Del Código Excalibur a las fuerzas anti alienígenas de Trump

En 1983 Ronald Reagan, un fanático religioso y actor del cine convertido en presidente de EEUU, lanzó su Guerra de las Galaxias con el código Excalibur: iba a enviar al espacio unos 2200 satélites equipados con unas armas portadoras de partículas subatómicas, aun por inventar, y que con una velocidad de la luz iban a destruir las cabezas nucleares soviéticas hipotéticamente disparadas en dirección a EEUU. El proyecto no se llevó a cabo: costaba unos 20.000 millones de dólares, y no servía más que para un video juego infantil.

Hoy, 34 años después, el Congreso de EEUU, de mayoría demócrata, ha aprobado un proyecto de ley de “defensa”, con un presupuesto de 738.000 millones de dólares que incluye la creación de la Fuerza Espacial (FE) propuesta por otro “presidente por accidente” llamado Donald Trump quien afirma que el espacio es el «nuevo dominio de combate».

Esta declaración de guerra al mundo, como de costumbre, va acompañada por una megamentira: que “EEUU ha perdido la supremacía militar en el espacio a Rusia y China” y no podría «sobrevivir a un ataque furtivo de China” o que el país de Mao «puede instalar una base militar en polo sur de la luna” y ¡convertir la Vía Láctea en la Ruta de Seda espacial! Pero ¿no es cierto -como afirma la versión oficial-, que el mayor ataque a EEUU, el 11S, fue realizado por una fuerza “llegada de la Edad de Piedra” que no con una “Espacial”?

Resulta que EEUU sigue liderando la capacidad satelital y la tecnología militar espacial, y posee unos 901 satélites (en comparación con 280 de China y los 150 de Rusia), y planea lanzar 1.300 satélites más.

El presidente Madman de rostro anaranjado de EEUU cree que las armas de destrucción masiva que hay en la Tierra no son suficientes para acabar con todos los seres vivos del cosmos.

La Odisea Espacial de Trump

Aunque desde 1982 ya existe el Comando Espacial en la Fuerza Aérea de EEUU, que emplea a 36.000 individuos, los motivos por los que Trump necesita crear otro, son:

  • Sobornar a la industria armamentísticaen la víspera de las elecciones del 2020. El Congreso, en un atraco sin precedente al dinero público aprobó un anticipo de 40.000 millones de dólares para la puesta en marcha de la FE, que contratará, inicialmente, a 16.000 personas. La dimensión de lo que va a ganar la industria militar sólo es comparable con lo que obtuvo con el 11S. y la farsa de la Guerra contra el Terror: el fin de la Guerra Fría le había cerrado el grifo y tuvieron que inventar un nuevo Coco contra quien luchar. El 12 de septiembre, es EEUU que golpea a sí mismo, otorgando sus rindas a unos pistoleros, que lanzaron operaciones militares ilimitadas, se deshicieron de las armas viejas, probaron las nuevas (como los drones), a costa de la destrucción de naciones enteras y la vida de cientos de millones de personas, entre muertas, heridas, mutiladas, desplazadas y refugiadas. Un dato revelador: Los cazas F-22, fabricados en los ochenta para enfrentarse a los cazas soviéticos semejantes (que ni se habían construido) nunca se utilizaron. ¿Qué más da? Lockheed Martin ahora está construyendo 2443 aviones F-35, por un valor de 323. 000 millones de dólares. El negocio de la “guerra perpetua”, trae ingresos perpetuos para este crimen organizado, y pérdidas perpetuas, no sólo para cientos de millones de personas de otros estados, sino para los propios ciudadanos de EEUU: según Children’s Defense Fund, en el país más rico del planeta, 40 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza -el doble que hace cincuenta años-, de ellos 13 millones son niños. El número de los menores sin hogar, 1.5 millones, es tres veces más que durante la Gran Depresión de la década de 1930.  Al presupuesto del Pentágono, que son 750.000 millones de dólares para 2020 se deben sumar los 70.000 millones destinados a las 16 agencias de inteligencia, otros 70.000 millones que va al Departamento de Seguridad Nacional, más 30.000 millones asignados al Departamento de Energía, los 200.000 millones para la Administración de Veteranos, y lo que se destina a otros departamentos para fines militares, como a de Justicia, que recibe miles de millones de dólares para buscar “terroristas” fantasmas contra quienes luchar: llegó a cambiar la definición del “terrorismo” para poder incluir a un mayor número de personas de todo el mundo. Este departamento está vinculado con la industria carcelera -cuyo negocio sin fronteras se extiende desde el Guantánamo en Cuba hasta el Bagram en Afganistán, pasando por Rumania y Polonia-, encargado de practicar la pedagogía del terror estadounidense. Muchos son los agujeros oscuros que absorben el pan, la salud y el techo de millones de personas de aquel país.
  • Mantener y ampliar la colosal máquina de matardel imperialismo de EEUU, ahora que va dejando de ser la superpotencia económica, comercial y tecnológica.
  • Privatizar el espacio, poniendo una puerta militar al cielo, y decidir qué países, qué corporaciones y en qué condiciones pueden acceder a él.
  • Convertir en un arma de guerra a la propia galaxia, que ya está militarizado, para mantener su dominio militar en la Tierra. De hecho, la FE será un comando geográfico al igual que el Comando Europeo (EUCOM), el Africano (AFRICOM), el Central (CENTCOM), el Pacífico (PACOM), el Norte (NORTHCOM), el Sur (SOUTHCOM) y el Estratégico (STRATCOM).
  • Colocar interceptores de misileso armas satelitales en el espacio, con el fin de bloquear o piratear las señales de los aparatos de otros países, ya no solo con las virguerías electrónicas sino también con armas antisatélite (y aviones de combate equipados con láser, e instalar ojivas nucleares en la órbita), atentando contra las comunicaciones, la navegación aérea, y otros servicios civiles de otras naciones.
  • Militarizar aun más la política exterior de EEUU: el cese de Rex Tillerson puso fin a la diplomacia en el gobierno de Trump.
  • Colar a Trump en alguna página de la historiapor algo tan grande como el tamaño del universo (ahora que no le vendieron Groenlandia) y también a la medida de la estupidez de quienes le aplauden ilusionados por “poner botas (militares) en la Luna” para 2024. ¡Es vital para la psique del estadounidense provinciano saber que está gobernando el mundo!

¿Y por qué los demócratas han apoyado el proyecto? En EEUU la economía basada en la guerra tiene un nexo directo con la dependencia política de EEUU del militarismo. Muchos gobernadores de ambos países no estarían en la Cámara sin el dinero de las compañías de armas de su región invertidos en sus campañas.

Así empezó el Star trek trampiano

La FE no es una ocurrencia de Donito Trumpolini  y su familia: él sólo tienen el encargo de llevar adelante esta nueva fase de la doctrina militar de EEUU. Fue después de la Segunda Guerra cuando Washington acogió a los científicos nazis quienes regalaron a los nuevos patrones su conocimiento técnico, empapado de la ideología supremacista: En Redstone Arsenal situado Huntsville, el corazón del militarismo espacial del mundo, fabricaron un misil balístico para transportar armas atómicas. Y cuando en 1957 la Unión Soviética lanzó Sputnik, exhibiendo su capacidad para explorar el espacio, EEUU aceleró el proyecto del presidente Eisenhower en crear la NASA en 1958, agencia de apariencia civil, que distraería la atención en los proyectos espaciales con fines militares.

