¿Trump busca comprar Groenlandia para contener a Rusia y a China en el Ártico?

ANTECEDENTES: Desde hace 12 años sigo la geopolítica del Ártico donde Rusia y China han sembrado a EU: "La nueva guerra gélida por los hidrocarburos del Ártico" (https://bit.ly/308c3PH); "Rusia nacionaliza las aguas profundas del Ártico" (https://bit.ly/2NdAojo); "Rusia y China, juntos a la conquista del Ártico" (https://bit.ly/2YYbmMq); "La Ruta de la Seda polar de China: un país casi ártico" (https://bit.ly/2L4TQwj ); "Rusia y China impulsan la Ruta de la Seda del Ártico y siembran a EU" (https://bit.ly/2KFIT5h).

Recientemente abordé que "Rusia se posiciona en el Ártico con apoyo de China y la hostilidad de Estados Unidos y el Reino Unido" (https://bit.ly/2DLeL4w) y "EU niega el cambio climático y exaspera al Consejo del Ártico en la reunión de Finlandia" (https://bit.ly/2Yu8Cl0).

HECHOS: No es ninguna "broma", como se han burlado los políticos en el reino de Dinamarca, la oferta inmobiliaria de Trump para comprar Groenlandia.

The Wall Street Journal ( WSJ), muy cercano a Trump, reveló el interés del presidente por el "autónomo" territorio de más de 2.16 millones de kilómetros cuadrados (un poco más que México) con 56 mil habitantes nativos inuit, estratégicamente situado entre el Nor-Atlántico y el Ártico (https://on.wsj.com/31GW5wa).

WSJ comenta que Trump contempla a Groenlandia, de enorme "relevancia geopolítica", como pieza importante para los "intereses de seguridad nacional de EU" y con quien poseen un tratado añejo de defensa, extensivo a Dinamarca (miembro de la OTAN), donde destaca la base aérea Thule (desde 1952), donde espían a Rusia con sus radares.

EU busca descarrilar los esfuerzos chinos para tener un pie económico en Groenlandia, donde el Pentágono "bloqueó a China para financiar tres aeropuertos en la mayor isla del planeta".

No es la primera vez que EU "compra" territorios, cuando no los obtiene por la fuerza militar ( v. gr. con México, a quien le arrancó más de la mitad de su territorio en el siglo XIX): Louisiana (con 15 estados, comprada a Napoleón en 1803 por Thomas Jefferson), Alaska (comprada en 1867 a Rusia) y las Islas Vírgenes (vendidas, por cierto, por Dinamarca en 1916).

La motivación de Trump, según WSJ, radica en su deseo de tener "una adquisición tipo Alaska para su legado".

Trump se mueve en el linaje de Andrew Johnson y Truman quien en 1946 intentó comprar Groenlandia que ya había sido objeto de la codicia de EU desde 1867.

Más allá de las consabidas perogrulladas sobre los recursos primarios de Groenlandia –minerales de tierras raras, oro, carbón, zinc, cobre, hierro, uranio, diamantes, gas, petróleo, depósitos de pescados, "el agua más pura", etcétera–, Trump usa su "compra" para contrarrestar el nuevo dominio del binomio de Rusia y China en el super estratégico polo Ártico que con el cambio climático se transformará en una de las principales Tres Rutas de la Seda.

El legislador del Partido Republicano, Mike Gallagher, reclamó que se trata de "una jugada geopolítica inteligente" y recalcó que "EU tiene un irresistible (sic) interés estratégico en Groenlandia" (https://bit.ly/2KPhXyN).

The Economist aduce que su valor estratégico consiste en “controlar un vital punto de estrangulamiento ( choke point) marítimo”: el “corredor entre Groenlandia, Islandia y Gran Bretaña, conocido como la "brecha GIUK" que fue un importante conducto para los submarinos rusos que entraban al Átlántico durante la guerra fría”, donde ahora la "Flota Norte de Rusia ha incrementado 10 veces su patrullaje submarino" (https://econ.st/2YXingf).

CONCLUSIÓN: En medio de alarmantes sucesos en el Gran Tablero del Ajedrez Mundial contra China –guerra comercial de EU; anexión de Cachemira por India; venta de armas de EU a Taiwán; estímulo por Gran Bretaña a la secesión en Hong Kong (https://bit.ly/2HcfJZ9) etcétera–, la temeraria jugada estratégica de Trump es susceptible de provocar a Rusia, lo cual desembocaría en la militarización de la región del Ártico.

Los políticos daneses afirman que Groenlandia "no está en venta". Lo peor es que quizá no sepan que Trump va a arrebatar y/o "liberar" Groenlandia al estilo antimexicano del siglo XIX.

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–Toma un poco más de té –ofreció solícita 

la Liebre de Marzo.

–Hasta ahora no he tomado nada –protestó Alicia en tono ofendido–, de modo que no puedo tomar más.

–Quieres decir que no puedes tomar menos –puntualizó el Sombrerero–. Es mucho más fácil tomar más que nada.

–Nadie le pedía su opinión –dijo Alicia.

–¿Quién está haciendo ahora observaciones personales? –preguntó el Sombrero en tono triunfal.

Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas

 

¿A quién, más que a nadie, le interesa la paz en Colombia? ¿Quién debe asumir las banderas de la paz en el país cuando se es testigo de un regreso del péndulo hacia épocas que se intentaron dejar atrás –bajo la premisa de “no repetición– con los Acuerdos de Paz”? Al cumplirse el primer año del gobierno Duque, son múltiples las evaluaciones, por distintos actores, de cuánto se ha avanzado en la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP), en especial, en lo relacionado con el punto dos sobre participación política. Más allá de las reiteradas afirmaciones del gobierno (las más recientes en el acto de instalación de la nueva legislatura del Congreso, el pasado 20 de julio (1)) en las que reitera su compromiso para respetar y honrar el Acuerdo, se precisa contrastar lo afirmado públicamente, tanto a nivel del país como en las giras internacionales frente a interlocutores que lo han cuestionado, con los análisis realizados por diferentes organismos nacionales e internacionales que se encargan de monitorear la implementación del AFP.

El resultado del análisis es preocupante. El AFP no avanza en el sentido que su espíritu indica, los resultados a la fecha son precarios y el conflicto, lejos de haber cesado se recrudece con una ostensible falta de protección a la vida de los líderes sociales, en especial, aquellos que viven en regiones donde los poderes territoriales copan la debilidad o ausencia del Estado.

Es importante tener como punto de referencia, y a él nos vamos a referir en este artículo, el informe Profundizar la democracia para consolidar la paz, realizado por el Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd) (2).

 

El AFP, entre dos fuerzas opuestas

 

Hay que reconocer que el AFP, firmado el 24 de noviembre del 2016 por el gobierno anterior, se vio afectado en su implementación desde antes de entrar en vigencia, con la derrota en el plebiscito y hasta la entrega del mando el 7 de agosto del 2018; es decir, los últimos veinte meses del gobierno Santos no vieron un avance significativo por cuatro razones: 1) la ruptura de la bancada gobiernista que se dio con la derrota del plebiscito; el gobierno, al quedar sin mayorías en el Congreso, no logró sacar adelante las iniciativas tempranas necesarias para la implementación del AFP; 2) la insuficiente asignación presupuestal a dichas iniciativas dada la precaria situación presupuestal del gobierno en su último año de gestión; 3) el traslapo de la implementación del AFP con el proceso electoral, tanto presidencial como parlamentario, que se dio durante el 2018, lo cual generó trabajo a media marcha del andamiaje institucional responsable de echar a andar el Acuerdo y, 4) la propia decisión del Ejecutivo de darle prioridad a algunos “pilares” de la paz, como lo son la JEP, los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET– y la transición de las Farc de guerrilla partido político (3).

A lo anterior, hay que sumar la correlación directa entre la inesperada derrota del Sí en el plebiscito y el triunfo de Duque, candidato presidencial del partido que lideró la oposición al AFP en el plebiscito. Por todo lo anterior, es evidente que el AFP llegó debilitado al presente cuatrienio (2018-2022) al encontrar un ambiente frío, cuando no hostil, generado principalmente por la vieja disputa política entre Santos y Uribe, y la consecuente polarización de la opinión pública entre dos visiones sobre el conflicto: una de apoyo irrestricto a la paz y otra de escepticismo disfrazado de “paz sí, pero no de ese modo”. En ese sentido, lo poco sucedido en torno a la puesta en marcha del AFP desde la llegada de Duque no ha sorprendido a nadie, aunque sí hay una característica reiterativa: en el aparente afán del Presidente de desmarcarse ubicándose algo menos a la derecha de su mentor –abiertamente enemigo del AFP– y procurar aparecer como un líder más mesurado y conciliador, su estrategia retórica, cada vez que tiene que referirse a la implementación del AFP es positiva y de vehementemente apoyo, en especial cuando se dirige a organismos internacionales, multilaterales o a líderes y mandatarios de países europeos. En esos escenarios no parecería haber duda de su compromiso con la paz y con el AFP. Por ejemplo, en la 73ª Aamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 26 de septiembre de 2018, afirmó: “Pero quiero reiterar ante esta Asamblea que nuestro propósito, el propósito de Colombia, es cumplirles a quienes han tomado el camino genuino de dejar la violencia”(4).

 

Avances aparentes en el actual gobierno

 

Otra cosa es la que se ha visto en el país. En una gimnasia aparentemente contradictoria, el Ejecutivo, al contrario de las amenazas del Centro Democrático, no “hizo trizas” el Acuerdo, sino que echó a andar muchas de las acciones que el gobierno Santos no había tocado. De esta manera estableció el Plan de Acción Oportuna para la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas (PAO) que trabaja en tres ejes: (i) articulación y reingeniería institucional para garantizar el trabajo coordinado y armonizado entre las distintas instituciones estatales responsables de la seguridad de estos actores; (ii) actuación estratégica en el territorio para atender las necesidades focalizadas y diferenciadas de cada entorno y región; (iii) estrategia de comunicaciones y capacitación, para contrarrestar la estigmatización de la condición de líder y de la actuación del Estado, así como para dar a conocer la oferta existente de programas de protección y autoprotección. Lo paradójico es que el gobierno Duque, en todo lo relacionado con el PAO, como acertadamente anota Nimd(5), no hace referencia alguna al AFP, como si quisiera invisibilizarlo y hacer casi que borrón y cuenta nueva para deslindarse de su antecesor y de sus logros con la paz. 

En cuanto al impulso establecido por el AFP a la participación de las Juntas Administradoras Locales en la elaboración de planes de desarrollo el gobierno actual realizó entre agosto y diciembre del 2018, cuarenta y ocho mesas departamentales y ocho talleres regionales a las que asistieron más de diez mil personas pertenecientes a Juntas de Acción Comunal, al Consejo Nacional de Planeación, población vulnerable, organizaciones juveniles, autoridades departamentales y municipales, representantes gremiales, veedurías ciudadanas, partidos políticos que dejaron cerca de diez mil propuestas y recomendaciones para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (6).

De igual modo, el AFP exigió al Gobierno garantizar el intercambio de experiencias exitosas de participación ciudadana entre las organizaciones sociales y las autoridades locales y regionales, de acuerdo con las particularidades de los diversos territorios. Para ello, se creó recientemente la Red nacional de secretarios de paz, aunque, una vez más, como anota Nimd, explícitamente no lo reconoce como un acatamiento al mandato del AFP. Esta Red opera como un espacio presencial y virtual para el intercambio de experiencias, buenas prácticas, inquietudes y desafíos que tienen los gobiernos locales y las comunidades en busca de la construcción de una paz integral y sostenible. 

En cuanto al estatuto de la oposición, este fue aprobado como resultado del AFP, un “marco general para el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones políticas y de algunos derechos de las organizaciones independientes”. Si bien entró a regir en julio de 2018, un mes antes de llegar el nuevo gobierno, el Consejo Nacional Electoral lo fortaleció y viabilizó en diciembre al reglamentar parte de su articulado, específicamente las pautas de financiamiento y el acceso a medios de comunicación. De esa manera, la resolución estableció que las agrupaciones que se declaren en oposición al Gobierno tendrán acceso de manera equitativa a los medios de comunicación para controvertir las alocuciones que hagan funcionarios de alto gobierno (7); que la distribución de estos espacios serán sorteadas públicamente por el CNE y corresponderán a 30 minutos mensuales en las franjas de mayor sintonía en medios con cobertura nacional; que en caso de información tergiversada los partidos en oposición contarán con el derecho de réplica en los mismos medios de comunicación, horario, espacio y lugar en donde se haya publicado el dato original; que el CNE creará una comisión de monitoreo para comprobar que se están cumpliendo estos derechos; que estas agrupaciones tendrán derecho al acceso a la información y documentación oficial dentro de los cinco días siguientes a la solicitud que hagan; que los recursos para la financiación se distribuirán entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica declarados en oposición conforme a la normatividad vigentes; que estas agrupaciones deberán desagregar estos dineros del total de ingresos y gastos en sus informes anuales, entre otras cosas.

Otra de las tareas establecidas en el AFP cumplidas por Duque es la creación de un sistema de alertas tempranas sobre riesgos de seguridad en contra de líderes, organizaciones y defensores de derechos humanos y las que mejoran el monitoreo de las nuevas expresiones de violencia y ayudan a prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, las amenazas y las intimidaciones a sectores sociales que promueven la reivindicación de derechos y la implementación del Acuerdo.

Esto se consiguió a través del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida frente a organizaciones y conductas criminales que pongan en riesgo la implementación de los Acuerdos de Paz, firmado por la Defensoría del Pueblo con la Organización de las Naciones Unidas. Si bien fue una iniciativa gestada durante la administración Santos, como dice Nimd (8), el haber sido oficializada durante la primera Asamblea General de las Naciones Unidas en la que intervino Duque, y el haber recibido su apoyo y ratificación, le da cierto hálito de política de Estado que podría invitar al optimismo. 

Otro caso es la continuidad que se le ha dado al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), creado en 2017 en cumplimiento de varias de las tareas establecidas en el AFP. El gobierno Duque, en un decreto que sorprende por hacer abierta referencia a la implementación del Acuerdo “nombró como delegado presidencial ante esta instancia a su Alto Consejero para el Posconflicto (ahora mudó su nombre a Consejería para la Estabilización y la Consolidación, omitiendo, explícitamente, la palabra posconflicto) a Emilio Archila, a quien se le otorga, además, la secretaría técnica del Sisep y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Cngs), así como participación en la Mesa técnica de seguridad y protección del Programa de Protección Especializada (Art. 2); nombramientos que, en principio, “podrían ser vistos como un espaldarazo al Sistema y la prolongación de los esfuerzos en la materia” (9).

