Henrique Valladares, ex vicepresidente de Odebrecht y uno de los principales arrepentidos en la causa Lava Jato.

Fue hallado sin vida en su departamento en Río de Janeiro, Henrique Valladares, ex vicepresidente de Odebrecht y uno de los principales arrepentidos en la causa que investiga los sobornos entregados por la constructora brasileña en varios países de América y África. Las autoridades aún investigan las causas de su muerte. Había denunciado a Aécio Neves, contricante de Dilma en las elecciones de 2014.

El cuerpo de Valladares fue hallado el martes en su departamento del barrio Leblon, en el sur de Río de Janeiro, pero la noticia de su fallecimiento no se difundió sino hasta última hora de ayer. La Policía Civil del estado informó que el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde se lo sometió a una autopsia que no permitió establecer los motivos de su muerte. Se lo registró como un fallecimiento provocado por "causa indeterminada".

Valladares fue uno de los principales arrepentidos en la causa sobre los sobornos de la empresa Odebrecht: aceptó confesar sus delitos y señalar cómplices a cambio de una reducción en su condena y otros beneficios judiciales. Entre sus revelaciones, se destaca el supuesto pago de una donación de 12,5 millones de dólares a la campaña del entonces senador Aécio Neves, aspirante a la presidencia que fue derrotado por Dilma Rousseff en 2014. También acusó al ministro de Minas y Energía del gobierno de Rousseff, Edison Lobao. El exvicepresidente de Odebrecht relató en su confesión que Lobao aprovechó una visita de cortesía que le hizo al hospital en el que estaba ingresado para exigirle un soborno a cambio de otorgarle a la empresa contratos para la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte.

Asimismo, admitió haber pagado sobornos a grupos indígenas para evitar protestas contra la construcción de plantas eléctricas en la Amazonia. Se refería a las represas hidroeléctricas San Antonio y Jirau en Rondonia. Según Valladares, Odebretch acordó darle 5.000 reales mensuales al jefe de una tribu, depositados a la cuenta de su esposa, según precisó O Globo. También denunció la entrega de dinero ilegal a sindicalistas de la Central Única de Trabajadores (CUT) para que no se manifiesten contra sus obras por motivos ambientales en la misma zona. Odebretch todavía no se manifestó sobre la muerte de su ex ejecutivo.

Valladares fue uno de los primeros en aceptar confesar sus delitos para conseguir beneficios de la Justicia. Su muerte se suma a la del ex presidente peruano Alan García, quien se suicidó momentos antes de que la policía de su país ingresara a su vivienda para detenerlo también como sospechoso del caso Odebrecht. En Colombia, el auditor de la Ruta del Sol II, Jorge Pizano, murió en su casa de un infarto y las autoridades hallaron una botella de agua saborizada que contenía cianuro. Él también había sido mencionado en la causa que investiga la vasta red de corrupción de la constructora brasileña.

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Los pasados 5 y 6 de septiembre sesionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá. En los dos días de labor revisó el estado de varios de los casos por los cuales ha condenado al Estado colombiano, entre ellos el Palacio de Justicia y sus desaparecidos, negados por el fiscal Jorge Hernán Díaz Soto en declaraciones previas a la sesión del organismo internacional, y declaraciones que no pudo defender en las sesiones en cuestión.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó el 14 noviembre de 2014 la existencia de desparecidos forzados en el Palacio de Justicia. La decisión no fue objeto de discusión en la audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia celebrada el pasado 6 de septiembre en Bogotá, porque este no es un escenario de “relitigio” del caso y la sentencia no está en discusión.

A la Corte no le corresponde revisar sus sentencias. Así lo ha sostenido en su jurisprudencia reiterada y reposada a lo largo de su existencia, como se vio en el caso de la Masacre de Mapiripán, con la resolución del 23 de noviembre de 2012, cuando el Estado pretendía que se revisara la sentencia del 15 de septiembre de 2005 por supuestos “falsos testigos”.

Luego de dar muchas vueltas y rodeos, el Fiscal Jorge Hernán Díaz Soto aceptó en la audiencia de supervisión de sentencia que sí hay desaparecidos forzados en el Palacio de Justicia, tras un juicioso, hábil e incisivo interrogatorio del juez ecuatoriano Patricio Pazmiño Freiri. Le costó y le dolió mucho al fiscal aceptar la realidad que todo el país conoce: que los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen.

 

Las líneas de investigación

 

El caso que se presentó ante la Corte en 2014 abarca también las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, y los tratos crueles inhumanos y degradantes. En esa entonces la Corte ordenó que en un plazo razonable se lleven a cabo las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, así como de determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de:

 

“las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas;

“las detenciones y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, José Vicente Rubiano Galvis y Orlando Quijano;

“determinar y esclarecer los hechos referentes a Norma Constanza Esguerra Forero y Ana Rosa Castiblanco Torres y,

“El Estado debe efectuar, a la mayor brevedad, una búsqueda rigurosa, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las once víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad”.

 

El Estado de Colombia no ha cumplido con las líneas de investigación de los primeros tres puntos, no pasó el exámen. Los familiares manifestaron a los medios, luego de terminada la audiencia de supervisión, que la fiscalía le dijo a los jueces que están avanzando en procesos de investigación para determinar quienes son los responsables. Pero en realidad no existe tal avance.

Dado los obtáculos expresados por los representantes sobre las investigaciones ordenadas por la Corte, le solicitamos a ésta que reafirme a la luz de su jurisprudencia que los hechos del caso son crimenes contra la humanidad, que se deben investigar a todos los responsables, y que añada que se trata de violaciones que no pueden estar sujetas a excluyentes de responsabilidad, como la prescripción y la cosa juzgada, según los criterios de su propia jurisprudencia en la sentencia del caso Barrios Altos vs Perú.

La fiscalía ha dicho en los medios que “no hubo personas desaparecidas, sino malas identificaciones y la entrega equivocada de cuerpos a los familiares de las víctimas”, aunque en la Corte no lo sostuvo. De seguir como lo viene haciendo con esa hipótesis investigativa, los investigados por crimenes de lesa humanidad podrían pedir su absolución en el Tribunal Superior de Bogotá, el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, director del B-2 de la Brigada XIII, y ante la Corte Suprema de Justicia el general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado en segunda instancia. Así ambos podrían demandar al Estado ante el Contencioso Administrativo para obtener jugosas indemnizaciones económicas.

Además de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH, existen al menos una decena que están inexploradas en lo interno, y mucho menos ha tomado ninguna determinación de fondo en los últimos años, como demostramos con dos ejemplos.

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 16 de diciembre de 2015, ordenó compulsarle copias a la fiscalía para investigar al coronel Luis Alfonso Plazas Vega por exceso de uso de la fuerza en la recuperación del Palacio, y el Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 28 de octubre de 2014, confirmó la sentencia de 28 de abril de 2011 del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, que ordenó la compulsa de copias a la fiscalia para investigar, entre otros, al general José Ignacio Posada Duarte, comandante de la Séptima Brigada de Villavicencio, a la que pertenecia el cabo del ejército Edgar Villamizar Espinel que acusó al coronel Plazas Vega de ordenar las desapariciones, y al abogado Pedro Capacho Pabón por el delito de fraude procesal.

Hasta ahora, la fiscalía no ha movido un dedo y mantiene engavetadas ambas investigaciones, lo cual se suma a la inactividad de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH.

 

La búsqueda de los cuerpos

 

Los hallazgos de los cuerpos de las personas desaparecidas, ha sido utilizada por la fiscalía como “cortina de humo” para tapar el déficit investigativo. Por ello, el Estado centró su intervención en la audiencia sobre la búsqueda de los cuerpos, medida que ha cumplido parcialmente.

No se ha establecido el paradero de Carlos Rodríguez, David Suspes, Irma Franco, Gloria Stella Lizarazo y Gloria Anzola. Sobre las seis víctimas identificadas por Medicina Legal, la búsqueda e identificación de los cuerpos es parcial, como en los casos de Cristina Guarin y Lucy Amparo Oviedo, y en otras hay indicios de la alteración de la escena del crimen, como en los casos de Bernardo y Héctor Beltrán.

El proceso de búsqueda e identificación de cuerpos que adelanta Medicina Legal es limitado. No se enmarca en la hipótesis investigativa de desaparición forzada, sino que se reduce a identificar restos óseos exhumados en cementerios, pero no en unidades militares, hospitales y otras fosas comunes. Así, su aporte es insuficiente para el esclarecimiento de los hechos.
Por los anteriores obstáculos los representantes de las víctimas le solicitamos a la Corte una estrategía de búsqueda con un plan y cronograma para establecer la verdad, encontrar el paradero de los desaparecidos y completar las osamentas parciales. La estrategia debe contar con instancias de coordinación y cooperación internacional, la participación de las víctimas, la realización de estudios y prospecciones en guarniciones del ejército o de inteligencia militar.

 

La relación de la Fiscalía y la JEP

 

La Corte le preguntó a las partes: Estado y Representantes al final de la audiencia, ¿cuál es la relación entre la Justicia Especial para la Paz, JEP y la Fiscalía? Lo anterior, con el fin que suministren por escrito su postura al Tribunal en un plazo razonable.

