Paz para el pueblo y guerra para la selva: la deforestación en Colombia aumenta tras el fin de la guerrilla

Las cifras de la tala ilegal venían mejorando hasta que el gobierno de Santos comenzó a negociar el acuerdo de paz

La ausencia de las FARC ha creado un vacío aprovechado por quienes se apoderan de la selva para actividades como la minería, la ganadería y el cultivo de coca

En 2016 se perdieron 179 mil hectáreas de bosque en Colombia, cifra que ha ido a más en los siguientes años

El acuerdo de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC el 24 de noviembre de 2016 fue un hito para la sociedad colombiana, desangrada por 52 años de conflicto. También fue un punto de inflexión para las selvas de un país que, tras una década de mejoras en la tasa de deforestación, perdió ese año una superficie de bosque comparable a la de Toledo, Guipúzcoa o Almería: 179.000 hectáreas.

Según los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el ritmo de la deforestación en la Amazonia colombiana y otras reservas forestales del país llevaba diez años bajando de forma casi ininterrumpida. Pero en 2016 la tasa comenzó a acelerar de nuevo, con una subida de 44% en la superficie deforestada de ese año y otra del 23% en la del siguiente. La ganadería, el oro, la madera y la coca protagonizan gran parte del aumento de un fenómeno que, según los datos del IDEAM, es la principal fuente de gases de efecto invernadero de Colombia (debido al CO2 que se libera al talar los árboles). Por no hablar del daño irreversible al hábitat de las comunidades indígenas, además de la dramática pérdida en biodiversidad y recursos hídricos.

De acuerdo con el profesor y consultor medioambiental Manuel Rodríguez Becerra, que en 1993 fue el primer ministro de Medioambiente de Colombia, para entender lo ocurrido hay que distinguir entre el año del acuerdo de paz y lo que vino después. Según él, el aumento de la deforestación durante 2016 se explica por la negociación con las FARC, un momento en que el Gobierno quiso alejar fuentes de conflicto: "La mayor tolerancia que hubo ese año con las FARC les permitió aumentar la deforestación para los cultivos de coca". 

Paradójicamente, Rodríguez Becerra también atribuye el incremento del 2017 a las FARC, aunque esta vez el motivo fue su retirada de la zona. "Una vez hecho el proceso de paz el gobierno de Santos no tomó el control efectivo del antiguo territorio de las FARC y algunas regiones se convirtieron en tierra de nadie y comenzaron los procesos de apropiación". La explicación es la siguiente: en su último año, las FARC aprovecharon la tregua negociadora para aumentar las plantaciones de coca, pero en la década anterior habían ejercido de vigilantes impidiendo que los campesinos deforestaran. Entre otros motivos, porque así dificultaban el acceso del ejército colombiano a su área.

Terminado el miedo a una represalia de las FARC, en 2017 llegaron los grandes capitales. Como dice Rodríguez Becerra, "se puede ver claramente el tamaño de los deforestadores, porque en tres meses talan hasta 1.500 hectareas en áreas perfectamente trazadas y hacer eso significa una capacidad grande, tener mucho dinero".

Según Brigitte Baptiste, que hasta julio dirigió el Instituto Humboldt para la Investigación sobre la Biodiversidad de Colombia, uno de los factores de la impunidad de los responsables es la falta de claridad de los títulos de propiedad. A principios de los años 40, explica, "se instituyó un mecanismo para proteger a los campesinos y fue que tras 20 años de ocupación, si presentaban pruebas de desarrollo productivo, eran reconocidos como propietarios".

"Lo que era una ley con buena intención acabó convirtiéndose en un incentivo para el robo de tierras del Estado", concluye Baptiste. Agrega que hay procesos históricos de ocupación que aún no han sido resueltos, con comunidades agrícolas viviendo hace décadas en reservas forestales sin títulos: "Sólo los cafeteros fueron apoyados por el Estado con títulos claros desde principios del siglo XX, por eso casi no hay conflictos en tierras cafeteras".

Al abuso de la ley se añade la falta de reacción estatal por la dificultad de hacer valer la ley en un territorio con escasa implantación de las fuerzas de seguridad. "Las autoridades regionales no tienen personal o están cooptadas por los ilegales", resume Baptiste. "Y tampoco es que puedan hacer mucho, si tratas de llegar sin respaldo a una zona donde se está deforestando, no tienes ninguna opción de salir vivo".

La alternativa a castigarlos con la ley es eliminar los incentivos económicos de la deforestación. La venta de la coca ilegal ya está prohibida, pero el veto se podría extender a la ganadería de tierras deforestadas. Una medida elemental, según Baptiste, "que algunos congresistas y senadores resisten pidiendo hacer un punto de corte para que solo afecte a lo deforestado a partir del año 2016". Sostiene: "Me da la idea de que quienes lo piden están envueltos en la corrupción".

Según Rodrigo Botero, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, la responsabilidad de muchos poderes públicos se hace evidente cuando hacen llegar servicios como carreteras o electricidad a tierras no formalizadas, "generando un estímulo a la apropiación de tierras que luego son incorporadas a la frontera agropecuaria".

Pero también hay motivos para el optimismo. A principios de 2018, un grupo de niños y jóvenes ayudados por la ONG DeJusticia presentaron una demanda contra el Estado colombiano exigiendo que les garantizase una vida libre de catástrofes medioambientales. Un año después, la Corte Suprema les dio la razón, exigiendo al Gobierno cumplir con sus promesas de frenar la deforestación en la Amazonia colombiana. 

Los activistas esperan que la presión del fallo contribuya a que el nuevo gobierno de Iván Duque acelere la dotación de recursos para capturar y castigar a los responsables de la deforestación. Tras los aumentos de 2016 y 2017, el ritmo de deforestación mejoró en 2018. Aunque sigue en niveles catastróficos, las 197.000 hectáreas del año pasado representan una reducción de 10% con relación al 2017. Según Baptiste, el Gobierno ha desplegado recientemente fuerzas en algunas zonas y ha habido señales de control en el Amazonas pero aún es pronto para saber si 2019 confirmará la tendencia con nuevas bajas. "Como la deforestación es una actividad tan estacional, hay que esperar a que termine la temporada de lluvia, en las próximas semanas veremos en los satélites si sigue aumentando o no".

Por Francisco de Zárate

30/09/2019 - 22:03h

Publicado enColombia
Jueves, 26 Septiembre 2019 19:01

La guerra de los tal Ivanes

La guerra de los tal Ivanes

Pocos acontecimientos han suscitado un rechazo nacional casi unánime, acompañado de la preocupación internacional, como la reaparición de los excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc (hoy extinta), rearmados y agrupados en un nuevo movimiento, cuyo vocero, Iván Márquez, en el discurso promocional difundido vía YouTube y otras redes, calificó de “la Segunda Marquetalia”. ¿Otros sesenta años de guerra? Segundas partes nunca fueron buenas, ni lo serán jamás.

Si desbrozamos el discurso de Iván Márquez de su basura guerrerista, podemos encontrarle sin dificultad un tono conciliador, de memorial de agravios que expone los motivos por los cuales un grupo de excomandantes de la primera Marquetalia, desilusionado por el comportamiento pérfido de un gobierno dispuesto desde sus entrañas a hacer trizas la Paz, ha resuelto reanudar el camino escabroso de la lucha armada, pero aclara que sus acciones no serán ofensivas sino defensivas y abre rendijas para volver en el futuro a la mesa de negociaciones, cuando un gobierno, o un gobernante, tengan la voluntad de dialogar. La pregunta es ¿después de cuántos muertos, heridos, desplazados, familias destruidas, persecución, represión y desplazamientos forzados tendremos ese gobierno dialógico?

En el discurso de Iván Márquez sólo hay un párrafo para aplaudir sin reservas y al que mirar con simpatía y esperanza. Es el anuncio de que la nueva guerrilla reanudará las tareas de protección del Medio Ambiente, en las que fue muy efectiva la antigua. Aunque ningún medio de comunicación destacó ese anuncio, no por eso es menos importante en un país cuyos recursos naturales y su medio ambiente están a punto de ser arrasados por la codicia desbordada de los terratenientes, los ganaderos, los mineros, los apóstoles del fracking y otras especies depredadoras, que cuentan con la complicidad del gobierno naranja.

Sin embargo, la guerra no es el camino, ni la lucha armada contribuirá hoy a la protección del medio ambiente, ni ayudará a extender la calidad de vida a los colombianos del común que hoy carecen de ella.

