La economía en el 2017: fragilidad y re-primarización

El análisis de la dinámica de la economía colombiana durante el 2017 contempla las siguientes variables: producto (PIB), desempleo, inflación y exportaciones. En líneas generales los resultados no son buenos, y el año terminó mal.

 

La dinámica del PIB

 

Los últimos datos del producto interno bruto publicados por el Dane corresponden al tercer trimestre del 2017. En este período el PIB creció 2 por ciento. Comparado con el tercer trimestre de los 7 años anteriores, el del 2017 presentó la segunda tasa de crecimiento más baja, después de la del 2016 que fue de 1,2 por ciento. En el tercer trimestre del 2010 la tasa de crecimiento del PIB fue de 3,4 por ciento, en el 2011 de 7,9, en el 2012 de 2,6, en el 2013 de 6,1, en el 2014 de 3,9 y en el 2015 de 3,3 por ciento. El comportamiento de la economía durante el 2017 fue muy mediocre, y estuvo por debajo de las proyecciones que inicialmente había hecho el gobierno. Los sectores más dinámicos fueron el agropecuario, el financiero y la construcción de obras civiles.

 

El sector agropecuario se recuperó gracias a la devaluación del peso. Al aumentar el valor del dólar, la importación de alimentos se hizo más costosa, y ello estimuló la producción doméstica. Es notoria la forma como se ha intensificado el sector cafetero.

 

A los bancos y a los intermediarios financieros les fue bien. En gran parte, porque la tasa de interés que cobran sigue siendo muy alta. El Banco de la República bajó la tasa de referencia hasta 4,75 por ciento año. No obstante, los bancos continúan prestando a tasas elevadas. Las reducciones de los intereses que hace el Banco de la República no se transmiten a los clientes de los bancos, porque éstos siguen ofreciendo créditos relativamente costosos. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, cobran una tasa de interés cercana al 30 por ciento año, en el límite de la usura. Si las ganancias de los bancos mejoran, el PIB crece pero, al mismo tiempo, las familias y las empresas que están endeudas tienen que reducir el consumo y la inversión, y ello tiene un efecto negativo en el PIB. Dicho de otra manera, las ganancias del sector financiero no necesariamente son buenas para el conjunto de la economía. Si los bancos aprietan mucho, en el corto plazo obtienen buenas utilidades, pero con el paso del tiempo la cartera morosa comienza a subir, y los deudores no pueden pagar. Obviamente, esta situación tampoco es buena para los bancos.

 

También ha contribuido al crecimiento la construcción de obras civiles. En este proceso la inversión pública ha sido fundamental. De nuevo, se hace evidente la necesidad de que el Estado intervenga y hale la actividad económica.

 

La inflación

 

La inflación en diciembre de 2017 fue de 4,09 por ciento, inferior a la del 2015 que fue de 5,75. La inflación se redujo, sobre todo, porque el costo de los alimentos disminuyó. Esta apreciación es compatible con el crecimiento de la producción interna de alimentos. Gracias a la mayor oferta, entre el 2016 y el 2017 la inflación de alimentos bajó de 7,22 por ciento a 1,92, y como los alimentos tienen un peso tan alto (29%) en el índice de precios al consumidor (IPC), si baja la inflación de alimentos, también se reduce la inflación general. Esta relación entre el precio de los alimentos y la inflación general deja una lección importante: la estabilidad de los precios tiene que ver con factores reales, y no solamente con variables monetarias. Los bancos centrales suelen darle poca importancia a los procesos reales, como la producción de alimentos, y centran su atención exclusivamente en variables monetarias y financieras.

 

El desempleo

 

En noviembre del 2017 el desempleo fue de 8,4 por ciento, la tasa más alta de los últimos 4 años. La caída de la producción queda reflejada en una tasa de desempleo más alta. Este es un asunto central de la política económica. Desgraciadamente, como sucedió durante la última discusión del salario mínimo, el gobierno y los empresarios siguen pensando que el mayor ingreso de los trabajadores es incompatible con aumentos en el nivel de empleo. Esta lógica es equivocada, ya que mayores salarios estimulan la demanda e incentivan a los empresarios para que mejoren la productividad.

 

Las exportaciones

 

La economía colombiana cada vez está más anclada en el sector primario. Esta re-primarización se refleja bien en la composición de las exportaciones. Tal y como se observa en la gráfica, las principales exportaciones son: café, petróleo, oro, flores y banano. Las exportaciones manufactureras ocupan un lugar muy secundario, y no alcanzan a estar en la gráfica.

 

Esta re-primarización de la economía nacional expresa bien el fracaso de la bonanza minero-energética, ya que no se crearon los mecanismos que permitieran convertir los excedentes en procesos industriales y agropecuarios sostenibles. La excesiva dependencia de los productos primarios hace que la estructura de la economía colombiana sea muy frágil. Estamos muy lejos del sueño que tenían en los años sesenta los pensadores de la Cepal, como Prebisch y Lleras Restrepo. Para ellos el futuro de América Latina estaba en la industrialización. Siempre consideraron que la primarización de las economías crea volatilidad y no es el camino adecuado para consolidar el desarrollo.

 

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Publicado enEdición Nº242
El triunfo del chavismo y la peor crisis de la historia Venezuela

El domingo 10 de diciembre fue un día muy interesante en Venezuela. En medio de la crisis económica más fuerte en la historia moderna del país, el gobierno pudo asestar otro duro golpe a la moral de la oposición. De manera categórica el chavismo ganó el 91 por ciento de los municipios y arañó el 70 por ciento de los votos totales. Cabría preguntarse cómo y por qué se gestó una nueva victoria (la segunda en menos de tres meses) en medio de semejante crisis, y cuáles son las perspectivas para un futuro que se torna aciago para la clase obrera venezolana.


Es menester decir que por cuarto año consecutivo Venezuela presentará la inflación más alta del mundo (estimada en cerca de 1.200 por ciento para el año 2017), un déficit fiscal de dos dígitos (por sexto año consecutivo), el riesgo país a la inversión más alto del globo, la cantidad de reservas internacionales más baja de los últimos 20 años (menos de 9.800 millones de dólares, menos del 15 por ciento de las importaciones Cif del año 2012) y una tremebunda escasez de toda clase de bienes y servicios esenciales. El dólar paralelo (que sirve para fijar casi todos los precios de la economía) se ha incrementado en más de 2.500 por ciento en lo que va del año, lo cual ha desintegrado el poder adquisitivo por completo.


Según las estimaciones más moderadas, desde 2013 hasta 2017 puede haber una caída acumulada de 32,5 por ciento del Pbi. Las estimaciones más conservadoras nos llevan a pensar que el Pbi per cápita para 2017 será tan bajo como el de 1961. Los números son tan abrumadoramente negativos que desde hace varios años el gobierno se ha negado a publicar el grueso de ellos. Jamás en su historia la economía de Venezuela había descendido por más de dos años consecutivos. A la fecha, con toda seguridad tendremos cuatro años de decrecimiento consecutivo.


Según la firma Econométrica, Venezuela entró en hiperinflación el pasado mes de octubre, registrando un incremento en los precios de 50,6 por ciento con respecto al mes anterior. Antes del arribo del gobierno bolivariano la inflación anual máxima que sufrimos fue de 103,2 por ciento, en 1996; ahora en sólo un mes hemos alcanzado la mitad de nuestra máxima inflación registrada en un año.
De manera extraña –para un gobierno que se precia de ser zurdo–, la dirección del proceso bolivariano cree que debe pagar la deuda externa así no haya un solo dólar para importar vacunas o harina de trigo. Así que ha desoído propuestas de muchos grupos que esgrimimos la necesidad de una moratoria y atender las necesidades más elementales de una clase obrera ferozmente depauperada. Luego de caer en default parcial por no pagar un par de bonos que alcanzan los 200 millones de dólares, el gobierno ha decidido reestructurar su deuda y llamar a sus acreedores a una extraña reunión. Como era de esperarse, los bonistas estadounidenses (cerca del 70 por ciento del total de los tenedores de nuestra deuda) no vinieron a la reunión y la comisión nombrada por Maduro para tal negociación ni siquiera ofreció un plan alternativo de pagos, solamente hizo un discurso ideológicamente centrado en las sanciones de Donald Trump. En tal sentido sólo se avanzó en reestructurar la deuda con Rusia (un 2 por ciento del total).
Por más horripilante que parezca el tema económico, la máxima preocupación parece ser el desborde del hampa, producto de la súbita conversión de millones de personas en población obrera (relativamente) sobrante para el capital. Más allá de la expansión del ejército industrial de reserva, la cuasi desaparición del aparato productivo ha impulsado un proceso de lumpenización estructural que empuja a millones a actividades cuasi delincuenciales o directamente delictivas. La policía está completamente desbordada y el ejército ha demostrado ser completamente inútil para combatir ese flagelo. Las cifras que algunas Ong publican (en ausencia de números oficiales) son realmente pavorosas.


En el sector de la salud parece ser más patente la implosión del proceso nacional de acumulación de capital. El último boletín epidemiológico mostraba que 11.446 niños menores de un año habían muerto en 2016: un aumento del 30 por ciento en sólo 12 meses. Un informe reciente de las Naciones Unidas y de la Ops encontró que 1,3 millones de venezolanos que antes podían alimentarse en su país no han podido encontrar la comida necesaria desde que se desató la crisis hace tres años. Un asunto dramático que se refleja en centenares de personas hurgando en la basura para poder comer cualquier desecho, y en miles de mendigos dolorosamente harapientos y hambreados.


En medio de semejante cataclismo la oposición que nuclea a casi toda la derecha antichavista (la Mud) debió frotarse las manos y preparar una campaña para una victoria cómoda. Sin embargo, ya sabemos que los resultados fueron otros...


UNA PÉSIMA PARTICIPACIÓN ELECTORAL.


Luego de una estrepitosa derrota en las elecciones de gobernadores (el chavismo ganó 18 de 23 gobernaciones) y de tímidos cánticos de fraude, la reacción de los tres partidos más importantes de la Mud fue declinar su participación electoral y llamar a la abstención. Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, devenidos en abstencionistas, dijeron que sí participarían en las elecciones presidenciales. Algunos de sus voceros fueron ridiculizados por periodistas que les preguntaban: “¿Por qué abstenerse acá y no en las presidenciales? ¿Cómo aseguran ustedes que las condiciones para las presidenciales cambiarán?”. Sus respuestas fueron sorprendentes: “Estamos guardando fuerzas para las presidenciales (!), no tenemos recursos (!) y vamos a luchar por mejores condiciones...”.


La Mud es habitualmente más vilipendiada por sus seguidores que por los chavistas contratados para esa labor, y su decisión enfureció a sus acólitos. Por una parte los opositores más encarnizados decían que la Mud había entregado la lucha callejera y que no se había comprometido a acompañar a los mártires opositores que murieron en una (anodina) lucha por defenestrar al gobierno. Cuando la Mud dijo que el camino era electoral y que todo lo demás era una aventura, los opositores más radicales se enfurecieron. Cuando la Mud dijo que se iba a abstener “por ahora”, se molestaron más aun. Para ellos, la Mud no lucha en la calle y ahora tampoco en las elecciones.
Los opositores más apegados a los valores democráticos, que se sonrojan por las aventuras golpistas de la Mud y por sus odiseas sanguinarias del tipo guarimba más trancazo –que dejaron alrededor de 150 muertes (incluyendo cerca de 20 personas quemadas vivas en linchamientos) y miles de heridos en una causa perdida–, quedaron atónitos y francamente asqueados al enterarse de que la Mud no iba a las elecciones. Ante la espantosa situación económica, la propuesta de la clase política opositora fue la retracción.