Por ahora, la posición de los representantes de las víctimas es la de que la fiscalía no puede excusarse de la existencia de la JEP para investigar. Pero esto amerita una reflexión más amplia y profunda entre nosotros y el universo de las víctimas del Palacio, por las razones que expongo a continuación.

El Acto Legislativo 01 de 2017 dice que la JEP tiene competencia respecto de los agentes del Estado, por acciones u omisiones cometidas en el marco y con ocasión del conflicto armado, norma de sentido amplio y que no está restringida a las Farc.


La JEP hace parte de Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación integral y No Repetición y es competente para conocer de los hechos delictivos que pudieran haber ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia. Los militares responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la retoma y después de terminada la misma, y que hacían parte del ejército nacional, deben ser investigados obligatoriamente por la JEP de acuerdo con la norma constitucional vigente.

El paramilitar Arturo Sarria Cobo, alias “el rambo criollo”, que actúo en el operativo con la aquiescencia de las fuerza pública (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo), hace parte de los llamados “terceros” –empresarios y agentes estatales que no pertenecen al ejército. Puede aparecer ante la JEP de manera voluntaria hasta el 6 de septiembre de 2019, plazo que ya venció.

El holocausto del Palacio de Justicia ocurrió en el marco y con ocasión del conflicto armado interno. Los agentes del Estado no solo estarían sometidos a la JEP sino que, adicionalmente, deberían concurrir ante la Comisión de Esclarecimiento y Verdad que mostró su disposición a colaborar con el caso de los desaparecidos de Palacio; al igual la Unidad de Búsqueda de los Desaparecidos, que en comunicado de prensa número 10 del 6 de septiembre de 2019 expresó su disposición a sumar esfuerzos para que las reclamaciones en materia de búsqueda de los desaparecidos sean abordadas de manera seria, adecuada y respetuosa. Lo anterior, abre la posibilidad de un espectro más amplio de que los hechos del Palacio sean valorados de manera integral.

Hasta la fecha, se han acogido a la JEP el general Jesús Armando Arias Cabrales (marzo 2017), que está condenado a 35 años de prisión por los desaparecidos del Palacio, y el general Iván Ramírez Quintero en octubre 2018, absuelto en primera instancia. Luego de presentada, Arias Cabrales retiró su solicitud a la espera de lo que pueda pasar con su caso en la Corte Suprema de Justicia. Ramírez Quintero queda pendiente de lo que decida el Tribunal Superior de Bogotá (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo).

Hasta el momento, los militares investigados y enjuiciados no le han dicho la verdad a las autoridades porque mantienen una solidaridad de cuerpo que pesa más que sus obligaciones morales y legales con el país en cuanto a la justicia. Y como vimos en los hechos recientes, tampoco hay voluntad política y jurídica de la Fiscalía General de la Nación para buscar la verdad y hacer justicia.

Ante este escenario, podría ser el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el que desenrede la pita. La consigna de los familiares de las víctimas en la audiencia de supervisión fue “Los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen”. Se necesita saber las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que las desapariciones ocurrieron y quiénes son los responsables.

 

Libro relacionado

El Pacto del Silencio, 2018

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Martes, 03 Septiembre 2019 05:47

El negacionismo frente a las víctimas

El negacionismo frente a las víctimas

“No hay desaparecidos en el Palacio de Justicia”, informó el titular de prensa que reprodujo las declaraciones brindadas por el fiscal Jorge Sarmiento, a cargo de la investigación para encontrar los restos de los desaparecidos de tan luctuoso suceso. Al día siguiente, lo matizó diciendo “No es cierto, es una falacia por generalización apresurada concluir eso”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 14 de noviembre de 2014, le ordenó al Estado efectuar una búsqueda rigurosa para determinar el paradero de las once víctimas desaparecidas del Palacio, a la mayor brevedad posible.

En cumplimiento de ese mandato, la Fiscalía General de la Nación creó una unidad investigativa, integrada por cuatro fiscales, entre ellos Sarmiento,quien recientemente afirmó en los medios de comunicación que al encontrarse los cuerpos de seis personas que figuraban como desaparecidas, ya no existe la desaparición forzada respecto a estas víctimas.

Se refería el investigador al hallazgo de los cuerpos, en distintos momentos y lugares del país, de Ana Rosa Castiblanco (2001) y Lucy Amparo Oviedo (2015) en la fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá;de Cristina del Pilar Guarín Cortés y Luz Mary Portela León (2015);y de Héctor Jaime Beltrán Fuentes y Bernardo Beltrán Hernández (2017) en cementerios privados de Bogotá, Barranquilla y Manizales.

La Corte IDH dijo que “la forma en que se trataron los cuerpos de las personas fallecidas, la inhumación en fosas comunes sin respetar parámetros mínimos que facilitan la posterior identificación de los cuerpos, así como la falta de entrega de los cuerpos a sus familiares puede constituir un trato denigrante, en perjuicio de la persona fallecida así como de sus familiares”.Advirtió además que “el hecho que aparezcan los cuerpos en esa fosa común, no quiere decir que las personas no hayan podido salir con vida del Palacio”, como efectivamente se comprobó en noviembre de 2015, cuatro años después de la sentencia, que Ana Rosa Castiblanco salió viva del Palacio.

El que aparezcan seis cuerpos no borra la desaparición forzada.Una verdad no borra otra verdad.La Corte IDH ha dicho que los elementos concurrentes y constitutivos de éste crimen son: (a) la privación de la libertad; (b) la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos, y (c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. La jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, al igual que varias cortes constitucionales de los Estados americanos y altos tribunales nacionales, coinciden con la caracterización indicada.

Faltan por encontrar los cuerpos de cinco personas. Según el fiscal, son los únicos desaparecidos forzados: Carlos Rodríguez Vera y David Suspes Celis –con prueba de video que salieron con vida del Palacio–, Norma Constanza Esguerra, Gloria Anzola Figueroa e Irma Franco Pineda, a quien más de 60 testigos la vieron en la Casa del Florero.

El investigador, al referirse a la situación del general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por el Tribunal Superior de Bogotá a 35 años de prisión por las desapariciones forzadas del Palacio,dijo que será la Corte Suprema de Justicia la que reverse la sentencia de desaparición forzada y la cambie por homicidio. Es de notorio conocimiento público que la Corte ya se pronunció al respecto y mantuvo la desaparición forzada. ¿Ignorancia, mala fe o ambas cosas?

Las justicia colombiana ya emitió su veredicto sobre los desaparecidos del Palacio mediante sentencias del Consejo de Estado que condenó a la Nación por las desapariciones forzadas, y con las dos sentencias de juezas penales y del Tribunal Superior de Bogotá, que condenaron a los militares Arias Cabrales y Plazas Vega por estas desapariciones forzadas. La Corte Suprema de Justicia, que después absolvió al coronel Plazas, dejó en firme que hay desapariciones forzadas. La Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, integrada por tres exmagistrados de la Corte Suprema, en su informe final determinó también la existencia de la desaparición forzada de personas. Decisiones de notorio conocimiento público, ¿cómo es posible que no lo sepa el fiscal?

La Corte IDH soportó su sentencia en estas decisiones y fue más allá cuando hizo notar que: “los hechos del presente caso se enmarcan en un contexto de sucesos graves, complejos y mayores a aquellos sometidos a juzgamiento, en los cuales fueron víctimas centenares de personas adicionales a las presuntas víctimas del presente caso”.

No se equivocó la Corte. Los cuerpos que se presumían que eran de los magistrados Andrade y Echeverry –y que fueron entregados a sus familiares recién ocurridos los hechos. Treinta y dos años después resultaron ser los de Héctor Beltrán Fuentes y Bernardo Beltrán Hernández, empleados de la cafetería del Palacio de Justicia. Los dos magistrados están desaparecidos y sus familiares los buscan.

El investigador parece operar bajo una hipótesis del negacionismo investigativo, lo cual va a contrapelo de las decisiones de la justicia colombiana e internacional. Igual que el fiscal Sarmiento piensa el doctor Rafael Nieto Loaiza,exagente del Estado colombiano ante la Corte IDH que dijo que no hay desapariciones forzadas, ni torturas, ni ejecuciones extrajudiciales en el Palacioy,el coronel Plazas Vega, quien reiteradamente afirma que no hay desaparecidos en el Palacio, que por el contrario, están muertos y no los han buscado bien, que la única desaparecida es Irma Franco. Plazas sabe lo que dice porque mandó a matar a “esos h.p.”. Llamativo: el fiscal Sarmiento y el coronel Plazas piensan igual.

La evidencia probatoria en que se basaron los jueces domésticos y el tribunal internacional sostiene lo contrario. Cristina del Pilar Guarín, Lucy Amparo Oviedo y Bernardo Beltrán se les ve salir con vida de la edificación en los videos.(El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar y ediciones desde abajo, 2017).

La directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Adriana García, en agosto de 2019justificó los errores técnicos cometidos en la época de los hechos por no contar con las herramientas adecuadas con las que se cuenta hoy para identificar los cadáveres, ampliando así de manera indirecta las afirmaciones negacionistas del fiscal.El doctor Ego Lutenberguer, director del Instituto de Medicina Legal en 1985, le dijo a la fiscal Ángela Buitrago Ruíz durante la investigación del coronel Plazas Vega que el trabajo realizado por su institución fue perfecto. Sin embargo el doctor Carlos Valdés,a quien se atribuye el éxito de los recientes hallazgos, dijo en noviembre de 2018 que en 1985 los militares se tomaron el Instituto de Medicina Legal.¡Baíleme ese trompo en la uña! Nos preguntamos: ¿quién dice la verdad? ¿a quién le creemos?