Por último, es necesario mencionar la firma por parte del Gobierno del Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos, en el marco de una de las Mesas por la protección de la vida convocadas por la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior es importante por cuanto el Gobierno se comprometió a iniciar de manera inmediata la elaboración de una Política pública de prevención y protección integral con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial.

En resumen, el Gobierno actual se ha concentrado en dos tipos de tareas: aquellas relacionadas con garantizar la seguridad de quienes participan en políticas y las que tienen el objetivo de facilitar la participación política ciudadana y el control social. Esto habla más de la capacidad del Presidente como un administrador de Estado que como un jefe de Estado, como comienza a afirmar un sector de los intelectuales que lo ha apoyado desde la campaña: “Duque no ofrece ningún proyecto, salvo administrar bien lo que hay” (10).

 

La otra cara de la moneda: Retrocesos cualitativos

 

Los anteriores avances, si bien no son desdeñables, no son, ni mucho menos, para salir a celebrar. Nimd en su informe puntualiza de qué manera el gobierno Duque, si bien superficialmente ha hecho progresos cuantitativos en la implementación el Acuerdo, se ha desviado del espíritu que anima al mismo: “se percibe un estancamiento e incluso un retroceso con respecto a lo que se alcanzó a hacer en el cuatrienio anterior, y especialmente, con relación al ‘espíritu’ del Acuerdo”.

Es doblemente preocupante que los atentados y asesinatos de líderes sociales no hayan parado desde el inicio del actual gobierno. En primer lugar, si bien es difícil contar con cifras actualizadas, el defensor del pueblo, Carlos Negret, aseguró que en Colombia se registraron 196 asesinatos de líderes sociales entre marzo del 2018 y mayo del 2019, siendo junio y julio del año pasado los meses más críticos. El funcionario reveló que durante este periodo de tiempo se registraron 1.608 conductas vulneradoras “de las cuales fueron 1.351 amenazas, 44 atentados, 196 homicidios y 17 de otra clase de amenazas”, siendo Magdalena, Cauca, Atlántico y Bogotá, las regiones con mayor número de amenazas. En cuanto a atentados, el Defensor aseguró que “el que se lleva el deshonroso primer lugar es Norte de Santander”, y reveló que hasta el momento se han registrado “134 líderes asesinados de excombatientes” que pertenecieron a las Farc (11).

Sin embargo, más allá de los números que hablan por sí solos; y bien podría argumentarse que se trata de un problema estructural el cual toma tiempo torcer la tendencia, es aún más preocupante, como señala Nimd que las políticas implantadas por el gobierno Duque están “priorizando un modelo de seguridad que va en contravía con lo pactado en el Acuerdo, que no parecen estar teniendo en cuenta los intereses y reclamos de los actores que precisamente están buscando beneficiar y que, en ocasiones, parecieran estar pensadas para un país que está entrando en un conflicto armado” (12)  y no precisamente, en uno que está intentando salir de él.

El ejemplo irrefutable es el PAO, calificado por distintas organizaciones y plataformas de derechos humanos como “totalmente militarista”, encaminado a que prevalezca “la intervención militar y policial por encima del accionar integral del Estado para la superación de la violencia en las regiones”(13). El PAO apela a viejas estrategias de épocas de guerra como mayor inteligencia, mayor presencia de la Fuerza Pública, mayor coordinación entre Fuerzas Militares y de Policía y le da demasiada preponderancia al sector defensa, mientras que en los municipios donde se están asesinando a los líderes sociales hace falta una intervención integral del Estado. En otras palabras, el PAO recuerda las épocas de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe 2002-2010.

En el mismo orden de ideas, hay que resaltar que uno de los fines del PAO es construir una nueva política pública integral para la garantía de la defensa de los derechos humanos, con ello se soslaya la arquitectura institucional diseñada con el Sisep (Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política) y la Cngs (Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tiene como tarea diseñar y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo aquellas que afectan a líderes y defensores de derechos humanos y movimientos sociales). Estas, aunque el Gobierno Duque se comprometió públicamente a darles continuidad y a fortalecerlas, en la práctica, ha hecho todo lo contrario. La Cngs, por ejemplo, entre agosto y diciembre de 2018 fue convocada una sola vez, a pesar de que la norma obliga al Ejecutivo a hacerlo mensualmente. Por el contrario, en este periodo el Gobierno no solo creó la Comisión intersectorial para el PAO sino que le otorgó varias de las funciones propias de la Cngs con el agravante de que la primera no tiene representación de la sociedad civil. Es decir, la principal estrategia gubernamental para proteger a los líderes y organizaciones sociales y políticas se está diseñando sin tenerlos en cuenta directamente (14).

Otros ejemplos son la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización, diseñada entre 2017 y 2018 a través de un proceso participativo subregional con la participación de la Cngs; esta política sigue sin ser aprobada por el gobierno Duque; lo mismo ocurre con los Planes piloto de seguridad a líderes, una serie de estrategias identificadas y priorizadas con líderes y organizaciones sociales en el Cauca, Nariño, Norte de Santander y Córdoba, departamentos que muestran el mayor índice de violencia contra líderes sociales (15).

De nuevo aparece la tendencia del actual gobierno del doble discurso: afirmar públicamente una cosa y actuar de manera contraria, como dice Nimd “como una marcada intención por desmontar el enfoque concertado y civil presente en las políticas sobre el tema de los últimos ocho años, para reemplazarlo por uno que privilegia lo policial y lo militar”.

El sistema de justicia transicional del Acuerdo, cristalizado con la JEP, ha sido víctima de continuos ataques por parte del Gobierno: primero con una serie de objeciones que se intentaron hacer previo a la sanción presidencial –y que fueron derrotadas por el Congreso y la Corte Constitucional–, luego con una de las formas más eficientes de asfixiar un proyecto político y social: cortándole los recursos necesarios para operar, maniobra conocida de manera informal como “el hachazo presupuestal” a la JEP (16). A comienzos de julio el Gobierno anunció que el presupuesto asignado a la JEP y a las demás entidades encargadas de desarrollar los programas del AFP, tendrá para el 2020 un recorte del treinta por ciento con relación al del 2019 y por último, con el referendo para acabar con la JEP que tratan de gestar desde los toldos del Centro Democrático, con la recolección de firmas entre los ciudadanos. De nuevo el doble discurso…

 

Estrategias de la sociedad civil para la construcción de la paz

 

Ante semejante panorama –y con el agravante de que apenas se cumple el primer año del cuatrienio Duque– se torna evidente e imperativo que le corresponde a la sociedad civil –apoyada por la siempre presente comunidad internacional– asumir la defensa del AFP para promover múltiples estrategias para la construcción de la paz. Y así ya está sucediendo. La paz no es huérfana: un conjunto de sectores políticos y sociales lidera actualmente la plataforma Defendamos la Paz, expresión de una verdadera movilización en respaldo a los acuerdos firmados en noviembre de 2016. Las transformaciones estructurales que plantea el AFP le imprimen a la movilización que lo respalda un sello político que se suma a los cambios culturales buscados por la misma movilización. Este doble proyecto, político y cultural, enmarca los retos de la sociedad colombiana: una sociedad en la que se pueda convivir y resolver los desacuerdos sin la mediación de la violencia, a pesar de las diferencias existentes a su interior (17).

“La construcción de paz –afirma, por su parte, Galindo Español, investigador del Cinep/PPP– no es solamente una tarea del Estado, sino para que sea exitosa es necesaria la participación activa de la sociedad civil en acciones enfocadas a promover una cultura de paz en Colombia. En este sentido, en el interior del país, la movilización social por la paz acompañó el proceso creando un ambiente favorable para la implementación, a través de una serie de expresiones sociales denominadas Acciones Colectivas por la Paz (ACP) (18).

La paz, como proyecto público, sostiene Velásquez (2019) –también del Cinep/PPP– “tiene como núcleo la construcción de una sociedad en la que intereses diferentes puedan convivir sobre la base de reglas de juego acogidas por todos y todas, sin que sea necesario recurrir a la violencia y a la eliminación del adversario como camino para la solución de los desacuerdos. Pero también es un proyecto cultural, que debe inspirarse en nuevas concepciones del mundo y de la vida, en imaginarios y prácticas que promuevan una convivencia democrática, incluyente, sin violencias ni autoritarismos. Como proyecto político y cultural, la paz es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto” (19).

Es allí donde cobra sentido la movilización de la sociedad por la paz. Dicho de manera resumida, se recoge aquí lo dicho por Velásquez: “Las diferentes estrategias de acción colectiva […] muestran no solo la dinámica de grupos sociales de distinta procedencia, sino la diversidad de formas, territorios, escenarios y modalidades de actuación desplegadas a lo largo de la negociación. Es esa masa crítica de víctimas del conflicto, de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, de intelectuales y demócratas, en el campo y en las ciudades, la que tendrá la gran responsabilidad de defender la paz ante las minorías que reditúan económica y/o políticamente de la guerra y que quieren mantener los privilegios que les otorga el manejo de los hilos del poder. La paz es un proyecto político de largo aliento y deberá contar con una fuerte base social de apoyo y sostenibilidad que haga contrapeso a esas élites excluyentes” (20).

 

A modo de conclusión

 

Al AFP no se le puede dejar solo y confiar en que el Gobierno ponga en operación las múltiples estrategias, iniciativas y tareas que están establecidas allí. Se ha visto, como está demostrado en estas líneas, de que manera el Gobierno desdice con sus acciones lo que afirma públicamente dentro y fuera del país. Para ello, corresponde a la sociedad civil hacer el contrapeso necesario para que el Acuerdo perviva y se convierta, pese a todos los obstáculos y dificultades que atraviesa, en los cimientos de la construcción de lo que hemos llamado, en otro escrito (21), la fundación de una Segunda República en Colombia.

 

1. El presidente, en su alocución al Congreso, dijo: “Todos queremos la paz, todos vamos a trabajar por ella, pero tiene que ser una paz que brinde Legalidad a todo el territorio. Por eso, reiteramos nuestra convicción en la reincorporación de los excombatientes, y nuestra voluntad para apoyar y respaldar a quienes genuinamente renuncien a la violencia y opten por el camino de la Legalidad.” En https://www.elheraldo.co/colombia/lea-aqui-el-discurso-completo-del-presidente-duque-en-instalacion-de-las-sesiones.

2.  Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd), (2019)  Profundizar la democracia para consolidar la paz, avances en la implementación del punto dos del Acuerdo Final de Paz, relativo a  la participación política,  Bogotá.

3. Nimd, pp. 21-22.

4. Nimd, p. 23.

5. Nimd, p. 25.

6. Nimd, p. 25.

7. El anterior presidente del Congreso, en el día que entregaba su cargo, el 20 de julio pasado, le hizo una jiugada a la oposición para sabotear su derecho a contradecir al Presidente en su alocución

8.  Nimd, p. 28.

9. Nimd, p. 29.

10.  Duncan, G., “Jugadita”, en El Tiempo, Bogotá, 25 julio, 2019.

11. RCN, recuperado el 22 de julio 2019: https://www.rcnradio.com/colombia/en-un-ano-196-lideres-fueron-asesinados-en-colombia-defensoria-del-pueblo

12.  Nimd, p. 33.

13. El Espectador, 2019, citado por Nimd, p. 33. 

14. Nimd, p. 34.

15.  Nimd, p. 35.

16.  Restrepo, J.C., (2019) “El hachazo presupuestal en la JEP,” en Razón pública, en https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/12126-el-hachazo-presupuestal-a-la-jep.html

17.  Cinep/PPP en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf

18.  Galindo, A.M. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

19. Velásquez, F.E. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

20.  Ibid., p. 3.

21.  Potdevin, P., “Nuevas culturas para la fundación de una Segunda República” en Le Monde diplomatique, edición Colombia, Nº 190, julio 2019, pp. 7-9.

* Escritor, integrante del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.

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Oscar Pinto, Máscara, 40 x 60 cm. (Cortesía del autor)

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la Liebre de Marzo.

–Hasta ahora no he tomado nada –protestó Alicia en tono ofendido–, de modo que no puedo tomar más.

–Quieres decir que no puedes tomar menos –puntualizó el Sombrerero–. Es mucho más fácil tomar más que nada.

–Nadie le pedía su opinión –dijo Alicia.

–¿Quién está haciendo ahora observaciones personales? –preguntó el Sombrero en tono triunfal.

Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas

 

¿A quién, más que a nadie, le interesa la paz en Colombia? ¿Quién debe asumir las banderas de la paz en el país cuando se es testigo de un regreso del péndulo hacia épocas que se intentaron dejar atrás –bajo la premisa de “no repetición– con los Acuerdos de Paz”? Al cumplirse el primer año del gobierno Duque, son múltiples las evaluaciones, por distintos actores, de cuánto se ha avanzado en la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP), en especial, en lo relacionado con el punto dos sobre participación política. Más allá de las reiteradas afirmaciones del gobierno (las más recientes en el acto de instalación de la nueva legislatura del Congreso, el pasado 20 de julio (1)) en las que reitera su compromiso para respetar y honrar el Acuerdo, se precisa contrastar lo afirmado públicamente, tanto a nivel del país como en las giras internacionales frente a interlocutores que lo han cuestionado, con los análisis realizados por diferentes organismos nacionales e internacionales que se encargan de monitorear la implementación del AFP.

El resultado del análisis es preocupante. El AFP no avanza en el sentido que su espíritu indica, los resultados a la fecha son precarios y el conflicto, lejos de haber cesado se recrudece con una ostensible falta de protección a la vida de los líderes sociales, en especial, aquellos que viven en regiones donde los poderes territoriales copan la debilidad o ausencia del Estado.

Es importante tener como punto de referencia, y a él nos vamos a referir en este artículo, el informe Profundizar la democracia para consolidar la paz, realizado por el Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd) (2).

 

El AFP, entre dos fuerzas opuestas

 

Hay que reconocer que el AFP, firmado el 24 de noviembre del 2016 por el gobierno anterior, se vio afectado en su implementación desde antes de entrar en vigencia, con la derrota en el plebiscito y hasta la entrega del mando el 7 de agosto del 2018; es decir, los últimos veinte meses del gobierno Santos no vieron un avance significativo por cuatro razones: 1) la ruptura de la bancada gobiernista que se dio con la derrota del plebiscito; el gobierno, al quedar sin mayorías en el Congreso, no logró sacar adelante las iniciativas tempranas necesarias para la implementación del AFP; 2) la insuficiente asignación presupuestal a dichas iniciativas dada la precaria situación presupuestal del gobierno en su último año de gestión; 3) el traslapo de la implementación del AFP con el proceso electoral, tanto presidencial como parlamentario, que se dio durante el 2018, lo cual generó trabajo a media marcha del andamiaje institucional responsable de echar a andar el Acuerdo y, 4) la propia decisión del Ejecutivo de darle prioridad a algunos “pilares” de la paz, como lo son la JEP, los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET– y la transición de las Farc de guerrilla partido político (3).