LA TRÍADA.


En las elecciones de alcaldes votaron 9.139.564 personas, un 14,3 por ciento menos que en las elecciones municipales de 2013 (casi un millón y medio de votos menos). La participación fue de 47 por ciento, un poco baja para el entusiasmo electoral venezolano, pero nada mal comparada con la abstención de 2005 en las elecciones municipales, que llegó al 69 por ciento.


Según los inefables señores de Misión Verdad, el chavismo aumentó en 945 mil votos su caudal electoral en estas elecciones, con respecto a las regionales de este año. La oposición perdió en total 2.103.000 votos a nivel nacional. El chavismo obtuvo 6.517.000 sufragios (70 por ciento) y la oposición 2.749.000 (29 por ciento). Más de 72 partidos obtuvieron votos, algo rara vez visto. Así las cosas, el chavismo pasó de tener 204 alcaldías a lograr más de 308; o sea, aumentó en 50 por ciento la cantidad de despachos obtenidos. La oposición en bloque apenas obtuvo 27 alcaldías de las 335 en disputa.


El gobierno aprovechó el impulso político de la debacle de la Mud (que incluso luego de las elecciones a gobernadores se disolvió). En tales circunstancias la campaña electoral de tres semanas encontró a la oposición (de derecha y de izquierda) más atomizada que nunca. Artistas, periodistas, deportistas y cientos de opositores independientes se lanzaron al ruedo y fragmentaron los votos en candidaturas protagonizadas por personajes que desconocen la actividad política, por viejos políticos oxidados o por personas con escasos recursos y capacidades gerenciales. Por ende, en varios municipios donde históricamente han triunfado, su división les jugó en contra y el chavismo en unidad monolítica venció. Lenin decía: “un puño pega más que cinco dedos”.


En las elecciones municipales se potenció con extremo vigor el ventajismo y el uso obsceno de los recursos del Estado por parte del partido del gobierno: el Psuv. De manera sintética, se puede afirmar que el chavismo construyó una sólida unión partido-gobierno-Estado-ejército. Los miembros que los controlan actúan como un cuerpo bajo un solo mando. Cuando hay campañas trabajan como engranajes de una máquina. No es sólo que usan los recursos estatales como caja chica, sino que disponen de sus empleados. Es decir, los convierten en propagandistas y agitadores proselitistas. Cierran oficinas y cambian horarios en aras de asistir a tareas de “apoyo electoral”. Es un gobierno que está en campaña los 365 días del año y todo el día. Algo asombroso. El descuido administrativo es atroz (por la ineficiencia que conlleva), pero nada de eso importa, la prioridad es triunfar en las elecciones a toda costa.


A “la tríada” podríamos describirla de la siguiente manera:


1. La engrasada maquinaria electoral del Psuv en franco maridaje con la distribución de prebendas clientelares. Claps, electrodomésticos, bonos, tiques de premio y un sinfín de productos fueron regalados a miles de familias que demostraban intención de voto bolivariana. A diferencia de otros procesos, los candidatos a alcaldes hacían los obsequios de manera directa y prometían que con más apoyo llegarían más dádivas.
En regiones rurales la dádiva es una de las pocas formas de acceder a algún bien que alivie una miseria vertiginosa. Lejos de parecer “populismo clientelar” para sus bases, las prebendas lucen como un esfuerzo sublime de un gobierno que entrega alimentos y mercaderías (generalmente importadas) que la “guerra económica” impide obtener. De tal forma se solidifican los lazos ideológicos entre la honesta base chavista que cree que el gobierno hace “milagros” para ayudarla con alguna canonjía y la dirección que hace “lo posible” por hacerle llegar la gratificación estatal.
Quedó para la historia el post en Facebook de la flamante ganadora chavista de la Alcaldía Libertador, de Caracas: “Maduro habló de un regalo a través del carné de la patria a los que voten. Sáquenle punta a eso”.


2. La aceitadísima maquinita de imprimir dinero inorgánico que produjo un aumento de 490.091,80 por ciento (la incrementaron en más de 4.900 veces) en la base monetaria emitida por el Banco Central de Venezuela (Bcv) para el período 1999-2017 (setiembre), lo que hace que virtualmente el gobierno tenga recursos infinitos y en cada elección dispare el gasto de manera exponencial.
De esta forma, el Bcv simplemente destina “préstamos” a instituciones estatales contra pagarés, y esas instituciones ejecutan gastos que sirven para pagar miles de prebendas y campañas publicitarias propias de jeques sauditas. Con tan munificentes arcas, la cornucopia fluye en autos de lujo, casas y toda clase de objetos suntuosos (para los más cercanos al poder), y miles de estipendios que dimanan a microespacios de poder donde organizaciones paraestatales administran, con absoluta discrecionalidad, unas migajas que en una situación de pobreza extrema sirven para mucho.
El correlato inflacionario de esta política no le incumbe al gobierno. El dinero recién emitido no pierde su valor por entero y sirve para hacer políticas electorales. Para quienes se quejan de la hiperinflación, el gobierno les lanza a sus intelectuales de choque, personas como Pascualina Curcio y Luis Salas, que tenazmente salen en la tevé diciendo que la emisión de dinero excesiva no afecta en nada los precios de las mercaderías. Es decir, que si imprimen billetes equivalentes a 20 salarios mínimos y se los confieren a millones de sus adeptos, los precios no deberían subir.
A pesar de lo secreto del voto, muchos empleados públicos no afines al proceso son empujados a votar mediante un sinfín de presiones. Con otros controles aprietan tuercas a receptores de las sinecuras estatales y les dicen claramente: “Pero si te damos este beneficio, ¿cómo vas a votar en nuestra contra? ¿Quieres que ganen ellos y te quiten el beneficio que te doy? Si ellos ganan será como en la cuarta república, cuando nadie te daba nada. Si no votas por nosotros estás colaborando con el enemigo y no eres merecedor de la ayuda que te doy”.


3. La postergación del ajuste macroeconómico sosteniendo subsidios del 99,99 por ciento en el precio de la gasolina, luz, transporte, agua etcétera.
Los servicios públicos que se obsequian empeoran día a día, y debido a que las empresas no tienen cómo cubrir sus costos de mantenimiento, tienden a ser escasos, de muy mala calidad y eventualmente a punto de colapsar. Aun cuando ha habido una inflación sideral, los precios de esos servicios siguen congelados. Un ejemplo: podríamos ver que una docena de huevos de gallina es más costosa que dos camiones de 30 mil litros (c/u) de gasolina de 91 octanos, una verdadera chifladura. Un tique de metro para la ruta más larga equivale a 0,000032 dólares a precio de mercado paralelo.
Los precios verdaderamente ornamentales de los servicios vitales complementan un salario indirecto que es nada despreciable y que permite que los salarios en metálico sean extremadamente bajos. Muchos políticos y economistas ultraliberales hablan de ajustar drásticamente estos precios, sin siquiera diseñar planes de compensación social. Dichas promesas asustan y alejan a personas que, sumidas en la pobreza extrema, no podrían pagar prácticamente nada, ya que su salario (más el bono alimentación) equivale a menos de cuatro dólares mensuales según la cotización en negro.


El cálculo del salario en términos del dólar paralelo es tremendamente inexacto. Distorsiona al extremo la posibilidad de establecer con certeza el poder adquisitivo. Este artículo no tiene espacio para tratar ese tema, sin embargo es necesario señalar que el salario más el bono alimentación (que no reciben los obreros informales, ni los pensionados) no alcanza para comprar –en un mes–: tres pollos, o cuatro quilos del queso más barato, o dos quilos de jamón de espalda, o cinco quilos de azúcar. Los obreros se ríen pensando que no pueden comprar ni dos quilos de chuleta de cerdo al mes, y que una gallina al poner un huevo gana más por día que uno de ellos. El gobierno ha sido exitoso en vender esa situación como una “guerra económica”; las lesivas sanciones de Trump y de la Unión Europea le dan alas para reforzar esa tesis disparatada e irracional. Ha implantado el concepto de que los precios deberían permanecer estáticos y que todo aumento es artificial, inducido por una conspiración política orquestada desde el imperio.
La expansión del gasto público clientelar funge como un igualador social muy eficaz y muestra un camino de ascenso social acelerado a quienes tan siquiera administren algún “microprovento” que el gobierno suelte.


FUTURO POLÍTICO INCIERTO.


La oposición desprecia el enorme poder político que puede desplegar “la tríada”. De manera dramática ha recogido los frutos de las desastrosas aventuras golpistas. Los saqueos y el vandalismo anarquista fueron vistos con horror por opositores que los sufrieron y decidieron abstenerse.


En tales circunstancias Maduro ha decidido desde ya lanzarse a las elecciones presidenciales como rutilante candidato del Psuv. De competir con una oposición de derecha y ultraderecha dividida podría fácilmente ganar con un 30 por ciento de los votos, en un ámbito de fuerte abstención y con candidatos desprestigiados como rancios carcamanes. Obviamente, el gobierno dispone de un caudal ilimitado de bolívares que podría imprimir sin problemas y repartir entre sus más fieles clérigos. Éstos distribuirían hacia más abajo y, con un sedoso efecto de goteo, podría caerle algo a millones de personas que en la inanición pura anhelan al menos un auxilio.


Parece que para la oposición de derecha la única vía es un outsider, un empresario exitoso en la extracción de plusvalía a la clase obrera, un maestro de la explotación, muy fuertemente mediatizado y con perfil apolítico. Este “mesías” se vendería como el gran gerente ajeno a la “politiquería” y con una sólida aversión a los politicastros. Un Macri venezolano parece la garantía de un proyecto derechista que busca competir con otra derecha de discurso antagónico y acción análogamente nociva a los estómagos obreros. La clase obrera y la izquierda socialista aún siguen siendo los convidados de piedra.


* Director del Centro de Investigación y Formación Obrera (Cifo) en Venezuela.


Esta columna fue publicada en el sitio web del Centro de Investigación y Formación Obrera (alemcifo.wordpress.com). Brecha reproduce fragmentos con la autorización del autor.

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Christine Lagarde, directora generente del FMI JEENAH MOON

 

El Fondo señala en un estudio que el avance tecnológico ampliará más la brecha entre los trabajos cualificados y los básicos

 

La precariedad del empleo y de los salarios reflejan un cambio estructural en la naturaleza del mercado laboral. Es la conclusión a la que llega el Fondo Monetario Internacional tras analizar la pobre evolución de los sueldos, en un intento por anticipar las desigualdades que se derivarán de nuevas dinámicas en el empleo como la baja productividad, la automatización y la pérdida de poder de negociación de los sindicatos. El incremento de la parcialidad y la temporalidad, anticipa, meterán presión a la estructura del sistema de cobertura social.

El incremento de los salarios continúa siendo marcadamente más bajo en las economías avanzadas que durante la etapa previa a la Gran Recesión. Los técnicos del FMI recurren a varios factores para explicarlo. Los dos más evidentes son la atonía que se vive en el mercado laboral en potencias como la de EE UU y la tendencia generalizada a una moderación en la productividad.

El organismo también apunta en algunos casos a una corrección en la dinámica de salarios previa a la crisis, porque los sueldos crecían a un ritmo que se hizo insostenible. Y esta tendencia coincide, además, con una reducción de las horas trabajadas por los empleados, el nivel de trabajadores que firman contratos a tiempo parcial porque no tienen otra opción y por el incremento en la temporalidad.