En 1967, EEUU, la URSS y China y otros países firmaron el Tratado del Espacio Exterior, que autoriza la exploración y el uso del espacio exterior para todas las naciones y prohíbe que alguno pueda reclamar soberanía sobre él o desplegar armas de destrucción masiva, incluidas las nucleares, aunque se le olvidó impedir actividades militares en el Cielo.

En 2001, China propuso el Tratado de Prevención de una carrera Armamentista en el Espacio ante la ONU, sin conseguir que EEUU lo firme. Seis años después, el régimen de George W. Bush, formado por personas vinculadas con las compañías de armas y de petróleo, bloqueó la resolución de la ONU sobre el control de armas en el espacio, mientras derogó el Tratado sobre Misiles Anti-Balísticos firmado con la URSS en 1972. La Guerra del Golfo Pérsico de 1991 será la «primera guerra espacial»: en ella EEUU utilizará los satélites para atacar a Iraq con armas nuevas guiadas, como los drones.

Ahora, Trump rompe la primera medida del control de armas nucleares firmado en 1987 con la URSS (Tratado INF), y también el acuerdo nuclear con Irán, para tener las manos libres y ¿»Make America Great» con el asalto de la industria aeroespacial a la Casa Blanca y al Congreso?

EEUU no será más seguro: China basa su política exterior en coexistencia pacífica (el  respeto mutuo, no injerencia, negocio con beneficio mutuo) puede verse empujada a una carrera armamentística, como la URSS en los ochenta; lo que no solo perjudica a China y la economía mundial, sino también provocará lo que se llama el “Modelo espiral”: cuando un país aumenta sus fuerzas militares para garantizar su seguridad, provoca una mayor preocupación en otros estados, que por su parte se arman, disminuyendo la  seguridad del primero.

Con un multimillonario charlatán instalado en el Despacho Oval, la amenaza de una guerra espacial es muy seria. Y ¿saben por qué no existe un movimiento antimilitarista a nivel mundial?

Por Nazanín Armanian

31 DICIEMBRE 2019

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Ejercicios militares de Rusia/China/Irán en el golfo de Omán: entrada del estrecho de Hormuz

 El teniente general Aviv Kochavi, jefe de Estado Mayor del ejército de Israel, sentenció que la “colisión de Israel con Irán era casi inevitable (sic, https://bit.ly/2MCzKLr)”, mientras por primera vez Rusia, China e Irán realizan ejercicios navales trilaterales en el golfo de Omán –en la parte norteña del océano Índico– iniciando el 27 diciembre, cuando las tensiones en el golfo Pérsico han escalado en forma ominosa como consecuencia del retiro unilateral de Trump, azuzado por su íntimo aliado el saliente primer israelí Netanyahu, del acuerdo que había celebrado en forma creativa Obama sobre el contencioso nuclear de Irán que sólo se ganó asfixiantes sanciones que han desestabilizado a la teocracia reinante con metástasis en Irak, Líbano (con la peor crisis financiera teledirigida de su historia) y Siria. En la etapa de Trump las guerras son mayormente comerciales y financieras, las cuales, guste o no han resultado tan nocivas como las militares.

El Ministerio de Defensa de China dio mayor cobertura que Rusia a los históricos ejercicios navales cuando la Armada china ha desplegado su preciado misil guiado (https://bit.ly/37iOSFE).

Los multimedia persas han sido más generosos sobre los “juegos de guerra trilaterales de Rusia, China e Irán (https://bit.ly/2ZCRSKf)” y sus analistas comentan que los ejercicios navales exhiben el poder de los orientales ante las presiones de Estados Unidos (EU). El contraalmirante persa Habibollah Sayyari se jactó de ser anfitrión ahora de las fuerzas navales de dos superpotencias. El mismo día del inicio de los ejercicios navales trilaterales en el golfo de Omán, Japón anunció el envío de una pequeña escuadra naval en los mares cercanos a Irán “como parte de los esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación (https://on.wsj.com/37eqjtp)”.

Para Japón es vital la libre navegación de los tanques petroleros, ya que depende mayormente de la importación del crudo de Medio Oriente. En forma sincrónica, Rusia puso en servicio su misil hipersónico Avangard, “capaz de atravesar cualquier escudo antimisiles (https://bit.ly/37h6EZJ)”. Ahora se entiende la razón por la cual el zar Vlady Putin solamente duerme cuatro horas. El mandatario ruso no oculta su supremacía militar que ha superado a todos los competidores por primera vez en armas avanzadas. Afirmó que ahora Rusia goza de una única situación en la nueva y reciente historia, cuando son los otros quienes tratan de alcanzarnos y “ni un (¡megasupersic!) solo país posee armas supersónicas, no se diga armas hipersónicas de alcance continental (https://bit.ly/2u2v8I5)”.

Según Press TV, los ejercicios navales trilaterales tienen como objetivo asegurar las rutas de comercio internacional en las aguas estratégicas y estimular la preparación contra la piratería y el terrorismo marítimo (https://bit.ly/365x4xf), cuando Rusia, China e Irán han enviado algunos (sic) de sus más avanzados navíos para tomar parte en los ejercicios navales de cuatro días. Mientras los multimedia de EU y Europa han boicoteado los ejercicios navales trilaterales, el Pentágono ha comentado que EU los estaba monitoreando y los juzga como actos provocativos. Por demás interesante es la postura china que apoya el “Esfuerzo de Paz en el Estrecho de Ormuz (HOPE, por sus siglas en inglés, https://bit.ly/2teHJqQ)”.

Pese a todos los avatares consabidos, de repente aparecen en el horizonte destellos pacifistas, como sucedió el 7 de diciembre, cuando Irán y EU intercambiaron dos relevantes prisioneros, por lo que el presidente Trump comentó su disposición a entablar negociaciones sin precondiciones con Irán (https://bit.ly/2MCfTMq).

Por cierto, el libro de Andrey Martyanov sigue siendo el más esclarecedor sobre el decisivo avance militar de Rusia que en la etapa de resurrección del zar Putin se convirtió –después de 31 años de humillaciones/agravios/ultrajes de Occidente (what ever that means)–, en la primera superpotencia militar del planeta (https://bit.ly/2MAj0nK).

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La UE redobla sus esfuerzos en Defensa para reducir su dependencia de EEUU

Los líderes europeos decidirán en 2020 cuánto músculo dan a su incipiente fondo para la defensa, con la idea de aumentar el perfil militar de Europa: “La UE tiene que aprender a usar el lenguaje del poder”, ha llegado a decir Josep Borrell, nuevo jefe de la diplomacia comunitaria.

Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, la salida del Reino Unido de la UE, la guerra de Siria, la situación de descontrol en Libia… Si hay algo que define al mundo del último lustro es la subida de tono y las fricciones diplomáticas. Y, por si fuera poco, cada vez es más fuerte la presión de Donald Trump para que los países europeos aumenten su gasto en defensa y alcancen el 2% del PIB acordado entre los países de la OTAN.