Refiriéndose a las afirmaciones del fiscal Sarmiento, la doctora Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, dijo que el negacionismo no le ayuda a la paz dado que toda la población colombiana se dio cuenta que salieron personas vivas del Palacio y sus familiares siguen reclamando a sus seres queridos. Por su parte, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, se mostró sorprendido por el pronunciamiento del fiscal y se comprometió a esclarecer la verdad humana, ética e histórica de los desaparecidos del Palacio de Justicia.

El negacionismo hacia las víctimas también se emplea para desconocer la existencia del conflicto armado interno en Colombia. Esa es la posición del expresidente Álvaro Uribe, apoyado por su partido el Centro Democrático y el fiscal investigador.

Además de negar la existencia de estos desaparecidos, el fiscal Jorge Sarmiento matizó que lo existente son “malas entregas y cuerpos mezclados”. Este asunto ya lo decidió la Corte cuando afirmó, que “los hechos del presente caso impactaron a más personas de las que están actualmente representadas ante la Corte, como efectivamente sucedió con los casos de los magistrados Andrade y Echeverry. Sobre cuerpos mezclados, está el del magistrado Pedro Elias Serrano Abadía y la visitante Norma Constanza Esguerra. La Corte le reprochó al Estado que no se haya exhumado el cuerpo del magistrado, situación que sigue sin esclarecerse hasta la fecha. Increíblemente, el fiscal Sarmiento invoca a su favor los propios errores cometidos por el Estado –lo cual viola los principios generales del derecho–, como la variación de la escena del crimen: apilar los cadáveres en el primer piso, lavar los cuerpos, mezclar prendas personales, inhumar los cuerpos en fosa común, errores que aceptó el Estado ante la Corte.

Afirmó el investigador que el trabajo de identificación de los cuerpos “de verdad debe ser orgullo patrio” –al igual que el coronel Plazas Vega quien piensa que “defendió la democracia” en la retoma del Palacio con el exceso de uso de la fuerza, al emplear tanques de guerra de manera indiscriminada contra la edificación.

Negacionismo, rueda suelta y Fiscalía General de la Nación

El negacionismo revictimiza a las víctimas por el sufrimiento adicional que a los familiares les genera, faltando a su deber de investigar el delito, instruir las diligencias para el esclarecimiento de lo ocurrido y asegurar el soporte médico legal para identificar los cuerpos.

La postura tanto del fiscal, como del Instituto de Medicina Legal –que debería guardar independencia frente a la Fiscalía General de la Nación– es un ataque al Acuerdo de Paz, concretamente a la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que hace parte junto con la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento y la Justicia Especial para la Paz, del Sistema Integral de Verdad, justicia y reparación integral. Las víctimas de desaparición forzada cometidas por el ejército y por paramilitares en connivencia con éstos, ¿pierden el carácter de desaparecidos forzados al encontrarse sus restos?

Nos preguntamos también si el fiscal Sarmiento actúo como rueda suelta o si, por el contrario, su postura negacionista hace parte de un política institucional de la Fiscalía General de la Nación. La sociedad colombiana y la comunidad internacional merecen una respuesta a estos interrogantes.

La Corte IDH le ordenó al Estado colombiano llevar a cabo, en un plazo razonable, investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas para establecer la verdad de los hechos, y determinar, juzgar y sancionar a todos los responsables.

Sobre establecer la causa de la muerte de las personas, dijo el fiscal que va a ser muy difícil aclararlo, porque los restos que han encontrados han sido mínimos, son muy pequeños, están carbonizados, lo que no les permite a los investigadores dar cuenta de cómo murieron la personas y las circunstancias de esas muertes. Añade que en los informes de Medicina Legal se afirma que la causa de la muerte de los nuevos hallazgos es el homicidio, pero para saber la verdad de cómo murieron “nunca lo vamos a poder saber”. Es decir, no habrá ni verdad ni justicia en las desapariciones forzadas y las ejecuciones extra judiciales del Palacio. La Fiscalía no busca ni la verdad ni la justicia, sino la impunidad total.

Por último,el investigador se refirió públicamente a la audiencia de seguimiento de sentencia con carácter privado del caso Palacio de Justicia, que va a realizar la Corte IDH el próximo 6 de septiembre en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá, anunciando que le van a decir a la Corte que han hecho un trabajo brillante, porque hasta la fecha han encontrado a estas personas y seguirán en la búsqueda de los que faltan. ¿Qué se pretende con ésta estrategia mediática? ¿Quiere incidir y convencer a los jueces y a la opinión pública que la Fiscalía cumplió la sentencia?

La respuesta a estos interrogantes la debe dar la Corte cuando emita la resolución de cumplimiento de sentencia del caso bajo examen. A la vez, ¿no debería el Tribunal repensar su práctica implementada hace tres años, de otorgar audiencias privadas de casos en países de donde el Estado es parte? Con la experiencia de la audiencia privada del Palacio de Justicia que se avecina, se corre el riesgo que se ventilen asuntos privados de manera pública. ¿No sería mejor adelantar este tipo de audiencias en la sede de la Corte en San José de Costa Rica o en otro país distinto al concernido con el caso?

Ojalá que se encuentren los cuerpos de las cinco víctimas restantes y los de las demás víctimas del Palacio que hoy figuran como desaparecidas, así como los demás desaparecidos en Colombia, porque las familias tienen derecho a cerrar su duelo, a recibir los restos en forma digna y a darle sepultura a sus seres queridos. Al igual, la sociedad colombiana y la comunidad internacional tienen derecho a conocer la verdad de lo sucedido.

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Cuando el pasado en Afganistán condena a Australia

 El abogado militar David McBride filtró documentos sobre crímenes de guerra cometidos por tropas australianas. Irá a juicio por difundir información "sensible".

 

El abogado militar David McBride logró acceder a documentos secretos con información referida, fundamentalmente, a crímenes de guerra cometidos por las tropas australianas en Afganistán. Los cables demuestran, por ejemplo, los asesinatos a civiles desarmados y niños, la práctica de cortar manos a talibanes ya abatidos, o la falta de un criterio unificado ante la ejecución de la orden de disparo. El escándalo estalló en 2017. Cuando la filtración llegó a la cadena ABC, empezaron los problemas judiciales para McBride: irá a juicio a partir de abril de 2020, por el "delito" de difundir información "sensible". La persecución también se hizo extensiva a a medios y periodistas del país, que fueron víctimas de allanamientos durante el pasado mes de junio.

Los archivos secretos a los que tuvo acceso el abogado fueron luego difundidos por la cadena pública ABC (Australian Broadcasting Corporation), el 10 de julio de 2017, bajo el nombre The Afghan Files ("Los Archivos Afganos”). La investigación ofrecía una mirada inédita sobre las operaciones clandestinas de las fuerzas especiales de Australia. McBride afirma que primero buscó una investigación interna a través de la Fuerza de Defensa australiana, y luego fue a la policía. Al no obtener respuesta, buscó el interés de los medios: entregó los documentos al citado ABC, al diario Sidney Morning Herald y al periodista Chris Masters, pero solo el medio público tomó el caso.

"Vi algo que el gobierno estaba haciendo ilegalmente e hice algo al respecto", dice McBride, acusado de robo y tres cargos de violación a la Ley de Defensa, por ser miembro de la fuerza, y comunicar un plan, documento o información. Las antiguas disposiciones de secreto de la Ley Federal de Faltas tipifican como delito que un funcionario miembro de la Commonwealth revele información sin autorización. Los cargos, si termina procesado bajo acusación formal, pueden derivar en multas o prisión efectiva. "Tengo el deber de cuidar a Australia, si eso significa informar sobre actividades ilegales por parte de los altos mandos del ejército, voy a hacerlo. No tengo miedo de ir a la cárcel", afirma.

"The Afghan Files": los secretos del ejército australiano

Los documentos secretos que McBride entregó a la cadena ABC permiten un ingreso sin precedentes a las operaciones clandestinas de las fuerzas de elite especiales de Australia en Afganistán. Los documentos, muchos de ellos marcados bajo la sigla AUSTEO (Australian Eyes Only: “sólo para ojos australianos”), refieren al accionar de los altos niveles de Defensa, incluyendo incidentes de tropas asesinando a civiles desarmados y niños. El informe completo de la ABC, producido por los periodistas Dan Oakes y Andrew Clark, demuestra además que en varias ocasiones las denuncias fueron tomadas solo porque las milicias locales se quejaron ante las autoridades afganas, y esas autoridades exigieron respuestas de las fuerzas australianas.

Al menos diez documentos registrados entre 2009 y 2013 demuestran que las tropas de las fuerzas especiales dispararon contra insurgentes muertos, pero también contra hombres y niños desarmados. Uno de los incidentes más llamativos comprende el corte de manos de talibanes muertos en Afganistán. Los documentos privados muestran que durante los combates en la provincia de Zabul, cuatro insurgentes fueron asesinados. Un cabo del ejército australiano examinó el primer cuerpo y encontró una pistola Makarov. El informe de la investigación de Defensa, ahora filtrado, dice: "Él luego cortó una sola mano del EKIA (enemigo muerto en acción) con un bisturí". Repitió el proceso con otros dos insurgentes, cortándoles las manos derechas.