¿Quiénes están felices por el escalamiento de la guerra? La respuesta es obvia. Los que anunciaron, varios meses antes de mutar en gobierno, que de alcanzar el poder harían “trizas los malditos acuerdos de La Habana”. ¿Y acaso no era eso a lo que se habían dedicado las huestes uribistas desde el inicio mismo de las conversaciones entre el gobierno del presidente Santos y la comandancia guerrillera? El paso en falso que han dado los excomandantes de la antigua Farc es el resultado exitoso de las jugadas y las maquinaciones del grupo guerrerista que hoy gobierna en Colombia.

Lo expresó con claridad en el discurso que pronunció, el otro Iván, el presidente Iván Duque Márquez, para responder a la declaración de Iván Márquez (rodeado este Iván por Santrich, Romaña y varios guerrilleros y guerrilleras en traje de fatiga y portando armas de grueso calibre) al proclamar que combatiría sin cuartel a “la banda criminal” que encabezan su tocayo Iván Márquez y el clarividente Jesús Santrich, por quienes ofreció recompensas jugosas, aparte de bombardeos y acoso a sangre y fuego. Bravatas o no, no es el lenguaje prudente y conciliador que esperamos de un jefe de Estado cuya prioridad es la paz de la República. No parece que esa sea la prioridad del presidente Iván Duque.

A los disidentes de las Farc, y a los Iván que se han embarcado en esa aventura sin sentido que llaman “la segunda marquetalia” no se les puede exigir que respeten el compromiso adquirido en las Acuerdos de Paz de La Habana, sino pedirles que reflexionen y que no incendien mucho más el país, porque esas llamas infernales le darán en la vena del gusto a la extrema derecha neonazi. No se les puede exigir a los insurgentes que se han puesto por fuera de la ley una actitud legal, y es lógico que no se sientan en la obligación de acatarla; a los Iván que ejercen el gobierno legítimo, sí están los ciudadanos en el derecho de exigirles que respeten esa legitimidad y que cumplan con los Acuerdos de Paz de La Habana, que son legítimos, reconocidos por la Constitución y la sociedad civil, y apoyados sin ambages por la comunidad internacional, como lo acaban de expresar el Nuncio Apostólico en Colombia, y otras personalidades del ámbito mundial. El Presidente de la República es un servidor público, no un mandamás, y como servidor público su obligación es estar al servicio de la educación, la tranquilidad, el bienestar y la felicidad de todos y cada uno de los colombianos, que lo han elegido para servirles (a los que votaron por él y a los que no votaron por él) con eficiencia, inteligencia y humildad autocrítica.

Luego, los discursos del Presidente no pueden ser belicosos. Su deber como jefe del Estado lo obliga a esforzarse por entender las razones que han llevado a un grupo de compatriotas a pensar que no tienen otro camino que el de la lucha armada; a tenderles la mano y regresar con ellos, y con cuantos estén en plan de guerra, a la mesa de negociaciones de paz. Paciencia, serenidad y persistencia son las virtudes que deben caracterizar a un buen servidor público, y con mayor pábulo al que ocupa el cargo más conspicuo en esa tarea de servicio que los ciudadanos le han encomendado.

La lucha armada no es el camino. La respuesta armada tampoco es la respuesta correcta. Nada, más que el diálogo, ayuda tanto a conjurar los peligros de una guerra y sus consecuencias tremendas. Si no lo entienden así los dos Ivanes, Iván Duque Márquez e Iván Márquez, si ambos quieren ganarse el título de Iván el Terrible, pues hay que decirles a los tal Ivanes que están terriblemente equivocados.

O no hay que decírselo. Ya se lo están diciendo millones de voces sensatas en Colombia y en el mundo. No prendan una guerra cuyo fuego arderá peor que el de la Amazonia.

Publicado enEdición Nº261
EEUU se asoció con milicias armadas en Afganistán impidiendo el éxito de un programa de la ONU que pretendía disolverlas

Tan solo dos meses después del inicio de la guerra en octubre de 2001, Afganistán y las milicias aliadas habían arrebatado a los talibanes el control de todo el país

La posterior lucha por el poder entre estos grupos constituyó "la mayor amenaza a la estabilidad de Afganistán" y la ONU puso en marcha un programa para disolverlos

Aunque EEUU formaba parte de esta iniciativa internacional, al mismo tiempo seguía aliado y trabajando con las mismas milicias que la ONU intentaba desmantelar

 

En diciembre de 2001, tras dos meses de ofensiva militar en Afganistán, EEUU había arrebatado a los talibanes el control de todo el país gracias a la ayuda de las milicias afganas aliadas. Jalaluddin Haqqani, un destacado comandante militar talibán líder de la Red Haqqani intentó entonces llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno interino. El 20 de diciembre, como gesto simbólico, Haqqani envió a miembros de su grupo, amigos cercanos y aliados políticos a participar en una caravana que viajaba desde la región de Loya Paktia a Kabul para felicitar al nuevo presidente, Hamid Karzai, y prometerle lealtad.

Pacha Khan Zadran, un señor de la guerra autoproclamado gobernador de Loya Paktia y apoyado por EEUU, paró el convoy a su paso por el territorio bajo su control. Zadran y centenares de sus hombres armados intentaron supuestamente forzar que la caravana le jurase lealtad y le reconociese como gobernador de al región. La respuesta de los líderes tribales en caravana fue que discutirían el asunto después de la inauguración de Karzai y continuaron su ruta hacia la capital, Kabul. Como respuesta, Zadran informó a sus contactos estadounidenses que una caravana Haqqani-Al Qaeda se dirigía a Kabul. Lo siguiente fue un bombardeo aéreo de EEUU en el que murieron unas 50 personas de la caravana y los pueblos cercanos.

Este episodio aparece como uno de los ejemplos de la colaboración entre EEUU y las milicias afganas antitalibanes en el último informe de la Oficina del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR), una agencia del Gobierno estadounidense que supervisa la acción de EEUU en la guerra de Afganistán, la más larga de la historia de EEUU, que el 7 de octubre cumple 18 años.

El documento narra que tras la derrota inicial de los talibanes, las milicias comenzaron una cruenta lucha de poder interna para transformar su victoria militar en influencia política y económica. En 2003, la ONU logró poner en marcha un programa para desmantelar a las milicias antitalibanes, que por aquel entonces constituían "la mayor amenaza a la estabilidad de Afganistán", según otro informe de SIGAR de 2017. Una de las causas principales del fracaso de esta iniciativa internacional fue que mientras EEUU participaba en el programa, al mismo tiempo seguía aliado, trabajando con y fortaleciendo a las mismas milicias que la ONU intentaba desmantelar, denuncia la investigación.

"Las fuerzas de EEUU estaban al mismo tiempo asociadas con las milicias por motivos de seguridad y otros servicios", denuncia el informe. "La dependencia de EEUU de los grupos armados empoderó a los comandantes y grupos que en teoría iban a ser desmantelados", afirmó John F. Sopko, responsable de la agencia, en la presentación del informe el pasado 19 de septiembre. "EEUU estableció nuevos sistemas de apoyo que reforzaron la misma dependencia económica y social entre los comandantes locales y excombatientes que el programa intentaba romper", explica el documento. De acuerdo con una estimación citada en la investigación, en los meses posteriores al 11S EEUU entregó tanto dinero a las milicias que el valor del dólar respecto a la moneda afgana se redujo a la mitad en tan solo tres meses.

¿Por qué necesitaba EEUU a los grupos armados para combatir a los talibanes? Antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Washington no tenía planeado invadir Afganistán. Esta falta de preparación hizo que la respuesta inicial estuviese liderada por la CIA, que optó por forjar alianzas con varias milicias, especialmente la Alianza del Norte.

Ni EEUU ni las milicias estuvieron especialmente comprometidas con el programa de la ONU de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes, el cual estuvo en vigor entre 2003 y 2005. La ONU quiso incluir la iniciativa para disolver las milicias en el Acuerdo de Bonn –acuerdo aprobado en el marco de la ONU en diciembre de 2001 tras la derrota talibán para reconstruir las instituciones de Afganistán–, pero la Alianza del Norte se negó porque entendía que le haría perder poder. En Bonn, las diferentes facciones eligieron a Karzai como presidente interino. Karzai no tenía una fuerza de seguridad y dependía de EEUU, por lo que a cambio del apoyo político, nombro a líderes de la Alianza del Norte como ministros de Defensa, Interior y Exteriores, por lo que estos se hicieron con el control de todo el aparato de seguridad.

EEUU tampoco cumplió sus promesas económicas con el programa de la ONU de desmovilización de combatientes. Washington "prometió 10 millones de dólares, pero a finales de 2004 todavía no había entregado nada. Miembros del programa advirtieron a EEUU que si seguían reteniendo los fondos, el programa se quedaría sin recursos", señala el informe. Finalmente entregaron 9 millones de dólares.