A lo anterior, hay que sumar la correlación directa entre la inesperada derrota del Sí en el plebiscito y el triunfo de Duque, candidato presidencial del partido que lideró la oposición al AFP en el plebiscito. Por todo lo anterior, es evidente que el AFP llegó debilitado al presente cuatrienio (2018-2022) al encontrar un ambiente frío, cuando no hostil, generado principalmente por la vieja disputa política entre Santos y Uribe, y la consecuente polarización de la opinión pública entre dos visiones sobre el conflicto: una de apoyo irrestricto a la paz y otra de escepticismo disfrazado de “paz sí, pero no de ese modo”. En ese sentido, lo poco sucedido en torno a la puesta en marcha del AFP desde la llegada de Duque no ha sorprendido a nadie, aunque sí hay una característica reiterativa: en el aparente afán del Presidente de desmarcarse ubicándose algo menos a la derecha de su mentor –abiertamente enemigo del AFP– y procurar aparecer como un líder más mesurado y conciliador, su estrategia retórica, cada vez que tiene que referirse a la implementación del AFP es positiva y de vehementemente apoyo, en especial cuando se dirige a organismos internacionales, multilaterales o a líderes y mandatarios de países europeos. En esos escenarios no parecería haber duda de su compromiso con la paz y con el AFP. Por ejemplo, en la 73ª Aamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 26 de septiembre de 2018, afirmó: “Pero quiero reiterar ante esta Asamblea que nuestro propósito, el propósito de Colombia, es cumplirles a quienes han tomado el camino genuino de dejar la violencia”(4).

 

Avances aparentes en el actual gobierno

 

Otra cosa es la que se ha visto en el país. En una gimnasia aparentemente contradictoria, el Ejecutivo, al contrario de las amenazas del Centro Democrático, no “hizo trizas” el Acuerdo, sino que echó a andar muchas de las acciones que el gobierno Santos no había tocado. De esta manera estableció el Plan de Acción Oportuna para la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas (PAO) que trabaja en tres ejes: (i) articulación y reingeniería institucional para garantizar el trabajo coordinado y armonizado entre las distintas instituciones estatales responsables de la seguridad de estos actores; (ii) actuación estratégica en el territorio para atender las necesidades focalizadas y diferenciadas de cada entorno y región; (iii) estrategia de comunicaciones y capacitación, para contrarrestar la estigmatización de la condición de líder y de la actuación del Estado, así como para dar a conocer la oferta existente de programas de protección y autoprotección. Lo paradójico es que el gobierno Duque, en todo lo relacionado con el PAO, como acertadamente anota Nimd(5), no hace referencia alguna al AFP, como si quisiera invisibilizarlo y hacer casi que borrón y cuenta nueva para deslindarse de su antecesor y de sus logros con la paz. 

En cuanto al impulso establecido por el AFP a la participación de las Juntas Administradoras Locales en la elaboración de planes de desarrollo el gobierno actual realizó entre agosto y diciembre del 2018, cuarenta y ocho mesas departamentales y ocho talleres regionales a las que asistieron más de diez mil personas pertenecientes a Juntas de Acción Comunal, al Consejo Nacional de Planeación, población vulnerable, organizaciones juveniles, autoridades departamentales y municipales, representantes gremiales, veedurías ciudadanas, partidos políticos que dejaron cerca de diez mil propuestas y recomendaciones para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (6).

De igual modo, el AFP exigió al Gobierno garantizar el intercambio de experiencias exitosas de participación ciudadana entre las organizaciones sociales y las autoridades locales y regionales, de acuerdo con las particularidades de los diversos territorios. Para ello, se creó recientemente la Red nacional de secretarios de paz, aunque, una vez más, como anota Nimd, explícitamente no lo reconoce como un acatamiento al mandato del AFP. Esta Red opera como un espacio presencial y virtual para el intercambio de experiencias, buenas prácticas, inquietudes y desafíos que tienen los gobiernos locales y las comunidades en busca de la construcción de una paz integral y sostenible. 

En cuanto al estatuto de la oposición, este fue aprobado como resultado del AFP, un “marco general para el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones políticas y de algunos derechos de las organizaciones independientes”. Si bien entró a regir en julio de 2018, un mes antes de llegar el nuevo gobierno, el Consejo Nacional Electoral lo fortaleció y viabilizó en diciembre al reglamentar parte de su articulado, específicamente las pautas de financiamiento y el acceso a medios de comunicación. De esa manera, la resolución estableció que las agrupaciones que se declaren en oposición al Gobierno tendrán acceso de manera equitativa a los medios de comunicación para controvertir las alocuciones que hagan funcionarios de alto gobierno (7); que la distribución de estos espacios serán sorteadas públicamente por el CNE y corresponderán a 30 minutos mensuales en las franjas de mayor sintonía en medios con cobertura nacional; que en caso de información tergiversada los partidos en oposición contarán con el derecho de réplica en los mismos medios de comunicación, horario, espacio y lugar en donde se haya publicado el dato original; que el CNE creará una comisión de monitoreo para comprobar que se están cumpliendo estos derechos; que estas agrupaciones tendrán derecho al acceso a la información y documentación oficial dentro de los cinco días siguientes a la solicitud que hagan; que los recursos para la financiación se distribuirán entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica declarados en oposición conforme a la normatividad vigentes; que estas agrupaciones deberán desagregar estos dineros del total de ingresos y gastos en sus informes anuales, entre otras cosas.

Otra de las tareas establecidas en el AFP cumplidas por Duque es la creación de un sistema de alertas tempranas sobre riesgos de seguridad en contra de líderes, organizaciones y defensores de derechos humanos y las que mejoran el monitoreo de las nuevas expresiones de violencia y ayudan a prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, las amenazas y las intimidaciones a sectores sociales que promueven la reivindicación de derechos y la implementación del Acuerdo.

Esto se consiguió a través del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida frente a organizaciones y conductas criminales que pongan en riesgo la implementación de los Acuerdos de Paz, firmado por la Defensoría del Pueblo con la Organización de las Naciones Unidas. Si bien fue una iniciativa gestada durante la administración Santos, como dice Nimd (8), el haber sido oficializada durante la primera Asamblea General de las Naciones Unidas en la que intervino Duque, y el haber recibido su apoyo y ratificación, le da cierto hálito de política de Estado que podría invitar al optimismo. 

Otro caso es la continuidad que se le ha dado al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), creado en 2017 en cumplimiento de varias de las tareas establecidas en el AFP. El gobierno Duque, en un decreto que sorprende por hacer abierta referencia a la implementación del Acuerdo “nombró como delegado presidencial ante esta instancia a su Alto Consejero para el Posconflicto (ahora mudó su nombre a Consejería para la Estabilización y la Consolidación, omitiendo, explícitamente, la palabra posconflicto) a Emilio Archila, a quien se le otorga, además, la secretaría técnica del Sisep y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Cngs), así como participación en la Mesa técnica de seguridad y protección del Programa de Protección Especializada (Art. 2); nombramientos que, en principio, “podrían ser vistos como un espaldarazo al Sistema y la prolongación de los esfuerzos en la materia” (9).

Por último, es necesario mencionar la firma por parte del Gobierno del Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos, en el marco de una de las Mesas por la protección de la vida convocadas por la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior es importante por cuanto el Gobierno se comprometió a iniciar de manera inmediata la elaboración de una Política pública de prevención y protección integral con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial.

En resumen, el Gobierno actual se ha concentrado en dos tipos de tareas: aquellas relacionadas con garantizar la seguridad de quienes participan en políticas y las que tienen el objetivo de facilitar la participación política ciudadana y el control social. Esto habla más de la capacidad del Presidente como un administrador de Estado que como un jefe de Estado, como comienza a afirmar un sector de los intelectuales que lo ha apoyado desde la campaña: “Duque no ofrece ningún proyecto, salvo administrar bien lo que hay” (10).

 

La otra cara de la moneda: Retrocesos cualitativos

 

Los anteriores avances, si bien no son desdeñables, no son, ni mucho menos, para salir a celebrar. Nimd en su informe puntualiza de qué manera el gobierno Duque, si bien superficialmente ha hecho progresos cuantitativos en la implementación el Acuerdo, se ha desviado del espíritu que anima al mismo: “se percibe un estancamiento e incluso un retroceso con respecto a lo que se alcanzó a hacer en el cuatrienio anterior, y especialmente, con relación al ‘espíritu’ del Acuerdo”.

Es doblemente preocupante que los atentados y asesinatos de líderes sociales no hayan parado desde el inicio del actual gobierno. En primer lugar, si bien es difícil contar con cifras actualizadas, el defensor del pueblo, Carlos Negret, aseguró que en Colombia se registraron 196 asesinatos de líderes sociales entre marzo del 2018 y mayo del 2019, siendo junio y julio del año pasado los meses más críticos. El funcionario reveló que durante este periodo de tiempo se registraron 1.608 conductas vulneradoras “de las cuales fueron 1.351 amenazas, 44 atentados, 196 homicidios y 17 de otra clase de amenazas”, siendo Magdalena, Cauca, Atlántico y Bogotá, las regiones con mayor número de amenazas. En cuanto a atentados, el Defensor aseguró que “el que se lleva el deshonroso primer lugar es Norte de Santander”, y reveló que hasta el momento se han registrado “134 líderes asesinados de excombatientes” que pertenecieron a las Farc (11).

Sin embargo, más allá de los números que hablan por sí solos; y bien podría argumentarse que se trata de un problema estructural el cual toma tiempo torcer la tendencia, es aún más preocupante, como señala Nimd que las políticas implantadas por el gobierno Duque están “priorizando un modelo de seguridad que va en contravía con lo pactado en el Acuerdo, que no parecen estar teniendo en cuenta los intereses y reclamos de los actores que precisamente están buscando beneficiar y que, en ocasiones, parecieran estar pensadas para un país que está entrando en un conflicto armado” (12)  y no precisamente, en uno que está intentando salir de él.

El ejemplo irrefutable es el PAO, calificado por distintas organizaciones y plataformas de derechos humanos como “totalmente militarista”, encaminado a que prevalezca “la intervención militar y policial por encima del accionar integral del Estado para la superación de la violencia en las regiones”(13). El PAO apela a viejas estrategias de épocas de guerra como mayor inteligencia, mayor presencia de la Fuerza Pública, mayor coordinación entre Fuerzas Militares y de Policía y le da demasiada preponderancia al sector defensa, mientras que en los municipios donde se están asesinando a los líderes sociales hace falta una intervención integral del Estado. En otras palabras, el PAO recuerda las épocas de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe 2002-2010.

En el mismo orden de ideas, hay que resaltar que uno de los fines del PAO es construir una nueva política pública integral para la garantía de la defensa de los derechos humanos, con ello se soslaya la arquitectura institucional diseñada con el Sisep (Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política) y la Cngs (Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tiene como tarea diseñar y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo aquellas que afectan a líderes y defensores de derechos humanos y movimientos sociales). Estas, aunque el Gobierno Duque se comprometió públicamente a darles continuidad y a fortalecerlas, en la práctica, ha hecho todo lo contrario. La Cngs, por ejemplo, entre agosto y diciembre de 2018 fue convocada una sola vez, a pesar de que la norma obliga al Ejecutivo a hacerlo mensualmente. Por el contrario, en este periodo el Gobierno no solo creó la Comisión intersectorial para el PAO sino que le otorgó varias de las funciones propias de la Cngs con el agravante de que la primera no tiene representación de la sociedad civil. Es decir, la principal estrategia gubernamental para proteger a los líderes y organizaciones sociales y políticas se está diseñando sin tenerlos en cuenta directamente (14).

Otros ejemplos son la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización, diseñada entre 2017 y 2018 a través de un proceso participativo subregional con la participación de la Cngs; esta política sigue sin ser aprobada por el gobierno Duque; lo mismo ocurre con los Planes piloto de seguridad a líderes, una serie de estrategias identificadas y priorizadas con líderes y organizaciones sociales en el Cauca, Nariño, Norte de Santander y Córdoba, departamentos que muestran el mayor índice de violencia contra líderes sociales (15).

De nuevo aparece la tendencia del actual gobierno del doble discurso: afirmar públicamente una cosa y actuar de manera contraria, como dice Nimd “como una marcada intención por desmontar el enfoque concertado y civil presente en las políticas sobre el tema de los últimos ocho años, para reemplazarlo por uno que privilegia lo policial y lo militar”.

El sistema de justicia transicional del Acuerdo, cristalizado con la JEP, ha sido víctima de continuos ataques por parte del Gobierno: primero con una serie de objeciones que se intentaron hacer previo a la sanción presidencial –y que fueron derrotadas por el Congreso y la Corte Constitucional–, luego con una de las formas más eficientes de asfixiar un proyecto político y social: cortándole los recursos necesarios para operar, maniobra conocida de manera informal como “el hachazo presupuestal” a la JEP (16). A comienzos de julio el Gobierno anunció que el presupuesto asignado a la JEP y a las demás entidades encargadas de desarrollar los programas del AFP, tendrá para el 2020 un recorte del treinta por ciento con relación al del 2019 y por último, con el referendo para acabar con la JEP que tratan de gestar desde los toldos del Centro Democrático, con la recolección de firmas entre los ciudadanos. De nuevo el doble discurso…

 

Estrategias de la sociedad civil para la construcción de la paz

 

Ante semejante panorama –y con el agravante de que apenas se cumple el primer año del cuatrienio Duque– se torna evidente e imperativo que le corresponde a la sociedad civil –apoyada por la siempre presente comunidad internacional– asumir la defensa del AFP para promover múltiples estrategias para la construcción de la paz. Y así ya está sucediendo. La paz no es huérfana: un conjunto de sectores políticos y sociales lidera actualmente la plataforma Defendamos la Paz, expresión de una verdadera movilización en respaldo a los acuerdos firmados en noviembre de 2016. Las transformaciones estructurales que plantea el AFP le imprimen a la movilización que lo respalda un sello político que se suma a los cambios culturales buscados por la misma movilización. Este doble proyecto, político y cultural, enmarca los retos de la sociedad colombiana: una sociedad en la que se pueda convivir y resolver los desacuerdos sin la mediación de la violencia, a pesar de las diferencias existentes a su interior (17).

“La construcción de paz –afirma, por su parte, Galindo Español, investigador del Cinep/PPP– no es solamente una tarea del Estado, sino para que sea exitosa es necesaria la participación activa de la sociedad civil en acciones enfocadas a promover una cultura de paz en Colombia. En este sentido, en el interior del país, la movilización social por la paz acompañó el proceso creando un ambiente favorable para la implementación, a través de una serie de expresiones sociales denominadas Acciones Colectivas por la Paz (ACP) (18).