Otros documentos filtrados buscan codificar las “pruebas” que deben considerar los soldados australianos antes de disparar. En 2013, tras un incidente en el que mataron a dos afganos desarmados, la jerarquía de la Fuerza de Defensa emitió una serie de directivas que enfatizaban en la necesidad de asegurarse que los afganos estaban "participando directamente en las hostilidades" antes de abrir fuego. Según los documentos, se podría disparar a civiles por conducir una moto de manera “sospechosa”, o por "maniobrar para obtener una ventaja táctica".

Con la excepción de un solo incidente, en más de una década de participación australiana en Afganistán, ningún soldado fue sometido a acciones legales o disciplinarias por el asesinato de civiles.

Libertad de expresión en riesgo

La difusión de los “archivos afganos” dio origen a fuertes redadas policiales en las oficinas del medio público el pasado 5 de junio, a partir de las cuales reunieron 9.214 archivos, incluidos miles de correos electrónicos internos. La justificación ofrecida por la Policía Federal de Australia (AFP) fue categórica: la "supuesta publicación de información clasificada como secreto oficial, que es un asunto extremadamente serio que tiene el potencial de socavar la seguridad nacional de Australia".

La AFP también allanó la casa de Annika Smethurst, editora política de The Sunday Telegraph de Sidney, por su informe sobre los crecientes poderes de vigilancia en Australia. Según The New York Times, Smethurst informó en abril de 2018 sobre "la correspondencia secreta entre los ministerios del gobierno a raíz de un plan para expandir los poderes de vigilancia de las agencias de inteligencia".

El primer ministro australiano, Scott Morrison, defendió los allanamientos. "Nadie está por encima de la ley", declaró a la cadena SBS. En julio, el gobierno introdujo un conjunto de leyes severas contra el espionaje extranjero. Las nuevas leyes de seguridad nacional incluyen también el requisito de que las compañías de telecomunicaciones retengan todos los metadatos, así como los registros de llamadas de teléfonos celulares durante dos años, en los los cuales las agencias gubernamentales podrían tener acceso de manera encubierta sin necesidad de una orden judicial. Desde 2015, se aconseja a los periodistas que no usen teléfonos celulares para comunicarse con las fuentes. Muchos de ellos además utilizan servicios de mensajería y correo electrónico que permiten un mayor nivel de cifrado y privacidad.

Para el gremio periodístico, las dos recientes redadas reflejan un patrón de ataque que pone en peligro la libertad de prensa en Australia. Peter Greste, profesor de periodismo en la Universidad de Queensland, pidió la revisión de la Constitución de Australia en un artículo para el sitio web The Conversation. Greste, que preside la Alianza para la Libertad de Periodistas, exige una nueva ley que proteja a los periodistas que informan en interés público, así como a los denunciantes.

“Todo de alguna manera hace que sea peligroso para los periodistas o sus fuentes exponer e informar sobre asuntos dentro del gobierno que usted y yo deberíamos saber. Esos periodistas expusieron temas que necesitábamos saber, debatir y, en algunos casos, cambiar”, agregó Greste. Australia, a diferencia por ejemplo de Estados Unidos, carece de un equivalente a las protecciones de la Primera Enmienda para la libertad de expresión. Varios tramos de la nueva legislación australiana que amplía los poderes de la policía y las agencias de seguridad no hacen más que disminuir la libertad de prensa en el país oceánico.

Por  Guido Vassallo

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Martes, 27 Agosto 2019 09:54

Nadie debe estar por encima de la ley

Nadie debe estar por encima de la ley

Históricamente, los expresidentes de la República son investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Desde la Constitución de 1886, pasando por la de 1991 y el Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc, al ser un fuero especial en el cual los políticos se investigan entre ellos, esto conduce la impunidad política y judicial.

Igual ocurrió en el pasado con la jurisdicción penal militar, hasta 1987 cuando la Corte Suprema dictaminó que no podían hacerlo más, cuando los militares se investigaban y juzgaban entre ellos, lo cual condujo de igual manera a la impunidad.


Y es que ninguno de los expresidentes de Colombia ha sido investigado por la justicia ordinaria por actos cometidos durante el ejercicio de su mandato: ni Belisario Betancur (1982-1986) que autorizó el operativo criminal de “la retoma” del Palacio de Justicia en 1985; ni César Gaviria (1990-1994) que dio el consentimiento tácito para que los perseguidos por Pablo Escobar, “Los Pepes,” lo ejecutaran; ni Ernesto Samper (1994-1998) por el sonado proceso 8.000. A Betancur nunca se le pudo iniciar un juicio de responsabilidad por los hechos del Palacio pese a que el 7 de noviembre de 1985 él mismo, ante los medios de comunicación, asumió “toda la responsabilidad” sobre el holocausto (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desdeabajo, 2017, página 59).


El Procurador General de la Nación de la época, Carlos Jiménez Gómez, presentó una denuncia ante la Cámara de Representantes contra Belisario Betancur y su ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, recién ocurridos los hechos del Palacio. La investigación fue archivada por la Comisión de Acusaciones al considerar que, las torturas, ejecuciones y desapariciones ocurridas durante y después de “la retoma” fueron “un típico acto de Gobierno, ejecutado por quien sólo podía hacerlo, es decir, el señor Presidente de la República y su Ministro de Defensa”.


Los presidentes de Colombia no han hecho nada o casi nada para detener las graves violaciones de los derechos humanos que siguieron al Palacio de Justicia en 1985, como el exterminio de la Unión Patriótica, la ejecución de sus candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, o la del último senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas.


Más adelante, con el inicio de negociaciones con los paramilitares, el excomandante Freddy Rendón, alias el “Alemán”, afirmó que Carlos Castaño decía que Uribe era el hombre con el que iban a hacer la negociación, por ser antioqueño, por haber impulsado las Convivir -que luego se convirtieron en las autodefensas- y por ser amigo de éstas.


Todos estos son ejemplos de que el Presidente de la República está blindado mientras ejerce esa función; su inmunidad judicial y la impunidad en la que resulta son características del régimen presidencial colombiano. La Constitución Política del 91 en su artículo 188 dice que el presidente “simboliza la unidad nacional”, imagen que daría a pensar que el presidente debe estar por encima de la ley.


El primer mandatario es el “buen padre” a quien las colombianas y los colombianos confiamos nuestra protección. Él es quien “se obliga a garantizar los derechos y libertades de todas y todos”. El rol protector que se atribuye a la figura del presidente acarrea el que no se le pueda responsabilizar por los crimenes que cometiere en el desempeño de sus funciones, porque se considera intocable.


Lo que se ganó en el equilibrio institucional entre los poderes públicos en la Constitución del 91, se perdió en la responsabilidad política del presidente de la República. La impunidad y la inmunidad tanto judicial como política del Primer Mandatario, nadie está dispuesto a tocar ni remover.


Así lo reafirmó el Acuerdo de Paz con las Farc, que eximió expresamente de responsabilidad a todos los expresidentes que gobernaron durante el conflicto armado interno, de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP. Esta extensa tradición de presidentes intocables tiene fundamento también en la falta de responsabilidad política ciudadana y el rechazo de los gobernantes a rendir cuentas.


La Constitución Política de Colombia es clara al señalar que todos los cargos políticos gozan de este fuero, lo que quiere decir que las investigaciones por hechos delictivos las adelanta la Comisión de Investigaciones de la Cámara, para el caso de los Presidentes, y la Corte Suprema de Justicia, para el caso de los congresistas y gobernadores.


Esta última –en un hecho sin precedentes- fijó los días 8 y 9 de octubre de 2019 para escuchar al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez en indagatoria. El susodicho presentó una denuncia penal el 23 de febrero de 2012 ante la CSJ contra el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, por un supuesto “complot” con testigos falsos que intentaba involucrarlo en actividades criminales de los grupos paramilitares. El 17 septiembre de 2014 el senador Cepeda promovió un debate en el Congreso contra el senador Uribe, específicamente sobre el paramilitarismo en Antioquia. Recién iniciado el debate, el senador Uribe anunció que se trasladaría a la Corte Suprema a denunciar al senador Cepeda por difamación y que regresaría al recinto. Pero no regresó.


El 16 de febrero de 2018 el senador Uribe pasó de denunciante a investigado, ya que la Corte se inhibió de seguir adelantando la indagación preliminar contra el senador Cepeda al concluir que éste “no abusó de sus funciones como congresista ni determinó a reclusos mediante sobornos para testificar”, y, por el contrario, ordenó la compulsa de copias en contra del senador Uribe para que se adelantaren las correspondientes pesquisas.


Que bueno para el estado de derecho y la democracia que sea la Corte Suprema la encargada de determinar si el doctor Uribe manipuló o no a los testigos e incurrió en fraude procesal, a partir del abundante material probatorio que obra en el proceso, según se desprende del comunicado a la opinión pública, del 17 de agosto de 2019, suscrito por Iván Cepeda Castro, Senador de la República, y la citación a indagatoria que deberá rendir el procesado.