En este clima de desconfianza mundial los líderes europeos, encabezados por el presidente francés, Emmanuel Macron, están mostrando una voluntad cada vez mayor de coordinar esfuerzos militares. Su idea es independizarse, al menos en parte, de la protección americana y conseguir que Europa tenga mayor músculo militar por sí sola.

Así buscan tener mayor presencia en las zonas conflictivas cercanas al continente, como Malí o Libia, y otras como los Balcanes no conflictivas pero claves en el tablero de influencia mundial. Tal es la voluntad de subir el tono diplomático en Bruselas que la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le ha dado el sobrenombre de “Comisión geopolítica” a su Ejecutivo, tras tomar posesión el pasado 1 de diciembre.

2020, clave para el fondo de defensa europeo

El año 2020 puede determinar hasta qué punto los líderes van en serio o si la integración militar europea se queda en algo menor. El principal caballo de batalla será el presupuesto del nuevo Fondo Europeo para la Defensa, en marcha desde 2017 en fase piloto, pero cuyo tamaño a largo plazo se decidirá en los próximos meses.

Las intenciones del anterior presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, eran de que el fondo recibiera 13.000 millones de euros para el período 2021-2027. Sin embargo, los planes de los Estados parecen mucho más conservadores: en el último borrador de los presupuestos a largo plazo de la UE proponen que la partida sea de 6.000 millones de euros. Si no hay contratiempos, la cantidad final se decidirá antes del fin de 2020.

¿Por qué una diferencia tan grande en las cantidades? Quizá la principal razón sea el brexit, que dejará un ‘agujero’ de unos 10.000 millones de euros anuales en las cuentas de Bruselas… y no hay muchos voluntarios para cubrir ese hueco. Con ese telón de fondo, el espacio para nuevas iniciativas será muy reducido, así que el dinero extra para lo militar puede suponer el fin de otras partidas.

Los fondos irían destinados a la financiación de proyectos de investigación y desarrollo para fines militares en los que colaboren empresas de diferentes países de la UE. El ejemplo que Borrell y los técnicos de la Comisión ponen a menudo es que los países europeos tienen 17 modelos de tanque mientras que Estados Unidos tiene solo uno. 

Pero el tamaño de los subsidios a la industria armamentística podría ser aún mayor. Los Estados podrán poner dinero adicional para los proyectos de desarrollo en que estén interesados, con lo que el presupuesto final de ese fondo para la Defensa podría llegar aumentar hasta 51.000 millones, según las cifras que se manejan en estos momentos.

Es más, la Comisión Europea ha creado un departamento específico de Defensa, Industria y Espacio que se encargará en parte de coordinar el desarrollo de este fondo. En su ambición por desarrollar una industria militar europea, Macron ha conseguido colocar a su comisario Thierry Breton en la supervisión de ese departamento. Breton es el exdirector ejecutivo de Atos, una de las principales multinacionales europeas en el desarrollo de servicios tecnológicos en campos como la ciberseguridad, o los servicios financieros, pero también en la industria aeroespacial y la defensa. Su nombramiento ya provocó muchas críticas en el Parlamento Europeo, sobre todo desde la izquierda.

Más artillería para la ‘fortaleza’

Pero la cooperación militar va a ir más allá del Fondo para la Defensa. El otro proyecto estrella es PESCO, una colaboración de los Estados en temas militares, en la que participan todos los países de la Unión, excepto Reino Unido, Dinamarca y Malta.

Los ministros europeos activaron este instrumento en 2017, que estaba previsto en el Tratado de Lisboa que entró en vigor en 2009 pero que se mantenía congelado. “Es hora de despertar a la Bella Durmiente”, dijo Juncker con ocasión de su activación. Tres años más tarde, hay 47 proyectos en marcha dentro de PESCO para temas como formación militar, desarrollo de armamento y tecnología punta.

PESCO se considera el embrión para la creación de una especie de ejército europeo, algo que despierta recelos en Washington, que desconfía de que la UE busque crear una alianza propia independiente de la OTAN. Macron ha recalcado que no se trata de una nueva alianza que compita con la alianza transatlántica sino que es “complementaria”.

La guinda en el pastel de la creciente colaboración militar en la UE es el control de las fronteras, cada vez más férreo. La agencia Frontex seguirá con su expansión anual: en 2020 recibirá 411 millones de euros, un 23% más que en 2019, y 20 veces más que en su primer presupuesto de 2015. La UE pretende desplegar 10.000 agentes de Frontex para 2027.

¿Hacia un “verdadero” ejército europeo?

La retórica de defensa ha empapado el discurso de Von der Leyen desde el primer instante tras su designación como presidenta de la Comisión. Un ejemplo es su carta dirigida al nuevo jefe de la diplomacia europea, el exministro español Josep Borrell, en la que describía sus prioridades para el mandato: “Debemos tomar pasos más audaces en los próximos cinco años hacia una genuina Unión Europea de la Defensa”, escribía.

Borrell recogía el guante, anunciando que su intención es que en los próximos años Europa invierta más dinero en desarrollo militar conjunto. “La UE tiene que aprender a usar el lenguaje del poder”, llegó a decir durante su examen de confirmación ante la Eurocámara.

La retórica de Borrell va en la línea del discurso de Macron, cuya entrevista en The Economist  en la que dice que la OTAN en “muerte cerebral” ha sido la comidilla en los pasillos de los gobiernos y parlamentos de todo el mundo. La canciller alemana, Angela Merkel, ha respaldado el discurso de Macron, aunque es sabido que en Berlín son más reticentes a aumentar el gasto militar y que prefieren optar por desarrollar herramientas diplomáticas de paz. Aun así, el año pasado Merkel llegó a decir en el Parlamento Europeo que deberían barajar la idea de que un día tengamos “un verdadero ejército europeo”. “Los tiempos en que podíamos depender de otros han terminado”, concluía.

¿Quiere decir esto que caminamos hacia un ejército europeo? Pese a las campanas, no parece que vayamos a ver soldados bajo bandera europea ni a corto ni medio plazo. Lo que en Bruselas se interpreta es que Borrell y Von der Leyen buscan aumentar la colaboración de las capitales en materia de defensa, pero que de ahí a que veamos soldados bajo la bandera europea va un gran trecho. En cualquier caso el año 2020 será determinante en esa aspiración: dependerá en gran parte de cuántos recursos dedique Europa al desarrollo de armamento conjunto para la defensa de la ‘fortaleza’.

29/12/2019 08:52 Actualizado: 29/12/2019 08:52

IVO ALHO CABRALO

 @IvoAlhoCabral

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El Paramilitarismo busca servirse de las juntas comunales e implantar el Memoricidio

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad de recurrir al país y al mundo para denunciar las graves violaciones a sus derechos fundamentales de que ha sido víctima en los últimos meses.

Al igual que los gobiernos anteriores, el Presidente Duque ha optado también por la política de brazos caídos y oídos sordos frente al paramilitarismo. A pesar de haber recibido voluminosos documentos que le demuestran la continuidad de políticas de Estado de complicidad, connivencia, tolerancia y mucho más frente a millares de crímenes perpetrados por estructuras armadas cuya relación con el Estado ha sido puesta en evidencia ya por numerosas sentencias de tribunales nacionales e internacionales, prefiere callar y no actuar para seguirles dejando las manos libres.