La paz, como proyecto público, sostiene Velásquez (2019) –también del Cinep/PPP– “tiene como núcleo la construcción de una sociedad en la que intereses diferentes puedan convivir sobre la base de reglas de juego acogidas por todos y todas, sin que sea necesario recurrir a la violencia y a la eliminación del adversario como camino para la solución de los desacuerdos. Pero también es un proyecto cultural, que debe inspirarse en nuevas concepciones del mundo y de la vida, en imaginarios y prácticas que promuevan una convivencia democrática, incluyente, sin violencias ni autoritarismos. Como proyecto político y cultural, la paz es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto” (19).

Es allí donde cobra sentido la movilización de la sociedad por la paz. Dicho de manera resumida, se recoge aquí lo dicho por Velásquez: “Las diferentes estrategias de acción colectiva […] muestran no solo la dinámica de grupos sociales de distinta procedencia, sino la diversidad de formas, territorios, escenarios y modalidades de actuación desplegadas a lo largo de la negociación. Es esa masa crítica de víctimas del conflicto, de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, de intelectuales y demócratas, en el campo y en las ciudades, la que tendrá la gran responsabilidad de defender la paz ante las minorías que reditúan económica y/o políticamente de la guerra y que quieren mantener los privilegios que les otorga el manejo de los hilos del poder. La paz es un proyecto político de largo aliento y deberá contar con una fuerte base social de apoyo y sostenibilidad que haga contrapeso a esas élites excluyentes” (20).

 

A modo de conclusión

 

Al AFP no se le puede dejar solo y confiar en que el Gobierno ponga en operación las múltiples estrategias, iniciativas y tareas que están establecidas allí. Se ha visto, como está demostrado en estas líneas, de que manera el Gobierno desdice con sus acciones lo que afirma públicamente dentro y fuera del país. Para ello, corresponde a la sociedad civil hacer el contrapeso necesario para que el Acuerdo perviva y se convierta, pese a todos los obstáculos y dificultades que atraviesa, en los cimientos de la construcción de lo que hemos llamado, en otro escrito (21), la fundación de una Segunda República en Colombia.

 

1. El presidente, en su alocución al Congreso, dijo: “Todos queremos la paz, todos vamos a trabajar por ella, pero tiene que ser una paz que brinde Legalidad a todo el territorio. Por eso, reiteramos nuestra convicción en la reincorporación de los excombatientes, y nuestra voluntad para apoyar y respaldar a quienes genuinamente renuncien a la violencia y opten por el camino de la Legalidad.” En https://www.elheraldo.co/colombia/lea-aqui-el-discurso-completo-del-presidente-duque-en-instalacion-de-las-sesiones.

2.  Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd), (2019)  Profundizar la democracia para consolidar la paz, avances en la implementación del punto dos del Acuerdo Final de Paz, relativo a  la participación política,  Bogotá.

3. Nimd, pp. 21-22.

4. Nimd, p. 23.

5. Nimd, p. 25.

6. Nimd, p. 25.

7. El anterior presidente del Congreso, en el día que entregaba su cargo, el 20 de julio pasado, le hizo una jiugada a la oposición para sabotear su derecho a contradecir al Presidente en su alocución

8.  Nimd, p. 28.

9. Nimd, p. 29.

10.  Duncan, G., “Jugadita”, en El Tiempo, Bogotá, 25 julio, 2019.

11. RCN, recuperado el 22 de julio 2019: https://www.rcnradio.com/colombia/en-un-ano-196-lideres-fueron-asesinados-en-colombia-defensoria-del-pueblo

12.  Nimd, p. 33.

13. El Espectador, 2019, citado por Nimd, p. 33. 

14. Nimd, p. 34.

15.  Nimd, p. 35.

16.  Restrepo, J.C., (2019) “El hachazo presupuestal en la JEP,” en Razón pública, en https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/12126-el-hachazo-presupuestal-a-la-jep.html

17.  Cinep/PPP en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf

18.  Galindo, A.M. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

19. Velásquez, F.E. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

20.  Ibid., p. 3.

21.  Potdevin, P., “Nuevas culturas para la fundación de una Segunda República” en Le Monde diplomatique, edición Colombia, Nº 190, julio 2019, pp. 7-9.

* Escritor, integrante del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.

Afganistán: Trump planea devolver el poder a los Talibán

El presidente de la República Democrática de Afganistán, doctor Mohammad Nayibulá siguió en el poder siete años después de la retirada del ejército soviético en 1989 gracias al apoyo popular del que gozaba. ¿Cuántos días aguantará Ashraf Ghani, encerrado en la “Zona Verde” de Kabul cuando EEUU cumpla el acuerdo con los Talibán y retire parte de sus tropas?

Por la brillante mente de Trump han pasado dos soluciones para sacar a las tropas de Afganistán: ganar la guerra matando a “10 millones de afganos en 10 día”, y de paso, dando un uso a tantas bombas atómicas almacenadas, o salir pitando. La primera es imposible, y no me refiero su incapacidad o falta de ganas de exterminar aquel pueblo, sino a “ganar” el Gran Juego en Asia Central por esta vía (¡y por cualquiera otra!), por lo que ha optado por la segunda, aunque con matices, pidiendo auxilio a Pakistán. Se trata del mismo país al que el presidente menos docto de la reciente historia de EEUU acusó de «mentiras y engaños» y le cortó la ayuda militar «tonta» de 300 millones dólares en 2018 por el doble juego de Islam Abad, el principal patrocinador de los Talibán. Mientras el inquilino de la Casa Blanca necesita, de cara a las elecciones presidenciales del 2020, mostrar algún logro en la política exterior, los generales intentan decirle que EEUU, a pesar de la imagen de “empantanado”, está cumpliendo exitosamente su plan en Asia Central desde que ocupó Afganistán: o ¿no es un éxito haber podido instalar numerosas bases militares en el país más estratégico del mundo, bajo el pretexto del 11S., desde donde se pueda controlar a China, Rusia, India e Irán y eso a pesar de que 1) entre los supuestos terroristas de aquellos atentados no había ningún afgano, y 2) antes del ataque de la OTAN, los Talibán ofrecieron a Bush la entrega de Bin Laden, pero él lo rechazó porque detener al saudí no estaba dentro de los 9 objetivos de la ocupación?

El encuentro entre Trump y el primer ministro de Pakistán Omran Khan en la Casa Blanca, celebrado el 22 de julio, sella el acuerdo entre EEUU y talibanes tras meses de negociaciones en Qatar, en las que Washington se ha comprometido:

  1. Retirar parte de sus tropas, aunque serán sustituidas por 1) los mercenarios de los ejércitos privados de empresas como Academi, antes “Blackwater USA”, implicada en torturas y asesinatos en Irak; 2) por armas avanzadas y 3) por soldados paquistaníes y árabes que harán de carne de cañón de sus intereses
  2. Devolviéndole al Pakistán el papel que ostentaba antes del 2001 como el matón del barrio, para el disgusto de la India e Irán. Las relaciones entre EEUU y su principal aliado en Asia Central se estropearon durante el mandato de Obama por dos principales motivos: 1) los continuos bombardeos de las regiones fronterizas del Pakistán con Afganistán, para “destruir las bases de al Qaeda”, que causaron la matanza de miles de personas y forzaron la huida de varios millones de sus hogares, y 2) la violación del espacio aéreo de Pakistán el 2 de mayo del 2011, para matar el espíritu del fallecido Bin Laden, sin siquiera avisar al gobierno “soberano” de Islam Abad, provocando graves protestas en el país. Un error que convirtió a EEUU en un rehén de los generales-talibanes de Pakistán, que controlaban la Ruta Sur por la que los camiones de la OTAN transportaban artículos de primera necesidad para sus 300.000 soldados en Afganistán.
  3. Entregar el poder en Afganistán a los talibanes paquistaníes, quienes al principio actuarán como un gobierno interino, para que después de celebrar unas “elecciones “democráticas” restauren su Emirato Islámico, con la legitimidad internacional.
  4. Descongelar la ayuda de 30 millones de dólares destinada a los generales corruptos, fanáticos y patrocinadores del terrorismo paquistaníes, que gobiernan sobre casi 200 millones de personas.
  5. Ampliar las relaciones comerciales con Islam Abad, y echarle un cable para que El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que controla el tema del lavado de dinero, expida un informe favorable para que pueda solicitar préstamos al Fondo Monetario Internacional.
  6. Mediar en la disputa de Cachemira con la India.

Por su parte, Pakistán y Talibán aceptan una única condición: Impedir la actividad de los grupos terroristas del Estado Islámico y Al Qaeda contra los intereses de EEUU.

Pakistán, país con la bomba atómica ilegal (al igual que Israel y la India) es una pieza fundamental en el juego del “bombero pirómano” de EEUU en Afganistán, aun así, no hay ninguna garantía de que el Sr. Khan pueda cumplir su parte del trato. Pues, los Talibán son un frente de varios grupos formados por decenas de miles de individuos de origen lumpen proletariado, que viven de su sueldo de mercenario que reciben de los señores de guerra, quienes por su parte están contratados por diferentes países de la región, y además cambian de lealtad vendiéndose al mejor postor. Algunos, incluso, son independientes y viven del tráfico de droga y de piedras preciosas del dorado de Asia Central. Por lo que, Khan solo podrá dar garantías a EEUU sobre los talibanes paquistaníes, ni siquiera sobre los talibanes afganos.

La Operación de Apoyo Resuelto de la OTAN en formar a las fuerzas afganas ha sido un total fracaso: cerca de la mitad del país sigue bajo el control de los talibanes ¡que no tienen ni un helicóptero! Y el fenómeno de miles de “soldados fantasma” quienes existen solo sobre el papel mientras sus superiores cobran sus salarios, impide conocer el número real de las fuerzas armadas y de seguridad del país.

“Talibanes” de otros países

Salvo la India, todos los piases afectados de la zona han negociado con el poderoso grupo terrorista: Rusia lo hizo por 16 objetivos; China les paga como vigilantes de seguridad allá donde ha invertido parte de sus 5.950 millones de euros, como en el sector minero, a la vez que negocia con Kabul para instalar una base militar en Badakhxan, provincia que comparte frontera con la localidad china de Xinjiang, donde los grupos terroristas islamistas cometen atentados. Pero, es Irán quizás el país con una política más sofisticada y multifacética respecto a los “seminaristas”, que es lo que significa Talibán: en 2001cooperó con EEUU para derrocarles del poder proporcionándole al gobierno de Bush asistencia militar e inteligencia, y una vez que conoció los planes de la OTAN en permanecer en el país con el que comparte 936 kilómetros de fronteras y lo considera su patio trasero, cambió de política: creó causa común con un sector de Talibán contra las tropas de EEUU (y cuando el Pentágono trasladó su “Arco de crisis a esta región, también contra Daesh) manteniendo a la vez buenas relaciones con los gobiernos instalados por Washington en Kabul. Teherán ejerce un poder blando en Afganistán a través de: inversiones económicas, no sólo en negocios sino también en los políticos; lazos lingüísticos (dari, un dialecto de persa es la lengua cooficial del país junto con el pastún), que le facilitan tener canales de televisión y radio, mientras regala millones de libros cuidadosamente seleccionados; y mediante la religión, siendo el 20% de los 35 millones de afganos chiitas. Incluso ha formado la Brigada Fatemiyun con miles de afganos chiitas pobres, y los refugiados e inmigrantes indocumentados que viven en Irán desde hace décadas, enviándoles a Siria en apoyo al presidente Bashar al Asad. En el propio Pakistán («La tierra de los inmaculados» en hindi y persa), la República chiita de Irán cuenta con la Brigada Zeinabiyun, reclutada de entre el 5% de la población que practica la segunda corriente del islam. Los fuertes lazos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos,(los dos únicos estados que junto con Pakistán reconocieron al régimen de Talibán en 1996), con Islam Abad ya preocupaban a Teherán, y que ahora además recuperen su poder en Kabul, le inquieta.

La fuerte oposición de los poderosos militares de EEUU al plan de Trump de retirar las tropas de las guerras “inútiles”, harán que el actual proceso sea más táctico que estratégico: Trump tiene el reloj, pero quien tiene el tiempo es el Complejo Industrial-militar, el mismo que le obligó a tragar sus propias palabras sobre la retirada de Siria.

El principal ganador de esta situación ha sido Omran Khan, el ex jugador de Criquet:  «Vino, vio, venció» tituló Dawn, el diario Paquistán de lengua inglesa, que así celebraba el regreso del régimen fascista de los Talibán a Kabul. El principal perdedor es el invisible pueblo afgano, y sobre todo sus mujeres, muy cansado de bombas, violencia y una pobreza extrema: sólo en los primeros días de agosto, cerca de 200 civiles, muchos de ellos niñas y niños, han sido víctimas de la barbarie de la guerra. ¿Saben por qué ha desaparecido el movimiento antimilitarista del escenario?

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 Un misil 9M729, en una base militar rusa cerca de Moscú el 23 de enero de este año. Pavel Golovkin AP

Lo firmaron Reagan y Gorbachov, eliminó tres mil bombas atómicas y controló tensiones en Europa. Ahora Trump lo desconoció.

  

Hace 32 años, Ronald Reagan y Mijail Gorbachov firmaron un tratado muy específico de desarme, el que eliminaba los misiles de alcance medio con cabezas nucleares. A partir de ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética iban a destruir casi tres mil cohetes con alcances entre 500 y 5500 kilómetros, o sea todo lo que no fuera táctico o intercontinental, y se comprometían a no producir ni desplegar más. El tratado era importante porque ya había arrancado una segunda carrera armamentística en Europa, con Moscú situando este tipo de misiles en los países del Pacto de Varsovia y Washington equipando a la OTAN con el Pershing. Su eliminación bajaba la tensión y reducía la cantidad de armas atómicas apuntadas a capitales europeas.

El gobierno de Donald Trump dio formalmente por muerto a este tratado ayer por la mañana, después de anunciar largamente que se iba a salir por un supuesto incumplimiento ruso. Para EE.UU., el nuevo misil de crucero ruso 9M729 es de alcance intermedio y resulta una grave violación del tratado. "Rusia es la única responsable de la muerte del tratado", definió tajante el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Moscú contestó que ya en febrero habían denunciado a Estados Unidos como la parte que andaba buscando una excusa para salirse del convenio. Según varias fuentes rusas cercanas al gobierno, Trump quiere desarrollar una nueva familia de misiles para atacar objetivos como Irán.

La OTAN cerró filas tras Washington, y no sólo acusó a Rusia por el fin del tratado sino que prometió responder "de manera medida y responsable al significativo riesgo que el misil ruso 9M729 constituye para la seguridad de la Alianza" atlántica de 29 países. Con el INF muerto, Estados Unidos es libre de desarrollar armas hasta ahora prohibidas, y el Pentágono ya ha pedido al Congreso que apruebe para 2020 un presupuesto de 10 millones de dólares destinado a esto precisamente. CNN explicó que uno de esos misiles ya está en la etapa de ensayo y va a ser disparado por primera vez en cosa de semanas. Varios líderes europeos, sin embargo, lamentaron el fin del tratado.