EEUU no contemplaba la reconciliación, solo la victoria

Los talibanes no fueron invitados a Bonn aunque estaban dispuestos a reconocer su derrota. "A pesar de ser rechazados, los líderes talibanes no declinaron de inmediato el orden posterior a 2001. No hubo ninguna llamada a las armas. De hecho, lo contrario: un reconocimiento de derrota y un intento de llegar a un acuerdo", señala el informe. "En los primeros años de la intervención, varios líderes talibanes intentaron rendirse a cambio de amnistía y protección, pero EEUU rechazó estos esfuerzos de reconciliación". La guerra había empezado bien y EEUU solo contemplaba la derrota absoluta de los talibanes. La reconciliación no era necesaria y por eso tampoco se incluyó a los talibanes en el primer programa de desmovilización de combatientes. 18 años después, el Gobierno de Afganistán solo controla el 34% de los distritos y el 47% de la población. El resto está en disputa o controlado por los talibanes.

"A pesar del bombardeo de EEUU al convoy, Haqqani envió a su hermano Ibrahim Omari para jurar 'lealtad al nuevo gobierno' y emitir 'una petición a todos los seguidores de Haqqani para volver de Pakistán y trabajar con las autoridades'. Aunque la CIA al principio celebró la propuesta de Omari, poco después fue detenido por las fuerzas de operaciones especiales de EEUU", señala el informe. Días antes, un grupo de altos cargos talibanes escribieron una carta de rendición y entregaron sus territorios al Gobierno afgano. La Administración Bush, sin embargo, forzó a Karzai a abandonar el acuerdo y la mayoría de los líderes talibanes involucrados volvieron a la lucha armada.

Cuánto ha cambiado la situación que ahora EEUU busca llegar a un acuerdo con los talibanes, de los cuales se estima que hay unos 60.000 combatientes a tiempo completo. Tras acordar un borrador de pacto y lanzar una invitación a los insurgentes para Camp David en el 18 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 por los que empezó la guerra, Trump congeló todos los progresos por la presión interna y los continuos atentados de los talibanes. 760.000 millones de dólares después, EEUU sigue en guerra

29/09/2019 - 21:51h

Publicado enInternacional
Beate Klarsfeld, la cazadora de nazis,“Ni Francia ni Alemania querían volver sobre su pasado”

Junto a su esposo Serge dedicó su vida a perseguir a los responsables de las deportaciones de judíos en Francia y a los nazis que seguían impunes dentro y fuera de Alemania. Llegó a la Argentina, adonde vino a protestar contra la dictadura en 1977, para presentar sus memorias.

 

Beate Klarsfeld nació Beate Künzel en Berlín, en 1939, meses antes del comienzo de la Segunda Guerra. Hija de un soldado que peleó en la Wehrmacht , las fuerzas armadas unificadas de Hitler, creció con la imagen de la derrota del nazismo. Se trasladó a París a comienzos de los 60. En Francia conoció al abogado Serge Klarsfeld, rumano de raíces judías, cuyo padre murió en Auschwitz luego de ser deportado desde Niza por el régimen de Vichy, instalado por la ocupación nazi. Beate, cuyo nombre se pronuncia exactamente como se escribe, y Serge compartieron desde entonces la preocupación por preservar la memoria y la dignidad de las víctimas del nazismo. En un momento en que los juicios por los crímenes de los nazis ya parecían cosa del pasado, los Klarsfeld se dedicaron a buscar a responsables de deportaciones y crímenes contra la humanidad. Se convirtieron en cazadores de nazis.

En el convulsionado 1968, Beate se hizo famosa. En el parlamento alemán increpó a Kurt Kiesinger, el entonces canciller, y le recordó a la principal autoridad política de la República Federal de Alemania su pasado nazi. Semanas más tarde, logró acercarse a Kiesinger en un acto político en Berlín Occidental ylo abofeteó en público. Con su esposo revelaron que el canciller demócrata cristiano se había afiliado al nazismo en 1933 y había integrado el área de propaganda del ministerio de Relaciones Exteriores a partir de 1940.

Los Klarsfeld se dedicaron a buscar a nazis connotados, como Klaus Barbie, el responsable de la Gestapo que torturó y asesinó a Jean Moulin, líder de la Resistencia francesa; o Walter Rauff, el creador de las cámaras móviles de gas, con las que se exterminó a casi cien mil judíos. Barbie fue llevado de Bolivia a Francia tras una batalla de más de quince años. Rauff murió impune en el Chile de Pinochet. Llevaron al banquillo a responsables de los crímenes contra los judíos en la Francia ocupada, como Maurice Papon. E incluso lograron extraditar y juzgar a un nazi escondido en la Argentina: Josef Schwammberger, detenido en Córdoba en 1987

En 1977 Beate Klarsfeld vino a la Argentina para protestar contra la dictadura de Videla. Hace unos días, a sus 80 años, volvió para presentar Memorias, un libro de 700 paginas, editado por Edhasa y Libros del Zorzal, en el que se alternan su voz y la de su marido en el relato de sus vidas. Fue homenajeada por la Cámara de Diputados y visitó la ex Esma, entre otras actividades.

-¿Por qué no hubo persecución a los nazis, luego de los juicio de Núremberg?

-Ni Francia ni Alemania querían volver sobre su pasado. Después de Núremberg empezó la Guerra Fría, y los responsables comenzaron a quedar en libertad. Diez años después de la guerra ya había nazis fuera de la cárcel. De Gaulle llegó a indultar al jefe de la Gestapo en París, Helmut Knochen. Además, Alemania no juzgaba a los responsables de los crímenes cometidos en Francia, algo que cambió con la política de Willy Brandt.

-¿Cuál es su recuerdo de Brandt? Usted lo apoyó en su campaña para canciller y fue quién llevó adelante políticas de memoria.

-Lo conocí cuando era alcalde de Berlín Occidental. En el 69 yo competí en las elecciones por un partido de izquierda y él por la socialdemocracia. Se pudo sacar del gobierno a Kiesinger. Brandt fue quien preparó la unificación de Alemania, reconoció la responsabilidad en la guerra, visitó Varsovia y pidió perdón por los crímenes. Fue un socialista extraordinario. Él era canciller cuando se quiso enviar como representante ante la Comunidad Europea a Ernst Achenbach. Denunciamos que había sido responsable de la línea política de los programas de radio en la Francia ocupada y se bajó su nominación.

-Los funcionarios de segunda o tercera línea del nazismo se reciclaron en puestos del Estado en Alemania Federal en esos años. ¿Cómo fue posible?

-Los alemanes no se consideraban responsables después de la guerra. Se tomó gente que estaba formada en el Estado, no se tomaban jóvenes, sino gente con experiencia. Hubo algunos juicios, sin penas importantes. El país estaba dividido, ya estaba la Guerra Fría. Comenzaron a hacerse investigaciones a nivel parlamentario, pero la mayor parte de la población no estaba indignada. Un propagandista nazi como Kiesinger no llamaba la atención y llegaba a canciller por la vía democrática.

-Un caso emblemático fue el de Rauff, a quien fue a buscar a Chile en plena dictadura. No se logró la extradición, murió al poco tiempo y su entierro fue un acto nazi a plena luz del día. ¿Cómo lo recuerda?

-Rauff era conocido por los servicios secretos alemanes. Sabían que estaba en Chile, y también estaban al tanto de Barbie en Bolivia. Hicimos el reclamo, pero para Chile había prescripción de los delitos. Fui allí en el 83. Estaba Pinochet y reclamamos la salida de Rauff del país. Hicimos saber a la sociedad chilena que en su país estaba el hombre cuyas cámaras móviles mataron a 97 mil judíos. Fuimos a protestar frente al Palacio de la Moneda, delante de su casa… Lo protegía la dictadura. Me fui y murió a los pocos meses. Al menos el mundo supo de él.

-En 1977 vino aquí en plena dictadura de Videla. “He venido a la Argentina para protestar contra un régimen político cuyos métodos represivos y su macabro resultado no pueden dejar indiferente a la opinión pública internacional”, escribió. ¿Qué recuerda de esa visita?

-Me quise solidarizar cuando supe lo que pasaba aquí. Cinco años antes había estado en Bolivia, cuando detectamos a Barbie. En el 77 yo integraba la Liga contra el Antisemitismo y el Racismo. Les dije a mis compañeros que iba a viajar a Buenos Aires. Unos de los miembros de la Liga era François Mitterrand. Todos me apoyaron en la decisión. Sabíamos que la gente desaparecía, que había torturas. Quise alertar al mundo. Mi método es ir allí donde suceden las cosas, no protestar frente a una embajada, voy adonde la gente está en peligro. Había que hacerlo en el lugar y alertar a la población. Al poco tiempo fue el secuestro de las dos monjas francesas. Sirvió para apoyar a las Madres de Plaza de Mayo en su búsqueda de justicia.