El FMI señala que el empleo involuntario a tiempo parcial es mejor alternativa que el paro. Pero es evidente, añade, que pasa factura del lado de las remuneraciones. Por eso anticipa que la presión inflacionista del lado de los sueldos continuará baja “hasta que no se reduzca la proporción de personas forzadas a trabajar a tiempo parcial y no repunte la productividad”. La reducción del paro, por tanto, no basta.

Los economistas vuelven a señalar que las rigideces en los mercados laborales de algunos países impiden a las empresas a contratar empleados a tiempo pleno. Al mismo tiempo indica que el empleo a tiempo parcial, la temporalidad y la reducción de horas laborales reflejan, en parte, un cambio en el empleo desde sectores que suelen firmar contratos tradicionales hacia otros más flexibles.

 

Poder de negociación

 

Malhar Naber, autor del estudio, explica que se tomaron como referencia 29 países avanzados para entender las fuentes que lastran la evolución de los salarios. Los factores tradicionales valen para explican la situación. Pero le sorprende que durante los últimos dos años se haya producido una desconexión entre la evolución del desempleo y los salarios, porque ha surgido nuevas fuerzas.

En este sentido hay un factor estructural adicional que alimenta esta tendencia. El FMI apunta a un cambio en la naturaleza de la relación de los empleados y las empresas para las que trabajan, vinculado con el cambio tecnológico. El impacto en el poder de negociación de los salarios dependerá de la complementariedad que haya entre las nuevas tecnologías y la cualificación.

En un extremo, la automatización puede sustituir a empleos rutinarios que requieren de baja formación. “Eso puede llevar a términos menos atractivos para el asalariado”, indica. Por el contrario, los empleos de alta cualificación técnica en ingeniería y diseño se considera pueden elevar la productividad de las empresas y, por tanto, les da más margen para negociar al alza los sueldos.

La competencia internacional también puede tener un efecto en el poder de negociación de los salarios, tanto por vía del comercio como de las empresas que tienen cadenas de suministro globales. “Eso puede alimentar la amenaza de la relocalización de las fábricas en economías donde los costes son más bajos”, explica. Si se combina con la automatización, el papel de los sindicatos merma.

 

Dilema inflacionista

 

La debilidad con la que crecen los salarios explica, en parte, por qué la inflación no termina de tomar cuerpo. La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, dedicó un discurso este martes al dilema que está planteando a los bancos centrales la dinámica de precios. Como dice la jefa de la autoridad monetaria estadounidense, la tendencia actual es un misterio y admite que pueden estar malinterpretando los datos.

El informe técnico del FMI señala en este sentido que “la inflación permanecerá baja mientras que el incremento en los salarios no se acelere más allá del crecimiento de la productividad de una manera sostenida”. La laxitud de la política monetaria, añade, puede contribuir a estimular la demanda y rebajar el paro. El resto, señala, está en definir el momento preciso para abandonar los estímulos.

A partir de ahí hace una serie de recomendaciones para hacer frente a las vulnerabilidades que afrontan los empleados forzados a trabajar con contratos a tiempo parcial. Las iniciativas que propone incluyen reforzar los programas de formación o medidas que permitan equilibrar estos contratos con los beneficios que se negocian en los contratos a tiempo pleno, como pagas mínimas, bajas y ayudas familiares.

 

 

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El fraude económico de Macri en Argentina

Macri ha defraudado a la ciudadanía argentina. Y lo ha demostrado en un escaso lapso de tiempo. Sólo ha necesitado algo más de un año y medio para incumplir todo lo que había prometido. Si existiesen los contratos electorales, el de Macri ya hubiese sido rescindido por infracción múltiple.


A continuación veremos cómo Macri estafó al electorado en cada una de sus ofertas económicas durante su campaña.


Promesa 1. Reducir la inflación... y los precios subieron. La inflación llegó al 40% en 2016, la más alta desde 2002. Se han encarecido todos los servicios públicos particularmente gracias a los continuos tarifazos. Han subido los precios de los medicamentos, transporte, comida. Y además, en lo que llevamos de año, la inflación sigue en un nivel altísimo. Hasta el momento, lleva un acumulado de 10,5%; con un valor interanual del 24%, muy por encima de las previsiones del gobierno para este año (17%).


Promesa 2. Recuperar la economía... y el PIB se contrajo. El país cerró 2016 con una recesión del 2,3%, mientras que en el último año kirchnerista la economía creció un 2,1%. En la era Macri, el consumo lleva 17 meses consecutivos de caída. La producción industrial cae más del 10%. La OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) ha bajado su estimación de crecimiento económico para Argentina en 2017 y 2018, a 2,5% y 3,1%, respectivamente.


Promesa 3. Pobreza cero... y los pobres y la indigencia aumentaron. En el primer año de gestión, Macri creó 1,5 millones de nuevos pobres y 600.000 nuevos indigentes. La propia Universidad Católica Argentina asegura que en el primer trimestre del 2017 ha habido un aumento de 5,5 puntos en el índice de pobreza. Y la desigualdad también creció: la diferencia de los ingresos entre el sector más rico y el más pobre pasó de 18,7 veces en 2015 a 23,2 en este 2016.


Promesa 4. Reducción del déficit fiscal... y las cuentas siguen empeorando. El propio gobierno informó que el déficit fiscal del año 2016 fue de 4,6%, esto considerando el ingreso extraordinario generado por la política permitida del blanqueo de capitales. El Banco Central emitió 96.500 millones de pesos en lo que va de año para financiar el desequilibrio fiscal.


Promesa 5. Generar más empleos... y aumenta el desempleo y el subempleo. El desempleo llegó al 9,2% en el primer trimestre de este año, su nivel más alto en una década. Y el subempleo ya ronda el 10%. Se registra un nivel de desempleo entre los menores de 25 años superior a la media regional (24,6% frente al 16%) y un porcentaje entre las mujeres también por encima del promedio regional (30,33% frente a 16%).


Promesa 6. No más devaluación... y el dólar subió. El peso argentino se ha devaluado en un 67% desde que comenzó a gobernar Macri. Y todo apunta a que la presión sojera hará que la devaluación sea mucho mayor en los próximos meses. La propia Bolsa de Cereales ya ha afirmado que para septiembre espera un valor del dólar a 17,5.


Promesa 7. Más inversiones extranjeras... y cada vez llegan menos. La inversión extranjera directa del año 2016 fue la mitad que la del año anterior. En términos comparativos, el valor de esta variable se redujo en 2016 el triple de lo que lo hizo en el resto de la región.


Propuesta 8. Desendeudar al país... y la deuda es cada vez más grande y eterna. En lo que lleva de gobierno, Macri ha colocado deuda por casi 100.000 millones de dólares. En el primer cuatrimestre de 2017, los intereses de la deuda alcanzaron el 10,6% del presupuesto público, superando los dos dígitos por primera vez desde 2001.

Propuesta 9. Bajar impuestos a los trabajadores... y lo que hizo fue que todos pagaran más. De hecho, en términos efectivos, el mínimo imponible se redujo a pesar de lo que había prometido en campaña. En total y en términos netos, casi 200.000 trabajadores adicionales van a incluirse en el pago de este impuesto.


Promesa 10. Volver al mundo... y sí que volvieron, pero a su manera. No lograron ni siquiera la categoría de “emergente”, recientemente rechazada por Morgan Stanley Capital International. Pero sí es verdad que recibieron el aplauso de los fondos buitres, del FMI (Fondo Monetario Internacional), de Merkel, Hollande y Rajoy. Todos felices con que Macri haya elegido una fórmula de insertarse en el mundo con más deuda y bajo términos de intercambio desigual en contra de Argentina. Suben las importaciones a un 12,4% en lo que va de año; que sería ideal si la economía estuviera creciendo al 5-6%. El déficit comercial es cada vez más acuciante: 1.217 millones de dólares para el primer cuatrimestre del año. Desde el primer día de Macri, aquel 10 de diciembre de 2015, el saldo por cuenta corriente acumula un déficit que supera los 21.200 millones de dólares.Este año se prevé que 12.000 millones de dólares vayan también a salir del país en concepto de ahorro de divisas de los particulares. Así es cómo Argentina vuelve al mundo...


Pero aquí no termina todo. Hay mucho más en este fraude económico de Cambiemos. Jamás dijeron que Argentina pasaría a ser un paraíso financiero ni tampoco fiscal. Macri ha hecho del país un lugar ideal para el carry-trade; ganar sin necesidad de producir solo colocando el dinero en instrumentos financieros (Lebac, letras del tesoro) bajo la garantía de una elevadísima tasa de rentabilidad, por encima del 25%. Y además, en lo que tiene que ver con lo fiscal, Argentina llevó a cabo un blanqueo de capitales que sumó 116.800 millones de dólares, sin que esto significara que este monto entrara al país. Solo el 20% regresó y el resto se quedo afuera.


En resumen, luego de tantas cifras, podemos afirmar que Macri engañó al electorado con premeditación y alevosía. Las promesas se esfumaron de la misma manera que lo hacían sus globos amarillos en cada mitin electoral. Las expectativas se desvanecen porque la realidad económica tan negativa comienza a imponerse al relato macrista. La subjetividad económica ya no es tan optimista como afirmaban al inicio de su mandato. Todo lo contrario. La evidencia no engaña.

 

27 Jun 2017
Alfredo Serrano Mancilla
Doctor en Economía, Director CELAG @alfreserramanci

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América Latina sale este año de la recesión pero con dificultad, según el FMI

La nueva proyección que hace el FMI para 2017 es de una expansión en la región del 1,1%, aún anémica

 

El Fondo Monetario Internacional certifica que América Latina superó la recesión. Pero también anticipa que la recuperación será más débil de la esperada. La nueva proyección que hace el organismo es de una expansión del 1,1% este año, aún anémica. Es una décima menos respecto a lo que se anticipó hace tres meses y está medio punto por debajo de lo proyectado en el informe de otoño. El crecimiento para 2018 será del 2%, también por debajo de las expectativas.


El recorte va en la dirección opuesta a la proyección que se hace para la economía global, que será del 3,5%, una décima más. El FMI también es menos optimista para el grupo de los países emergentes, cuyo crecimiento se rebaja al 4,5% este año precisamente por el deterioro de las perspectivas de grandes economías, especialmente en América Latina y señala directamente a México.


El ritmo de crecimiento de la economía mexicana, una de las más importantes, se modera del 2,3% el pasado ejercicio al 1,7% este, para de ahí repuntar al 2% el que viene. Está corrección, según los técnicos, se debe a que empeoraron las perspectivas de inversión y consumo por unas condiciones financieras más restrictivas. También cita la incertidumbre en las relaciones comerciales con Estados Unidos.


La esperanza del FMI es que las reformas estructurales emprendidas por el gobierno de Peña Nieto contribuyan a estimular el crecimiento de la actividad económica a medio plazo, aportando medio punto porcentual al producto interior bruto. Pero será insuficiente para compensar la corrección de 1,2 puntos porcentuales a la baja en el crecimiento que se producirá en el giro de dos años.


Los nuevos números para la economía brasileña son los siguientes. Se contrajo un 3,6% el año pasado, una décima más de lo esperado. El FMI anticipa que cierre el presente ejercicio con un crecimiento del 0,2%, muy tímido pero suficiente para dar por concluida la recesión. En este caso se mantiene sin cambio. Sin embargo, se revisa dos décimas al alza el previsto para 2018, que queda en el 1,7%.