La importancia de fondo del fin del tratado de Misiles Intermedios es que estos son el instrumento de ataque en una guerra nuclear limitada. Los misiles de largo alcance, los estratégicos, con base en submarinos, aviones y cohetes de largo alcance, son para una guerra total, de destrucción asegurada. Los misiles de carga nuclear de menos de 500 kilómetros son de uso táctico, en frentes de combate y para destruir formaciones de batalla o posiciones fuertes. Los intermedios se pensaron para atacar la retaguardia del enemigo en un contexto de guerra convencional, vaporizando sus ciudades o puntos de concentración militar. Por supuesto, también hacen el trabajo en una guerra puramente atómica, atacando los blancos más cercanos.

El temor ahora es que el final de este pacto bilateral sea  un indicio sobre qué va a pasar en 2021, cuando venza el Nuevo START, el último tratado sobre armas nucleares que queda entre las dos mayores potencias mundiales. Este tratado le pone un techo a la cantidad de armas estratégicas que puede poseer cada parte y fue fruto de los muchos sustos de la guerra fría, cuando los arsenales se medían con una vara siniestra: cuántas veces podía cada bando exterminar la vida en el planeta. Hubo un momento en que Estados Unidos tenía la ventaja porque podía destruir toda forma de vida terrestre tres veces, y la URSS apenas llegaba  a dos. Para frenar esta locura, en 1972 se firmó el primer START, renovado varias veces después de la caída del muro, la última vez bajo Barack Obama. Trump ya dijo que este tratado fue "otra mala idea", pero no se sabe si lo dice en serio o simplemente porque lo firmó Obama. 

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Arrecia la guerra contra las comunidades y la Guardia Indígena en el Norte del Cauca

El conflicto para las comunidades del Norte del Cauca no se detiene. No pasaron ni las primeras 24 horas del mes de agosto para que el asesinato sistemáticos de líderes sociales prosiga su senda.

A plena luz del día, a las 2:00 de la tarde, en el sector de Pajarito, resguardo de Huellas –Caloto–, fue asesinado el coordinador de la Guardia Indígena Gersain Yatacue, ultimado por sujetos que se movilizaban en moto y que hasta el momento de escribir esta nota no han sido identificados.

El asesinato de Gersain no es aislado y confirma las amenazas recibidas por las autoridades indígenas en los últimos meses, en las que ponen precio a las cabezas de diferentes líderes, consejeros y Guardias del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), acciones que evidencian el incumplimiento por parte del gobierno nacional en el tema de protección de los derechos humanos en los territorios, punto central de la más reciente Minga realizada por distintas organizaciones y movimientos sociales del Cauca.

El conflicto arrecia en la región por la disputa del control territorial. Ante la crítica situación de derechos humanos las autoridades y comunidades indígenas tomaron la decisión de profundizar y fortalecer los ejercicios de gobierno propio y con ello el ejercicio de controles de la Guardia en los territorios, decisión que incomodó a los diferentes grupos armados asentados en esta parte del país, sean legales o ilegales, entre ellos estructuras paramilitares, cartel de Sinaloa, disidencia de las Farc, Eln, Epl, batallones de alta montaña, de asalto aéreo y policía.

El control territorial, base de un tema económico fundamental.

Las pujas por el control de los territorios tienen como principio la disputa por la economía de la región pues, según fuentes cercanas a este medio, no debe olvidarse que esta zona hace parte de un corredor estratégico a través del cual se realiza el cultivo, producción y transporte de coca y marihuana hacia el exterior o interior del país; cultivos que han tenido un incremento exponencial de hectáreas debido a la poca disposición por parte del gobierno nacional de cumplir con los acuerdos para su erradicación, tema álgido que por denunciarlo cobró la vida del gobernador del resguardo de Huellas Caloto, Edwin Dagua Ipia en diciembre del 2018.

Así mismo, como es conocido, es rentable controlar las rutas en cuestión por medio del cobro de impuestos, lo que lleva a constantes enfrentamientos entre diferentes actores armados. Otros factores, además de los señalados, también están en disputa por la economía de la región, como son los monocultivos de caña de azúcar de los ingenios de Ardila Lule existentes en la parte plana del valle geográfico del río Cauca, así como las grandes extensiones de pino y árboles maderables de Cartón Colombia, ubicados en la parte alta del territorio ancestral de Cerro Tijeras, municipio de Buenos Aires, factores que evidencian una disputa no solo por el negocio del narcotráfico sino por el incremento de proyectos de explotación y extracción de los recursos naturales de la región.

En este marco, el crimen de Gersain Yatacue es un mensaje de que la guerra para las comunidades, autoridades y Guardias Indígenas del Norte del Cauca está más viva que nunca, lo que implicará mayor organización por parte de las comunidades, quienes con fuerza y valentía continúan defendiendo sus territorios por justicia, pervivencia y vida digna, para lo cual, como lo dicen en alguna de sus canciones: “por cada indio muerto otros miles nacerán”.

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Emiratos Árabes se anexionan a la “isla extraterrestre“ de Yemen como trofeo

«Nunca habrá un Yemen unido después de hoy«, escribió en Twitter Abdullah Khaleq, el exasesor del príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed Bin Zayed, que es el autor material, –junto con otro Príncipe de las Tinieblas, Mohamed Bin Salman de Arabia Saudí y sus patrocinadores occidentales-, de transformar a Yemen en un matadero de decenas de miles de civiles. Balcanizar la única república de la península arábiga ha sido uno de los 25 principales objetivos de la agresión militar de la coalición dirigida por EEUU y una pieza del proyecto de la Reconfiguración del Mapa de Oriente Próximo, que tras desmantelar los estados de Irak, Libia y Siria, y abortar la revolución egipcia del 2011, se centra hoy en Irán.

EAU controla el sur de Yemen y la estratégica isla Socotra a través de su ejército privado llamado “Cinturón de Seguridad”, compuesto por 90.000 hombres armados, bien organizados y bien pagados. Socotra  («Sukhadhara” en sánscrito «isla de la felicidad») fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por su biodiversidad única -y virgen antes de la guerra-, y es apodada la ‘isla extraterrestre’ por su increíble paisaje que integra a 60.000 habitantes humanos y 700 especies de flora y fauna. Aquel Edén se ha convertido en otra base militar de EAU, pequeño país con ambiciones imperialistas, que tiene presencia naval también en otras tierras del Cuerno de África como Eritrea, Djibouti y Somalilandia.

La ocupación militar de Socotra por los emiratíes empezó bajo el pretexto de la “ayuda humanitaria” cuando al ser devastada por los ciclones de Chapala y Megh en noviembre de 2015 avanzó con la toma del control de sus instituciones e infraestructuras. Se culminó en 2017 utilizando el mantra de la “lucha contra hutíes”, milicias zaidíes del norte de Yemen que nunca ha puesto el pie en esta lejana isla. La política de Zayed forma parte de esta agenda que cuenta con el respaldo del Consejo de Transición del Sur, un movimiento separatista yemení de derecha.

El control sobre Socotra significa:

  • Consolidar el poder de EAU sobre el sur de Yemen, que fue independiente entre 1967 y 1991, como República Democrática Popular del Yemen, el primer estado árabe en ser dirigido por los comunistas. Durante aquellos años, se abolió el sistema tribal, se repartieron las tierras entre los campesinos, la sanidad y la educación fueron gratuitas y universales, se eliminaron gran parte de las leyes islámicas que discriminaban a la mujer, se erradicó el analfabetismo y se atendió por primera vez a los habitantes olvidados de los desiertos. Ahora, los hombres encapuchados persiguen a los izquierdistas nostálgicos de aquella inolvidable experiencia, asaltan a sus domicilios, los detienen, los torturan y los hacen desparecer. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado la red de prisiones ilegales de EAU donde los adversarios, que también incluyen la derecha islamista de la Hermanada Musulmana, son torturados y ejecutados.
  • Participar en el control de una de las rutas comerciales más importante del mundo, que le proporciona el acceso al Canal de Suez, al estrecho de Bab al-Mandeb y al Mar Mediterráneo.
  • Descongestionar el puerto Jebel Ali de Dubái, construyendo un puerto en Socotra.
  • Poder convertirla en un centro del turismo vacacional para los millonarios.

Arabia Saudí mira con preocupación esta maniobra de EAU que amplía su influencia en el patio trasero del reino wahabí. 

La falsa retirada de EUA de la guerra

El anuncio de Abu Dabi de salir de la guerra contra Yemen “a favor de la paz” es una simple propaganda, teniendo en cuenta que este país ha utilizado la misma táctica que en Siria: en vez de enviar soldados propios, patrocina mercenarios. En Siria se llamaba el Estado Islámico y en Yemen el Cinturón de Seguridad. Con este anuncio Abu Dabi pretende:

  • Dar por terminada su participan directa en la guerra.
  • Centrarse en la coalición naval que el Pentágono planea formar en el Golfo Pérsico para aumentar la presión militar sobre Irán, bajo el amable título de «garantizar la libre navegación».
  • Enviar sus asesores y soldados a Libia, para servir a los objetivos de EEUU y Francia a favor del general Hafter, desmantelando el gobierno de Trípoli, que goza del apoyo de Turquía y Qatar, los dos rivales de EAU y Arabia Saudí.
  • Secuestrar la revolución democrática de Sudán, apartando a la Hermandad Musulmana y sus patrocinadores turco-qataríes del escenario, y así garantizar su acceso a las aguas del Nilo y al Canal de Suez. La intervención de EUA en Sudán se intensificó después de la visita del presidente Tayyip Erdogan a este país en diciembre del 2017 en la que el presidente sudanés, Omar al Bashir, le concedió una base militar en la isla Sauakin en el Mar Rojo. Bashir fue derrocado el pasado mes de abril por las protestas populares y también la acción del ejército respaldado por EAU.
  • Despistar a los hutíes y así esquivar sus ataques que han sido intensificados últimamente apuntando los aeropuertos y oleoductos de Arabia Saudíes.
  • Dejar que su socio y rival, Arabia Saudí, sea el último en salir de este atolladero y Salman el rostro de la humillante derrota apocalíptico de una guerra fallida que ha destrozado la imagen de los jeques de ambos países por la revelación de las atrocidades cometidas contra los civiles.

Zayed se desmarca de Salman, quizás porque es consciente de la inviabilidad del estado saudí y su “fin oficial” anunciado por el presidente de EEUU. Washington ha convertido esta guerra en un lodazal para los jeques de Riad, no sólo para debilitar a una familia que “inmerecidamente” controla la principal reserva mundial del petróleo y enlaza el destino de los descendientes del Salman Bin Abdulaziz a la voluntad de la Casa Blanca, sino también porque pretende seguir “ordeñándole” -como calificó Trump al hecho de sacarle dinero, mediante el negocio de armas: sólo en 2018 le vendió armas por el valor de 80.000 millones de dólares.

Abu Dabi agita su “exitoso” modelo de desarrollo para los países árabes al que llama la “Golficación” (¡del Golfo, eliminando su milenario nombre “Pérsico” por odio hacia Irán). ¿Por qué no llamarle la “Emiratización”, un estado cuyos súbditos renuncien a la república y la democracia a cambio  de la limosna que reciben de sus élites, formadas por hombres pervertidos, sin escrúpulos y sacados del oscurantismo medieval.

En el quinto año de la guerra, Yemen sigue viviendo la mayor crisis humanitaria del mundo, en parte, gracias al silencio organizado por los medios de comunicación de masa.

2 agosto 2019

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Sábado, 27 Julio 2019 05:18

¿Contener a Irán? No, a Trump

¿Contener a Irán? No, a Trump

Ya es hora de que nos pongamos las pilas con respecto a lo que ocurre en esta farsa de la "crisis" en el golfo Pérsico, esta charada de mentiras y pomposidad que Trump y sus cachorros en Londres nos presentan.

 

Un presidente estadunidense que es un racista, misógino, deshonesto y sicológicamente perturbado –apoyado por dos consejeros agresivos y tan indignos y falsarios como él– amenaza con ir a la guerra con Irán, en tanto otro bufón, dado a las mentiras en serie y a agitar arenques ahumados durante los debates, y hoy primer ministro británico, prefiere concentrarse en la autodestrucción de su país en vez de en el secuestro de sus barcos.

 

Los iraníes, siempre los taimados "terroristas" chiítas del Golfo, se han atrevido a pintarle un violín al presidente orate que rompió el tratado nuclear de su país con Irán, y ahora juegan con lanchas de motor en el estrecho de Ormuz para recordar tanto a Trump como a Johnson –y al pobrecito Jeremy Hunt– que Medio Oriente es la tumba de imperios de verdad, muertos hace mucho tiempo. ¡Cuánta maldad! ¿Qué audaces crímenes terroristas se propondrán cometer los persas ahora?

 

¿Tomamos en serio esta basura? Tal vez deberíamos culparnos a nosotros mismos. Nuestros comentaristas y corresponsales, nuestros poderosos imperios mediáticos, se tragan gustosos a los sórdidos personajes de Washington y Londres y luego –cuando olisquean guerra– se les congela el rostro en un gesto de rectitud patriótica al hablar de la "política de Trump en Medio Oriente", su "política en el Pérsico", su cercana amistad con su "aliado" saudita, que tiene el cabello enmarañado con sangre coagulada, o su aliado israelí, propenso a despojar territorios. Qué estupideces.

 

No existe una política de Trump respecto de nada. Tampoco existe una política de Boris Johnson, ni de Jeremy Hunt, de no ser, quizá, un quejumbroso balido estilo Gilbert y Sullivan sobre la conducta "total y absolutamente inaceptable" de Irán al golpear el Stena Impero.

 

No estorbar

 

"Impero" era la palabra correcta. En realidad, no había nada más triste y lastimero que la voz del comandante del barco británico Montrose –o Foxtrot 236, como los iraníes lo llamaron, según el número que llevaba la fragata en la proa– al leer su reglamento victoriano a los guardias revolucionarios el pasado viernes. "No deben estorbar, impedir, obstruir o detener el paso del Stena Impero", citó. Oh, pero los iraníes sí que podían estorbar, impedir, obstruir y detener el paso del buque cisterna de bandera británica, y de hecho lo hicieron. Porque sabían que el único navío británico de guerra que navegaba en todos los 251 mil metros cuadrados de mar que son el golfo Arábigo –o Pérsico, como ustedes gusten– era una fragata de 133 metros de eslora, demasiado lejana para evitar tal "impedimento" y "obstrucción". Lejos están los días en que el quinceañero Horatio Nelson surcó imperiosamente el Golfo hasta Basora en la fragata de 20 cañones Seahorse, en el siglo XVIII, capitaneada por su tío Maurice Suckling. Si el Duncan, bautizado en honor del triunfador de la batalla de Camperdown, en el siglo XVIII, acude en auxilio del Montrose, bautizado en honor del duque del mismo siglo, pueden pasar unas semanas juntos, y luego el Montrose volverá a casa.