-Usted llama a la “acción directa”: la identificación del nazi impune, ir a su casa, hacer saber que allí vive un criminal. En la Argentina existieron los “escraches”, cuando los juicios estaban paralizados. ¿Encuentra similitudes?

-Con la acción directa mostramos el deseo de las víctimas de que se haga justicia. El objetivo era forzar a los jueces a que actuaran. Se trata de la búsqueda de justicia contra criminales de lesa humanidad.

-¿Qué opina del caso argentino en cuanto a los juicios por los crímenes de la dictadura?

-No lo conozco en profundidad. Hubo un perdón a los militares, pero la sociedad siuió pidiendo juicio y castigo. Son crímenes que, si no se juzgan, se pueden reproducir.

-Uno de sus grandes aportes ha sido el “Memorial de la deportación de los judíos de Francia”, el listado con los datos de casi 80 mil víctimas. ¿Qué significó ese trabajo?

-Fue sobre todo obra de Serge, a fines de los 70, cuando el Proceso de Colonia (el juicio a tres nazis alemanes por las muertes de 40 mil judíos franceses). Es un listado en orden alfabético de 76 mil nombres, que incluyen a 11 mil chicos. Están todos los datos: fecha de nacimiento, dirección, cuándo fueron detenidos, a cuáles campos los enviaron… Así se pudieron reunir familias dispersas, porque había padres que eran separados de sus hijos. Incluso se pudo conseguir cinco mil fotos de los deportados. En ese momento se le pudo hacer llegar un ejemplar al juez durante el juicio en Colonia.

-Otro caso emblemático fue el de Klaus Barbie. Pasaron más de quince años entre que usted y su marido lo ubicaron en La Paz y el juicio de 1987. Y hasta se plantearon la posibilidad de secuestrarlo, ante la impunidad y la negativa de Bolivia de entregarlo a Francia.

-Reivindico eso, pero también el Proceso de Colonia contra los tres nazis, Hagen, Lischka y Heinrichsohn, que fueron condenados en 1980. También llevó años poder enjuiciar a Maurice Papon, que fue prefecto en Burdeos durante la ocupación, ayudó a deportar a más de mil judíos y luego siguió en altos cargos durante décadas. Lo de Barbie fue resonante porque martirizó a Jean Moulin, el líder de la Resistencia, y era protegido por los militares bolivianos. Recién cuando Bolivia recuperó la democracia pudo ser llevado a Francia. Yo no paro nunca, si algo no funciona, cambio el método. Solo tengo miedo a fracasar.

Beate Klarsfeld llegó a Buenos Aires acompañada por su hijo mayor, Arno, abogado y miembro del Consejo de Estado, el órgano que el gobierno francés debe consultar ante proyectos de ley. Como abogado, Arno Klarsfeld representó a la Asociación de Hijos e Hijas de Deportados Judíos en Francia (FFDJF) en juicios contra colaboracionistas como Maurice Papon, que trató de esquivar la cárcel alegando problemas de salud. "El tuvo poder en la milicia de Lyon, era un jerarca con buena educación. Pudo haber rechazado las deportaciones y no lo hizo”.

“En los libros de historia de Francia no figuró que los arrestos de judíos los hacían policías franceses, la impresión era que sólo eran culpables los alemanes y que todos eran resistentes salvo altos responsables. Lo mismo en Alemania, había una idea de que el nazismo solamente era cosa de marginales”, cuenta sobre el negacionismo. “Se buscó juzgar, pero se obstruyó todo por la idea de reconciliación nacional y la amenaza de guerra civil”, describe los años sin juicios en la inmediata posguerra. "No hay guerra civil si hay justicia”, afirma.

Sobre la búsqueda de justicia de sus padres, dice que "era una necesidad de las víctimas. Para que la reconciliación franco-alemana estuviera en buenas vías, se precisaba la verdad histórica, que se escribiera la historia tal como sucedió y no como algunos querían imaginar”. En ese sentido, apunta que “dos tercios de los judíos franceses fueron arrestados por la policía francesa” durante el régimen de Vichy, cuya cabeza fue el mariscal Philippe Pétain, héroe de la Primera Guerra, una figura que aún divide aguas en Francia. “La gente lo respetaba y lo admiraba como un héroe glorioso. Pero nada de lo que ocurrió desde octubre del 40 hubiera sido posible sin su venia. Mi padre halló un documento de su puño y letra en favor del antisemitismo. Se podría haber negado a las deportaciones, y los nazis no tenían mano de obra. En lugar de eso, puso a la policía de Francia a disposición de los alemanes”.

¿Cómo ve Arno Klarsfeld el futuro, desde otra generación, sin la carga emocional de la impunidad de los nazis? “Me toca preservar el trabajo de mis padres, combatir el extremismo, comprometerme con otras causas, como la trata de personas o la ecología”, asegura. Y coincide con su madre al señalar el enemigo del presente: la ultraderecha. “Hay crisis económica y riesgo de dislocación de Europa. Hoy no se sufre tanto como en los años 30, pero hay desigualdades y la gente puede volcarse al populismo de extrema derecha. Por eso creo que es tan importante preservar a la Unión Europea, porque es un escudo que protege”.

Publicado enInternacional
 Jared Kushner, asesor principal de la Casa Blanca.Foto Ap

Dos analistas británicos quienes más conocen los dédalos del Medio Oriente, Alastair Crook y Patrick Cockburn, juzgan que se gestó una nueva correlación militar de fuerzas a raíz de los ataques con drones de los hutíes del Yemen (https://bit.ly/2mowJUt).

Bajo la Lupa se atrevió a emitir una "hipótesis perversa y aviesa" de la inexplicable "ineficiencia" de Estados Unidos en Arabia Saudita debido al próximo lanzamiento de la "Oferta Pública Inicial (IPO)" por 2 millones de millones de dólares que codician Trump y su yerno talmúdico Jared Kushner.

Alastair Crook, director de Conflicts Forum, con sede en Beirut, sentencia que se trata de un "exitoso golpe mortal" que trastoca el "paradigma dominante" (EU como "guardián del Golfo y garante del flujo del petróleo") y cita a Anthony Cordesman, del think tank CSIS, quien comenta "las implicaciones estratégicas de los golpes a Arabia Saudita" (https://bit.ly/2mfiDoo): una "clara advertencia estratégica que la era de la supremacía aérea de EU en el Golfo, y del casi monopolio estadunidense de su capacidad de ataque de precisión, se detuvo rápidamente".

Según Alastair Crook, se trata de “un mensaje de un frente común (Irán, Siria, Hezbolá, Hutíes y Hash’da-Shaibi. Nota: la milicia chiíta del sur de Irak)”.

Sea el culpable que fuere, inventado o real, emerge una nueva realidad en el Medio Oriente: Irán es la "nueva superpotencia de los drones" (https://bit.ly/2LyYeGi).

Según Alastair Crook, los eventos en el corazón petrolero de Arabia Saudita forman parte de un “inmenso switch” (https://bit.ly/2nrSFPb) –un "reajuste civilizatorio" en medio del "golpe de precisión en la credibilidad de EU" (https://bit.ly/2ntZJuM)– con el resquebrajamiento del paradigma estadunidense cuando "los aviones robots y los drones cambiaron las coordenadas fundamentales de la guerra".

Por su parte, Patrick Cockburn juzga que "los ataques drones en Arabia Saudita cambiaron la guerra global" (https://bit.ly/2lmwObq), además de "transformar el equilibrio del poder militar en Medio Oriente" cuando “18 drones y 7 misiles crucero –muy baratos y sin sofisticación, comparados a la moderna panoplia militar, que afectaron la mitad de la producción de crudo de Arabia Saudita”, pese a que Riad gastó 67 mil 600 millones de dólares en su presupuesto de defensa el año pasado, en su mayoría para sistemas de defensa aéreo que "fracasaron en frenar notablemente el ataque".

Patrick Cockburn comenta que el presupuesto de defensa de EU es de 750 mil millones de dólares –nota: la parte visible, ya que, según SIPRI, existe otro tanto en las entrañas de la "investigación" en las universidades de EU– y su presupuesto de espionaje es de 85 mil millones de dólares que no supieron que ocurrió en el Golfo "hasta que habían concluido los ataques".

