde Caracas.15 millones de dólares, es el precio ofrecido por la justicia norteamericana para quien brinde información “que puedan llevar a la detención y arresto” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 10 millones son ofrecidos en el caso de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y otros dirigentes actuales, como Tareck El Aissami, y ex funcionarios.

Han quedado así procesados por el Departamento de Justicia norteamericano, un anuncio que fue hecho por el Fiscal General, William Barr, junto a fiscales federales de tribunales de, entre otros, Nueva York y Florida. “Tengo un mensaje para los altos cargos del chavismo: la fiesta se les está acabando”, dijo, por ejemplo, Ariana Fajardo, fiscal para el sur de Florida.

Dentro de los acusados se encuentran también Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

La acusación es por narcoterrorismo. Barr señaló que el gobierno venezolano busca “inundar a Estados Unidos (EEUU) con cocaína”, y que ha enviado entre 200 y 250 toneladas de cocaína, lo que equivale, explicó, a 30 millones de dosis. Esa operación de “inundación” estaría coordinada, según explicó, con el sector de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que retomaron las armas.

La acusación, sin embargo, no se sostiene según datos internos a EEUU, donde aparece que alrededor del 90% de la cocaína con destino a los EEUU se trafica a través de las rutas del caribe occidental y el pacífico oriental, y no a través de los mares del caribe oriental de Venezuela.

La razón esgrimida para ponerle precio a la cabeza del presidente venezolano y a Cabello, con un rol de liderazgo central dentro del chavismo, cumple el rol de argumento formal para justificar una declaración de nuevo punto de no retorno en el ataque contra el gobierno venezolano.

El nuevo paso dado por EEUU sucede en simultáneo con la acusación del gobierno venezolano del intento de activación de un nuevo plan golpista. El presidente denunció que el 23 de marzo había sido incautado un cargamento de armas en Santa Marta, Colombia, que iba con destino a Venezuela.

Esa denuncia tuvo un giro inesperado pocas horas después del anuncio del Departamento de Justicia norteamericano: Cliver Alcalá, un mayor general prófugo en Colombia señalado varias veces por su participación en tramas golpistas, reconoció públicamente estar detrás de las armas incautadas que iban a ser “para hacer una unidad militar que se conformó con la idea de libertar al país y eliminar quirúrgicamente los objetivos”.

Las declaraciones de Alcalá revelaron no solamente su participación protagónica, sino la de Juan Guaidó que, según explicó Alcalá, “firmó un contrato en Colombia con asesores norteamericanos” para la compra de las armas. El prófugo afirmó que el gobierno colombiano estaba al tanto de la operación.

La particularidad de la declaración de Alcalá es que se trata de una de las personas a las cuales el gobierno norteamericano puso precio a su cabeza junto con la de Maduro y Cabello. Es decir, que luego de la denuncia del Departamento de Justicia en su contra, decidió revelar la existencia del plan y de varios de sus actores.

Al respecto, Jorge Rodríguez, ministro de comunicación, explicó que Alcalá habría sido incluido en la lista por no haber logrado acelerar los objetivos de las operaciones militares. En cuanto a su confesión, se debió, explicó Rodríguez, al temor de ser asesinado, como el mismo Alcalá denunció: “estoy en mi casa, no estoy huyendo, me informaron de la posibilidad de un falso positivo”, es decir un asesinato.

Esta serie de acontecimientos pusieron entonces sobre la mesa tres puntos. En primer lugar, que EEUU profundizó la apuesta en el intento de derrocamiento contra Maduro a través de acciones de fuerza. En segundo lugar, que esas operaciones están en marcha, tienen a Colombia como territorio principal de preparación y asesores norteamericanos en el mando. Y, por último, que una de esas operaciones centrales logró ser frenada.

Esa política norteamericana sucede a contracorriente de las voces internacionales que piden que, ante el escenario de pandemia, exista una descompresión contra Venezuela. Así, por ejemplo, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, afirmó: “en este momento decisivo, las sanciones sectoriales deberían atenuarse o suspenderse”.

En ese mismo sentido, Josef Borrell, canciller de la Unión Europea, sostuvo: “Hemos acordado apoyar la solicitud de Irán y también de Venezuela al FMI para tener apoyo financiero (…) se encuentran en una situación muy difícil especialmente debido a las sanciones estadounidenses que les impiden obtener ingresos por la venta de petróleo”.

Sin embargo, en un cálculo de crisis de coronavirus, disputas geopolíticas, y campaña electoral, la política norteamericana encabezada por Donald Trump no solamente no descomprime el bloqueo, sino que acelera y pone precio público a la cabeza de la dirección del gobierno venezolano. 