 

En tiempos de Nelson, la armada real poseía más de 600 naves. Hoy tenemos menos de 20 para evitar que las hordas iraníes, o las chinas o cualesquiera otras hordas, obstruyan e interrumpan lo que nos gusta llamar "nuestros vitales suministros petroleros". Fue de algún modo apropiado que el buque cisterna capturado estuviera vacío en su travesía hacia el reino dictatorial de Arabia Saudita, el amado aliado de Trump, cuando fue secuestrado. No es extraño que Jeremy Hunt quiera enfriar las aguas del Golfo en vez de ordenar a su minúsculo barquito que sirva de escolta junto con la poderosa flota estadunidense.

 

Captura montypythonesca

 

Sin embargo, sí fue apropiado que, en la cúspide de una nueva era de autoengaño y misticismo imperial, los británicos se hayan embarcado en la captura montypythonesca del buque cisterna iraní en Gibraltar. Se nos dio a entender –y aquí el lienzo de la pompa fue ricamente bordado– que el Grace 1, que los marinos reales abordaron con la misma elegancia con que sus contrapartes enmascarados iraníes bajaron a rappel sobre el Stena Impero, fue detenido porque llevaba petróleo a Siria. La Unión Europea, supuestamente ansiosa por aplicar esas sanciones, no dijo nada. Y entonces Jeremy quiso platicar con los iraníes, recibir seguridades de que su cisterna no se dirigía hacia Banias, sino –¿quién sabe?– a las islas griegas, tal vez, o a la Costa del Sol.

 

Entonces, nada más para competir con la Reunión de Té del Sombrerero Loco, el asunto fue puesto en manos del ministro presidente de la Suprema Corte de Gibraltar, cuya jurisdicción política –eso se supone que creamos– abarca grandes asuntos de Estado desde Washington hasta Londres y Teherán, aun cuando la población de la roca es de menos de 35 mil almas. Oh, pero sí, nos dicen, la Corte de Gibraltar ha ordenado la detención del Grace 1 por otros 30 días. Bien, bien, debemos cumplir los deseos de ese poderoso cuerpo judicial. Cierto, esto está apenas a un paso de Trial By Jury, la ópera cómica que nuestro flamante premier de seguro adorará.

 

Si los estadunidenses no hubieran apremiado, solicitado o instruido a los británicos capturar el Grace 1 –como cada vez más parece haber sido el caso–, estén seguros de que no habría ocurrido. Y estén seguros de que, si Jeremy hubiera declinado involucrarse en esta tontería, la Corte de Gibraltar, su ministro presidente y los otros tres ministros habrían olvidado su palabrería legal, le habrían concedido su gracia y deseado buena travesía. Pero no: cuando nos involucramos en esta acción incendiaria, era inevitable que los iraníes hicieran lo mismo. Como he reflexionado a menudo, esos persas nos entienden mucho mejor que nosotros a ellos.

 

El arenque de Boris

 

Entonces, acompáñenme un momento a Teherán. ¿De veras creemos que los iraníes –por arrogantes, vanidosos, crueles y vengativos que puedan ser– no están conscientes de la inminente autoinmolación británica en el Brexit? ¿Imaginamos por un momento que no han captado las complejidades de la batalla Johnson-Hunt, su desenlace decidido por una camarilla de Tories cuyas resoluciones hacen ver las elecciones parlamentarias y presidenciales iraníes como un modelo internacional de democracia? Estén seguros de que los iraníes tomaron nota del arenque de Boris. Pero ellos tienen peces más grandes que freír en el Golfo.

 

Y ¿en serio creemos que los iraníes han olvidado la última "guerra de los buques cisternas" del Golfo en 1987? Yo la recuerdo muy bien. Informé sobre todo ese penoso asunto, volando literalmente sobre el Golfo humeante en helicópteros, día tras día. El clímax llegó cuando los estadunidenses decidieron abanderar buques cisternas kuwaitíes con las barras y las estrellas y les pusieron una escolta de la Armada estadunidense que los protegiera de los ataques aéreos iraníes. Hoy, eso parece familiar. En aquel tiempo, claro, éramos aliados de ese excelente y demócrata guerrero árabe Saddam Hussein, quien había invadido Irán en 1980 (con un costo final de más de un millón de vidas). Bueno, pues la primera misión de escolta resultó un desastre –aunque Trump, Hunt, Boris Johnson y Humpty Dumpty han olvidado todo aquello– cuando el buque cisterna kuwaití Al Rakkah, nominalmente bendecido como el estadunidense Bridgeton y acompañado por un puñado de navíos de guerra, golpeó una mina iraní el 24 de julio de 1987. Pudo continuar su travesía, pero las naves estadunidenses –cuyos costados eran tan frágiles que una mina pudo haberlos hundido– hicieron el resto del viaje en fila india detrás del Bridgeton como una parvada de polluelos, usando el enorme bulto del buque cisterna para protegerse. Los iraníes, como digo, no habrán olvidado esa humillación estadunidense. Después de todo, son especialistas en humillación cuando creen haber sido humillados.

 

Pero ¿creemos que la ridícula "Fuerza de Protección del Golfo" de Trump tendrá mejor destino? Hay pocos voluntarios, pero, puesto que Boris Johnson estuvo dispuesto a hundir a un embajador británico, supongo que podría arriesgar una fragata o dos. Los iraníes, de nuevo, ya habrán previsto esto. Su tratado nuclear, honorablemente firmado con el presidente estadunidense de ese tiempo, ha sido roto en pedazos, destripado y vergonzosamente destruido por Trump. Así pues, tras haber sido traicionados por los estadunidenses, y sometidos a más sanciones por el mismo culpable, ¿por qué no deberían ponerse ellos también a jugar a los superpoderes, poniendo los inocentes navíos de su majestad británica como blancos en su consola de juegos?

 

Aún no hemos captado la verdadera importancia –pero, otra vez, estén seguros de que los iraníes sí– de la irritación de Trump con el informe de Kim Darroch sobre la destrucción estadunidense del tratado nuclear. La rabieta de Trump llevaba la clara intención de que destituyeran al embajador británico. Estaba diciendo "mándenlo a casa", así como quería "mandar a casa" a una congresista de su país que lo increpó. Y nuestro flamante premier le concedió el deseo.

 

Sin embargo, entre todas estas artimañas, todavía se supone que debemos tragarnos las pamplinas que nuestros mensajeros imperiales escriben para nosotros, suponiendo una vez más que existe una política de Trump hacia el Golfo, que la cordura para Medio Oriente puede venir de los residentes de una institución mental. Por eso David Ignatius, viejo colega mío y amigo de los días de la guerra civil en Líbano, escribe ahora la siguiente burrada en su columna en Estados Unidos: “A medida que la confrontación de Estados Unidos con Irán se profundiza en el Pérsico… la tarea sombría, pero inevitable, es contener a Irán y prepararse para la guerra, si la contención falla”.

 

Para lograr esto, según Ignatius, Mohammed bin Salman debe asumir la responsabilidad por el asesinato de Jamal Kashoggi y concluir la guerra en Yemen –como si el príncipe heredero fuera a contemplar lo segundo, ya no digamos lo primero– porque “la relación estadunidense-saudita es importante para la seguridad de ambas naciones, en especial conforme la confrontación con Teherán se aproxima a la guerra… relanzar la relación entre ambos países sobre una base más honesta es urgente ahora, cuando crece el peligro de un conflicto regional”.

 

Así pues, olviden que Trump es un lunático y que el príncipe heredero parece ser un joven profundamente perturbado que gobierna un Estado sicótico. La Casa Blanca es un manicomio, pero, según Ignatius, debemos prepararnos para la "tarea sombría, pero inevitable", de "contener a Irán" –en vez de contener a Trump– porque "crece el peligro de un conflicto regional".

 

Ser racional

 

Tal vez sea buena idea, en este momento, recordar lo que es patrullar el Golfo frente a la costa iraní. Hace poco más de 30 años, yo iba a bordo de uno de los viejos barcos hermanos del Montrose, la fragata Broadsword, que escoltaba buques cisternas británicos por el estrecho de Ormuz bajo la mirada de la Guardia Revolucionaria. Para dar a los lectores un toque de realidad –realidad real, por así decirlo–, esto es lo que escribí en ese tiempo:

 

“Lo que afligía a la mayoría de los marineros en el Golfo era el calor. Quemaba las cubiertas de las naves hasta que estaban, literalmente, demasiado calientes para caminar sobre ellas. Los marineros británicos se paraban de puntas, por las temperaturas calcinantes que salían del acero. El revestimiento de las cargas de profundidad, los dispositivos Bofors para apuntar las armas, estaban demasiado calientes para tocarlos. En la cubierta de vuelo de los helicópteros el calor subía a 57 grados, y sólo una mano descuidada hubiera tocado un tubo sin ponerse los guantes. El calor creaba pesadez en la cabeza, un sopor insuperable, una tremenda irritación con los otros seres humanos en cubierta. Dentro del barco… el calor se movía más rápido que los marineros. El comedor de oficiales estaba fresco, a 26 grados. Tomé un vaso de agua; yo estaba bañado en sudor. Al abrir la primera puerta hermética, me emboscó el calor. Después de la segunda puerta, caminé hacia una fundición tropical, mientras el conocido mar gris lamía el casco. ¿Cómo es posible trabajar en estas condiciones y seguir siendo racional?”

 

Sin embargo, supongo que se trata precisamente de ser racional, pero nuestros amos ya no poseen esa facultad. Por cierto, el Broadsword fue vendido a los brasileños hace casi un cuarto de siglo, en 1995. El Bridgeton fue desmantelado en India siete años después. Y allí es donde nuestros descocados líderes deberían estar hoy: en el deshuesadero.

 

The Independent

 

Traducción: Jorge Anaya

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Palestina suspende todos los acuerdos con Israel

La decisión se produce tras la demolición de diez edificios palestinos en las afueras de Jerusalén Este.

 

El líder palestino Mahmud Abás ha anunciado este jueves la suspensión por tiempo indefinido de todos los acuerdos existentes con Israel luego de que civiles palestinos fueran desplazados a la fuerza tras la demolición de diez edificios en el vecindario palestino de Sur Baher en las afueras de Jerusalén Este.

"No sucumbiremos a los dictados y la imposición de un hecho consumado sobre el terreno por la fuerza bruta, específicamente en Jerusalén", declaró Abás en una reunión de emergencia en Ramala, citado por la agencia de noticias palestina WAFA.

El presidente palestino ha agregado que su pueblo sigue abierto a abrazar "una paz justa, global y duradera", pero ello no significa que aceptará el 'statu quo' o se rendirá ante la ocupación de sus territorios. "No nos rendiremos ni vamos a coexistir con la ocupación, ni tampoco aceptaremos el 'acuerdo del siglo'. Palestina y Jerusalén no están a la venta ni en oferta", subrayó.

  • El 'acuerdo del siglo' propuesto por la Casa Blanca para poner fin al conflicto palestino-israelí consiste en reunir 50.000 millones de dólares y crear aproximadamente un millón de puestos de trabajo para los palestinos, mejorando la situación en Cisjordania y la Franja de Gaza.
  • La Autoridad Palestina rechazó dicha propuesta de manera preventiva, considerándola un esfuerzo de EE.UU. para obligar a su pueblo a "renunciar" a sus derechos.

Abás aseveró que "no habrá paz ni seguridad ni estabilidad" en la región y en el mundo hasta que se respeten plenamente los derechos de los palestinos. Al agradecer a todos los países que apoyan la causa palestina, Abás recordó que no estaría de más adoptar medidas concretas e implementar las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el terreno.

En la reciente cumbre de La Meca celebrada a principios de junio, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) rechazó "cualquier acción que infrinja el estatus histórico y legal de Jerusalén Este" y todas las medidas ilegales de Israel que buscan cambiar los hechos en territorios palestinos ocupados, aunque tampoco expresó la voluntad de devolverles a los palestinos todo el territorio que les pertenecía antes de la creación del Estado de Israel.

Publicado: 25 jul 2019 21:05 GMT | Última actualización: 25 jul 2019 23:28 GMT

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Miércoles, 24 Julio 2019 06:07

Anatomía del nuevo neoliberalismo

Anatomía del nuevo neoliberalismo

Desde hace una decena de años viene anunciándose regularmente el fin del neoliberalismo: la crisis financiera mundial de 2008 se presentó como el último estertor de su agonía, después le tocó el turno a la crisis griega en Europa (al menos hasta julio de 2015), sin olvidar, por supuesto, el seísmo causado por la elección de Donald Trump en EE UU en noviembre de 2016, seguido del referéndum sobre el Brexit en marzo de 2017. El hecho de que Gran Bretaña y EE UU, que fueron tierras de promisión del neoliberalismo en tiempos de Thatcher y Reagan, parezcan darle la espalda mediante una reacción nacionalista tan repentina, marcó los espíritus debido a su alcance simbólico. Después, en octubre de 2018, se produjo la elección de Jair Bolsonaro, quien promete tanto el retorno de la dictadura como la aplicación de un programa neoliberal de una violencia y una amplitud muy parecidas a las de los Chicago boys de Pinochet.  

El neoliberalismo no solo sobrevive como sistema de poder, sino que se refuerza. Hay que comprender esta singular radicalización, lo que implica discernir el carácter tanto plástico como plural del neoliberalismo. Pero hace falta ir más lejos todavía y percatarse del sentido de las transformaciones actuales del neoliberalismo, es decir, la especificidad de lo que aquí llamamos el nuevo neoliberalismo.

La crisis como modo de gobierno

Recordemos de entrada qué significa el concepto de neoliberalismo, que pierde gran parte de su pertinencia cuando se emplea de forma confusa, como sucede a menudo. No se trata tan solo de políticas económicas monetaristas o austeritarias, de la mercantilización de las relaciones sociales o de la dictadura de los mercados financieros. Se trata más fundamentalmente de una racionalidad política que se ha vuelto mundial y que consiste en imponer por parte de los gobiernos, en la economía, en la sociedad y en el propio Estado, la lógica del capital hasta convertirla en la forma de las subjetividades y la norma de las existencias.

Proyecto radical e incluso, si se quiere, revolucionario, el neoliberalismo no se confunde, por tanto, con un conservadurismo que se contenta con reproducir las estructuras desigualitarias establecidas. A través del juego de las relaciones internacionales de competencia y dominación y de la mediación de las grandes organizaciones de gobernanza mundial (FMI, Banco Mundial, Unión Europea, etc.), este modo de gobierno se ha convertido con el tiempo en un verdadero sistema mundial de poder, comandado por el imperativo de su propio mantenimiento.