Las "justificaciones" de EU suenan "patéticas" y Patrick Cockburn juzga que "EU y Arabia Saudita dudan en perpetrar represalias contra Irán" porque saben que un contrataque no será un paseo dominguero.

Patrick Cockburn concluye que tales ataques con drones constituyen un punto de inflexión histórico cuando "casi cualquier país puede producir drones y misiles en suficientes grandes cantidades para superar cualquier defensa".

Lo real es que el 14 de septiembre de los drones, EU/Israel/Gran Bretaña perdieron su supremacía aérea en el golfo Pérsico. Agregaría "hasta cierto punto" debido a que en Medio Oriente nadie posee bombas nucleares como Israel que goza de canonjías celestiales que van entre 200 o 400 bombas clandestinas –dependiendo quien haga su tramposo conteo– y que se da el lujo de no firmar el Tratado de No-Proliferación de Armas Nucleares (NPT) ni de aceptar la inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica: procedimientos universales a los que se sometió Irán que no posee ninguna bomba nuclear –aunque si el know how del enriquecimiento de uranio hasta 20 por ciento cuando se requiere más de 90 por ciento para la fabricación de una bomba atómica.

Aunque Israel esté perdiendo gradualmente su supremacía aérea, todavía cuenta con su última arma: la Opción Sansón (https://amzn.to/2o8dMX2) –libro del galardonado israelí-estadunidense Seymour Hersh–, es decir, el lanzamiento de las bombas atómicas de Israel que pueden aniquilar a todos los países y guerrillas de Medio Oriente.

http://alfredojalife.com

Twitter: @AlfredoJalifeR_

Facebook: AlfredoJalife

VK: id254048037

Publicado enInternacional
https://diario-octubre.com/2019/08/29/colombia-ivan-marquez-que-fuera-numero-2-de-las-farc-anuncia-la-vuelta-a-la-lucha-armada/

De cómo errar con razones

 La decisión de volver al monte, por parte de Márquez, Santrich y sus acompañantes, corrobora una vez más que no es suficiente tener razón para acertar. En efecto, como han resaltado un sinnúmero de analistas en los días posteriores a la declaración, la mayoría de las razones esgrimidas en el comunicado son ciertas. Claramente, ha habido un incumplimiento sistemático del Acuerdo de Paz tanto por parte del Estado colombiano –lo que es evidente por ejemplo en la implementación de “operaciones de entrampamiento” y montajes judiciales o en el fracaso de las circunscripciones para la paz en el Congreso– como por el actual gobierno -que ha atacado a la JEP, objetando la ley estatutaria y reduciendo sus recursos, por no hablar de puntos sustanciales como el congelamiento de la reforma rural integral o la negligencia a la hora de garantizar la seguridad tanto a desmovilizados como a líderes sociales. No obstante, y esto también hace parte del consenso entre analistas, el retorno a las armas es una torpeza política enorme.

Desde que el uribismo se propuso “hacer trizas” el Acuerdo de Paz, estaba anhelando que algo así sucediera. Como fácilmente se puede corroborar, el gobierno Duque ha tratado de ejecutar el mismo libreto que tanto éxito le reportó a Uribe en sus dos gobiernos (2002-2010) y que implica aglutinar los actores de su coalición y las élites sociales y políticas que lo apoyan en torno al combate de un supuesto enemigo fundamental. La pieza faltante en todo este tiempo era el enemigo absoluto que permite disculpar e invisibilizar todos los crímenes y aglutinar su coalición: las Farc.

Los rumores que circularon cada cierto tiempo sobre misteriosas “cumbres” de disidencias pretendían revivir ese enemigo e incluso el afán de antagonizar con el actual gobierno de Venezuela muestra la necesidad que tiene el uribismo de un discurso bélico para subsistir. Máxime de cara a un panorama económico gris, muy alejado de la “bonanza” minero energética que, gracias al precio favorable de los minerales, experimentó el gobierno Uribe, y bajo un presidente sin liderazgo efectivo ni legitimidad, con las más altas cifras de desaprobación de los últimos años.

Aunque los informes del seguimiento a la implementación de lo acordado entre las partes indican que más del 90 por ciento de los excombatientes de las antiguas Farc están comprometidos con el proceso de paz, el uribismo y es de esperar que también el gobierno echarán mano del acontecimiento agenciado por Márquez para continuar erosionando los distintos componentes del proceso de paz e incluso tendrán una excusa para la desidia que han demostrado frente al genocidio político en ciernes, en forma análoga a la actitud del Estado frente al que mermó a la Unión Patriótica. La reacción del expresidente Uribe pocos minutos después de publicarse el comunicado deja ver claramente su afán de articular el hecho en su discurso con el fin de legitimar la supuesta entrega del país a la guerrilla y al mismo tiempo deslegitimar la JEP.

Pero más allá de la utilización conciente que se pueda hacer de tal evento, la existencia de este “enemigo” fortalece la mentalidad contrainsurgente, construida y enraizada en el imaginario colectivo y no solo en la doctrina de las FF. AA. durante medio siglo, que ni siquiera empezó a cuestionarse tras el Acuerdo, y que ahora tendrá nuevamente cómo ubicar el “enemigo interno” que amenaza al orden social y a todo lo que, con su sesgo característico, se le parezca en una entidad “real”: las “nuevas” Farc.

La selva de la historia

 Al margen de las acusaciones por el incumplimiento del Acuerdo, el discurso de Márquez muestra una lectura, si es que la hubo, superficial y distorsionada de la realidad política y de la correlación de fuerzas en el presente, que recuerda la falta de horizonte político demostrada por las Farc en las negociaciones con el gobierno de Pastrana (1998-2002).

En aquel momento se popularizó una explicación para ese fenómeno según la cual las Farc vivían en un tiempo lento, de larga duración, producto de su vinculación con las entrañas olvidadas y abandonadas del país, en contraste con los tiempos “líquidos” del mundo global. Mientras esa organización se desenvolvía en un mundo anterior a la caída del Muro de Berlín, en donde la política estaba necesariamente vinculada a hechos indiscutibles, o al menos con un margen reducido de interpretación, como la misma revolución, el país que veía a sus comandantes por la televisión empezaba a sumergirse en una política del espectáculo en donde, más que los hechos en sí mismos, lo fundamental es el “enmarcado”, esto es, la significación hegemónica con que son investidos.

Tal vez nada corrobora mejor ese tránsito que la fabricación simultánea de una gran amenaza y de su solución. Nadie usufructuó mejor la amenaza de las Farc de ir a las ciudades –según las palabras del “Mono Jojoy” en un famoso video– que el uribismo, incluso admitiendo que golpes como el secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca en abril de 2002 o el atentado al Club El Nogal en febrero de 2003 parecían la realización de tal designio.

Como muestra Fabio López de la Roche en su libro Las ficciones del poder (Debate, 2014), el temor de la ciudadanía más que en los horrendas masacres del paramilitarismo, se enfocó en el secuestro, en particular en las llamadas “pescas milagrosas” en las carreteras, por cuenta del despliegue mediático dado a las víctimas y los sufrimientos que conllevó. De ahí el énfasis puesto por la política de seguridad democrática en la seguridad de las vías principales. La alta percepción de inseguridad muy probablemente llevó a que personas que no tenían finca, vacaciones ni recursos para salir de las ciudades en plan de paseo se sintieran interpeladas por el discurso de la seguridad democrática. Así se empezó a cimentar una hegemonía cuya base fundamental, el antagonismo que permitía articular intereses, demandas e identidades diversas, fue la construcción de ese enemigo absoluto del orden social que hoy siguen siendo las Farc.

En este marco nacional, Márquez y sus compañeros no parecen ser conscientes de las transformaciones experimentadas en el terreno de la política en las últimas décadas ni de la persistencia, incluso aunque se acepte un cierto retroceso, de la hegemonía uribista en la cultura política del país. Es algo que puede inferirse incluso de la puesta en escena de su comunicado, calcado en lo fundamental de los demás comunicados que el grupo hizo públicos en las últimas décadas mediante video. La apelación a una “nueva Marquetalia”, si bien puede tener sentido para tratar de interpelar a los excombatientes comprometidos con el proceso de paz, es una muestra de solipsismo que no le dice nada al “otro”, a ese pueblo que explícitamente se afirma representar, sino que erige un discurso únicamente para sí mismos. Esa huida al pasado ubica al grupo, además, en un lugar asincrónico respecto del tiempo que maneja el resto del país, al que primero se le vendió la idea de que el conflicto armado se reducía a la existencia de la guerrilla y luego de que se estaba transitando hacia un “posconflicto”, desde el que será imposible sintonizar políticamente.