El paramilitarismo en Urabá pasó de períodos en que actuaba adjunto a la fuerza pública a la luz del día sin ningún pudor, a períodos de separación coordinada, acompañada de un intenso negacionismo, afirmando todas las instituciones que “el paramilitarismo no existe” mientras todo el mundo los ve actuar dentro de los mismos parámetros políticos y criminales de siempre. Ahora parecen entrar en un nuevo período en el cual la cooptación de las juntas de acción comunal les sirve de camuflaje, pues descargan en ellas la ejecución de sus decisiones, prohibiéndoles delatar sus estrechas relaciones. Ya las más atrevidas políticas contra la población campesina y contra sus valores ancestrales aparecen como “decisiones democráticas” de las juntas de acción comunal, aunque todo el mundo sabe que son órdenes del paramilitarismo recibidas a su vez del alto gobierno. Oponerse a esas decisiones puede traer graves consecuencias y los miembros honestos de las juntas lo saben muy bien y por eso prefieren callar y someterse.

Dentro de esta nueva estrategia, a las juntas de acción comunal se les ha encargado gestionar el MEMORICIDIO, o sea el exterminio de la memoria histórica. Nuestra Comunidad está sufriendo ahora las amenazas de destrucción de los monumentos de memoria que señalan los lugares sagrados donde fueron sacrificados nuestros líderes con altos grados de sevicia por parte de militares y paramilitares. Ahora son, pues, las juntas comunales las que bloquean o quieren exterminar la memoria, cumpliendo órdenes perversas de los poderes vigentes. Era difícil imaginar que se podría llegar a esa ignominia, pero lamentablemente ya es un hecho.

Los hechos que queremos poner en conocimiento del país y del mundo son los siguientes:

En la última semana de octubre de 2019, el ex militante de las FARC-EP y ahora integrante de la estructura paramilitar con presencia en el Cerro de Chontalito, conocido como “Pablo”, participó en una fiesta en la vereda Cabecera de Mulatos y allí quiso asesinar a un joven de la zona a quien persiguió con un arma; cuando el joven se le escapó, él lo buscó por diversas viviendas para darle muerte. Cuando la Junta de Acción Comunal abordó el caso, consideró que no podían arreglar el problema con alias “Pablo” sino que debían comunicarse con alias “René”, también ex militante de las FARC-EP y quien ahora ejerce la comandancia del paramilitarismo en la zona de San José de Apartadó.

El sábado 2 de noviembre de 2019, en la vereda La Esperanza una tropa del ejército ingresó a una vivienda donde sólo estaban los niños, pues los padres habían salido a trabajar. Cuando uno de los niños observó que ellos llevaban un radio, les dijo que ese radio era igual al de su papá y fue y sacó el de su papá para mostrárselo. Los militares comprobaron que en realidad era un radio de su institución, lo que confirmaba que el jefe de ese hogar era un espía o “punto” paramilitar. Los militares regresaron a esa vivienda en la tarde cuando el señor regresó de su trabajo y departieron amigablemente con él como colegas.

En la primera semana de noviembre de 2019, en un sitio aledaño al centro urbano de San José de Apartadó fue citado un joven del caserío por paramilitares; al llegar fue amenazado de muerte acusándolo de robo y drogadicción. El joven no aceptó la acusación de robo y afirmó que si consumía droga era con su dinero. El hecho es demostrativo del tipo de “justicia” de facto que pretenden implantar los paramilitares en la región.

El sábado 9 de noviembre de 2019, el ex militante de las FARC-EP y ahora integrante de la estructura paramilitar con presencia en el Cerro de Chontalito, conocido como “Pablo”, llegó hasta la Bodega de comercialización del cacao en San Josesito, acompañado por otros integrantes de la estructura paramilitar y permaneció un tiempo en sus alrededores en actitud de espionaje.

En la segunda semana de diciembre de 2019, la Comunidad de Paz recibió informaciones según las cuales alias “Pablo”, ex integrante de las FARC-EP y ahora integrante con mando importante en la estructura paramilitar, se desplazó a la vereda de Saiza, del municipio de Tierralta, del departamento de Córdoba, a dar un curso sobre explosivos a la estructura paramilitar de dicha zona.

El viernes 13 de diciembre de 2019, varios integrantes de la Comunidad de Paz quienes se desplazaban por el camino que conduce del caserío de San José a la vereda La Unión, encontraron sobre el camino un panfleto manuscrito en el cual se incitaba a “dar muerte a los sapos”, refiriéndose a los denunciantes. La molestia y furia con que los paramilitares se refieren a las denuncias de sus acciones es algo ya muy conocido en la región, así como su acusación permanente a la Comunidad de Paz de denunciar ante el mundo todas las agresiones criminales de los actores armados y las violaciones a los derechos humanos y atentados contra la dignidad humana.

El miércoles 18 de diciembre de 2019, algunas juntas de acción comunal de la zona convocaron a una reunión de pobladores en la vereda La Esperanza para transmitir la orden de los paramilitares de obligar a todos los pobladores a pagarles impuestos ilegales de 10.000,oo (diez mil pesos) por cada hectárea de tierra que posean.

En el mes de diciembre de 2019 se han intensificado los anuncios, por parte de juntas de acción comunal de la zona, impulsadas por estructuras paramilitares que les imparten directrices, de destruir construcciones realizadas por la Comunidad de Paz en sitios sagrados de memoria de sus víctimas. Desde hace un tiempo la Comunidad de Paz ha venido construyendo un monumento – memoria de la masacre perpetrada por el ejército y los paramilitares el 8 de julio de 2000 en la vereda La Unión. Por su parte, la junta de acción comunal de dicha vereda ha amenazado reiteradamente con destruir el memorial, alegando que el gobierno les ha ofrecido construir en ese mismo sitio una placa poli-deportiva. Esto coincide, en su estrategia, con las presiones de la junta de acción comunal de la vereda Mulatos Medio, la cual ha querido apoderarse violentamente de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, donde la Comunidad hace presencia desde hace 15 años y ha construido una capilla en el sitio sagrado donde fue masacrado Luis Eduardo con su compañera y su hijo de 10 años. En ese mismo sitio la junta de acción comunal alega que el Estado les ofrece construir una escuela y una caseta de venta de licores, precisamente allí y no en otro sitio. No cabe duda de que estas amenazas coincidentes revelan una política estatal de memoricidio, como afán de borrar la memoria de las víctimas y de los crímenes de Estado.

En otros países, el negacionismo y el memoricidio se desarrollan en períodos de posconflicto y de posviolencia, cuando la memoria busca exigir que se tomen medidas de corrección y de no repetición. En Colombia esas perversas estrategias coinciden con la continuidad de los crímenes, pues mientras los paramilitares, brazo armado ilegal del Estado, tratan de bloquear la memoria valiéndose de las juntas de acción comunal, esos mismo paramilitares continúan exterminando el liderazgo social del país y matando a los combatientes desmovilizados.