Los factores que según el FMI contribuyen a esta recuperación de Brasil son la menor incertidumbre política y el avance en el programa de reformas, aunque la investigación por corrupción plantea un desafío. También cita el relajamiento monetario. La estabilidad interna también permitirá que Argentina deje de contraerse y se expanda a un ritmo del 2,2% este año y lo mantenga en el 2,3% el que viene conforme se recupere la inversión privada y las exportaciones.
Crisis profunda


Venezuela es el punto negro. Seguirá sumida en una crisis económica profunda, con una contracción del 7,4% este año y del 4,1% en 2018. “La monetización de los déficits fiscales, las amplias distorsiones económicas y las graves restricciones a las importaciones alimentan una inflación en rápido aumento”, advierte. La proyección es que los precios suban un 720% este año y un 2.070% el que viene.


El ajuste en el precio de la energía y de las materias primas es un factor fundamental que influye en las perspectivas a corto y medio plazo de países como Chile y Colombia, que crecerán un 1,7% y un 2,3% respectivamente en 2017. Pero desde el equipo que dirige Maurice Obstfeld se señala que pese a este estímulo, los países exportadores siguen por lo general en dificultad.


Bolivia, por su parte, tendrá la tasa de crecimiento más alta de la región este año, según la tabla que publica el FMI en el anexo con la actualización de las proyecciones. Será del 4%. Le sigue Perú, con un 3,5%, y Paraguay, con un 3,3%. Estos tres países avanzarán un 3,7% en 2018. Ecuador, por su parte, se contraerá un 1,6% y seguirá arrastrando un ligero negativo de tres décimas el año próximo.


Tipos y divisas


Las condiciones financieras también difieren por toda la región. Los tipos de interés suben en México mientras se recortan en Brasil. Algo similar pasa con el cambio de divisas. El movimiento más relevante en este sentido es el del peso mexicano, que sufrió una brusca depreciación tras las elecciones en EE UU y se fortaleció las últimas semanas hasta alcanzar el nivel previo a la victoria de Donald Trump.


Las políticas proteccionistas del nuevo inquilino de la Casa Blanca son, por lo general, una clara amenaza para la economía global y por extensión para América Latina. Esa incertidumbre provoca, en paralelo, que no pueda aprovechar que EE UU crezca a unas tasas próximas al 2,4% este año y el próximo. El FMI cita también como factor de riesgo a medio plazo la moderación de la productividad.


El Banco Mundial pide a América Latina que evite la tentación de disparar el gasto


El organismo recomienda que se aproveche el nuevo ciclo expansivo para ahorrar

Sandro Pozzi


Nueva York 18 ABR 2017 - 14:43 COT
La expansión económica vuelve a la región de América Latina, tras dos años de recesión. El Banco Mundial es incluso más generoso que el Fondo Monetario Internacional en sus pronósticos, al anticipar una expansión del 1,5% este año y un 2,5% en 2018. El organismo pide que las ganancias del crecimiento se utilicen para ahorrar, en lugar de caer en la tentación política de disparar el gasto.


El Banco Mundial confían en que los países latinoamericanos hayan aprendido la lección y se distancien de políticas que pueden recalentar sus economías. Los economistas en Washington admiten, además, que ya no se podrán lograr las tasas de crecimiento de las que disfrutó la región en gran parte de la década del 2000. Por eso deben medir muy bien como van a nutrir el crecimiento.


El incremento del gasto público durante la crisis hizo que el déficit subiera en la mayoría de países. La deuda media bruta, entre tanto, equivale al 50% del PIB. Carlos Végh, que se estrena como economista jefe para América Latina, recomienda que las autoridades fiscales actúen con prudencia para ajustar el gasto, frente a la presión política de gastar más en lugar cuando los cofres se llenan.


“Confiamos en que los países jueguen a lo seguro”, comenta el alto funcionario en la presentación del informe de perspectivas. Así, explicó, “permitirá pedir prestado con un coste más bajo en tiempos malos”. Valoró en este sentido la respuesta de países como Chile, Colombia, México y Perú, que estimularon la economía en tiempos de carestía y potenciar los ahorros “cuando las cosas van bien”.


La reflexión de Végh es que con un clima externo caracterizado por la volatilidad y convulsiones cada vez más frecuentes, “esa prudencia permite convertir las políticas fiscales en instrumentos que pueden ayudar a capear el temporal y preservar lo ganado”. Utilizar una política fiscal contracíclica, por tanto, aportará estabilidad a la región y acelerará la recuperación en malos tiempos.

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Argentina le planta cara al plan económico de Macri con una masiva huelga general

Gran éxito del primer paro general que se organiza contra el Gobierno de Mauricio Macri en sus casi 16 meses de gestión



Pocas estampas como las que se observan este jueves en la ciudad de Buenos Aires reflejan la realidad de lo que hoy sucede en Argentina.


Por un lado, la capital del país acoge por primera vez el Foro Económico Mundial para América Latina, que reúne a 1.100 representantes de Gobiernos y empresas con el presidente Mauricio Macri como virtual anfitrión. "Qué bueno que hoy estemos acá, trabajando", afirmó con sarcasmo el jefe de Estado en la inauguración del evento.


Frente a este escenario de trajes y corbatas ante el que el mandatario reivindicó un "diálogo interno y con el mundo para encontrar las mejores vías de desarrollo", el país parece vivir en otro eje de coordenadas.


Las ciudades se muestran vacías. Los comercios están cerrados, y el transporte está paralizado por completo, incluidos los aeropuertos, los trenes y los autobuses urbanos, de media y larga distancia.

El paro ha tenido una adhesión de más del 90%, han asegurado las dos ramas de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) en una de las primeras evaluaciones de la jornada.


La huelga general responde a "un modelo económico de exclusión y pobreza que lleva a priorizar la especulación financiera por sobre la producción, que endeuda al país sistemáticamente (40.000 millones de dólares sólo en 2016), y que pretende bajar la inflación a base de despidos, de suspensiones y de bajar los salarios de los trabajadores", indicó el secretario general de la CTA Pablo Micheli.

"Eso es precisamente", añadió el sindicalista, "lo que está discutiendo el presidente en este momento en el único lugar en esta ciudad en donde el paro tiene cero acatamiento, que es el mini Davos que ha convocado".


El Gobierno ha hecho gala de entender la situación al enviar a Gendarmería a las autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires, que habían sido bloqueadas con piquetes por organizaciones sociales y por fuerzas de izquierda para impedir el ingreso a la capital.


Un grupo de maestras fue recibida con gases lacrimógenos en una de las autovías del Sur, según denunció Myriam Bregman, dirigente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).


Algunos manifestantes también fueron reprimidos con gas pimienta y camiones de agua por cortar la autopista Panamericana, que enlaza el Norte con la capital argentina. Otros fueron acusados de tirar piedras a los gendarmes. Al menos seis personas han sido detenidas.

Éste ha sido el despliegue del conocido protocolo antipiquetes, un manual de actuación lanzado por el Gobierno en febrero del año pasado que permite desalojar una movilización sin necesidad de una orden judicial que lo avale.


Con una inflación que en 2016 rondó el 40%, el nivel de conflictividad ha ido en aumento en las últimas semanas, espoleado desde los sindicatos de los maestros de la administración pública, que reclaman un aumento salarial del 35% para compensar la pérdida del poder adquisitivo, y que esta semana celebran su octavo paro nacional de 48 horas.

Un segundo varapalo ha recibido el Gobierno este jueves, mientras se recluye en el hotel de lujo que alberga el Foro Económico Mundial. Una jueza del ámbito laboral, Dora Temis, acaba de ordenar al Ejecutivo que convoque una discusión nacional sobre las subidas de sueldo que reclaman los sindicatos docentes.

Dado que las competencias de educación están transferidas a las provincias, el Gobierno se escudaba en que cada jurisdicción negociara con los gremios. Pero el Poder Ejecutivo está obligado por ley, desde 2006, a convocar a nivel nacional las denominadas paritarias (negociaciones) salariales.
El Gobierno, que pide paciencia, considera injustificable la huelga general. El índice de pobreza supera el 30%, sí, pero la economía ha subido por primera vez en nueve meses un 1,1% tras arrastrar una contracción del 2,3% durante 2016. Una amnistía fiscal impulsada por Macri ha conseguido regularizar 116.800 millones de dólares, todo un hito que reafirma la senda de recuperación.

Son los "brotes verdes" que ve el Gobierno argentino, aunque las calles opinen otra cosa.

BUENOS AIRES
06/04/2017 22:16 Actualizado: 06/04/2017 22:16

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La estadística como estratagema en la política venezolana

 

El escrutinio de la economía venezolana en el año 2016, requiere del abordaje profundo de dos categorías claves: escasez e inflación.

Si bien, la noción de totalidad implica un recorrido dialéctico sin la barrera disciplinaria; en este artículo no se pretende desarrollar un abordaje exhaustivo sobre la crisis. En las siguientes líneas, se precisa a manera de exploración: el uso de los indicadores económicos como recurso argumentativo en la opinión pública venezolana.

El agotamiento del capitalismo rentístico en Venezuela, no se gestó en el Gobierno de Maduro, yacería en el absurdo tal afirmación. Empero, las secuelas de la caída sostenida del Producto Interno Bruto (PIB) desde 2013, se patentizan con las hendiduras en la inversión social. ¿Cuáles son los índices tomados por el Ejecutivo para su diagnóstico económico? ¿Se consideran las condiciones concretas para la toma de decisión?. Un ejemplo de esta desconexión, es la relación del salario real con la dinámica inflacionaria: el presidente Maduro ha fijado repetidos “aumentos” salariales, que se traducen para los trabajadores en débiles ajustes, ante la pérdida acelerada del poder adquisitivo.

Por otro lado, ¿Qué impacto tiene la restricción financiera de PDVSA? es innegable la dificultad de la empresa para cumplir con los aportes en inversión social, ante la caída de los precios del crudo. La dificultad del Ejecutivo para obtener nuevos ingresos o préstamos externos, representan un obstáculo importante para mantener el ritmo de los subsidios directos o los programas sociales. El presupuesto planteado para el año en curso, se soporta en buena medida sobre la recaudación tributaria en un deprimido aparato productivo. La meta anual en materia de inflación, ha terminado desaparecida en el informe de las previsiones del Ejecutivo para el 2017; evidenciando un agotamiento de la estrategia económica.

Los programas sociales llamados misiones, fueron creados en el Gobierno de Chávez, permitiendo una redistribución relativa de la renta. Estos contribuyeron a mejorar el índice de desigualdad (Coeficiente Gini) bajo una inflación menor a la de sus predecesores y, con altibajos en el crecimiento. En los últimos tres años, se han aportado cifras como el porcentaje invertido en lo social, pero no se contrasta con las consecuencias de la caída del PIB. En el caso de las asignaciones directas (Hogares de la Patria) diseñada en el gobierno del presidente Maduro, los altos precios de los productos básicos, terminan evaporando la iniciativa de protección al consumo, en un mercado regulado sólo en teoría desde el gobierno.

Los datos oficiales sobre la contracción económica del año 2016, son desconocidos y, únicamente se accede a los de estudios hechos por organismos internacionales u empresas privadas. El Banco Central de Venezuela (BCV), tiene la obligación de presentar regularmente los datos inflacionarios, así lo establece el marco normativo interno. En cambio, el mutismo y el retraso en los reportes, se han convertido en los rasgos distintivos del ente. Esta omisión se puede leer claramente, a manera de reconocimiento implícito de la caída abrupta.