Fallas estructurales

 El “enmarcado” del acontecimiento, el significado dado por distintos actores políticamente relevantes, negó de entrada cualquier pretensión de reconocimiento político al grupo de Márquez. El común rechazo osciló sin embargo entre los discursos guerreristas que inmediatamente pidieron “mano dura”, la impasibilidad de los expertos para quienes es un hecho más en el tortuoso camino de construcción de la paz y el pesimismo de quienes estaban esperando el suceso. Pero la visión general que se tuvo fue la del surgimiento de una nueva “disidencia” que se suma a las ya existentes, las cuales se conciben como grupos dedicados a actividades criminales.

La apuesta de esta disidencia se concentra en tratar de articular a los excombatientes comprometidos con el proceso de paz, a las demás disidencias y al Eln o sectores de esa guerrilla. Aunque en el comunicado mencionan cambios en las formas de hacer la guerra, el aspecto fundamental es que su relevancia política y militar dependerá, en últimas, del fracaso del Acuerdo de Paz, un interés común con el uribismo y los sectores sociales que se enriquecieron con la guerra. Mientras persistan la oposición y la desidia con la implementación, no será difícil que este grupo se constituya en una “amenaza” relevante. Las experiencias de Centroamérica luego de las negociaciones de paz, el aumento en las tasas de homicidio y delincuencia común y organizada entre otras cosas, muestran que si no se atacan los factores sociales que originan y alimentan el recurso a la violencia organizada, la mano de obra disponible para la guerra no va a faltar. Así, el retorno al monte muestra varias de las fallas estructurales del proceso de paz, más allá de los incumplimientos y la lentitud de la implementación, que se retrotraen a la concepción misma del conflicto armado en que se fundamentó y la imposibilidad de articular una mayoría de respaldo.

En efecto, no es posible desligar las negociaciones de paz bajo el gobierno Santos de la implementación de la Política de Seguridad Democrática de Uribe, pues esta se trazó explícitamente el objetivo de debilitar a la guerrilla para llevarla a negociar. De hecho, ese objetivo se realizó, incluso sobre los más ambiciosos postulados de promover la presencia de la fuerza pública como base para garantizar la operación de las demás entidades del Estado en todo el territorio nacional, pues hoy sabemos que en este empeño se ha retrocedido hasta el punto de convertirse en uno de los principales problemas para la implementación del Acuerdo. Sin embargo, la consecuencia de esa enfoque fue limitar la agenda de negociaciones a la desmovilización, incluso aceptando que el Acuerdo final contiene puntos esenciales como la Reforma Rural Integral. La narrativa del actual gobierno de Duque intensifica este marco de comprensión al concebir el proceso como una política de reintegración exclusivamente, olvidando el resto de compromisos necesarios para construir paz.

Podría decirse entonces que Santos dio continuidad a la política del gobierno Uribe, que incluso intentó acercamientos con las Farc al final de su segundo período, a pesar de la oposición del expresidente. Esa oposición, aunada a la tibieza de Santos, imposibilitaron crear una fuerte coalición de respaldo al proceso de paz, que no solamente incluyera actores políticos sino parte sustancial de las élites nacionales e incluso el Estado estadounidense, y no solo al gobierno Obama. Si bien hubo una división en las élites, que se manifestó con fuerza en las elecciones presidenciales de 2014, en donde Santos resultó vencedor con el apoyo de quienes habían sido sus anteriores adversarios para salvar el proceso de paz, también es cierto que Santos fue complaciente con los sectores de las élites que naturalmente privilegian sus intereses particulares sobre la construcción de la paz. Quizás el ejemplo más notorio fue la promoción de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía, un hombre de Sarmiento, vinculado directamente a la cadena de acontecimientos que resulta en el retorno de ese grupo de las Farc a la guerra.

¿Hacia la vieja polarización?

El Acuerdo de paz reestructuró el escenario político colombiano de una manera inédita. La agenda pública fue invadida por las demandas sobre los problemas estructurales del país que están en la raíz de la violencia política, la exclusión social y política, la desigualdad socioeconómica, la concentración en la propiedad de la tierra, las reivindicaciones ambientalistas, feministas, urbanas, etcétera. En ese contexto, la representación política de esas demandas necesariamente implica una “polarización” de nuevo cuño, ya no definida únicamente en función de la posición que adoptan los distintos actores frente a la guerra, sino por la representación de las demandas represadas durante medio siglo. Ambas formas de polarización se traslapan aunque no se confunden. Así, mientras las elecciones de 2014 y el plebiscito de octubre de 2016 evidencian un escenario político estructurado por la opción guerra/paz, las elecciones presidenciales de 2018 insertaron en el campo político la necesidad de transformaciones de fondo para responder a las demandas mencionadas.

El otro elemento característico del escenario posterior al Acuerdo es el intento de construir una identidad política de “centro”, que empieza por denunciar el carácter ficticio de la polarización, cuando no por rechazar lo que considera una manera de alentar la “lucha de clases”, para designar los intentos de representar las demandas irresueltas que han alimentado la violencia política. El “centro”, cuyo análisis desborda estas líneas, está constituido por sectores de la política tradicional que no comparten los medios del uribismo o que acompañaron al gobierno Santos en las negociaciones, así como por actores emergentes que por distintas razones no apuestan a una confrontación abierta con quienes detentan el poder y los privilegios en el país.

Aunque por el momento el anuncio de retorno a la guerra por la facción de las Farc no parece modificar de fondo ese escenario, sí incrementa las probabilidades de que la polarización guerra/paz termine por sobreponerse o desplazar a la polarización que originan las demandas aplazadas por medio siglo que alimentan periódicamente la guerra. De hecho, el llamado del ex candidato presidencial, Sergio Fajardo, a rodear al presidente Duque para enfrentar la nueva amenaza, es una muestra de lo que podría significar una escalada violenta, en la medida en que el “centro”, reacio a representar las demandas emergentes tras la firma del Acuerdo, se fragmentaría nuevamente en torno a la bifurcación guerra/paz, entre quienes acompañarían al gobierno uribista y quienes apostarían por una expresión autónoma de la sociedad civil en función de la implementación del Acuerdo.

En fin, si bien en este momento la apuesta política de Márquez y sus camaradas nació muerta, tanto por las carencias del propio grupo como por el rechazo generalizado, siendo finalmente asimilado a una disidencia más sin reconocimiento político, la apuesta militar va a tener oportunidad mientras no se traten de fondo los históricos problemas estructurales que suscitan la guerra o, cuando menos, aquellos que fueron abordados en el Acuerdo de Paz, como la Reforma Rural Integral. Mientras la situación en los campos y ciudades siga igual o empeore, el problema no va a ser el posible retorno a la guerra de los desmovilizados de las Farc hoy comprometidos en el proceso, pues “mano de obra” para la guerra se conseguirá con relativa facilidad en función de objetivos políticos o meramente criminales.

Publicado enEdición Nº261
Jueves, 26 Septiembre 2019 16:50

Cuando el río suena, piedras lleva

https://oiganoticias.com/2018/09/21/las-farc-se-rearman-y-vuelven-al-monte/

Más de un seguidor de la teoría de la no-violencia, la muerte de los meta-relatos y posmodernos deben estar rascándose la cabeza y tomando mucho café, a partir del video de los comandantes de las Farc con el fúsil al hombro, así uno de ellos tenga problemas de visión. Aguaceros de reflexiones, contra-argumentos contra la lucha armada, acuerdos de La Habana hojeados con lupa y libros sobre la guerrilla desempolvados pueden estar ocupando el primer lugar en escritorios y salones de clase.

Ojo. Que los uniformes verde olivo (nuevos y viejos) no nos distraigan de la almendra de este asunto. Sacude fibras que en pleno siglo XXI reaparezca una guerrilla, pero no es la única en el mundo que vive actualmente; veamos al pueblo kurdo y sus cuerpos armados de hombres y mujeres, veamos la India donde está la guerrilla Naxtalita; o la guerrilla del Eln que sigue operando en Colombia. Ahí no puede limitarse la reflexión.

Los acuerdos de La Habana fueron pactados con el fin de cambiar algunas condiciones de vida de los miembros de las Farc y de las comunidades de los territorios donde ellas operaban. Con naturaleza reformista, sus 6 puntos estipulaban leyes económicas, judiciales, sociales, comunicacionales, de reintegración y beneficios tanto para la guerrillerada y comunidades, como para sus detenidos/as políticas, que pusiera fin al conflicto armado con este grupo subversivo. Pero se vio truncado por un plebiscito donde ganó el NO convalidar lo firmado en La Habana; Acuerdo pocas semanas después firmado una vez más –con un proceder lo más parecido al del pupitrazo– en un teatro en Bogotá. La ultra derecha había hecho bien su tarea de movilizar sus seguidores para frenar la aprobación de esos acuerdos.