Este escenario, que resulta sorprendente ante los antecedentes históricos, sólo está siendo posible porque los hechos concernientes ocurrieron cuando el doctor Uribe ya no era Presidente de la República, por lo que el caso vuelve a traer de relieve un debate de fondo que debe dar la sociedad colombiana: Blindar del alcance de la justicia a la figura del Presidente de la República arriesga nuestro derecho a un Estado de derecho que vele por todas y todos. La responsabilidad política y la rendición de cuentas de los expresidentes son hoy más necesarias que nunca.

 

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El feminismo, las críticas al #MeToo y los argumentos del ‘anti #MeToo’

Pasan dos años desde que la actriz demócrata de Hollywood Alyssa Milano lanzara la campaña “#Yotambién” para denunciar la violencia sexual que había sufrido en su trabajo e invitara a otras mujeres romper su silencio; y lo consiguió: miles de mujeres de todo el mundo y en decenas de idiomas se animaran a revelar y compartir sus secretos más dolorosos y humillantes haciendo historia: romper en pedazo al maldito concepto de honor, uno de los pilares de la familia patriarcal.

Pasó desaparecido que la frase ya había sido formulada en 2006 por otra víctima de violencia sexual, la activista afroamericana Tarana Burke quien después de conocer el drama de unas menores sometidas a abusos, fundó Me too Movement con el fin de generar conciencia sobre la dimensión de la agresión y la explotación sexual en la sociedad, promoviendo el «empoderamiento a través de empatía» entre mujeres.

El éxito universal de la campaña de Milano, que pone su énfasis en la conducta sexual grosero ejercido desde el poder, se debió quizás a que fue utilizada por los medios de comunicación demócratas contra un Donald Trump que había sido acusado por varias mujeres de perversión y abusos sexuales. Unas 50 diputadas de un Partido Demócrata sin ideas e incapaz de reclutar a diferentes sectores sociales (mujeres, trabajadores, inmigrantes, las minorías “raciales” y religiosas, los ecologistas, etc.), perjudicados por las políticas de un inepto presidente que se le regalaba decenas de motivos en bandeja, pidieron su dimisión o una investigación al respecto para someterle a una moción (impeachment). Y cuando se dieron cuenta de su error, empezaron a cometer otro: esta vez con el llamado Rusiagate, mientras 45 millones de mujeres, hombres, negros, blancos, nativos y emigrantes viven en la absoluta pobreza.

El mundo debería haberse estremecido al conocer parte de la magnitud de tanto horror sufrido en silencioso, pero ¿lo hizo?

Los dos sectores anti #MeToo

  1. Desde la derecha la campaña fue atacada con los siguientes argumentos:
  • Las mujeres son cómplices de los abusos: utilizan sus encantos para escalar en su trabajo. Aunque en los ínfimos casos fuese así, ¿por qué los hombres no necesitan hacer lo mismo?
  • El deseo sexual masculino es imposible de controlar por estar incrustado en sus genes que no en una mente que considera a la mujer un ser creado para satisfacer las necesidades de los hijos varones de Adán. ¡Falso biologismo! ¡No hay registro histórico de la violación colectiva de mujeres en biquini o bañador en ninguna playa por los hombres bañistas, pero los hay y millones sobre el acoso y los abusos de los jefes a sus empleadas en los 195 países del planeta! La diferencia es que en un lugar carecen del poder para hacerlo y en el otro sí. En el trabajo, ellas aguantan la agresión sexual porque dependen de la voluntad del hombre para ser contratadas, ocupan puestos de menor categoría en la jerarquía de poder y son las primeras en ser despedidos.
  • Si no resisten, significa que les gusta, sino “se irían”: pero no “se van” porque la mayoría tiene todas las puertas bloqueadas y no pueden permitirse el lujo de perder su trabajo mientras tienen bocas que alimentar, y aunque se vayan, en el segundo, el tercero y el último trabajo encontrarían el mismo problema.
  • El tipo de ropa que llevan es una autorización a ser tocadas, asaltadas:  Es lo que pensó un tribunal de Irlanda, al absolver en 2018 a un violador después de que su abogado mostrase el tanga que había llevado su víctima de 17 años. El hashtag #ThisIsNotConsent con las fotos de tangas invadieron las redes sociales. ¿Por qué, entonces, a ninguna mujer se le ocurre manosear ni mucho menos violar a los hombres que andan sin camisa y con los pechos expuestos en la Rambla de Barcelona?

Millones de mujeres musulmanas que obligadas (por Dios, el Estado o la familia) se cubre con el velo también sufren tocamientos e incluso violaciones en los espacios públicos. Una encuesta a las mujeres egipcias, (que hoy al contrario de lo que pasaba en los años setenta ninguna se atreve a ponerse minifalda), casi todas con el velo, realizada por la ONU en 2013, mostró que el 99,4% había experimentado acoso y abusos sexuales.

El asalto a las mujeres en las calles de Afganistán es tal que ni se salvan las que llevan el burka (prenda que justamente lo único que resalta es el sexo de la persona). Este fue el tema del performance de la artista afgana Kubra Khademi, que  hizo de gladiatoria de bragas de acero para mostrar por qué hay padres que no dejan que sus hijas vayan al colegio. El hastag #MosqueMeToo (“Mezquita yo también”) denuncia que ni en los lugares sagrados como la Meca, las mujeres aun ultratapadas están a salvo.

  1. Desde la extrema izquierda se alega que #MeToo:
  • Es una campaña de mujeres burguesas. ¡Vale, porque ellas tienen medios para expresarse y su voz llega. Pero, esta lacra, y otras incluidas en la violencia contra la mujer, la sufren todas (en diferentes grados y formas), independientemente de su clase, raza o religión. Las temporeras marroquíes de Huelva también denunciaron en 2018 el acoso, los abusos sexuales (tocamientos en pechos y genitales) y coacción del empresario, pero el juez instructor lo archivó. La presión social hizo que la justicia ordenase reabrir el caso. Luego están, las amordazadas, como millones de madres en los campos de refugiados de Kenia, Somalia, Sudan, Siria, Jordania, Turquía, y otros que cada vez que tiene que pedir una barra de pan para sus hijos son manoseadas, incluso violadas por los vigilantes o proveedores de alimentos.
  • Se centra en el dolor de una misma que no la discriminación integral de la mujer como colectivo. “Yo también”, es una pieza más de una causa común, y tiene el potencial de construir una solidaridad en base del sufrimiento compartido, y no hay que pedirle más.
  • Su objetivo no es desmantelar el neoliberalismo patriarcal. ¡Cierto! Pero esto no debe impedir hacerle un “apoyo crítico”. Reclamar la libertad personal de expresión de mujeres que incluso hoy están forzadas a callarse significa romper los tabús creados durante milenios que hacen de mordaza. La campaña cuestiona la normalidad del abuso del poder, y ha planteado la necesidad de expresar el consentimiento en una relación sexual.

Los males de MeToo

  • Al carecer de un enfoque ideológico para analizar el problema, cuestiona la “actitud poco moral” de algunos hombres, que no la estructura del poder, el monopolio de los hombres sobre los recursos y medios económicos, y una milenaria cultura misógina legitimada por muchas religiones. La superioridad es el concepto que el sexismo comparte con el racismo y también con el especismo.
  • Carece de respuestas incluso para suavizar la opresión multidimensional a la que están sometidas todas las mujeres que trabajan.
  • Comparte la visión con quienes abogan que el empoderamiento individual conduce a la liberación colectiva, pidiendo más puestos para las mujeres “valiosas” en el poder, que no es otro que participar en la gestión de la explotación, legitimando y reproduciendo el sistema, y liberarse ellas que no las mujeres. El modelo individualista del feminismo, que achaca la disfunción de una sociedad fundada en la explotación y la lamentable situación de mujeres a la falta de ambición de ellas, les propone atiborrarse de libros de “autoayuda”, ser “agresivas”  y “emprendedoras”. Si aun así, y matándose en el esfuerzo, no consiguen triunfar será porque no se lo merecen.

Si el «feminismo de Twitter» no acaba con una complejo y milenario sistema de explotación de unos sobre otras, la “lucha armada” tampoco lo consigue: Phoolan Devi, la Reina Bandida, una mujer india que había sido violada en varias ocasiones por una manada de hombres, creó un grupo armado de mujeres que mató a una veintena de depredadores sexuales, todos de castas superiores. Después de pasar 11 años en prisión –sin ser juzgada–, la heroína de los pobres fue elegida diputada. En 2001 fue asesinada a balazos por defensores de la supremacía masculina.

La necesidad de acciones colectivas

El 16 de agosto, varios miles de mujeres ocuparon la Zona Rosa de la Ciudad de México, -en un país donde cada día al menos 10 mujeres son asesinadas-, en protesta por la violación de una joven por cuatro policías y la indiferencia de las autoridades. Días antes, un grupo de mujeres asaltó con espray una jefatura de la honorable policía, pintándola de rosa. Para un poder que se aterroriza viendo un pueblo movilizado, la “violación” del espacio policial era más grave que la violación y el asesinato de mujeres por estos individuos. El movimiento feminista universal, como movimiento político, necesita acciones contundentes que visibilicen su profundo malestar por los recortes de derechos logrados durante siglos de lucha, y no sólo para así ser escuchado, sino también para atraer a las jóvenes al activismo en las calles, universidades y fábricas, traspasando el “me gusta” del ordenador.