En las dos últimas décadas, la pugna se centró sobre la veracidad de las cifras. Inclusive, en los gobiernos que preceden a Chávez, los informes inflacionarios avalados por organismos como el FMI, estaban sujetos a la sospecha de la izquierda. En la crisis de los 90, se presumía el maquillaje de las cifras, para esconder las dimensiones reales de los efectos del paquete neoliberal del gobierno de CAP (2) y, continuado en el de Caldera. Esto llevó a una crecida inflacionaria superior al 103%, en el período de 1993-1998.

En el año en curso, la Asamblea Nacional, ha comenzado a emitir cifras de inflación sin validez para otras instancias del Estado. Es preciso señalar la pugna de la Asamblea Nacional contra el Ejecutivo, desencadenando una cesantía del Parlamento, según lo dictaminado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ante el desacato parlamentario, el gobierno del presidente Maduro ha tomado el atajo de los decretos de emergencia económica, a modo de vía operativa para librar la batalla legal contra la “guerra económica”. Desde la óptica gubernamental, se trata de un estado de excepción, que amerita la entrega de poderes especiales al gobierno, para decidir sobre materia tributaria, de fiscalización entre otras.

Este dilema sobre los indicadores económicos no es nuevo, ni exclusivo de Venezuela. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los diputados de oposición ante el Congreso argentino, decidieron crear su propio índice inflacionario (IPC), cuestionando los datos emitidos por el INDEC. Esta institución es la encargada de la estadística oficial. La batalla de los índices de precios, involucraba a un conjunto de consultoras privadas alineadas con la oposición. La agencia experimentó el cuestionamiento constante del FMI, arguyendo la presentación de cifras falsas.

En la actualidad, la credibilidad del INDEC sigue en vilo en el Gobierno de Macri, al ocultarse la información sobre la inflación del año 2016, bajo el pretexto del “apagón estadístico”. No obstante, el respaldo del FMI a la gestión del nuevo gobierno, ha terminado por levantar las sanciones al INDEC. La estimación de las consultoras privadas, las universidades y el Índice del Congreso en Argentina, revelan los graves efectos de las medidas de shock en materia económica. El incrementó de la inflación se estima a niveles mucho más altos que el promedio regional, sólo debajo del comportamiento de Venezuela. Estas cifras difieren totalmente de las presentadas por el Gobierno de Macri.

Si bien, en el caso argentino se presenta una alta inflación, no se puede extrapolar para el estudio venezolano. Lo rescatable de la comparación, no son los datos en sí, ni tampoco la contraposición de los modelos económicos que es materia para otro texto; en este caso se trata de advertir el uso clave de la estadística o de los indicadores económicos, en la argumentación política. Es elemental mencionar a Joel Best, cuando apunta a la comprensión de la estadística como “construcción social”; lejos del reino de la matemática pura. Los actores políticos sin distinción de ideologías, recurren a la estadística a modo de instrumento retórico frente a la opinión pública y, convierten a los organismos técnicos en una parte esencial de la confrontación.

Partiendo de esta premisa, se puede reflexionar sobre las gestiones del BCV y el INE en Venezuela. En los últimos años, se convocó a expertos para modificar la metodología en el cálculo de la inflación y del PIB. En el fondo, la emisión de información económica implica un reto para la evaluación de la política gubernamental. Frente a las distensiones, el uso de las estadísticas pasa de ser un problema de los técnicos para convertirse en material bélico de primer orden en la ofensiva política. ´

La omisión del BCV y el INE, son paleadas con otros indicadores oficiales. Así, lo registrable es el número de viviendas construidas, el número de toneladas de alimentos distribuidos o el porcentaje de la inversión social. La inflación o la escasez desaparecen en números y, se subsumen en un discurso genérico contra la agresión externa (imperialista) e interna de los grupos de oposición (derecha). En contraparte, la oposición desconoce el origen estructural de la inflación y, tratan de presentarla como un fenómeno chavista, haciendo hincapié en el espinoso ciclo de Maduro.

El Banco Mundial, la CEPAL y el FMI, exponen una recesión continua durante los últimos 3 años en Venezuela. La contracción en 2016, se estimó entre los 8 pts. a 10 pts.; con niveles de inflación superiores al 100%; ubicando al país en el tope del ranking mundial. En el escenario más optimista, presentado por la CEPAL, la recuperación económica luce distante para Venezuela. Precisamente, ante el escenario caótico presentado en los reportes de las agencias privadas o los organismos internacionales, el gobierno recurre al reconocimiento de la FAO en materia de alimentación, o a las cifras diseccionadas de los informes de la CEPAL, como la esperanza de vida.

Los síntomas del malestar económico son evidentes en lo cualitativo. El brutal desplome del salario real, la perversión del control de cambio y, la dificultad para el acceso a los productos básicos, son parte de la cotidianidad de los venezolanos. La caída de los precios petroleros, desequilibró los ingresos en divisas del país, creando serias dificultades para las importaciones y el pago de la deuda internacional. Adicional, la sequía obligó a la reducción de las operaciones de empresas estatales y privadas en 2016, ante la inestabilidad energética altamente dependiente del sistema hidroeléctrico.

Los reportes de organismo de investigación no gubernamentales, presentan la evolución de los precios de la canasta básica, a niveles astronómicos para el ingreso promedio de los hogares venezolanos. Es complicado para quienes no conocen la dinámica interna del país, percibir la diferencia en los índices de precios tomados desde las entidades oficiales, las agencias privadas y los institutos de investigación.

En síntesis, el problema no reside sólo en la autenticidad de la fuente, sino en el contexto de las cifras. De esta forma, mientras el gobierno titula en sus medios de comunicación el número de familias beneficiadas con su mecanismo de distribución de alimentos (CLAP), basado en precios por debajo del salario mínimo (regulados), el resto de los medios asumen los de organizaciones que reflejan los precios abiertos (especulativos), donde el salario mínimo es incapaz de cubrir el 10% de los productos básicos.

En los últimos años, la diferencia entre los datos oficiales y no gubernamentales, cruza al límite de lo inconcebible. No se trata de pequeños puntos porcentuales del cálculo o de errores en alguna variable. Es simplemente, la consecuencia de una economía distorsionada, asentada en un sistema de triple tasas de cambio y, un poderoso mercado clandestino alentado por la lucrativa actividad del contrabando y la reventa interna. En distintas modalidades operan redes de comercialización paralelas, bautizadas con el eufemismo de “bachaqueo”. La distribución de alimentos desde los CLAP es irregular, empujando a satisfacer el consumo en el mercado ilegal ante la escasez de productos en las cadenas de comercialización regulares.

¿Cómo se puede mapear la pobreza sin indicadores económicos? El análisis cualitativo de los datos económicos, es fundamental para el diseño de las políticas públicas. No obstante, a la hora de pensar en opciones, los centros de investigación académicos tampoco están exentos del modelaje de la opinión pública. En el caso venezolano, las universidades autónomas son un espacio de confrontación directa con el gobierno, impregnando el entorno de su producción académica; el resto de las universidades bajo control gubernamental, disponen de exiguos observatorios o think tanks dedicados a la estadística económica.

A modo de cierre, es importante recordar los espasmos del capitalismo y, su agonía a nivel global. Los sectores reformistas y neoliberales, tratan de aprovechar los traspiés de la política económica del chavismo, para estereotipar al estilo Zimbabue, cualquier iniciativa anticapitalista. Por ello, es desacertado presentar la experiencia venezolana, como una prueba inexpugnable del fracaso socialista, a sabiendas de la permanencia del modelo rentístico y la condición periférica.

 

José Fortique /@jfortique

 

 

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Martes, 28 Marzo 2017 07:22

PIB crecerá poco por bajo consumo

Foto archivo: El Nuevo Siglo

 

El crecimiento de la economía colombiana no fue el mejor durante 2016. Con apenas 2%, según las cifras oficiales, muestra una pérdida de dinamismo de la producción en el país, que se vio afectado no solo por la baja en los precios internacionales del petróleo, la caída en las exportaciones que comenzaron su recuperación hacia el último trimestre, el fenómeno de El Niño y el paro camionero.

El crecimiento del último trimestre fue según las cifras oficiales de 1,6%. En el mismo trimestre de 2015 fue de 3,4%.

Las ramas con mayor crecimiento en el cuarto trimestre de 2016 fueron Servicios financieros e inmobiliarios con 5,0%, Construcción con 3,5% y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 2,0%.

El investigador asociado de Fedesarrollo, Mauricio Reina, dijo que el crecimiento de la economía durante el primer trimestre que está por terminar sería del orden de 1,6%, es decir igual a lo registrado en el último cuarto de 2015.

Durante este primer tramo del año, en el que se definen muchos de los proyectos a nivel empresarial y gubernamental a desarrollar a lo largo del año, impactará el crecimiento de la economía, la entrada en vigencia de la reforma tributaria, que contempla un aumento de tres puntos en el Impuesto al Valor Agregado, al igual que beneficios para las empresas en el impuesto de renta, y la puesta en marcha del llamado impuesto verde y el monotributo, que están a punto de ser reglamentados por el Gobierno.

Para la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, dada la desaceleración de 2016 y la frágil recuperación internacional, el centro de estudios económicos ha decidido mantener inalterados sus pronósticos de crecimiento local en 2,2% para 2017 y en 2,8% para 2018. Teniendo en cuenta las evidentes señales de desaceleración y la disminución de la inflación total.

Los pronósticos de Fedesarrollo sobre el crecimiento de la economía en el mediano plazo se soportan en supuestos acerca de los principales indicadores macroeconómicos locales, los niveles de producción y precios de los productos básicos (commodities) y el desempeño económico de los principales socios comerciales.

 

No hay confianza

 

Sumado a lo anterior hay que mirar cómo influyen los aspectos subjetivos dentro de la economía. No hay duda que la confianza del consumidor en el país llegó en enero y febrero a los niveles más bajos desde que se hace esta medición y eso lleva a que el futuro no se vea tan halagüeño.

La baja en la confianza de los consumidores al arranque de 2017 ha lastimado las ventas de la industria y el comercio tal como lo han reflejado las encuestas realizadas por la ANDI y Fenalco, que han visto cómo la gente está adquiriendo menos productos, y parte de ello se refleja en el pesimismo reportado en la medición realizada por Fedesarrollo.

En enero, el Índice de Confianza del Consumidor, ICC, mostró una drástica reducción y se ubicó en el nivel más bajo desde que se realiza la encuesta.

La caída en la confianza obedeció a un deterioro tanto en el componente de expectativas como en el de condiciones económicas actuales, cuyos balances se situaron en mínimos históricos.

La confianza de los consumidores disminuyó en las cinco ciudades encuestadas, particularmente en Bogotá y Barranquilla.

La disposición a comprar vivienda y bienes durables disminuyó frente al mes anterior, pero se mantuvo en niveles superiores a los observados en enero de 2016.

La reducción en la confianza de los consumidores en el primer mes del año frente a los periodos anteriores se debe a un deterioro importante tanto en la percepción acerca de la situación económica del país como la del hogar.

Los balances para las preguntas relacionadas con la valoración del hogar se ubicaron en terreno negativo y en niveles inferiores a los del cuarto trimestre del año anterior.