A partir de ahí, se empezaron a revelar una serie de inconsistencias en la parte del trato que el Estado debía cumplir. Las zonas de integración donde se ubicó la guerrillerada fueron blanco de la corrupción desde el inicio. Mercados vencidos, incumplimientos en los tiempos de entrega de los enseres, casas hechas en medio del barro, incluso se presentaron zonas donde no había agua. Para rematar, los paramilitares estaban cercando estos lugares. La misma guerrilla empezó a denunciar estas condiciones inhumanas de vida.

Seguidamente, los asesinatos selectivos de los excombatientes empezaron a subir como espuma. Más de 100 se cuentan a la fecha. Junto a los casos de desplazamiento y amenazas contra estos excombatientes a manos de paramilitares que entraron en el plan de retomar los territorios donde no mandaban las armas de las Farc, para imponer la ley de las suyas. Siguiendo con el listado de traiciones al proceso de negociación, se presenta la captura de Santrich –bajo acusaciones de narcotráfico– con un espectacular cubrimiento mediático que lo inculpaba antes de iniciar el juicio, alegato y demás. La emboscada estaba cantada.

Escarbando más hondo, encontramos la raíz de todo esto. El modelo económico neoliberal no se tocó. La estructura económica que rige a Colombia sigue intacta, donde banqueros, industriales privados, agroindustriales, grandes comerciantes, multinacionales de sectores servicios, petróleo, minero-energético y ricos locales engordan sus cuentas bancarias a costa de la miseria del pueblo y destrucción de la naturaleza. En ese marco global ¿usted cree que unos acuerdos de paz pueden echar frutos? Claro, están aquellas microempresas de excombatientes donde producen cerveza artesanal, sacha ichi, zapatos, morrales, para su sustento colectivo y familiar, pero no lograron transformar la lógica del mercado, la competencia y dependencia del sector privado en todos los niveles de la economía, para que esas iniciativas económicas puedan garantizar, primero, un modelo económico que ponga al ser humano y naturaleza por encima del capital y, segundo, que promueva unas relaciones sociales solidarias y dignas.

El gobierno nacional hizo lo que llamamos en dominó, tapicui. Jugó sus fichas para que por punta y punta perdieran las Farc. En este contexto, ¿quién en sus cinco sentidos no cosecha la idea de seguir echando plomo? Si la correlación de fuerzas para el 2012, año donde inició la mesa en La Habana, hubiera sido distinta ¿no creen que las otras insurgencias –Eln y Epl– también se hubieran pegado a un proceso de diálogo, junto a las comunidades/movimiento social para realizar las transformaciones de raíz que exigimos hace más de 50 años? ¡Claro que sí!

¿Cuáles reflexiones se cocinan?

 Para que haya un proceso de paz real, se debe meter mano al modelo económico y social que causó el conflicto armado, para construir otro modelo que esté acorde a los intereses de las comunidades, de las mayorías. Pues son los intereses de los ricos y multinacionales los que no permiten tener paz. De eso, nos pueden hablar muy bien los hermanos/as de El Salvador y Guatemala. Así mismo, también podemos ver que el agua, los árboles, los animales, la tierra, los minerales y todo el extenso cuadro del territorio continúa siendo un escenario de disputa entre el capital y las comunidades; y cada uno buscará las formas de ganar esa disputa.

Por otro lado, la bandera de la paz se ha revelado como un escenario de disputa ideológica y política. Porque diferentes concepciones se chocan como un par de trenes sin frenos. Está la concepción de la paz de los ricos (desarme de las insurgencias, debilitamiento del movimiento social-político, continuación de los negocios con multinacionales y entrega irrestricta de la naturaleza a la explotación minero-energética) versus la visión de paz de las comunidades (defensa y permanencia en el territorio, participación directa en la construcción del Estado-nación, deslinde de megaproyectos e implementación de alternativas económicas que frenen el cambio climático).

El reflejo

El video de las Farc 2.0 expone la vigencia del carácter integral de la lucha social y política de las comunidades de Nuestra América y el mundo. A partir del contexto, historia, cultura de cada comunidad, estas deciden cómo organizarse y cómo movilizarse. En algunos casos la principal herramienta es la toma de tierras baldía, en manos de terratenientes, en otros la toma de instituciones públicas/privadas, cierre de carreteras para frenar el movimiento del capital, junto al despliegue del relacionamiento internacional para denunciar y consolidar fuerzas entre organizaciones sociales-políticas.

Lo que está pasando en Colombia no es un caso de terquedad de unos pocos en seguir disparando y poniendo bombas. Por el contrario, es el reflejo de que los ricos tienen el pie en el acelerador en sus planes de seguir robando y regalando los bienes de la naturaleza, los recursos públicos a costa de la miseria de las comunidades; dando como resultado más gente con ganas de subvertir ese orden de cosas.

*Comunicador social. Coordinador Nacional Agrario.

Publicado enEdición Nº261
“En mi unidad del Ejército se presentaron desapariciones forzadas”

El testimonio del excomandante de un grupo de élite describe el mecanismo de los 'falsos positivos' que se dieron en Colombia

Primero, los ejecutaban. Después, hacían desaparecer los documentos de las víctimas para entorpecer la investigación. Este era uno de los procedimientos de los llamados "falsos positivos", esto es, miles de ejecuciones extrajudiciales perpetradas durante al menos 15 años por militares colombianos. Y así respondieron distintas unidades del Ejército a la política de incentivos que buscaba mejorar los resultados o las "bajas" de guerrilleros en combate. Tras este eufemismo, en realidad, hubo 2.248 asesinatos probados de civiles inocentes, según la Fiscalía, que fueron cometidos principalmente entre 2002 y 2008. Precisamente a esa época se remonta el testimonio de un mayor retirado dado a conocer este martes por la Comisión de la Verdad, el organismo público dedicado al esclarecimiento de las causas del conflicto armado.

La declaración en vídeo del exoficial Gustavo Enrique Soto no tiene alcance judicial porque esta entidad no es un tribunal como, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, supone un reconocimiento sin apenas precedentes y un relato valioso para entender los engranajes de un mecanismo criminal que manchó a la fuerza pública. Soto fue, entre 2006 y 2007, comandante de un Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal), un equipo de élite que actuaba bajo la responsabilidad del comando de las Fuerzas Armadas en el departamento de Casanare, en el este del país.

"En mi unidad, el Gaula Militar Casanare, se presentaron desapariciones forzadas, y el día de hoy quiero manifestarles a ustedes de igual manera que he aceptado mi responsabilidad", reconoce el exmilitar, que pasó una década en prisión y que ahora, tras demostrar su compromiso con la reparación de las víctimas ante la JEP, ha denunciado amenazas. "Quiero contribuirle a la verdad, a las víctimas, buscando las personas que se encuentran desparecidas", continúa Soto antes de incidir en su "arrepentimiento de corazón". Además de su declaración, la Comisión de la verdad difundió también las de José Éver Veloza, un exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y de José Benito Ramírez, excomandante del Bloque Sur de las FARC. Todos reconocen "hechos de desaparición". Aun así, las premisas de estos casos son muy distintas, al tratarse por un lado de dos combatientes integrados en organizaciones ilegales y por otro de un representante del Ejército, cuya misión es precisamente velar por la legalidad.

"Tengo algunos documentos que van a ser de suma importancia por las estadísticas que se manejaban en ese momento. Cuando fui comandante del Gaula militar Casanare siempre traté de mantenerme en el top 10, es decir, entre las diez mejores unidades del Ejército y esto generó muchos problemas al pueblo colombiano y en particular a las víctimas que son las que hoy están sufriendo este dolor", explica el exoficial.

Encabezar la clasificación era sinónimo de recibir incentivos monetarios o permisos. Y para que el sistema funcionara, se falseaban las pruebas. "Generalmente, cuando se daba un muerto desaparecían los documentos ¿Por qué? Pues, con el personal más antiguo que estaba, con los soldados…. No, para que sea más difícil identificarlo. Permití que se realizara de esa manera, porque muchos lo realizaban así, los reportaban como NN, y yo también lo permití, por eso he aceptado mi responsabilidad", describe Soto, que promete aportar "las actas de levantamiento de cadáver" y sobre "diferentes misiones tácticas". Ya han pasado 12 años de aquellos crímenes y este militar, como otra decena de oficiales del Ejército retirados, decidió denunciar lo que ocurrió. "Mi compromiso hoy es pleno. Quiero que ya las víctimas terminen con ese dolor que yo les generé. Quiero pedirles un perdón a todas las víctimas por este daño que yo les causé".