Por Nazanín Armanian

25 agosto 2019

Publicado enSociedad
Tranquilidad cínica en ejecuciones programadas

Como en muchas ocasiones durante estos 22 años, nuestra Comunidad de Paz nuevamente deja constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cueles hemos sido víctimas al querer seguir en resistencia civil, en la defensa de la vida y del territorio.

Nuestra región se encuentra de nuevo de luto, gracias a la permisividad de la Brigada 17 del Ejército, pues los paramilitares asesinaron a otro joven campesino de nuestro Corregimiento que se negó a someterse a sus imposiciones arbitrarias y absurdas. Una evidencia más de que el paramilitarismo tiene las manos libres para proclamarse dueño de la vida y de la muerte de la población civil. Mientras el Gobierno y su Brigada militar 17 de Carepa afirman que el paramilitarismo no existe y que nuestra Comunidad de Paz inventa crímenes para desacreditarlos, la sangre sigue corriendo en nuestro territorio; los victimarios siguen en libertad y con carta blanca para seguir matando y las listas de próximos ejecutados circulando y sembrando terror, al tiempo que las organizaciones civiles, como las juntas comunales, que debieran reaccionar con energía, guardan silencio y se paralizan.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

  • ·El domingo 18 de Agosto de 2019entre las cinco 5 y las 6 de la tarde, fue asesinado el joven WEVER ANDRÉS ARIAS GARZÓN o UBER como lo llamaba la familia entre las veredas La Linda y La Cristalina, del corregimiento de San José de Apartadó. El crimen fue perpetrado por paramilitares que controlan la zona, los cuales ingresaron a la vivienda donde Wever Andrés se encontraba solo en ese momento, pues su compañera se encontraba en San José haciendo mercado. Le hicieron 4 disparos de arma de fuego que acabaron con su vida. Ese mismo día domingo, al enterarse del hecho, nuestra Comunidad de Paz organizó una comisión humanitaria para ir hasta el lugar de los hechos y acompañar a la familia. Se logró salir a las 11:00 de la noche, llegando al lugar a la 1:30 de la madrugada del lunes 19 y acompañar a la familia y amigos que se encontraban allí. Al mismo tiempo se habló con la Defensoría del Pueblo para que realizara las diligencias respectivas para el levantamiento del cadáver. Sólo a las 12:30 del día lunes 19 de agostode 2019, 19 horas después del asesinato, llegaron hasta el sitio miembros de la SIJIN, la Policía y el Ejército supuestamente para hacer el levantamiento del cadáver. Sin embargo un Sargento le dijo a la madre de la víctima que era mejor que los civiles que se encontraban allí recogieran el cadáver y lo llevaran hasta San José donde los esperaría un grupo de la policía, pues ellos estaban muy cansados y no podían llamar un helicóptero.

 

Miembros de nuestra Comunidad le insistieron a la Defensoría del Pueblo de Apartadó que llamara a las autoridades competentes y de allí se comunicaron con el Coronel Pavón, comandante de operaciones, pero él respondió que era la policía la que debería levantar el cadáver y llevarlo a San José. Las dos órdenes contradictorias solo evidenciaban la irresponsabilidad rutinaria de la fuerza pública que busca siempre evadir y sacarle el cuerpo a sus obligaciones.

Ante tanta tardanza, la familia había pensado en un momento levantar el cadáver y llevarlo hasta San José, pero al ver llegar a la fuerza pública esperó a que ésta lo hiciera. No lo hicieron sino que le pidieron a la familia que lo hiciera. Nuestra Comunidad, que estaba un poco alejada para no permanecer junto a gente armada, según sus principios, se acercó a hacerles el reclamo cuando vio que los del GOES se iban a retirar dejando allí el cadáver. Los policías se enojaron, reiteraron que estaban cansados y dijeron que entonces habría que esperar otras 6 horas hasta conseguir un helicóptero y se fueron, anunciando que después recogerían el cadáver.

Mientras los integrantes de nuestra Comunidad regresaban, separados de la fuerza pública y acompañando a la madre de la víctima, fueron alcanzados por familiares y amigos de Wever Andrés, quienes, ante la irresponsabilidad de la fuerza pública, decidieron recoger el cadáver en una hamaca y llevarlo hasta San José.

  • ·Este mismo lunes 19 de Agosto de 2019, el paramilitar alias ARCADIO TAMAYO y su hermano menor se encontraban cerca del río, a 50 metros del casco urbano de San José, pendientes y tomándole fotos a la comisión de nuestra Comunidad que venía de regreso del lugar donde los paramilitares habían asesinado al joven Wever Andrés.
  • ·El martes 20 de Agosto de 2019,nuestra Comunidad se enteró de que los paramilitares amenazaron a la población civil para que no saliera a hacer el levantamiento del cadáver de Wever Andrés, lo que explicaba que ninguna de las Juntas de Acción Comunal se acercó incluyendo a La Asociación Campesina de San José de Apartadó (ACASA) al lugar de los hechos. Seguramente estaban paralizadas por el terror. Según las informaciones que fueron suministradas a nuestra Comunidad, los paramilitares alias ALFREDO o ALFREDITO, alias ARCADIO, alias SANTIAGO, y alias KALET ex combatiente de las Farc y beneficiado en el programa de desmovilizados del Gobierno Nacional, entre otros reclutados por los paramilitares alias RENE y los hermanos CARDONA, han sido los autores materiales acompañados de sus jefes inmediatos de éste y otros asesinatos y se la pasan con todos los demás comandantes paramilitares en medio de la Policía y el Ejército en San José, consumiendo alcohol  y coordinando nuevas acciones criminales.

 

Pero resulta que WEVER ANDRÉS ARIAS GARZÓN ya estaba condenado a muerte, como lo estuvieron otros que fueron ejecutados antes de él. Figuraba en la LISTA DE LA MUERTE DE LOS PARAMILITARES. El martes 18 de septiembre de 2018 fue amenazado de muerte en la vereda La Cristalina, cuando era parte de la familia Guisao, por no aceptar que los paramilitares lo empadronaran para que pudieran tener control sobre su vida y obligarlo a participar en actividades paramilitares (Ver Constancia del 14 de octubre de 2018). Y ya hace algunos meses que vivía independiente con su compañera, Fue incluido en una lista de ocho personas para asesinar el pasado 17 de enero de 2019 (Ver Constancia del 18 de enero de 2019). Luego, el 20 de abril de 2019, los paramilitares habilitaron la lista para volver a asesinar, luego de un receso en el crimen, según ellos, a causa del ruido causado por las constancias públicas, y el 25 de abril de 2019 los paramilitares alias SANTIAGO y alias ARCADIO le prohibieron al joven Wever Andrés tumbar un pequeño rastrojo para sembrar un lote de maíz en su finca, y si lo hacía, tendría que pagar una multa de 5.000.000 (cinco millones de pesos), órdenes que no quiso obedecer y sembró su cultivo de maíz (Ver Constancia del 9 de mayo de 2019). Hoy, 3 meses después, es asesinado por no someterse a sus proyectos de muerte.

Ya son muchas las ocasiones en que hemos dejado constancias de que existe un grupo de personas civiles que vienen siendo amenazadas por los paramilitares, pero las instituciones militares y policiales se hacen los sordos ante las agresiones que sufren los campesinos en la zona. El pasado 22 de diciembre de 2017 dejamos constancia de que había un plan para asesinar a nuestro representante legal German Graciano Posso y 7 días después, el 29 de diciembre, fue el atentado contra su vida, el cual gracias a Dios y a nuestra Comunidad de Paz se pudo resistir (Ver Constancia del 22 de diciembre de 2017). Con esa misma lista que los mismos paramilitares anuncian, están matando, a pesar de que lo hemos advertido al país y al mundo en diversas constancias. Ya van 3 personas asesinadas recientemente de esa lista: el 16 de enero DEIMER USUGA HOLGUÍN; el 7 de julio YEMINSON BORJA JARAMILLO; el 18 de agosto WEVER ANDRÉS ARIAS GARZÓN. Y las autoridades competentes se siguen haciendo las de la vista gorda ante los hechos. Hacemos responsable a la Brigada 17 del Ejército y a la Policía de Urabá por estos crímenes que los paramilitares han perpetrado, pues si se dieran a la verdadera tarea de garantizar la protección de la población civil y no a la complicidad con esos grupos que conviven con ellos desde hace 22 años, no hubieran centenares de personas asesinadas en nuestra región. Al mismo tiempo hacemos responsable al Gobierno Nacional por lo que le pueda pasar en adelante a cualquier miembro de nuestra Comunidad de Paz o a otro poblador de nuestro entorno, pues en las listas de los paramilitares se anuncia que hay miembros de nuestra Comunidad de Paz a la vez que campesinos de nuestros vecindarios. Desde hace 22 años, nuestras Constancias llegan al Palacio Presidencial con censura moral y exigencia de derechos, pero NADA PASA. TODO SIGUE IGUAL.