Por su parte, la valoración del país disminuyó fuertemente y se mantuvo en balance negativo. La disposición a comprar bienes durables presentó un deterioro importante luego de la recuperación observada en los últimos trimestres, dice la encuesta.

 

Industria y perspectivas

 

El valor agregado del sector manufacturero se expandió un 3% real durante el año 2016, frente a 1,7% en 2015, según el DANE.

Así, la industria fue el tercer sector más dinámico de la economía, por debajo de los establecimientos financieros y la construcción.

Esta buena dinámica obedeció principalmente a tres factores: la entrada en funcionamiento de Reficar, derivando en crecimientos del 9,8% en la cadena petroquímica durante 2016; el buen dinamismo del sector de bebidas y sus conexos, como consecuencia de la ola de calor registrada el primer semestre del año; y la sustitución de importaciones que impulsó algunos sectores de producción nacional, dado el encarecimiento de los productos importados ante la fuerte devaluación de la tasa de cambio (de 37% en 2015 y 11,2% en 2016).

Ahora, señala ANIF, vale la pena analizar también el desempeño de la industria de manera más desagregada, a través de la Encuesta Mensual Manufacturera, EMM, del DANE.

De acuerdo con la EMM, al corte de enero de 2017, las ventas de la industria crecieron un 4,1% en su variación acumulada 12 meses, vs. 2% un año atrás, al tiempo que la producción industrial lo hizo en un 3,2% contra 2,5% y el empleo en un 0,6% frente a 1%.

Subsectorialmente, 20 de las 39 actividades industriales registraron expansiones en su producción real a enero de 2017, un leve deterioro frente a los 24 sectores observados un año atrás. Las actividades industriales con mejor desempeño fueron: refinación de petróleo con 20,6%; productos de caucho con 10,6%; productos elaborados de metal 9,5%; productos de panadería 6,8%; y elaboración de bebidas 5,3%.

En contraste, los sectores con el peor desempeño fueron curtido-recurtido de cueros que cayó 16,9%; otros tipos de equipo de transporte -14,6%; elaboración de azúcar -12%; carrocerías para vehículos y remolques -10,9%; y aparatos y equipo eléctrico -9,1%.

Estas cifras revelan que buena parte de las actividades que registraron caídas están atadas al sector de automotores, un marcado cambio frente a lo observado en 2015, cuando los peores desempeños estaban ligados a la cadena petroquímica.

En cambio, en 2016, buena parte de la recuperación de la industria obedeció al repunte observado en la cadena petroquímica. De hecho, si se excluye la refinación de petróleo, el crecimiento de la producción industrial fue de tan solo el 0,3% anual en enero de 2017, inferior al 1,7% observado un año atrás en la industria sin refinación.

 

 

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Miércoles, 01 Febrero 2017 07:34

Los sinsabores del salario mínimo

Los sinsabores del salario mínimo

Trabajo y salario mensual; inflación e impuestos; Presupuesto General de la Nación y Corte Constitucional; canasta básica familiar y vida digna; unos y otros, todos estos temas e instancias están interrelacionadas y tienen que ver con la vida (in)digna de los/as trabajadores/as. Una revisión a los mismos nos permite abordar el tema del incremento del salario mínimo que llega con cada final de año, superando la mirada puntual en su revisión y acercándonos a una estructural. Aquí los retos que nos denota la misma.

 

 

 

 

El final de año trajo malas noticias para los cerca de dos millones de trabajadores que laboran sujetos al salario mínimo legal vigente (Smlv): su reajuste apenas alcanzó al 7 por ciento, lo que significa que durante el 2017 devengarán, mes tras mes, $737.717 pesos, dinero que escasamente alcanza para cubrir una cuarta parte de la canasta básica familiar (CBF) de un hogar medio colombiano, cuyo valor asciende a $3.342.341 mensuales (teniendo en cuenta las bienes y servicios básicos que necesita el hogar para vivir, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el aumento de 0,6% en el nivel general de precios por efecto del impacto del IVA del 16 al 19%).

 

Lejos están los trabajadores de devengar tal cifra, su remuneración escasamente alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de un hogar medio. Mucho menos para garantizar un mínimo vital. La situación general de la clase trabajadora es más difícil: según las cifras oficiales: de los 22,8 millones de personas ocupadas en noviembre de 2016, el 54 por ciento, es decir, 12,3 millones de personas, ganaba menos o el equivalente a un salario mínimo.

 

Pese a esta realidad, la ministra de trabajo Clara López opinó lo contrario. Según ella, que en ocasiones fungió como líder de izquierda, el incremento en términos reales es 1,2 por ciento frente a la inflación de 2016 que fue de 5,8 por ciento. Sorprende. Ninguno de los “ministros obreros” ha logrado transformar “desde arriba” esta lamentable situación de la clase trabajadora; es más, la concertación tripartita es una vulgar parodia de la democracia, en el 90 por ciento de los casos termina el Gobierno imponiendo el aumento salarial de manera autónoma y arbitraria en favor del sector empresarial.

 

Con su mente puesta en la lógica gubernamental y de los ricos del país, olvidando su supuesto liderazgo del brazo de los excluidos, omite la “ministra obrera” un hecho notable: en una casa popular todo pesito hace falta, allí los lujos solo los ven en las mansiones de los ricos o centros comerciales a través de la televisión, de ahí que los supuestos beneficios que ella observa frente a la inflación no funcionan así en la vida cotidiana.

 

En concreto, el alza autorizada de manera unilateral por el Gobierno, que en la práctica equivale a menos de 2 mil pesos diarios, queda evaporada por efecto de la regresiva reforma tributaria, también aprobada en diciembre, y la consecuente cascada de alzas de precios que llegan entre los meses de enero-marzo, tanto como consecuencia de los injustos nuevos tributos como por efecto del aumento en el precio de la gasolina que la misma conlleva, del reajuste de las tarifas del transporte urbano, así como por la demanda de los gastos escolares, el incremento en la tarifa de los arrendamientos, y otro conjunto de gastos que vendrán del reajuste impositivo que los alcaldes y los concejos municipales pondrán en práctica en todas las localidades del país (predial, servicios, alumbrado, etcétera).

 

En estas circunstancias, y para que el sainete de final de año no continúe su lógica ceremonial, de espaldas a las mayorías del país que entran a vacaciones por esos días, debería citarse para este mismo mes de abril la apertura de nuevas negociaciones del salario mínimo, revisar las sentencias de la Corte Constitucional sobre el particular, detallar las dificultades que atraviesan en todos los hogares populares para sobrevivir, y resaltar el tremendo desajuste entre ricos-pobres que conoce el país, para que la redistribución del ingreso nacional se torne realidad, y los ingresos mensuales de quienes trabajan ajustados al salario mínimo, así como de las mayorías que lo hacen sometidos al vaivén de la vida cotidiana, cubra cada vez más sus necesidades esenciales diarias.

 

Algunos exigen menos salario

 

Para la Ocde, ante la cual el Gobierno Santos cede a toda exigencia por impopular que sea con tal de poder ingresar al club de países ricos, en Colombia “El salario mínimo es elevado en relación con los ingresos laborales, lo cual empuja al sector informal a los jóvenes, a los trabajadores y a los residente de regiones menos desarrolladas”.

 

De acuerdo a su diagnóstico, el reajuste del salario mínimo debería estar atado a la inflación. Es decir, un salario mínimo cada vez menor permitiría que los patrones contraten más fuerza laboral. ¿Han escuchado algo similar al momento de justificar reformas en el sector laboral? ¿Y los resultados? ¿Y la concentración de la riqueza?

 

¿Permitiría este tipo de medidas, como no lo permite hoy el salario mínimo que aquí se paga, acceder a las mayorías a calidad de vida y bienestar social? Tema grueso que demanda una lectura más profunda del mundo del trabajo y de la misma economía.

 

Veamos. En términos económicos, el bienestar de cualquier sociedad depende de. i) la productividad per cápita, ii) la distribución de la producción de bienes y servicios, entre los bienes de consumo y bienes de capital; iii) la distribución del ingreso y el consumo (alimentos, servicios de salud y educación, vivienda y servicios domiciliares, vestuario, cultura, recreación y descanso) entre la población. En particular, la evolución macroeconómica y social puede juzgarse mediante cuatro medidas: tasas de crecimiento de la producción, desempleo, inflación y pobreza por ingresos (gráfico 1).

 

Particularicemos. El índice del costo de la vida (IPC) constituye la mejor medida para calcular la inflación en Colombia, la cual consiste en un alza persistente y sustancial del nivel general de precios, que aumenta la participación del capital y el Estado en el ingreso nacional y reduce, de forma correlativa, la participación del trabajo, determinando, de una parte, la concentración del ingreso y, de otra, la inevitable degradación de los salarios reales. El nivel del salario real depende del monto del salario nominal y del nivel de los precios de los bienes y servicios indispensables para el trabajador y su familia, así como de los impuestos que gravitan sobre éste (Impuestos a los ingresos, al consumo y al valor agregado –IVA). La naturaleza político-económica de la inflación está articulada a las formas de comportamiento de las estructuras de poder y a la manera como funcionan las leyes de concentración económica en nuestra sociedad. Con su lucha económica y política, los trabajadores se oponen a la reducción de los salarios, presionando para que se eleven o por lo menos mantengan su poder adquisitivo frente al fenómeno persistente de la inflación.

 

En Colombia, los procesos de negociación en torno al incremento del salario mínimo (entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores) toman en consideración el costo de vida (el IPC causado en el año), el crecimiento del PIB y la productividad marginal del trabajo.

 

1. Costo de la vida (IPC) y Salario Mínimo Legal (SML)

 

En un contexto de largo plazo pueden distinguirse tres períodos claramente distintos de la dinámica de la inflación en Colombia: 1940-1972, 1973-1998 y 1998-2016. En efecto, la tasa media anual de inflación, según el IPC, pasó de 10,6 por ciento, durante el primer período (con un valor mínimo de 5,7% en 1961), a 23,4 por ciento en el segundo (alcanzando un valor máximo de 32,4% en 1990), para luego estabilizarse en un solo digito, esto es, 5,4 por ciento a lo largo de los últimos 18 años. El mínimo histórico de inflación se alcanzó en el año 2013 con una variación anual de 1,94 por ciento. Durante los años 2014-2016 el índice de inflación registra una vez más un ritmo creciente llegando a 5,75 en 2016 y se espera un valor de 5,1 por ciento para el año 2017 por efectos de los mecanismos de indexación (4,5%) y de la reforma tributaria que incrementó el IVA y el impuesto al consumo (0,6%).

 

Durante el período 1988-2017 el índice de precios implícitos total que deben pagar los consumidores aumentó en 2.035 por ciento. Así, por ejemplo, un bien cuyo precio era de $100 en el año 1988, hoy debe pagarse por el mismo $2.135. En lo que respecta al índice implícito de los alimentos, el incremento durante los últimos 30 años es ligeramente superior al acumulado global: 2.090 por ciento; carestía de los alimentos por efectos del monopolio de la tierra, pérdida de calidad y mal uso de los suelos y la variabilidad, inestabilidad y cambio climático. En 2015 el IPC general fue de 6,8 por ciento y el de los alimentos 10,9, en 2016 el primero fue de 5,8 y el segundo de 7,2 por ciento (gráficos 2 y 3).