Otra labor destacada de las juntas de acción comunal en los últimos meses ha sido la recolección de firmas en favor de las empresas transnacionales orientales (Coreanas y Chinas) que ya están diseñando la explotación del carbón y de varios metales, comenzando por el corregimiento de Nuevo Antioquia (Turbo) y avanzando por las veredas de San José de Apartadó. Igualmente promueven la presentación de hojas de vida para ser contratados por esas empresas, como solución al problema del desempleo. Es profundamente lamentables que el Estado quiera apoyarse en necesidades básicas insatisfechas de la población campesina para involucrarla en un modelo económico basado en la destrucción definitiva de recursos naturales no renovables, explotación que daña y envenena radicalmente el medio ambiente.

Una vez más agradecemos a las numerosas comunidades y personas que desde muchos lugares del país y del mundo mantienen en alto nuestra moral de resistencia y nuestros ideales de un mundo menos inhumano que el que vivimos. Al mismo tiempo les deseamos que el año que va a comenzar sea una nueva oportunidad de unir fuerzas entre todos los sectores del mundo que se apoyan en principios éticos humanitarios con el fin de avanzar en la construcción de la justicia, la solidaridad y la paz entre los vivientes.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Diciembre 26 de 2019

Publicado enColombia
Viernes, 27 Diciembre 2019 06:14

Cruces de Trump con Rusia por ataques en Siria

Un hombre evacúa a una víctima de un bombardeo en Maaret Al-Noman, provincia de Idlib. Imagen: AFP

El presidente de EE.UU. acusó a Putin, Irán y al régimen de Asad de bombardeos indiscriminados

Desde el 16 de diciembre, las fuerzas del presidente sirio Bashar al Asad, con el apoyo de la fuerza aérea rusa, han intensificado sus bombardeos sobre la región de Idlib. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este jueves a los gobiernos de Rusia, Siria e Irán que detengan la violencia contra civiles en la provincia siria de Idlib, controlada por los rebeldes. "Rusia, Siria e Irán están matando, o en camino a matar, a miles de civiles inocentes" en ese territorio del noroeste sirio dominado por los yihadistas, tuiteó Trump. "¡No lo hagan! Turquía está trabajando duro para detener esa matanza", agregó.

Desde el 16 de diciembre, las fuerzas del presidente sirio Bashar al Asad, con el apoyo de la fuerza aérea rusa, han intensificado sus bombardeos sobre la región y los combates en tierra contra los yihadistas y rebeldes, a pesar de un alto el fuego anunciado en agosto. Alrededor de 80 civiles fueron asesinados en la nueva escalada, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que estima que más de 40.000 personas han sido desplazadas.

Ankara dijo el martes que está en conversaciones con Moscú para asegurar un nuevo alto el fuego en Idlib, y pidió el fin inmediato de los ataques. El portavoz presidencial turco Ibrahim Kalin dijo que Ankara estaba presionando por un nuevo alto el fuego para reemplazar un acuerdo alcanzado en agosto. Francia también pidió un retroceso inmediato de las acciones, acusando a Damasco y sus aliados rusos e iraníes de "empeorar la crisis humanitaria".

En un comunicado esta semana, el ejército sirio dijo que se había apoderado 320 kilómetros cuadrados de sus enemigos en los últimos días. Además, ha prometido continuar su puja hasta recuperar Idlib, pidiendo a los civiles que salgan de las áreas bajo control yihadista. La región de Idlib está dominada por yihadistas del grupo Hayat Tahrir al Cham (HTS), exaliado de Al Qaida, y otros movimientos rebeldes.

El líder del grupo instó a los yihadistas y los rebeldes aliados a dirigirse al frente y luchar contra "los ocupantes rusos" y el régimen. Su campaña "feroz" "requiere que hagamos más esfuerzos", dijo el martes el líder de HTS, Abu Mohammed al Jolani, en un comunicado. 

Idlib alberga a unos tres millones de personas, incluidos muchos desplazados por años de violencia en otras partes del país. El régimen, que ahora controla más del 70% del territorio sirio, ha dicho repetidamente que está decidido a reconquistar Idlib.

La escalada de violencia se produce después de que Rusia y China vetaran el viernes una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que habría extendido por un año las entregas de ayuda transfronteriza a cuatro millones de sirios, muchos de ellos en Idlib. La medida aumentó los temores de que la asistencia vital financiada por la ONU podría dejar de ingresar desde enero a las partes de Siria controladas por la oposición, salvo que se alcance un acuerdo alternativo.

La asesora humanitaria de Naciones Unidas para Siria, Najat Rochdi, expresó la semana pasada su preocupación por la escalada de violencia en Idlib y pidió a todas las partes el cese inmediato de estas tensiones para proteger tanto a la población civil como las infraestructuras básicas.

Rochdi condenó la intensificación de los combates y, en particular, el aumento de los ataques aéreos y el supuesto uso de "barriles bomba". Decenas de civiles habrían perdido la vida como consecuencia de estas acciones, entre ellos numerosos niños, según la estimación de Naciones Unidas.

"A pesar de las reiteradas garantías de que las partes enfrentadas solo atacarán objetivos militares legítimos, persisten los ataques contra instalaciones médicas y educativas", lamentó Rochdi en un comunicado. "Las operaciones antiterroristas no pueden invalidar las responsabilidades para proteger a los civiles" subrayó.

El Gobierno de Siria ha defendido que la ofensiva en Idlib es parte de su lucha contra el terrorismo en el país. La guerra de Siria ha matado a más de 370.000 personas y ha desplazado a millones desde 2011 con la brutal represión de las protestas antigubernamentales.

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Matanza de líderes, la peor crisis humanitaria

 

“La mayor tragedia humanitaria de Colombia es la violencia contra líderes sociales, que se ha traducido en centenares de asesinatos en los últimos tres años”: Rodrigo Uprimny.

 

Según el Consejero mayor de la ONIC, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el fin del Gobierno Santos fueron asesinados 66 líderes indígenas; desde el inicio del Gobierno Duque hasta hoy han sido asesinados 134 [1].

Por su parte el Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reporta que en el 2019 han asesinado 234 líderes y defensores, 167 corresponden a indígenas, negros, campesinos y ambientalistas, dedicados a defender el territorio y la implementación de los Acuerdos entre las FARC y el Gobierno, y 176 excombatientes y 42 familiares; 20 intentos de asesinato y 13 desapariciones forzadas [2].

El informe elaborado por el Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP) “Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz” [3], muestra que entre 2012 y julio de 2019 han sido criminalizados 249 líderes, 74 por ciento de estas judicializaciones son por rechazar el impacto ambiental de las empresas extractoras de recursos naturales.

Para el CSPP la judicialización y estigmatización de defensores y líderes sociales obedece al favorecimiento que le da el Estado a las empresas nacionales y trasnacionales; este Informe registra que 117 empresas tienen 365 convenios de cooperación con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, ¿Es posible ser imparcial en estas condiciones?

Los Departamentos que más convenios tienen con las empresas son Antioquia 60, Meta 34, Casanare 30, Santander 29, Cesar 28 y Putumayo 25; Departamentos donde están el 35,7 por ciento de los Títulos Mineros que existen en el país y el 46 por ciento de las zonas donde se realiza exploración y explotación de pozos petroleros, a su vez en estas zonas se registra el 58 por ciento de judicializaciones a defensores y líderes sociales.

Otro acuerdo que no se cumplirá

Colombia es el segundo país más peligro para los defensores ambientales , según informe de Global Witness en 2018, con 83 asesinatos; más de la mitad del total reportado por la ONG que registró 164 asesinatos en todo el mundo [4].