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Crash del fracking a la vista, según Bloomberg

Antes de la "era del coronavirus", estaba cantada la declinación del caníbal fracking (fracturación hidráulica; https://bit.ly/2WIq3AO).

David Wethe, de Bloomberg, informa la “advertencia de los gigantes de fracking” de que el “crash del shale (gas/petróleo lutita) será más rápido esta vez”: “mucho mayor que el de hace cinco años que golpeó a EU y Canadá (https://bloom.bg/2QGB9SU)”, según las depredadoras Schlumberger/Halliburton, que tanto daño causaron a México en su etapa neoliberal con su fétida secuencia de entreguistas directores de Pemex (https://bit.ly/3bo0d9d).

La dupla Schlumberger/Halliburton podó sus gastos en forma significativa cuando Wall Street decidió no seguir sosteniendo a la industria del shale en sus cuidados financieros intensivos.

Halliburton, líder del caníbal fracking, planifica cerrar los dos tercios de sus pozos en los últimos tres meses del año, mientras Schlumberger, mayor proveedor de servicios petroleros del mundo, empezó a recortar sus gastos hasta 30 por ciento para lo que queda del año.

No faltan quienes calculan que el cierre de los pozos en EU para extraer shale pueda alcanzar 70 por ciento en los próximos seis meses.

Se trata de un juego de los tres grandes del mundo petrolero/gasero: EU/Rusia/Arabia Saudita (AS), donde el vencedor será quien pierda menos.

Sputnik, de Rusia, evalúa que “los precios del crudo se dispararon tras el anuncio de la Reserva Federal de su plan ‘agresivo’” –que a su vez resucitó a Wall Street de manera artificial mediante la "técnica Bernanke" del lanzamiento de dólares desde los helicópteros (https://bit.ly/3doikhn).

El holandés Cyril Widdershoven –analista de "defensa de energía" en Medio Oriente– en el portal saudita Al Arabiya rechaza los "análisis" de la guerra de precios entre Rusia y AS, que dan como perdedor a AS. Alega en forma muy debatible que "en brusco contraste a Riad, Moscú no es capaz de acceder a las finanzas y a los servicios petroleros al mismo nivel que AS", debido a las sanciones de EU (https://bit.ly/33J2nxx).

Es muy discutible, ya que habrá que ver cuánto perdurarán las sanciones de EU en la "era del coronavirus" cuando Rusia cuenta con el respaldo financiero de China que ostenta las mayores reservas de divisas del mundo (https://bit.ly/39iuWDo).

A juicio de Widdershoven, el bluff de Putin, con cobertura ajedrecista, ha sido expuesto por el revire saudita "Tawila": "inmensos picos de producción".

El "error" de Putin, según este acrobático análisis, es haber mirado únicamente al shale de EU.

Anómalamente, Widdershoven no toma en cuenta la sensible dependencia geopolítica de AS con EU, antes y después del coronavirus, por lo que la inminente visita de Mike Pompeo a Riad definirá el piso y/o las tendencias del mercado.

Llama la atención el artículo en Al Arabya de Robin Mills, ejecutivo de Qamar Energy, donde baraja la hipótesis de una unión de “Texas (¡megasic!) y Rusia con la OPEP para evitar el colapso del mercado petrolero (https://bit.ly/3bqPFWO)”.

Para beneficio del análisis dialéctico y holístico, vale la pena destacar la audaz postura del francés Thierry Meyssan, de Red Voltaire, que puede erizar los cabellos de neófitos/ignaros/cándidos, quien advierte el inicio de la balcanización de AS, Yemen y Turquía.

A juicio de Meyssan, el Pentágono planea balcanizar Turquía y AS debido a que el primero busca(ba) una guerra con Rusia, y el segundo colapsó la industria shale del fracking.

Según el geopolitólogo francés, la respuesta del Pentágono no se hará esperar mas allá de 3 meses (https://bit.ly/2UyYpUb).

Afirma que la disección de AS había sido contemplada por el Pentágono desde 2002 y destaca un artículo del Wall Street Journal (https://bit.ly/2wDaUpE) y otro del NYT (https://nyti.ms/2xoT49W), donde se escenificó un complot para derrocar al príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien hasta hace poco era íntimo de Jared Kushner, yerno de Trump.

Otros multimedia mediorientales traslucen que el golpe abortado en AS fue diseñado por el secretario de Estado Mike Pompeo, "evangelista sionista" y ex director de la CIA.

www.alfredojalife.com

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