De nuevo agradecemos a las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y del mundo que nos brindan fuerte apoyo moral y político para continuar en nuestra resistencia ética y nunca callarnos ante los crímenes de lesa humanidad. A todas y a todos nuestra profunda gratitud.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Agosto 21 de 2019

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 El comandante del Ejército colombiano, Nicacio Martínez Espinel. LUISA GONZALEZ REUTERS

El general Nicacio Martínez elaboró un documento que llama a “construir una narrativa” unitaria ante la Comisión de la Verdad y el tribunal de paz

Colombia se juega la verdad de su conflicto armado de más de medio siglo. Y los militares son conscientes de la trascendencia y de las consecuencias políticas y legales de ello. A eso apunta una nueva directriz, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, firmada por el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en la que da pautas a los militares para “la construcción de una narrativa marco del conflicto armado colombiano” ante los requerimientos que hace la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este último, el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves de la guerra.

El documento, con el nombre de Plan 002811, del 13 de marzo de 2019, va dirigido a los jefes del Estado Mayor de Comando del Ejército. En él, Martínez les ordena tener un plan coordinado para la comparecencia de militares ante las dos instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC. Y establece las “líneas de contra argumentación” que usará el Ejército ante éstas, en lo que apunta a la construcción de una verdad institucional coordinada.

La narrativa –dice el comandante del Ejército– “busca guiar la posición institucional en los espacios de verdad y memoria histórica” y se hará a través de tres frentes: “Las líneas de contra argumentación, el esclarecimiento de casos emblemáticos y la visibilización de afectación de las víctimas militares”.

En los últimos meses, 2.000 militares se sometieron a la JEP y rendirán versiones sobre su participación en los llamados falsos positivos –ejecuciones extrajudiciales en las que civiles fueron presentados como guerrilleros a cambio de recompensas– y otros casos emblemáticos. “Las líneas de contra argumentación constituirán una guía para las contribuciones que potencialmente hagan los miembros del Ejército Nacional en el marco del trabajo de la CEV (Comisión de Esclarecimiento de Verdad), y eventualmente a la Justicia Especial para la Paz; deberán ser conocidas; discutidas, ampliadas y comentadas entre los potenciales contribuyentes del Ejército al trabajo de la CEV; así mismo incorporadas como directriz de trabajo la institución en los ámbitos de verdad, memoria y justicia transicional”, agrega el documento.

La Comisión de la Verdad –presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux– comenzó a finales del 2018 sus tres años de mandato. Su propósito es entregar un informe final que dignifique a las víctimas y arroje luces sobre el complejo y extendido conflicto colombiano, que involucró a guerrillas, grupos paramilitares y fuerzas del Estado. Es una entidad de carácter extrajudicial, que no pretende aportar una verdad jurídica, pero trabaja en coordinación con la JEP. Esta última es la encargada de juzgar los crímenes más graves, con beneficios judiciales a cambio de confesiones y reparación a las víctimas, en un periodo de 15 años prorrogables por otros cinco.

La Comisión ha venido enfrentando hasta ahora obstáculos de acceso a la información. En los nueve meses de vigencia que tiene la CEV no han recibido ni un solo documento por parte del Ejército. Aunque el informe final del conflicto se entregará en 2021, los comisionados deben tener la información con tiempo para contrastar los hechos.

EL PAÍS buscó comunicarse con la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército para conocer cómo garantizará que esta directriz no incida en los relatos que los militares cuentan ante la Comisión y la JEP, sin obtener respuesta.

El segundo eje del Plan será destacar los “casos emblemáticos” de violaciones al Derecho Internacional Humanitario en los que participaron grupos como las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –hoy desarmadas y convertidas en partido político en virtud del acuerdo de paz sellado a finales de 2016–. Para esto, Martínez le pide a los oficiales que acopien documentos y estadísticas de cómo las FARC afectaron a cada jurisdicción militar. Finalmente, y en línea con estas dos estrategias, el relato institucional del Ejército buscará mostrar cómo estos han sido víctimas del conflicto armado. “La información de las víctimas del Ejército Nacional será enmarcada dentro de dos circunstancias particulares, cuando han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos o graves infracciones al DIH”. Para eso anexan un formato que debe ser llenado por las unidades operativas. Para completar el relato, Martínez también ordena que se haga un listado de las acciones sociales del Ejército en los territorios y la designación de un sociólogo, un oficial de inteligencia y uno de operaciones para la construcción de la narrativa.

En el último año, el Ejército ha estado en la mira de la opinión pública en Colombia por cuenta de otra orden firmada por el general Nicacio Martínez en la que se pedía aumentar las bajas en combate y alimentaba el temor por el retorno de los incentivos que favorecieron los falsos positivos. Tras la controversia, la orden fue retirada. Por otro lado, la cúpula ha enfrentado denuncias de diversos tipos de corrupción que han provocado la salida de la institución de cinco generales.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 20 AGO 2019 - 20:24 COT

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Crónicas rutinarias del paraíso paramilitar

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

En las últimas semanas se ha notado otra vez una intensa presencia de paramilitares camuflados y con armas largas, los cuales han entrado por la vereda Playa Larga provenientes de Nuevo Antioquia, corregimiento de Turbo, y por la vereda La Resbalosa provenientes de Córdoba. Están llegando a las veredas e intimidando a los campesinos, anunciando que les van a quitar sus teléfonos celulares para que no informen de su presencia a nuestra Comunidad de Paz, insistiendo en que está prohibido informar de su presencia y menos a la Comunidad de Paz.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

  • El martes 30 de julio de 2019en horas del día, nuestra Comunidad de Paz se enteró de que estaban amenazando fuertemente a los integrantes de nuestra Comunidad que viven en la vereda La Resbalosa. Allí los paramilitares están anunciando que no van a permitir que los miembros de nuestra Comunidad sigan trabajando en una de las fincas comunitarias de nuestro proceso de vida en dicha vereda. Al parecer hay muchos intereses empresariales y de narcotráfico que los llevan a impedir que la gente siembre alimentos en huertas de pan coger, pues quieren que la tierra se dedique a objetivos ajenos a los de la subsistencia del campesinado y que éste se someta a planes e intereses de sectores poderosos que solo buscan dañar y destruir la naturaleza y explotar al campesino para su provecho.
  • El jueves 1º de Agosto de 2019, en horas del día, nos llegaron informaciones según las cuales los paramilitares que controlan las 32 veredas de San José de Apartadó les están   prohibiendo terminantemente a los pobladores, especialmente a quienes tienen tierras en las veredas de Mulatos, La Resbalosa y La Esperanza, entre otras, vender sus tierras sin permiso de ellos y menos a la Comunidad de Paz, advirtiendo que, si alguien lo hace, tendrá que atenerse a graves consecuencias. Fuera de la persecución que el paramilitarismo ha sostenido durante más de dos décadas contra nuestra Comunidad de Paz, buscando a toda costa su exterminio y desaparición, la población de la región percibe cada vez más claramente que el paramilitarismo, y los poderes que detrás de ellos se expresan, buscan un control cada vez más absoluto del territorio para someterlo a planes perversos, en beneficio de una élite pequeña y poderosa.
  • El viernes 2 de Agosto de 2019en horas del día, nos llegaron informaciones de que el comandante paramilitar alias “René” quien ha sido desde hace algún tiempo el encargado del control y expendio de drogas en el área de San José, se había retirado de la zona diciendo que se trasladaba a causa de las fuertes denuncias que hay en su contra, lo cual le impedía ejercer mayor control. Según informaciones, fue trasladado por sus mandos paramilitares al corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa. Al despedirse lanzó fuertes amenazas contra nuestra Comunidad de Paz, manifestado que: “la única que denuncia es esa Comunidad de Paz, pero esto no se quedará así”.
  • El sábado 3 de Agosto de 2019, en horas de la noche, llegaron cerca de 15 paramilitares camuflados y portando armas largas de fuego a la vereda El Porvenir. Allí ingresaron a las viviendas de los campesinos anunciando que llegaron para solucionar algunos problemas de mala fama que tienen los paramilitares en la zona, manifestando: “estamos aquí porque la población civil dice -y hay muchas denuncias que así lo muestran- que nosotros los paramilitares somos unos asesinos y ladrones y eso lo vamos a solucionar, pues nosotros no somos malos”. Al mismo tiempo, en tono amenazante, preguntaron a los pobladores que si tenían celulares, a lo que los pobladores respondieron que no. Allí permanecieron toda la noche en los alrededores de las fincas.
  • El domingo 4 de agosto de 2019a las 12:00 del día, fueron vistos nuevamente estos mismos paramilitares que habían llegado el día anterior a la vereda El Porvenir y que se habían quedado acampando cerca de las viviendas de los campesinos.
  • El martes 6 de Agosto de 2019, nuestra Comunidad de Paz hizo presencia, con acompañamiento internacional y de la Defensoría del Pueblo de Apartadó, en las veredas Alto Joaquín y Puerto Nuevo y en el corregimiento de Frasquillo, del municipio de Tierralta Córdoba. Allí nuestra comunidad defiende unas propiedades colectivas en la cuales viven miembros de nuestro proceso de Comunidad de Paz. Se pudo evidenciar que los paramilitares siguen siendo los que controlan todo allí, desde el comercio de drogas de uso ilícito, las que transportan con el permiso de la Armada Nacional que tiene allí una base; el comercio de alimentos, el cual controlan para no vender sino a quienes ellos les quieren vender; el control sobre la represa, regulando toda la movilidad en embarcaciones tipo Johnson, y el despojo de tierras de las familias que viven cerca de la represa. Todo esto ligado al pago de impuestos obligatorio que le exigen a los campesinos.
  • El miércoles 7 de Agosto de 2019nuestra Comunidad realizó un recorrido con acompañamiento internacional hacia la vereda La Esperanza, pasando por la vereda El Porvenir ambas dentro del territorio del corregimiento de San José, pues ya habían muchas informaciones según las cuales los paramilitares habían estado en esos días anteriores recorriendo las viviendas de los campesinos. Estando allí, en el camino que conduce de la vereda El Porvenir hasta la vereda La Esperanza, se pudo comprobar que había presencia de paramilitares armados muy cerca del camino, lo cual confirmaba su presencia en la vereda El Porvenir. Según pobladores de la vereda La Esperanza, los militares habían estado esos mismos días patrullando en la vereda La Esperanza pero no en El Porvenir, distante unos 40 minutos de La Esperanza y que era el lugar donde los paramilitares estaban llegando a ingresar a las casas de los campesinos. Ya es suficientemente conocida la táctica militar y su articulación con los paramilitares, consistente en no coincidir en los mismos espacios para no dar la impresión de que se apoyan mutuamente.
  • El jueves 8 de Agosto de 2019a las 9:00 de la mañana, un contingente militar de la Brigada 17 del ejército llegó al pequeño caserío, antiguo asentamiento de nuestra Comunidad de Paz en la vereda La Unión, allí comenzaron a visitar las casas de los campesinos  haciendo un censo o empadronamiento. No sabemos qué objetivo tendría dicho censo, lo que es muy claro es que en años anteriores la Brigada 17 del ejército hacía estos censos o empadronamientos ilegales y todas esas informaciones terminaban en las manos de los paramilitares quienes luego iban asesinando a mucha gente que aparecía en esas listas.