Iván Duque firmó el 12 de diciembre el Acuerdo Escazú, en el que hacen parte 21 países de Latinoamérica y el Caribe, cuyo propósito es proteger los protocolos para la protección ambiental y especialmente de los líderes que velan por el territorio.

El Acuerdo Escazú se enfoca en que los defensores tengan acceso a la información de proyectos que involucran el medio ambiente; sin embargo, el Gobierno guarda silencio frente a proyectos como la protección del páramo Santurbán y la ejecución de proyectos pilotos de fracking.

El día de los DDHH, represión y matanza

Jimmy Alberto Pacué de 24 años, comunero indígena del resguardo de Jambaló. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), informó que fue asesinado el 8 de diciembre en Caloto, mientras se desplazaba con su esposa y su hijo recién nacido.

El 10 de diciembre en Bogotá entre la Universidad Nacional y el Centro de Memoria, 17 personas entre ellos personal de la Primera Línea, fueron golpeadas y reprimidas con disparos de gases por parte del ESMAD; igualmente agentes de la fuerza pública secuestraron en carros particulares a María Fernanda Pérez y Harold Rodríguez, el joven fue brutalmente agredido y la joven fue liberada por la presión solidaria de la ciudadanía.

Heriberto Úsuga , campesino reclamante de tierras; el 12 de diciembre fue atacado por sicarios del Clan del Golfo, quienes le disparando cuando se encontraba en una finca ubicada en el corregimiento de Macondo en Turbo, Antioquia.

Luis Carlos Hernández Santiago de 42 años, representante de la Mesa Departamental de Participación de Víctimas y excandidato al Concejo de Curumaní, Cesar; fue asesinado el 12 de diciembre cuando se dirigía a la vereda Los Ranchos.

Humberto Londoño , coordinador del Comité de Conciliación en la vereda El Socorro, en el área de Cañón de Iglesias, hacía parte de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (ASOCBAC); fue asesinado el 6 de diciembre en la vía que comunica a Tarazá con la vereda La Caucana.

Manuel Antonio González Vuelvas, ex combatiente de las FARC que hacía parte de un proyecto ganadero colectivo y residía en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), Román Ruiz; fue asesinado el 13 de diciembre en la vía de Ituango a la vereda Santa Lucía.

Notas:

[1] El derecho a defender derechos. Rodrigo Uprimny. El Espectador, 15-12-2019.

[2] https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1205833102158958592?s=20

[3] [CSPP Informe: Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz. 2019 https://bit.ly/2RT3Qha

[4] https://www.globalwitness.org/es/campaigns/environmental-activists/enemigos-del-estado/

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licenc

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Trump anuncia oficialmente la creación de la Fuerza Espacial de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente la creación de la Fuerza Espacial durante la ceremonia de firma del presupuesto de Defensa.

"Hoy marcamos un hito histórico, al inaugurar oficialmente una nueva rama de nuestras Fuerzas Armadas. Es un momento muy grande e importante. Se llama Fuerza Espacial", dijo durante la ceremonia trasmitida por Fox News.

 

Asimismo anunció que la nueva fuerza tendrá al frente al general de la Fuerza Aérea John Raymond.

El año que viene, la Fuerza Espacial tendrá un presupuesto de 40 millones de dólares y una plantilla de 200 personas.

Por su parte, la secretaria de la Fuerza Aérea de EEUU, Barbara Barett, dijo que el nuevo servicio es pequeño para los estándares del Departamento de Defensa, con unos 16.000 miembros de la Fuerza Aérea (entre efectivos y empleados civiles) para comenzar.

"Serán efectivamente la Fuerza Espacial con carácter inmediato", declaró Barrett, citada por el Pentágono.

La creación de la Fuerza Espacial fue ordenada por el presidente en diciembre de 2018.

Donald Trump ratificó la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA por su sigla en inglés) de 738.000 millones de dólares que incluye sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2, Turquía y Siria, junto con otras medidas.

La ley impone sanciones a los gasoductos Nord Stream 2 y TurkStream, y prohíbe la cooperación militar con Rusia.

La norma también sanciona a Turquía por la adquisición de los sistemas de defensa aérea S-400 de Rusia y prohíbe la transferencia de aviones F-35 a Ankara.

Además, incluye 71.500 millones de dólares para guerras en curso en el exterior u "operaciones de contingencia en el extranjero".

La NDAA incluye otras medidas para "contrarrestar" a Rusia en Europa del Este, como prohibir que Estados Unidos reconozca la reincorporación de Crimea a Rusia, aumentando los fondos para la Iniciativa de Defensa Europea, con 734.3 millones adicionales, para la construcción militar y la guerra antisubmarina.

El presupuesto militar también apoya la extensión del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) desde su fecha de finalización en febrero de 2021 hasta febrero de 2026, de conformidad con la ley. Asimismo, exige que el presidente determine e informe al Congreso si Rusia viola el tratado.

Además, la ley establece que EEUU debe reemplazar el Tratado START con otro acuerdo de control de armas que garantice iguales o mayores restricciones, transparencia y verificación de las fuerzas nucleares de Rusia.

La NDAA también prevé más pruebas de los sistemas de defensa antimisiles, y apoya los esfuerzos para desarrollar armamento hipersónico para mediados de los años 2020.

Según la norma, el Departamento de Defensa, en el plazo de 120 días después de la entrada en vigor de la NDAA, deberá presentar al Congreso un informe sobre la asistencia militar proporcionada a países africanos por Rusia o cualquier contratista de seguridad privada con sede en Rusia.

También requiere un análisis de cualquier supuesta desinformación y propaganda rusa en países africanos que puedan suponer un riesgo para los intereses estadounidenses en la región. El documento señala igualmente la necesidad de desarrollar un plan para "contrarrestar las actividades desestabilizadoras rusas" en África.

La ley exige informar sobre las ventas de armas en África que puedan violar los embargos de armas impuestos por la ONU, especialmente en Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana.

La NDAA renueva la asistencia militar por 300 millones de dólares para Ucrania, que incluye 100 millones en armas. Además, amplía los tipos de ayuda que Ucrania puede recibir, incluidos los misiles de crucero de defensa costera y los misiles antibuque.

El documento incluye una disposición para imponer sanciones a las tropas del Gobierno sirio por presuntos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto civil en la República Árabe.

También requiere la elaboración de informes sobre amenazas que puedan provenir de China y proclama que el Congreso apoya inequívocamente a Hong Kong.

04:10 21.12.2019(actualizada a las 10:07 21.12.2019)URL corto

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 Claudia García, directora del Instituto de Medicina Legal colombiano. INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL

Claudia García, directora del Instituto de Medicina Legal de Colombia, coordina los trabajos de exhumación de cuerpos sin identificar

 

Las víctimas en el centro. Estuvieron en el vórtice del dolor del conflicto armado colombiano y hoy deben estar en la primera línea. También en la búsqueda de sus familiares desaparecidos como sucede, por ejemplo, en el cementerio de Dabeiba, a menos de 200 kilómetros de Medellín. Este es el propósito del Instituto de Medicina Legal, que trabaja en ese municipio del departamento de Antioquia junto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal nacido de los acuerdos entre el Estado y las FARC que busca esclarecer y juzgar las tropelías de la guerra. El reflejo de ese dolor se encuentra ahora en una fosa común en la que las autoridades tratan de identificar desde hace semanas decenas de civiles asesinados por militares. Víctimas de un sistema perverso de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, planeadas para mejorar resultados y perpetradas a mediados de la pasada década a cambio de permisos o premios.