Lo que caracteriza este modo de gobierno es que se alimenta y se radicaliza por medio de sus propias crisis. El neoliberalismo solo se sostiene y se refuerza porque gobierna mediante la crisis. En efecto, desde la década de 1970, el neoliberalismo se nutre de las crisis económicas y sociales que genera. Su respuesta es invariable: en vez de poner en tela de juicio la lógica que las ha provocado, hay que llevar todavía más lejos esa misma lógica y tratar de reforzarla indefinidamente. Si la austeridad genera déficit presupuestario, hay que añadir una dosis suplementaria. Si la competencia destruye el tejido industrial o desertifica regiones, hay que agudizarla todavía más entre las empresas, entre los territorios, entre las ciudades. Si los servicios públicos no cumplen ya su misión, hay que vaciar esta última de todo contenido y privar a los servicios de los medios que precisan. Si las rebajas de impuestos para los ricos o las empresas no dan los resultados esperados, hay que profundizar todavía más en ellas, etc.

Este gobierno mediante la crisis solo es posible, claro está, porque el neoliberalismo se ha vuelto sistémico. Toda crisis económica, como la de 2008, se interpreta en los términos del sistema y solo recibe respuestas que sean compatibles con el mismo. La ausencia de alternativas no es tan solo la manifestación de un dogmatismo en el plano intelectual, sino la expresión de un funcionamiento sistémico a escala mundial. Al amparo de la globalización y/o al reforzar la Unión Europea, los Estados han impuesto múltiples reglas e imperativos que los llevan a reaccionar en el sentido del sistema.

Pero lo que es más reciente y sin duda merece nuestra atención es que ahora se nutre de las reacciones negativas que provoca en el plano político, que se refuerza con la misma hostilidad política que suscita. Estamos asistiendo a una de sus metamorfosis, y no es la menos peligrosa. El neoliberalismo ya no necesita su imagen liberal o democrática, como en los buenos tiempos de lo que hay que llamar con razón el neoliberalismo clásico. Esta imagen incluso se ha convertido en un obstáculo para su dominación, cosa que únicamente es posible porque el gobierno neoliberal no duda en instrumentalizar los resentimientos de un amplio sector de la población, falto de identidad nacional y de protección por el Estado, dirigiéndolos contra chivos expiatorios.

En el pasado, el neoliberalismo se ha asociado a menudo a la apertura, al progreso, a las libertades individuales, al Estado de derecho. Actualmente se conjuga con el cierre de fronteras, la construcción de muros, el culto a la nación y la soberanía del Estado, la ofensiva declarada contra los derechos humanos, acusados de poner en peligro la seguridad. ¿Cómo es posible esta metamorfosis del neoliberalismo?

Trumpismo y fascismo

Trump marca incontestablemente un hito en la historia del neoliberalismo mundial. Esta mutación no afecta únicamente a EE UU, sino a todos los gobiernos, cada vez más numerosos, que manifiestan tendencias nacionalistas, autoritarias y xenófobas hasta el punto de asumir la referencia al fascismo, como en el caso de Matteo Salvini, o a la dictadura militar en el de Bolsonaro. Lo fundamental es comprender que estos gobiernos no se oponen para nada al neoliberalismo como modo de poder. Al contrario, reducen los impuestos a los más ricos, recortan las ayudas sociales y aceleran las desregulaciones, particularmente en materia financiera o ecológica. Estos gobiernos autoritarios, de los que forma parte cada vez más la extrema derecha, asumen en realidad el carácter absolutista e hiperautoritario del neoliberalismo.

Para comprender esta transformación, primero conviene evitar dos errores. El más antiguo consiste en confundir el neoliberalismo con el ultraliberalismo, el libertarismo, el retorno a Adam Smith o el fin del Estado, etc. Como ya nos enseñó hace mucho tiempo Michel Foucault, el neoliberalismo es un modo de gobierno muy activo, que no tiene mucho que ver con el Estado mínimo pasivo del liberalismo clásico. Desde este punto de vista, la novedad no consiste en el grado de intervención del Estado ni en su carácter coercitivo. Lo nuevo es que el antidemocratismo innato del neoliberalismo, manifiesto en algunos de sus grandes teóricos, como Friedrich Hayek, se plasma hoy en un cuestionamiento político cada vez más abierto y radical de los principios y las formas de la democracia liberal.

El segundo error, más reciente, consiste en explicar que nos hallamos ante un nuevo fascismo neoliberal, o bien ante un momento neofascista del neoliberalismo2/. Que sea por lo menos azaroso, si no peligroso políticamente, hablar con Chantal Mouffe de un momento populista para presentar mejor el populismo como un remedio al neoliberalismo, esto está fuera de toda duda. Que haga falta desenmascarar la impostura de un Emmanuel Macron, quien se presenta como el único recurso contra la democracia iliberal de Viktor Orbán y consortes, esto también es cierto. Pero, ¿acaso esto justifica que se mezcle en un mismo fenómeno político el ascenso de las extremas derechas y la deriva autoritaria del neoliberalismo?

La asimilación es a todas luces problemática: ¿cómo identificar si no es mediante una analogía superficial el Estado total tan característico del fascismo y la difusión generalizada del modelo de mercado y de la empresa en el conjunto de la sociedad? En el fondo, si esta asimilación permite arrojar luz, centrándonos en el fenómeno Trump, sobre cierto número de rasgos del nuevo neoliberalismo, al mismo tiempo enmascara su individualidad histórica. La inflación semántica en torno al fascismo tiene sin duda efectos críticos, pero tiende a ahogar los fenómenos a la vez complejos y singulares en generalizaciones poco pertinentes, que a su vez no pueden sino dar lugar a un desarme político.

Para Henry Giroux 3/, por ejemplo, el fascismo neoliberal es una “formación económico-política específica” que mezcla ortodoxia económica, militarismo, desprecio por las instituciones y las leyes, supremacismo blanco, machismo, odio a los intelectuales y amoralismo. Giroux toma prestada del historiador del fascismo Robert Paxton (2009) la idea de que el fascismo se apoya en pasiones movilizadoras que volvemos a encontrar en el fascismo neoliberal: amor al jefe, hipernacionalismo, fantasmas racistas, desprecio por lo débil, lo inferior, lo extranjero, desdén por los derechos y la dignidad de las personas, violencia hacia los adversarios, etc.

Si bien hallamos todos estos ingredientes en el trumpismo y más todavía en el bolsonarismo brasileño, ¿acaso no se nos escapa su especificidad con respecto al fascismo histórico? Paxton admite que “Trump retoma varios motivos típicamente fascistas”, pero ve en él sobre todo los rasgos más comunes de una “dictadura plutocrática” 4/. Porque también existen grandes diferencias con el fascismo: no impone el partido único ni la prohibición de toda oposición y de toda disidencia, no moviliza y encuadra a las masas en organizaciones jerárquicas obligatorias, no establece el corporativismo profesional, no practica liturgias de una religión laica, no preconiza el ideal del ciudadano soldado totalmente consagrado al Estado total, etc. (Gentile, 2004).

A este respecto, todo paralelismo con el final de la década de 1930 en EE UU es engañoso, por mucho que Trump haya hecho suyo el lema de America first, el nombre dado por Charles Lindbergh a la organización fundada en octubre de 1940 para promover una política aislacionista frente al intervencionismo de Roosevelt. Trump no convierte en realidad la ficción escrita por Philip Roth (2005), quien imaginó que Lindbergh triunfaría sobre Roosevelt en las elecciones presidenciales de 1940. Ocurre que Trump no es a Clinton o a Obama lo que fue Lindbergh a Roosevelt y que en este sentido toda analogía es endeble. Si Trump puja cada vez más en la escalada antiestablishment para halagar a su clientela electoral, no trata, sin embargo, de suscitar revueltas antisemitas, contrariamente al Lindbergh de la novela, inspirada directamente en el ejemplo nazi.

Pero, sobre todo, no estamos viviendo un momento polanyiano, como cree Robert Kuttner (2018), caracterizado por la recuperación del control de los mercados por los poderes fascistas ante los estragos causados por el no intervencionismo. En cierto sentido ocurre todo lo contrario, y el caso es bastante más paradójico. Trump pretende ser el campeón de la racionalidad empresarial, incluso en su manera de llevar a cabo su política tanto interior como exterior. Vivimos el momento en que el neoliberalismo segrega desde el interior una forma política original que combina autoritarismo antidemocrático, nacionalismo económico y racionalidad capitalista ampliada.

Una crisis profunda de la democracia liberal

Para comprender la mutación actual del neoliberalismo y evitar confundirla con su fin es preciso tener una concepción dinámica del mismo. Tres o cuatro decenios de neoliberalización han afectado profundamente a la propia sociedad, instalando en todos los aspectos de las relaciones sociales situaciones de rivalidad, de precariedad, de incertidumbre, de empobrecimiento absoluto y relativo. La generalización de la competencia en las economías, así como, indirectamente, en el trabajo asalariado, en las leyes y en las instituciones que enmarcan la actividad económica, ha tenido efectos destructivos en la condición de los personas asalariadas, que se han sentido abandonadas y traicionadas. Las defensas colectivas de la sociedad, a su vez, se han debilitado. Los sindicatos, en particular, han perdido fuerza y legitimidad.

Los colectivos de trabajo se han descompuesto a menudo por efecto de una gestión empresarial muy individualizadora. La participación política ya no tiene sentido ante la ausencia de opciones alternativas muy diferentes. Por cierto, la socialdemocracia, adherida a la racionalidad dominante, está en vías de desaparición en un gran número de países. En suma, el neoliberalismo ha generado lo que Gramsci llamó monstruos mediante un doble proceso de desafiliación de la comunidad política y de adhesión a principios etnoidentitarios y autoritarios, que ponen en tela de juicio el funcionamiento normal de las democracias liberales. Lo trágico del neoliberalismo es que, en nombre de la razón suprema del capital, ha atacado los fundamentos mismos de la vida social, tal como se habían formulado e impuesto en la época moderna a través de la crítica social e intelectual.

Por decirlo de manera un tanto esquemática, la puesta en práctica de los principios más elementales de la democracia liberal comportó rápidamente bastantes más concesiones a las masas que lo que podía aceptar el liberalismo clásico. Este es el sentido de lo que se llamó justicia social o también democracia social, a las que no cesó de vituperar precisamente la cohorte de teóricos neoliberales. Al querer convertir la sociedad en un orden de la competencia que solo conocería hombres económicos o capitales humanos en lucha unos contra otros, socavaron las bases mismas de la vida social y política en las sociedades modernas, especialmente debido a la progresión del resentimiento y de la cólera que semejante mutación no podía dejar de provocar.

¿Cómo extrañarse entonces ante la respuesta de la masa de perdedores al establecimiento de este orden competitivo? Al ver degradarse sus condiciones y desaparecer sus puntos de apoyo y de referencia colectivos, se refugian en la abstención política o en el voto de protesta, que es ante todo un llamamiento a la protección contra las amenazas que pesan sobre su vida y su futuro. En pocas palabras, el neoliberalismo ha engendrado una crisis profunda de la democracia liberal-social, cuya manifestación más evidente es el fuerte ascenso de los regímenes autoritarios y de los partidos de extrema derecha, respaldados por una parte amplia de las clases populares nacionales. Hemos dejado atrás la época de la posguerra fría, en la que todavía se podía creer en la extensión mundial del modelo de democracia de mercado.

Asistimos ahora, y de forma acelerada, a un proceso inverso de salida de la democracia o de desdemocratización, por retomar la justa expresión de Wendy Brown. A los periodistas les gusta mezclar en el vasto marasmo de un populismo antisistema a la extrema derecha y a la izquierda radical. No ven que la canalización y la explotación de esta cólera y de estos resentimientos por la extrema derecha dan a luz un nuevo neoliberalismo, aún más agresivo, aún más militarizado, aún más violento, del que Trump es tanto el estandarte como la caricatura.

El nuevo neoliberalismo

Lo que aquí llamamos nuevo neoliberalismo es una versión original de la racionalidad neoliberal en la medida que ha adoptado abiertamente el paradigma de la guerra contra la población, apoyándose, para legitimarse, en la cólera de esa misma población e invocando incluso una soberanía popular dirigida contra las élites, contra la globalización o contra la Unión Europea, según los casos. En otras palabras, una variante contemporánea del poder neoliberal ha hecho suya la retórica del soberanismo y ha adoptado un estilo populista para reforzar y radicalizar el dominio del capital sobre la sociedad. En el fondo es como si el neoliberalismo aprovechara la crisis de la democracia liberal-social que ha provocado y que no cesa de agravar para imponer mejor la lógica del capital sobre la sociedad.

Esta recuperación de la cólera y de los resentimientos requiere sin duda, para llevarse a cabo efectivamente, el carisma de un líder capaz de encarnar la síntesis, antaño improbable, de un nacionalismo económico, una liberalización de los mecanismos económicos y financieros y una política sistemáticamente proempresarial. Sin embargo, actualmente todas las formas nacionales del neoliberalismo experimentan una transformación de conjunto, de la que el trumpismo nos ofrece la forma casi pura. Esta transformación acentúa uno de los aspectos genéricos del neoliberalismo, su carácter intrínsecamente estratégico. Porque no olvidemos que el neoliberalismo no es conservadurismo. Es un paradigma gubernamental cuyo principio es la guerra contra las estructuras arcaicas y las fuerzas retrógradas que se resisten a la expansión de la racionalidad capitalista y, más ampliamente, la lucha por imponer una lógica normativa a poblaciones que no la quieren.

Para alcanzar sus objetivos, este poder emplea todos los medios que le resultan necesarios, la propaganda de los medios, la legitimación por la ciencia económica, el chantaje y la mentira, el incumplimiento de las promesas, la corrupción sistémica de las élites, etc. Pero una de sus palancas preferidas es el recurso a las vías de la legalidad, léase de la Constitución, de manera que cada vez más resulte irreversible el marco en el que deben moverse todos los actores. Una legalidad que evidentemente es de geometría variable, siempre más favorable a los intereses de las clases ricas que a los de las demás. No hace falta recurrir, al estilo antiguo, a los golpes de Estado militares para poner en práctica los preceptos de la escuela de Chicago si se puede poner un cerrojo al sistema político, como en Brasil, mediante un golpe parlamentario y judicial: este último permitió, por ejemplo, al presidente Temer congelar durante 20 años los gastos sociales (sobre todo a expensas de la sanidad pública y de la universidad). En realidad, el brasileño no es un caso aislado, por mucho que los resortes de la maniobra sean allí más visibles que en otras partes, sobre todo después de la victoria de Bolsonaro como punto de llegada del proceso. El fenómeno, más allá de sus variantes nacionales, es general: es en el interior del marco formal del sistema político representativo donde se establecen dispositivos antidemocráticos de una temible eficacia corrosiva.