 

 

 

 

 

En 2016 el aumento de precios de cuatro grupos de bienes y servicios se ubican por encima de la inflación promedio nacional (5,75%): salud (8,14%); otros gastos (7,25%, incluye bebidas alcohólicas y cigarrillos, artículos para el aseo y cuidado personal, y otros personales); alimentos (7,22%) y educación (6,34%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: vivienda (4,83%); comunicaciones (4,72%); transporte (4,47%); diversión (4,05%) y vestuario (3,98%) (Gráfico 3).

 

Hay que recordar que el reajuste anual del salario mínimo en Colombia se institucionalizó después del paro cívico de 1977, bajo el llamado popularmente “mandato caro” del presidente López (el promedio anual de la inflación entre 1973 y 1977 fue de 25%, disminuyendo significativamente el poder adquisitivo de la población). Los trabajadores y sectores populares se indignaron y paralizaron el país durante tres días, ante lo cual el Gobierno desato una desproporcionada acción violenta, sin duda criminal.

 

Durante el período 1988-2016, el aumento acumulado del índice implícito del Smlv aumentó en 2.587 por ciento, esto es, 656 puntos porcentuales por encima del índice de precios implícitos al consumidor (IPC); ganancia del salario real explicada por el crecimiento del PIB (a pesar de las significativas oscilaciones y la grave crisis del año 1999, la tasa de crecimiento anual promedio del PIB entre 1960 y 2016 ha sido de 4,1 por ciento) y por el incremento en la productividad del trabajo. En el record histórico el salario mínimo real se ajusta un punto por encima de la inflación del año corrido a partir de 1997. Durante los años 1988-1996 el aumento anual del SML fue inferior al IPC causado; de igual manera, en 2008 y 2015 el salario real cae por debajo del aumento del costo de la vida. En valores nominales, durante las dos últimas décadas el smlv creció en 3,6 veces al pasar de $203.826 en 1988 a $737.717 en 2017.

 

Esta dinámica del Smlv, en sinergia con la caída del desempleo (en el año 2000 su tasa alcanzó un máximo de 20% y en 2016 cae a 9,2%) y el aumento del gasto público social (como porcentaje del PGN aumentó de 9,8% en 1947 a 43,7% en 2017), ha permitido que el índice de población viviendo bajo condiciones de pobreza por ingresos disminuya de 75 a 28 por ciento, entre los años 1960 y 2016 (gráficos 1 y 2).

 

2. Relación entre el salario mínimo legal (SML) y el valor de la canasta básica familiar (Vcbf)

 

El incremento en el salario real ha permitido que entre los años 1988-2017 los ingresos mejoren su capacidad adquisitiva, pero no de forma suficiente respecto al mínimo vital y digno requerido para el bienestar y la supervivencia humana. En el año 1998, el Smlv en valores absolutos era de $203.826 mes y la CBF (para un hogar medio compuesto por 4 personas) tenía un valor de $1.141.172 mensual; por tanto, la capacidad adquisitiva real del salario mínimo era de 17,9 por ciento respecto a los bienes y servicios necesarios para la supervivencia de la familia. En 2017, de una parte, con el aumento del 7 por ciento, el Smlv quedó establecido en $737.717 mes; de otra, el precio de la canasta básica familiar aumentó a $ 3.342.341 mensuales (por indexación de la inflación y aumento del IVA de 16 a 19 por ciento); en consecuencia, el Smlv alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar. En resumen, el hogar promedio colombiano requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas (gráfico 4).

 

 

 

A pesar de la mejora del salario real, aún queda un largo camino por recorrer para que la clase trabajadora pueda tener una vida digna en nuestro país. Pero bajo el capitalismo, incluso con una buena unidad, organización y lucha económica y política activísima, los trabajadores sólo pueden lograr mantener el poder adquisitivo del salario, limitar la expoliación de sus ingresos por parte del empresariado, la clase política y la burocracia estatal a través de la plusvalía y los impuestos y participar en alguna proporción de las mejoras en la productividad del trabajo y el crecimiento económico; sin embargo, no pueden librarse de la explotación capitalista y de la oligarquía parasitaria y rentista. Esto sólo puede alcanzarse como resultado de una lucha política y social que establezca un nuevo modelo de organización social.

 

Hay que resaltarlo. El Smlv poco o nada tiene que ver con los ingresos que requiere un hogar tipo para poder subsistir en nuestro país. El mínimo vital hace referencia al ingreso mínimo que requiere una persona para solventar o cubrir sus necesidades humanas básicas y poder vivir una vida digna, sin restricciones y carencias básicas, como la alimentación, vivienda, transporte, vestido, educación, salud, cultura y recreación, entre otras. Estas condiciones mínimas que permiten un sustento digno de toda persona, se supone que deben ser garantizadas por el ingreso mínimo vital, el cual no sólo considera las necesidades de la persona, sino que además incluye al grupo familiar primario, entendido este como su pareja e hijos, que en Colombia suele estar conformado por cuatro personas. En la Constitución Política, y según sentencias de la Corte Constitucional, se habla del mínimo vital como una garantía derivada de los principios del Estado Social y Democrático de Derecho.

 

En teoría el salario mínimo debe cubrir el mínimo vital, pero no corresponde a la realidad. El salario mínimo, establecido por Ley cada año, escasamente cubre las necesidades básicas de una sola persona, más no de su familia. En consecuencia, el salario mínimo es inferior al mínimo vital. El salario mínimo corresponde al monto mínimo en dinero que todo empleador debe pagar a un trabajador, de acuerdo con lo establecido por Ley, más no representa el mínimo vital que requiere el trabajador y su familia.

 

Según el Dane, los bienes y servicios que componen la canasta familiar cambian en el tiempo de acuerdo con la evolución del consumo de los hogares. Actualmente la CBF contiene cerca de 520 bienes y servicios.

 

Los procesos inflacionarios no sólo aceleran la concentración del ingreso sino que modifican las formas de operación del sindicalismo, al tener que enfrentarse éste –como problema central de su actividad y de sus objetivos– a la rápida y constante erosión de los salarios reales. Los sindicatos se ven obligados a orientar sus luchas con un sentido de restablecimiento de los niveles de vida del pasado –teniendo como marco la ilusión reivindicativa del artículo 53 de la Constitución que establece el derecho de los trabajadores a una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo– renunciando progresivamente a los principios, líneas estratégicas e ideológicas, las cosmovisiones y las luchas por una nueva sociedad, por un bienestar superior de la existencia, por un desarrollo sostenible y la integración total del principio democrático en todas las manifestaciones de la vida, por la igualdad y la libertad, por una economía social y solidaria con trabajo decente, en un ambiente de paz y garantía de los derechos humanos.

 

Desde este punto de vista, la acción pragmática destinada a restablecer o conservar el nivel de vida del pasado, resulta sustituto inevitable de las luchas por ganar en el futuro una vida digna y por acercarse a la imagen de la nueva sociedad. Oponerse a, y evitar que la visión de la Ocde termine por ser regla en nuestro país, es fundamental en esta senda. La historia lo enseña: teoría, unidad, imaginación, organización, ligazón estrecha con otros sectores sociales, iniciativa, combatividad y afianzamiento territorial, son imprescindibles para el triunfo revolucionario de la clase trabajadora.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique edición Colombia.

Publicado enColombia
Martes, 24 Enero 2017 16:41

Los sinsabores del salario mínimo

Los sinsabores del salario mínimo

Trabajo y salario mensual; inflación e impuestos; Presupuesto General de la Nación y Corte Constitucional; canasta básica familiar y vida digna; unos y otros, todos estos temas e instancias están interrelacionadas y tienen que ver con la vida (in)digna de los/as trabajadores/as. Una revisión a los mismos nos permite abordar el tema del incremento del salario mínimo que llega con cada final de año, superando la mirada puntual en su revisión y acercándonos a una estructural. Aquí los retos que nos denota la misma.

 

 

 

 

El final de año trajo malas noticias para los cerca de dos millones de trabajadores que laboran sujetos al salario mínimo legal vigente (Smlv): su reajuste apenas alcanzó al 7 por ciento, lo que significa que durante el 2017 devengarán, mes tras mes, $737.717 pesos, dinero que escasamente alcanza para cubrir una cuarta parte de la canasta básica familiar (CBF) de un hogar medio colombiano, cuyo valor asciende a $3.342.341 mensuales (teniendo en cuenta las bienes y servicios básicos que necesita el hogar para vivir, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el aumento de 0,6% en el nivel general de precios por efecto del impacto del IVA del 16 al 19%).

 

Lejos están los trabajadores de devengar tal cifra, su remuneración escasamente alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de un hogar medio. Mucho menos para garantizar un mínimo vital. La situación general de la clase trabajadora es más difícil: según las cifras oficiales: de los 22,8 millones de personas ocupadas en noviembre de 2016, el 54 por ciento, es decir, 12,3 millones de personas, ganaba menos o el equivalente a un salario mínimo.

 

Pese a esta realidad, la ministra de trabajo Clara López opinó lo contrario. Según ella, que en ocasiones fungió como líder de izquierda, el incremento en términos reales es 1,2 por ciento frente a la inflación de 2016 que fue de 5,8 por ciento. Sorprende. Ninguno de los “ministros obreros” ha logrado transformar “desde arriba” esta lamentable situación de la clase trabajadora; es más, la concertación tripartita es una vulgar parodia de la democracia, en el 90 por ciento de los casos termina el Gobierno imponiendo el aumento salarial de manera autónoma y arbitraria en favor del sector empresarial.

 

Con su mente puesta en la lógica gubernamental y de los ricos del país, olvidando su supuesto liderazgo del brazo de los excluidos, omite la “ministra obrera” un hecho notable: en una casa popular todo pesito hace falta, allí los lujos solo los ven en las mansiones de los ricos o centros comerciales a través de la televisión, de ahí que los supuestos beneficios que ella observa frente a la inflación no funcionan así en la vida cotidiana.

 

En concreto, el alza autorizada de manera unilateral por el Gobierno, que en la práctica equivale a menos de 2 mil pesos diarios, queda evaporada por efecto de la regresiva reforma tributaria, también aprobada en diciembre, y la consecuente cascada de alzas de precios que llegan entre los meses de enero-marzo, tanto como consecuencia de los injustos nuevos tributos como por efecto del aumento en el precio de la gasolina que la misma conlleva, del reajuste de las tarifas del transporte urbano, así como por la demanda de los gastos escolares, el incremento en la tarifa de los arrendamientos, y otro conjunto de gastos que vendrán del reajuste impositivo que los alcaldes y los concejos municipales pondrán en práctica en todas las localidades del país (predial, servicios, alumbrado, etcétera).

 

En estas circunstancias, y para que el sainete de final de año no continúe su lógica ceremonial, de espaldas a las mayorías del país que entran a vacaciones por esos días, debería citarse para este mismo mes de abril la apertura de nuevas negociaciones del salario mínimo, revisar las sentencias de la Corte Constitucional sobre el particular, detallar las dificultades que atraviesan en todos los hogares populares para sobrevivir, y resaltar el tremendo desajuste entre ricos-pobres que conoce el país, para que la redistribución del ingreso nacional se torne realidad, y los ingresos mensuales de quienes trabajan ajustados al salario mínimo, así como de las mayorías que lo hacen sometidos al vaivén de la vida cotidiana, cubra cada vez más sus necesidades esenciales diarias.

 

Algunos exigen menos salario

 

Para la Ocde, ante la cual el Gobierno Santos cede a toda exigencia por impopular que sea con tal de poder ingresar al club de países ricos, en Colombia “El salario mínimo es elevado en relación con los ingresos laborales, lo cual empuja al sector informal a los jóvenes, a los trabajadores y a los residente de regiones menos desarrolladas”.