Claudia García lleva 24 años en el instituto forense y el pasado febrero asumió las riendas de ese organismo público en un momento decisivo para la transición de Colombia hacia la convivencia. El operativo de Dabeiba, que las víctimas consideran esperanzador, no tiene precedentes y es un ejemplo de los intentos de cerrar las heridas del pasado. "Ese trabajo comienza hace unas semanas, cuando los magistrados de la JEP se comunican con el Instituto de Medicina Legal para informarles de la existencia de esta información en la fosa, en donde hay posibles casos de ejecuciones extrajudiciales. En la primera fase de acompañamiento, asesoramos a la unidad de investigaciones y acusaciones para el momento de las exhumaciones. Una vez en campo, recibimos 14 casos y en este momento recibimos 17 en total", explica García en conversación telefónica con EL PAÍS. 

El instituto trabaja con un equipo de médicos, antropólogos, odontólogos y expertos en balísticos que se trasladaron desde Bogotá para comenzar a estudiar los casos en su sede de Medellín. "La primera fase", continúa esta cirujana especialista en medicina forense, "es una necropsia médico legal completa en donde el objetivo es establecer el número de individuos que hay en estos 17 casos que recibimos, porque no necesariamente pueden ser 17 cuerpos, pueden ser más o menos". Hacia la tercera semana de enero, explica, ofrecerán el primer informe, sobre todo para cumplir su compromiso con las víctimas.

Esta semana la directora de Medicina Legal dio a conocer una cifra aterradora. En Colombia faltan alrededor de 200.000 cuerpos por exhumar e identificar. García explica que se trata de una estimación, pero es a partir de ese cálculo que las autoridades tienen que buscar a los desaparecidos durante más de medio siglo de guerra. "Si partimos del número de cementerios que tiene nuestro país, pensando en que al menos hay uno, a veces dos por cada uno de los municipios. Pensando en el número de cuerpos que han sido inhumados en el transcurso de todo los años de conflicto, los que han pasado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y permanecen en condición de no identificados, los que pasaron por el sector salud, y si sumamos la existencia de fosas clandestinas, el estimativo es que los desaparecidos debemos buscarlos entre 200.000 cuerpos que están inhumados en estas circunstancias". Un trabajo titánico que requiere, explica, de mayores recursos.

"Valoro todo lo que el instituto ha construido en sus 105 años de historia, creo que tiene una experiencia única, desafortunadamente hemos aprendido de la violencia. Tenemos la experiencia, tenemos la tecnología, tenemos la infraestructura, pero necesitamos un apoyo del Gobierno nacional frente a los recursos. Porque la búsqueda no va a durar uno, dos años, ni siquiera los 20 años que tiene la Unidad de Búsqueda. Va a durar muchos años, pasaré yo por este instituto y pasarán muchos otros directores y directoras antes de que logremos encontrar todos los desparecidos. Entonces, hay que fortalecer la institucionalidad", defiende Claudia García.

Esta forense cree que tanto las instituciones como la sociedad colombiana "han aprendido de las familias de las víctimas". "Nos han enseñado que con perseverancia se logran muchas cosas, que la perseverancia es la que realmente se requiere este país para poder buscar desaparecidos. Las mujeres buscadoras nunca han desfallecido incluso cuando las instituciones les hemos cerrado las puertas. Han logrado que las reconozcamos y que entendamos que es con ellas, con las familias de las víctimas, con esas mujeres buscadoras, que debemos mejorar lo que hasta ahora hemos hecho. Tenemos muchísimas cosas por mejorar, pero lo fundamental y que estamos liderando desde el instituto es que el trabajo se haga de mano de las víctimas", enfatiza. El enfoque de trabajo con los familiares pasa por el derecho a conocer la verdad, el derecho a la información y el derecho al trato digno.

García relata que aprendió "a través del dolor de las víctimas cosas fundamentales como poder reconocer que la desaparición es lo peor que le puede pasar a un ser un humano y a una familia". "Por eso, tengo un total compromiso con las víctimas para la búsqueda de los desaparecidos", prosigue. "Todo este dolor que ha sentido el país y al que nos enfrentamos día a día los funcionarios lo único tiene que ser es fortalecernos para realmente uno, dejar memoria en los jóvenes. Las personas jóvenes no conocen la historia de este país y hay que dejársela viva para que no la repitan. Y lo otro es lograr unirnos como país para que logremos que no haya repetición y además logremos una reparación real de las víctimas. He aprendido que las víctimas son las que están más dispuestas a perdonar y repararse y el Estado les debemos a ellas todos los mecanismos para que logren esa reparación".

Po FRANCESCO MANETTO

Bogotá 18 DIC 2019 - 22:38 COT

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Miércoles, 18 Diciembre 2019 06:39

La OTAN, fracturada en su 70 aniversari

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, durante un discurso pronunciado después de la juramentación de su nuevo gabinete, en una ceremonia efectuada en Ottawa el 20 de noviembre pasado.Foto Afp

El aniversario 70 de la anacrónica OTAN fue un sonoro fracaso que expuso su inherente fragmentación cuando ya no sabe qué nuevo enemigo seleccionar entre China, Rusia o el etéreo "terrorismo". Dos de sus principales baluartes exitosos durante la guerra fría fueron el thatcherismo y el reaganomics que orillaron a la disolución de la URSS gracias a la legendaria candidez del locuaz Gorbachov, quien fue mejor publicitando pizzas y la tarjeta American Express, que como mandatario de una superpotencia.

Hoy en la fase del "nacionalismo económico" del Brexit/trumponomics, que sustituye a la burbuja especulativa del thatcherismo/reaganomics del falleciente neoliberalismo global y/o globalismo financierista, la OTAN exhibe sus profundas fracturas, su falta de rumbo y quizá hasta su irrelevancia.

El británico Patrick Cockburn, considerado uno de los mejores analistas de su país con justa razón, aduce que los "historiadores del futuro escogerán 2019 como el año decisivo en el declive de EU y Gran Bretaña (GB) como potencias mundiales" y arguye que el “reinado de GB como superpotencia mundial concluyó gracias al Brexit (https://bit.ly/2LB6fJb)”. Cockburn juzga que "este giro geopolítico viene exactamente un siglo después del Tratado de Versalles de 1919, cuando EU y GB se encontraban en el pináculo de su poder para determinar el destino de los países tras la Primera Guerra Mundial". Agrega que "ambos, Obama y Trump, reconocen que la era cuando EU era la única superpotencia que podía hacer lo que se le venía en gana ha concluido ahora".