Un gobierno de guerra civil

La lógica neoliberal contiene en sí misma una declaración de guerra a todas las fuerzas de resistencia a las reformas en todos los estratos de la sociedad. El lenguaje vigente entre los gobernantes de todos los niveles no engaña: la población entera ha de sentirse movilizada por la guerra económica, y las reformas del derecho laboral y de la protección social se llevan a cabo precisamente para favorecer el enrolamiento universal en esa guerra. Tanto en el plano simbólico como en el institucional se produce un cambio desde el momento en que el principio de competitividad adquiere un carácter casi constitucional. Puesto que estamos en guerra, los principios de la división de poderes, de los derechos humanos y de la soberanía del pueblo ya solo tienen un valor relativo. En otras palabras, la democracia liberal-social tiende progresivamente a vaciarse para pasar a no ser más que la envoltura jurídico-política de un gobierno de guerra. Quienes se oponen a la neoliberalización se sitúan fuera del espacio público legítimo, son malos patriotas, cuando no traidores.

Esta matriz estratégica de las transformaciones económicas y sociales, muy cercana a un modelo naturalizado de guerra civil, se junta con otra tradición, esta más genuinamente militar y policial, que declara la seguridad nacional la prioridad de todos los objetivos gubernamentales. El neoliberalismo y el securitarismo de Estado hicieron buenas migas desde muy temprano. El debilitamiento de las libertades públicas del Estado de derecho y la extensión concomitante de los poderes policiales se han acentuado con la guerra contra la delincuencia y la guerra contra la droga de la década de 1970. Pero fue sobre todo después de que se declarara la guerra mundial contra el terrorismo, inmediatamente después del 11 de septiembre de 2001, cuando se produjo el despliegue de un conjunto de medidas y dispositivos que violan abiertamente las reglas de protección de las libertades en la democracia liberal, llegando incluso a incorporar en la ley la vigilancia masiva de la población, la legalización del encarcelamiento sin juicio o el uso sistemático de la tortura.

Para Bernard E. Harcourt (2018), este modelo de gobierno, que consiste en “hacer la guerra a toda la ciudadanía”, procede en línea directa de las estrategias militares contrainsurgentes puestas a punto por el ejército francés en Indochina y en Argelia, transmitidas a los especialistas estadounidenses de la lucha anticomunista y practicadas por sus aliados, especialmente en América Latina o en el sudeste asiático. Hoy, la “contrarrevolución sin revolución”, como la denomina Harcourt, busca reducir por todos los medios a un enemigo interior y exterior omnipresente, que tiene más bien cara de yihadista, pero que puede adoptar muchas otras caras (estudiantes, ecologistas, campesinos, jóvenes negros en EE UU o jóvenes de los suburbios en Francia, y tal vez, sobre todo en estos momentos, migrantes ilegales, preferentemente musulmanes). Y para llevar a buen término esta guerra contra el enemigo, conviene que el poder, por un lado, militarice a la policía y, por otro, acumule una masa de informaciones sobre toda la población con el fin de conjurar toda rebelión posible. En suma, el terrorismo de Estado se halla de nuevo en plena progresión, incluso cuando la amenaza comunista, que le había servido de justificación durante la Guerra Fría, ha desaparecido.

La imbricación de estas dos dimensiones, la radicalización de la estrategia neoliberal y el paradigma militar de la guerra contrainsurgente, a partir de la misma matriz de guerra civil, constituye actualmente el principal acelerador de la salida de la democracia. Este enlace solo es posible gracias a la habilidad con que cierto número de responsables políticos de la derecha, aunque también de la izquierda, se dedican a canalizar mediante un estilo populista los resentimientos y el odio hacia los enemigos electivos, prometiendo a las masas orden y protección a cambio de su adhesión a la política neoliberal autoritaria.

El neoliberalismo de Macron

Sin embargo, ¿no es exagerado meter todas las formas de neoliberalismo en el mismo saco de un nuevo neoliberalismo? Existen tensiones muy fuertes a escala mundial o europea entre lo que hay que calificar de tipos nacionales diferentes de neoliberalismo. Sin duda no asimilaríamos a Trudeau, Merkel o Macron con Trump, Erdogan, Orbán, Salvini o Bolsonaro. Unos todavía permanecen fieles a una forma de competencia comercial supuestamente leal, cuando Trump ha decidido cambiar las reglas de la competencia, transformando esta última en guerra comercial al servicio de la grandeza de EE UU (“America is Great Again”); unos invocan todavía, de palabra, los derechos humanos, la división de poderes, la tolerancia y la igualdad de derechos de las personas, cuando a los otros todo esto les trae sin cuidado; unos pretenden mostrar una actitud humana ante los migrantes (algunos muy hipócritamente), cuando los otros no tienen escrúpulos a la hora de rechazarlos y repatriarlos. Por tanto, conviene diferenciar el modelo neoliberal.

El macronismo no es trumpismo, aunque solo fuera por las historias y las estructuras políticas nacionales en las que se inscriben. Macron se presentó como el baluarte frente al populismo de extrema derecha de Marine Le Pen, como su aparente antítesis. Aparente, porque Macron y Le Pen, si no son personas idénticas, en realidad son perfectamente complementarias. Uno hace de baluarte cuando la otra acepta ponerse los hábitos del espantajo, lo que permite al primero presentarse como garante de las libertades y de los valores humanos. Si es preciso, como ocurre hoy en los preparativos para las elecciones europeas, Macron se dedica a ensanchar artificialmente la supuesta diferencia entre los partidarios de la democracia liberal y la democracia iliberal del estilo de Orbán, para que la gente crea más fácilmente que la Unión Europea se sitúa como tal en el lado de la democracia liberal.

Sin embargo, tal vez no se haya percibido suficientemente el estilo populista de Macron, quien ha podido parecer una simple mascarada por parte de un puro producto de la élite política y financiera francesa. La denuncia del viejo mundo de los partidos, el rechazo del sistema, la evocación ritual del pueblo de Francia, todo esto era quizá suficientemente superficial, o incluso grotesco, pero no por ello ha dejado de hacer gala del empleo de un método característico, precisamente, del nuevo neoliberalismo, el de la recuperación de la cólera contra el sistema neoliberal. No obstante, el macronismo no tenía el espacio político para tocar esta música durante mucho tiempo. Pronto se reveló como lo que era y lo que hacía.

En línea con los gobiernos franceses precedentes, pero de manera más declarada o menos vergonzante, Macron asocia al nombre de Europa la violencia económica más cruda y más cínica contra la gente asalariada, pensionista, funcionaria y la asistida, así como la violencia policial más sistemática contra las manifestaciones de oponentes, como se vio, en particular, en Notre-Dame-des-Landes y contra las personas migrantes. Todas las manifestaciones sindicales o estudiantiles, incluso las más pacíficas, son reprimidas sistemáticamente por una policía pertrechada hasta los dientes, cuyas nuevas maniobras y técnicas de fuerza están pensadas para aterrorizar a quienes se manifiestan e intimidar al resto de la población.

El caso de Macron está entre los más interesantes para completar el retrato del nuevo neoliberalismo. Llevando más lejos todavía la identificación del Estado con la empresa privada, hasta el punto de pretender hacer de Francia una start-up nation, no cesa de centralizar el poder en sus manos y llega incluso a promover un cambio constitucional que convalidará el debilitamiento del Parlamento en nombre de la eficacia. La diferencia con Sarkozy en este punto salta a la vista: mientras que este último se explayaba en declaraciones provocadoras, al tiempo que afectaba un estilo relajado en el ejercicio de su función, Macron pretende devolver todo su lustre y toda su solemnidad a la función presidencial. De este modo conjuga un despotismo de empresa con la subyugación de las instituciones de la democracia representativa en beneficio exclusivo del poder ejecutivo. Se ha hablado con razón de bonapartismo para caracterizarle, no solo por la manera en cómo tomó el poder acabando con los viejos partidos gubernamentales, sino también a causa de su desprecio manifiesto por todos los contrapoderes. La novedad que ha introducido en esta antigua tradición bonapartista es justamente una verdadera gobernanza de empresa. El macronismo es un bonapartismo empresarial.

El aspecto autoritario y vertical de su modo de gobierno encaja perfectamente en el marco de un nuevo neoliberalismo más violento y agresivo, a imagen y semejanza de la guerra librada contra los enemigos de la seguridad nacional. ¿Acaso una de las medidas más emblemáticas de Macron no ha sido la inclusión en la ley ordinaria, en octubre de 2017, de disposiciones excepcionales del estado de emergencia declarado tras los atentados de noviembre de 2015?

La aplicación de la ley en contra de la democracia

No cabe descartar que se produzca en Occidente un momento polanyiano, es decir, una solución verdaderamente fascista, tanto en el centro como en la periferia, sobre todo si se produce una nueva crisis de la amplitud de la de 2008. El acceso al poder de la extrema derecha en Italia es un toque de advertencia suplementario. Mientras tanto, en este momento que prevalece hasta nueva orden, estamos asistiendo a una exacerbación del neoliberalismo, que conjuga la mayor libertad del capital con ataques cada vez más profundos contra la democracia liberal-social, tanto en el ámbito económico y social como en el terreno judicial y policial. ¿Hay que contentarse con retomar el tópico crítico de que el estado de excepción se ha convertido en regla?

Al argumento de origen schmittiano del estado de excepción permanente, retomado por Giorgio Agamben, que supone una suspensión pura y simple del Estado de derecho, debemos oponer los hechos observables: el nuevo gobierno neoliberal se implanta y cristaliza con la promulgación de medidas de guerra económica y policial. Dado que las crisis sociales, económicas y políticas son permanentes, corresponde a la legislación establecer las reglas válidas de forma permanente que permitan a los gobiernos responder a ellas en todo momento e incluso prevenirlas. De este modo, las crisis y urgencias han permitido el nacimiento de lo que Harcourt denomina un “nuevo estado de legalidad”, que legaliza lo que hasta ahora no eran más que medidas de emergencia o respuestas coyunturales de política económica o social. Más que con un estado de excepción que opone reglas y excepciones, nos las tenemos que ver con una transformación progresiva y harto sutil del Estado de derecho, que ha incorporado a su legislación la situación de doble guerra económica y policial a la que nos han conducido los gobiernos.

A decir verdad, los gobernantes no están totalmente desprovistos para legitimar intelectualmente semejante transformación. La doctrina neoliberal ya había elaborado el principio de esta concepción del Estado de derecho. Así, Hayek subordinaba explícitamente el Estado de derecho a la ley: según él, la ley no designa cualquier norma, sino exclusivamente el tipo de reglas de conducta que son aplicables a todas las personas por igual, incluidos los personajes públicos. Lo que caracteriza propiamente a la ley es, por tanto, la universalidad formal, que excluye toda forma de excepción. Por consiguiente, el verdadero Estado de derecho es el Estado de derecho material (materieller Rechtsstaat), que requiere de la acción del Estado la sumisión a una norma aplicable a todas las personas en virtud de su carácter formal. No basta con que una acción del Estado esté autorizada por la legalidad vigente, al margen de la clase de normas de las que se deriva. En otras palabras, se trata de crear no un sistema de excepción, sino más bien un sistema de normas que prohíba la excepción. Y dado que la guerra económica y policial no tiene fin y reclama cada vez más medidas de coerción, el sistema de leyes que legalizan las medidas de guerra económica y policial ha de extenderse por fuerza más allá de toda limitación.

Por decirlo de otra manera, ya no hay freno al ejercicio del poder neoliberal por medio de la ley, en la misma medida que la ley se ha convertido en el instrumento privilegiado de la lucha del neoliberalismo contra la democracia. El Estado de derecho no está siendo abolido desde fuera, sino destruido desde dentro para hacer de él un arma de guerra contra la población y al servicio de los dominantes. El proyecto de ley de Macron sobre la reforma de las pensiones es, a este respecto, ejemplar: de conformidad con la exigencia de universalidad formal, su principio es que un euro cotizado otorga exactamente el mismo derecho a todos, sea cual sea su condición social. En virtud de este principio está prohibido, por tanto, tener en cuenta la penosidad de las condiciones de trabajo en el cálculo de la cuantía de la pensión. También en esta cuestión salta a la vista la diferencia entre Sarkozy y Macron: mientras que el primero hizo aprobar una ley tras otra sin que les siguieran sendos decretos de aplicación, el segundo se preocupa mucho de la aplicación de las leyes.

Ahí se sitúa la diferencia entre reformar y transformar, tan cara a Macron: la transformación neoliberal de la sociedad requiere la continuidad de la aplicación en el tiempo y no puede contentarse con los efectos del anuncio sin más. Además, este modo de proceder comporta una ventaja inapreciable: una vez aprobada una ley, los gobiernos pueden esquivar su parte de responsabilidad so pretexto de que se limitan a aplicar la ley. En el fondo, el nuevo neoliberalismo es la continuación de lo antiguo en clave peor. El marco normativo global que inserta a individuos e instituciones dentro de una lógica de guerra implacable se refuerza cada vez más y acaba progresivamente con la capacidad de resistencia, desactivando lo colectivo. Esta naturaleza antidemocrática del sistema neoliberal explica en gran parte la espiral sin fin de la crisis y la aceleración ante nuestros ojos del proceso de desdemocratización, por el cual la democracia se vacía de su sustancia sin que se suprima formalmente.

 

Por Pierre Dardot es, filósofo y Christian Laval es sociólogo. Ambos son coautores, entre otras obras, de La nueva razón del mundo y Común

Traducción: viento sur

Referencias

Gentile, Emilio (2004) Fascismo: historia e interpretación. Madrid: Alianza.

Harcourt, Bernard E. (2018) The Counterrevolution, How Our Government Went to War against its Own Citizens. Nueva York: Basic Books.

Kuttner, Robert (2018) Can democracy survive Global Capitalism? Nueva York/Londres: WW. Norton & Company.

Paxton, Robert O. (2009) Anatomía del fascismo. Madrid: Capitán Swing.

Roth, Philip (2005) La conjura contra América. Barcelona: Mondadori.

Notas:

1/ Prefacio a la traducción en inglés, publicada por la editorial Verso, de La pesadilla que no acaba nunca (Gedisa, 2017), obra publicada originalmente por La Découverte, París, en 2016.

2/ Éric Fassin, “Le moment néofasciste du néolibéralisme”, Mediapart, 29 de junio de 2018, https://blogs.mediapart.fr/eric-fassin/blog/290618/le-moment-neofasciste-du-neoliberalisme .

3/ Henry Giroux, Neoliberal Fascism and the Echoes of History, https://www.truthdig.com/articles/neoliberal-fascism-and-the-echoes-of-history/ , 08/09/2018.

4/ Robert O. Paxton, “Le régime de Trump est une ploutocratie”, Le Monde, 6 de marzo de 2017.

Fuente: https://vientosur.info/spip.php?article14984

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