El pasado 19 de junio se puso en conocimiento del Presidente Duque un compendio de agresiones contra nuestra Comunidad de Paz, sufridas entre agosto de 2018 y mayo de 2019 [Rad: EXT 19-00060721], con la reiterada petición de cumplir sus obligaciones constitucionales como garante de derechos, todo acompañado de un recordatorio de principios de derecho internacional que le impone a todo mandatario hacerse cargo de los hechos de sus predecesores cuando no se decide a condenar, corregir y reparar lo que viene del pasado destruyendo el Estado de Derecho. La respuesta fue idéntica a la de los ex Presidentes Samper, Pastrana, Uribe y Santos: remitirle los llamados al Ministerio de Defensa (responsable de primer orden de los hechos) y allí las peticiones comienzan un peregrinaje de años, de oficina en oficina, donde ningún oficial o sub-oficial quiere repudiar los hechos perpetrados por sus colegas, prefiriendo solidarizarse con ellos en el disimulo, la evasión, el encubrimiento y la opción de manos caídas y “vista gorda”. Nada cambia. Nada cambia. Nada cambia. Todo sigue igual. Son rutinas que han trillado su camino en 22 años.

Una vez más nuestra Comunidad de Paz agradece a la multitud de personas en el país y en el mundo que se solidarizan con nuestra resistencia y que condenan con plena convicción ética y moral la criminalidad del Estado colombiano. A todas ellas nuestra sincera gratitud.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Agosto 16 de 2019

Publicado enColombia
Jueves, 15 Agosto 2019 10:56

“Cuelguen a esos h.p."

Rafael Barrios Mendivil

La Corte Suprema de Justicia, el 8 de agosto de 2019 precluyó la investigación contra la doctora Ángela María Buitrago Ruíz porque llegó a la conclusión que efectivamente Edgar Villamizar Espinel sí compareció a la Escuela de Caballería en el 2007 y, al no prefabricarse la prueba, el prevaricato por exclusión de materia quedó automáticamente sin sustento.

Corría el año 2007 cuando el cabo del ejército Edgar Villamizar Espinel llegó a la Escuela de Caballería durante una diligencia que adelantaba la fiscal Angela María Buitrago Ruíz en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Villamizar le dijo la verdad a la fiscal, que había visto en dicha guarnición militar a varios desaparecidos del Palacio y le escuchó decir al coronel Luis Alfonso Plazas Vega: “cuelguen a esos hijueputas”.

Tres años después, el señor Plazas Vega denunció a la fiscal Angela Buitrago por falsedad ideológica en instrumento público y prevaricato por acción, porque el nombre del testigo no coincidía, ya que en la declaración aparecía como Edgar Villareal y no Edgar Villamizar y porque tampoco concordaba el lugar de nacimiento del testigo. Además, sostuvo el coronel, que Edgar Villamizar se “retractó” en el 2009, dos años depués, al negar haber declarado ante la fiscal y al afirmar que no estuvo en la Escuela de Caballería en el 2007.

La Corte Suprema de Justicia, el 8 de agosto de 2019 precluyó la investigación contra la doctora Ángela María Buitrago Ruíz porque llegó a la conclusión que efectivamente Edgar Villamizar Espinel sí compareció a la Escuela de Caballería en el 2007 y, al no prefabricarse la prueba, el prevaricato por exclusión de materia quedó automáticamente sin sustento.

La misma Corte Suprema el 16 de diciembre de 2015 absolvió a Plazas Vega al otorgarle el beneficio de la duda, aseguró que la declaración de Édgar Villamizar Espinel de 2007, evidentemente sí se practicó, pero no le confirió crédito alguno a la declaración por no encontrar medios de convicción que permitieran corroborarla. Sobre este último aspecto, consideramos que en el expediente si existen medios de pueba que concuerdan y confirman lo dicho por Villamizar.

Primero. El agente de inteligencia militar Ricardo Gámez Mazuera le dijo a las autoridades que el coronel Luis Alfonso Plazas Vega dio la siguiente orden a subalternos: “me los llevan, me los trabajan, ya cada dos horas me dan informes”, refiriéndose los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia. En el argot militar de la época, “me los trabajan” significaba “me los torturan”.

Segundo. Los militares sí sabían el día y la hora en que el M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia, ya que hubo acuartelamiento de primer grado el 5 de noviembre de 1985 en Comando Especial, el Ciaes en Villavicencio al que pertenecía Villamizar y en las horas de la mañana del 6 de noviembre se trasladaron en helicóptero a Bogotá, desde la base militar de Apiay, Meta. Por otro lado, el 6 de noviembre a las 10:30 de la mañana, miembros de inteligencia del batallón Charry Solano llevaron álbumes fotográficos a la Casa del Florero para identicar a los integrantes del M-19 que participaron de la toma.

Tercero. Las torturas eran un modus operandi en la Escuela de Caballería. Ejemplo de ello fueron los choques eléctricos y ahogamiento a José Vicente Rubiano Galvis, y en otras instalaciones militares como el Charry Solano donde fueron torturados Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, y en la propia Casa del Florero, puesto avanzado de la Brigada XIII, a Orlando Quijano.

Cuarto. Las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas como las del magistrado Carlos Horacio Urán, el administrador de la cafetería Carlos Rodríguez y la guerrillera Irma Franco hacen parte de un patrón de comportamiento del ejército durante la retoma y luego de finalizada esta.

Quinto. La declaración de Villamizar concuerda, entre otras, con las de José Vicente Rubiano, Eduardo Matson, Yolanda Santodomingo, Ricardo Gámez, Tirso Saénz y Marlio Quintero.

Sexto. Las “retractaciones” fueron una práctica sistemática de los militares en el caso Palacio de Justicia. Fueron obligados a cambiar su testimonio el sargento Bernardo Alfonso Garzón Garzón, el conductor del taxi del ejército Marlio Quintero Pastrana, -quien hacía parte de una fachada del batallón Charry Solano- y el cabo Edgar Villlamizar Espinel.

Séptimo. Los testigos falsos Alonso Vásquez López y Ariel Guillermo Valdés Gil, trataron de desvirtuar para restarle credibilidad a la declaración de Edgar Villamizar, lo cual obligó a la jueza que condenó al general Jesús Armando Arias Cabrales a compulsar de copias por falso testimonio a la Fiscalía para investigar la conducta de los testigos.

Octavo. la fiscal Ángela Buitrago así como distintas autoridades judiciales colombianas y la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema, otorgaron plena credibilidad a lo descrito por Villamizar, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A propósito de la decisión de la Suprema del 16 de diciembre de 2015 que absolvió a Plazas, afirmamos en el libro El Pacto del Silencio, publicado en agosto de 2017: “Que no saque mucho pecho el coronel porque tiene rabo de paja. Que no ande señalando con un dedo a la fiscal Ángela María Buitrago porque tres de ellos apuntan hacia él. La Corte reconoció que no hubo suplantación del testigo Edgar Villamizar Espinel, tampoco la Suprema negó los hechos ni las desapariciones ni las torturas y ejecuciones extrajudiciales. Reconoció la Corte que son crímenes de lesa humanidad y ordenó que investiguen a Plazas Vega por exceso de uso de fuerza.”

Nos alegramos por la decisión inhibitoria de la Corte de agosto de 2019 en favor de la fiscal Angela María Buitrago Ruíz. Esperamos que la Fiscalía General de la Nación “desengavete” el caso a fin de superar la impunidad en que lo mantiene, luego de entregar restos incompletos de algunas víctimas a sus familiares. Esperamos que se supere el silencio y el miedo, con el fin de que la verdad y la justicia salgan adelante pronto, porque el paso del tiempo juega en su contra. Las víctimas tienen derechos que se deben satisfacer plenamente.

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