 

De acuerdo a su diagnóstico, el reajuste del salario mínimo debería estar atado a la inflación. Es decir, un salario mínimo cada vez menor permitiría que los patrones contraten más fuerza laboral. ¿Han escuchado algo similar al momento de justificar reformas en el sector laboral? ¿Y los resultados? ¿Y la concentración de la riqueza?

 

¿Permitiría este tipo de medidas, como no lo permite hoy el salario mínimo que aquí se paga, acceder a las mayorías a calidad de vida y bienestar social? Tema grueso que demanda una lectura más profunda del mundo del trabajo y de la misma economía.

 

Veamos. En términos económicos, el bienestar de cualquier sociedad depende de. i) la productividad per cápita, ii) la distribución de la producción de bienes y servicios, entre los bienes de consumo y bienes de capital; iii) la distribución del ingreso y el consumo (alimentos, servicios de salud y educación, vivienda y servicios domiciliares, vestuario, cultura, recreación y descanso) entre la población. En particular, la evolución macroeconómica y social puede juzgarse mediante cuatro medidas: tasas de crecimiento de la producción, desempleo, inflación y pobreza por ingresos (gráfico 1).

 

Particularicemos. El índice del costo de la vida (IPC) constituye la mejor medida para calcular la inflación en Colombia, la cual consiste en un alza persistente y sustancial del nivel general de precios, que aumenta la participación del capital y el Estado en el ingreso nacional y reduce, de forma correlativa, la participación del trabajo, determinando, de una parte, la concentración del ingreso y, de otra, la inevitable degradación de los salarios reales. El nivel del salario real depende del monto del salario nominal y del nivel de los precios de los bienes y servicios indispensables para el trabajador y su familia, así como de los impuestos que gravitan sobre éste (Impuestos a los ingresos, al consumo y al valor agregado –IVA). La naturaleza político-económica de la inflación está articulada a las formas de comportamiento de las estructuras de poder y a la manera como funcionan las leyes de concentración económica en nuestra sociedad. Con su lucha económica y política, los trabajadores se oponen a la reducción de los salarios, presionando para que se eleven o por lo menos mantengan su poder adquisitivo frente al fenómeno persistente de la inflación.

 

En Colombia, los procesos de negociación en torno al incremento del salario mínimo (entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores) toman en consideración el costo de vida (el IPC causado en el año), el crecimiento del PIB y la productividad marginal del trabajo.

 

1. Costo de la vida (IPC) y Salario Mínimo Legal (SML)

 

En un contexto de largo plazo pueden distinguirse tres períodos claramente distintos de la dinámica de la inflación en Colombia: 1940-1972, 1973-1998 y 1998-2016. En efecto, la tasa media anual de inflación, según el IPC, pasó de 10,6 por ciento, durante el primer período (con un valor mínimo de 5,7% en 1961), a 23,4 por ciento en el segundo (alcanzando un valor máximo de 32,4% en 1990), para luego estabilizarse en un solo digito, esto es, 5,4 por ciento a lo largo de los últimos 18 años. El mínimo histórico de inflación se alcanzó en el año 2013 con una variación anual de 1,94 por ciento. Durante los años 2014-2016 el índice de inflación registra una vez más un ritmo creciente llegando a 5,75 en 2016 y se espera un valor de 5,1 por ciento para el año 2017 por efectos de los mecanismos de indexación (4,5%) y de la reforma tributaria que incrementó el IVA y el impuesto al consumo (0,6%).

 

Durante el período 1988-2017 el índice de precios implícitos total que deben pagar los consumidores aumentó en 2.035 por ciento. Así, por ejemplo, un bien cuyo precio era de $100 en el año 1988, hoy debe pagarse por el mismo $2.135. En lo que respecta al índice implícito de los alimentos, el incremento durante los últimos 30 años es ligeramente superior al acumulado global: 2.090 por ciento; carestía de los alimentos por efectos del monopolio de la tierra, pérdida de calidad y mal uso de los suelos y la variabilidad, inestabilidad y cambio climático. En 2015 el IPC general fue de 6,8 por ciento y el de los alimentos 10,9, en 2016 el primero fue de 5,8 y el segundo de 7,2 por ciento (gráficos 2 y 3).

 

 

 

 

 

En 2016 el aumento de precios de cuatro grupos de bienes y servicios se ubican por encima de la inflación promedio nacional (5,75%): salud (8,14%); otros gastos (7,25%, incluye bebidas alcohólicas y cigarrillos, artículos para el aseo y cuidado personal, y otros personales); alimentos (7,22%) y educación (6,34%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: vivienda (4,83%); comunicaciones (4,72%); transporte (4,47%); diversión (4,05%) y vestuario (3,98%) (Gráfico 3).

 

Hay que recordar que el reajuste anual del salario mínimo en Colombia se institucionalizó después del paro cívico de 1977, bajo el llamado popularmente “mandato caro” del presidente López (el promedio anual de la inflación entre 1973 y 1977 fue de 25%, disminuyendo significativamente el poder adquisitivo de la población). Los trabajadores y sectores populares se indignaron y paralizaron el país durante tres días, ante lo cual el Gobierno desato una desproporcionada acción violenta, sin duda criminal.

 

Durante el período 1988-2016, el aumento acumulado del índice implícito del Smlv aumentó en 2.587 por ciento, esto es, 656 puntos porcentuales por encima del índice de precios implícitos al consumidor (IPC); ganancia del salario real explicada por el crecimiento del PIB (a pesar de las significativas oscilaciones y la grave crisis del año 1999, la tasa de crecimiento anual promedio del PIB entre 1960 y 2016 ha sido de 4,1 por ciento) y por el incremento en la productividad del trabajo. En el record histórico el salario mínimo real se ajusta un punto por encima de la inflación del año corrido a partir de 1997. Durante los años 1988-1996 el aumento anual del SML fue inferior al IPC causado; de igual manera, en 2008 y 2015 el salario real cae por debajo del aumento del costo de la vida. En valores nominales, durante las dos últimas décadas el smlv creció en 3,6 veces al pasar de $203.826 en 1988 a $737.717 en 2017.

 

Esta dinámica del Smlv, en sinergia con la caída del desempleo (en el año 2000 su tasa alcanzó un máximo de 20% y en 2016 cae a 9,2%) y el aumento del gasto público social (como porcentaje del PGN aumentó de 9,8% en 1947 a 43,7% en 2017), ha permitido que el índice de población viviendo bajo condiciones de pobreza por ingresos disminuya de 75 a 28 por ciento, entre los años 1960 y 2016 (gráficos 1 y 2).

 

2. Relación entre el salario mínimo legal (SML) y el valor de la canasta básica familiar (Vcbf)

 

El incremento en el salario real ha permitido que entre los años 1988-2017 los ingresos mejoren su capacidad adquisitiva, pero no de forma suficiente respecto al mínimo vital y digno requerido para el bienestar y la supervivencia humana. En el año 1998, el Smlv en valores absolutos era de $203.826 mes y la CBF (para un hogar medio compuesto por 4 personas) tenía un valor de $1.141.172 mensual; por tanto, la capacidad adquisitiva real del salario mínimo era de 17,9 por ciento respecto a los bienes y servicios necesarios para la supervivencia de la familia. En 2017, de una parte, con el aumento del 7 por ciento, el Smlv quedó establecido en $737.717 mes; de otra, el precio de la canasta básica familiar aumentó a $ 3.342.341 mensuales (por indexación de la inflación y aumento del IVA de 16 a 19 por ciento); en consecuencia, el Smlv alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar. En resumen, el hogar promedio colombiano requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas (gráfico 4).

 

 

 

A pesar de la mejora del salario real, aún queda un largo camino por recorrer para que la clase trabajadora pueda tener una vida digna en nuestro país. Pero bajo el capitalismo, incluso con una buena unidad, organización y lucha económica y política activísima, los trabajadores sólo pueden lograr mantener el poder adquisitivo del salario, limitar la expoliación de sus ingresos por parte del empresariado, la clase política y la burocracia estatal a través de la plusvalía y los impuestos y participar en alguna proporción de las mejoras en la productividad del trabajo y el crecimiento económico; sin embargo, no pueden librarse de la explotación capitalista y de la oligarquía parasitaria y rentista. Esto sólo puede alcanzarse como resultado de una lucha política y social que establezca un nuevo modelo de organización social.

 

Hay que resaltarlo. El Smlv poco o nada tiene que ver con los ingresos que requiere un hogar tipo para poder subsistir en nuestro país. El mínimo vital hace referencia al ingreso mínimo que requiere una persona para solventar o cubrir sus necesidades humanas básicas y poder vivir una vida digna, sin restricciones y carencias básicas, como la alimentación, vivienda, transporte, vestido, educación, salud, cultura y recreación, entre otras. Estas condiciones mínimas que permiten un sustento digno de toda persona, se supone que deben ser garantizadas por el ingreso mínimo vital, el cual no sólo considera las necesidades de la persona, sino que además incluye al grupo familiar primario, entendido este como su pareja e hijos, que en Colombia suele estar conformado por cuatro personas. En la Constitución Política, y según sentencias de la Corte Constitucional, se habla del mínimo vital como una garantía derivada de los principios del Estado Social y Democrático de Derecho.

 

En teoría el salario mínimo debe cubrir el mínimo vital, pero no corresponde a la realidad. El salario mínimo, establecido por Ley cada año, escasamente cubre las necesidades básicas de una sola persona, más no de su familia. En consecuencia, el salario mínimo es inferior al mínimo vital. El salario mínimo corresponde al monto mínimo en dinero que todo empleador debe pagar a un trabajador, de acuerdo con lo establecido por Ley, más no representa el mínimo vital que requiere el trabajador y su familia.

 

Según el Dane, los bienes y servicios que componen la canasta familiar cambian en el tiempo de acuerdo con la evolución del consumo de los hogares. Actualmente la CBF contiene cerca de 520 bienes y servicios.

 

Los procesos inflacionarios no sólo aceleran la concentración del ingreso sino que modifican las formas de operación del sindicalismo, al tener que enfrentarse éste –como problema central de su actividad y de sus objetivos– a la rápida y constante erosión de los salarios reales. Los sindicatos se ven obligados a orientar sus luchas con un sentido de restablecimiento de los niveles de vida del pasado –teniendo como marco la ilusión reivindicativa del artículo 53 de la Constitución que establece el derecho de los trabajadores a una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo– renunciando progresivamente a los principios, líneas estratégicas e ideológicas, las cosmovisiones y las luchas por una nueva sociedad, por un bienestar superior de la existencia, por un desarrollo sostenible y la integración total del principio democrático en todas las manifestaciones de la vida, por la igualdad y la libertad, por una economía social y solidaria con trabajo decente, en un ambiente de paz y garantía de los derechos humanos.

 

Desde este punto de vista, la acción pragmática destinada a restablecer o conservar el nivel de vida del pasado, resulta sustituto inevitable de las luchas por ganar en el futuro una vida digna y por acercarse a la imagen de la nueva sociedad. Oponerse a, y evitar que la visión de la Ocde termine por ser regla en nuestro país, es fundamental en esta senda. La historia lo enseña: teoría, unidad, imaginación, organización, ligazón estrecha con otros sectores sociales, iniciativa, combatividad y afianzamiento territorial, son imprescindibles para el triunfo revolucionario de la clase trabajadora.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique edición Colombia.

Publicado enEdición Nº231