¿Qué tanto pueden suplir Francia y Alemania a la dupla anglosajona de EU/GB para reconfigurar a la desfondada OTAN? Suena inverosímil que el conservador premier británico, Boris Johnson, se haya sumado a su par canadiense, Justin Trudeau, al presidente galo, Emmanuel Macron, y al premier holandés, Mark Rutte, en su mofa a Trump en la ceremonia del Palacio de Buckingham, donde la princesa Ana (hija de la reina Isabel II) se negó a saludar al polémico presidente de EU (https://dailym.ai/2DVAbvq). Como consecuencia de la burla de cuatro importantes mandatarios de la OTAN, Trump canceló su programada conferencia de prensa, abandonó la cumbre y calificó a Trudeau de "doble cara". Como si lo anterior fuera poco, Donald Tusk, ex premier de Polonia, apuntó insolentemente con dos dedos a la espalda de Trump (https://bit.ly/2PjCM7y). No se necesitan más videos delatores ni mayores interpretaciones para asentar la grave fractura de la OTAN.

El portal ruso Sputnik sintetiza los cinco puntos del conflicto interno en la OTAN: 1) Trump vs. Macrón: el mandatario de EU criticó la definición del presidente galo, de que la OTAN estaba en "muerte cerebral", como "insultante" y "muy repugnante"; 2) la OTAN vs. Turquía (su único miembro islámico): debido a la adquisición de los sistemas misilísticos de defensa rusos S-400 y a la invasión del norte de Siria, donde deglutió a los kurdos sirios; 3) la OTAN vs. China: donde Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo, no pudieron obtener una definición consensuada que catalogue a Pekín como una "amenaza" y donde prosperó la cosmogonía europea de visualizar a China bajo la óptica de "oportunidades y desafíos"; 4) Trump vs. el gasoducto Nord Stream 2: que abastece de gas ruso primordialmente a Alemania que rechaza la presión de Trump para su cancelación, y 5) la pachanga de Trudeau vs. Trump (https://bit.ly/36gSWpq). Por último, People’s Daily de China expone el futuro de la OTAN “entre divergencias y fracturas (https://bit.ly/2PlwuVa)”.

Si los dos pilares en 1989/91 de la OTAN, EU/GB, fueron determinantes en el colapso de la URSS y la unificación alemana, el declive de ambos, 28 años más tarde, carcome en sus entrañas a la otrora organización noratlántica que denota sus vulnerabilidades militares frente a Rusia, en la era hipersónica del zar Vlady Putin, y geoeconómicas/tecnológicas con China que descuella desde su alunizaje en el lado oscuro de la Luna, pasando por el 5G/computación cuántica hasta la inteligencia artificial.

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Los falsos positivos reviven en Colombia tras descubrir una fosa con 50 cadáveres

Los falsos positivos reviven en Colombia tras descubrir una fosa con 50 cadáveres

"Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad", explicó la JEP.

El hallazgo en un cementerio del noroeste de Colombia de fosas en las que se cree están enterrados al menos medio centenar de civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales abre en el país un nuevo capítulo del horror conocido como "falsos positivos".

La investigación en el cementerio Las Mercedes, del municipio de Dabeiba, unos 200 kilómetros al noroeste de Medellín, capital del departamento de Antioquia, está a cargo de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que detalló que allí se encontraron restos de posibles víctimas de esas ejecuciones, uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano por su crueldad.

"Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate ('falsos positivos')", afirmó la JEP en un comunicado, en el que señaló que la exhumación de los cadáveres comenzó el pasado lunes.

Según este tribunal, creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, los trabajos en el cementerio de Dabeiba dejan hasta el momento "la exhumación de siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos".

"Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad", explicó la JEP.

Escándalo recurrente

Este hallazgo vuelve a poner sobre la mesa los "falsos positivos", un escabrosa política aplicada por miembros del Ejército colombiano desde la década de los 90 y que consistía en "reclutar" civiles con promesas de falsos trabajos para conducirlos a lugares distintos a los de su residencia, donde posteriormente eran ejecutados.

Una vez perpetrado el crimen, los militares presentaban a los asesinados como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de obtener de sus superiores beneficios como ascensos, condecoraciones o permisos.

El escándalo de los "falsos positivos" ya había vuelto a ser objeto de controversia en el país en mayo pasado cuando un artículo publicado en el diario The New York Times reveló la existencia de una directriz en el Ejército colombiano orientada a revivir las ejecuciones de civiles que esa institución se vio obligada a retirar.

Nuevo capítulo

La investigación en el cementerio de Dabeiba, localidad que da acceso a la estratégica región agroindustrial de Urabá, donde hasta antes de la firma de la paz fueron muy activos varios frentes del Bloque José María Córdova de las FARC, saca a la luz el que puede ser el mayor caso de "falsos positivos".

Las fosas en Dabeiba tienen la particularidad de que se encuentran en un cementerio situado dentro del perímetro urbano, a diferencia de otros casos similares en los que los cadáveres han sido encontrados en zonas despobladas, generalmente en las montañas.

Las excavaciones y exhumaciones en Dabeiba son parte de una de las investigaciones que lleva a cabo la JEP para esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

Como parte de este proceso, ese tribunal decretó "medida cautelar de protección sobre algunos cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia".

"Estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria", señaló la JEP, que dijo que "hasta la fecha se han recuperado numerosas estructuras y fragmentos óseos de otras posibles víctimas", cuya identificación estará a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal.

El tribunal explicó que en la investigación que se lleva a cabo en Dabeiba se busca "encontrar la verdad plena sobre la desaparición forzada, en el cual se viene trabajando con otras medidas" como parte del "Caso 03" de la JEP, relacionado con "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado".

Ese proceso incluye medidas cautelares en 17 lugares "donde se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado" en Colombia.

En la investigación ha sido fundamental el testimonio de un exintegrante del Ejército que "indicó tener conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate", información que fue contrastada con un conjunto de pruebas, afirmó el tribunal.

Según medios locales, un exsoldado del Ejército que acompañó a la JEP a la exhumación detalló que superiores suyos le ordenaron disparar con una ametralladora en la cabeza de los fallecidos para que estos no pudieran ser identificados.

Hasta el momento la Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y que implican a unos 1.500 militares, aunque solo se ha condenado por ellos a soldados o suboficiales, no a oficiales de alto rango.

Como parte de esta investigación la JEP ha acreditado cerca de 400 víctimas, ha recibido 17 informes de diferentes organizaciones y 160 exmiembros de la fuerza pública han dado su versión de los hechos.

Operacion macabra 

Los "falsos positivos", condenados de manera reiterada por organismos internacionales como Human Rights Watch, salieron a la luz hace más de una década después de que varios jóvenes, algunos de ellos con discapacidad, aparecieron muertos en las afueras de Ocaña, segunda ciudad del departamento de Norte de Santander (noreste).

Este caso se convirtió en el más reconocido de las ejecuciones extrajudiciales pues al menos 15 de las víctimas sepultadas como guerrilleros en Ocaña procedían de Soacha, municipio vecino de Bogotá.

Para exigir justicia por el asesinato de sus hijos, esposos o hermanos nació el colectivo Madres de Soacha, cuyos miembros acudieron a una audiencia en la JEP el pasado 17 de octubre para dar su versión de lo sucedido.

Ese día cuestionaron las versiones dadas por militares que en la década pasada integraron la Brigada Móvil No. 15 y el Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander, con sede en Ocaña, puerta de entrada a la convulsa región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

 

Por DANIEL SUÁREZ ZARTA (EFE)

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