Por Francesco Manetto

Bogotá 25 SEP 2019 - 02:26 COT

Publicado enColombia
Miércoles, 25 Septiembre 2019 05:41

Uruguay se retira del TIAR

"El tratado es obsoleto e inconducente" dijo Nin Novoa. Imagen: EFE

"Están abriendo paso a una intervención armada", sostuvo su canciller, Rodolfo Nin Novoa, e informó que lo denunciará ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Uruguay saldrá del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) luego de votar en contra de las sanciones que este organismo resolvió imponer este lunes al gobierno de Venezuela. "Están abriendo paso a una intervención armada", sostuvo el canciller, Rodolfo Nin Novoa, e informó que lo denunciará ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

"Nos salimos del tratado por obsoleto, por inconducente, por uso inapropiado del mismo”, argumentó el canciller uruguayo. Este lunes, en una resolución aprobada por 16 de los 19 Estados firmantes, el TIAR resolvió identificar y sancionar a dirigentes del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro vinculados con actividades ilícitas, corrupción o violaciones de los derechos humanos. “Esta resolución sienta un gravísimo precedente en materia de derecho internacional, particularmente en lo relativo al principio de la solución pacífica de las controversias y al principio de no intervención. La región ha sido testigo de intervenciones armadas (...) y Uruguay jamás se prestará para justificar acciones de esta naturaleza", añadió. Además indicó que la activación del TIAR afectaba de manera grave el sistema multilateral porque es una resolución que permite "ingresar extranjeros a un país a capturar, extraditar y sancionar personas sin su consentimiento".

"Conforme al artículo 25 del TIAR el gobierno uruguayo ha decidido denunciar dicho tratado, a cuyos efectos estará remitiendo a la Secretaría General de la OEA la notificación formal de esta decisión", acotó el canciller uruguayo. Recalcó que el rol de Uruguay es "el que ha tenido a lo largo de toda su historia" de fomentar la paz, el entendimiento y el diálogo para la solución de las controversias. La desvinculación de Uruguay del Tratado tendrá efecto en un plazo de dos años.

Las sanciones que impuso ayer el TIAR a Venezuela, promovidas por Estados Unidos, contaron con el apoyo de Venezuela (representada por enviados de Guaidó), Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, EE.UU., Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y la República Dominicana. Uruguay votó en contra, Trinidad y Tobago se abstuvo, y Cuba estuvo ausente. En el texto, los países se comprometen a identificar a personas y entidades asociadas al gobierno de Maduro que estén vinculadas a actividades ilícitas, a corrupción o a violaciones de los derechos humanos para proceder a investigarlas y sancionarlas, por ejemplo congelando los activos que puedan tener en esos Estados. 

Los firmantes también prometen perseguir, capturar y extraditar a esos individuos, ya sean personas vinculadas con "el blanqueo de capitales, el tráfico ilegal de drogas, el terrorismo y su financiación" o responsables de "actos de corrupción o de violaciones graves de los derechos humanos". La resolución no hace ninguna mención a una posible intervención armada, una posibilidad que plantea el marco del TIAR, que es una suerte de OTAN americana. Además, los miembros del Tratado acordaron estudiar otras posibles medidas y volver a reunirse en el plazo de dos meses. Estas son las primeras acciones adoptadas contra Venezuela en el marco de este tratado, después del primer paso para su activación el pasado 11 de septiembre en la OEA.

En plena campaña por las elecciones presidenciales de octubre en Uruguay, la oposición aprovechó el hecho para acusar al gobierno de Tabaré Vázquez (Frente Amplio) de aliarse con el gobierno chavista. Pero el canciller uruguayo defendió la medida: “Uruguay votó en contra de esta resolución, no a favor del gobierno de Venezuela, sino a favor del derecho internacional y de la paz y de la institucionalidad de las instituciones regionales”. 

Publicado enInternacional
 La cúpula de la extinta guerrilla de las FARC, este lunes en Bogotá tras la comparecencia. Iván Valencia AP

La cúpula de la antigua guerrilla responde por el delito de secuestro sistemático. "Todos y todas perdimos", asegura Timochenko

El proceso de paz entre las FARC y el Estado colombiano consistió en buena medida en la negociación de un relato. Eso sucedió en La Habana, durante más de cuatro años de conversaciones, y sigue pasando, cada día, en medio de la aplicación de los acuerdos que pusieron fin a un conflicto armado de más de medio siglo. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia encargado de juzgar los crímenes de la guerra, es el escenario en el que se confrontan ahora las versiones sobre el pasado reciente de un país lacerado por la violencia. Por eso su función, que en última instancia es cristalizar la historia, es primordial para la reconciliación de la sociedad y el resarcimiento a las víctimas. Ante ese tribunal compareció este lunes la cúpula de la extinta guerrilla para responder del delito de secuestro sistemático. El que fuera su máximo líder, Rodrigo Londoño, Timochenko, admitió los errores cometidos y pidió formalmente perdón.

"Asumimos, como hombres y mujeres que formaron parte del último Estado Mayor Central que sobrevivió a la confrontación, nuestra responsabilidad ética y política", afirmó el exjefe guerrillero, acompañado de una decena de comandantes. Londoño, hoy presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido nacido de la organización insurgente, reiteró además el compromiso con la paz de su dirección. "Honraremos nuestra palabra empeñada, porque así nos lo impone nuestra ética nos debemos como revolucionarios y ciudadanos", dijo, en lo que supone la enésima declaración de intenciones que se desmarca de la deriva de un grupo de disidentes encabezado por Iván Márquez y Jesús Santrich, que a finales de agosto anunciaron su regreso a las armas.

- Todos y todas perdimos.

Este es uno de los mensajes centrales del escrito que acompaña el documento entregado al tribunal, una versión colectiva sobre los miles de secuestros perpetrados durante el conflicto, que son objeto de investigación del caso 001, abierto en julio de 2018.  Es decir, Timochenko mantiene que la violencia fue una derrota, el fracaso de todos, aunque la atribuye a las dinámicas propias de una confrontación bélica. "Tras décadas de guerra fratricida, nadie podría decir que hubo algún vencedor. Por el contrario, generaciones enteras fuimos condenadas a la violencia de todo tipo, incluyendo las peores vejaciones", concede la declaración de las FARC. "Ello no puede volver a suceder nunca jamás. Nuestra historia, la de Colombia, tendrá que escribirse de ahora en adelante desde la voz de quienes proscriban la guerra y otorguen un lugar protagónico a quienes la padecieron".

El excomandante aseguró que no pretende "justificar ninguna conducta que resultó violatoria del Derecho Internacional Humanitario". "Nos haremos cargo de responder por el papel que jugamos", prometió. Sin embargo, se escudó en que la guerrilla nació "en defensa de la vida y la reforma agraria y así seguirá siendo", ahora sí, desde la contienda política o el banquillo. La presidenta de la sala, la magistrada Julieta Lemaitre, explicó que el tribunal estudiará de forma exhaustiva el documento entregado: "Esta versión colectiva que nos entregaron nos permite agilizar el proceso de investigación".

El escrito, presentado en una breve vista de menos de una hora, describe someramente la práctica criminal del secuestro, que a menudo acababa en asesinato de las víctimas. Timochenko viene a decir que las atrocidades de la guerra impidieron que "las normas de las FARC-EP pudieran ser cumplidas a cabalidad, lo que llevó a que ocurrieran hechos lamentables, como lo son las retenciones a civiles". La guerrilla, explica, tenía dos leyes, llamadas 002 y 003, que fueron "disposiciones que dieron forma a la política de retenciones". "Cabe aclarar que estas buscaban minimizar las retenciones realizadas", continúa la introducción al documento, que no hace hincapié en los casos individuales pero promete detallar "cómo se llegó a la decisión de retener a otras personas con el fin de obtener un canje humanitario" o a "tomar la decisión de detener figuras políticas". "De igual manera, se explica cómo se llevaron a cabo las retenciones con fines económicos".

"Detener, detenidos, retenciones...". Estas son las palabras empleadas por el antiguo mando de las FARC, que evita referirse abiertamente al secuestro. Porque además del relato sobre lo sucedido, en la JEP se asiste también a una disputa semántica entre las partes. Así las cosas, la meta del tribunal será también la de fijar las palabras que escriban al fin la historia de Colombia.

Por Francesco Manetto

Bogotá 23 SEP 2019 - 15:37 COT

Publicado enColombia